Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el Dr. Pedro Justiniano Vélez, en su carácter de abogado defensor del interno penado Jorge Ariel Guzmán en contra de la denegatoria a la prisión domiciliaria dispuesta por el Juzgado de Ejecución Penal de 2º Nominación.
2No hacer lugar al recurso de casación interpuesto, y confirmar en todos sus términos la resolución impugnada.
3Con costas (arts. 536 y 537 del CPP).
4Téngase presente la reserva del caso federal y del recurso contenido en el art. 2, apartado 3, inc. b) del PIDCyP.
SENTENCIA NÚMERO: CUARENTA Y NUEVE
En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los nueve días del mes de octubre de dos mil veintiséis, la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por la doctora María Fernanda Rosales Andreotti como Presidenta, por el doctor Néstor Hernán Martel y la doctora Rita Verónica Saldaño; se reúne en acuerdo para entender en el Recurso de Casación deducido en “Expte. Corte nº 101/2026, caratulado: “Guzmán, Jorge Ariel – s/prisión domiciliaria - s/rec. de casación c/auto int. nº 59/26 de expte. nº 177/25”.
Por Auto Interlocutorio N° 059/2026, el Juzgado del Ejecución de Segunda Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió: “ I. No hacer lugar al pedido de prisión domiciliaria formulado a favor del interno penado Jorge Ariel Guzmán, en los términos de los arts. 10 del Código Penal, 32 inc. a), 33 y concordantes de la Ley 24.660, por no encontrarse acreditado que su permanencia en el Servicio Penitenciario Provincial le impida tratar adecuadamente su dolencia, ni que corresponda sustituir la modalidad intramuros de cumplimiento de pena. II. Disponer que el Servicio Penitenciario Provincial, por intermedio del Área Sanidad, arbitre de manera inmediata y permanente todas las medidas necesarias para asegurar al interno Jorge Ariel Guzmán el control médico regular, provisión de medicación indicada, seguimiento sanitario, realización de estudios médicos y derivaciones hospitalarias que resulten necesarias conforme su cuadro de salud. III. Ordenar al Área Sanidad del Servicio Penitenciario Provincial que remita a este Juzgado, durante el plazo de seis meses, un informe médico mensual actualizado respecto del estado de salud del interno, medicación suministrada, controles efectuados, estudios pendientes, derivaciones realizadas y toda otra circunstancia sanitaria relevante. IV. Disponer que, ante cualquier agravamiento significativo del estado de salud del interno, internación, descompensación, modificación sustancial del diagnóstico o imposibilidad concreta de brindar atención médica adecuada dentro del establecimiento penitenciario, el Servicio Penitenciario Provincial deberá informar de manera inmediata y urgente a este Juzgado, sin esperar el vencimiento del informe mensual. V. Ordenar la continuidad del abordaje psicológico específico del interno, especialmente en relación con los factores de riesgo vinculados al delito contra la integridad sexual comprendido en la condena unificada, debiendo el área correspondiente informar a este Juzgado sobre asistencia, adhesión, evolución, obstáculos tratamentales y recomendaciones profesionales. VI. (…).
1. Contra esta resolución, el abogado Pedro Justiniano Vélez, defensor de Jorge Ariel Guzmán, interpone recurso de casación en los términos del art. 456 y concordantes del CPP. Centra sus críticas en lo dispuesto por el art. 454, inc. 2º, del mismo cuerpo legal, esto es, inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas.
Primer motivo de agravio:
El recurrente sostiene que la decisión presenta una motivación falsa, insuficiente, ilógica, discordante, contradictoria y absurda, pues enumera elementos de convicción sin valorarlos, arriba a conclusiones que no guardan relación con los hechos examinados y prescinde de constancias incorporadas a la causa.
Señala que el juez reconoció que Guzmán padece diabetes mellitus tipo II de difícil control metabólico, hipertensión arterial severa, antecedentes de hipoglucemias, múltiples intervenciones quirúrgicas abdominales y reiteradas internaciones y derivaciones hospitalarias. Sin embargo, concluyó que esas patologías pueden ser tratadas adecuadamente dentro del establecimiento penitenciario, apartándose -a su criterio- del resto de la prueba producida.
Refiere que la historia clínica da cuenta de nueve intervenciones quirúrgicas abdominales, resección intestinal, gastrostomía, abdomen con evisceración cubierta grado IV y diástasis de rectos anteriores, además del riesgo de perforación y lesión de asas intestinales ante traumatismos abdominales. Añade que el profesional médico particular recomendó un hábitat confortable, con adecuada higiene y resguardo físico, a fin de evitar situaciones de estrés y trauma.
Manifiesta que los informes del Área Sanidad del Servicio Penitenciario Provincial registran episodios de hipoglucemia e hiperglucemia, controles cardiológicos, necesidad de seguimiento permanente y múltiples derivaciones al Hospital San Juan Bautista y otros centros especializados. En particular, destaca que el informe del 16 de enero de 2024 consignó que el interno presentaba “deterioro general progresivo”, “mal control metabólico” e “hipoglucemia severa” y que necesitaba mayor control y un equipo multidisciplinario.
Cuestiona que el juzgador haya atribuido especial fuerza convictiva al informe del Cuerpo Interdisciplinario Forense y relativizado los demás elementos probatorios, sin explicar las razones de esa preferencia. Afirma que dicho informe no niega las patologías acreditadas, el antecedente de evisceración abdominal grado IV ni las reiteradas descompensaciones metabólicas, sino que se limita a señalar que el interno puede permanecer en el establecimiento penitenciario y reconoce la necesidad de profundizar el estudio de su trastorno metabólico.
Destaca que el Área Sanidad y el propio Servicio Penitenciario Provincial reconocieron limitaciones para el manejo integral de las patologías y la necesidad de asistencia especializada externa. Añade que el Consejo Correccional, mediante Acta N° 392/2024, dictaminó favorablemente sobre la concesión de la prisión domiciliaria y que la Dirección General del Servicio Penitenciario Provincial, por Resolución Interna N° 1235/2024, propuso formalmente hacer lugar al instituto.
En idéntico sentido, señala que el Ministerio Público Fiscal se pronunció favorablemente luego de considerar el cuadro clínico complejo, crónico y progresivo del condenado. Refiere que, según el dictamen fiscal, el informe del Cuerpo Interdisciplinario Forense no desvirtúa suficientemente el resto de la prueba médica y que el estándar previsto en el art. 32, inc. a), de la Ley 24.660 no exige un estado terminal ni la imposibilidad absoluta de permanecer en prisión, sino que la privación de libertad intramuros impida recuperar la salud, tratar adecuadamente la dolencia o exponga al interno a riesgos incompatibles con un adecuado abordaje médico.
Sostiene que las reiteradas derivaciones, estudios e internaciones extramuros evidencian la insuficiencia de los recursos sanitarios existentes dentro del establecimiento. Agrega que las instalaciones penitenciarias son precarias y no reúnen las condiciones de higiene y asepsia recomendadas para tratar el cuadro de su asistido.
También advierte una contradicción en la resolución: por un lado, afirma que el Servicio Penitenciario se encuentra en condiciones de garantizar la atención médica requerida; por otro, ordena controles permanentes, informes mensuales durante seis meses, seguimiento sanitario intensivo y comunicación inmediata ante cualquier agravamiento. Entiende que tales medidas demuestran la fragilidad del estado clínico de Guzmán y refuerzan, en lugar de descartar, la procedencia de la prisión domiciliaria.
El impugnante aclara que la prisión domiciliaria no equivale a libertad ambulatoria y que los organismos encargados de controlar la ejecución cuentan con medios para asegurar el cumplimiento efectivo de la pena bajo esa modalidad.
Alega, además, que la decisión desconoce los estándares establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y las Reglas Mandela, que colocan al Estado en una posición especial de garante respecto de la vida, salud e integridad de las personas privadas de libertad. Sostiene que la ejecución de la pena no puede constituir una fuente adicional de sufrimiento y que, cuando el encierro incrementa los riesgos sanitarios o dificulta el tratamiento, corresponde adoptar una solución compatible con el principio de humanidad de las penas.
En razón de ello, solicita que se declare la nulidad del Auto Interlocutorio N° 059/2026 y se conceda la prisión domiciliaria a Jorge Ariel Guzmán. Invoca como disposiciones violadas los arts. 454, inc. 2º, y 229 del CPP; 156 del CP; 28 y 30 de la Constitución de la Provincia y 18 de la Constitución Nacional.
Efectúa reserva del Caso Federal en los términos de los arts. 14 y 15 de la Ley 48, por la alegada vulneración de las garantías del debido proceso, igualdad ante la ley, defensa en juicio y exclusión de prueba obtenida ilegalmente (arts. 16, 17 y 18 de la CN), así como de la Convención sobre los Derechos del Niño.
También formula reserva del recurso previsto en el art. 2, apartado 3, inc. b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, celebrado en Nueva York el 19 de diciembre de 1966 y aprobado por Ley 23.313.
Por último solicita se haga lugar al recurso, se ajuste a derecho la sentencia recurrida y se dicte la detención domiciliaria de su asistido. Mientras dure la sustanciación del presente recurso, pide se suspenda el cumplimiento del auto interlocutorio impugnado.
Efectúa reserva del Caso Federal.
III. El planteo efectuado exige resolver las siguientes cuestiones:
1. ¿Es formalmente admisible el recurso?
2. En su caso, ¿La resolución impugnada ha inobservado o aplicado erróneamente la ley sustantiva? ¿Qué resolución corresponde dictar?
De acuerdo con el resultado de la votación efectuada (f. 26), nos pronunciaremos en el siguiente orden: en primer lugar, la Dra. Saldaño; en segundo lugar, la Dra. Rosales Andreotti y en tercer término, el Dr. Martel.
A la Primera Cuestión, la Dra. Saldaño dijo:
IV. El recurso fue interpuesto en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada y se dirige contra una resolución que, por sus efectos, es equiparable a definitiva debido a que lo cuestionado es susceptible de ocasionar un perjuicio de imposible, insuficiente o tardía reparación ulterior al afectar un derecho que exige tutela judicial inmediata, como lo es la libertad ambulatoria.
El recurso fue interpuesto en forma y en tiempo oportuno y se dirige contra una resolución que, por sus efectos, es equiparable a definitiva debido a que el planteo se circunscribe a las condiciones del cumplimiento de la pena de prisión, con lo que el agravio denunciado no es susceptible de reparación ulterior ni por otra vía.
Por ende, el recurso es formalmente admisible y así debe ser declarado.
En consecuencia, mi respuesta a la primera cuestión es afirmativa. Así voto.
A la Primera cuestión, la Dra. Rosales Andreotti dijo:
Adhiero a la solución propugnada por la Sra. Ministra preopinante y voto en igual sentido.
A la Primera cuestión, el Dr. Martel, dijo:
La Dra. Saldaño da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión, respecto a la admisibilidad formal del recurso. Por ello, adhiero a su voto y me expido en igual sentido.
A la Segunda Cuestión, la Dra. Saldaño dijo:
Es dable destacar que, “Guiado por el principio de humanidad de la pena, el art. 10 establece en que supuestos corresponde la detención domiciliaria” (Código Penal de la República Argentina, comentado, concordado con jurisprudencia, Gustavo Eduardo Aboso, pág. 57, año 2021, 6° edición).
El instituto en cuestión, es uno de los que recepta el principio de trato humanitario en la ejecución de la pena, y tiene en el ámbito de la República Argentina expresa consagración normativa (C.N., art. 75 inc. 22; D.A.D.H., XXV; C.A.D.H. -Pacto de San José de Costa Rica-, art. 5°, 2; P.I.D.C.P., art. 10; Conv. contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes - A.G., ONU, 10/12/84, Considerandos). La atenuación de los efectos del encierro ha sido fruto de un anhelo que viene modernamente desde la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Sentenciados (Ginebra, 1955) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Asamblea General ONU, 19 de diciembre de 1966, aprobada por la Rep. Argentina por ley 23.313), principios que fueron plasmados ya en el decreto 412/58 ratificado por la ley 14.467, actualmente contenido en forma expresa y profundizado por la ley 24.660 y sus modificatorias, en consonancia con otros documentos internacionales como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio, Dic. de 1990).
Bajo esa teleología, se ubica la regulación de la prisión domiciliaria efectuada en la última ley citada que constituye el régimen penitenciario vigente.
Se trata de principios que prevalecen en desmedro de la pretensión de lograr la adecuada reinserción social del interno a través de su alojamiento en una unidad carcelaria. De manera, se produce la colisión entre el interés estatal, orientado a lograr la readaptación del condenado mediante el ofrecimiento de un tratamiento penitenciario (art. 5) dentro de un establecimiento carcelario, y otros intereses a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere jerarquía por sobre aquel.
La detención domiciliaria no constituye un cese de la pena impuesta ni su suspensión, sino claramente surge de su nombre y de su ubicación en la legislación, se trata de una alternativa para situaciones especiales en las que los muros de las cárcel son sustituidos por un encierro en el domicilio fijado bajo el cuidado de otra persona o institución; siendo, en definitiva, una atenuada modalidad de ejecución del encierro que implica la pena privativa de libertad (T.S.J. Córdoba, Sala Penal, Sentencia n° 56 “Pompas”; 22/06/2000).
En este contexto, cabe recordar que el art. 32 de la ley 24660, en el inciso a, establece lo siguiente: “El Juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria: a) Al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario (…)”.
Que, el verbo "podrá" utilizado por el legislador, resulta de suma relevancia al momento de considerar el pedimento realizado a favor del imputado.
Así, la decisión de autorizar la detención domiciliaria, no es una obligación imperativa y automática dispuesta por la ley, sino que se trata de una facultad discrecional exclusivamente delegada por el legislador al juez, quien debe evaluar si resulta razonable, oportuno y conveniente, en razón de las pautas proporcionadas por la norma, conceder o no tal beneficio.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado en forma constante que los derechos a la vida y a la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención a la salud humana. “Los derechos a la vida y a la integridad personal no sólo implican que el Estado debe respetarlos (obligación negativa), sino que, además, requiere que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlos (obligación positiva), en cumplimiento de su deber general establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana (…)”.
Así, ésta Corte ha establecido que el Estado tiene el deber, como garante de la salud de las personas bajo su custodia, de proporcionar a los detenidos revisión médica regular y atención y tratamiento médicos adecuados cuando así se requiera" y que "toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal, lo cual debe ser asegurado por el Estado en razón de que éste se encuentra en posición especial de garante con respecto a dichas personas (…). Este Tribunal ha señalado que la falta de atención médica adecuada no satisface los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno conforme a la condición de ser humano en el sentido del artículo 5 de la Convención Americana. Así, la falta de atención médica adecuada a una persona que se encuentra privada de la libertad y bajo custodia del Estado podría considerarse violatoria del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención dependiendo de las circunstancias concretas de la persona en particular, tales como su estado de salud o el tipo de dolencia que padece, el lapso transcurrido sin atención, sus efectos físicos y mentales acumulativos y, en algunos casos, el sexo y la edad de la misma, entre otros” (cf. Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Vera Vera y otra vs. Ecuador", sentencia de 19 de mayo de 2011, párrafo 43; "Yvon Neptune vs. Haiti", sentencia del 6 de mayo de 2008, párrafo 130).
Asimismo, en virtud de los estándares internacionales en la materia antes relevados se ha remarcado que "las autoridades judiciales a cuyas órdenes se encuentran las personas privadas de libertad (sean los jueces de la causa o jueces de ejecución penal) juegan un papel fundamental en la protección del derecho a la vida de personas que se encuentran gravemente enfermas. En este sentido, las autoridades judiciales deben actuar con diligencia, independencia y humanidad frente a casos en los que se haya acreditado debidamente que existe un riesgo inminente para la vida de la persona debido al deterioro de su salud o a la presencia de enfermedad mortal" (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 64, 31 diciembre 2011, énfasis agregado).
En este sentido, el recurrente sostiene que su asistido debe ser beneficiario de la prisión domiciliaria con base en la norma citada precedentemente (art. 32 de la Ley 24.660) ya que padece patologías que impiden su normal desenvolvimiento en el SPP debido a su enfermedad.
Con relación a esta única causal que menciona la recurrente como fundamento de su petición, debo decir que la norma referida es suficientemente clara en cuanto a que la decisión de la detención domiciliaria es facultativa y no imperativa para el juez, en tanto la norma se construye con la acepción “podrá” y no “deberá”. El juez, por tanto, aún frente al cumplimiento del requisito previsto en el art. 32, inc. “a” de la ley 24.660 y en el art. 10 inc. a) C.P., tiene la facultad de rechazar la concesión del beneficio, siempre que fundamente tal rechazo en razonables motivos justificantes, provenientes de las características personales del justiciable, y demás circunstancias del caso.
Es decir, en esta instancia y dadas las actuaciones bajo análisis, el estudio de esta causa se circunscribe a verificar si el Sr. Guzmán padece una dolencia cuya recuperación o tratamiento no pueda llevarse adelante adecuadamente en el servicio penitenciario, debe verificarse en este caso el lugar adecuado para la recuperación o tratamiento apropiado para su dolencia (diabetes mellitus tipo II).
La prisión domiciliaria no es un instituto ligado al régimen progresivo penitenciario.
Establecido lo anterior, corresponde analizar el caso en particular, para determinar así, y a la luz de los conceptos expuestos precedentemente, si corresponde hacer lugar o no al recurso interpuesto por Guzmán.
A tal fin, entiendo útil examinar la resolución dictada por el tribunal de ejecución en el cual valoro el informe emitido por la junta médica del cuerpo Interdisciplinario Forense al respecto sotuvo que: “Luce agregado en autos el informe del Cuerpo Interdisciplinario Forense el cual y específicamente orientada a determinar la compatibilidad entre el cuadro clínico del poseer especial fuerza convictica por tratarse de una evaluación técnica, judicial, actualizada interno y su permanencia en el establecimiento penitenciario. En tal sentido, desplaza razonablemente las opiniones previas de carácter administrativo o institucional, en tanto estas últimas no acreditan la imposibilidad de tratamiento intramuros ni refutan técnicamente la conclusión médico-forense. En consecuencia, no se discute que Guzmán presenta antecedentes de salud que requieren seguimiento, medicación y eventuales derivaciones. Lo decisivo, sin embargo, no es la mera existencia de una dolencia, sino la imposibilidad concreta de su tratamiento adecuado en contexto de encierro. Esa imposibilidad no surge acreditada. Por el contrario, la prueba médica más actualizada indica que el tratamiento puede garantizarse mediante controles intramuros, provisión de medicación, seguimiento sanitario y derivaciones al sistema sanitario externo cuando resulten necesarias.El Consejo Correccional y la Dirección del Servicio Penitenciario pueden expedirse sobre la situación institucional del interno, su conducta, concepto, evolución y posibilidades prácticas de seguimiento. No obstante, sus conclusiones deben ser confrontadas con la prueba médica específica. En el caso concreto, la valoración favorable o no obstativa que pudiera surgir de esos informes queda relativizada por la conclusión técnica posterior del Cuerpo Interdisciplinario Forense, que estableció que Guzmán puede continuar alojado en S el Servicio Penitenciario Provincial con controles, seguimiento, tratamiento y derivaciones. Por ello, tales informes no alcanzan para desplazar el criterio médico-forense actualizado ni para configurar la causal legal prevista por el art. 32 inc. a) de la Ley 24.660.
Volviendo la mirada a los informes valorados por el Juez de Ejecución Penal, surge que los profesionales médicos dieron cuenta del buen estado de salud de Guzmán y como cuestión preliminar indican laboratorios y estudios para poder brindar respuesta al requerimiento judicial en relación a las patologías y si las mismas le impiden recuperarse o ser tratadas adecuadamente en el establecimiento penitenciario (fs. 71). Luego de practicarse los estudios médicos y de laboratorio requeridos los cuales obran a fs. 79/83 se ordenó una nueva junta médica la cual en sus conclusiones determinan que conforme a los resultados de los estudios y laboratorios Guzmán puede permanecer en el servicio penitenciario (fs. 130).
Así, en el razonamiento expuesto, y dado que este instituto procesal implica dinamismo y un análisis constante y continúo del estado de salud de Guzmán, es que este Tribunal ordenó que el CIF informe sobre su estado actual de salud. De ese informe surge con claridad que la afección padecida por el Sr. Guzmán, actualmente, puede ser tratada y abordada correctamente dentro del Servicio Penitenciario, sin poner en riesgo su salud.
Pues, dado los estudios realizados, se verifican elementos de convicción que permiten garantizar que el recurrente está en condiciones de recibir atención médica adecuada a su dolencia en el establecimiento penitenciario. Por ende, no se configura el supuesto contemplado en el art. 32 de la ley 24660, inciso a; por lo que deviene improcedente el pedido efectuado por el recurrente.
Al respecto el juez de la causa expresamente señala en el fallo recurrido porque se aparta de lo dictaminado por la autoridad administrativa del spp al sostener que: “El Consejo Correccional y la Dirección del Servicio Penitenciario pueden expedirse sobre la situación institucional del interno, su conducta, concepto, evolución y posibilidades prácticas de seguimiento. No obstante, sus conclusiones deben ser confrontadas con la prueba médica específica. En el caso concreto, la valoración favorable o no obstativa que pudiera surgir de esos informes queda relativizada por la conclusión técnica posterior del Cuerpo Interdisciplinario Forense, que estableció que Guzmán puede continuar alojado en el Servicio Penitenciario Provincial con controles, seguimiento, tratamiento y derivaciones. Por ello, tales informes no alcanzan para desplazar el criterio médico-forense actualizado ni para configurar la causal legal prevista por el art. 32 inc. a) de la Ley 24.660.”
Éste criterio ya fue adoptado por ésta sala en S. n° 10/2024 en oportunidad de acompañar en el voto a la Ministra Dra. Rosales Andreotti al sostener que: “Respecto a los informes médicos la CSJN al remitirse al dictamen del Procurador tiene dicho: “Corresponde revocar la decisión que concedió la detención domiciliaria, si del informe del Cuerpo Médico Forense sobre el estado de salud del interesado, en el que también se apoyó el a quo, surge que las patologías no requerían excarcelarlo para brindarle un tratamiento adecuado, sino que podía permanecer en prisión en tanto se le garantizaran controles periódicos en un hospital, por lo cual no había fundamento para sostener que, debido a sus problemas de salud, mantenerlo en prisión habría constituido un trato cruel, inhumano o degradante” (“Recurso Queja N° 1 –Legajo N° 2- Imputado: Gutierrez, Mario Marcelo s/Legajo de Casación”, 044000195/2009/T001/5/2/1/RH17, 5/8/2021).
Es así que, los argumentos expuestos por el abogado defensor en contraposición a la opinión técnica de los profesionales que intervienen en la causa, no resultan por sí mismos suficientes a los fines de revocar la decisión del juzgado de ejecución, presentándose sólo como una disidencia de los argumentos esbozados por el tribunal.
Asimismo, tampoco se acredito que la salud de Guzmán se encuentre en riesgo cierto e inminente de desmejoramiento de continuar su detención intra muros.
A su turno, la recurrente no se hizo cargo de los reseñados fundamentos de la resolución que impugna, limitándose a exponer su discrepancia con el criterio manifestado en la resolución apelada.
En este contexto, estaba a cargo de la recurrente demostrar el desacierto de las ponderaciones técnicas en las que fue sustentada la negativa a otorgar la prisión domiciliaria al resolver en AI nº 059/2026 con fecha 4/06/2026.
En definitiva, considero que el auto impugnado se sustentó sobre una adecuada valoración de las constancias de la causa, efectuada de modo integral, razonable y acorde con las exigencias de la ley sustantiva, la que, no pone en cabeza de la jurisdicción la tarea de realizar una reproducción automática de los informes aportados por la administración, sino que debe estudiar las particulares circunstancias del caso concreto a fin de analizar la procedencia del instituto en cada supuesto.
Por su parte el juez de ejecución penal en la parte dispositiva ordenó al Servicio Penitenciario que arbitren los medios necesarios para asegurar la atención medica de Guzmán y un control judicial durante seis meses con informes mensuales y obligación de comunicar de inmediato y urgente ante cualquier situación agravamiento significativo del estado de salud. Sin embargo y compartiendo lo dispuesto en el auto cuestionado, se deberá exhortar al Servicio Penitenciario Provincial a los fines de que arbitre los medios necesarios para garantizar que se realicen de manera periódica controles médicos a los fines de evaluar permanente su estado de salud.
En razón de lo expuesto, entiendo que, la decisión que denegó el pedido de prisión domiciliaria solicitada por Guzmán, debe confirmarse, en cuanto constato que el magistrado expuso de manera fundada las razones por las que rechazó el pedido, las que no han sido eficazmente controvertidas por la recurrente.
El planteo debe ser rechazado, toda vez que la decisión adoptada halla su fundamento en la valoración de las constancias efectivamente agregadas al expediente y en la consecuente interpretación conforme la sana critica racional y la aplicación de las normas que rigen la materia, aspectos que constituyen una función privativa de los jueces de la causa. La elaboración en estudio revela, en síntesis, una mera discrepancia con el temperamento seguido por el juez de ejecución penal. No obstante ello, exhortar al Juzgado de Ejecución Penal de 2º Nominación, para que a través del equipo técnico del juzgado a su cargo, se arbitren las medidas necesarias, para el control permanente de la salud del imputado Guzmán.
El abogado defensor no aportó elementos de juicio independientes de sus dichos, no presentó perito de parte y no evacuó la vista corrida, elementos necesarios para determinar una decisión alternativa.
En razón de lo expuesto, entiendo que, la decisión que denegó el pedido de prisión domiciliaria solicitada por Guzmán, debe confirmarse, en cuanto constato que el magistrado expuso de manera suficiente las razones por las que rechazó el pedido, las que no han sido eficazmente controvertidas por el recurrente.
Todo lo expuesto, impide que –actualmente-, se otorgue el beneficio al penado por la causal invocada, ello por cuanto la situación de aquel no se condice con el espíritu de la alternativa de la prisión domiciliaria, el cual es no afectar gratuitamente la salud de la condenada a través del encierro (ZAFFARONI, Eugenio R., Tratado de Derecho Penal Parte General, t. V, Ediar, Buenos Aires, 1983).
En consecuencia, por los argumentos antes expuestos estimo que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto y confirmar la resolución en todo lo que fue motivo de agravios. Con costas. Téngase presente la reserva del caso federal. Así voto.
A la Segunda Cuestión, la Dra. Rosales Andreotti dijo:
La señora Ministra Dra. Saldaño da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto y doy el mío en igual sentido.
A la Segunda cuestión, el Dr. Martel dijo:
La Sra. Ministra que lidera el acuerdo da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto y me expido en igual sentido.
Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la Sala Penal de la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA,
1. Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el Dr. Pedro Justiniano Vélez, en su carácter de abogado defensor del interno penado Jorge Ariel Guzmán en contra de la denegatoria a la prisión domiciliaria dispuesta por el Juzgado de Ejecución Penal de 2º Nominación.
2. No hacer lugar al recurso de casación interpuesto, y confirmar en todos sus términos la resolución impugnada.
3. Con costas (arts. 536 y 537 del CPP).
4. Téngase presente la reserva del caso federal y del recurso contenido en el art. 2, apartado 3, inc. b) del PIDCyP.
5. Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.
FIRMADO: Dra. María Fernanda Rosales Andreotti –Presidenta de la Sala Penal- Dr. Néstor Hernán Martel y Dra. Rita Verónica Saldaño. ANTE MÍ: Dra. Érica Gorkiewicz Moroni -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.
Fin de la sentencia