Abriendo la norma
Firmado digitalmente por SANCHEZ Nelson Andres DN: SERIALNUMBER=CUIL 20219452781, C=AR, CN=SANCHEZ Nelson Andres Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.05.22 08:35:39-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 Firmado digitalmente por GEYER Adriana Inés DN: SERIALNUMBER=CUIL 23275532754, C=AR, CN= GEYER Adriana Inés Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento TOMO CLX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.- Fecha: 2026.05.22 08:36:21-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 REGISTRO Nº 10.035 FOLIO Nº 051/054 PROT. ELECT. JR101 182I.261 Río Gallegos, 22 de mayo de 2026.
La presente causa caratulada "FISCALÍA DE EL CALAFATE S/ REQUIERE INSTRUCCIÓN", Expte. Nro. 23832/23 - Apelación Nro. 10125/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 32/34 del presente incidente, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil con asiento en El Calafate, quien en el punto 1º) ordenó declarar la inimputabilidad del menor S.D.F. (Art. 1 de la ley 22.728 y su modificatoria ley 22.803) y en el pto. 2) sobreseer definitivamente al nombrado en orden al delito de abuso sexual con acceso carnal (art. 119 CP, 319 inc. 5 CPP).
Que contra esa resolución, a fs. 35/38 la parte querellante, apeló -motivándolo-, que fue mantenido ante esta Alzada a fs. 40.
Que a fs. 41 se corrió en vista a la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones, dictaminando a fs. 42 vta., presentando el memorial del art. 437 del CPP., quedando en consecuencia los presentes autos en condiciones de ser resueltos;
Y
I. Que la defensa interpone el recurso de apelación manifestando en su primer agravio “Errónea interpretación y aplicación del Régimen Penal de la Minoridad (Ley 22.278). Dictado prematuro del sobreseimiento y falta de agotamiento de la investigación”, que aunque la ley 22.278 establezca un límite a la potestad punitiva del Estado respecto de menores de edad, ello en modo alguno impide la investigación y consecuentemente la adopción de medidas que correspondan.
Considera que la interpretación adoptada por el a quo conduce a una consecuencia jurídicamente inadmisible: la clausura anticipada del proceso sin agotamiento de la investigación.
Expone que la norma establece el deber de ordenar informes y peritaciones conducentes al estudio de personalidad, condiciones familiares y ambientales del imputado, lo cual no ha sido cumplimentado en su totalidad no actualizado.
Reitera que esa parte ha expresado que el denunciado convive con su hermano que padece síndrome de down quien no habla y podría estar expuesto a comportamientos de reiterancia del tipo denunciado. A su entender el sobreseimiento resulta prematuro sin haberse agotado la actividad que deviene necesaria en el propio proceso penal juvenil e importa el incumplimiento de la debida diligencia.
Su segundo agravio “Inexistencia de evaluación interdisciplinaria del imputado”, lo funda en que la declaración de inimputabilidad se dicta sin contar con informes psicológicos ni psiquiátricos del imputado. Remarca que según constancias de autos se requirió que el victimario realizara tratamiento psicoterapéutico y acreditara su realización; sin embargo, no cumplió y su incumplimiento procesal tampoco ha tenido consecuencias jurídicas.
Indica que aún en los supuestos de inimputabilidad, el sistema jurídico impone la necesidad de evaluar íntegramente al menor a fin de determinar las medidas de intervención que resulten adecuadas.
En su tercer agravio “Desconocimiento del interés superior del niño y de las obligaciones internacionales del estado, omisión de determinación de medidas de intervención judicial”, destaca que el fallo omite considerar adecuadamente el principio del interés superior del niño respecto de la víctima, quien ha sufrido graves afectaciones en su integridad psíquica y emocional. Sostiene que el Estado incumple su deber de adoptar medidas respecto del imputado, desentendiéndose completamente de su situación, lo que resulta igualmente incompatible con el enfoque de protección integral. Concluye solicitando se amplíe el informe socio ambiental al domicilio paterno del denunciado, y dado que ha alcanzado la mayoría de edad, solicita se requiera personalmente la constitución de domicilio y se le notifique en forma personal las medidas de restricción dispuestas.
En su escrito “ampliación de agravios”, formula reserva de recurso de casación y extraordinario federal.
Quedan así expuestos los agravios de la recurrente.
II. Aclaración previa: en primer lugar cabe señalar que no escapa al conocimiento de esta Alzada que el joven S.D.F. nacido en fecha 21/04/2007 hubo de adquirir la mayoría de edad, y que en función de la resolución recaída en las actuaciones penales en fecha 17/03/2026, por la que se dispuso declarar su inimputabilidad y sobreseimiento definitivo, torna inexorable cualquier posibilidad de abordaje en un legajo tutelar, así como imposibilita dar intervención al área de infancia municipal.
De igual manera, corresponde precisar las edades que contaban los aquí justiciables al momento de los hechos atribuidos para su correcto entendimiento; por lo que, y en función de las constancias del presente legajo, señalamos que la víctima de autos, nacida en fecha 20/06/2010, al momento del primer hecho -cuando se encontraba cursando 3º grado- habría tenido la edad de 8 años; en el segundo hecho -mientras cursaba 4º grado- habría tenido la edad de 9 años, y en cuanto al último hecho -7º grado- habría tenido la edad de 12 años.
Y por su parte, incuso al momento del primer hecho contaba con la edad de 11 años, al momento del segundo hecho, contaba con la edad de 12 años y, al acontecer del tercer hecho atribuido, ostentaba la edad de 15 años de edad.
III. Efectuadas las pertinentes aclaraciones, corresponde entrar en el abordaje de los agravios expuestos por la recurrente, a lo cual adelantamos, que no tendrán favorable acogida por parte de esta Alzada. De esta manera, en cuanto a su primer agravio referido a una errónea interpretación y aplicación del Régimen Penal de la Minoridad, no compartimos lo expresado por la recurrente, en tanto de la lectura de los presentes, se observa que la instrucción llevó adelante la investigación de los presuntos hechos denunciados, ordenando las medidas que consideraba oportunas, las que por otro lado resultan ser las usuales en la investigación de los delitos como el que nos ocupa.
Incluso estimó que se encontraban alcanzados los extremos requeridos para efectuar el llamado a indagatoria del presunto responsable, de conformidad a lo estipulado por el art. 278 del CPP.
De igual forma no compartimos que el auto recurrido sea prematuro, considerando dicha apreciación una mera disconformidad con la decisión adoptada, no logrando fundamentar los alcances de su planteo. Y a lo manifestado por la apelante sobre el hermano del responsable, más allá de resultar razonable la preocupación expresada, simplemente podemos acotar que el Estado Argentino ya ha superado la postura paternalista en el Derecho Penal.
En lo referente a su segundo agravio: "Inexistencia de evaluación interdisciplinaria del imputado", en función que la instrucción hubo de disponer las pericias pertinentes, más el imputado no compareció, y a la luz de lo resuelto, acorde a la legislación vigente al momento de los presuntos hechos, no se observa que el recurrente logre fundamentar en qué forma modificaría la situación de plena inimputabilidad del encartado, por lo que su agravio no puede prosperar.
Sobre su tercer agravio referido a la legislación aplicable, adelantamos que tampoco prosperará.
Ello, en tanto la excepcionalidad de la disposición tutelar de los menores en conflicto con la ley penal, siempre que las especiales circunstancias en que se encuentren inmersos lo ameriten, también se expidió la CSJN en los autos caratulados: “H.,A.O. s/infracción ley 23.737”, entendiendo que la investigación a practicarse con respecto al hecho o a la persona del menor, como asimismo la resolución a dictarse, no pueden ir más allá de los fines previstos por las leyes orientadoras de su protección o corrección. De igual forma, la CSJN citando al Comité de los Derechos del Niño, más precisamente en la Observación General Nº 10, dejó asentado que: “…Los niños que cometen un delito cuando todavía no han cumplido esa edad mínima no podrán considerarse responsables en un procedimiento penal (…) Si es necesario, podrán adoptarse medidas especiales de protección en el interés superior de esos niños” (Cf. CRC/C/GC/10, 2007, PUNTO “c”, parágrafo 31), siendo del caso destacar que la reciente Observación General Nº 24 (2019) (…) mantiene este rumbo al precisar (…) que “los niños que no han alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal deben recibir asistencia y servicios de las autoridades competentes, según sus necesidades, y no deben ser considerados como niños que han cometidos delitos penales” (CRC/C/GC/24), apartados 20 y 23)…”.
Que esta instancia revisora entiende que, si bien la ley 22.278 impone al juez al decir imperativamente que deberá disponer del menor en conflicto con la ley penal; por la aplicación del principio que ley posterior deroga ley anterior, de las disposiciones de la CDN (ley 23.849), se puede afirmar que la estructura normativa vigente tiende a reforzar la condición de sujeto de derechos de los menores en conflicto con la ley penal, con todas las garantías civiles y penales que como tal debe tener, entre ellas, el evitar injerencias arbitrarias del Estado en su vida privada (art. 16 inc. 1), o a la adopción de medidas que tiendan a no recurrir a procedimientos judiciales (art. 40 inc 3 –párrafo 3) para dirimir sus asuntos, asegurando que sean tratados de manera apropiada para su bienestar y guardar proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción (art. 40.4). Que, en el caso del joven F., el art. 40.4 de la CDN cobra toda su magnitud por tratarse de un sujeto no pasible de sanción penal.
Por su parte la ley 22.278 confiere a los jueces la facultad de disponer provisionalmente del niño en conflicto con la ley penal por un tiempo determinado, lo cual no debe entenderse como una prerrogativa absoluta y discrecional, sino como una medida excepcional que el Estado les otorga como “último recurso”, para intentar subsanar las deficiencias del sistema y restablecer los derechos que pudieran estar vulnerados.
En ese sentido la ley 22.278 prevé la disposición tutelar a los efectos de conocer de manera profunda las condiciones personales, familiares, económicas y sociales del menor de edad sometido a proceso penal –menor imputable-, lo cual implica una serie de medidas socioeducativas que deben cumplirse conforme los lineamientos del art. 40 de la CDN y que tienen como fin evitar la pena de prisión, entre otros fines tales como preservar y restituir los derechos del niño y el fortalecimiento de sus vínculos familiares, para llegado el momento, en caso que fuera declarado penalmente responsable por los hechos que se le reprochan, se pondere el resultado de su disposición tutelar a los efectos de merituar si corresponde reducir la escala penal prevista para la tentativa o absolverlo, declarando innecesaria la imposición de la pena.
Se reitera, que según la doctrina de la CSJN, el principio de especialidad implica para los jóvenes en conflicto con la ley penal que tienen los mismos derechos reconocidos a todas las personas y además, gozan de una protección especial por ser sujetos de derecho en desarrollo, debiendo estar sometidos a procesos penales y a un sistema judicial y penitenciario específicos, con un mayor uso de los medios alternativos a la judicialización, en aplicación del principio de ultima ratio del derecho penal.
Que en relación a los agravios planteados, la Sra. Fiscal de Cámaras dictaminó: “…es innegable que los delitos de abuso sexual impactan profundamente en la vida de un niño y su entorno familiar, no obstante, el ordenamiento jurídico vigente establece límites precisos cuando se acreditan los extremos de la inimputabilidad, por lo que lo resuelto por el A Quo -en consonancia con lo dictaminado por la Agente Fiscal de Primera Instancia- resulta ajustado a derecho. La prosecución de la investigación penal respecto de quien no resulta punible no resulta jurídicamente posible, por lo que el abordaje de su situación resulta labor de la autoridad administrativa, en el marco del sistema de protección de derechos de NNyA que consagra la Ley Provincial 3.062.” (conf. dictamen de fs. 42).
Como bien lo dictaminara la Fiscalía, las limitaciones vigentes al poder punitivo, resultan de aplicación de pleno derecho; y en el presente caso, la normativa vigente prevé un supuesto de no punibilidad por la edad. De tal forma, una vez establecida la edad del menor responsable al momento de la comisión de los hechos, siendo ésta inferior a 16 años, permite la aplicación del criterio de inimputabilidad, el cual impide la prosecución penal de aquellos que se encuentren comprendidos en dicha franja etaria.
Al respecto, es vasta la jurisprudencia existente sobre el respecto, quienes manifiestan: “No obstante las coincidentes argumentaciones vertidas por el juez de grado y por la Cámara a quo, lo cierto es que el Código Procesal Penal de la Nación taxativamente prevé el sobreseimiento, como forma de finalización de un proceso, cuando media en el caso una causa de inimputabilidad (art. 336 inc. 5°, Cód. Procesal Penal de la Nación); siendo la minoridad, precisamente, una de dichas causales (art. 1°, ley 22.278, texto según ley 22.803). Pero examinemos en más detalle la cuestión. El supuesto contenido en el art. 336 inc. 5° del ritual, "... contempla el caso en que el imputado haya obrado en el momento del hecho, en un estado de inimputabilidad, por lo que, no obstante resultar antijurídico su actuar, no puede serle atribuido, porque en el evento no pudo comprender la criminalidad del hecho o no pudo dirigir sus acciones ..." (conf.
Raúl Washington Abalos, "Código Procesal Penal de la Nación", EJC, Santiago de Chile, 1994, p. 756). Y justamente se reconoce - tradicionalmente- a la menor edad como una eximente de la responsabilidad (ver Luis Jiménez de Asúa en "Lecciones de Derecho Penal", EPI, México DF, 1995, ps. 224/225). Profundizando este estudio, apreciamos que para el art. 34 de nuestro Cód. Penal, "... Inimputable, pues, es quien no posee las facultades necesarias para conocer su hecho en la forma y extensión requeridas por la ley para que su conducta sea presupuesto de punibilidad, por lo cual se encuentra en la imposibilidad de dirigir sus acciones hacia el actuar lícito, por no haber tenido capacidad para conocer o no poder dirigirlas ni aun conociendo lo que hace..."; siendo por tanto los requisitos para determinar la punibilidad o no del agente: la madurez, la salud mental y la plenitud de la conciencia (conf.
Carlos Creus, "Derecho Penal. Parte General", 3ª ed., Ed. Astrea, Buenos Aires, 1994, p. 341). (...) Ahora bien, que el art. 1° de la ley 22.278 (texto conf. ley 22.803) establezca de modo general la inimputabilidad absoluta de los menores de dieciséis años (y también de aquellos que no hayan cumplido dieciocho, pero sólo respecto de ciertos delitos), como resultado de la suposición de inmadurez concebida por el legislador (presunción "iure et de iure" que actúa de forma inmediata, y para la cual sólo basta la comprobación de la edad del sujeto), no implica que esta causal quede excluida del catálogo previsto por el inc. 5° del art. 336 del Cód. Procesal Penal. Ello no sólo no resulta lógico ni ajustado a una correcta técnica hermenéutica, sino que además implicaría imputar falta de previsión o inconsecuencia en el legislador; extremo que, como es sabido, no es lícito suponer (confr.
C.S.J.N. Fallos: 304:794; 303:1965 -La Ley, 1982-A, 389-; 297:142 -La Ley, 1977-C, 455-; 300:1080; 306:1312 -La Ley, 1984-D, 467-; entre muchos otros).
(TR LALEY AR/JUR/5604/2002).
Más allá de reconocer lo expresado por la recurrente, y que fuera mencionado por la Sra. Fiscal ante las Cámaras, en cuanto al impacto que tales hechos producen en las víctimas, no podemos dejar de considerar la clara la intención del legislador, de que ante la comisión de un hecho delictivo por parte de un menor de edad comprendido en los parámetros legales, corresponde dictar su sobreseimiento por inimputabilidad, como fuera dictaminado por el magistrado instructor.
La legislación vigente impone el modo de actuación de los magistrados ante tales supuestos, quedando establecidas las formas y procedimientos para la protección de los derechos individuales.
En cuanto a las medidas que recurrentemente requiere la apelante, de igual manera debemos hacer mención a la limitación que establece la legislación vigente, siendo esta hasta que los menores adquieren la mayoría de edad.
Debemos recordar que tal actividad estatal tiene como coto la adquisición de la mayoría de edad por parte del menor involucrado.
Por otro lado, es consideración de esta Alzada que las peritaciones e informes que menciona en su escrito recursivo, tienen como finalidad brindar un tratamiento adecuado al menor, determinando la posible intervención estatal en pos de su interés superior. Es decir que su finalidad es el dictado de medidas de resguardo para el menor, no con carácter punitivo, como lo soslaya la querella.
A decir de los tribunales: “...Así pues, y a los fines de avalar lo resuelto por el Juez de primera instancia en el decisorio apelado, cabe resaltar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que “...en relación a los niños que cometen un delito cuando todavía no han cumplido la edad mínima, el Comité de los derechos del Niño, ha reconocido, recientemente, que si bien no pueden ser formalmente acusados ni considerárselos responsables en un procedimiento penal, ‘sí es necesario, (...) adoptar medidas especiales de protección en el interés superior de esos niños (Observación General n° 10/2007, “Derechos del niño en la Justicia de menores”, del 25 de abril de 2007, pág. 31). En efecto, es función también de los magistrados competentes en la materia, adoptar dichas medidas, agotando todas las variables que permiten orientarse, prioritariamente, hacia servicios sustitutivos de la internación que puedan ser dispuestos, según las circunstancias particulares de cada niño, teniendo como horizonte su interés superior.” (TR LALEY AR/JUR/72865/2014).
Debemos resaltar que la respuesta estatal frente a los delitos cometidos por menores de edad, debe contextualizarse a la Convención sobre los Derechos del Niño, la legislación nacional y su adecuación a la misma a nivel provincial, donde se busca la integración del niño y su reinserción efectiva y constructiva.
Es por lo hasta aquí analizado, encontramos al auto recurrido debidamente motivado y ajustado a derecho, por lo cual se confirmará.
IV. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
V. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y oído que fuera la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones, en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 32/34 del incidente, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante sne.
3. TENER PRESENTE la reserva de recurrir en Casación y del Caso Federal, que fuera articulada por la parte recurrente.
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia