Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
TOMO CLVI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9790 FOLIO Nº 061/063 PROT. ELECT. JR101639I.251
Río Gallegos, 03 de diciembre de 2025.
La presente causa caratulada: “H.A.J. S/ PRESUNTA DESOBEDIENCIA” Expte. Nº H-76648/23, Apelación Nº 9921/25 venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 47/49 vta., obra glosado el auto dictado por el otrora Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Dos de Río Gallegos, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de A.J.H., en orden al delito de “desobediencia” (art. 239 del Código Penal).
Que a fs. 55/56 vta., la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 94 sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, a continuación, trataremos los agravios expresados, en el orden propuesto por la defensa en su presentación.
I. Imputación genérica: inicialmente, la defensa cuestiona que la imputación efectuada a su asistido abarque casi siete meses de diferencia, sin especificar textos o contextos en los que se habrían enviado los mensajes, lo cual –entiende- afectaría directamente la posibilidad de su defendido de manifestar lo que considere hace a su defensa. Aduce que ello parte de una imputación vaga, que pretendería enrostrar a su pupilo diferentes hechos de desobediencia, sin aportar características de lo imputado o, indicio cierto y concreto que respalde lo denunciado.
Que, adelantamos, este primer planteo será desestimado.
En este sentido, advierte haberse visto imposibilitada de defenderse en el acto en que se recepcionó declaración indagatoria a su asistido, en razón de una supuesta indefinición en la intimación de los hechos. Pese a ello, no sólo no describe el real perjuicio sufrido, sino que tampoco efectúa un pedido concreto como sanción a dicha falencia; es decir, qué persigue con este señalamiento. Veamos, sin que lo haya dicho expresamente la recurrente, podríamos intuir que postula se declare la nulidad de la declaración indagatoria por esa supuesta indefinición en la intimación, sin embargo, del acta labrada en la oportunidad (fs. 45/45 vta.), no surge que se hubiera efectuado observación alguna, negándose el imputado a declarar y suscribiendo el acta junto con su defensora. Asimismo, ciertamente, no se logra percibir tal indefinición en la imputación, pues la doctrina señala que: “… ante la ausencia de elementos que den cuenta del efectivo inicio o finalización de la conducta típica, debe contextuarse temporalmente la acción con el primer y último elemento probatorio de los que, cronológicamente, surja su ejecución.” (Romero Villanueva, Horacio J.; Principios de intimación, imputación y congruencia en el Código Procesal Penal de la Nación; SJA 07/11/2018, 309 -Cita Online: AR/DOC/3348/2018). Así se ha hecho en nuestro caso, donde se ha fijado un espacio de tiempo en el cual el imputado habría desoído en múltiples ocasiones el mandato judicial del Señor Juez del Juzgado de la Familia Nº Uno local, que expresamente impedía todo tipo de comunicación entre las partes, tales como: mensajes de texto, telefónica, vía mail, redes sociales, mensajería instantánea, medios telemáticos, etc. (fs. 14/14 vta.). Es así que, conforme las constancias de fs. 27/30, el incuso habría enviado mensajes de texto a la denunciante en fecha posterior a la notificación de la prohibición impuesta en las actuaciones civiles.
Que, estos elementos le fueron exhibidos al imputado y su defensa técnica en el acto de indagatoria, y allí optó por no declarar, sin efectuar observaciones al respecto.
Sorprende entonces que la defensa argumente un supuesto estado de indefensión de su asistido, pues estuvo presente en el acto procesal de indagatoria en que se imputó los hechos y las pruebas que obran en su contra, siendo su presencia justamente requerida por la ley a los efectos de garantizar sus derechos. Entendemos que de haber vislumbrado conculcación de algún principio constitucional o procesal, por lógica se imponía que en dicha oportunidad hubiera efectuado el señalamiento que hoy la agravia, motivo por el cual, rechazaremos este indefinido planteo.
II. Orfandad probatoria: en este segundo apartado, la recurrente asegura que la prueba reunida es escasa, y –a su juicio- deficitaria para determinar la materialidad del hecho.
En tal sentido, advierte que la única prueba en que se pretende sustentar el procesamiento, serían las capturas de pantallas glosadas a fs. 27/30, aportadas por la denunciante. Aquí, cuestiona que no se hubieran obtenido capturas –con certificación actuarial- en sede judicial. Refiere que tampoco se solicitó pericia sobre el celular de la dicente, y no se secuestró el celular del denunciado. En suma, critica que no se produjera una sola prueba o acto judicial para cotejar que las capturas remitidas por mail adquieran relevancia jurídica. En dicho carril argumentativo, esgrime que esta falta de prueba atenta contra la debida diligencia en casos de violencia de género, pues según dice, existiendo elementos que podrían colaborar el relato, no se llevó adelante diligencia alguna, generando –a su criterio- una indagatoria imprecisa y genérica, fundada en prueba sin cotejo, que dejaría al encartado sin su derecho de defensa. Al respecto, juzga insuficiente la instrucción de la causa para acreditar la materialidad del hecho y su autoría al imputado, pues entiende que la denuncia carece de poder convictivo suficiente, lo cual obliga a su análisis con la mayor rigurosidad posible, a fin de no afectar derechos personalísimos y garantías constitucionales con resolutorios que pueden ser arbitrarios. Finalmente, postula que en el caso se configuraría una duda razonable acerca de los extremos de la imputación endilgada a su asistido, razón por la cual pide se dicte la falta de mérito.
Que, este segundo planteo tampoco podrá prosperar.
En efecto, previo a todo, cabe señalar que tratándose de un hecho de violencia contra la mujer, la investigación debe necesariamente incluir la perspectiva de género (del dictamen del Procurador General de la Nación que la Corte, por mayoría, hace suyo en Corte Suprema de Justicia de la Nación; 29/10/2019; R., C. E. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 63.006 del Tribunal de Casación Penal, sala IV s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 63.006 del Tribunal de Casación Penal IV; SJA 04/12/2019, 04/12/2019, 37 - LA LEY 21/01/2020, 1; LA LEY 10/02/2020, 11, P.m.-S; Cita Online: AR/JUR/36601/2019). En tal sentido, resulta obligatorio para este magistrado analizar lo resuelto en el auto apelado y los agravios impetrados, a la luz de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país (v.gr. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y Convención de Belém do Pará), las leyes internas 26485 y 27372, la jurisprudencia imperante sobre la materia. Ahora bien, teniendo en cuenta lo preceptuado por el art. 16 inc. i) de la ley 26485, en relación a la amplitud probatoria en casos como el que nos ocupa –contrario a lo expuesto por la defensa-, debemos considerar suficientes los elementos valorados en autos para el dictado del auto de procesamiento.
Al respecto, la doctrina tiene dicho que: “Para que se perfeccione el delito de desobediencia, las notificaciones que contienen mandatos o intimaciones judiciales, deben practicarse directamente al destinatario…” (Donna, E., “Derecho Penal. Parte Especial”, tomo III, Ed. Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, pág. 95).
En nuestro caso, surge de las constancias de fs. 14/14 vta., que el imputado se encontraba en conocimiento de la medida prohibitiva y, sin embargo, habría enviado mensajes a la damnificada.
Que, lo declarado por la denunciante es reforzado con las copias de capturas de pantalla del teléfono celular de la misma, las cuales dan cuenta de la supuesta remisión de mensajes por parte del incuso, estando vigente la prohibición.
En un reciente fallo que esta alzada comparte, conspicua jurisprudencia, sostuvo: “El imputado debe ser condenado por el delito de desobediencia a la autoridad, ya que la declaración de la víctima fue recogida por el juez con las ventajas que ofrece la inmediación y cuya credibilidad se vio respaldada tanto por las capturas de pantalla como por la actitud que ella asumió en el juicio, que desmereció cualquier eventual duda acerca de la efectiva recepción de los mensajes por parte del denunciado quien debía abstenerse de contactarse.” (Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional; Sala I; 04/12/2024; Oficina de violencia doméstica y otro c. A., A.A. s/ infracción ley 26.485; RDP 2025-4, 63; Cita: TR LALEY AR/JUR/187994/2024). A riesgo de resultar reiterativos, ya en el año 2016, se había dicho: “El imputado debe ser procesado por los delitos de desobediencia y coacción, pues se acreditó que habría incumplido una orden de alejamiento dictada a favor de la víctima, enviándole mensajes y llamándola…” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala I; 31/10/2016; V. D. W., R. R. s/ procesamiento; Cita: TR LALEY AR/JUR/74697/2016). Que, tras el repaso efectuado, vemos que los elementos valorados por la instrucción resultan suficientes para el dictado del auto de procesamiento, debiéndose descartar asimismo los planteos relativos a la prueba que –a criterio de la defensa se debió producir-, pues desde su designación (fs. 44) se encontraba facultada por el art. 190 del CPP para pedir las medidas probatorias que estime pertinentes y no lo hizo. Además, es sabido que en la etapa de instrucción los jueces no están obligados a producir todas las medidas de prueba solicitadas por las partes, sino sólo las que estimaran pertinentes y útiles a fin de comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad (CNPE Sala A; 29/09/2022; P. G., D. A. s. Recurso de queja en: U. L. S.A. y otro s. Legajo de investigación Rubinzal Online; RC J 6203/22). Por tal motivo, confirmaremos íntegramente el auto apelado.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 47/49 vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia