Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los agravios vertidos por el recurrente y confirmar la sentencia en crisis en todo cuanto fuera materia de agravios.
2Imponer las costas de la instancia al recurrente por el principio objetivo de la derrota del art. 68 del CPC.
3Diferir la regulación de honorarios hasta tanto obre en autos regulación de la instancia de grado.
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8.248/23 Sentencia: 3042 Actor: H. L.O Demandada: B. A.A.
Objeto: Desalojo Fecha: 16 de febrero de 2.024 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los dieciséis días del mes de febrero de dos mil veinticuatro se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “H.L.O c/ B.A.A s/ desalojo” Expte. N°20863 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Nº1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la ciudad de Pico Truncado que ingresara en la instancia bajo el Nº8248/23. A estos fines se determinó el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Griselda I. Bard y Jorge O. Alonso para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que con la documentación que acompaña al escrito de fs. 8/9 L.O.H por propio derecho, con el patrocinio del Dr. C. G. T.V. promueve demanda de desalojo contra la Sra. A.A.B. y/o ocupantes y/o intrusos del inmueble de la Calle Ramón Lista 1180 de Pico Truncado inmueble de su exclusiva propiedad conforme título que adjunta. Relata que con la demandada mantuvieron una relación concubinaria producto de la cual tienen dos hijos y que cesada la convivencia él se alejó de la vivienda dejando a la demandada para que la ocupara con los dos hijos. Explica que desde noviembre de 2019 los hijos se encuentran viviendo con él, en su domicilio, que es un departamento que no tiene comodidades para ellos cuando en el bien objeto de acción tienen todas y es donde se criaron como hábitat natural. Mientras la demandada ya no tiene la custodia de los hijos y posee su propio inmueble en pasaje Deseado 164 parcela 8 sección 00 manzana 19.401. Invoca reclamos hasta la notificación mediante escritura y la respuesta de la demandada que aludió un acuerdo inexistente y la necesidad de la vivienda por el cuidado de los hijos y lo dispuesto por el art. 526 del Código Civil y Comercial y su contestación. Sostiene que la demandada ocupa el inmueble en calidad de intrusa, que no ha dado cumplimiento voluntario a la desocupación, que se encuentran agotadas las instancias extrajudiciales por lo que promueve esta demanda y pide se ordene el desalojo de la demandada ocupantes e intrusos con sus efectos personales dejando en el mismo todos los bienes muebles del inmueble en el mismo buen estado que se encuentran. Invoca el derecho y ofrece pruebas. Pide se haga lugar a la demanda.
II. Que se imprime el procedimiento ordinario y se corre traslado de la acción con el mandamiento de fs. 12/13. En PE 144851/2021 se presentan los Dres. C.E.L. y S.G. en representación de la Sra. A.A.B. conforme poder y solicitan el rechazo de la demanda. Tras una negativa de rigor señala una relación de pareja entre 2001 y 2015 que constituyó una sociedad de hecho período en que fue adquirido el inmueble objeto de autos. Expresan que su representada invirtió gran cantidad de dinero ganado con su trabajo en refacciones y ampliaciones que se hicieron a lo largo de once años en que convivieron en la vivienda con los hijos. Dice que la relación de pareja se inició en 2001 y la compra y la posesión conjunta del bien por ambos convivientes ocurrió en 2004 y se escrituró en 2007 ya siendo padres y habiendo invertido ambos en forma conjunta y por partes iguales grandes sumas para las obras realizadas en el inmueble que resultó el hogar familiar durante la mayor parte de la convivencia desde el año 2004 a fines de 2015.
En diciembre de ese año el actor se retiró ante la ruptura definitiva de la relación. Sostiene que desde entonces la demandada vive en el inmueble y tiene la posesión del mismo. Invoca que la demandada es coposeedora en el marco de una sociedad de hecho que conformaron durante la convivencia en aparente matrimonio. Expresa será objeto de la prueba a producirse que conformaron una sociedad de hecho y que ambos colaboraron en la construcción del bien. Hace hincapié en que la demandada siempre trabajó teniendo 22 años de antigüedad en la firma Paralelo 46 TV SA realizando grandes inversiones destinadas a la realización de distintas obras y ampliaciones (dos habitaciones y un baño). Agrega que no solo trabajaba y realizaba aportes dinerarios constantes, sino que se dedicaba a las tareas domésticas del hogar y crianza de los hijos tarea con valor económico que debe analizarse desde una perspectiva de género.
Por ello entiende que no se la puede considerar una intrusa sin derecho alguno sobre el inmueble. Dice que la acción de desalojo no podrá prosperar por no estar ante la presencia de un contrato de locación ni se está frente a un propietario y una intrusa y por ello se improcedente la acción intentada. Reitera que el actor ha promovido una acción personal de desalojo y se refiere al objeto de esa acción de la que resultan excluidas las cuestiones que exceden ese conflicto. Entiende que se debe determinar en autos que la demandada no resulta una intrusa, ni existió un contrato de locación. Dice que se acreditará que la demandada conformó una sociedad de hecho con su conviviente durante el tiempo que duró la relación de la cual nacieron dos hijos.
Se refiere a la necesidad alegada del actor respecto de recuperar la posesión del inmueble en base a un supuesto cuidado personal que ejercería de los hijos y afirma que el cuidado personal no ha sido atribuido de manera unilateralmente a ninguno de los progenitores en los términos de los arts. 651; 653 y concordantes del Código Civil y Comercial, sino que es ejercido de hecho de manera compartida dividiendo las responsabilidades. Sostiene que en la actualidad los hijos no se encuentran viviendo con el padre quien vive en la actualidad con su nueva pareja. Expresa que los hijos tienen todas las comodidades necesarias sin que haya diferencia con las que tienen en el domicilio ocupado por la madre.
Expresan que los hijos tienen contacto permanente con la madre, la visitan asiduamente y tienen en ese domicilio sus pertenencias y un espacio adecuado. Por ello entiende que no se encuentran acreditados los requisitos necesarios para que la demandada pueda ser sujeto pasivo de una acción de desalojo y que no existe obligación de desalojar.
III. Que producida la prueba obrante en autos certificada por la actuaria en PE 480829/2022 solo alega sobre el mérito de ella la parte actora. La sentencia que obra en PE 788230/2023 rechaza la demanda promovida por L.O.H. contra A.A.B.y contra toda otra persona que resulte ocupante del inmueble materia de autos, e impone las costas al actor en su calidad de vencido. Difiere la regulación de honorarios.
IV. Que disconforme con lo resuelto el actor en PE 799225/2023 interpone recurso de apelación que le es concedido libremente y con efecto suspensivo en PE 507540/202. Sostiene el recurso con la expresión de agravios instrumentada en PE 922780/2023 agravios que se tiene por presentados en PE580480/2023 que corre traslado de estos. La demandada los contesta y pide su rechazo en PE 1023311/2023. Se tiene por contestados los agravios y se dispone la elevación en PE 639425/ 2023. Con la certificación de estilo de PE 1038622/2023 se los eleva y son recibidos en PE 648434/2023. Ya en la instancia en PE 1046166/2023 se integra cámara y se dispone que, firme la integración, pasen los autos a sentencia y se fija el orden de estudio.
IV. Que el actor se agravia por el rechazo de la acción y considera equivocado el razonamiento y conclusión a la que arriba el Sr. Juez y pide se la deje sin efecto y se admita la demanda con costas. Sostiene que no estuvo en discusión la unión convivencial ni se trató el caso de una unión convivencial en los términos del Código Civil y Comercial sino de una simple unión de hecho o concubinato que entiende no crea derechos salvo el goce de la obra social y el beneficio de pensión en caso de fallecimiento. Por ello dice que entiende equivocado el razonamiento del magistrado toda vez que ninguna de las partes planteó un debate de una “unión convivencial”. Pero reconoce la existencia de una antigua relación concubinaria que nacieron hijos. Dice que accede a que los hijos vivan en el inmueble en cuestión, junto a la progenitora, como condición esencial del mismo y que cesó de pleno derecho cuando los hijos abandonan el inmueble para vivir con él. Cita a F. y S. sobre la tenencia precaria respecto que es tenedor precario quien reconoce en otro la propiedad y la consecuente obligación de restituir. Respecto del intruso sostiene que es el que accede al inmueble contra la voluntad expresa o presunta de quien tiene su disposición con el objeto de ejercer actos de uso y goce o bien de dominio esa decir que el poseedor puede ser un poseedor o un simple tenedor.
Hace referencia a una nueva pareja de la demandada, hecho no invocado en la demanda ni como hecho nuevo por lo que constituye un capítulo no propuesto (art. 276 del CPCC) sobre el que, adelanto, no podemos fallar.
Sostiene que la demandada no ha logrado probar la sociedad de hecho y las contribuciones a la construcción y la considera una excusa para permanecer en el inmueble. Sostiene que no se acreditó la condición de condómina que califica de inexistente y por ello que todos los argumentos de la demandada cayeron sin que se haya logrado probarlos.
Afirma que no se trata de desalojar el inmueble para lanzar a la calle a la demandada pues se acreditó que ella posee su propio inmueble por ello no entiende la resistencia a restituir, ni la decisión judicial que entiende no se ajusta a derecho.
Argumenta que no estamos en presencia de una unión convivencial en los términos del Código Civil y Comercial y que sí hubo un concubinato, que éste no crea derechos ni entra dentro del ámbito del derecho de familia. Lo único vinculante son los hijos que se encuentran viviendo con él, siendo el inmueble de autos el habitat natural de sus hijos donde vivieron toda la vida y que fuera apropiado por la demandada, sin justificación, con desaprensión de sus derechos como legítimo propietario y de sus hijos. Reitera que la condición impuesta era que en el inmueble vivieran sus hijos y por ello la demandada carece de todo derecho. Dice que de la unión concubinaria nada queda pendiente en la actualidad que se deba discutir en el ámbito del derecho de familia y su derecho a recobrar es inalienable como único propietario que fue impedido por la sentencia que califica de inexplicable. Sostiene que existe una obligación de restituir por parte de la demandada y pide que así se decida revocando la sentencia con imposición de costas.
V. Que la demandada, por medio de la pluma de sus apoderados, contesta los agravios. Respecto de la pretensión de diferenciar la unión convivencial del concubinato recuerda que de la documental acompañada al responde (COD00000317-pág 9 y 17) surge que la relación iniciada en 2001 finalizó a fines de 2015 e inicios de 2016, es decir que ella finalizó durante la vigencia del Código Civil y Comercial y le son aplicables sus disposiciones conforme su art. 7 y art 510. Enfatiza que las partes formaron una verdadera unión convivencial y no un simple concubinato como se pretende al estar cumplidos los requisitos de la norma que enumera y recordando que ambos aportaron a los gastos del hogar, construcción y reparaciones del inmueble y ahora se la califica de intrusa o tenedora precaria.
Argumenta que esa unión convivencial torna necesaria la intervención del Juzgado de Familia mediante las acciones correspondientes como se indica en la sentencia. Hace notar el cambio de calificación en agravios de intrusa a tenedora precaria. Hace hincapié en que ahora reconoce un acuerdo que en el inicio negó pretendiendo modificar la causa en la que funda la procedencia de la acción de desalojo intentada y exponiendo otra versión de los hechos afectando su derecho de defensa dando su versión con el retiro del actor y permanencia de la demandada en el inmueble con los hijos sin necesidad del consentimiento de nadie por tener la posesión del inmueble. Expresa que no hay prueba que los hijos vivan permanentemente con el actor, que no hay resolución judicial que lo disponga pues ambos adolescentes comparten su tiempo entre ambos progenitores y pasan largos periodos en el domicilio materno.
Califica de mera expresión unilateral del actor la exposición policial con la que se pretende acreditar un cuidado personal unilateral de los hijos sin decisión judicial que lo disponga. Recuerda que la regla general es el cuidado parental compartido. Hace referencia a una exposición policial obrante en PE 290148/2021 donde afirmaba que los hijos vivían con ella. El actor no trajo prueba del cuidado personal de sus hijos. Respecto de la falta de prueba de la existencia de una sociedad de hecho sostiene que, en este proceso, es prueba suficiente la prueba documental e informe socio económico ambiental de la convivencia por años en los que trabajó todo el tiempo por lo que no es intrusa y tiene la posesión hasta la actualidad.
Argumenta que todo lo que hace a la propiedad, existencia de sociedad de hecho, importancia de los aportes se debe dilucidar a través de las acciones correspondientes y no en una de desalojo al estar relacionadas con el derecho de familia y las uniones convivenciales. Así lo determinó el Juez en la sentencia. Recuerda que se inició la acción de desalojo por intrusión, condición no acreditada, ni siquiera que fuera simple tenedora como ahora se pretende modificar. Cita tratados internacionales, doctrina y jurisprudencia que se tiene presente. Concluye que no encontrándose en autos acreditados los presupuestos que hacen a la procedencia de la acción de desalojo por no resultar la demandada ni tenedora precaria ni intrusa ni haberse acreditado la obligación de restituir la sentencia se encuentra ajustada a derecho y debe ser confirmada.
Solicita se rechace el recurso de apelación interpuesto, en todas sus partes y con costas.
VI.-Que para ingresar al tratamiento de los agravios del actor, cabe, para eliminar todo lo que resulta broza, como se manifestara más arriba, como argumentar que la demandada ha conformado una nueva relación de pareja, pues no se trata de un capítulo propuesto a consideración del magistrado de la instancia en el escrito de demanda, ni se lo invocó como hecho nuevo aunque haya dirigido su demanda contra “y/u ocupantes y/o intrusos” por lo que constituye un capítulo no propuesto en la anterior instancia. Debe aplicarse el art. 276 del CPCC. También es broza la distinción que se pretende entre “unión convivencial”, simple unión de hecho o concubinato. La convivencia finalizó en 2016 cuando ya se encontraba en vigencia el Código Civil y Comercial y se cumplen los requisitos del art. 510 y puede ser probada por cualquier medio de prueba (art. 512 del mismo cuerpo legal) y las partes han reconocido la existencia de esos requisitos. Es por otro lado términos que se utilizan indistintamente y en el caso ambas partes eran mayores de edad, no se alegó vínculos de parentesco ni impedimento de ligamen, la convivencia superó ampliamente los dos años y fruto de ella fueron dos hijos. La demandada no puede considerarse intrusa como se la calificó en la demanda. Ella está sosteniendo en el responde su calidad de poseedora y existir una sociedad de hecho y aportes, lo que es extraño a la acción de desalojo y no correspondía desvirtuar una acción de este tipo intentando probar o negar. No se discute que ambas partes convivieron muchos años, tuvieron dos hijos, ambos trabajaron aportando en consecuencia trabajo y dinero, en mayor o menor medida, al proyecto de vida común.
Tampoco tiene incidencia para resolver esta causa que la demandada sea propietaria de un inmueble. En todo caso podrá discutirse en el fuero de familia si corresponde incluirla en el patrimonio de la unión convivencial, pero no corresponde traer esa propiedad como elemento para resolver esta litis.
Se sostiene en agravios que nada queda pendiente en la actualidad atinente a la unión concubinaria y que nada se debe discutir en el fuero de familia. El tema es ajeno a una acción de desalojo y es en ese fuero de familia que debe establecerse si queda algo pendiente o no.
En nada mejoró la posición del actor la prueba de declaración de partes, conforme las audiencias gravadas donde el actor contestó un pliego propuesto y la demandada respondió a la pregunta del Juzgado.
En agravios no se ha demostrado error en la sentencia lo que sella la suerte del recurso. Ello sin perjuicio de las acciones que pueda iniciar el actor para hacer valer los derechos que entiende le asisten, por la vía y por ante quien corresponda.
Habida cuenta ello corresponde rechazar los agravios vertidos y confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas en la instancia por el principio objetivo de la derrota. Es mi voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VII. La cuestión traída al Acuerdo es derivada de una unión convivencial. En la sentencia se ha realizado un correcto examen de las pretensiones del actor y de su no procedencia por la vía de una acción de desalojo, habida cuenta que el código de fondo determina la forma en que habrán de resolverse las cuestiones derivadas de las uniones convivenciales (arts. 528 y ss. CCC) y expresamente el código de procedimientos dispone su trámite y competencia dentro de la justicia de familia (arts. 783, 784 CPCC). Adhiero pues, al voto que antecede. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
VIII. Que en función de las razones expuestas en mi voto al responder a la anterior cuestión entiendo que se debe dictar el siguiente pronunciamiento que pongo a consideración del Acuerdo: 1º) Rechazar los agravios vertidos por el recurrente y confirmar la sentencia en crisis en todo cuanto fuera materia de agravios. 2º) Imponer las costas de la instancia al recurrente por el principio objetivo de la derrota del art. 68 del CPC. 3º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto obre en autos regulación de la instancia de grado. 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de Origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
IX. Que adhiero al pronunciamiento que propone el primer votante por considerarlo justo y acorde con lo establecido en la primera cuestión.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 16 de febrero de dos mil veinticuatro:
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial:
1. Rechazar los agravios vertidos por el recurrente y confirmar la sentencia en crisis en todo cuanto fuera materia de agravios.
2. Imponer las costas de la instancia al recurrente por el principio objetivo de la derrota del art. 68 del CPC.
3. Diferir la regulación de honorarios hasta tanto obre en autos regulación de la instancia de grado.
4. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de Origen. EL Dr. Alonso como subrogante no firma por no existir disidencia. FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara Presidente-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara-, Ante Mi: Rocío Fornés- Jefa de Despacho A/C de Secretaría.-
Protocolización: A201002S.241 Tomo: C Sentencia: 3042 Folio Nº: 001/006 Secretaria: 1
Fin de la sentencia