Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 7250
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 7250 Sentencia: 2798 Actor: Gutierrez, Jonathan Isaac Demandada: SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.R.L.
Objeto: Demanda Laboral Fecha: 26/08/2019 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los veintiseís días del mes de agosto de dos mil diecinueve, se reúnen los señores miembros de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “GUTIERREZ, Jonathan Isaac c/ SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.R.L. s/ Demanda Laboral ”, Expte. Nº 15.456 del año 2014 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, de la ciudad de Pico Truncado, que tuviera ingreso en la instancia bajo el Nº 7250. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Dr. Humberto Eduardo Monelos, Jorge Omar Alonso y Mario A.
Albarrán para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo: I.- Que el actor representado por los Dres. Héctor Fabián Farías y Nicolás Cabanilla promueve, con el escrito de fs. 13/19 y documentación adjunta, demanda laboral por incumplimiento de acta acuerdo e indemnización por despido sin causa y cobro de pesos contra San Antonio Internacional SRL que se estima en $ 529.000.- y/o en lo que en más resulte de la prueba a producir, con más la reparación del daño moral que estima en el 50% del capital reclamado y la reincorporación del actor a su función laboral ordenando a la demandada el cumplimiento del deber de ocupación conforme lo acordado en el acta del 29 de marzo de 2011 con costas.
En el petitorio se reclama intereses a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, desvalorización monetaria, y ajuste por inflación. Argumenta la temporalidad de la acción invocando los expedientes administrativos que dan cuenta de la intención del actor de ejercer sus derechos citando jurisprudencia. Sostiene que tales reclamos administrativos tuvieron por fin recibir la correspondiente liquidación final por despido sin causa constituyéndolo en mora que suspenden los plazos de prescripción conforme art. 3986 del Código Civil. Da cuenta del ingreso del actor con prestación laboral en Las Heras como peón boca de pozo y detalla la jornada. Hace referencia al acta acuerdo del 29 de marzo de 2011 celebrada en la Secretaria de Trabajo provincial Dirección Regional de Caleta Olivia con intervención del Sindicato de Petróleo y Gas Privado a fin de interceder en pos de la paz social y respecto del actor se establece que se le abonarán los haberes hasta que sea reubicado en otro equipo.
Refiere que ante la falta de pago de los haberes del mes de agosto del año 2011 intima el 12 de septiembre a la demandada en texto que transcribe, y que es contestado rechazando por falso afirmando haber comunicado el despido el 13 de agosto de 2011, respuesta que califica como temeraria y contraria a la buena fe ya que desconocía el cambio de domicilio y que por acta acuerdo debía permanecer en su domicilio hasta ser reubicado. Practica liquidación de lo pretendido, ofrece prueba, funda en derecho y solicita se haga lugar a la demanda en todas sus partes condenando a abonar lo reclamado con mas un 50% por daño moral, más intereses a la tasa activa, desvalorización monetaria y la reincorporación del actor ordenando el deber de ocupación, con costas.
II. Que corrido traslado, en la audiencia del art. 47 de la ley 1444, de la que ilustra el acta de fs. 41, no se llega a un acuerdo y el Dr. Federico Ferreyra Amuchástegui contesta en representación de la demanda (ver poder de fs.25/29), la acción instaurada con la pieza de fs. 30/40. En ella interpone en primer término la excepción de prescripción y contesta la demanda. Respecto de la prescripción sostiene que se operó la prescripción de la acción ejercida en autos al haber transcurrido el plazo de dos años desde el acta del 29/3/11 y del despido con justa causa del 11/8/11 hasta la promoción de la demanda. Niega que hubiera acto interruptivo y señala, a todo evento, que la actuación administrativa nº 19222/11 quedó agotada el 17/12/11 al culminar aquella, de tal modo que el plazo comenzó a correr en esa fecha.
Además hace notar que el expediente 20.079/11 no tiene efecto interruptivo, pues la prescripción solo puede ser interrumpida una sola vez. Con relación al fondo del asunto formula una serie concreta de negativas y dando su versión hace hincapié en que el actor fue despedido con justa causa el 11 de agosto de 2011 por telegrama que transcribe en que comunica el despido que fuera precedido por dos intimaciones previas que transcribe y que su silencio habilita a extinguir la relación. Destaca que las comunicaciones se dirigieron al domicilio oportunamente denunciado por el actor en formulario que transcribe y por ello sostiene que no existió mala fe. Explica que el domicilio indicado está regulado por el art. 101 del Cód.
Civil por lo que las intimaciones allí cursadas tienen pleno efecto y validez. Cita jurisprudencia que se tiene presente. Entiende improcedente la reincorporación pretendida por haber sido despedido el actor con justa causa y que en el acta del 29/3/11 invocada solo se asumió una obligación estrictamente salarial y no una estabilidad propia como se pretende y se explaya sobre la improcedencia de esta pretensión con cita de doctrina y jurisprudencia que se tiene presente. Califica de indebido el reclamo de haberes impagos desde el despido a la fecha desde que la relación se extinguió en agosto de 2011 e importa pretender salarios sin contraprestación laboral alguna, estando extinguida la relación.
Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Invoca el derecho de su parte, desconoce documentación y reserva el caso federal. A fs. 42/57 la demandada acompaña documental y ofrece la prueba de la que intentará valerse. El actor amplía la prueba a fs. 58 y con el escrito de fs. 59/61 contesta el traslado de la excepción de prescripción con argumentación apoyada en legislación y jurisprudencia que se tiene presente. Por providencia simple de fs. 62 se corre traslado de las pruebas al actor, quien se opone señalando que el “formulario” carece de fecha cierta y califica de dilatoria la cédula ley 22.172 requiriendo el legajo, y argumenta que jamás existió permiso de su parte para que este estudio llevara su legajo.
El Agente Fiscal sostiene a fs. 69 que la acción no se encuentra prescripta. III.- Que por interlocutoria de fs. 71/72 se desestima la excepción de prescripción con costas. Este pronunciamiento es apelado por la demandada con el escrito de fs. 77 recurso que se tiene presente con efecto diferido en la providencia de fs. 78 que también ordena la producción de las pruebas ofrecidas por las partes rechazando la oposición a prueba del actor.Producidas las pruebas obrantes en autos conforme certifica la Actuaria a fs. 737 en la siguiente foja se fija la audiencia del art. 70 de la ley 1444. Hace uso del derecho de alegar la parte actora con el memorial de fs. 747/748 y a fs. 749 se llama autos para dictar sentencia.
Ella obra a fs. 750/755 y en su fallo desestima la demanda interpuesta por Jonathan Isaac Gutiérrez contra San Antonino Internacional S.R.L. y condena en costas a la parte actora. Difiere la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta que exista base económica firme y acondicionada con intereses para ello, debiendo los mismos denunciar la situación tributaria y previsional. IV.- Que el actor interpone y funda recurso de apelación con el escrito de fs. 760/765 que se le concede libremente y con efecto suspensivo por providencia simple de fs. 770. La parte demandada a su turno funda el recurso de apelación interpuesto a fs.77 contra la sentencia interlocutoria que rechazó la excepción de prescripción del 10/6/14 (fs. 71/72) tenido presente con efecto diferido a fs. 78 con el escrito de fs. 767/769 y que también se le concede libremente y con efecto suspensivo por la mencionada providencia de fs. 770 que corre traslado de los agravios a las contrarias.
La demandada con el escrito de fs. 771/774 contesta los agravios del actor, quien no contesta los de la demandada. A fs. 777 la parte actora me recusa de conformidad con el art. 14 del CPCC. Los autos se elevan con la certificación de fs. 779 y, recibidos los autos en la instancia, se excusa de entender en ellos la Dra. Bard por la actuación de su esposo (el actor le había conferido mandato ver fs. 1). A fs. 781 se integra Cámara y a fs. 785 se rechaza la recusación sin causa en mi contra formulada a fs. 777. Por ello a fs. 789 en ejercicio de la presidencia llamo autos para sentencia, disponiendo a fs. 790 el pase a estudio. Al acogerse la Dra. Naves a los beneficios de la jubilación se suspende el pase a estudio hasta que adquiera firmeza la integración y se convoca a otro subrogante.
Una vez consentido dispongo el pase a estudio fijando un nuevo orden para ello, adaptado a la nueva integración. V.- Que como se señalara más arriba la parte demandada había interpuesto a fs. 77 recurso de apelación contra el interlocutorio de fs. 71/72 que se tuviera presente con efecto diferido. Mantiene el recurso con el escrito de fs. 767/769. Sostiene que lo resuelto no es derivación razonada del derecho vigente con las circunstancias comprobadas de la causa que la descalifican con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad. Recuerda que al contestar la demanda interpuso la excepción de prescripción que fuera desestimada y objeto de su recurso de apelación. Recuerda el objeto de su demanda conforme el escrito inicial: incumplimiento del acta acuerdo del 29/3/ 11 y la indemnización por despido sin causa 11/8/11.
Afirma que el pedido de reincorporación del 29/3/11 no interrumpe el cómputo y sostiene que conforme art. 257 de la LCT el efecto interruptivo sólo puede prolongarse por seis meses lo que lleva a la fecha límite del 29/9/13 por lo que iniciada la demanda en febrero de 2014 la acción se encontraba prescripta. Explica que la existencia de un expediente administrativo posterior no lo modifica pues el plazo de la prescripción sólo puede ser interrumpido una sola vez. Por ello critica que se le haya dado ese efecto al Expte. 20079/12 en la sentencia interlocutoria.Respecto de la indemnización de despido ningún reclamo se formaliza en el telegrama del 13/9/11 ni el Expte. 20079/12 ni contiene mención sobre indemnización por antigüedad o preaviso o integración del mes de despido por lo que no revisten condición de actos interruptivos o suspensivos.
Cita jurisprudencia que se tiene presente. Ratifica la reserva del caso federal. Pide se revoque la sentencia del 10/6/14 en todas sus partes con costas en ambas instancias. Estos agravios no fueron contestados. VI.- Que el Sr. Jonathan Isaac Gutiérrez apela la sentencia definitiva que, en el punto 1º ha desestimado la demanda interpuesta por él contra la demandada por despido incausado. Pide se la revoque. Tras transcribir lo referido por la sentencia con relación a la declaración testimonial de Romero sostiene que se omitió considerar que el nombrado resultaba ser el encargado de turno y que éste manifestó que el actor era retirado de su domicilio en la ciudad de Pico Truncado y que no recuerda si el trabajador asume algún compromiso respecto de eventuales cambios de domicilio y que el transporte se realizaba en vehículos de una empresa contratista que se trasladaba en el mismo vehículo con el actor y entiende que ellas son cuestiones de vital importancia y trascendencia dejadas de lado en la sentencia.
Por la declaración del encargado de turno la empresa sabía cual era el domicilio real del actor y que la empresa contratista de transporte sabía por instrucciones de la demandada el domicilio en el Barrio Perón donde pasaba a retirar a Gutiérrez para ir a trabajar. Se refiere también a la declaración del testigo Oros referida en la sentencia. Le agravia que el magistrado a quo resalte la importancia de informar cambios de domicilio y que resulta verosímil que la demandada sabía que el domicilio de Gutiérrez se ubicaba en el Barrio Perón de Pico Truncado y que lo sabía por cuanto éste lo había informado a la empresa tal como su parte lo puso de manifiesto en el escrito de demanda sin que en la sentencia se le dedique un párrafo.
Le agravia que la magistrado sostenga que se puede observar un incumplimiento por parte del Sr. Gutiérrez en su deber de informar a la firma empleadora su nuevo domicilio cuando dicho incumplimiento no se encuentra acreditado en autos, y sí que el actor tenía domicilio “laboral” en el Barrio Perón de la ciudad de Pico Truncado. Critica que la sentencia entendiera que al no ser propios de la demandada los vehículos de transporte de personal no se puede sostener que era de público y notorio el cambio de domicilio y que era conocido por la empleadora tácitamente. Argumenta que sólo el testigo Romero se refiere a una empresa contratista de transporte de personal, mientras que Oros sostiene que “creería, que es de San Antonio” y que agrega que no tiene idea si es de San Antonio o de una empresa contratada, y ataca que la sentencia se refiera a testigos en plural.
Por ello entiende que no se puede sostener esa afirmación por no estar acreditado que los vehículos no eran de la demandada. Se argumenta que aún de ser de una empresa transportista el domicilio por el que se pasaba a buscar al actor era informado por la demandada. Invoca el principio de la primacía de la realidad es decir que se debe dar preferencia a los hechos con cita de jurisprudencia. Insiste en que hay reconocimiento unánime respecto del lugar en el cual se pasaba a buscar al actor. Con cita del art. 14 bis de la Constitución Nacional y 39 de la Constitución Provincial afirma que se debe facilitar al trabajador la prueba en el proceso y el principio de la realidad que está expresado en distintas presunciones en el LCT y leyes procesales para excluir el fraude y constituye la base para analizar el art. 23 de la LCT conforme jurisprudencia que cita.Critica que se tome una copia simple con el domicilio del actor en Caleta Olivia para tirar por la borda la realidad de los hechos tal que el domicilio del actor era en Pico Truncado y se pregunta si era posible que la demandada desconociera que la empresa transportista concurría a buscar al actos en el Barrio Perón de Pico Truncado y se contesta que no es posible invocando la declaración de Víctor Oros que se refiere a una comunicación de la empresa al transportista.
Se refiere al conocimiento del domicilio por parte de la empleadora afirmando que de lo contrario la transportista no lo habría buscado ni una sola vez en Pico Truncado y lo habría hecho en Caleta Olivia, lo que no ocurrió como está acreditado. Por ello se agravia respecto de las consideraciones de la sentencia con relación al domicilio. Se agravia que se haya tenido como válido el domicilio indicado en el Legajo personal y hace hincapié en que no se pudo convalidar al no haber podido reconocerse esa denuncia de domicilio en la audiencia de reconocimiento pues versó sobre una copia simple y no resultar título hábil dicha prueba como se reflejó a fs. 137, contrariando su propio decreto. Para sostener el pleno conocimiento del domicilio del actor en Pico Truncado sostiene que se pagaban las horas de viajes sobre el trayecto desde la ciudad de Pico Truncado conforme surge de los recibos de sueldo.
Argumenta que la demandada omitió aportar la documental en su poder conforme intimación y se efectivizó el apercibimiento de ley (art 366 del CPCC) y pesa una presunción en su contra por no haberlos aportado. Detalla la documental no presentada y dice que en los recibos de sueldo se encontraba el ítem horas de viaje desde la localidad de Pico Truncado al lugar de trabajo, y que su presentación lo hubiera acreditado. Por ello invoca la presunción contra la demandada por la no presentación que se encuentra resuelta y que debe operar teniendo por reconocido que la demandada tenía conocimiento que el actor residía en Pico Truncado, estando ello reconocido por declaraciones testimoniales y resultar verosímil.
Invoca doctrina. Sostiene que la sentencia yerra en su pronunciamiento respecto del reclamo en relación a los rubros derivados del despido incausado por entender que, configuradas las circunstancias previstas por el art. 244 de la LCT por no encontrarse acreditado el abandono de trabajo, al faltar el elemento subjetivo. Razona que el accionante desde la celebración del acta acuerdo del 29/3/11 de fs. 3 continuaba la relación laboral con la demandada percibiendo haberes hasta que sea reubicado en otro equipo. El actor tenía su domicilio en Pico Truncado desde donde se lo trasladaba al lugar de trabajo y ello era de conocimiento de la demandada. Por ello se agravia considerando que no se encuentra configurado el abandono de trabajo como se afirma por la magistrado.
Califica de contradicción y contrario al deber de buena fe al intimar la regularización de la situación laboral por encontrarse de franco en su domicilio y aún así sostiene ausencias injustificadas. Recuerda que ante la falta de pago de haberes de agosto de 2011 el actor sostiene que en pleno desconocimiento de las misivas cursadas y por el deber de ocupación intima por ello demostrativo del principio de continuidad laboral que dice no fue tenido en cuenta en el fallo que se recurre, así como fallar bajo el principio “in dubio pro operario” principio que acusa de olvidado por la Sra. Jueza a quo lo que lo agravia. En el segundo agravio ataca la imposición de costas y pide se lo revoque como consecuencia de la admisión de los agravios precedentes.Pide se admitan los agravios vertidos y se revoque la sentencia en todos los puntos que fueran materia de agravios.
VII. Que la demandada contesta esos agravios como anticipáramos. En el escrito de fs. 771/774 defiende la solidez de la decisión de 1ª instancia y entiende se deben desestimar los agravios confirmándola. Sostiene que en el primer agravio la contraria se agravia únicamente de la desestimación de las indemnizaciones derivadas del despido sin decir nada del daño moral, haberes impagos, SAC adeudados que formaron parte del reclamo y que fueron desestimados y ello quedó firme. Para atacar la sentencia en orden a la justa causa del despido señala el actor que las declaraciones de Romero y Oro fueron omitidas o mal interpretadas. Califica al agravio de una visión fragmentada en forma interesada que no puede ser convalidado al violar el art. 364 del CPCC de apreciación de la prueba que determina la apreciación conjunta de todas las pruebas.
Afirma que las declaraciones de Romero y Oro confirman lo resuelto al ser coincidentes en la obligación de todo empleado de denunciar por escrito el domicilio personal. Invoca el formulario de fs. 46 donde puede apreciarse una circunstancia no menor tal la de denunciar un domicilio real y otro legal donde se reputarían válidas las notificaciones que se cursen aspecto sobre el que el actor no dice nada. Sostiene que Oros ratifica la verosimilitud de ese documento al describirlo. Sostiene que el testigo Naspi confirma la existencia del formulario como la obligación de informar por escrito el cambio del mismo. Hace hincapié en que el actor denunció que cualquier notificación deberá ser dirigida a Beguín 2071 y que nunca cambió ese domicilio legal y si lo hubiera hecho hubiera presentado el duplicado lo que no hizo lo que demuestra la buena fe de su parte.
Hace notar que el ataque de la contraria se centra sobre el domicilio real y no sobre el legal que importa a los fines de las notificaciones y que no se denunció un cambio y por ello su parte solo podría notificar donde lo hizo. Con relación a los agravios respecto del transporte del personal resalta que en la demanda el actor invocó que se efectuaba por vehículos de personal contratados por la demandada o propiedad de la misma. Dos testigos indican que se trataba de una empresa contratada y el restante lo ignora y que referirse a la falta de prueba del Registro de la Propiedad constituye un exceso. Afirma que no hay prueba que San Antonio Internacional SRL informara el domicilio por el que se pasaba a buscar al actor y que se lo sostiene por el actor dogmáticamente.
Entiende que es una insinuación sostener que la demandada tenía conocimiento del domicilio del actor por las horas de viaje que le abonaba y señala que las planillas de fs. 5 y 6 agregadas por la actora se indica cero horas de viaje pues al momento del despido no las devengaba pues permanecía en su domicilio sin trabajar; y que, previamente el actor iba al yacimiento Cañadón León que está entre Pico Truncado y Caleta Olivia por lo que no resulta matemáticamente factible. De allí la necesidad del formulario de domicilio en una empresa que tenía entre 800 y 900 empleados en Santa Cruz. Respecto del abandono de trabajo y la falta del elemento subjetivo le basta decir que desde Marzo 2011 hasta agosto del mismo año el actor no prestó ninguna tarea permaneciendo en su domicilio, sin exigir ocupación efectiva y que al ser intimado no se presentó.
Por ello solicita se rechacen los agravios. Ratifica el caso federal. VIII.- Que por una razón de método se debe analizar el agravio de la demandada por el rechazo de la excepción de prescripción, habida cuenta que de aceptarlo se volvería abstracto el tratamiento del recurso contra la sentencia. Pero antes debemos aclarar que se demandó. Debemos coincidir que la demanda es poco clara y origina dudas que trataré de despejar. La demanda es confusa en cuanto a su objeto. En el capítulo segundo indica que demanda “POR INCUMPLIMIENTO DEL ACTA ACUERDO- INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO SIN CAUSA Y COBRO DE PESOS” contra la firma … que se estima en la suma de $ 529.000 y/o lo que en más resulte de la prueba solicitando que oportunamente….se condene a la accionada a abonar a la actora el monto reclamado conforme LCT, SAC correspondiente sobre dichas sumas con más sus intereses, con más la reparación del daño moral que se estima en un 50% del capital reclamado con más sus intereses al conforme la tasa activa del Banco de la Nación Argentina desde la fecha del hecho y hasta el efectivo pago, y “a la reincorporación de nuestro mandante a su función laboral ordenando a la demandada el cumplimiento del deber de ocupación” conforme lo acordado en el acta del 29 de marzo de 2011… con expresa imposición de costas.
Estamos ante la acumulación de diferentes acciones que ordenaré de modo diverso para entendernos mejor: indemnización por despido sin causa, cobro de pesos, incumplimiento de acta acuerdo, reparación del daño moral y reincorporación a su función laboral. Al practicar liquidación el actor la confecciona con relación a haberes impagos desde agosto de 2011 (incumplimiento del acta Acuerdo del 29 de marzo 2011 hasta diciembre de 2013) falta de pago de Acta Acuerdo por $ 25.000, SAC adeudados. No se incluyó en esa liquidación indemnización por despido sin causa ni el daño moral estimado en el principio. No se funda el daño moral reclamado. Se reclamó también en el petitorio intereses a la tasa activa, desvalorización monetaria y ajuste por inflación y reincorporación en el puesto de trabajo.
La sentencia interlocutoria de fs. 71/72 se refiere a la excepción de prescripción del reclamo de haberes adeudados, sin ninguna consideración sobre la acción por cobro de indemnización por despido incausado, ni la reincorporación. Como se advierte estamos ante una acumulación objetiva de acciones y por ello se debe analizar la excepción de prescripción de cada una de ellas. Así se debió resolver en primera instancia al resolver la excepción de prescripción. La sentencia rechazó expresamente la demanda “tendiente al pago de indemnización por despido incausado y daño moral…” En el primer considerando respecto del reclamo de lo relativo al acta acuerdo del 29/3/2011 luego de una serie de consideraciones que no fueron materia de agravios la Sra.
Jueza a quo expresa: “Por ello llego a la conclusión que el reclamo peticionado resulta improcedente.” En atención a esa conclusión discutir sí se operó la prescripción de la acción para pretender el cobro de salarios de agosto de 2011 a diciembre de 2013 si no fue materia de recurso con fundados agravios contra su denegación resulta abstracta Por otro lado hay una contradicción en pretender indemnización por despido incausado y salarios posteriores al despido. Un rubro excluye al otro.
Entiendo por ello que solo corresponde analizar si se encuentra prescripta la acción de cobro de la indemnización por despido incausado en abstracto, sin ingresar a determinar si el despido obedeció o no a justa causa.
Veamos: el despido es comunicado por la parte demandada por telegrama del 11/8/11. Sin ingresar a sí se lo dirigió al domicilio constituido a los fines de comunicaciones o sí se debió remitir al domicilio real o si hubo comunicación de un cambio o no, tenemos que el propio actor se presenta en el expediente administrativo 20.079/12 el 11 de julio de 2012 formulando reclamo laboral contra la demandada manifestando que ésta le adeuda la indemnización por despido… dando como fecha de terminación de la relación el día agosto /11 (ver fs. 310). Es decir demuestra que tenía pleno conocimiento de la decisión de poner fin a la relación adoptada por la aquí demandada quien a fs. 314 señala que el objeto del reclamo es el reclamado en el expediente 19.222/11 y que existe litispendencia. En efecto es en ese expediente administrativo nº 19.222/11 el 17/11/11, donde, fuera de toda duda, el actor junto con su anterior patrocinante el Dr. Víctor Mártensen, con pleno conocimiento del despido del actor reclama el pago de la indemnización por despido sin causa, preaviso, liquidación final y todo lo que por ley corresponda. No reclama pago de haberes, ni daño moral. El art. 257 de la LCT establece que:
“Interrupción por actuaciones administrativas. Sin perjuicio de la aplicabilidad de las normas del Código Civil, la reclamación ante la autoridad administrativa del trabajo interrumpirá el curso de la prescripción durante el trámite, pero en ningún caso por un lapso mayor de seis meses.”
Es decir que a partir del 17 de noviembre de 2011 se interrumpe el curso de la prescripción durante su trámite, por un lapso no mayor de seis meses. Analicemos ese reclamo para resolver hasta cuando se interrumpió el curso de la prescripción. Y esa actuación administrativa culminó el 15 de diciembre de 2011 cuando la aquí demandada retira cheque y documentación que el actor no aceptó como surgen de las actas de fs. 387 y 389. Nadie impulsó el trámite con posterioridad permitiendo el posterior archivo de las actuaciones. Por otro lado y a mayor abundamiento se recuerda que la interrupción del curso de la prescripción sólo puede operarse una sola vez, sin que se admita la promoción de diferentes reclamos administrativos o intimaciones para mantener viva una acción indefinidamente. Iniciada la demanda el 10 de febrero de 2014 la acción por cobro de la indemnización de despido incausado está prescripta.
Las demás acciones ya dije que se volvieron abstractas.
Corresponde en consecuencia hacer lugar al recurso de apelación que fuera tenido presente con efecto diferido contra la sentencia interlocutoria de fs. 71/72 y revocar lo allí resuelto declarando prescripta la acción por cobro de indemnización por despido incausado. Así lo voto.
IX. Que en atención a que sólo ha sido materia de agravios por parte del actor el rechazo de la acción por cobro de la indemnización por despido incausado, acción que conforme lo expuesto en el anterior considerando se encontraba prescripta al tiempo de la promoción de la demanda, entiendo que se vuelve abstracto el tratamiento de los agravios expuestos por la esforzada representación del actor. Ello por cuanto no tiene razón de ser examinar las intimaciones y la comunicación del distracto toda vez que, a mi juicio, la acción ya había prescripto al promoverse la demanda. Por otro lado no se expresaron agravios contra la no admisión de las demás acciones intentadas. Así lo propongo al Acuerdo considerando injusto el rechazo de la excepción de prescripción expuesto en la sentencia interlocutoria de fs. 71/72 y justo el resultado al que se llegó en la sentencia definitiva de primera instancia de fs. 750/755, aunque por distintas razones. Es mi voto. A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Alonso dijo:
X. Que comparto con el primer votante en que la acción de cobro de indemnización por despido incausado se encuentra prescripta conforme el computo que realiza en su voto y por ello es abstracto considerar los agravios vertidos para defender una acción que fue alcanzada por la prescripción. Entiendo como él que ha sido ésta la única acción por la que se atacó sentencia y que respecto de las demás intentadas no se las ha mantenido. Adhiero pues al voto que antecede y voto en el mismo sentido. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XI. Que en función de lo expuesto en mi voto al responder a la primera cuestión propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento que pongo en consideración de mis colegas: 1º) Hacer lugar al recurso de fs. 77 que se tuviera presente con efecto diferido en providencia de fs. 78 contra la sentencia interlocutoria de fs. 71/72 en lo que hace a la indemnización por despido incausado y abstracto con relación a las demás acciones, que fuera mantenido en la instancia a fs. 767/769 que se concediera libremente y con efecto suspensivo. 2º) En consecuencia revocar la interlocutoria en crisis declarando prescripta la acción por cobro de indemnización por despido incausado. 3º) Declarar abstracto el tratamiento de los agravios de la parte actora en función de la prescripción de la acción por despido incausado, única respecto de la cual se expresaron agravios, confirmando la sentencia en crisis. 4º) Costas al accionante en su calidad de vencido de conformidad con el principio objetivo a la derrota del art. 68 del CPCC. 5º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se regulen los correspondientes a primera instancia. 6º) Tener presente las reservas del caso federal de fs. 769 y 774. 7º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Alonso dijo:
XII. Que adhiero a la propuesta formulada precedentemente por considerarla justa y equitativa.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 26 agosto de dos mil diecinueve
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Hacer lugar al recurso de fs. 77 que se tuviera presente con efecto diferido en providencia de fs. 78 contra la sentencia interlocutoria de fs. 71/72 en lo que hace a la indemnización por despido incausado y abstracto con relación a las demás acciones, que fuera mantenido en la instancia a fs. 767/769 que se concediera libremente y con efecto suspensivo.
2. En consecuencia revocar la interlocutoria en crisis declarando prescripta la acción por cobro de indemnización por despido incausado.
3. Declarar abstracto el tratamiento de los agravios de la parte actora en función de la prescripción de la acción por despido incausado, única respecto de la cual se expresaron agravios, confirmando la sentencia en crisis.
4. Costas al accionante en su calidad de vencido de conformidad con el principio objetivo a la derrota del art. 68 del CPCC.
5. Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se regulen los correspondientes a primera instancia.
6. Tener presente las reservas del caso federal de fs. 769 y 774.
7. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.
El Dr. Mario A. Albarrán suscribe la presente sentencia sin emitir opinión por no existir disidencia. FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara a/c de Presidencia-, Jorge Omar Alonso -Juez de Cámara Subrogante-; Mario A. Albarrán -Juez de Cámara Subrogante.
Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201033S.191 Tomo: LXXVIII Sentencia: 2798 Folio Nº: 110/119 Secretaria: 1
Fin de la sentencia