Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 35039-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la resolución de fs. 139/142vta.; con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
184/2024 GUZARDI, ROBERTO LUIS (TF 35039-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, abril de 2024.
1. Que, a fs. 139/142vta., el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución AD ROSA 487/14, recaída en la actuación SIGEA 12539-104-2010, mediante la cual se había condenado a la importadora Borrachas Vipal SA y a su despachante de aduana Roberto Luis Guzardi al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1º, inciso a, del Código Aduanero con relación a la destinación 05 052 IC05 002109L.
Impuso las costas al demandado.
Para resolver como lo hizo, en lo que ahora interesa señalar, mencionó que la imputación se había originado porque la empresa actora documentó, el 12/9/05, la importación para consumo de mercadería clasificada en la posición arancelaria 4006.10.00.000K, consistente en perfiles para recauchutar, describiéndola de igual manera en la factura comercial y el correspondiente certificado de origen; mientras que el servicio aduanero determinó, sobre la base de un informe técnico producido en 2010, que la mercancía se debió clasificar en la posición arancelaria 4012.90.90.100W, correspondiente a bandas precuradas realizadas con caucho sin vulcanizar. Es decir, entendió que se había constatado una diferencia de calidad de la mercadería que, a su vez, invalidaba el certificado de origen presentado y provocaba que la actora no pudiese beneficiarse con el régimen preferencial invocado, con un consiguiente perjuicio fiscal.
En ese marco, el tribunal de origen encontró objetable que el servicio aduanero hubiese imputado la comisión de una infracción 5 años después del libramiento a plaza; sobre todo cuando a la destinación en trato se le había asignado canal rojo de selectividad y constaba en el anverso del despacho que la verificación física y documental de la mercadería había resultado conforme. También cuestionó que el informe técnico en que se había basado la Aduana hubiese comparado la mercadería obrante en un depósito de Borrachas Vipal SA, con la que había importado otra firma (Distribuir SA), para así concluir que ambas eran idénticas y que la primera empresa debió haber adoptado otra clasificación arancelaria. En especial, le pareció censurable que ese informe hubiese presumido que la mercadería que se encontró en el depósito de la empresa actora era la misma que se había importado mediante el referido despacho. En definitiva, concluyó que no se podía tener por probada la diferencia entre lo declarado y el resultado de una comprobación, ya que no se sabía a ciencia cierta si la muestra de mercadería verificada en el depósito de la imputada era la misma que se había importado cinco años antes.
En adición a lo expuesto, sostuvo que la condena también debía revocarse porque faltaba el perjuicio fiscal que requería el tipo infraccional. En este sentido, argumentó que estaba acreditado el origen intrazona Mercosur de los bienes y que, más allá de que la mercadería debiese ser clasificada en otra posición arancelaria, ambas estaban negociadas con una preferencia del 100%. Remarcó que la descripción, la cantidad y el valor FOB de la mercadería importada resultaban coincidentes en el cotejo de la documentación, lo que permitía sostener que el certificado de origen acompañado era aplicable a la mercadería importada aunque mencionase una posición arancelaria distinta. Sobre esa base, interpretó que no alcanzaba a producirse el efecto lesivo previsto por la norma.
2. Que, disconforme, el Fisco Nacional interpuso y fundó apelación a fs. 152/156, que se concedió a fs. 158 y fue replicada por los actores a fs. 160/161vta. y 163/164vta.
En sustancia, planteó que el informe técnico era claro en su conclusión acerca de la incorrecta clasificación arancelaria de la mercadería, y que el tribunal de origen había incurrido en arbitrariedad en la apreciación de los hechos y de las pruebas. Agregó que los actores eran quienes tenían la carga de ofrecer prueba para lograr su exculpación. Finalmente, indicó que, el hecho de diferir la posición arancelaria del certificado de origen presentado con la que efectivamente pertenecía a la mercadería, era suficiente para invalidar su aplicación al caso y para que correspondiese el tratamiento tributario extrazona, con la consiguiente configuración del perjuicio fiscal que requiere la infracción imputada.
3. Que, para tener por configurado el hecho ilícito descripto en el artículo 954 del Código Aduanero, es necesario que la Aduana acredite la concurrencia de los elementos allí establecidos, es decir que exista un declaración aduanera que difiera con el resultado de la comprobación física o documental que hace el servicio aduanero, que esta diferencia tenga entidad para pasar inadvertida a la Aduana y también para generar alguna de las consecuencias previstas en los incisos a, b, y c, de la norma.
Concretamente, en el caso del inciso a, se sanciona a quien formulare una declaración que difiera de lo que resulte de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produzca o pudiere producir un perjuicio fiscal.
La procedencia de la sanción queda entonces condicionada a la concurrencia de dos elementos sin los cuales no puede considerarse, desde el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 184/2024 GUZARDI, ROBERTO LUIS (TF 35039-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO punto de vista objetivo, que existe conducta reprochable a través de este tipo infraccional; a saber, la diferencia entre lo declarado y comprobado, y la producción del efecto lesivo que prevé el inciso (doctr. Fallos: 312:1997) pues, como también lo establece la Exposición de Motivos del Código Aduanero, “…si la declaración incorrecta no es idónea para provocar alguno de estos efectos no es punible en sí misma…” (en relación a la Sección XII, Título II, Capítulo 7º, ap. 2, 3er párrafo); ello sin perjuicio de que no se requiera el efectivo daño sino la posibilidad concreta de que ello ocurra.
4. Que uno de los fundamentos por los cuales el Tribunal Fiscal de la Nación concluyó que no se configuraba la infracción en el caso fue, precisamente, la falta de idoneidad de la conducta para producir un perjuicio fiscal. Esa conclusión se basó en el análisis de los hechos y de las pruebas obrantes en la causa; puntualmente, de la documentación complementaria al despacho de importación, en virtud de la cual determinó que, más allá del hipotético error en la posición arancelaria declarada, existía coincidencia en la descripción, la cantidad y el valor FOB de la mercadería. A ello añadió que las dos posiciones arancelarias estaban negociadas con un mismo nivel de derechos. Sobre esa base, tuvo por acreditado el origen intrazona Mercosur de la mercadería y la consiguiente procedencia de la preferencia arancelaria.
Aquélla es una derivación razonada de los elementos de prueba obrantes en el expediente, que además no fue concretamente rebatida en el memorial del Fisco, lo que de por sí bastaría para adoptar una solución confirmatoria, en razón de la limitación ínsita al recurso y la carga que pesa sobre todo aquel que impugna una decisión jurisdiccional (arg. arts. 1180 y 1182 del CA, y arts. 265 y 266 del CPCCN).
Más allá de lo expuesto, se aclara que, del mismo modo en que lo resolvió el Tribunal Fiscal de la Nación, esta Sala ha admitido la procedencia del tratamiento arancelario especial acordado dentro del marco del Mercosur a pesar de la existencia de errores formales en los certificados de origen, a condición de que existiese total correspondencia entre la descripción de la mercadería en la factura comercial y en el certificado de origen, y de que ambas posiciones arancelarias estuviesen negociadas en el acuerdo (cfr. causa 30173/14 “Inmobal Nutrer SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 2/12/14, y sus citas).
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la resolución de fs. 139/142vta.; con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y pasen los autos al Representante del Fisco para que se expida sobre la liquidación y el pago de la tasa de justicia efectuados por el recurrente (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia