Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello, solicitó que se deje sin efecto el embargo dispuesto y, subsidiariamente, para el supuesto de que se mantenga el procesamiento, que se proceda a reducir prudencialmente el monto fijado, adecuándolo a las circunstancias concretas del caso.
Que en relación al agravio ulterior, el mismo no habrá de prosperar.
En primer término, cabe señalar que el Magistrado actúo de conformidad con lo previsto en el artículo 499 del C.P.P., el cual establece que, al momento de dictar el auto de procesamiento, debe ordenar -asimismo- el embargo de bienes del imputado.
En segundo término, consideramos, no se advierte la arbitrariedad ni falta de fundamentación invocada por la defensa. En efecto, el Sr. Juez de grado explicó de manera concreta los parámetros ponderados para establecer la suma de pesos veinte millones ($20.000.000), conforme surge de fs. 276, atendiendo a la entidad y gravedad del hecho investigado, la naturaleza de las lesiones sufridas por la víctima, el prolongado tratamiento médico y de rehabilitación requerido, así como las previsibles consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales derivadas del ilícito y los gastos y costas que pudieran generarse durante la tramitación del proceso. Tales circunstancias evidencian que el importe establecido no respondió a una determinación arbitraria, sino a una valoración concreta y razonable de las particularidades del caso. …
TOMO CLXIII - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.-
REGISTRO N° 10.222 FOLIO N° 112/116 PROT. ELECT. JR101 369I.261
Río Gallegos, 02 de septiembre de 2026.-
La presente causa caratulada "H.H. S/ Lesiones Graves –Resultara Damnificado“ - Expte. N° 27825/25 - Apelación/Causa JR N° 10320/26, venida a despacho para resolver y de la que,
Que a fs. 24/38vta., obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº Uno de El Calafate, que en su punto l) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado M.N.F., en orden al delito de “Lesiones Graves Agravadas por el uso de arma de fuego” (Arts. 90 y 41 bis del Código Penal de la Nación); en tanto qué en su punto II) trabó Embargo sobre los bienes del procesado (Art. 499 C.P) hasta cubrir la suma de Pesos Veinte Millones ($20.000.000). Que a fs. 41/47vta., la defensa técnica apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 52, habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., a fs. 52/56vta. Que de esta forma, quedan los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. La defensa sostuvo que la resolución recurrida carece de la debida fundamentación, formado –a su criterio- por meras conjeturas, carentes de corroboración objetiva.
En tal sentido, postuló que dicho decisorio exterioriza una valoración parcial de la prueba reunida, omite analizar elementos relevantes introducidos por su defensa, prescinde de las explicaciones brindadas por el imputado al prestar declaración indagatoria y, según sostuvo, arriba a conclusiones que no encuentran respaldo en el material probatorio aunado. Que, en pos de un adecuado tratamiento de los agravios expresados por la parte recurrente, consideramos conveniente enumerar las cuestiones a resolver.
II. Del agravio referido a la insuficiencia probatoria y falta de acreditación de la autoría:
La defensa se agravió al sostener que la resolución recurrida carece de una adecuada fundamentación, en tanto habría tenido por acreditada la participación de su representado en el hecho a partir de elementos probatorios mínimos, que -a su criterio- no resultan suficientes para alcanzar el grado de probabilidad requerido para el dictado de un auto de procesamiento.
En tal sentido, sostuvo que la atribución de autoría efectuada por el Magistrado se encontraría sustentada en meras sospechas, conjeturas e inferencias que no permiten establecer, con el grado de probabilidad exigible, la intervención de su asistido en el hecho investigado.
Asimismo, cuestionó que el Juez de grado habría omitido valorar los argumentos introducidos por el imputado al momento de prestar declaración indagatoria, sin brindar una respuesta concreta a los extremos allí expuestos.
Por otra parte, señaló que durante el desarrollo de la investigación no se incorporó elemento probatorio alguno que permita ubicar a su defendido, de manera legítima y objetiva, en el lugar y horario en que habrían ocurrido los hechos, destacando la inexistencia de testigos presenciales o registros de telefonía que permitan establecer dicha circunstancia.
Finalmente, afirmó que la imputación habría recaído sobre su pupilo procesal a partir de una construcción meramente conjetural, convirtiéndolo -según expresó- en un “chivo expiatorio” de un hecho que le resultaría completamente ajeno.
Que iniciado el abordaje del presente agravio, adelantamos, no habrá de prosperar.
En efecto, contrariamente a lo sostenido por la parte recurrente, el auto de procesamiento no se sustenta en una valoración meramente conjetural del hecho, sino en un plexo probatorio objetivo y concordante que permite tener por acreditada, con el estándar de probabilidad que caracteriza a esta instancia, tanto la materialidad del suceso como la vinculación del encartado con aquel.
En este sentido, de las constancias aunadas al legajo, surge la pericia técnica balística Nº 035-
DG.CRIM.EC-SSB/2025 (fs. 154/185), la cual constató que los tanques de agua emplazados en el predio ubicado frente al Hotel “F. C.” presentaban un total de veinte impactos, con orificios compatibles con el paso de proyectiles de arma de fuego de carga múltiple o similar. A ello, se suma el resultado del allanamiento prácticado en el domicilio del causante F., oportunidad en la que se procedió al secuestro de armas de fuego y municiones, además de cartuchos y vainas servidas de distintos calibres.
Asimismo, de las declaraciones testimoniales de H.R. -propietario del terreno lindante al de M.F., donde se encuentran ubicados los tanques de agua-, G.P. y V.J., surge la existencia de una disconformidad previa del encartado vinculada con la conexión y utilización del agua de red en dicho terreno. En este marco, adquieren particular relevancia las expresiones atribuidas al imputado, dado que no se presentan como simples exteriorizaciones genéricas de enojo, sino que guardan específica relación con el hecho posterioremente constatado, al haber manifestado que, de no desconectarse del suministro de agua “iba a cagar a tiros los tanques”.
A ello, se añade que la pericia criminalística practicada sobre el proyectil que impactó en el rostro de H.H., determinó una trayectoria compatible con un disparo efectuado desde el sector donde se encontraban emplazados los tanques, cuyo recorrido atravesó una piedra de gran tamaño ubicada en el lugar donde se encontraba la víctima al momento del hecho, vinculando así ambos episodios.
Consecuentemente, la existencia de un conflicto previo que permite establecer un posible móvil, las amenazas concretamente dirigidas hacia los tanques de agua, la posterior constatación pericial de múltiples impactos de arma de fuego sobre aquellos y el secuestro, en poder del imputado, de material armamentístico idóneo para la producción de tales disparos, constituyen circunstancias que, valoradas conjuntamente de manera armónica y de conformidad con las reglas de la sana crítica racional, permiten superar el plano de insuficiencia probatoria invocado por la defensa.
Por otro lado, tampoco resulta atendible el argumento de la parte recurrente relativo a la inexistencia de pruebas que permitan ubicar a su representado en el lugar y horario del hecho, toda vez que la ausencia de una prueba directa de carácter temporo-espacial no determina la imposibilidad de tener por acreditada la intervención del imputado, desde que la autoría puede válidamente inferirse a partir de un conjunto de indicios graves, precisos y concordantes, siempre que éstos sean ponderados de manera integral y conforme las reglas de la sana crítica racional.
Finalmente, en relación con las manifestaciones vertidas por el imputado al prestar declaración indagatoria, cabe señalar que las mismas no fueron omitidas en el decisorio arribado, más bien al contrario.
A fin de evitar reiteraciones innecesarias, corresponde remitirse a lo expuesto a fs. 275/vta., donde el Magistrado efectuó una valoración concreta de los dichos del encartado, señalando que, en definitiva, su descargo no lograba desvirtuar el cuadro probatorio reunido hasta ese momento, máxime cuando no aportaba explicación objetiva alguna que permitiera controvertir los elementos de cargo ponderados. Por todo lo expuesto, al advertir que los argumentos expuestos por la defensa se traducen en una discrepancia con la valoración efectuada por el Sr. Juez de grado, sin lograr demostrar que aquella resulte arbitraria o violatoria de derechos y/o garantías fundamentales, corresponde rechazar el presente agravio.
III. Del agravio referido a la nulidad de la pericia balística y exclusión de la prueba derivada:
La parte recurrente se agravió, subsidiariamentre, por la validez otorgada al Informe Técnico Pericial Balístico de fecha 30 de junio de 2025, al sostener que dicha medida nunca habría sido notificada a la defensa técnica.
En tal sentido, afirmó que la falta de comunicación de la realización de la pericia habría impedido a su defensa ejercer adecuadamente las facultades de control de la prueba, asistir al acto pericial y proponer, en su caso, un perito de parte, lo que configuraría una afectación a la garantía de defensa en juicio consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional y el art. 191 del Código Procesal Penal de Santa Cruz.
A partir de ello, solicitó que se declare la nulidad absoluta de la referida pericia, por considerar que fue incorporada al proceso con inobservancia de garantías constitucionales y procesales.
De igual manera, invocó la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, pretendiendo que la eventual invalidez de dicha prueba alcance también a aquellos elementos probatorios que, según entiende, hubieran sido obtenidos como consecuencia directa de aquella, entre ellos determinadas declaraciones testimoniales y pericias posteriores.
En definitiva, sostuvo que, excluida la prueba balística, el cuadro probatorio valorado por el Magistrado perdería uno de sus principales elementos de sustento, por lo que el procesamiento dictado contra su asistido carecería de respaldo suficiente.
Que iniciado el tratamiento del presente agravio, anticipamos que tampoco habrá de prosperar, en tanto la cuestión que aquí se introduce ya fue oportunamente articulada y resuelta en la instancia de grado.
En efecto, a fs. 224/226 la defensa solicitó la nulidad del referido informe técnico, con fundamento en los mismos argumentos que ahora reedita, planteo del que se corrió en vista a la Sra. Agente Fiscal, quien dictaminó por su rechazo a fs. 238/241. Finalmente, el Magistrado de grado resolvió dicha cuestión a fs. 255/256, desestimando la nulidad pretendida. De este modo, habiendo sido la cuestión debidamente sustanciada y expresamente decidida, no corresponde reeditar en esta instancia un planteo que ya fue objeto de tratamiento, máxime cuando la defensa había sido debidamente notificada de la realización de la diligencia cuestionada, conforme los fundamentos expuestos en el referido pronunciamiento.
Ello así, en virtud del principio de preclusión procesal, que impide retrotaer el proceso a etapas ya cumplidas, teniendo como finalidad dotar de estabilidad a los actos procesales, evitando la reiteración indefinida de cuestiones que debieron ser introducidas y decididas en la oportunidad correspondiente. Al respecto, el art. 162 del C.P.P. establece que las nulidades sólo pueden ser opuestas bajo pena de caducidad y dentro de las oportunidades allí previstas, de modo que, una vez ejercida y resuelta en instancia de grado, no resulta admisible reeditar el mismo planteo por una vía impugnativa posterior. En consecuencia, el presente planteo no habrá de prosperar, debiendo estarse a lo oportunamente resuelto por S.S. en la precedente etapa procesal.
IV. Del agravio referido a la errónea calificación legal y prematuridad del procesamiento:
Por otra parte, la defensa cuestionó la calificación legal endilgada a su asistido, al considerar que la conducta atribuida a él no se encontraría debidamente corroborada por elementos fácticos, ni por instrumentos probatorios que permitan tener por acreditados los extremos objetivos y subjetivos del tipo penal imputado.
En ese marco, sostuvo que la subsunción jurídica efectuada en la resolución recurrida resultaría desacertada, en tanto se habría efectuado sobre una plataforma fáctica que –según su perspectiva- no cuenta con respaldo probatorio suficiente. Asimismo, calificó de prematura la decisión adoptada por S.S., y señaló que, a su juicio, la resolución respondería más a la intención de dar por concluida la investigación que a una valoración integral y coherente de los elementos reunidos.
Que en abordaje del presente agravio, corresponde señalar que tampoco tendrá favorable acogida. Pues bien, del estudio de la resolución recurrida se observa que la instrucción explicó con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta, la razón que la llevó a encuadrar provisoriamente los hechos en orden al delito endilgado al Sr. F.M.-
Nos resulta menester advertir que, en este tipo de pronunciamiento sólo se acerca a un juicio de probabilidad delictual, donde prevalecen los elementos incriminantes por sobre los de descargo, siendo suficiente para que proceda su dictado, que la acción represiva se halle debidamente fundada en derecho; lejos está de ser considerado como un pronunciamiento definitivo, pues sólo se requiere la probabilidad de la verdad de la imputación.
De igual manera, cabe recordar que esta Alzada viene sosteniendo de manera reiterada, -desde el año 2022 y en concordancia con los dictámenes de la Sra. Fiscal de Cámaras-, que la calificación legal resulta ser de carácter provisorio y mutable, con lo cual no causa estado, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia; siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. (Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 9609/25 y 10037/26, entre otras tantas).
Prueba de ello, resulta ser el reciente fallo de nuestro Tribunal Superior de Justicia, que en autos caratulados: “V.J.A. S/Homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones graves”, Expte. Nro. 1701/24/TSJ, en fecha 14/05/26, mediante el recurso de casación, hubo de modificar el encuadre legal establecido por el Juzgado de Instrucción, elevando el monto de la condena que había recaído en la Cámara Criminal y Correccional de la 1ra Circunscripción Judicial.
En función de todo lo expuesto, -y sin perjuicio del carácter provisorio del encuadre jurídico asignado-, corresponde concluir que los planteos introducidos por la defensa no logran conmover los fundamentos del decisorio recurrido, ergo, el presente agravio no prosperará.
V. Del agravio referido a la arbitrariedad y falta de fundamentación del embargo preventivo:
Finalmente, la defensa se agravió al considerar que el embargo decretado por la suma de pesos veinte millones ($20.000.000), resulta manifiestamente desproporcionado, inmotivado y carente de una justificación concreta.
Asimismo, sostuvo que el Magistrado habría establecido dicha suma de manera automática, sin exponer los parámetros objetivos que determinaron su cuantificación ni precisar cuál sería el eventual perjuicio que la medida cautelar pretende asegurar De igual manera, cuestionó que no se habrían ponderado las costas previsibles del proceso ni la situación económica particular de su asistido, circunstancias que -a su entender- debieron ser consideradas al momento de establecer el monto de la medida.
Por ello, solicitó que se deje sin efecto el embargo dispuesto y, subsidiariamente, para el supuesto de que se mantenga el procesamiento, que se proceda a reducir prudencialmente el monto fijado, adecuándolo a las circunstancias concretas del caso.
Que en relación al agravio ulterior, el mismo no habrá de prosperar.
En primer término, cabe señalar que el Magistrado actúo de conformidad con lo previsto en el artículo 499 del C.P.P., el cual establece que, al momento de dictar el auto de procesamiento, debe ordenar -asimismo- el embargo de bienes del imputado.
En segundo término, consideramos, no se advierte la arbitrariedad ni falta de fundamentación invocada por la defensa. En efecto, el Sr. Juez de grado explicó de manera concreta los parámetros ponderados para establecer la suma de pesos veinte millones ($20.000.000), conforme surge de fs. 276, atendiendo a la entidad y gravedad del hecho investigado, la naturaleza de las lesiones sufridas por la víctima, el prolongado tratamiento médico y de rehabilitación requerido, así como las previsibles consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales derivadas del ilícito y los gastos y costas que pudieran generarse durante la tramitación del proceso. Tales circunstancias evidencian que el importe establecido no respondió a una determinación arbitraria, sino a una valoración concreta y razonable de las particularidades del caso.
A ello se suma que, al ser formalmente notificado del auto de procesamiento y de la medida cautelar dispuesta a fs. 283, el propio encausado F.M., al ser consultado específicamente acerca de si contaba con dinero o bienes suficientes para cubrir el embargo, manifestó: “En principio sí”. Tal circunstancia, si bien no resulta determinante para establecer la cuantía de la medida, tampoco permite sostener la afectación desmedida o imposibilidad material alegada por la defensa En este sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: “...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento, debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado....” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita:
TR LALEY AR/JUR/44048/2009).
Asimismo, y en coincidencia con lo sostenido por otros tribunales, se ha señalado que: "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, (el monto del embargo) debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar esos fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).
En efecto, y vislumbrando que el Sr. Juez, en su considerando III), ha explicado los parámetros tenidos en cuenta para la fijación de la medida precautoria, es que esta Alzada comparte los fundamentos expuestos, como también la cifra establecida, por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del delito investigado y sus consecuencias. Por ello, es que confirmaremos el monto de la medida de embargo decretada respecto al causante F.M., y rechazaremos el presente agravio. Finalmente, esta Alzada coincide en un todo con el juicio de valor al que arribó el a quo en el decisorio cuestionado, entendiendo que la resolución se encuentra ajustada a derecho, debiendo confirmarse íntegramente el auto de procesamiento.
VI. Señalamiento al Juzgado interviniente:
En otro orden de ideas, y atento a las facultades de superintendencia atribuidas a este Juez de Recursos, corresponde efectuar un señalamiento al Juzgado de Instrucción, a fin de que se extremen los recaudos en el control formal de las actuaciones previo a su elevación a esta Alzada.
Ello así, toda vez que se ha advertido la ausencia de las firmas correspondientes -tanto del Secretario actuante como del Sr. Juez- en diversas piezas procesales, circunstancia que reviste particular gravedad en tanto compromete la regularidad formal de los actos y podría dar lugar a eventuales planteos de nulidad (vgr. declaraciones testimoniales de fs. 200/208; acta del art. 100 del C.P.P. de fs. 211; y notificación al imputado de fs. 283). Si bien algunas de tales circunstancias pudieron ser subsanadas con posterioridad, lo cierto es que, al momento de la elevación de los presentes actuados a esta Alzada, las piezas referidas se encontraban incompletas, lo que evidencia la necesidad de extremar los controles pertinentes.
Asimismo, se advierte la existencia de diversas constancias de notificación que presentan deficiencias formales, tales como ausencia de fecha, de código de validación y/o número de serie, o de suscripción por parte del Secretario, conforme surge, entre otras, de las piezas procesales obrantes a fs. 261 y 285. En consecuencia, se hace saber que, en lo sucesivo, la remisión de expedientes que no observen las formalidades legalmente exigidas habilitará la inmediata devolución del expediente para su subsanación, previo a cualquier tratamiento por parte de esta Alzada.-
VII. Reserva Caso Federal: La parte recurrente hace expresa reserva de ocurrir ante el TSJ mediante el recurso de Casación (art. 439 del C.P.P), y/o interponer el recurso Extraordinario Federal, conforme lo establecido por el art. 14 de la Ley 48; lo que se tendrá presente para el momento procesal oportuno.
VIII. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IX. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de procesamiento de fs. 24/38vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. TENER PRESENTE la expresa reserva de recurrir en Casación ante el TSJ, y en recurso extraordinario federal ante la CSJN.
3. HACER SABER al Juzgado que interviene, lo señalado en el punto VI) de los considerandos que anteceden. 4°)- REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
5. Firme que sea REMÍTASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
6. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia