Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala I · Causa SI-117822
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar parcialmente la sentencia apelada en cuanto hacer lugar a la demandada contra los demandados Agustín Nicolás Yarte y Valeria Elizabeth San Martín, y en consecuencia rechazar la acción contra los mismos, con costas de ambas instancias al actor.
2Confirmar la sentencia en cuanto condena al demandado Felipe Negri, y modificar el monto resarcitorio en la suma de $ 208.000, con costas de ambas instancias al mismo.
3Confirmar lo demás que la sentencia decide.
Nro de Orden:
Libro: S-203 Juzgado de origen: Juzg Civ Y Com N° 6 Dptal Expte: SI-117822 Juicio: GUTIERREZ SANTIAGO ENRIQUE C/ YARTE AGUSTIN NICOLAS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO)
En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los 22 días del mes de Abril de 2020, en Acuerdo Ordinario (Res. SCBA 386/20 y complementarias sobre COVID19) los señores Jueces de la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos Aires, Dres. EMILIO ARMANDO IBARLUCIA Y ROBERTO ANGEL BAGATTIN, con la intervención de la Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SI-117822 , en los autos: “GUTIERREZ SANTIAGO ENRIQUE C/ YARTE AGUSTIN NICOLAS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC.
AUTOM./ESTADO)”.-
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P.C.-
1°.- ¿Es justa la sentencia apelada en cuanto condena a todos los demandados?
2°.- En su caso, ¿es justa la sentencia respecto de los montos indemnizatorios fijados?
3°.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Emilio A. Ibarlucia y Roberto A. Bagattin.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emiliio A. Ibarlucia dijo:
I. La sentencia de fs. 214/36 es apelada por todas las partes. El actor expresa agravios a fs.258/63, los codemandados Agustín Nicolás Yarte y Valeria Elizabeth San Martín a fs. 264/67 y el codemandado Felipe Negri a fs. 268/74. El actor contesta a fs. 276/79 y Felipe Negri a fs. 280/82.
II.- 1.- Santiago Enrique Gutiérrez promovió demanda contra las personas arriba nombradas por indemnización de daños y perjuicios a raíz de la lesión sufrida el día 16/02/14 a eso de las 6 hs. en la localidad de Luján.
Dijo que los accionados el día indicado organizaron una fiesta privada en el predio ubicado en Colectora Norte Acceso Oeste (calle 413), entre calles R. Güiraldes y V. Andrade de Barrio El Milagro, que fue promocionada por las redes sociales y de boca en boca, cobrándose una entrada de $ 100, por lo que decidió ir con amigos. En el interior las bebidas se pagaban aparte y los organizadores habían contratado personas de civil de seguridad para el acceso y la salida.
Continuó narrando que antes de irse, se encontró a la salida con su novia Nazarena Gutiérrez y una amiga, Josefina Barca, y acordaron tomar un remisse juntos. Mientras esperaban arribó al lugar un automóvil e intentó “curiosas” maniobras para estacionar en el lugar donde estaban, y haciendo una marcha atrás casi arrolló a Josefina Barca. Entonces increpó al conductor – quien no se bajó – y del lado del acompañante bajó en forma furibunda una persona, quien, al pasar por detrás de él, sin decir nada, le propinó un fuerte golpe de puño en la mandíbula, de tal manera que perdió el equilibrio y la conciencia. Al volver en si – continuó – se encontró dentro del predio de la fiesta, donde le lavaban la cara con agua; sintió un fuerte dolor. Se le acercaron Agustín Yarte (quien condujera el automóvil) y su madre, Valeria San Martín, organizadores de la fiesta, quienes le dijeron que el que le había pegado era Felipe Negri, y lo mismo le dijeron Nazarena Gutiérrez y Josefina Barca.
Narró que, por sus medios y con la ayuda de esas chicas, en remise fueron a la Clínica Güemes de Luján, donde recibió los primeros auxilios. Al mediodía le hicieron una placa panorámica, que arrojó doble fractura del maxilar inferior. Contactaron al Dr. Enrique Luis Bravo, cirujano máxilofacial, quien confirmó el diagnóstico y lo intervino quirúrgicamente al día siguiente, inmovilizándole totalmente la mandíbula El costo fue de $ 30.000 que le adelantó la obra social con cargo de devolución. La inmovilización de la boca duró cerca de dos meses, debiendo alimentarse sólo con líquidos por medio de bombillas, por lo que bajó más de 10 kg. Tampoco podía hablar y le inyectaban calmantes. Pasado ese tiempo, recién a los diez días le sacaron totalmente los aparatos, pero el dolor persistió y tuvo dificultades para abrir la boca y hablar.
Dijo que entre sus actividades integraba un conjunto musical como guitarrista y vocalista, lo que no pudo hacer por más de seis meses. Expresó que su boca seguía sin ser la misma de antes, que no podía masticar del lado fracturado, que había perdido sensibilidad en esa zona de la cara y sentía una especie de hormigueo, que sentía ruidos al mover la mandíbula y que el hecho le había cambiado para mal su ritmo de vida, provocándole mutaciones emocionales y dolores.
Señaló que se había realizado una denuncia penal que había dio lugar a una causa en trámite.
Fundó la responsabilidad de Negri en su conducta dolosa, y la de los otros demandados por organizadores de la fiesta, mediando un factor objetivo de atribución. En este aspecto dijo que fue un evento rentado, ya que se había cobrado entrada y vendido bebidas, careciendo de habilitación municipal. Dijo que no se habían tomado medidas para prevenir contingencias de la actividad, como la violencia física ni primeros auxilios. Además dijo que era aplicable la LDC y el C.C.C. sobre relaciones de consumo. Pidió indemnización por daños a la integridad e incapacidad física, daño psicológico, gastos por tratamiento psicoterapéutico y daño moral. También que se estableciera una suma por daño punitivo.
2. Contestaron la demanda Agustín Yarte y Valera San Martín. Luego de la negativa de los hechos denunciados en el escrito de inicio, dijeron que para festejar el cumpleaños de los 23, Agustín decidió hacerlo en una quinta que le ofrecieron, lo que aceptó por ser su casa pequeña. Organizaron todo y la fiesta fue un éxito, concurriendo cerca de 70 personas, quienes no abonaron entradas ni abonaron lo consumido. Dijeron que de ninguna manera podía encuadrarse la fiesta como un evento de envergadura o espectáculo público, siendo ridículo asimilarlo a un contrato de servicio de esparcimiento.
Sin perjuicio de negar el hecho denunciado, dijeron que el mismo actor en la demanda admitía que al recibir el supuesto golpe se hallaba en el exterior de la casa quinta aguardando un remisse, lo cual descartaba la eventual responsabilidad que se les endilgaba como organizadores.
Dijeron que la presencia de la Sra. San Martín en la fiesta se debió exclusivamente a que se festejaba el cumpleaños de su hijo, y que en todo momento supervisó el ingreso de gente, controlando que no se produjeran excesos dada la edad de los concurrentes. Mientras se hallaba en la puerta despidiendo invitados – expresó – vio que un muchacho, acompañado por unas señoritas, se tomaba la cara y hacía muecas extrañas; se acercó y advirtió que estaba en evidente estado de embriaguez y decía sentir molestias en la cara; lo ayudó a entrar a la vivienda, a lavarse la cara y a hacer buches; también le ofreció llevarlo a la guardia médica, pero se negó, retirándose con su novia y otra jovencita.
Negó que fuera aplicable el C.C.C. en virtud de la fecha de ocurrencia del hecho.
Impugnó el resarcimiento pedido.
3. Contestó la acción Felipe Negri. Luego de la negativa de los hechos expuestos en la demanda, dijo que fue a la fiesta de su amigo Agustín, a la que concurrió mucha gente (dado que es un “personaje” conocido entre, los de su generación), y a última hora lo acompañó a comprar cigarrillos y al regresar, al disponerse a estacionar su auto, pidieron a un grupo de jóvenes que se corrieran, y el actor, notoriamente exaltado, comenzó a insultar a Agustín y se acercó al vehículo en actitud provocadora, increpándolos para que descendieran. En tal situación, descendió del auto e intentó tranquilizarlo, pero lejos de calmarse, lo agredió; entonces lo tomó de los brazos y en el forcejeo cayeron ambos al suelo sobre el césped, hasta que por fin otros amigos los separaron y se incorporaron. Dijo que eso había sido todo, o sea no había habido golpes de puño. Aclaró que el forcejo se había producido sobre la vereda, a unos treinta metros de la quinta.
Negó que el actor hubiera sufrido lesiones y que concurriera a la guardia de la Clínica Güemes, y toda responsabilidad en el hecho.
Impugnó el resarcimiento pedido.
4. Sentencia.
Producida la prueba, se dictó sentencia haciéndose lugar a la demanda contra todos los demandados, con costas.
Para así decidir, el juez, principalmente sobre la base de lo actuado en sede penal, dio por probado que Felipe Negri había golpeado en el rostro al actor, como así también que Yarte y su madre habían sido los organizadores de la fiesta. Esto último porque habían cobrado entradas y contratado seguridad. Tuvo en cuenta que en la causa penal el Fiscal había pedido la elevación a juicio y las declaraciones de las jóvenes Gutiérrez y Barca en la audiencia de vista de causa, testigos presenciales del hecho. En relación a que hubiera ocurrido fuera del lugar en que se desarrollara la fiesta, dijo que carecía de importancia dado que ocurrió con motivo de su celebración, que la fiesta se publicitó como “Yarte Fest 23” y que se cobró entrada.
En relación al rubro incapacidad – que calificó de parcial y transitoria -, fijó la suma de $ 80.000; por daño psíquico y tratamiento psicológico $ 78.000; por daño moral $ 70.000 y por gastos médicos y de farmacia $ 40.000, en todos los casos más intereses al 6 por ciento anual hasta la sentencia y de ahí en más a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Rechazó la pretensión de fijación de daño punitivo.
III.- 1.- Agravios del actor.
En primer lugar, en virtud del principio de eventualidad, solicita que se tenga en cuenta que se trató de una relación de consumo toda vez que hubo una propuesta de servicio.
Siendo aplicable, a su criterio, la LDC, se agravia del rechazo del daño punitivo. Se explaya al respecto y lo vincula con la prevención del daño, receptada en el C.C.C. Dice que está acreditada la no habilitación municipal para la realización de la fiesta, que está prohibida la venta de bebidas alcohólicas sin autorización, que no había estructura de sanitarios, que no había servicio de seguridad con experiencia, desorganización en el sector de estacionamiento, que no se contrató un seguro de responsabilidad civil. Alega que no se trató de una fiesta ocasional sino de una fiesta reiterada muy rentable, al margen de toda reglamentación, todo lo cual hace aplicable, a su modo de ver, el art. 52 bis de la ley 24.240.
Respecto de los montos indemnizatorios fijados, se queja de la no admisión de lo pedido por gastos médicos y farmacéuticos, de los montos exiguos reconocidos por incapacidad física, incapacidad psíquica y daño moral.
2. Agravios del demandado Felipe Negri.
Se queja en primer término de que el “a quo”
considere suficiente para acreditar el hecho lo actuado en sede penal y que se tomen en cuenta los testimonios de Nazarena Gutiérrez y Josefina Barca. Dice que no está probada la lesión al momento de los hechos motivo de la demanda, o sea que se haya causado la noche del cumpleaños. Señala que el único registro médico esa mañana descarta que haya sufrido esa afección.
Dice que el juez ha invertido la carga probatoria, dado que puso en su cabeza probar su defensa cuando era el actor quien debía probar el hecho base de la demanda, toda vez que no se trata de responsabilidad objetiva sino subjetiva.
Alega que en la causa penal no se acreditó el hecho dañoso porque no hubo debate (terminó por suspensión del juicio a prueba) y durante la instrucción preliminar el actor no fue sometido a examen médico (no se determinó la materialidad física de la lesión). Por ello dice que el juzgador se ha apartado de las reglas de la sana crítica.
Respecto de los testimonios de las jóvenes Gutiérrez y Barca dice que la primera era la novia del actor al momento del hecho y la segunda la amiga de la novia.
Dice que del libro de guardia de la Clínica Güemes surge que al actor se le diagnosticó gastroenteritis aguda (confirmado por el perito médico de autos), lo que denota que no acusó dolor al punto de que no se requirió una radiografía. Asimismo, dice que si la testigo Gutiérrez llamó a su padre (médico traumatólogo), no se entiende por qué no acudió a revisar al actor ni indicó algún estudio. Se pregunta cómo puede ser posible que recién luego de cuatro días aparezca un documento (presupuesto en fotocopia) que pretende avalar la lesión denunciada y en una radiografía panorámica, ambas desconocidas, y no reconocidas en autos por las vías pertinentes. Tampoco – dice – tiene valor probatorio la declaración del médico de policía varios meses después del hecho.
Se agravia puntualmente de la “desmesura” de los montos indemnizatorios reconocidos.
3. Agravios de los demandados Yarte y San Martín.
Se agravian de que el juez haya tenido en cuenta lo actuado en la causa penal argumentando que no existe cosa juzgada. Dice que no se probó en ella el hecho dañoso (con argumentos similares a los de Negri), y que no corresponde que se les extienda a ellos la responsabilidad por no haber sido parte en el mismo.
Se quejan de que se los considere organizadores de un espectáculo público y tildan de absurdo que un evento familiar y con amigos sea interpretado como contrato de consumo. Señalan que el actor no ha aportado un solo mail, una captura de video o un posteo vinculada con la publicidad del supuesto evento. En cuanto al cobro de la entrada, dicen que el dinero se recaudó para pagar la bebida, lo que es costumbre de los jóvenes, y en el caso fue supervisado por la Sra. San Martín, como madre del homenajeado. En cuanto a la contratación de vigiladores expresan que es una falacia que no se ha demostrado.
Respecto del testimonio de las jóvenes Gutiérrez y Barca dicen que no pueden ser tenidos por ser la novia del actor y la mejor amiga de esta.
Se agravia de que el juez haya considerado irrelevante el lugar de ocurrencia del hecho toda vez que no es conducente que se les endilgue un deber de seguridad por hechos ocurridos en la vía pública IV.- 1.- Sobre la acreditación del hecho dañoso.
Comienzo por esta cuestión dado que el daño es el primer elemento de la responsabilidad civil, y por ende debe estar acreditado en relación causal con el hecho antijurídico atribuido a los sindicados como responsables.
El apelante Negri se queja de que el sentenciante haya tenido en cuenta para darlo por probado las constancias de la causa penal, argumentando que el auto de elevación a juicio es un mero acto de impulso procesal y la suspensión del juicio a prueba un medio alternativo de extinción del procesal penal. Asimismo, los otros demandados alegan que no existe cosa juzgada penal.
Desde ya que es así pero nada de ello ha sido contrariado por el juez, quien lejos ha estado de fundar su decisión en el art. 1102 del C.C. (vigente a la fecha del hecho). Simplemente ha valorado lo actuado en la sede represiva cotejándolo con los elementos de autos para dar por probado que Negri propinó un golpe al actor causándole la lesión en la mandíbula cuando estaba en un sector muy cercano al portón de entrada de la fiesta.
Tampoco hubo absolución del imputado Negri en el proceso penal, mediante la cual se hubiera decidido la inexistencia del hecho (art. 1103 C.C.). Se suspendió el juicio a prueba antes de la realización de la audiencia de debate (arts. 27 bis, 76 bis y cctes. C.P. 338 y 404 C.P.P.). Y es de señalar que en los casos en que media sentencia absolutoria (o sobreseimiento), sólo está impedido el juez civil de revisar la falta de autoría del hecho por el acusado y las circunstancias esenciales decididas por el juez penal, pero no está obstruido de analizar las circunstancias no esenciales o los factores de atribución aplicables conforme al tipo de responsabilidad civil en juego (conf. mi voto en la causa nº 22.730, “Muñoz c. Angeleri”, de la Sala 2 de esta Cámara; y esta Sala, causa n° 109.819 del 22/12/05, 117.099 del 29/11/18, entre otras; ver mi trabajo “Influencia de la absolución penal en sede civil”, L.L. Bs. As., año 14, n° 1, febrero 2007, p. 1). Con mayor razón, entonces, puede juzgar estas cuestiones cuando ha mediado suspensión del juicio a prueba. Por consiguiente, para llegar a la conclusión acerca de si el hecho que motiva la demanda está acreditado el juez tiene plena libertad para analizar todos los elementos de juicio arrimados, y en tal sentido lo que surja de la causa penal adquiere una importancia fundamental, sobre todo confrontados con los elementos de autos (art. 384 C.P.C.).
Las dos chicas que acompañaban al actor cuando ocurrió el hecho (Nazarena Gutiérrez y María Josefina Barca) son contestes en que se hallaban al lado del portón de acceso de la quinta esperando un remisse para volver a sus domicilios cuando llegó Agustín Yarte manejando un automóvil, acompañado por Felipe Negri, y comenzó una maniobra de estacionamiento y, como casi embiste a Josefina, Santiago (el actor de autos) le dijo que tuviera cuidado (o algo así), Yarte terminó de estacionar y cuando se detuvo, Felipe Negri se bajó y, sin mediar palabra, le propinó un golpe en la cara, por lo que cayó al piso y comenzó a sangrar por la boca, lo llevaron adentro de la quinta, lo ayudaron a lavarse y luego de un rato se fueron en remisse a la Clínica Güemes mientras Santiago lloraba de dolor (fs. 45/48 y 49/51 de la causa penal, declaraciones prestadas ante el Agente Fiscal). Reiteraron estos dichos al declarar como testigos en la audiencia de vista de causa delante del juez “a quo” (conf. CD de videograbación). No encuentro mérito para descalificar estos testimonios coincidentes, siendo de destacar que la videograbación de las audiencias permite a los jueces de Cámara hacer una valoración más cabal sobre la credibilidad de los testigos. No hay razón para descreer de la testigo Nazarena Gutiérrez por la circunstancia de que fuera novia del actor al momento del hecho dado que al declarar en esta sede hacía ya varios meses que había dejado de serlo. Y no existe ningún elemento de juicio demostrativo de que Josefina Barca fuera íntima amiga del actor; antes bien, según declaró, se enteró de la fiesta por otra vía y fue por su cuenta (art.
456 C.P.C.).
Pero lo que termina de ratificar la confianza en tales testimonios es la declaración de Valeria San Martín en sede penal. Dijo que su hijo Agustín Yarte llegó manejando un Renault Clío junto a su amigo Felipe Negri y comenzó a estacionar de frente, al costado de la entrada de la quinta; había un chico y dos chicas paradas donde su hijo pretendía estacionar, por lo que ella les dijo que se corrieran e inclusive las corrió ella (esto no lo dijeron las chicas pero es un detalle menor, lo que sí está claro que se generó un problema por la maniobra de estacionamiento), y que “el chico” comenzó a insultar a su hijo diciendo que había tocado a una de las chicas con el auto. Continuó diciendo “que fue entonces que en ese momento se bajó Felipe Negri que iba de acompañante y le propinó un golpe de puño al chico, quien cayó al suelo sin apoyar sus manos”. Agregó que una de las chicas comenzó a gritar y que el chico sangraba por la boca, que fue así que ella lo auxilió, que le dijo que se ofreció a llevarlo al hospital llamando a una ambulancia, que el chico se levantó solo y comenzó a decir que lo habían quebrado, que retó a la novia porque no paraba de gritar, luego lo llevó adentro para que se enjuagara, le dio un vaso y le ofreció nuevamente llevarlo al hospital pero no quiso (fs. 54/56 de la causa penal).
A su vez, Agustín Yarte, al declarar en dicha sede, dijo que al estacionar en ningún momento tocó a nadie con el auto, pero cuando se bajó “el chico que cree que se llama Santiago” comenzó a insultarlo a los gritos, “que fue entonces que Felipe Negri se bajó del auto, del lado del acompañante y le propinó un golpe de puño en el rostro a Santiago y cree que este se tropezó y cayó al piso”. Continuó diciendo que su mamá se quedó auxiliándolo y él se fue adentro sin saber qué más pasó (fs. 57/58 de la causa penal).
Naturalmente, un año y nueve meses después, al contestar la demanda de autos, en el ritual de la negación de los hechos, desconocieron hasta que el actor hubiera concurrido a la fiesta, y que luego hubiera recibido un golpe de puño o que el supuesto golpe se lo hubiera propinado Felipe Negri. Obviamente, cuando declararon ante el Fiscal de la causa no sabían que iban a ser demandados y no dudaron – declaración bajo juramento de decir verdad mediante - en decir lo que había realmente ocurrido (más allá de aclarar que Yarte no había casi atropellado a Josefina); es decir, el golpe de Negri en la cara de Santiago.
Los demandados apelantes hacen especial hincapié en la circunstancia de que en la constancia de guardia de la Clínica Güemes no figura que el actor tuviera una fractura de mandíbula, sino una gastroenteritis aguda (fs. 95), y en que no puede aceptarse como prueba el presupuesto odontológico acompañado con la demanda (copia agregada a fs. 15) dado que, desconocido en las contestaciones de demanda, no fue reconocido en autos. Si bien ambas cosas son ciertas, no alcanzan para desvirtuar los claros y coincidentes testimonios arriba reseñados. Nazarena Gutiérrez declaró en sede penal que durante el viaje en remisse a la clínica llamó a su papá (médico traumatólogo), quien lo vio en la clínica, dijo que lo más probable era que tuviera la mandíbula fracturada, que debía constatarse con una placa radiográfica, y, como a esa hora de la mañana no había radiólogo, recién al mediodía su papá consiguió que se la sacaran en el centro radiológico Wolter y se verificó la fractura de mandíbula. Agregó que esa misma tarde vieron a un cirujano especialista en Gral. Rodríguez, quien les dijo que había dos opciones, intervenirlo quirúrgicamente o aplicarle “braquets”, que fue lo que finalmente hicieron (fs. 47 y vta.). Josefina Barca coincidió en el llamado de Nazarena a su papá médico, quien se dirigió a la clínica, vio a Santiago y dijo que lo más probable era que tuviera la mandíbula fracturada, lo que debía constatarse con una placa (fs. 51).
Finalmente, el informe médico pericial de autos (fs. 125/26 y cont. a pedido de explicaciones en forma electrónica) termina de corroborar que el actor sufrió una la lesión fracturaría de la mandíbula, siendo de destacar que los demandados no hicieron observación alguna (arts. 473 y 474 C.P.C.).
La valoración de la prueba producida de acuerdo a las reglas de la sana crítica llevan a la plena convicción de que el demandado Felipe Negri el día 16/02/14 a eso de las 6 de la mañana dio un golpe de puño al actor causándole la fractura de la mandíbula (arts. 384, 474 y 456 C.P.C.).
2. Sobre la responsabilidad.
Es necesario abordar por separado la responsabilidad endilgada al demandado Negri y la adjudicada a los demandados Yarte y San Martín, ya que el factor de atribución es distinto en cada caso. En el supuesto del primero es subjetivo, o sea, el fundado en el art. 1109 del C.Civil, y en el caso de los segundos, aunque la sentencia apelada no lo dice con claridad, se funda en la obligación tácita de seguridad que recae sobre quien organiza un evento público (doctrina elaborada en torno al art. 1198 del C.C. a la que luego me referiré).
2.1. Responsabilidad de Felipe Negri.
Conforme a lo que hemos dado por probado en cuanto a la acreditación del hecho dañoso, no cabe ninguna duda de la responsabilidad de Felipe Negri. Fue el autor del golpe al actor, que le provocó el daño motivo de la demanda de autos. Independientemente de que obrara con la intención o no de causarle tan grave lesión, es evidente que actuó con culpa (art. 1109 C.C.), lindante con el dolo (art. 1072 C.C.).
Por consiguiente, debe confirmarse el progreso de la demanda a su respecto, con costas de ambas instancias en su carácter de vencido (art. 68 C.P.C.).
2.2. Responsabilidad de Agustín Nicolás Yarte y Valeria Isabel San Martín.
Como dije, se supone que la condena a estos demandados se funda en la obligación tácita de seguridad emanada del art. 1198 del C.C. y, aunque hizo una larga cita de un fallo sobre daño punitivo, terminó rechazando la aplicación de la multa civil por entender que en el caso se trató de una fiesta ocasional con motivo del festejo de un cumpleaños y no de un servicio (fs. 229).
En su expresión de agravios, el actor se queja de tal decisión, argumentando que es aplicable la Ley de Defensa del Consumidor y por ende el art. 52 bis, lo que obliga a abordar el tema en este apartado dado que tiene incidencia en la cuestión de la responsabilidad.
No cabe duda, a mi juicio, que no es de aplicación al caso de autos la LDC. En efecto, claramente el art. 2 define al proveedor como “…la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aún ocasionalmente, actividades de producción, … y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios…”.
No está probado en autos que Agustín Yarte o su madre Valeria San Martín se dedicaran en forma profesional a prestar el servicio de organización de fiestas. La palabra profesional remite a quien se dedica o desarrolla en forma habitual una actividad con fines comerciales, ya que si bien el art. 1 de la ley comprende en la noción de consumidor al que adquiere bienes o servicios en forma gratuita, está claro que ello es desde el punto de vista del consumidor, a quien no se quiere dejar desamparado si una empresa, por ejemplo, entrega bienes en forma gratuita con fines de promoción, publicidad o propaganda. El proveedor profesional, a mi juicio, siempre es alguien que desarrolla una actividad con fines económicos.
No es el caso de autos. No está probado que Yarte o su madre se dedicaran a organizar fiestas con fines económicos. El caso es muy distinto al que esta Sala tuvo oportunidad de resolver. Me refiero a la causa n° 117.524, “Vagni c. Zurita s. Daños y perjuicios (sent. del 03/09/19, pub. en www.saij.gob.ar y www.diariojudicial.com). Se trató de una fiesta de quince años organizada por una persona que tenía un salón que se ofrecía para organizar fiestas y brindar el servicio de comida, música y disc jockey correspondientes y la demanda estuvo dirigida contra él por la deficiente prestación del servicio que se ofreciera. O sea, la madre de la cumpleañera contrató un proveedor profesional de servicios de fiestas. El de autos es muy distinto, versa sobre un concurrente a la fiesta contra quienes se les endilga su organización pero que no está probado que se dediquen a organizar profesionalmente fiestas. Cierto es que el art. 2 de la LDC citado dice “aún ocasionalmente”, frase que requiere de interpretación. ¿Incluye la organización de una fiesta aislada o la organización de eventos sin regularidad pero en forma profesional? A mi juicio se refiere a esto último. Por ejemplo, si alguien (persona física o jurídica) organiza un recital de Stevie Wonder, para lo cual lo contrata y le paga para que venga al país, entra en la categoría de proveedor del servicio de espectáculo público a los concurrentes, aún cuando sea el único evento que organice en su vida. Es muy distinto a quien organiza su fiesta de cumpleaños, aunque invite en forma pública mediante las redes sociales y se cobre una entrada (normalmente para pagar gastos).
Los demandados dijeron que Agustín Yarte era disc jockey en distintas confiterías de Luján y que, por tener muchos amigos y ser muy conocido decidió festejar su cumpleaños de esa manera, pero ello no lo convierte en organizador profesional de fiestas, de la misma manera que ser músico no transforma a quien desempeña esa actividad en organizador de fiestas. Por otro lado, no está siquiera insinuado en la demanda que Yarte o su madre se dedicaran a organizar fiestas, y ya dije que el término “ocasionalmente” del art. 2 de la L.D.C. está pensado para otro tipo de eventos con fines manifiestamente lucrativos.
Concluyo, entonces, que no es aplicable al caso la L.D.C.
Respecto de la obligación tácita de seguridad emanada del art. 1198 del C.C. – implícitamente aplicada en la sentencia apelada -, debe tenerse presente que rige en materia contractual (C.N.Civ., Sala A, L. 433.538, nov. 2003 (elDial-AA3039); C.N.Civ., Sala D, fallos del 18/02/85 y 18/03/98, pub. en J.A. 1985-IV-396 y J.A. 1999-I-348 respectivamente; Mayo, Jorge, “Sobre las denominadas ‘obligaciones de seguridad’”, L.L. 1984-B, 949; Vázquez Ferreyra, Roberto, “La obligación de seguridad y la responsabilidad contractual”, en Rev. de Der. Privado y Comunitario, Rubinzal-Culzoni Ed., 1998, p. 79; Burgos, Débora y Vessoni, Hugo, “La obligación de seguridad”, J.A. 1995-I-944; Cavallero, Francisco E., “La obligación de seguridad, una obligación contractual secundaria”, L.L. 1996-D, 1513; C.N.Civ., Sala L, fallo del 6/03/08, pub. en L.L. 18/06/08, con comentario de Alvarez Larrondo, Federico, “Contrato de paseo en un shopping, deber de seguridad, daños punitivos y reforma de la ley 26.361”, L.L. 2008-D, 58; tesis receptada por la S.C.B.A. en Ac. 75.111 del 14/04/04; Ac. 86.024 del 10/08/05; Ac. 83.511 del 9/11/05; C. 103.306 del 14/09/11; C 122865 S 04/12/201; C 120051 S 21/06/2018; C 119733 S 28/06/2017; C 120447 S 08/03/2017; C 111812 S 27/06/20; C 97827 S 09/06/2010, entre otras).
Así lo ha considerado esta Sala en las distintas oportunidades en que ha abordado su tratamiento ("Palacios c. argentone S.A”, causa n° 112.796, sent. del 10/12/09, pub. en L.L. R.C.yS., 2010-X, 60, con com. de Graciela Lovece; “Chagalj c/ Casanovas”, causa n° 113.523, sent. del 4/10/18; “Czorny c. Cano, causa n° 117.455, sent. del 23/03/19, pub. en www.eldial.com; www.dpicuantico.com; juba).
La pregunta, entonces, es si se estableció un vínculo contractual o no entre los demandados Yarte y San Martín por un lado y el actor por el otro al concurrir éste a la fiesta. Para ello es importante discernir si se cobró una entrada y, en su caso, qué finalidad tuvo la misma.
Según las concurrentes Nazarena Gutiérrez y Josefina Barca, junto a otras amigas, pagaron las entradas con anticipación dado que era más barato. Según Negri, Yarte y San Martín, lo que los asistentes pagaron fue al solo efecto de sufragar el costo de la bebida y otros gastos (conf. audiencia de vista de causa videograbada). No está muy claro el tema. Lo segundo es posible, ya que llevar a cabo una fiesta de cerca de 70 personas (conf. fs. 41) insume muchos gastos difíciles de afrontar para una familia de clase media. Por ello es muy común, sobre todo cuando se trata de jóvenes veinteañeros, que organicen este tipo de fiestas pidiendo a los amigos que contribuyan con una suma de dinero (si es fija y predeterminada no cambia las cosas). Ahora bien, Nazarena dijo que dentro de la fiesta la bebida se pagaba aparte, pero no es suficiente para darlo por probado (art. 384 C.P.C.). No considero que el hecho de que se difundiera la fiesta por Facebook lleve a presumir la relación contractual, ya que es muy común que los jóvenes inviten a las fiestas por redes sociales, máxime cuando desean que sea muy concurrida para que resulte un éxito (de esa forma invitan a los “amigos de los amigos”).
No está muy claro si se contrató seguridad para la fiesta (Nazarena dice que había “patovicas” y la demandada San Martín dice que eran amigos), pero en caso afirmativo no necesariamente conduce a dar por probada la relación contractual entre los demandados y el actor, ya que bien puede alguien contratar personas con fines de seguridad para su fiesta de cumpleaños sin que ello convierta a los invitados en contratados.
No obstante, considero que aún en la hipótesis de llegar a la conclusión de que se entabló un vínculo contractual entre los organizadores y el actor (sobre todo por la cuestión del pago de la entrada), no se dan en autos los supuestos fácticos para que sea de aplicación la doctrina de la obligación tácita de seguridad.
Por dos motivos. En primer lugar porque el hecho que motiva el incumplimiento contractual tiene que tener una relación contractual con la obligación de seguridad asumida (arts. 511, 512 y cctes. C.C.). En segundo lugar porque, aún considerando que hay relación causal, el hecho dañoso debe ser previsible y por ende evitable, o sea no debe constituir un caso fortuito o fuerza mayor (arts. 513 y 514 C.C.).
Respecto de lo primero, dijeron los demandados que si se da por probado que el golpe existió, el mismo actor admitió en la demanda que fue en el exterior de la casa quinta, en la calle, no en el interior del predio donde se desarrollaba la fiesta.
Entiendo que tienen razón. Si existió un “contrato de asistencia a fiesta”, ello implicó brindar seguridad por lo que pasara adentro del lugar en que la misma se desarrollara pero no afuera aún cuando el daño fuera provocado por algún otro asistente. Cierto es que existe un fallo de la Suprema Corte provincial en el que se responsabilizó a los dueños de una confitería bailable por el daño provocado desde afuera del local a un concurrente que estaba adentro (Ac.86.024, “Mandirola c. Club Deportivo Alsina”, 10(08/05), pero hubo circunstancias fácticas especiales. El personal de seguridad había sacado a unos revoltosos de adentro de la confitería, y éstos con pateadas y puñetazos rompieron el vidrio de la puerta de entrada, causando que se desprendieran astillas que lesionaron el ojo del actor. Es decir, el disturbio se había generado adentro y la Corte consideró que los guardias debieron asegurarse de que los revoltosos se alejaran de la puerta.
En el caso de autos, la lesión se produjo afuera de la quinta (no está muy claro a qué distancia del portón de entrada), y el desgraciado suceso se ocasionó, no por algo iniciado adentro del local y causado por algo vinculado a la fiesta, sino afuera provocado por un altercado con motivo del estacionamiento de un auto. Es decir, no hay relación causal entre el hecho y el incumplimiento de la obligación tácita de seguridad. La segunda razón por la que considero que existe un eximente de responsabilidad es porque si se considera que existió causalidad entre la obligación de seguridad asumida y el hecho dañoso, perfectamente puede encuadrarse lo sucedido en el caso fortuito, que interrumpe la relación causal. Este se configura cuando no ha podido preverse, o, previsto, no ha podido evitarse (art. 514 C.C.). O sea, tiene que ser imprevisible o inevitable. Cualquiera de los dos supuestos se da en autos respecto de los organizadores de la fiesta. Veamos.
Existe una discusión doctrinaria acerca de si la obligación tácita de seguridad es de medios o de resultado, inclinándose los autores por sostener que la línea de distinción pasa por la mayor o menor probabilidad de prevenir o de evitar el daño en orden a la previsibilidad de su acaecimiento.
Dijo esta Sala en la causa “Chagalj” arriba citada que el planteo merece ser atendido dado que así ha sido entendido por el Dr. Roncoroni en sus votos en las causas citadas de la Corte provincial, siguiendo a Vázquez Ferreyra y a Bustamante Alsina. Con cita del primero de estos autores se señaló que debía tenerse en cuenta el contenido de la obligación de seguridad en cada caso concreto, para terminar inclinándose por el criterio de la aleatoriedad; o sea, si la integridad de la persona del acreedor o de sus bienes es demasiado aleatoria; dependiendo poco de la exclusiva diligencia del deudor, la obligación de seguridad será de medios, y si, en cambio, lo normal es que un mínimo de cuidado - o bien el cuidado necesario - es capaz de llevar al resultado esperado, la obligación de seguridad será de resultado.
Dijo esta Sala que el criterio de diferenciación es correcto siempre que lo relacionemos concretamente con la obligación a la cual nos estamos refiriendo. Por ejemplo, si nos referimos a la obligación de que el local no se incendie fácilmente será de resultado, pero si nos referimos a que no haya disturbios repentinos que puedan causar daños, será de medios dado que dependerá poco de la diligencia del deudor. La distinción es importante dado que, como señala Vázquez Ferreyra, si la obligación es de medios el factor de atribución es subjetivo y por lo tanto le corresponde al actor probar la culpa o dolo del deudor. Pero si se la encuadra como obligación de resultado se aplican las reglas de la responsabilidad objetiva. O sea, no le alcanza al deudor con probar la falta de culpa sino que debe acreditar la culpa de la víctima o una causa ajena.
En la causa “Chagalj” consideré que no cabía duda que se trataba de una obligación de medios, y que no surgía de los autos que el actor hubiera demostrado la culpa del explotador del bar en el acaecimiento del hecho, dado que no había acreditado cómo podía concretamente haberlo evitado. Se trató de un golpe repentino en medio de la pista de baile de un club de barrio, siendo que nada había hecho previsible que ocurriera. Aún así dije que si se entendía que siempre la obligación de seguridad era de resultado, no dejaba de ser una eximente de responsabilidad el caso fortuito o la fuerza mayor (el casus) (arts. 513 y514 C.C.), siendo de recordar que el hecho del tercero por quien no se debía responder estaba comprendido en el mismo en la medida que reuniera los requisitos de éste. No podía razonablemente – agregó la Sala - pretenderse que en todo bar, pub o confitería (aún cuando fuera bailable) hubiera una persona de seguridad “pegado” a cada uno de los concurrentes, de manera tal que, con la velocidad de un rayo, cual “superman”, interceptara un brazo dirigido a dar una trompada o un botellazo.
En la causa n° 117.455 arriba citada (“Czorny c.
Cano”), partiendo de las mismas bases de análisis, entendí que el deber de seguridad de la confitería hacía que debiera prever que la agresión ocurriera y que, por ende, debió adoptar medidas para evitarlo. Se trató de una persona que arrojó un vaso de vidrio sobre el rostro de otro causándole una lesión en el ojo. Naturalmente, la confitería, en su descargo, alegó el caso fortuito, planteo que se desestimó dado que minutos antes había habido una pelea entre los mismos protagonistas en el baño – interviniendo personal de seguridad -, por lo que se entendió que era previsible que continuara la agresión y por ende el mismo personal debió expulsar a los participantes de la confitería. Es decir, el hecho no había sido extraño a los demandados, siguiendo la tesis de Calvo Costo sobre los requisitos del caso fortuito en estos casos (Calvo Costa, Carlos A., “El caso fortuito como eximente ante las obligaciones de seguridad”, www.calvocosta.com.ar).
Llevando estas pautas orientadoras al caso de autos, considero que la trompada que Negri le pegó al actor fue imprevisible. Ningún hecho anterior podía hacer suponer que pudiera ocurrir. Hasta ese momento la fiesta había transcurrido con normalidad y ningún hecho agresivo había protagonizado Negri. Y también es catalogable de inevitable dado que, como dijo esta sala en la causa “Chagalj”, cuando algo sucede en una ráfaga de segundos, es imposible que el organizador de la fiesta o una persona de vigilancia intercepte en el aire con su mano el puño o el brazo de otro en movimiento. Y mucho menos cuando ello ocurre afuera del local donde se desarrolla el baile o la fiesta. No debemos olvidarnos, además, que estamos frente a una fiesta de cumpleaños organizada por una familia.
No se me escapa que Negri bajó del auto conducido por Yarte pero ninguna evidencia hay – y tampoco fue siquiera insinuado – que este último le hubiera pedido o instigado al primero a actuar de esa manera, y, como es sabido, las conductas dolosas no se presumen (esta Sala, causa n° 113.478, sent. del 03/10/13).
En síntesis, aún cuando se considere que entre el actor y los demandados Yarte y San Martín existió un contrato, estos deben ser eximidos de responsabilidad, ya sea por no haber mediado relación causal entre el incumplimiento de la obligación tácita de seguridad y el daño sufrido por el actor (arts. 511, 512 y cctes. C.C.), como por encuadrar el hecho nocivo en el caso fortuito (art. 514 C.C.).
Por consiguiente, debe revocarse la sentencia en cuanto condena a Yarte y a San Martín, y rechazarse la demanda a su respecto, con costas a la parte actora en ambas instancias (arts. 68 y 274 C.P.C.). Con el alcance propuesto, VOTO POR LA NEGATIVA.
El señor juez Roberto A. Bagattin, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucia dijo:
1. Daño punitivo:
De acuerdo a lo resuelto en la cuestión precedente, no siendo aplicable la Ley de Defensa de Consumidor en el caso de auto, no es procedente el agravio del actor en relación al rechazo de la multa civil contemplada en el art. 52 bis de dicho ordenamiento.
2. Incapacidad física sobreviniente.
La sentencia hace lugar a este resarcimiento sobre la base del informe médico pericial que da cuenta de que el actor sufrió una incapacidad parcial y temporal del 12 por ciento como consecuencia de la lesión sufrida, y, teniendo en cuenta la edad a la fecha del hecho (20 años), el “medio social”, la actividad que realizaba (no la menciona y remite a la audiencia videograbada) y lo que surge del Beneficio de Litigar sin Gastos, fija la suma de $ 80.000.
El actor se queja diciendo que ocurrió el hecho cuando tenía 20 años, y “en plena etapa de divertimento y formación” no pudo hablar, alimentarse con comidas sólidas durante varios meses y no pudo desenvolverse en ninguna actividad, debió dejar sus estudios y la banda de música que integraba. Desde tales observaciones dice que el monto fijado es muy exiguo y que el resarcimiento debe ser integral.
Por su parte, el demandado Negri se agravia aduciendo que el perito médico dictaminó, luego de examinarlo, que no había disminución física o psíquica que hubiera incidido sustancialmente en su actividad.
En la demanda – a dos años del hecho - el actor dijo que las lesiones no se habían consolidado y que le habían causado un gran perjuicio por el largo reposo, las intervenciones y tratamientos, lo que no le permitía desempeñarse con normalidad, que era incierta la curación, que sufría intensos dolores, pérdida de sensibilidad, hormigueos y trastornos de todo tipo en la vida de relación y laboral (fs. 23vta.).
El perito médico de autos, en su informe 4 años después del hecho, dictaminó que al examen, el actor presentaba buena apertura local, no acusaba dolor, la masticación era normal, la fonética normal; se palpaban ambas ramas mandibulares inferiores sin alteraciones o deformaciones anatómicas, no acusaba dolor tampoco en las articulaciones témporo-mandibulares en el cierre y apertura de la boca, sin crujidos, o sea, exámen dentro de parámetros normales. En la radiografía no se observaban secuelas anatómicas postfracturas. El experto estimó una incapacidad parcial y temporaria del 12 por ciento (fs. 125/26).
El actor observó el peritaje y pidió aclaraciones, aduciendo que nada informaba acerca de la parestesia, con efecto en la pérdida de la sensibilidad y que se le dormía el labio, con posible y seguro daño en el nervio, y tampoco en relación a la evidente diferencia de oclusión (mordida distinta a la de origen) (fs. 148). El médico contestó que al momento del examen no se había detectado la sintomatología referida y respecto de la mordida reiteró el dictamen (fs. 154). Nuevamente el actor rechazó por insuficientes e infundadas las aclaraciones e insistió en sus observaciones (fs. 156). Siendo ello así, no encuentro mérito para apartarme del dictamen pericial y en los agravios el actor no insiste en las observaciones que hiciera (art. 474 C.P.C.). Por consiguiente debe tenerse por acreditado que el actor, como consecuencia del hecho de autos, no sufre una incapacidad parcial permanente sino temporaria. No dijo el experto en las conclusiones cuánto tiempo duró, pero en las consideraciones estimó que debió guardar reposo en cama por 90 días y que era verosímil que no pudiera mover la boca durante 30 a 60 días. Esto no fue objeto de impugnación por parte del actor. Ahora bien, cuando la incapacidad es temporaria se confunde con el lucro cesante. Es decir, se cuantifica en función de los ingresos dejados de percibir durante ese tiempo. En la demanda no se denunció que el actor trabajara al momento del hecho y tampoco se ha probado, por lo que no corresponde hacer lugar a este resarcimiento debido al escaso tiempo que duró la incapacidad. Ello, sin perjuicio de tener en cuenta la incapacidad sufrida en la vida de relación social y deportiva en el momento de graduar el daño moral y el daño psicológico .
Propicio, en consecuencia, su rechazo.
3. Daño moral.
La sentencia fija por este concepto la suma de $ 70.000. El actor se agravia diciendo que recuerda con tristeza y angustia la enorme vergüenza que sintió frente a quien era su novia en ese momento y a su mejor amiga al volver en sí luego del golpe porque no había podido defenderse. Expresa que no pudo alimentarse ni hablar durante seis meses, que dejó los estudios, que abandonó la banda de música que integraba, que se alejó de los amigos, que terminó la relación con su novia y que aún hoy se siente alerta y a la defensiva en los lugares donde hay gente.
No me cabe duda del sufrimiento del actor por recibir una trompada de tal magnitud que le provocó una doble fractura mandibular, por la cual se le colocaron arcos de Erlich, debió concurrir a consultas semanales durante tres meses, tuvo que guardar reposo durante 90 días, y tener la boca inmovilizada durante 30 a 60 días. La testigo Gutiérrez declaró en la audiencia de vista de causa que antes del hecho tenía una banda de música, cantaba y tocaba la guitarra, todo lo cual debió dejar de hacer. También dijo que bajó mucho su peso, estuvo enojado, triste y con bronca. Todo ello es creíble dada el tipo y naturaleza de la lesión (arts. 384 y 456 C.P.C.).
A su vez, la perito psicóloga informó que se observaba una sintomatología característica de un síndrome postraumático en grado leve con predominancia de mecanismos defensivos fóbicos, correspondiendo una incapacidad del 10 por ciento (fs. 137/39). El actor objetó una cuestión del informe que luego reiteró en la vista de causa – a la que asistió la perito -, pero que, como ella misma aclaró, no tiene ninguna importancia para los presentes autos. Evaluando este informe pericial, advierto que no surge claro que la incapacidad referida tenga relación causal con el suceso de autos (art. 474 C.P.C.).
En relación a lo expresado por el actor en los agravios en cuanto a que, con motivo del hecho, cesó la relación con su novia, advierto que al demandar no lo dijo, siendo que ello habría ocurrido mucho antes (conf. declaración de Nazarena Gutiérrez en la audiencia).
La lesión sufrida por el actor no fue causada por una mera imprudencia o negligencia; por el contrario fue provocada con intención (como toda trompada en la cara), lo que produce un sufrimiento mayor (conf. esta Sala, causa n°113.478, sent. del 03/10/13). Teniendo en cuenta el tipo de lesión, el tratamiento recibido, el tiempo de curación y demás circunstancias arriba referidas, y que ha quedado firme que desde la fecha del hecho deben computarse intereses a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires (y no a la tasa pura del 6 % anual, conforme fallos “Vera” y “Nidera S.A.” de la S.C.B.A.), estimo justo elevar el monto indemnizatorio por este concepto a la suma de $ 100.000 (art. 1078 C.C., art. 165 C.P.C.).
4. Daño psíquico y gastos de tratamiento psicológico.
Se queja el demandado Negri de que la sentencia fija la suma de $ 78.000 por estos conceptos, pero no se agravia de la consideración del daño psíquico como autónomo del daño moral. Siendo ello así, la suma fijada es razonable habida cuenta que comprende el tratamiento psicológico que, a razón de $ 500 una vez por semana durante 104, arroja la suma de $ 52.000. En consecuencia, el daño psíquico por sí solo es fijado en $ 26.000, lo que no parece excesivo. (arts. 1067, 1068, 1083 y cctes. C.C., art.
165 C.P.C.).
5. Gastos médicos y de farmacia.
El demandado Negri se agravia de los $ 40.000 alegando que presupuesto acompañado en la demanda no fue reconocido en autos. Los agravios del actor no cumplen con las exigencias del art. 260 del C.P.C.
No surge de autos que el actor contara con obra social, por lo que es creíble que se atendiera en forma privada. Teniendo en cuenta el tipo de tratamiento a que debió someterse (lo cual llega firme, conforme lo dicho al tratar los daños precedentes), pero también la falta de prueba sobre los gastos efectivamente incurridos, entiendo que el monto debe reducirse a la suma de $ 30.000 (arts. 1067, 1068, 1083 y cctes. C.C., art. 165 C.P.C.).
Con las modificaciones sugeridas, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
El señor juez Roberto A. Bagattin, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
A LA TERCERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucia dijo:
De acuerdo a la forma en que han quedado votadas las cuestiones anteriores, el pronunciamiento que corresponde dictar es: 1°.- Revocar parcialmente la sentencia apelada en cuanto hacer lugar a la demandada contra los demandados Agustín Nicolás Yarte y Valeria Elizabeth San Martín, y en consecuencia rechazar la acción contra los mismos, con costas de ambas instancias al actor.
2°.- Confirmar la sentencia en cuanto condena al demandado Felipe Negri, y modificar el monto resarcitorio en la suma de $ 208.000, con costas de ambas instancias al mismo.
3°.- Confirmar lo demás que la sentencia decide.
ASI LO VOTO.-
El señor juez Dr. Roberto A. Bagattin, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose la siguiente:
Que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser revocada.
POR ELLO y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE RESUELVE:
1°.- Revocar parcialmente la sentencia apelada en cuanto hacer lugar a la demandada contra los demandados Agustín Nicolás Yarte y Valeria Elizabeth San Martín, y en consecuencia rechazar la acción contra los mismos, con costas de ambas instancias al actor.
2°.- Confirmar la sentencia en cuanto condena al demandado Felipe Negri, y modificar el monto resarcitorio en la suma de $ 208.000, con costas de ambas instancias al mismo.
3°.- Confirmar lo demás que la sentencia decide.
NOTIFIQUESE por medios electrónicos (conf. Res. del Presidente de la S.C.B.A. nro. 10/20 prorrogada por la nro. 14/20). Se hace saber que los términos procesales se encuentran suspendidos (Res. S.C.B.A. nro. 386/20 prorrogada por Res. del Sr. Presidente de la S.C.B.A. nro. 14/20 y 18/20), por lo que el plazo de la presente notificación comenzará a correr una vez que finalice dicha suspensión. Y OPORTUNAMENTE DEVUELVASE.
Fin de la sentencia