Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
TOMO CXXV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8162 FOLIO Nº 058/065 PROT. ELECT. JRS1038I.231
Río Gallegos, 12 de Octubre de 2023.-
La presente causa caratulada: "H.A.E. S/ INFRACCION AL TITULO III DEL LIBRO II DEL C.P.", Expte. Nº 19292/20 - Apelación/Causa JR Nº 8409/23, venidos a despacho para resolver y de las que;
Que a fs. 113/118vta. obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza del Juzgado de Instrucción Nº Tres de esta ciudad, quien en el punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de A.E.H., en orden al delito de “Abuso Sexual con acceso agravado por ser el autor el encargado de la guarda” (arts. 45 y 119 tercer y cuarto párrafo inciso b del Código Penal); y en el punto II) trabó embargo sobre los bienes del nombrado hasta cubrir la suma de pesos cien mil ($ 100.000).- Que a fs. 122/126 la Defensoría Pública Oficial Nº Uno apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 131 sostuvo el recurso (código de validación: 032421aa) y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del C.P.P., quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que la defensa se agravió del resolutorio argumentando que el a quo no efectuó un correcto análisis de la prueba recabada hasta el momento en el proceso, sin exponer claramente los argumentos que la determinaron a decidir en sentido opuesto.-
Esa defensa entiende que la resolución es inmotivada y se debe resolver el sobreseimiento de su asistido.-
Más aún, entiende la recurrente que ni siquiera se daban en autos los presupuestos del art. 278 del C.P.P.. No obstante ello a fs. 73/74 su asistido niega rotundamente el delito que se le imputa.-
Agrega que en la resolución se hace una indebida valoración de las pruebas constantes en la causa penal, considerándolo presunto responsable del delito de abuso sexual, sin mayores pruebas que la mera declaración de la Sra. S.P.G, quien se desempeña en la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, y ante la perito en psicología.-
Agravia a la defensa la resolución por cuanto los hechos nunca sucedieron tal como lo relata la denunciante, ni tampoco se encuentra acreditado en autos lo narrado por el a quo.-
Alega que no surge de autos la realización del examen ginecológico a la niña en las inmediaciones del cuerpo médico forense del TSJ, a los efectos de verificar lesiones en el cuerpo, pues en casos de abuso sexual ellas son frecuentes. Jamás se llevó a cabo prueba médica ginecológica para determinar la existencia o no de acceso carnal. Que es una falta gravísima, máxime cuando la niña contó en su relato que le habrían introducido un dedo en la vagina. Que de ninguna manera se puede suplir esa prueba pericial por ninguna otra prueba. En consecuencia, jamás podría haberse procesado con el agravante del acceso carnal.- En ese mismo orden agrega que lamentablemente esa prueba es hoy irreproducible, habida cuenta que la supuesta víctima ya es mayor de 18 años y es muy probable que haya mantenido relaciones sexuales descartando toda posibilidad de prueba. Que esa abulia procesal demostrada judicialmente no puede jamás convertirse en una prueba en contra del imputado, máxime cuando ésta agrava de manera contundente su situación procesal.- Asimismo agravia a la parte que el a quo se limite a realizar una descripción detallada de la denuncia formulada por la Sra. S., quien no resulta ser un testigo presencial del hecho que se investiga, limitándose a direccionar su declaración en contra de su asistido. Entiende que existe un claro direccionamiento en señalarlo como autor del delito que se investiga.-
Que respecto del informe pericial que considera que el relato de la presunta víctima es fiable, que cumple con los requisitos que mencionan los diferentes protocolos de validación de testimonios, ello no significa que sean ciertos.-
Asevera que se anima a sostener que S.S, se apoya únicamente en los dichos de la presunta víctima, puesto que el informe pericial, a su decir, no puede ser de ningún modo concluyente.-
Que el auto de procesamiento, más allá de su total falta de fundamentación, sólo se limita a indicar que procesan al imputado por el delito de abuso sexual, sin indicación en relación a qué hechos, en uno de ellos agravado, dejando a la defensa en una absoluta situación de desconcierto y limitado en el ejercicio defensivo, no pudiendo establecerse claramente el hecho imputado y la consecuente tarea.- Sostiene que existe una violación flagrante y desmedida del principio de inocencia, que ha sido vulnerado y que se le ha exigido al imputado que demuestre su inocencia, contrariando el principio premencionado.-
Entiende que hay una carencia probatoria total en cuanto a la existencia del abuso sexual, y más remoto aún en cuanto a los agravantes. El primero porque no podemos adivinar que exista un daño como lo expresa y el segundo por la falta de exámenes ginecológicos oportunos.-
En consecuencia, entiende que sin elementos incriminantes que permitan determinar la gravedad, deberá estarse a la revocación del auto de procesamiento.-
Por último la defensa señala que el embargo dispuesto por la suma de pesos cien mil ($ 100.000) resulta excesivo.-
Dice que la cuantía del embargo y la imposibilidad de su asistido de ofrecer bienes para cubrir dichas sumas, necesariamente conducen a la inhibición general de bienes, constituyendo la traba de dicha medida cautelar un daño innecesario.-
En consecuencia, la parte entiende, corresponde la reducción del monto consignado en la resolución en crisis de manera tal de asegurar los gastos derivados de las costas procesales y honorarios.-
Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de su tesitura.-
Quedan así planteadas las cuestiones para resolver.-
I. Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente, se utilizarán únicamente las iniciales de los nombres de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, en miras a que los derechos que son universalmente reconocidos, sean reales y efectivos, velando por la preservación del derecho a la intimidad, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
II. Yendo al tratamiento de los agravios formulados por la recurrente, tomando atenta lectura del interlocutorio recurrido como de los agravios planteados por la defensa, considero que con los elementos probatorios reunidos hasta el momento estaría suficientemente acreditada la materialidad del hecho enrostrado y también su autoría, correspondiendo así traspasar la valla del art. 289 del CPP, razón por la que –adelanto-, confirmaré íntegramente el auto apelado por ser adecuado a derecho.- En este aspecto, la resolución dictada cumple con las prescripciones reguladas en los arts. 115, 116 y 291 del CPP, habiéndose analizado la totalidad del plexo probatorio reunido, a la luz de la sana crítica racional. Explica razonadamente tanto la materialidad del hecho imputado como la autoría penalmente responsable en orden al delito de "Abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el autor Encargado de la Guarda " (art. 45 y 119 tercer y cuarto párrafo inciso b del Código Penal), indica cada una de las piezas probatorias que la sustentan y fundamenta adecuadamente la calificación legal.- En consecuencia se advierte que las consideraciones que constituyen el presente agravio, sólo traducen la disconformidad de la recurrente con el criterio expuesto por la Sra. Jueza de grado, no logrando conmover los argumentos por los cuales se arriba al auto de mérito, pues la discrepancia con la forma en que fueron valorados los testimonios recabados y los resultados periciales no constituye un argumento de peso para modificar la decisión de mérito a la que arribó la Sra. Magistrada.- Para esta Alzada, el cuestionamiento del mérito para el llamado a indagatoria en esta instancia, resulta fuera de lugar, puesto que es sabido que la determinación de convocar al imputado en los términos del art. 278 del CPP, constituye una decisión que el código de forma le acuerda con exclusividad al/la juez/a de la causa, fundado en el mérito que él/ella evalúe de las constancias del expediente. Así nos hemos expresado en forma concordante y continuada (Vgr. "B.F.G. S/PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD, LESIONES CALIFICADAS, DAÑO Y AMENAZAS", Expte. Nº 70551/21 - Apelación Nº 7694/22, entre otras).- Tampoco logra con sus argumentaciones demostrar que la juzgadora haya fallado con desapego a las pruebas ni en exceso de jurisdicción.-
Por el contrario a lo planteado por la defensa, el procesamiento se observa como producto de la valoración razonada de los elementos de cargo obrantes en el legajo, encontrándose acreditada en grado de probabilidad afirmativa que la niña habría sido abusada sexualmente (mediante tocamientos inverecundos en sus partes íntimas).-
Es que para arribar al auto de procesamiento la a quo valoró el contenido de la denuncia radicada por la Sra. S.P.G. (quien fue la primera persona que se enteró de lo sucedido, en razón de habérselo contado C.C.C.) y la propia declaración de la presunta víctima mediante la modalidad de Cámara Gesell.-
Es decir, la Sra. Jueza sopesó el testimonio claro, preciso y concordante de la niña (en oportunidad de exponer ante las profesionales psicólogas al ser entrevistada mediante la citada modalidad de Cámara Gesell), el cual es conteste con las declaraciones de la denunciante.-
Más aún, destacó la ausencia de contradicciones y la persistencia del relato de la joven frente a distintos interlocutores, todos los cuales resultan ser indicios de sinceridad que robustecen el poder conviccional del relato ofrecido por ésta (ver fs. 116, último párrafo).-
Se comparte con la a quo en que las declaraciones formuladas por el denunciante y la pretensa víctima son contestes y concordantes, no pudiendo dejar de mencionar otro dato importantísimo, y también valorado por la Sra. Jueza, cual resulta ser que el relato de la niña reúne criterios suficientes de fiabilidad a decir de las profesionales que la entrevistaron.-
Cabe señalar que los niños cuentan con una particular protección en la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1.994, respecto al pleno goce de los derechos humanos, inclusive a través de leyes y medidas de acción positivas (art. 75, 26 CN). La "Convención de los Derechos del Niño" estatuye que los Estados que la suscriban adoptarán las medidas integrales, legislativas, administrativas, sociales, educativas, etc., para proteger al niño contra toda forma de agresión.- Asimismo las "100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad", incluye expresamente a los niños víctimas de delitos como beneficiarios de sus reglas.-
Todo este encuadre legal, marca la relevancia de los derechos humanos en lo concerniente al relato de los niños víctimas de delitos en el proceso penal y su impacto en la valoración de las pruebas.-
Esta Alzada ya se ha expresado en anteriores ocasiones que, en función de los términos de las obligaciones internacionales suscriptas por el Estado Argentino en materia de DDHH, deben prevalecer en el caso, los principios de amplitud probatoria y pro homine en favor de las niñas víctimas, como partes integrantes de un colectivo especialmente vulnerable. (Conforme Apelaciones Nº 7403/22 y Nº 7467/22, a modo de ejemplo).- Por otra parte, también hemos hecho referencia en otras instancias, al valor probatorio que debe asignársele a los dichos de las víctimas e incluso por parte de sus familiares, amigos y/o allegados, debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la causa.-
Se advierte que elementos de prueba producidos en la causa revisten la objetividad necesaria para respaldar el hecho tal y como fuera endilgado al encartado.-
De las constancias de autos, no se vislumbra la existencia de animosidad por parte del denunciante y la presunta víctima, tendiente a perjudicar al procesado y tampoco resultan contradictorios entre sí, debiéndose asimismo señalar que son coincidentes en el tiempo, lugar y modo en que sucedieron los hechos, no existiendo en autos, elementos de juicio alguno que resulten contradictorios para poner en dudas la presunción de verdad que goza una declaración llevada adelante bajo juramento de ley.- De esta manera se observa que la a quo respetó los lineamientos acerca de la valoración de los elementos de cargo de nuestro máximo tribunal provincial –que deben hacerse de manera conjunta y no aislada-, y expresó fundada y razonadamente los motivos por los que consideró que la prueba reunida era suficiente para acreditar en grado de probabilidad afirmativo la materialidad del hecho, la calificación legal y la participación del imputado en el mismo.- Con lo cual y pese al denodado esfuerzo de la defensa por intentar mejorar la situación procesal de su representado, tratando de restarle valor probatorio a las declaraciones reseñadas, esta Alzada concuerda con la a quo que su valoración armónica permite concluir que logran reconstruir el hecho investigado, abonando la hipótesis de autoría material del hecho que se le atribuye al imputado. Es por ello que desestimaré este agravio.- Con respecto al valor convictivo de la Pericial Psicológica, tampoco podrá prosperar habida cuenta que la crítica se presenta como un mero disenso y no se yergue como una crítica razonada. Es decir no se argumenta en qué consistiría el vicio presente en el informe que redundaría en una disminución de su valor probatorio.-
Es dable señalar que el estudio pertinente para determinar si una pericia ha sido bien o mal confeccionada debe hacerse en el expediente concreto, situación que aquí no ha ocurrido, pese a estar debidamente notificada la defensa de la realización de la pericia cuyo informe se controvierte.-
Los profesionales que trabajamos en el derecho debemos ceñirnos a desarrollar nuestra actividad con las evidencias de la causa y respaldando nuestros dichos en constancias que así lo acreditan.-
Los extremos invocados por la defensa no autorizan a declarar una merma en la entidad probatoria de la pieza procesal en cuestión, siendo que, a mayor abundamiento, la mayor o menor correspondencia de los resultados de un informe pericial con los de otra pericia tampoco es una cuestión relativa a la validez de las piezas probatorias, sino que en todo caso concierne a la valoración de las mismas.- En este sentido, ante planteos similares ya se ha expedido en forma concordante esta Alzada (vgr.: Apelación 6938 , entre otras).-
Con lo cual puede válidamente conferirse al sumario prevencional y sus diligencias llevadas adelante, el carácter de plena prueba, reiterando que la decisión judicial en análisis cumple acabadamente con la condición de validez, en virtud de encontrarse fundada y constituir la derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa en grado de probabilidad. El agravio vinculado a las pruebas que refiere la recurrente no haberse producido y que serían de importancia para la investigación, no puede prosperar, ya que, independientemente de su viabilidad, es ante la etapa instructoria que tiene que formularse y conforme los lineamientos que así lo autoriza el art. 190 del C.P.P..-
El cuestionamiento relacionado a la falta de pericia médica física en nada invalida los elementos probatorios arrimados a la causa.-
También se advierte que la A quo sí tuvo en cuenta la declaración indagatoria del imputado (ver fs. 116vta.).-
Sobre las alegadas pruebas que operan a favor de la inocencia de su asistido, entre las cuales menciona lo que surge de la declaración indagatoria, básicamente postulando que los hechos no sucedieron, entre otras cosas en razón que nunca se encontraba solo con la niña, y que por tanto la situación no podría concretarse; dichas cuestiones a la luz de las pruebas citadas no aparece como desincriminante, sino más como un mera declaración de voluntad.- Es por ello que en relación al agravio genérico esbozado referente al insuficiente caudal probatorio recolectado en autos, de la lectura de las presentes actuaciones entiende esta sede judicial, contrariamente a lo señalado por la apelante, que existe prueba de mérito suficiente para confirmar la resolución.-
Estas connotaciones son las que fueron tenidas en cuenta por la Sra. Magistrada al momento de resolver la situación procesal del imputado, tal como luce en el punto I de los considerandos de la Resolución.-
Es por lo expuesto que el cúmulo de prueba no es insuficiente como lo sostiene la defensa, a tal punto de no configurar elementos para sostener que su defendido sea probablemente autor del hecho que le fuera impuesto. Por el contrario, resulta suficiente para el grado de probabilidad requerido en esta instancia y el Juzgado actuante ha tenido en cuenta las pruebas señaladas.-
Sin embargo, no debemos olvidar que el delito aquí denunciado es de aquellos que, en la generalidad de los casos, se cometen sin la presencia de testigos. Pese a ello, se ha dicho que no son de imposible investigación, debiéndose analizar no sólo el relato brindado por la propia víctima sino de todos aquellos que tomaron conocimiento de los sucesos por alguna referencia que la víctima/denunciante les haya efectuado.- Concordantemente con ello, “...no hay que olvidar que los delitos de abuso sexual se consuman en un marco de privacidad que conspira habitualmente para la incorporación de elementos probatorios, por ello el testimonio de la víctima adquiere plena prueba al no advertir interés u odio tendiente a perjudicar al imputado...” (C. Nac. Crim. y Corr., Sala 4º, 8/11/2001, “Rodas Jaras, Domingo”) y “...con todo acierto se ha sostenido que resulta inimaginable que alguien denuncie a otro como que lo ha sometido sexualmente, inventando gratuitamente episodios que lo exponen a las burlas y comentarios de sus vecinos y conocidos, y que le generan a la par una pérdida de tiempo, al tener que someterse a exámenes, análisis e interrogatorios nada cómodos o placenteros...” (Trib. Oral Crim. Nº 3 Cap. Fed., 7/4/2003, “Gorosito, D.O.”).- En este caso, contamos con el relato directo de la propia presunta víctima, debiéndose adicionar que el auto atacado se encuentra apontocado en las diversas pruebas incorporadas, las cuales guardan coherencia entre sí, no pudiéndose pretender tampoco un grado tal de exactitud en la narrativa por parte de las víctimas de los hechos como el que nos ocupa, ya que sabido es que muchas veces se forman lagunas en el recuerdo de algún tipo de circunstancia, siendo que dicha imprecisión no puede erigirse en un obstáculo que prive de efectos a la investigación en curso, y que por lo tanto obstaculice la prosecución de la acusación.- No se advierten contradicciones entre lo declarado por la presunta víctima ni tampoco lagunas sobre detalles fundamentales que hacen a la existencia del hecho imputado. No podemos dejar de mencionar que este contexto fue tomado en cuenta y analizado por la Sra. Jueza en el auto apelado.-
Es por ello que tampoco se advierte que el plexo probatorio reunido sea desviado en su interpretación al sólo fin de mantener supuestamente justificada la acusación.-
No nos debemos olvidar que de ninguna manera se han afectado las garantías constitucionales ni se ha alterado el debido proceso. El imputado fue enrostrado del hecho en las circunstancias referidas en la denuncia formulada, las cuales guardan coherencia con lo relatado por la presunta víctima en su declaración, ello sin perjuicio que siempre las actuaciones estuvieron en condiciones de ser sujetas a su contralor.- Es que, contrariamente a lo sostenido por la apelante, la Sra. Jueza ha arribado a una resolución de mérito cargoso luego de ponderar los elementos colectados.-
Así, meritó los contestes testimonios recabados y el resultado del informe psicológico que le fuera practicado a la pretensa víctima (ver fs. 113vta/116vta, de los Considerandos).-
Es decir, de modo opuesto a lo sostenido por la apelante, la resolución puesta en crisis es una derivación razonada y ajustada a las constancias probatorias colectadas.-
No se advierte que los testimonios recolectados contengan contradicciones, más bien todo lo contrario.-
Asimismo la Sra. Jueza hubo de valorar las consideraciones de las profesionales intervinientes en la pericia psicológica que le fuera practicada a la pretensa víctima, quienes, tras entrevistarla bajo una modalidad semidirigida, hubieron de consignar las pertinentes conclusiones, entre las que se destacan que: “…No se observaron indicadores de mendacidad ni de inducción por un tercero, en el relato de C. …” (fs. 116).- Trasunta, por ende, que la parte no ha logrado desvirtuar los elementos de cargo que obran en su contra, respecto de las circunstancias de los hechos expuestas por la denunciante en mérito a lo anteriormente analizado.-
Debemos tener presente que corresponde la aplicación del principio de amplitud probatoria, por las especiales características del hecho endilgado al imputado: delito contra la integridad sexual, habiéndose aprovechado del estado de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima por las circunstancias ya señaladas.-
Por otra parte, tanto la doctrina como la jurisprudencia imperante, son contestes en sostener que la valoración de la prueba en delitos como el que nos ocupa, no puede realizarse como si se tratara de cualquier otro de los delitos tipificados por la legislación de fondo, debiendo conferir especial relevancia a la denuncia de la víctima.-
En tal sentido, acerca de esta particular característica, y en oportunidad de resolver la situación procesal de los imputados, otros Tribunales han dicho: “…el estándar de prueba normalmente exigido para alcanzar el grado de certeza necesario a efectos de pronunciarse sobre la materialidad de los hechos y la responsabilidad del inculpado, se satisface de un modo distinto que aquél que puede exigirse para otros supuestos, y ello bajo un doble aspecto. Principalmente, porque los hechos de esta naturaleza son, por regla general, llevados a cabo en ámbitos íntimos excluidos de terceras personas que pudieran dar fe de lo ocurrido. De suerte tal que lo determinante en esta clase de asuntos, a los efectos de la reconstrucción histórica del suceso, suele ser pura y exclusivamente el relato que la víctima pueda brindar al respecto.
Además, cuando se trata de víctimas menores de edad, la ponderación de su relato no puede ser llevada a cabo de la misma forma y bajo los mismos parámetros con los que analizan los dichos de los mayores, pues la exigencia de una narrativa histórica coherente, concatenada, descriptiva y lo más detallada posible en relación a un hecho pasado difiere en uno y otro caso, de acuerdo a las distintas capacidades cognoscitivas de los sujetos involucrados.” (Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional - Sala 1 CCC 73954/2013/TO1/CNC1, causa nº 73.954/2013, caratulada “D. de M., R. F. s/ abuso sexual”).- En la provincia de Santa Cruz, respecto a la forma de valorar las pruebas en esta clase de delitos, el Tribunal Superior de Justicia, sostuvo: “En los hechos de abuso sexual este Alto Cuerpo expresó que el carácter de testigo único que reviste la víctima no descalifica su procedencia como prueba pertinente y útil; por ello, pretender revocar una sentencia condenatoria por el delito de abuso sexual con acceso carnal, alegando que lo único que sustenta la acreditación del mismo es la versión del hecho aportada por la víctima, atenta contra una regla de la experiencia común como es, que los delitos contra la integridad sexual no suelen cometerse frente a testigos presenciales.
Los dichos de la menor no deben descalificarse apriorísticamente si el tribunal de juicio los considera dignos de credibilidad –en el caso, se confirmó el abuso sexual denunciado– y más aún cuando el modus operandi implica de suyo la ausencia de testigos.”. (Tribunal Superior de Justicia, Secretaría Penal, Interlocutorio Nº: 018 - Recurso de casación, 19/08/2008 - autos: “A.G.A. s/ abuso sexual simple agravado”, Expte. Nº 2665 (A-566/07/T.S.J.).- En efecto, de las constancias de autos surge que la Sra. Jueza de instrucción valoró de manera adecuada la prueba rendida en autos, atendiendo a las particularidades del presente caso, en el que el hecho habría acontecido.- De esa manera dictó una resolución que se desprende del relato lógico efectuado luego de la investigación llevada adelante y a la luz de la sana crítica racional, no apareciendo a mi criterio atisbo alguno de arbitrariedad o fragmentación en la valoración de la prueba aunada a la causa, motivo por el cual su agravio no podrá prosperar.- No corresponde, como pretende la defensa, valorar cada medio probatorio por separado, ni atomizar el análisis y evaluación de las pruebas colectadas.
En relación a la valoración de la prueba en las resoluciones, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, sostiene: "...debe reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones en su conjunto y no en forma aislada o parcial tal cual lo sostiene la Corte Nacional, contraria a toda consideración fragmentaria y aislada que impida '...una visión de conjunto de la prueba reunida...' depende de la valoración conjunta que se hiciere...teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad...".
(Fallos 300:928; T.S.J. Sta. Cruz, Tº II, Sentencia, Rº 55, Fº 310/320, entre otros).- Recordemos que la probabilidad es la requerida para iniciar la investigación, y para fundar eventualmente el procesamiento del imputado como es el caso que nos ocupa. Sabido es que en esta instancia priman los elementos de cargo por sobre los de descargo, siendo que el grado de certeza apodíctica de culpabilidad no es necesario en este tramo del proceso.- En mérito a ello no se hace lugar tampoco al agravio esgrimido por la parte que no se encuentra acreditado con el grado de probabilidad suficiente para atribuirle a su defendido la responsabilidad que se investiga.- Debo recordar aquí que, con relación al valor que se le otorga a las declaraciones prestadas por la víctima de delitos como el que nos ocupa, esta Alzada ya tiene dicho que la sola mención de que se trate de la persona damnificada no quita veracidad al testimonio que presta en la causa, debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma, tal como lo efectuara la Jueza A quo.- Es sabido, conforme la normativa vigente en la materia (Ley Nº 26.485 art. 31), que los operadores judiciales deben garantizar la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los mismos y quiénes son sus naturales testigos.
Para ello, se deben considerar las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes. Por otro lado, respecto al valor probatorio de los testimonios acerca de los hechos endilgados al imputado, con acierto se ha dicho que: “La circunstancia de que los testigos no hayan visto por sí mismos los hechos que motivaron la causa penal, sino que se limitan a repetir lo que escucharon de terceras personas, no invalida per se sus declaraciones.”. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Sala IV; “Marcus, Alejandro Fabián Rubén”; 10/11/2008 Cita Online: AR/JUR/17536/2008.- En relación a la suficiencia de la prueba para el dictado del procesamiento, en un caso grave como el que nos ocupa, incluso en una etapa de casación más avanzada a la que transita esta causa, fueron valorados por un Alto Tribunal elementos similares a los agregados en autos, llegando en este antecedente a rechazar un recurso de casación.
Al respecto se dijo: “El recurso de casación interpuesto contra la condena por el delito de abuso sexual agravado por la calidad del sujeto activo y por la situación de convivencia debe ser rechazado, pues los argumentos recursivos evidencian una disconformidad con el pronunciamiento del Tribunal del Juicio y no un ataque fundado contra aquél, ya que los reproches se dirigen más bien a una negación ilógica de las probanzas que a demostrar la arbitrariedad en el razonamiento del juzgador que se basó tanto en los testimonios de la víctima y en los informes psicológicos realizados sobre aquella, los cuales dan cuenta que no presentaba pensamientos fabulatorios o imaginativos, lo que conjugaba para la gravitación de la credibilidad de su testimonio.” (Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes; 12/02/2015; “E., M.
A. P/ abuso sexual gravemente ultrajante doblemente calificado por la calidad de guardador y por la convivencia preexistente con una menor de 18 años dos veces reiterada (tres hechos) y abuso sexual por acceso carnal doblemente calificado por la calidad de guardador de la víctima y por la convivencia preexistente con una menor de 18 años s/ concurso real”; LA LEY 05/06/2015, Cita Online: AR/JUR/187/2015).- La decisión adoptada por la Sra. Magistrada se enrola en los estándares de Perspectiva de Género -que recientemente ha acuñado la CSJN-, y a la valoración que los jueces debemos efectuar cuando estamos en presencia de estos delitos .-
Ello fundamentalmente en atención a que ha sido materia de tratamiento la circunstancia de extrema vulnerabilidad en la que se habría encontrado la persona al momento del hecho que se denunciara.-
La resolución atacada evidencia en torno a este punto un acabado cumplimiento a las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., tales como la “Convención de los Derechos del Niño”, “Convención Belem do Para”, “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), entre otras disposiciones normativas de carácter internacional y nacional.- En función de lo expresado, no vislumbrándose, se insiste, la resolución atacada violatoria de los derechos de defensa, que deberá confirmarse en esta instancia el procesamiento del imputado A.E.H. dictado por la instrucción y en orden al delito allí calificado.-
Por tales motivos, no quedan dudas que los elementos reseñados, alcanzan –al menos en esta etapa procesal-, para acreditar el hecho, y la responsabilidad que “prima facie” le cabe al imputado en el mismo.-
En este sentido, se ha dicho: “El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio.”. (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612).- Por último la defensa cuestiona el embargo dispuesto por la suma de pesos cien mil ($ 100.000) a su asistido, argumentando que su defendido no posee capacidad económica, que la suma es excesiva, debiendo reducirse el monto del embargo sobre sus bienes.-
Ahora bien, en este punto debo decir la reducción solicitada no tendrá acogida favorable en esta instancia.-
Sobre esta cuestión cabe referir que la Ley de Procedimientos en materia penal, de manera imperativa, establece que el Juez -al dictar el auto de procesamiento- ordenará el embargo de bienes del imputado, cumpliendo el auto apelado -en este punto- con las reglas establecidas en el Art. 499 del C.P.P..-
En efecto, de una atenta lectura de la resolución puesta en crisis -en lo que se refiere propiamente al agravio articulado- se advierte que la Sra. Magistrada (en el apartado IV) de los considerandos) ha valorado todos los elementos probatorios agregados a estos autos, los cuales le han permitido arribar a una resolución de tipo incriminante como lo es el auto de procesamiento, y que conforman basamento de suficiente entidad para sustentar una acreditación provisoria del hecho investigado y de la participación del imputado en el mismo, lo que respalda el dictado de la medida cautelar atacada, resultando la misma adecuada a derecho, señalando los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria, considerando que guardan relación con el perjuicio que se hubiere causado.- Por otro lado, no debemos perder de foco la gravedad del delito investigado y el tiempo trascurrido desde que se dictó la medida con los altos niveles inflacionarios, razón por la cual el monto no se vislumbra como inadecuado.-
En orden a lo expuesto y a las circunstancias de los hechos debo decir que comparto el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por la Sra. Magistrada subrogante para la fijación de la medida precautoria y acorde a la entidad del daño penal como consecuencia del delito investigado en autos, por lo que la suma ordenada de Pesos cien mil ($ 100.000) no aparece como irrazonable ni desproporcionada.- En este sentido, resulta oportuno citar calificada jurisprudencia que dice “...el texto del art. 554 C.P.P. (art. 518 C.P.P.N. y 499 del C.P.P.S.C.) alude, de esta manera expresa, a la determinación de la cantidad sobre la que puede recaer el embargo explicitando que debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas. El legislador ha dejado librado al órgano judicial la apreciación o valoración de tales circunstancias, siendo posible su control jurídico, solo en tanto y cuanto el monto de la medida preventiva resulte grosera desproporción con las razones que determinaron al Juez a tomarla...” (Cámara de Acusación de Córdoba, A.I.: N20, 14/3/88. Causa: “Meana, Héctor Angel”. Vocales: Funes, Pueyrredon, Vargas. Secc. N1).-
III. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR los autos de fs. 113/118vta. de estos autos, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación web.-
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia