Abriendo la norma
TOMO CLXIV - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.-
REGISTRO N° 10.259 FOLIO N° 016/020 PROT. ELECT. JR101 407I.261
Río Gallegos, 16 de septiembre de 2026.-
La presente causa caratulada "H.J.E. S/ Lesiones Graves (Resultara Víctima)“ - Expte. N° 90944/24 - Apelación/Causa JR N° 10340/26, venida a despacho para resolver y de la que,
Que a fs. 74/79, obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez Subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Uno de Rio Gallegos, que en su punto l) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado L.J.M., en orden al delito de “Lesiones Graves Culposas” (Arts. 45 y 94 segundo párrafo del Código Penal); en tanto qué en su punto II) trabó Embargo sobre los bienes del procesado (Art. 499 C.P) hasta cubrir la suma de Pesos Un Millón ($1.000.000).
Que a fs. 85/91vta., la defensa técnica apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 95, no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P.-
Que, previo a todo trámite, y en atención a los planteos de nulidad expuestos por la parte recurrente, a fs. 94 se corrió en vista las presentes actuaciones a la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial, y a fs. 97/98 se adunó su dictamen.
Que de esta forma, quedan los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa sostuvo, en términos generales, que la resolución recurrida ocasiona a su asistido un perjuicio procesal irreparable.
Que, en pos de un adecuado tratamiento de los agravios expresados por la parte recurrente, consideramos conveniente enumerar las cuestiones a resolver.
II. Del agravio referido a la nulidad del procesamiento -arbitrariedad- errónea, indebida e indiferenciada intimación del hecho -falsa atribución del rol de “empleador y socio gerente”- motivación aparente:
La defensa se agravió al sostener que el decisorio apelado se funda en una indeterminación de la imputación, en tanto equipara incorrectamente la condición de persona física con la de persona jurídica -“L. S.R.L.”-, la cual constituye un sujeto de derecho distinto. Asimismo, indicó que la calidad de “empleador” no puede ser determinada por la justicia penal.
En tal sentido, sostuvo que se atribuye falsamente dicho carácter a una persona física que, según afirmó, no explota el comercio ni desarrolla la actividad en cuyo marco se habría producido el hecho investigado.
En sustancia, señaló que la falta de precisión respecto de si las obligaciones emanadas de la Ley de Seguridad e Higiene recaían sobre la sociedad o sobre su pupilo procesal a título personal, le habría impedido ejercer eficazmente su derecho de defensa –debiendo abstenerse a declarar-, vulnerándose así la garantía del debido proceso y tornando nulo, a su entender, el auto de procesamiento. Citó doctrina en respaldo de su postura.
III. Del agravio referido a la responsabilidad penal de las sociedades comerciales - Improcedencia:
La parte recurrente se agravió, subsidiariamente, por la errónea extensión de responsabilidad a una persona jurídica distinta de su defendido.
En tal sentido, bajo la invocación del principio societas delinquere non potest, afirmó que el delito de lesiones culposas exige necesariamente una conducta humana individual. A partir de ello, sostuvo que no resulta suficiente invocar la condición societaria en abstracto, sino que es necesario acreditar que fue el propio imputado quien tenía a su cargo -ya sea de hecho o por asignación funcional- la provisión de elementos de seguridad y la capacitación del personal para la tarea de refacción del techo, circunstancia que, a su juicio, habría sido omitida en el auto atacado.
De igual manera, se agravió por la falta de acreditación de que el imputado hubiera encomendado personalmente la tarea de refacción, señalando que ni siquiera se encontraba presente en el lugar.
Agregó que no existe prueba testimonial, documental ni de otra naturaleza que permita acreditar que su asistido haya sido quien, en forma personal y directa, encomendara al Sr. H.J. la específica tarea objeto de la presente investigación, como tampoco que hubiera impartido instrucciones concretas respecto del modo en que debía ejecutarse.
Que iniciado el abordaje conjunto de los agravios expuestos en los considerandos II) y III), por encontrarse sustancialmente vinculados, adelantamos, no habrán de prosperar. En efecto, y en concordancia con lo expuesto por la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones, la declaración de nulidad procesal es una medida de carácter excepcional y de interpretación restrictiva, que exige la acreditación de un vicio esencial que ocasione un perjuicio concreto y un estado real de indefensión, circunstancias que no se vislumbran en autos.
En el caso bajo investigación, la plataforma fáctica reprochada al Sr. L.J.M se encuentra debidamente individualizada, pues se consignó con precisión la fecha y lugar del hecho, la identidad del damnificado, la tarea que se encontraba realizando y, concretamente, la conducta omisiva atribuida al imputado, vinculada con el incumplimiento de los deberes de seguridad, la falta de provisión de elementos de protección y de capacitación, conforme las exigencias de la Ley Nº 19.587.
Asimismo, la atribución efectuada no se sustenta en una imputación objetiva a la persona jurídica “L. S.R.L.”, ni en el mero carácter formal de “socio gerente” del encartado. Por el contrario, el Sr. Juez Subrogante de grado ponderó la composición societaria y los elementos probatorios incorporados al legajo, especialmente las declaraciones testimoniales, de las que surge que era L.J.M. quien ejercía efectivamente la dirección de las tareas e impartía las órdenes de trabajo.
En tal sentido, reviste particular relevancia la declaración del damnificado, Sr. H.J.E., quien señaló que era el imputado quien le impartía directamente las órdenes y abonaba las remuneraciones. Tales circunstancias, valoradas conjuntamente con los restantes elementos incorporados, permiten sostener, con el grado de probabilidad propio de esta instancia procesal, que la conducta reprochada fue atribuida al encartado a título personal.
Por otra parte, la facultad de abstenerse de declarar fue una opción libremente ejercida por el imputado en los términos del art. 279 del C.P.P., sin que pueda ser vinculada con una supuesta indeterminación del hecho.
En consecuencia, consideramos, la resolución recurrida no atribuyó responsabilidad al causante en abstracto, como tampoco por el sólo cargo que detentaba, sino a partir de los elementos probatorios colectados, en cuanto el Magistrado concluyó que, en su carácter de responsable directo del establecimiento y de las tareas allí desarrolladas, habría incurrido personalmente en la omisión de proveer los elementos de seguridad necesarios y capacitar al personal a su cargo. Por todo lo expuesto, como bien dictaminó la Sra. Fiscal, los argumentos expuestos por la defensa se traducen en una mera disconformidad con la valoración efectuada por el Sr. Juez Subrogante de grado, sin lograr demostrar la existencia del vicio formal alegado ni un estado de indefensión concreto, por lo que corresponde rechazar los agravios.
IV. Del agravio referido a la teoría de la imputación objetiva -competencia de la víctima:
Se agravió la parte recurrente al sostener, con fundamento en la teoría de la imputación objetiva, la ausencia de nexo de atribución del resultado al imputado, toda vez que, según afirmó, fue la propia víctima quien decidió asumir voluntariamente un riesgo dentro de su propio ámbito de organización, quedando dicha conducta comprendida en su esfera de responsabilidad y excluyendo, por tanto, la responsabilidad de terceros.
En este sentido, señaló que tanto el relato del propio damnificado como los dichos del testigo T.A., dieron cuenta de que las condiciones climáticas al momento del hecho eran adversas -“agua nieve”-, y que el presunto damnificado utilizó su propia escalera, decidiendo ascender y descender en pleno conocimiento del estado del piso.
Bajo dicho marco, argumentó que no existió una orden directa impartida al Sr. H. para llevar adelante las tareas bajo tales circunstancias, configurándose, a su entender, una autopuesta en peligro de la víctima que, conforme la doctrina invocada, excluye la responsabilidad penal de su asistido.
V. Del agravio referido a la atipicidad de la figura -derecho penal como última ratio:
Por otra parte, la defensa sostuvo la indebida criminalización de un accidente de trabajo. En tal sentido, señaló que el derecho penal reviste carácter de última ratio y que no debe ser utilizado para dirimir conflictos de índole laboral. Afirmó que la sustanciación de un proceso penal de estas características importa, a su criterio, un “brote punitivista”, cuestionando asimismo que el Agente Fiscal no hubiera propiciado el archivo de las actuaciones.
De esta manera, remarcó que la Ley de Seguridad e Higiene no constituye una ley penal en blanco que habilite la persecución punitiva automática ante la sola existencia de un accidente de trabajo.
Que, en virtud de que los agravios expuestos en los considerandos IV) y V) versan, en sustancia, sobre la misma cuestión, habremos de abordarlos conjuntamente, adelantando que no tendrán favorable acogida.
Pues bien, en el marco de la teoría de la imputación objetiva en los delitos culposos, el tipo penal exige que el resultado dañoso pueda ser atribuido a la conducta antirreglamentaria desplegada por el imputado, extremo que en autos fue expresamente ponderado por el Magistrado (véase fs. 78, segundo párrafo).
En el presente caso, el damnificado no actuó dentro de un ámbito de autonomía libremente asumido, sino en el marco de una relación de dependencia fáctica y en cumplimiento de una orden de trabajo impartida en el local gastronómico – propiedad del encartado-.
En efecto, la conducta atribuida al imputado habría incrementado -de manera jurídicamente desaprobada- el riesgo propio de la actividad, al ordenar y permitir la realización de tareas en altura, sin proveer los elementos de seguridad básicos ni la capacitación necesaria para prevenir eventuales caídas. Dicho riesgo se habría concretado en el resultado lesivo sufrido por H., cuyas lesiones graves se encuentran acreditadas en autos. De este modo, y contrariamente a lo sostenido por la defensa, el resultado no aparece como consecuencia de un obrar autónomo e imprevisible de la víctima, sino vinculado -con el grado de probabilidad- con la conducta omisiva atribuida al encartado, circunstancia que permite descartar, en esta etapa, la pretendida ajenidad de su conducta respecto del resultado. Por lo expuesto, los argumentos introducidos por la parte recurrente tampoco habrán de prosperar.
VI. Del agravio referido a la errónea aplicación de la ley sustantiva - vicio in iudicando - inaplicabilidad de la agravante prevista en el art. 94, segundo párrafo, del Código Penal:
A su vez, la parte recurrente se agravió al considerar que la aplicación del art. 94, segundo párrafo, del Código Penal a los hechos investigados constituye -a su juicio- una errónea aplicación de la ley sustantiva y, en consecuencia, un vicio in iudicando, toda vez que se habría subsumido la conducta de su representado en una figura agravada cuyo presupuesto de hecho no concurre en el caso.
Así, sostuvo que la norma exige de manera inexcusable la existencia de una pluralidad de víctimas lesionadas y que, al existir en autos un único damnificado, la agravante resulta inaplicable. En consecuencia, afirmó que, de corresponder algún reproche penal, los hechos deberían encuadrarse en el tipo básico previsto en el primer párrafo del art. 94 del Código Penal. Que en abordaje del presente agravio, corresponde señalar que tampoco tendrá favorable acogida. Pues bien, cabe señalar que, en este tipo de pronunciamiento sólo se acerca a un juicio de probabilidad delictual, donde prevalecen los elementos incriminantes por sobre los de descargo, siendo suficiente para que proceda su dictado, que la acción represiva se halle debidamente fundada en derecho; lejos está de ser considerado como un pronunciamiento definitivo, pues sólo se requiere la probabilidad de la verdad de la imputación.
De igual manera, esta Alzada viene sosteniendo de manera reiterada, -desde el año 2022 y en concordancia con los dictámenes de la Sra. Fiscal de Cámaras-, que la calificación legal resulta ser de carácter provisorio y mutable, con lo cual no causa estado, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia; siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. (Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 9609/25 y 10037/26, entre otras tantas).
En igual sentido, resulta ilustrativo lo resuelto recientemente por nuestro Tribunal Superior de Justicia, que en autos caratulados: “V.J.A. S/Homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones graves”, Expte. Nro. 1701/24/TSJ, en fecha 14/05/26, mediante el recurso de casación, hubo de modificar el encuadre legal establecido por el Juzgado de Instrucción, elevando el monto de la condena que había recaído en la Cámara Criminal y Correccional de la 1ra Circunscripción Judicial.
En función de lo expuesto, y sin perjuicio del carácter provisorio del encuadre jurídico asignado, corresponde concluir que los planteos introducidos por la defensa no logran conmover los fundamentos del decisorio recurrido, ergo, el presente agravio no prosperará.
VII. Del agravio referido al monto del embargo:
Finalmente, la defensa se agravió al considerar que el embargo decretado por la suma de pesos un millón ($1.000.000) resulta excesivo y desproporcionado en relación con la naturaleza de la medida cautelar.
Asimismo, indicó que el monto dispuesto carece de pautas objetivas de mensuración, fundamento aritmético o relación directa con las constancias de autos, prescindiéndose -a su entender- de una debida fundamentación.
Sostuvo que ello impide considerar al embargo como un acto jurisdiccional válido y que, por tal motivo, la medida dispuesta deviene nula de nulidad absoluta.
Que en relación al presente agravio, tampoco habrá de prosperar.
En primer término, cabe señalar que el Magistrado actúo de conformidad con lo previsto en el artículo 499 del C.P.P., el cual establece que, al momento de dictar el auto de procesamiento, debe ordenar -asimismo- el embargo de bienes del imputado.
En segundo término, consideramos, no se advierte la falta de fundamentación invocada por la defensa. En efecto, el Sr. Juez Subrogante de grado explicó los parámetros ponderados para establecer la suma de pesos un millón ($1.000.000), conforme surge de fs. 78/vta., precisando que la medida se encuentra destinada a resguardar la eventual pena pecuniaria, las costas procesales y la efectividad de las responsabilidades civiles emergentes del delito.
En tal sentido, la jurisprudencia ha señalado que:
"…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, (el monto del embargo) debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar esos fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).
A ello se suma que, en el caso concreto, la suma fijada no se presenta como excesiva ni desproporcionada, si se atiende a la entidad del hecho investigado, las graves secuelas constatadas en el damnificado -traumatismo encéfalocraneano, hemorragia subaracnoidea e hipoacusia neurosensorial bilateral permanente- y los gastos médicos derivados de aquellas. Tales circunstancias permiten descartar que el monto haya sido establecido de manera arbitraria, resultando, por el contrario, razonable y adecuado a las finalidades propias de la medida. En consecuencia, esta Alzada comparte los fundamentos expuestos por el A Quo, como también la cifra establecida, por lo que corresponde confirmar el monto de la medida de embargo decretada respecto al causante M.L.J., y rechazar el presente agravio.
Finalmente, esta Alzada coincide en un todo con el juicio de valor al que arribó el a quo en el decisorio cuestionado, entendiendo que la resolución se encuentra ajustada a derecho, debiendo confirmarse íntegramente el auto de procesamiento.
VIII. Señalamiento al Juzgado interviniente:
En otro orden de ideas, y atento a las facultades de superintendencia atribuidas a este Juez de Recursos, se exhorta a la instrucción a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el art. 197 del C.P.P. de la Provincia de Santa Cruz, específicamente a las disposiciones procesales referentes al tiempo de la tramitación en la investigación y a las pautas contenidas para solicitar una extensión en el plazo de instrucción.
Es que, sin perjuicio de no ser una causal que opere en detrimento de la consistencia respecto de los fundamentos de la resolución recurrida, advertimos que no se han respetado los tiempos que establece nuestro código de procedimiento en materia penal, lo que impone efectuar el presente señalamiento.
Ello, a fin de evitar que en lo sucesivo, transcurran meses enteros sin registrar actividad procesal en los expedientes, con la consecuente restricción de acceso a la justicia. En efecto, se advierte que desde el 02 de febrero de 2026 (informe de pase a resolver) hasta el 30 de junio de 2026 el expediente permaneció sin impulso procesal. Fue en la última fecha consignada cuando se dictó la resolución aquí recurrida, lo que evidencia una prolongada e injustificada dilación en la tramitación de la causa. En esta línea, se advierte que transcurrieron cinco (05) meses hasta que se dictó la resolución impugnada, sin que obre constancia de proveído o decreto alguno que justifique la prolongada inactividad previa.
Lo expuesto no hace otra cosa que dejar en evidencia el total avasallamiento que se ha plasmado a las mandas del art. 197 1er. párrafo del C.P.P., por parte de la sede judicial de Instrucción. Por dicha razón, se encuentra compelida a obrar conforme lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo de rito en cuestión.
Más allá de ser perfectamente advertible que durante el desarrollo de la instrucción, se pueden haber suscitado cuestiones que conspiraron contra la celeridad de la tramitación, lo cierto es que en el caso no se advierte justificación alguna para el período de paralización señalado, los cuales están muy lejos de plasmar la debida diligencia reforzada que nos exigen los estándares internacionales en este tipo de delitos.
En suma, la falta de apego a los plazos procesales del Juzgado interviniente no puede conculcar las garantías constitucionales, siendo que se atenta contra la prestación del debido servicio de justicia, por cuanto diluye las posibilidades de éxito en la investigación atento el tiempo transcurrido, razón por la cual se exhorta al Juzgado interviniente extremar los recaudos a fin de erradicar procederes de tal naturaleza, imprimiendo celeridad a las investigaciones.
IX. Reserva Caso Federal: La parte recurrente hace expresa reserva de ocurrir ante el TSJ mediante el recurso de Casación (art. 439 del C.P.P), y/o interponer el recurso Extraordinario Federal, conforme lo establecido por el art. 14 de la Ley 48; lo que se tendrá presente para el momento procesal oportuno.
X. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
XI. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, oído que fuera el Ministerio Público Fiscal, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de procesamiento de fs. 74/79, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden. 2º)- TENER PRESENTE la expresa reserva de recurrir en Casación ante el TSJ, y en recurso extraordinario federal ante la CSJN.
3. HACER SABER al Juzgado que interviene, lo señalado en el punto VIII) de los considerandos que anteceden. 4°)- REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
5. Firme que sea REMÍTASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
6. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la fir ma digital. Conste.
Fin de la sentencia