Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa H-2371/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por T. H. y por la Sra. V. I. M., en representación de su hija X. y sus hijos G. H. y F. D., todos de apellido H., y, en consecuencia, casar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 60/61.-
2Componer positivamente la litis e imponer las costas de las anteriores instancias al alimentante, Sr. F. H..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: H-2371/19-TSJ Interlocutorio N°: 702 Actor: H. F. C.
Demandada:
Objeto: PROPONE CUOTA ALIMENTARIA Fecha: 29-03-2022 Texto: TOMO XXI –SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 702 FOLIO Nº 4165/4175 PROT. ELECT. TSS1003S.221
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 29 días del mes de marzo de dos mil veintidós, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dr. Daniel Mauricio Mariani, Dr. Enrique Osvaldo Peretti, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, Dra. Reneé Guadalupe Fernández, bajo la presidencia de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, para dictar sentencia en los autos caratulados: “H. F. C. s/ PROPONE CUOTA ALIMENTARIA”, Expte. N° H-4582/18 (H-2371/19-TSJ). Se fijan las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: Es procedente el recurso de casación interpuesto por la Sra. V. I. M., en nombre y representación de sus hijos menores de edad, X., G. H. y F. D., todos de apellido H. a fs. 71/76 vta., ratificado por T. H. a fs. 112; SEGUNDA CUESTIÓN: Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la Primera Cuestión los Dres. Mariani, Peretti, Mercau y Ludueña Campos dicen:
I. Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la Sra. V. I. M., en nombre y representación de sus hijos menores de edad, X., G. H. y F. D., todos de apellido H., ratificado por T. H. con el patrocinio letrado del Dr. Omar Lazo, a fs. 71/76 vta. y fs. 112, contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 60/61. Ésta última revocó el punto IV) de la resolución obrante a fs. 32/34 e impuso las costas del proceso en Primera Instancia en el orden causado, asimismo eximió de costas en esa instancia “a la demandada en su calidad de vencida” (cfr. foja 61). La resolución de Primera Instancia, había dispuesto, en lo que aquí interesa, homologar el acuerdo arribado entre el Sr. F. C. H. y la Sra. V. I. M., a favor de sus cuatro hijos, consistente en una cuota alimentaria a cargo del Sr. F. C. H. equivalente al cuarenta por ciento (40%) mensual de todos los ingresos que percibe de su empleadora “San Antonio Internacional”, previos descuentos de ley, con más el SAC en igual proporción e indemnización por despido; e impuso las costas al alimentante (cfr. fs. 32/34).-
II. Que en su recurso de casación, la Sra. V. I.M. plantea que lo interpone por la causal de violación de la doctrina legal respecto de la imposición de costas en una causa de alimentos (cfr. foja 71 vta.).-
Destaca que las partes promovieron sendas causas por alimentos. Puntualiza que la recurrente inició los autos caratulados: “H. T. y Otros c/ H. F. C. s/ Alimentos”, Expte. N° H-4588/18, en el que reclamó “…una cuota alimentaria del 50%...”. En el caso del alimentante se formalizó en los autos caratulados: “H. F. C. s/ Propone Cuota Alimentaria”, Expte. N° H-4582/18, proponiendo “…una cuota alimentaria del 25%...”. Observa que ambas causas se iniciaron el mismo día, disponiendo la Juez a quo que la causa N° H-4.588/18 se agregue por cuerda a la causa N° H-4.582/18 (cfr. foja 72).-
Añade que en la audiencia preliminar las partes formularon un “…acuerdo de cuta (sic) alimentaria en un 40%...”, motivando la sentencia definitiva de Primera Instancia que homologa dicho acuerdo e impone las costas al Sr. F. C. H. (cfr. foja cit.).-
Destaca que la Sra. V. I. M. no trabaja y que le agravia que las costas sean impuestas por el orden causado, ya que deberá destinar parte de su cuota alimentaria a abonar los honorarios profesionales que se le regulen a su letrado patrocinante (cfr. foja cit.).-
Expresa que: “...el fallo recurrido se limita a considerar que ‘...nos encontramos frente a una propuesta de cuota alimentaria que efectua (sic) el progenitor de los niños de autos’. En tal sentido, omite el fallo recurrido considerar que la señora V. I. (sic) M. también inició el mismo día la pertinente acción de alimentos y que la señora Juez a quo dispuso agregar por cuerda la causa judicial iniciada por la señora M. Si hubiera sido al revés, quien hubiera asumido el carácter de Actora sería la señora V. I. M.. Es decir, claramente el fallo analiza parcialmente la situación planteada, solamente considerando la acción promovida por el actor y omitiendo hacer toda referencia respecto a que la señora M. el mismo día también inició una causa de Alimentos. Que por ello, se equivoca el fallo recurrido cuando textualmente dice: ‘...debemos dejar asentado que la condena en costas tiene por objeto resarcir los gastos del juicio que el vencedor realizó por haberse visto obligado a promover la acción’...” (cfr. foja 72 vta.).- Sostiene que no es ajustado a la realidad que el fallo analice la conducta procesal del alimentante y en base a ello sea eximido de la imposición de costas, toda vez que ante el incumplimiento alimentario del padre de los niños, la madre ha tenido que promover la causa de alimentos Nro. H-4.588/2.018. Asimismo manifiesta que: “...tampoco la conducta procesal del alimentante puede ser considerada favorable, toda vez que su propuesta de cuota alimentaria ha sido del 25% a favor de sus cuatro hijos, lo cual es totalmente insuficiente.” (cfr. foja 73).-
Destaca que: “...tampoco la conducta del alimentante hacia la madre de los menores ha sido correcta, pues la señora M. ha sido víctima de reiterados hechos de violencia cometidos por su pareja el señor H., lo cual ha dado formación a las actuaciones caratuladas: “Comisaría de la Mujer y la Familia s/ Remite Denuncia (M., V. I. c/ H., F. C.)”, Expte. Nro. 1.922/18 en trámite ante el Juzgado de Familia de Caleta Olivia, tal como surge de la providencia de fecha 13 de Diciembre de 2.018 (fs. 23). Que esos actos de violencia han dejado secuelas físicas en el cuerpo de la señora M., motivo por el cual, la misma al no poder seguir soportando las agresiones físicas dispuso cuando el señor H. se encontraba en su trabajo, retirarse del hogar conyugal para irse a vivir al domicilio de su madre en el Barrio 2 de Abril de Caleta Olivia, sin poder llevarse nada de los menores, salvo un bolso cada uno con sus cosas más importantes.” (cfr. foja 73 vta.).- Señala que: “...a fs. 22 y vta. obra presentación de la señora M., donde detalla el gasto de los menores, y donde expresa que luego de la separación, el señor H. les tiro (sic) toda la indumentaria de los menores, quedándose únicamente los menores con lo puesto, motivo por el cual, lejos está el alimentante de considerar que ha tenido una conducta procesal adecuada, pues si realmente hubiera tenido intenciones de cumplir con su obligación alimentaria, no les hubiera tirado toda la ropa de los menores que estaba en su casa.” (cfr. foja cit.).-
Bajo el título de violación de la doctrina legal, aduce que las circunstancias procesales de ningún modo habilitan para apartarse del principio general, el cual es que la costas son a cargo del alimentante (cfr. foja 74 vta.).-
Estima que el fallo de la Excma. Cámara de Apelaciones crea un peligroso antecedente para todas las causas de alimentos sobre la imposición de costas, pues el mismo sostiene que no ha existido controversia, lo cual es inexacto, ya que el señor H. ofreció una cuota alimentaria del veinticinco por ciento (25%) y, por su lado, la Sra. M. en la causa de alimentos por ella promovida solicitó un cincuenta por ciento (50%) de cuota alimentaria. Finalmente, destaca, que acordaron una cuota de un cuarenta por ciento (40%) del total de los haberes del actor (cfr. foja cit.).-
Remarca que al llegar a un acuerdo de alimentos en la audiencia preliminar, no configura un caso particular que justifique apartarse del principio de que las costas se imponen al alimentante. Cita jurisprudencia que avala su postura (cfr. foja 75).-
A foja 96 y vta. obra dictamen del Defensor General ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, quien, por las razones que allí expone, solicita se haga lugar al recurso de casación planteado.-
A fs. 98/102 este Tribunal declaró bien concedido el recurso de casación. Se pusieron los autos a disposición de las partes, conforme lo estatuido en el actual artículo 8 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Ninguna de las partes hizo uso de esta facultad (cfr. certificación obrante en PE55585-2021).-
A foja 112 consta presentación de T. H. quien manifiesta que ha alcanzado la mayoría de edad y que ratifica todo lo actuado por su progenitora, Sra. V. I. M..-
En PE82138-2021, dictamina el Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Alto Cuerpo, quien, por los fundamentos que esgrime y a los que nos remitimos en honor a la brevedad, concluye que no se debe hacer lugar al recurso de casación.-
En PE91283-2021 se llama autos para dictar sentencia y en PE107200-2021 pasan los presentes a estudio.-
III. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria provincial articulada por la parte recurrente, ésta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo previsto en el artículo 3 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-; por cuanto las impugnaciones se fundamentan en violación de la doctrina legal.-
En primer término, se debe observar que las cuestiones vinculadas con la imposición de costas son en principio ajenas a esta instancia extraordinaria (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XI, Reg. 390, Folio 2111/2118). Sin embargo consideramos que en el sub lite se presentan circunstancias excepcionales que habilitan el tratamiento de la cuestión.-
Debe tenerse presente que la cuota alimentaria fue acordada para hacer frente a la manutención de los hijos de las partes; todos menores de edad al momento de iniciarse las actuaciones (cfr. fotocopias legalizadas de certificados de nacimiento obrantes a fs. 7 a 10 de autos caratulados: “H. T. y Otros c/ H. F. C. s/ Alimentos”, Expte. N° H-4588/18). Si se mantuviera la imposición de las costas por el orden causado, la Sra. V. M. se vería obligada a detraer parte de la cuota alimentaria para hacer frente a las costas causídicas. Esto estimo que implicaría un perjuicio para los niños y la adolescente.-
Consideramos que se debe adoptar la solución que sea más protectoria para los intereses de los alimentados. Esto se impone en función de garantizar el interés superior de los niños y adolescente implicados en la causa, tal como lo plantea al Defensor General ante este Alto Cuerpo a fs. 96 y vta.; y conforme lo determina la normativa nacional e internacional.-
Debe recordarse que la magistratura en procesos que conciernan a personas menores de edad debe darle prioridad al Interés Superior del Niño para resolver litigios como el presente. Esto en atención, al artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (de jerarquía constitucional de conformidad con lo estatuido en el art. 75 inc. 22 C.N.) prescribe que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una condición primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.-
La directriz de atender al Interés Superior del Niño también ha sido receptada en el artículo 706, inciso c) del nuevo Código Civil y Comercial, que establece que la decisión que se dicte en procesos en que intervengan niños, niñas y adolescentes deben tener en cuenta el interés superior de dichas personas. Por su parte, el artículo 3° de la Ley Nº 26.061, define qué se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente, a saber: “...la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley. Debiéndose respetar: a) Su condición de sujeto de derecho; b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta; c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural; d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales; e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común; f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse...”. Seguidamente, la misma norma dispone que cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.- A su lado, en el orden local, contamos con la Ley Provincial Nº 3062 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que se encuentren en el territorio de la Provincia de Santa Cruz, la cual estatuye que: “Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño” (cfr. art. 1). Señala además que: “… se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley…” (cfr. art.2°).-
Es decir, diversas fuentes normativas determinan que cuando hay niños, niñas y adolescentes cuyos derechos pueden verse afectados, el juez debe decidir teniendo en cuenta su mejor interés. Con este criterio ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que: “...el Tribunal ha señalado en reiteradas ocasiones que la consideración del interés de los menores de edad debe orientar y condicionar toda decisión de los tribunales de todas las instancias llamados al juzgamiento de los casos, incluyendo a esta Corte Suprema (Fallos: 318:1269, especialmente considerando 10), a la cual, como órgano supremo de uno de los poderes del Gobierno Federal, le corresponde aplicar -en la medida de su jurisdicción- los tratados internacionales a los que nuestro país está vinculado, con la preeminencia que la Constitución les otorga (art. 75, inc. 22, Ley Fundamental). El niño tiene pues, derecho a una protección especial cuya tutela debe prevalecer como factor primordial de toda relación judicial, de modo que, ante cualquier conflicto de intereses de igual rango, el interés moral y material de los niños debe tener prioridad sobre cualquier otra circunstancia que pueda presentarse en cada caso concreto (conf. doctrina de Fallos: 328:2870; 331:2047).” (Fallos: 341:1733).- Por lo tanto, consideramos que no se debe disminuir por vía indirecta la cuota alimentaria de la hija e hijos del Sr. F. H. y V. I. M.. Esto sucedería si se impusieran las costas por su orden. Por lo que la solución que debe prevalecer es la de imponer las costas al alimentante, que es la que se compadece con el superior interés de los alimentados. Asimismo se debe destacar que la regla en los procesos de alimentos es la condena en costas al alimentante.-
Sobre el principio de imposición de costas al alimentante, nos ilustra la doctrina: “Aunque la cuota fijada sea menor a la que se demandó, en los juicios de alimentos, como regla, las costas deben imponerse al alimentante; de lo contrario, se agravaría la condición de la persona que justamente, por su situación de necesidad, está solicitando los alimentos (CCCMin. de San Juan, sala III, L.L. Gran Cuyo 2010-686; CFam. de Mendoza 7-5-2013, ‘Zárate, Ángela c/ Ferreyra, Ramón Argentino p/ Alimentos’. D.J., año XXIX, N° 37, del 11-9-2013, p. 93. Conf. CCCom. de Mar del Plata, sala III, 25-6-2013, ‘S., A. S. c/ C., R. M. s/ Alimentos’, expte. 154.457, el Dial - AA81BA’). O sea, en el proceso por alimentos cabe apartarse del principio objetivo de la derrota…” (cfr. Kemelmajer de Carlucci, Aída y Molina de Juan, Mariel - Directoras – “Alimentos”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2014, Tomo II, pág. 215).- También deben imponérsele las costas al alimentante en supuesto de transacción, como es el caso que nos ocupa, por lo que no se aplica la regla de imponer las costas por su orden que estipula el artículo 73 del CPCyC.-
Con un criterio análogo al aquí propugnado se ha sostenido que: “Al respecto, esta Sala ha sostenido que, en juicios por alimentos, salvo acuerdo de partes y aun cuando el monto de la cuota fijada sea inferior a la demandada, las costas deben imponerse al alimentante, pues lo contrario significaría gravar la pensión fijada al tener que soportar la alimentada en la parte correspondiente los gastos causídicos (conf. C.N.Civil, esta Sala, c. 154.243 del 23/03/1995, c. 170.684 del 08/06/1995, c. 199.366 del 12/09/1996, c. 321.795 del 09/10/2001, c. 536.788 del 21/09/20 y c. 571.352 del 11/02/20, entre muchos otros entre muchos otros (sic); Sala ‘A’, c. 258.573 del 9/10/79, Sala ‘C’, c. 33.857 del 15/0/1988). Basta para ello, advertir que dado el carácter asistencial de la prestación citada ni siquiera resulta aplicable el art. 73 del Código Procesal que distribuye por su orden las costas cuando media transacción, pues el principio rige tanto en los supuestos de determinación judicial cuanto voluntaria (conf. C.N.Civil, esta Sala, c. 154.243 del 23/03/1995, c. 170.684 del 08/06/1995, c. 199.366 del 12/09/1996, c. 321.795 del 09/10/2001, c. 536.788 del 21/09/2009, c. 571.352 del 11/02/2011 y c. 596.558 del 18/04/2012, entre muchos otros entre muchos otros (sic); íd. Sala ‘F’ c. 74.745 del 13/09/1990; Sala ‘L’, c. 47.002 del 04/03/1994).” (CNCiv, Sala E, C., “M. M.y otro c/ A., E. L. s/ s/ (sic) alimentos - proceso especial”, del 20/03/2013, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/4439/2013). Estas afirmaciones son extrapolables a los presentes autos.- En el mismo sentido se ha resuelto que: “...que dada la característica esencial del proceso alimentario, las costas deben ser impuestas al alimentante, puesto que una decisión contraria haría recaer su importe en la pensión (conf. CNCiv., Sala C, R. 598.341, del 21/06/2012; id., R. 603.274 del 19/08/2012 y sus citas, entre otros precedentes).” (cfr. CNCiv, Sala C, “Sanzetenea Laura Cecilia c/ Agostini Sebastián Claudio s/ alimentos”, del 05/09/2012, www.informacionegal. com.ar. Cita Online: AR/JUR/51447/2012).-
Desde otro cuadrante se debe apuntar que la resolución impugnada realiza un razonamiento erróneo a fin de imponer las costas por su orden.-
En este sentido, se impone analizar los presentes actuados desde una perspectiva de género en atención a que la reducción de cuota alimentaria (vía imposición de costas en este caso) implica cargar a la mujer con un peso extra en el sostén económico de los hijos. Esto se traduce en una sobre exigencia económica y pérdida de autonomía para la Sra. M.. Se debe recordar que la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales N° 26.485, garantiza a las mujeres especialmente los derechos vinculados con la integridad económica o patrimonial (cfr. art. 3 de la citada ley).-
El estudio del caso con perspectiva de género se impone a la luz de las normas legales y convencionales de protección a la mujer, especialmente en atención a lo estatuido en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Do Belem do Pará), a fin de determinar si nos encontramos ante alguna hipótesis de violación de los derechos de la mujer, en base a su condición de tal.-
Asimismo servirá de guía para resolver los presentes, la Recomendación General N° 28 formulada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) del 16 de diciembre de 2010. Sostiene dicho instrumento, en la parte que aquí nos interesa, que: “5. Si bien en la Convención solo se menciona la discriminación por motivos de sexo, al interpretar el artículo 1 junto con el párrafo f) del artículo 2 y el párrafo a) del artículo 5 se pone de manifiesto que la Convención abarca la discriminación contra la mujer por motivos de género. El término ‘sexo’ se refiere aquí a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer. El término ‘género’ se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre y al significado social y cultural que la sociedad atribuye a esas diferencias biológicas, lo que da lugar a relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres y a la distribución de facultades y derechos en favor del hombre y en detrimento de la mujer.
El lugar que la mujer y el hombre ocupan en la sociedad depende de factores políticos, económicos, culturales, sociales, religiosos, ideológicos y ambientales que la cultura, la sociedad y la comunidad pueden cambiar. La aplicación de la Convención a la discriminación por motivos de género se pone de manifiesto en la definición de discriminación contenida en el artículo 1. Esta definición señala que cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o por resultado reducir o anular el reconocimiento, el disfrute o el ejercicio por las mujeres de sus derechos humanos y libertades fundamentales constituye discriminación, incluso cuando no sea en forma intencional. De esto se desprendería que el trato idéntico o neutro de la mujer y el hombre podría constituir discriminación contra la mujer cuando tuviera como resultado o efecto privarla del ejercicio de un derecho al no haberse tenido en cuenta la desventaja y la desigualdad preexistentes por motivos de género [...] 16.
Los Estados partes tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir el derecho de no discriminación de la mujer y asegurar el desarrollo y el adelanto de la mujer a fin de mejorar su situación y hacer efectivo su derecho a la igualdad de jure y de facto o sustantiva con el hombre. Los Estados partes deberán asegurar que no haya discriminación directa ni indirecta contra la mujer. Se entiende por discriminación directa contra la mujer la que supone un trato diferente fundado explícitamente en las diferencias de sexo y género. La discriminación indirecta contra la mujer tiene lugar cuando una ley, una política, un programa o una práctica parece ser neutra por cuanto se refiere tanto a los hombres como a las mujeres, pero en la práctica tiene un efecto discriminatorio contra la mujer porque las desigualdades preexistentes no se han tenido en cuenta en la medida aparentemente neutra.
Además, la discriminación indirecta puede exacerbar las desigualdades existentes por la falta de reconocimiento de los patrones estructurales e históricos de discriminación y el desequilibrio de las relaciones de poder entre la mujer y el hombre. 17. Los Estados partes también tienen la obligación de garantizar que las mujeres estén protegidas contra la discriminación cometida por las autoridades públicas, el poder judicial, las organizaciones, las empresas o los particulares, tanto en la esfera pública como en la privada...”.- Debe recordarse que el Poder Judicial es responsable de cumplir y hacer cumplir los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos en los que la Argentina es parte, pues su inobservancia podría acarrear su responsabilidad internacional.-
Ahora bien, en la resolución recurrida, la Cámara luego de reconocer que el principio en materia de costas en procesos sobre alimentos debe imponérselas al alimentante, afirma que: “...el alimentante no es reacio a pagar y su actitud evita dilatar indefinidamente el proceso, corresponde imponer excepcionalmente las costas en el orden causado. Más aún cuando las presentes actuaciones demuestran que no existió controversia ni tampoco producción de prueba, dado que la cuota alimentaria fue acordada por ambas partes al arribar a un acuerdo posteriormente homologado.” (cfr. foja 60 vta.). Sin embargo, no es correcto afirmar que no existió controversia, ni que el Sr. F. H. se hubiera avenido pacíficamente y sin demoras a satisfacer sus obligaciones alimentarias.-
La primera prestación alimentaria se fija a raíz de una denuncia por violencia de género en contra del alimentante. Esto surge de la certificación obrante a fs. 16 y vta., la que da cuenta de la denuncia formulada por la Sra. V. M. en contra del Sr. F. H. en autos caratulados: “Comisaría de la Mujer y la Familia s/ Remite Denuncia (M., V. I. C/ H., F. C.)”, Expte. N° 1.922/18. Esta información se complementa con el relato de la Sra. M. en su recurso de casación, donde afirma que fue víctima de reiterados hechos de violencia de género a manos del Sr. H. y que tuvo que retirarse del hogar conyugal con sus hijos, sin poder llevar nada de los mismos, salvo un bolso cada uno con sus cosas más importantes (cfr. foja 73 vta.).-
En el expediente por violencia de género se dispusieron, en audiencia del 13 de noviembre de 2018, por el plazo de 180 días, las siguientes medidas cautelares: “...prohibición de acceso y acercamiento del Sr. H. F. (sic) C. hacia la Sra. M. V. I. al domicilio de la misma, lugares en que la misma se encuentre, así como en la vía pública a una distancia no menor a los 500 mts. B) Ordenar la prohibición de comunicación y contacto por cualquier vía, (telefónica, mensajes de texto, whatsapp, redes sociales, etc.) del Sr. H. F. (sic) C. hacia la Sra. M. V. I., debiendo las partes abstenerse de efectuar cualquier tipo de manifestación pública que en algún modo denigre el buen nombre y honor de la otra parte, bajo apercibimiento de ley...” (cfr. foja 16).
En la misma audiencia se otorgó el cuidado parental y provisorio de T., X., G. H. y F. D. a su madre. Asimismo arribaron a un acuerdo respecto de la prestación alimentaria a favor de los nombrados del veinte por ciento (20%) de los haberes que tenga que percibir el Sr. F. C. H., previos únicamente los descuentos de ley, por su Empleadora San Antonio Internacional (cfr. foja 16 vta.).- Posteriormente, el 21 de noviembre de 2018, el Sr. F. H. inició acción proponiendo como cuota alimentaria un veinticinco por ciento (25%) de la totalidad de ingresos remunerativos que percibe como empleado de la empresa San Antonio Internacional S.A. (cfr. fs. 14 y vta.). El mismo día, la Sra. V. I. M., en representación de su hija y sus hijos, interpuso demanda de alimentos contra el Sr.
H., donde solicitó el cincuenta por ciento (50%) del total de sus ingresos mensuales, con más las asignaciones familiares (cfr. fs. 12/14 de los autos “H. T. y Otros c/ H. F. C. s/ Alimentos (Expte. N° H-4.588/18), de trámite ante el mismo Juzgado de Primera Instancia de la Familia de Caleta Olivia). Al existir conexidad de sujetos y objeto entre ambos expedientes se dispuso que esos actuados se sustanciarían en los autos: “H. F. C. s/ Propone Cuota Alimentaria”, Expte. N° H-4582/18 (H-2371/19-TSJ) y se ordenó que se procediera a acollarar aquel expediente con este último. Es pertinente señalar que aquí se debería haber dispuesto la acumulación de los procesos, por ser acciones conexas por el título y objeto; por encontrarse los procesos en la misma instancia; por ser competente el mismo juez por razón de la materia; por poder sustanciarse por los mismos trámites; y en atención a que el estado de las causas permitían su tramitación conjunta, sin producir demora (cfr. arts. 88 y 189 CPCyC).
Por eso, no fue correcto que el expediente iniciado por la Sra. M. quede sólo unido con cuerda al expediente sub examine, como un mero apéndice; si no que se debió integrar a la foliatura principal.- Del relato precedente se advierte, a contrario de lo afirmado por la Cámara a foja 60 vta., que el Sr. H. fue reacio en una primera etapa al pago de los alimentos en el porcentaje finalmente acordado. Ya que primeramente sólo accedió a acordar una cuota alimentaria en el marco de una denuncia por violencia de género, sólo por el veinte por ciento (20%) del salario del alimentante, lo que parecía escaso para la manutención de cuatro hijos; más teniendo en cuenta que finalmente se acordó un cuarenta (40%) de cuota alimentaria.-
Tampoco puede afirmarse, como hizo la Alzada, que no existió controversia. Recapitulemos, el alimentante, en el contexto del expediente por violencia, sólo acuerda una manutención equivalente al veinte por ciento (20%) de su salario, luego propone el veinticinco por ciento (25%) en estos actuados. Concomitantemente, la Sra. M. en representación de su hija y sus hijos, solicita el cincuenta por ciento (50%) del salario del actor. Finalmente, acordaron un cuarenta por ciento (40%) de los haberes del Sr. H.. Entonces, sí hubo desacuerdo entre las partes y las sumas ofrecidas por el alimentante, tanto en el proceso por violencia como en el de propuesta de cuota alimentaria fueron ostensiblemente menores que la peticionada y la que finalmente se acordó. Además existió discrepancia por la cuestión de las costas, el Sr. H. solicitó que sean por su orden y la Sra. M. peticionó que se le impongan al alimentante (cfr. foja 32 vta.).- Tampoco se puede afirmar livianamente que el Sr. H. promovió la celeridad del trámite, como advera la Cámara a fs. 60 vta., ya que el mismo no concurrió a la audiencia fijada el 10 de diciembre de 2018, a los fines fijados en los artículos 632, 635 y 636 del CPCyC (cfr. fs. 20 y 21). La Sra. V. M. sí se hizo presente en dicha oportunidad. El Sr. H. recién concurrió a la audiencia supletoria, el 12 de febrero de 2019, cuando se acordó la cuota alimentaria (cfr. fs. 28 y vta..). Es decir que hubo una demora de dos meses en el trámite y en la determinación de la cuota alimentaria por la exclusiva conducta del alimentante.-
Ante el cuadro fáctico descripto, advertimos no se presenta el supuesto de excepción que invoca la Cámara para imponer las costas por su orden: la ausencia de controversia y la promoción en la celeridad del trámite por parte del alimentante (cfr. foja 60 vta.). Por lo que no se justifica apartarse del principio general de imponer las costas al alimentante.-
Por todo lo expuesto, consideramos que el recurso de casación debe tener resultado favorable y se deben imponer las costas del proceso al alimentante.-
IV. Que conforme a los argumentos antedichos, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la Sra. V. I. M., en representación de sus hijos, a fs.71/76 vta. y ratificado por T. H. a foja 112 y, en consecuencia, casar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 60/61. Componer positivamente la litis e imponer las costas de las anteriores instancias al alimentante, Sr. F. H.. Asimismo, por lo expuesto en los considerandos precedentes, corresponde también imponer las costas de esta instancia al nombrado. Diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (confr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las instancias anteriores.- En razón de todo lo expuesto a la primera cuestión votamos por la afirmativa.-
A la Primera Cuestión la Dra. Fernández dijo I.- Si bien concuerdo con la solución a la que arriban mis distinguidos colegas preopinantes, lo hago en virtud de los argumentos que desarrollaré a continuación.-
II. La plataforma fáctica que motiva la presente controversia, así como los pronunciamientos dictados en las anteriores instancias y los agravios esgrimidos en el recurso de casación bajo estudio han sido adecuadamente reseñados en el voto que me antecede, por lo que me remito a él en honor a la brevedad.-
III. Al juzgar sobre la admisibilidad del recurso de casación incoado por la Sra. V. I. M., en nombre y representación de sus hijos menores de edad, consideré que no había sido interpuesto con arreglo a los recaudos formales propios de este tipo de impugnaciones extraordinarias (cfr. mi voto en minoría en Interlocutorio, Tomo XXXI, Reg. 3558, Folio 6145/6149). Ello, fundamentalmente, por el hecho de que la recurrente había denunciado como motivo casatorio la violación de la doctrina legal y sin embargo no individualizó pronunciamiento alguno de este Alto Cuerpo, tal como lo exige el artículo 4°, inciso b) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. No obstante, en atención a la decisión adoptada por la mayoría de este Alto Cuerpo en la resolución precitada, estimo pertinente expedirme sobre el fondo de la cuestión debatida, abordándola con base en los argumentos introducidos en aquella pieza recursiva, desde una óptica axiológica, lo que importa considerar los valores en juego y, en consecuencia, hacer abstracción del nomen iuris empleado por la casacionista, atendiendo a la sustancia real del planteo, su trascendencia y procedibilidad.-
IV. Despejado lo que antecede, es preciso recordar que la imposición y distribución de las costas es una típica cuestión de hecho, propia de las instancias de mérito y como tal irrevisable en sede extraordinaria, salvo cuando se impusieran a quien no resultare vencido, o exista inequidad en los criterios de distribución (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomos XI, Reg. 390, Folio 2111/2118; XII, Reg. 423, Folio 2313/2318; Tomo XIII, Reg. 467, Folio 2539/2542; XVIII, Reg. 602, Folio 3453/3459, entre otros).-
Más allá de la deficiente labor exhibida por la recurrente en punto a desplegar una línea argumental eficiente que logre demostrar en forma palmaria la subsunción del caso en alguna de las excepciones enunciadas, una lectura integral de las constancias de la causa permite verificar una serie de errores desvirtuantes en el pronunciamiento sometido a revisión que lo tornan susceptible de descalificación, a la luz de la última de las excepciones enunciadas.-
V. Nuestro ordenamiento adjetivo consagra, como principio general, la imposición de costas a la parte vencida (cfr. art. 68 del CPCyC). Sin embargo, en los procesos donde se debaten cuestiones alimentarias, la condena en costas no se sujeta a tal principio, sino a otro distinto aceptado invariablemente, según el cual las costas deben ser soportadas por el alimentante; esta solución se extiende también cuando el juicio termina por transacción o conciliación, salvo acuerdo en contrario de las partes. La finalidad de esta directriz radica en la necesidad de garantizar la incolumidad de la prestación alimentaria (cfr. Loutayf Ranea, Roberto G., “Condena en costas en el proceso civil”, Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 1998, págs. 427 a 431; Gozaíni, Osvaldo A., “Costas procesales”, 2ª edición ampliada, Ediar, Buenos Aires, 1998, págs. 331 a 333; Bossert, Gustavo A., “Régimen jurídico de los alimentos”, 2ª edición actualizada y ampliada, Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 2004, págs. 414 y 415; Casado, Eduardo J., en Aída Kemelmajer de Carlucci - Mariel F. Molina de Juan - Directoras-, “Alimentos”, 1ª ed., Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2014, Tomo II, pág. 216).- Se trata, desde luego, de una regla que admite atenuaciones y que debe ser adecuada a las circunstancias del caso en particular. En especial, es necesario tener en cuenta que la autocomposición del conflicto es una circunstancia que no puede ser soslayada, pues, la imposición de costas al alimentante, sin mérito de las demás singularidades del caso, podría desalentar la resolución pacífica de los conflictos familiares, tal como lo procura el artículo 706, inciso a), del CCyCN (cfr. C2°Civ.Com., La Plata, Sala I, “Diaz Laura Virginia c/ Duran Eduardo Agustín s/ Alimentos”, 20/04/2021, publicado en informacionlegal.com.ar, Cita Online: AR/JUR/11754/2021). Además, es preciso puntualizar que a los efectos de fundar el pronunciamiento, los jueces deben avanzar sobre la cuestión de fondo -si ello es posible- así como respecto a cualquier otra circunstancia decisiva o importante (cfr. Loutayf Ranea, Roberto G., ob. cit., pág. 236).-
VI. En el caso que nos convoca, la Excma. Cámara de Apelaciones admitió que, como regla general, la imposición de costas corresponde al alimentante. Sin embargo, entendió que en el supuesto a juzgar se configuraba una excepción que habilitaba a apartarse de aquella. Aclaró que cuando el alimentante no era reacio a pagar y con su actitud evitaba dilatar indefinidamente el proceso era dable distribuir las costas en el orden causado. En base a ello, resaltó que el padre de los niños dio inicio a las actuaciones, ofreciendo abonar el equivalente al veinticinco por ciento de sus haberes y que, finalmente, en una audiencia los progenitores acordaron que el Sr. H. abonaría el cuarenta por ciento del total de sus haberes. Desde ese entendimiento, puntualizó que el padre había evitado generar controversias y había promovido la celeridad del trámite (cfr. foja 60 vta.).- Esta justificación prescindió de las constancias efectivamente comprobadas de la causa y omitió la aplicación de una serie de normas que rigen la cuestión.-
El Tribunal de Alzada soslayó por completo considerar que la progenitora, en nombre y representación de sus hijos menores de edad, había iniciado el mismo día que el Sr. H. un juicio de alimentos posteriormente unido a los presentes (cfr. fs. 12, 14 y 15 vta. del Expte. Nº H-4.588/18). Más aún, el inicio de ambas causas se originó en un contexto más amplio, que implicaba una causa de violencia en la cual se había dispuesto cautelarmente el cuidado provisorio y unilateral de los hijos a cargo de la Sra. M. y se habían acordado alimentos provisorios en orden al veinte por ciento de los haberes del Sr. H.; de igual modo, se instaba a las partes a iniciar las acciones por la vía procesal pertinente (cfr. certificación que luce a foja 16 y vta.). Incluso, hay que añadir que la tutela provisional alimentaria no llegó a efectivizarse en ese proceso, por lo que la jueza de primera instancia ordenó elevar provisionalmente ese monto al veinticinco por ciento de los ingresos del padre (cfr. fs. 24 y vta.).- Lo expuesto recorta notablemente la relevancia que la Cámara endilgó a la presentación del Sr. H. (obrante a foja 14 y vta.) mediante la que propuso como cuota alimentaria el equivalente al veinticinco por ciento de su remuneración, al desdibujarse cualquier viso de espontaneidad.-
Por sobre esta apariencia prevalece una conflictividad familiar, merced a la cual luego del cese de una unión convivencial de larga data, la madre y los hijos se retiraron del hogar que habitaban. A partir de allí, la Sra. M. se ocupó en solitario del cuidado de los niños, a raíz de que el Sr. H. trabaja afuera de la ciudad en donde residen. Esta situación se agudiza ante la situación de desempleo de la mujer (cfr. los hechos expuestos a fs. 12/13 del Expte. Nº H-4.588/18).-
Estas aristas en modo alguno podían desatenderse en la instancia ordinaria a fin de lograr una justa solución sobre las costas del juicio desarrollado.-
Tal como se dijo, la imposición de costas al alimentante tiene por objeto evitar que se detraigan fondos que necesita el alimentado para cubrir sus necesidades, las que quedarían, de ese modo, parcialmente insatisfechas. Un pronunciamiento sobre esta materia no puede ser concebido, entonces, como una cuestión meramente secundaria.-
Dada la interdependencia, indivisibilidad e interrelación que tienen los derechos humanos, el derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes representa un presupuesto esencial para la realización de otros derechos. Así lo reflejan diversos documentos internacionales de raigambre constitucional (cfr. art. 75, inc. 22, CN) que contemplan el derecho de toda persona a un nivel adecuado de vida, lo que involucra, la alimentación, la vestimenta, la vivienda y la asistencia médica, entre otros (cfr. Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 25; Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. 11; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 11), siendo pertinente subrayar el contenido normativo emanado de la Convención sobre los Derechos del Niño, en tanto su artículo 6° establece que todos los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño (lo que, desde luego, incluye al Poder Judicial), mientras que el artículo 27 reconoce el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.- A nivel infraconstitucional, el Código Civil y Comercial de la Nación instituye la obligación alimentaria de los progenitores hacia sus hijos basada en la responsabilidad parental. Particularmente, el artículo 646, en su inciso a), enuncia como uno de los deberes de los primeros prestarle alimentos a los segundos, lo que es reiterado en el artículo 658, cuyo texto legal se encarga de especificar que ese deber pesa sobre ambos progenitores aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. Por su parte, el artículo 660 indica que las tareas cotidianas llevadas a cabo por el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención.-
En el supuesto de autos, la madre ha reclamado una prestación alimentaria “en nombre y representación de sus hijos menores de edad”, con base en la legitimación activa amplia que contempla el artículo 601, inc. a) del CCyCN; con-siguientemente, de mantenerse la imposición de las costas del proceso en el orden causado se resentiría la integridad del derecho alimentario de aquellos, desenlace que, claramente, desoye el interés superior del niño como mandato primordial que debe ser atendido en todas las medidas a ellos concernientes (cfr. Convención sobre los Derechos del Niño, art. 3°, inc. 1°; Código Civil y Comercial de la Nación, art. 706, inc. c; Ley Nº 26.061, art. 3°, Ley provincial Nº 3.062, art. 1°).
Así las cosas, el fallo exteriorizado en la anterior instancia pasa por alto que “..Todos los órganos o instituciones legislativos, administrativos y judiciales han de aplicar el principio del interés superior del niño estudiando sistemáticamente cómo los derechos y los intereses del niño se ven afectados o se verán afectados por las decisiones y las medidas que adopten; por ejemplo, una ley o una política propuestas o existentes, una medida administrativa o una decisión de los tribunales, incluyendo las que no se refieren directa-mente a los niños pero los afectan indirectamente.” (cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 5, “Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño” (artículos 4 y 42 y párrafo 6 del artículo 44), § 13).- Otro aspecto a considerar es cómo opera la decisión adoptada por la Excma.
Cámara de Apelaciones frente a la relación incentivo – desincentivo para conductas futuras de partes no involucradas en el pleito, desde que, como tiene dicho invariablemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no cabe prescindir de las consecuencias que se derivan de los fallos, pues ello constituye uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de su decisión (cfr. CSJN, Fallos: 344:2901 y 343:1457). “Sin lugar a dudas las secuelas de los pronunciamientos judiciales deben ser analizados debidamente y tenidos en cuenta a tenor del contexto social…que plasma la realidad en oportunidad de dictarse los mismos. Debe tenerse presente la realidad sociológica, los destinatarios, sus necesidades y las soluciones que mejor pudieren resolver los conflictos de convivencia, evitando que las consecuencias de las disposiciones legales, su espíritu o los estándares interpretativos produzcan resultados complejos o negativos para la paz social con justicia.” (cfr.
Masciotra, Mario: “Alcances y límites de la discrecionalidad judicial”, del 15/11/2010, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/7058/2010).- Al hilo de este razonamiento, es imperativo advertir que la distribución de costas funciona como una herramienta de incentivo y desincentivo en orden al acceso a la justicia. En general, se evita imponerlas a quien reclama los alimentos, para no acallar o excluir los reclamos de los sujetos más vulnerables. Si la regla general fuera la de imponer las costas por su orden o a la vencida, muchos reclamos se verían desincentivados: muchas mujeres que tienen a su cuidado a sus hijos temerían iniciar reclamos quedando a cargo de los gastos causídicos siendo que tal vez ya se encuentran en una situación precaria (cfr.
Basset, Úrsula C., “Costas en procesos de alimentos a favor de los hijos. Criterios para imponerlas”, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/1278/2018).- Desde este enfoque, se advierte que el fallo bajo revisión ha desatendido el imperativo de juzgar con perspectiva de género, resintiendo el derecho de acceso a la justicia en el caso en particular y produciendo un delicado antecedente para supuestos similares en la posteridad.-
Recordemos que incorporar la perspectiva de género en la función judicial implica hacer realidad el derecho a la igualdad. Responde a una obligación constitucional y convencional de erradicar la discriminación por medio del quehacer jurisdiccional para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones asimétricas de poder. Debe ser aplicado aún cuando las partes involucradas en el caso no lo contemplen en sus alegaciones. La materia del asunto e instancia en la que se resuelve no determina si se aplica o no la perspectiva de género. Desigualdades, asimetrías de poder, violencia y discriminación se pueden encontrar en casos que se estudian en cualquier etapa del proceso.
Por ello, en cada caso se debe hacer una análisis que permita detectar relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad (cfr. “Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia. Cumbre Judicial Iberoamericana, Propuesta Modelo de Incorporación de la Perspectiva de Género en las Sentencias, XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana”, 2015, http://www.cumbrejudicial.org/productos/97-edicion-xviii-2014-2016/914-modelo-de-incorporacion-de-la-persepctiva-de-genero-en-las-senten-cias).- El análisis de los obstáculos de acceso a la justicia desde la perspectiva de género permite tomar en cuenta cómo los factores económicos, sociales y culturales, afectan de manera diferenciada a mujeres y hombres, confirmando que en la mayoría de los casos las mujeres se encuentran en situación de desventaja.
También los procedimientos, requisitos y actuaciones procesales pueden significar una afectación o traba para personas en situaciones de vulnerabilidad, sea por un exceso de formalismo o porque las características de los actos procesales afectan de forma diferenciada a distintos usuarios debido a factores particulares de ellos mismos o por circunstancias sociales, culturales o económicas (cfr. Arbaláez de Tobón, Lucía - Ruíz González, Esmeralda, “Cuaderno de buenas prácticas para incorporar la Perspectiva de Género en las sentencias. Una contribución para la aplicación del derecho a la igualdad y la no discriminación”, Poder Judicial República de Chile. https://www.gennari.com.ar/wp-content/uploads/2019/12/cuaderno-genero-sentencias.pdf).
En tal sentido, cuadra precisar que las Reglas de Brasilia (a las que se adhirió en el ámbito local mediante Resolución del 26 de octubre de 2011 de este Tribunal Superior de Justicia asentada al Tomo CXCVI, Reg. 141, Folio 149/150) imponen el impulso de las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en el acceso al sistema de justicia (regla 20) así como la revisión de reglas de procedimiento para facilitar el acceso de las personas en condición de vulnerabilidad (regla 33).- De lo dicho se colige que para supuestos análogos la Cámara de Apelaciones -y todos los órganos jurisdiccionales- deberían plantearse, a la hora de resolver, una serie de interrogantes a la hora de determinar los hechos a juzgar y el derecho aplicable, entre los cuales -sin ánimo exhaustivo- vale mencionar los siguientes: ¿Cuál es el contexto en que se desarrollan los hechos?; ¿Alguna de las personas involucradas se encuentra en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad o discriminación basada en el sexo, género o preferencia/orientación sexual?; ¿Entre las personas vinculadas al caso subyace una relación asimétrica de poder?; ¿La aplicación de la norma genera un impacto diferenciado para la persona y el contexto en que se encuentra?; ¿Cuáles son las estrategias jurídicas con las que se cuenta para contrarrestar la norma discriminatoria por objeto o por resultado?; ¿Cuáles son las herramientas que el marco normativo aplicable brinda para resolver las asimetrías en relación así como la desigualdad estructural de la que derivó el caso?
¿El caso amerita un trato diferenciado? (cfr. “Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia. Cumbre Judicial Iberoamericana, Propuesta Modelo de Incorporación de la Perspectiva de Género en las Sentencias, XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana”, 2015, http://www.cumbrejudicial.org/productos/97-edicion-xviii-2014-2016/914-modelo-de-incorporacion-de-la-persepctiva-de-genero-en-las-senten-cias).- En otro orden de ideas, tampoco puede sostenerse, como lo hace el tribunal inferior, que el padre de los niños haya contribuido a la celeridad del proceso, por cuanto este entendimiento prescinde de las constancias de la causa. Es necesario destacar, en este punto, que el progenitor no se presentó a la primera de las audiencias fijadas por la magistrada de origen, en los términos del artículo 631 del CPCyC, ni tampoco esbozó justificación alguna sobre esa ausencia.
Fue recién en la fecha estipulada para audiencia supletoria, de acuerdo al artículo 632 de ese cuerpo normativo, que el Sr. H. compareció y allí se logró el acuerdo que fuera ulteriormente homologado (cfr. fs. 21 y 28 y vta.).-
No puede predicarse, entonces, que la actuación procesal del Sr. H. haya contribuido a la aceleración del trámite y que, a la postre, ello pueda incidir en la distribución de los gastos causídicos del juicio.-
En este tipo de conflictos el principio de buena fe y lealtad procesal comprende no sólo la valoración de la conducta procesal de las partes en el juicio, sino que insta a que se evalúe el desempeño de los involucrados en sus roles familiares (cfr. Ferreyra de la Rúa, Angelina - Bertoldi de Fourcade, María Virginia - De los Santos, Mabel, en “Tratado de Derecho de Familia según el Código Civil y Comercial de 2014”, dirigido por Kemelmajer de Carlucci, Aída - Herrera, Marisa - Lloveras, Nora. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, Tomo IV, págs. 435 y 436). Y como se reseñó anteriormente, el marco fáctico sobre el cual se generaron las pretensiones procesales en torno a las prestaciones alimentarias de los niños impide catalogar como cooperativa a la actitud asumida por el Sr. H..-
VI. En suma, las razones hasta aquí aportadas construidas a partir de una lectura integral de las presentes actuaciones resultan suficientemente demostrativas de la inequidad en los criterios de distribución de las costas, bajo el entendimiento de que el apartamiento normativo para la solución del caso era mucho más amplio que la mera subsunción de los hechos en alguna de las reglas positivas normadas en los artículos 68 a 77 del ordenamiento ritual. En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que las leyes deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas o conclusiones reñidas con las circunstancias singulares del caso no resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial (cfr. CSJN, Fallos: 300:417; 302:1209 y 1284; 303:248 y sus citas).- Por el contrario, una decisión razonablemente fundada exigía ponderar los hechos a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos así como los principios y valores enunciados a lo largo de la presente resolución. El apartamiento de este sendero por parte del Tribunal de Segunda Instancia, se encuentra reñido con la equidad.-
Como bien enseña Gustavo Zagrebelsky, la problemática coexistencia entre los distintos aspectos que constituyen el derecho (derechos, justicia, ley) y la adecuación entre casos y reglas son cuestiones que exigen una particular actitud espiritual por parte de quien opera jurídicamente. En la práctica de la aplicación judicial, el carácter «razonable» del derecho se evidencia en sus dos momentos: la categorización de los casos a la luz de los principios y la búsqueda de la regla aplicable al caso. Es razonable la categorización de los hechos que toma en cuenta todos los principios implicados; es razonable la regla, individualizada en el marco de las condiciones limitadoras del derecho como ordenamiento, que responde a las exigencias del caso. La relación de tensión entre el caso y la regla, introduce inevitablemente un elemento de equidad en la vida del derecho. Este venerable concepto viene a caracterizar al derecho en su conjunto, como consecuencia de la constitucionalización de los derechos y principios de justicia (cfr. autor cit., “El derecho dúctil”, traducción de Marina Gascón, décima edición, Trotta, Madrid, 2011, págs. 147 y 148).-
VII. Que conforme a lo dicho, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la Sra. V. I. M., en representación de sus hijos, a fs. 71/76 vta. y ratificado por T. H. a foja 112 y, en consecuencia, casar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 60/61. Por lo tanto, se decide componer positivamente la litis, imponiendo las costas de las anteriores instancias al alimentante, Sr. H.. Asimismo, por lo expuesto en los considerandos precedentes, corresponde también imponer las costas de esta instancia al nombrado. Diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente en esta instancia, Dr. Omar Lazo, hasta tanto de cumplimiento con las normas tributarias y previsionales y se fijen los de las anteriores instancias (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999). Así lo voto.- A la Segunda Cuestión los Dres. Mariani, Peretti, Mercau y Ludueña Campos dicen:
Atento la forma en que hemos votado proponemos al Tribunal Superior de Justicia: hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la Sra. V. I. M., en representación de sus hijos, a fs.71/76 vta. y ratificado por T. H. a foja 112 y, en consecuencia, casar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 60/61. Componer positivamente la litis e imponer las costas de las anteriores instancias al alimentante, Sr. F. H.. Asimismo, por lo expuesto en los considerandos precedentes, corresponde también imponer las costas de esta instancia al nombrado. Diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las instancias anteriores.- A la Segunda Cuestión la Dra. Fernández dijo:
Atento a la forma en que he votado propongo hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la Sra. V. I. M., en representación de sus hijos, a fs. 71/76 vta. y ratificado por T. H. a foja 112 y, en consecuencia, casar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 60/61. Por lo tanto, se decide componer positivamente la litis, imponiendo las costas de las anteriores instancias al alimentante, Sr. H.. Asimismo, por lo expuesto en los considerandos precedentes, corresponde también imponer las costas de esta instancia al nombrado. Además, corresponde diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente en esta instancia, Dr. Omar Lazo, hasta tanto de cumplimiento con las normas tributarias y previsionales y se fijen los de las anteriores instancias (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).- En virtud de lo cual se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 29 de marzo de 2022.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, el voto mayoritario y concordante de los Sres. Vocales, Dr. Daniel Mauricio Mariani, Dr. Enrique Osvaldo Peretti, de la Sra. Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau y la Sra. Presidenta Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos y el voto por sus propios fundamentos de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández y oído que fue el Defensor General y el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por T. H. y por la Sra. V. I. M., en representación de su hija X. y sus hijos G. H. y F. D., todos de apellido H., y, en consecuencia, casar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 60/61.-
2. Componer positivamente la litis e imponer las costas de las anteriores instancias al alimentante, Sr. F. H..-
4. Diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (confr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las instancias anteriores.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1003S.221 Tomo: XXI Interlocutorio: 702 Folio N°: 4165/4175 Secretaría: 1
Fin de la sentencia