Abriendo la norma
Cámara Primera Civil y Comercial Sala II de la Plata · Causa 288.255
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue, por las razones expuestas, la resolución del 2 de julio de 2026 debe ser revocada.
POR ELLO: Se recepta el recurso de apelación subsidiariamente incoado por doctor D.J.S. contra la resolución del 2 de julio de 2026 y, en consecuencia, se declara la inconstitucionalidad del art. 5 de la ley 5177 – t.o. dto. 2885/01 -, en cuanto excluye de las excepciones allí previstas al conviviente del abogado alcanzado por el régimen de incompatibilidades contempladas por la citada normativa, lo que importa que dicha limitación no resulte aplicable a la actuación del letrado apelante en defensa de los derechos invocados por el señor M.E.H. en esta controversia (arts. 14, 14 bis, 16, 18, 19, 28, 31, 33, 75 inc. 22 y 23, Const. nac. y 11, 15, 25, 26, 27, 36, 39, 56, 57 y concs., Const. pcial.; arts. 1, 2, 10, 17 y concs., CADH; art. VI, DADDH; art. 16, DUDH; art. 23, PIDCP y art. 10, PIDESC; arts. 1, 2, 3 y concs., Cód. Civ. y Com.; arts. 34, 68, 69, 163, 164, 241, 242, 246, 260 y concs., CPCC y arts. 1, 3, 4, 5 y concs., ley 5177 - t.o. dto. 2885/01). Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado atento la ausencia de efectiva contradicción (arts. 68 y 69, CPCC).
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL (AF) C. 288.225 - "H.M.E.
C/ E.S.A.
S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)"
En la ciudad de La Plata, a los 8 días del mes de septiembre de dos mil veintiséis, se reúnen en Acuerdo de la Cámara Primera de Apelación, Sala Segunda, la señora Jueza doctora Irene Hooft y el señor Juez doctor Federico Guillermo García Ceppi, en los términos de art. 8 del Anexo único de la Acordada 3975 y Acordada 3971 de la SCBA, para dictar sentencia en los autos caratulados "H.M.E. C/ E.S.A. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP.
CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", C. 288.225 y, habiéndose procedido con anterioridad a efectuar el pertinente sorteo de ley que arrojó el siguiente orden de votación: doctora Hooft - doctor García Ceppi, el Tribunal resolvió plantear las siguientes:
PRIMERA: ¿Corresponde revocar la resolución de fecha 2 de julio de 2026?
SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, la señora jueza, doctora Irene Hooft, dijo:
I. Con fecha 2 de julio de 2026, el Magistrado de origen desestimó la actuación del doctor D.J.S. como letrado patrocinante del señor M.E.H.. Para así decidir, con cita de los arts. 3 inc. “e” y 5 de la ley 5177 – t.o. dto. 2885/01-, sostuvo que la unión convivencial inscripta de los señores S. y H. no se encuentra contemplada entre los supuestos de excepción a la incompatibilidad absoluta para el ejercicio de la abogacía derivada de la calidad de agente del poder judicial provincial que ostenta el primero.
II. Contra ese modo de resolver se alza el señor H., con el patrocinio del doctor S., a través del recurso de reposición con apelación en subsidio del 07/07/2026, 08:01:08 hs. Desestimado el primero, con fecha 7 de julio de 2026 se concedió el segundo.
En apretada síntesis, el recurrente se desconforma con la interpretación dada al régimen de incompatibilidades establecido en la ley 5177, principalmente, por considerarla desajustada de la evolución de nuestro ordenamiento jurídico en materia de protección de la familia y del principio de no discriminación respecto de la organización familiar elegida, planteando la inconstitucionalidad de la norma y resaltando, a ese efecto, la importancia que tiene el encuadre consumeril del pleito.
III. El recurso, por las razones que habrán de darse, es de recibo.
III.1. En forma liminar, conviene tener presente que el Superior Tribunal provincial en diversas oportunidades en las cuales, como en la especie, se cuestionaron las reglas de incompatibilidad de la normativa que regula el ejercicio de las actividades profesionales en nuestra jurisdicción, ha sostenido que “[l]a Provincia de Buenos Aires, en uso del llamado poder de policía en virtud del cual se encuentra facultada para reglamentar la práctica de todas las profesiones liberales, sin otra limitación que la que se deriva del art. 28 de la Constitución nacional, reguló, a través de las leyes 5.177 y 10.379, el ejercicio de las profesiones de abogado y martillero y corredor público, respectivamente (cfr. art. 121, Const. nac.; ‘Acuerdos y Sentencias’, 1991-II-537).” (SCBA, causas I. 80.062, sent. de 10-VI-2026; I. 79.768, sent. de 18-IX-2025; I. 78.599, sent. de 12-III-2025; e.o. - el resaltado no es del original).
De ahí que no hayan sido pocas las veces que se admitió el escrutinio de las incompatibilidades absolutas previstas en el art. 3 de la ley 5177 sobre la base de analizar si la norma provincial trasluce un uso razonable de su potestad reglamentaria o si infringe derechos y garantías tutelados en la Constitución nacional y en la Constitución provincial. En palabras de la Suprema Corte local, “…el principio de razonabilidad marca el límite al que se halla sometido para su validez constitucional el ejercicio de la potestad pública y reclama la existencia de circunstancias justificantes, fin público, adecuación a él del medio utilizado para su obtención y ausencia de iniquidad manifiesta (cfr. doctr. causas I. 2.026, "Busada", sent. de 10-V-2000; I. 2.110, "Iriarte Madoz", sent. de 6-X- 2004; I. 2.260, "FEB", sent. de 27-II-2008; I. 2.175, "Torregrosa Lastra", sent. de 15-XII-2010; I. 2.522, "Medivid", sent. de 21-IX-2011; I. 2.445, "Lunghi", sent. de 2-X-2012; I. 2.888, "Chicote", sent. de 12-VI-2013; entre muchas otras). Así las limitaciones a los derechos han de basarse en la razón y no ser arbitrarias ni caprichosas, vale decir, que deberán estar impuestas por la necesidad y proporcionadas al fin propuesto (cfr. doctr. causas I. 3.353, "Valentín", sent. de 30-XI-2011 e I. 3.252, "Salvemini", sent. de 21-XII- 2012).” (SCBA, causas I. 80.062, I. 79.768 e I. 78.599, ya cit.). Siguiendo el pensamiento de Amaya, elaborado a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que una ley sea razonable significa “a) que la norma debe perseguir una finalidad constitucional; b) que los medios deben ser adecuados (exigencia de eficacia) con respecto a los fines; c) que los medios deben guardar algún grado de proporcionalidad con respecto a los fines; d) que no es función de los jueces juzgar acerca de la oportunidad, mérito o conveniencia de la medida – lo que excluye la posibilidad de realizar un juicio de necesidad –, y e) que no se deben alterar los derechos fundamentales, conforme el art. 28 de la Const. nacional.” (Amaya, J.A. Control de constitucionalidad, 2º ed., Astrea, CABA, 2017, p. 446).
Es con ese trasfondo que cabe analizar si la limitación a los cónyuges -y, por consiguiente, la exclusión de los convivientes- del elenco de personas que, según el art. 5 de la ley 5177, pueden ser asistidas por un abogado comprendido en alguna de las incompatibilidades legalmente establecidas constituye una reglamentación razonable, en tanto la diferencia entre ambas formas de organización familiar carece de relevancia respecto de la finalidad específica perseguida por la norma provincial.
III.2. Se ha señalado con razón que “…las incompatibilidades en sentido genérico y las que establece el art. 3 de la ley 5177 específicamente, encierran un principio ético que trata de desvirtuar toda sospecha o presunción de parcialidad que lesione la autoridad moral de la administración, reflejo directo de la de sus agentes más encumbrados.” Aclarándose que dicha incompatibilidad “…es funcional, con prescindencia de la denominación administrativa del cargo” (Cetrángolo, A.S – Rodríguez Bustamante, C.A. en Código procesal civil y comercial de la provincia de Buenos Aires, López Mesa, M.J. (dir.), La Ley, CABA, 2014, t.º VI, p. 964). En otras palabras, la limitación del ejercicio profesional, en supuestos como los contemplados a lo largo del artículo 3 de la ley 5177, ha tenido por finalidad evitar los previsibles riesgos asociados a conflictos de interés, privilegios indebidos o aprovechamientos de una determinada posición institucional ocupada en pos de un funcionamiento más transparente de la administración de justicia y con la única salvedad de que la actuación del abogado afectado por la incompatibilidad tenga lugar en defensa de los intereses propios o los de personas expresamente identificadas (cónyuge, padres e hijos).
Ahora bien, el estudio de la adecuación de los medios elegidos para el fin perseguido por la norma revela que, la exclusión de los convivientes entre los sujetos alcanzados por la excepción a la incompatibilidad contemplada para los agentes de la administración de justicia, no guarda una relación relevante con aquel objetivo y, para más, traduce una distinción reglamentaria en detrimento de quienes no mantuvieran un vínculo derivado del matrimonio que resulta inadmisible a luz de la evolución de nuestro ordenamiento jurídico, tal como veremos seguidamente.
Con todo, es importante no perder de vista que no se postula aquí una equiparación entre el matrimonio y la unión convivencial, ya que ambos institutos presentan rasgos propios que determinan regulaciones diferenciadas en nuestra legislación sustantiva (arg. arts. 401 a 508 y 509 a 528 del Cód. Civ. y Com). La cuestión no radica, entonces, en determinar si ambos vínculos reciben idéntico tratamiento en el ordenamiento jurídico, sino en establecer si las diferencias que los distinguen poseen entidad suficiente para justificar, en este ámbito específico, el diverso tratamiento que emerge de la norma provincial que regula el ejercicio de la abogacía.
Con dichas prevenciones, considero que, si el legislador entendió que los riesgos que procuró conjurar mediante el régimen de incompatibilidades cedían cuando el abogado alcanzado por alguno de los supuestos previstos asistía jurídicamente a su cónyuge, no se advierten razones que permitan arribar a una conclusión diferente cuando la persona asistida es su conviviente.
De un lado, porque los riesgos que la norma busca evitar no guardan relación relevante con el tipo de familia que el letrado y su pareja hayan elegido. Cualquier lectura en sentido contrario entrañaría el riesgo de traducir una preferencia por un determinado modelo familiar en detrimento de otro, sin justificación objetiva que la sustente y en tensión con la protección de la libertad de las personas para adoptar dicha decisión sin injerencias arbitrarias.
Del otro, porque el principio de igualdad, receptado por el art. 16 de la Const. Nacional y 11 de la Const. de la Provincia de Bs. As., puede formularse como el imperativo según el cual "en todos los aspectos relevantes los seres humanos deben ser considerados y tratados de igual manera, es decir, de una manera uniforme e idéntica, a menos que haya una razón suficiente para no hacerlo" (Rabossi, E., Derechos humanos: el principio de igualdad y la discriminación en El derecho a la igualdad. Aportes para un constitucionalismo igualitario. Alegre, M y Gargarella R. (coord.), 2° ed., AbeledoPerrot, Bs. As., 2012, p. 32/33).
A lo anterior debe adicionarse, siguiendo a Quiroga Lavié al tratar el tema y recordar las ideas ya receptadas en 1875 por nuestra Corte Suprema de Justicia en el precedente "Olivar" (Fallos 16:118), que "(...) el principio de la igualdad de todas las personas ante la ley, según la ciencia y el espíritu de nuestra Constitución, no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, de donde se sigue forzosamente que la verdadera igualdad consiste en aplicar en los casos ocurrentes la ley según las diferencias constitutivas de ellos (...)". Precisa el autor citado que "lo que se quiere evitar con la garantía de igualdad ante la ley es la desigualdad arbitraria, injusta o irrazonable, lo cual supone que existen desigualdades legales justas y necesarias, dirigidas a contemplar las desigualdades reales y a compensar y a evitar la injusticia del trato igualitario" (Quiroga Lavié, H., Benedetti, M.A. y Cenicacelaya, M. N., Derecho constitucional argentino, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2001, t.°I, p. 376/377).
En otras palabras, los conflictos de interés, privilegios o aprovechamientos de una posición institucional ocupada por el abogado alcanzado por una incompatibilidad no serán distintos porque haya contraído matrimonio o mantenga una unión convivencial con el asistido, de modo que una interpretación respetuosa de la libertad de las personas en materia de organización familiar conduce a prevenir y/o erradicar tratamientos que puedan implicar dar a unos lo que se niega a otros en circunstancias análogas (arts. 14, 14 bis, 16, 19, 28, 33, 75 inc. 22 y 23, Const. nac. y 11, 15, 25, 26, 27, 36, 39, 56, 57 y concs., Const. pcial.; arts. 1, 2, 10, 17 y concs., CADH; art. VI, DADDH; art. 16, DUDH; art. 23, PIDCP y art. 10, PIDESC y arts. 1, 2 y 3, Cód. Civ. y Com.).
III.3. Por último, hay una arista comprometida en el presente caso que no quiero desatender: el imperativo convencional y constitucional de no priorizar modelos de organización familiar en desmedro de otros (v. Corte IDH, “Atala Riffo c/ Chile”, sent. de 24/2/2012 y “Fornerón y otro c/ Argentina”, sent. de 27/4/2012).
En el plano convencional, apunta Mary Beloff que la familia es un elemento natural y fundamental de la sociedad y a pesar del reconocimiento de su centralidad y debida protección, definir qué se entiende por tal es un tema complejo. Sin embargo, la autora destaca el consenso entre los diversos organismos de derechos humanos acerca de la inexistencia de un modelo único de familia, agregando, con cita de la Observación General N.º 16 del Comité de Derechos Humanos que “[e]n cuanto al término ‘familia’, los objetivos del Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos] exigen que, a los efectos del artículo 17, se lo interprete como un criterio amplio que incluya a todas las personas que componen la familia, tal como se entienda ésta en la sociedad del Estado Parte de que se trate” (Beloff, M. en Convención Americana sobre Derechos Humanos, Steiner C. – Uribe, P (editores), Eudeba – Konrad Adenauer Stiftung, Bs. As., 2014, p. 394). Por su parte, al explicar las modificaciones proyectadas en el punto “V) Libro Segundo: Relaciones de familia”, los integrantes de la Comisión Reformadora creada por el decreto 191/2011 señalan que la codificación unificada “…sigue de cerca la evolución producida y la aparición de nuevos principios, en especial, el de ‘democratización de la familia’, de tanto peso, que algunos autores contemporáneos entienden que se ha pasado del ‘derecho de familia’ al ‘derecho de las familias’ en plural; esta opinión se sustenta – entre otras razones – en la amplitud de los términos del art. 14 bis de la Constitución Nacional que se refiere de manera general a la ‘protección integral de la familia’, sin limitar esta noción (de carácter sociológico y en permanente transformación) a la familia matrimonial intacta. Por eso, la familia clásica con base en el matrimonio heterosexual debe compartir el espacio con otros núcleos sociales que también constituyen familias, como por ejemplo, las fundadas a partir de una unión convivencial, las que se generan tras la ruptura de una unión anterior, habiendo o no hijos (conformación familiar que se conoce en doctrina -y en menor medida, en la jurisprudencia- como ‘familia ensamblada’), las que aparecen reconocidas por la ley 26.618, etcétera.” (cfr. Fundamentos del anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación en Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, La Ley, Bs. As., 2012, p. 480).
Sobre ese piso de marcha, nuestro ordenamiento jurídico, primero por influjo del derecho internacional de los derechos humanos y luego, a partir de sucesivas modificaciones acaecidas en la legislación fondal, no agota el modelo de organización familiar en el derivado del matrimonio, de manera que las exigencias interpretativas consagradas en los arts. 1, 2, y 3 del Cód. Civ. y Com. reclaman de los diversos operadores jurídicos un esfuerzo de armonización normativa que trascienda los límites que suponen textos sancionados para regir en una sociedad muy diferente a la actual, tal como acontece con el art. 5 de la ley 5177.
Deseo ser clara en este punto, si bien la antigüedad de una norma no determina por sí misma su invalidez constitucional; sí reclama, en cambio, mucha prudencia en su aplicación para evitar contrapuntos con el marco convencional y constitucional vigentes. Retomando las palabras del Máximo Tribunal federal en el célebre caso “Kot”, “[l]as leyes no pueden ser interpretadas solo históricamente, sin consideración a las nuevas condiciones y necesidades de la comunidad, porque toda ley, por naturaleza, tiene una visión de futuro, está predestinada a recoger y regir hechos posteriores a su sanción…” (CSJN, Fallos: 241:291).
Robustece lo expuesto, en lo concerniente a la incidencia de los cambios experimentados por la sociedad en la interpretación de las leyes destinadas a regirla, lo expuesto por el doctor Soria al discutirse la constitucionalidad de la restricción de la legitimación activa en materia de impugnación de la paternidad del marido según el antiguo art. 259 del Cód. Civil ref. por ley 23.264: “La cuestión consiste en establecer si hoy día semejante limitación es justificable con arreglo al bloque constitucional. Al respecto cabe tener presente, tal cual lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el recordado precedente ‘Sejean’ (Fallos: 308:2268) que la decisión sobre la constitucionalidad de las normas no puede desentenderse de las transformaciones históricas y sociales, ya que la realidad viviente de cada época perfecciona el sentido de las instituciones o descubre nuevos aspectos no contemplados antes, sin que pueda oponérsele el concepto medio de una época en que la sociedad actuaba de distinta manera (cons. 11)” (SCBA, C. 101.549, sent. de 12-XI-2014).
III.4. Como corolario de todo lo que antecede, encuentro que la exclusión de los convivientes del elenco de sujetos susceptibles de ser asistidos profesionalmente por el letrado alcanzado por alguna causa de incompatibilidad, entendiendo por tales aquellos abarcados por la regulación del art. 509 y sgtes. del Cód. Civ. y Com., no solo se muestra ineficaz en términos de adecuación de medios al fin perseguido por la legislación reglamentaria de la abogacía en el ámbito provincial, sino además constitutiva de un tratamiento diferenciado de grupos familiares sin justificación suficiente que la torna irrazonable y objetable a la luz de las exigencias convencionales y constitucionales en materia de protección de la familia, puntualmente, del derecho a la elección de su organización sin injerencias arbitrarias, tornando atendible su descalificación en orden a superar la incompatibilidad constitucionalmente advertida.
En función de lo anterior, he de propiciar al Acuerdo declarar la inconstitucionalidad del art. 5 de la ley 5177 – t.o. dto. 2885/01 -, en cuanto excluye de las excepciones allí previstas al conviviente del abogado alcanzado por el régimen de incompatibilidades establecido por la citada normativa, lo que importa que dicha limitación no resulte aplicable a la actuación del doctor D.J.S. en defensa de los derechos invocados por el señor M.E.H. en esta controversia.
Voto, en consecuencia, por la AFIRMATIVA.
A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN planteada, el señor Juez, doctor Federico Guillermo García Ceppi, adhirió al precedente voto por aducir iguales fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN planteada, la señora jueza, doctora Irene Hooft, dijo:
En atención a los fundamentos brindados, corresponde receptar el recurso de apelación subsidiariamente incoado por doctor D.J.S. contra la resolución del 2 de julio de 2026 y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad del art. 5 de la ley 5177 – t.o. dto. 2885/01 -, en cuanto excluye de las excepciones allí previstas al conviviente del abogado alcanzado por el régimen de incompatibilidades contempladas por la citada normativa, lo que importa que dicha limitación no resulte aplicable a la actuación del letrado apelante en defensa de los derechos invocados por el señor M.E.H. en esta controversia (arts. 14, 14 bis, 16, 18, 19, 28, 31, 33, 75 inc. 22 y 23, Const. nac. y 11, 15, 25, 26, 27, 36, 39, 56, 57 y concs., Const. pcial.; arts. 1, 2, 10, 17 y concs., CADH; art. VI, DADDH; art. 16, DUDH; art. 23, PIDCP y art. 10, PIDESC; arts. 1, 2, 3 y concs., Cód. Civ. y Com.; arts. 34, 68, 69, 163, 164, 241, 242, 246, 260 y concs., CPCC y arts. 1, 3, 4, 5 y concs., ley 5177 - t.o. dto. 2885/01). Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado atento la ausencia de efectiva contradicción (arts. 68 y 69, CPCC).
ASÍ LO VOTO.
El señor Juez, doctor Federico Guillermo García Ceppi, adhirió al precedente voto por aducir iguales fundamentos, con lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
Que, por las razones expuestas, la resolución del 2 de julio de 2026 debe ser revocada.
POR ELLO: Se recepta el recurso de apelación subsidiariamente incoado por doctor D.J.S. contra la resolución del 2 de julio de 2026 y, en consecuencia, se declara la inconstitucionalidad del art. 5 de la ley 5177 – t.o. dto. 2885/01 -, en cuanto excluye de las excepciones allí previstas al conviviente del abogado alcanzado por el régimen de incompatibilidades contempladas por la citada normativa, lo que importa que dicha limitación no resulte aplicable a la actuación del letrado apelante en defensa de los derechos invocados por el señor M.E.H. en esta controversia (arts. 14, 14 bis, 16, 18, 19, 28, 31, 33, 75 inc. 22 y 23, Const. nac. y 11, 15, 25, 26, 27, 36, 39, 56, 57 y concs., Const. pcial.; arts. 1, 2, 10, 17 y concs., CADH; art. VI, DADDH; art. 16, DUDH; art. 23, PIDCP y art. 10, PIDESC; arts. 1, 2, 3 y concs., Cód. Civ. y Com.; arts. 34, 68, 69, 163, 164, 241, 242, 246, 260 y concs., CPCC y arts. 1, 3, 4, 5 y concs., ley 5177 - t.o. dto. 2885/01). Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado atento la ausencia de efectiva contradicción (arts. 68 y 69, CPCC). Regístrese. Notifíquese autom. (art. 10, anexo I, Ac. 4013 SCBA) y, oportunamente, devuélvase a la instancia de origen.
Destinatario: H.M.E.
Fin de la sentencia