Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, Sala I · Causa 69785
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución impugnada en cuanto no hace lugar a la libertad condicional, como así tampoco a las salidas transitorias (arts. 13 del C.P., 16, 17 y ccdtes. de la ley 24.660, 439, 498 y ccdtes. del C.P.P.).
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Causa N° 69785
AUTOS Y VISTOS: El recurso de apelación interpuesto por el defensor oficial, Dr. Augusto Ponce, contra el auto pronunciado en fecha 27/10/2026, por el Juzgado de Ejecución Penal N° 1 departamental, que no hizo lugar a la libertad condicional ni a las salidas transitorias de J. L. H.
Y CONSIDERANDO: I. Que el nombrado fue condenado por sentencia firme dictada el 5 de agosto de 2019, por el Tribunal en lo Criminal N° 1 departamental, a la pena de 12 años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal agravado por haber sido cometido por el encargado de la guarda y contra un menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente -ambas figuras en concurso real entre sí y reiteradas bajo la modalidad de delito continuado-, sanción que vencerá el 1° de agosto de 2030.
II. Que el recurrente señala que la resolución impugnada ocasiona un perjuicio irreparable por estar en juego la libertad del justiciable, cuya restricción jamás podrá ser reintegrada en su goce originario.
Se queja de que la a quo denegó ambos beneficios basándose en la ausencia de antecedentes laborales y de instancias de capitalización, la falta de posicionamiento crítico y reflexivo del accionar disvalioso, la falta de convivencia con su pareja y los dictámenes inconvenientes emitidos por el DTC.
Destaca que su defendido posee conducta ejemplar 10 y concepto bueno, no registra sanciones disciplinarias, mantiene buena relación con el personal penitenciario como con sus iguales y le fue otorgado el régimen abierto en fecha 4/8/2026 por esta alzada.
Resalta que su pupilo realiza tareas laborales de jornada completa en el sector cocina con frecuencia diaria, lo que le dificulta poder estudiar y realizar cursos de formación profesional, agregando que, sin perjuicio de ello, finalizó el 3° ciclo del nivel primario durante su estadía intramuros.
Sostiene que no se le puede exigir al interno el reconocimiento del hecho, en tanto viola el principio de incoercibilidad del imputado vigente aún en la etapa de ejecución de la pena.
Manifiesta que la falta de convivencia con su pareja, a quien conoció mediante redes sociales mientras transita su estadía en contexto de encierro, no es óbice para denegarle los institutos en trato, toda vez que cuenta con una tutora, un domicilio y su consentimiento para allí recibirlo.
Por todo lo expuesto, solicita que se revoque el auto en crisis y se haga lugar a la libertad condicional de su asistido o, en subsidio, se le otorguen las salidas transitorias.
III. En el caso que nos ocupa, más allá de que el penado cumple con el requisito temporal exigido para la libertad condicional, de lo obrado surgen reservas en cuanto a su futura reinserción social, sumado a la ausencia de un pronóstico favorable al respecto (requisito indispensable conf. art. 13 C.P.), ya que los peritos integrantes del DTC, luego de valorar los informes remitidos por las diferentes áreas concluyeron que, resulta inviable el otorgamiento de la libertad peticionada.
En primer lugar, no podemos soslayar que de la pericia psicológica realizada el día 5/10/2026 por la Lic. M. S. B., perito psicóloga oficial de la Asesoría Pericial departamental, se desprende que ".El análisis global de los datos recabados, permite inferir un patrón conductual basado predominantemente desde lo instintivo pulsional, es decir con predominio de la acción por sobre la reflexión, e inestabilidad psicoafectiva. Asimismo, puede evaluarse un déficit en la internalización de las normas y pautas socialmente establecidas y carencia de preocupación por los otros. Lo mencionado se volcaría en los vínculos que establece y en su modelo de resolución de conflictos, con una tendencia a sobrepasar los límites de terceros en atención a la satisfacción de sus propios deseos y necesidades y con escaso compromiso en sus vinculaciones.Todo lo antes señalado lo torna propenso a verse involucrado en situaciones desadaptativas. En virtud de lo evaluado, se considera de vital importancia todo aquel trabajo que pueda realizarse con el mismo tendiente a la revisión de sus patrones vinculares y a la posibilidad de contemplar otros modelos de acción y formas vinculares.".
Lo anteriormente detallado evidencia la falta de "recursos internos" que le permitirían desenvolverse con éxito en el regreso paulatino al medio libre.
Al respecto, somos de la postura de que mientras el contenido de los informes psicológicos tenga trascendencia jurídicamente relevante, pueden ser tenidos en cuenta para adoptar una decisión adversa a los intereses del justiciable, pues lo habilita la misma letra de la ley y no por ello puede considerarse lesivo al contenido del art. 19 de la Constitución Nacional, ni violatorio del principio de resocialización y progresión de la pena; aclarando que no en el sentido de buscar una conversión moral o una posición autoinculpatoria.
Así las cosas, cabe señalar lo sentado por la Sala V del TCP (en causa 74.120 "B. J., R. A. s/ abuso sexual agravado", entre otras), en cuanto sostiene que: "...En este esquema no es excluyente cual sea la perspectiva moral del condenado frente al delito, menos para desfavorecerlo, sino que debe prevalecer el análisis de los recursos de los que disponga, tanto internos como externos a él, para poder favorecer exitosamente las sucesivas etapas previstas para el cumplimiento de la pena...".
Por otro lado, cabe señalar que, tal como lo expuso la a quo , en el informe socioambiental la profesional interviniente concluyó lo que a continuación se transcribe: ".En virtud de las actuaciones realizadas, se desprende que, en caso de acceder a un nuevo Régimen de Ejecución de la Pena, Hounau se insertaría en el domicilio de su pareja: M. I. Q., quien reside en el domicilio visitado junto a sus dos hijos de 30 y 19 años de edad, y su nuera de 19 años de edad, así como también, recibiría la visita de su hija menor de edad en su vivienda . Infiriéndose que entre la entrevistada y la PPL existiría un vínculo de pareja, conociéndose mediante redes sociales mientras la PPL transita su estadía en contexto de encierro. Surgiendo que la misma estaría dispuesta a brindarle acompañamiento, asimismo, no problematizaría el delito por el cual la PPL se encuentra detenida y penada, creyendo en su relato exculpatorio. Dicha postura, sumado a que el vínculo ha transcurrido mientras H. permanece en contexto de encierro permiten inferir reservas en relación a la contención que podría recibir en este hogar, y respecto a una futura convivencia .".
De lo antes narrado surgen dudas respecto de la contención que recibiría el causante en el acceso al medio libre de forma anticipada, lo que podría dificultar su reinserción social y nos lleva a actuar con cautela, teniendo en cuenta el beneficio solicitado.
Asimismo, vista la naturaleza de los hechos por los que cumple condena, no puede ser ignorada la visita de una menor de edad en el domicilio propuesto, reiterando de nuestra parte que sería indispensable que pueda abordar la temática de violencia de género a través del programa "Deconstruyendo Masculinidades" o equivalente.
En razón de todo lo expuesto, aparece razonable la decisión denegatoria recurrida en cuanto no hace lugar a la libertad condicional del encausado, toda vez que, más allá de los aspectos positivos señalados por el recurrente, los elementos ut supra mencionados, desde nuestro punto de vista, dan base todavía a un sentido negativo sobre la prognosis de reinserción social del encartado (conf. art. 13 del C.P.).
IV. Ahora bien, daremos tratamiento a las salidas transitorias conforme la ley de ejecución nacional 24.660, en su versión anterior a la reforma introducida por la ley 27.375, toda vez que así fue ordenado a la jueza de grado por esta sala en el incidente N° 68.865.
En tal sentido, si bien el incurso tiene satisfecho el requisito temporal, posee el grado máximo de conducta y cuenta con los aspectos positivos resaltados por la defensa, no ha sido merecedor de un concepto favorable respecto de su evolución por parte del organismo técnico criminológico (requisito indispensable conf. art. 17, inc. IV de la ley 24.660).
Decimos ello toda vez que el DTC concluyó que resulta inconveniente la inclusión del encartado en el instituto en trato, destacando, entre otras cosas que ".surgen situaciones a tener en cuenta. Se torna indispensable su inclusión en área educativa, recordando que no ha concluido el nivel básico primario y obligatorio, esta medida es imperativa para garantizar los objetivos de la progresividad y asegurar el avance de su tratamiento penitenciario. La educación debe ser la herramienta fundamental para la resocialización al medio socio comunitario. Por otro lado, hasta el momento continúa sin presentar interés en averiguar cuáles fueron las causas que determinaron su acto al margen de la ley de carácter sexual.".
Al respecto, entendemos que, si no hay razones suficientes que justifiquen apartarse de las conclusiones de dicho informe, la prudencia aconseja tomar la recomendación suministrada por quienes siguen en forma directa la evolución del interno y están en mejores condiciones de emitir un juicio de prognosis sobre su conducta en un contexto de regreso gradual al medio libre.
Así las cosas, hemos de considerar acertada la decisión denegatoria adoptada por la a quo también respecto de este beneficio, en base a que los elementos de cautela tanto antes mencionados como aquellos señalados en el punto que antecede, resultan ser un obstáculo para el egreso paulatino del justiciable al medio libre.
V. Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: CONFIRMAR la resolución impugnada en cuanto no hace lugar a la libertad condicional, como así tampoco a las salidas transitorias (arts. 13 del C.P., 16, 17 y ccdtes. de la ley 24.660, 439, 498 y ccdtes. del C.P.P.).
Regístrese, hágase saber y notifíquese al órgano de grado.
Firmas
Funcionario firmante: REGGI Oscar Horacio - JUEZ
Funcionario firmante: RISULEO Carlos Gabriel - JUEZ
Funcionario firmante: GARCIA Martina Soledad - AUXILIAR LETRADO
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1382-2026
Fin de la sentencia