Abriendo la norma
Firmado digitalmente por SANCHEZ Nelson Andres DN: SERIALNUMBER=CUIL 20219452781, C=AR, CN=SANCHEZ Nelson Andres Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.06.02 10:50:38-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 Firmado digitalmente por GEYER Adriana Inés TOMO CLX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.- DN: SERIALNUMBER=CUIL 23275532754 , C=AR, CN=GEYER Adriana Inés REGISTRO Nº 10.047 Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.06.02 10:51:03-03'00' FOLIO Nº 101/103 Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 PROT. ELECT. JR101 194I.261 Río Gallegos, 02 de junio de 2026.-
La presente causa caratulada “S.H.M. S/ Desobediencia OVD 77/2025” - Expte. Nº 82024/25 - Apelación/Causa JR Nº 10155/26, venidos a despacho para resolver y de las que;
Que a fs. 67/72vta., obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza del Juzgado de Instrucción Nº Dos con asiento en la ciudad de Río Gallegos que en su punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado H.M.S. en orden al delito de “Desobediencia – dos hechos” (Arts. 239 y 55 del CP). A fs. 75/76vta., la defensa apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión- siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 91 y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Seguidamente se abordará el agravio propuesto por la parte recurrente.
Plantea la defensa que la resolución apelada incurre en una valoración fragmentaria y acrítica la prueba, otorgando entidad penal a conductas que no configuran un incumplimiento doloso e inequívoco de la orden judicial.
Que, se prescinde de analizar la ambigüedad objetiva de los hechos, la ausencia de dolo directo y el carácter de última ratio del derecho penal, arribando a una conclusión incriminatoria sin superar el umbral mínimo exigido para sostener un procesamiento.
Refiriéndose específicamente al segundo de los hechos imputados, indica que la resolución se sustenta en un cuadro probatorio insuficiente carente de corroboración objetiva.
Señala que no existen registros independientes o elementos objetivos de verificación, y explica que se trata de una imputación sostenida en afirmaciones genéricas.
Sobre el primer hecho señala que se otorga relevancia a un testimonio que no resulta idóneo para acreditar la tipicidad atribuida. Indica que no se consignan distancias concretas entre vehículos, duración precisa de la secuencia, maniobras específicas de hostigamiento ni actos inequívocos de acercamiento; y que, el testimonio no permite reconstruir con precisión una conducta penalmente relevante, sino que se limita a ofrecer una lectura subjetiva de una situación ambigua. Que, el testimonio proviene de una persona que se encontraba inmersa en la misma situación vivencial que la denunciante, lo que condiciona su percepción de los hechos, y pone de relieve que existe un lazo afectivo que las une, aduciendo que el testigo no reviste el carácter de tercero imparcial.
Suma a ello, la ausencia de prueba externa independiente (registros fílmicos, testigos neutrales, constancias objetivas).
Agrega que el delito de desobediencia a la autoridad exige la existencia de un incumplimiento claro, deliberado y consciente de una orden judicial; no sanciona situaciones ambiguas, contactos fortuitos ni conductas cuya intencionalidad no resulte inequívoca. Que, en el presente caso no se acredite un acercamiento sostenido, no existe un contacto directo ni una conducta claramente orientada a vulnerar la restricción.
Señala además que la resolución omite analizar adecuadamente el elemento subjetivo del tipo, y aún, en el caso de considerarse reprochable la conducta, la misma no alcanza el umbral de lesividad que justifique la intervención del derecho penal, haciendo mención al principio de ultima ratio.
Daremos inicio al abordaje de este presente agravio indicando que no compartimos las apreciaciones que efectúa la defensa, por cuanto el pronunciamiento de la Sra. Jueza de Instrucción se presenta racional y fundado íntegramente en las pruebas producidas en el legajo, las cuales fueron analizadas de manera conjunta y a la luz de la sana crítica racional, permitiéndole concluir que revisten entidad suficiente con el grado de probabilidad que la instancia requiere para emitir el juicio de valor incriminatorio respecto de S.
Que, la Magistrada sustentó el procesamiento mediante el oficio de fs. 01, la denuncia de fs. 06/08vta., el informe de situación de riesgo de fs. 09/11, la copia de las actuaciones “P.N.S. C/ S.H.M. S/ MAI” Expte. 12.808/25 de fs. 12/19, la declaración testimonial de M.L.A., concluyendo razonadamente que se trata de pruebas e indicios lo suficientemente precisos, concordantes y no contradichos por otros medios de prueba, permitiéndole tener por acreditado los hechos investigados y conectar -con la precariedad propia de esta instancia-, al imputado con las mismas.
En cuanto, al agravio que plantea la omisión de practicar las diligencias señaladas -tales como la obtención de registros fílmicos, la citación de testigos neutrales o la incorporación de otras constancias objetivas-, corresponde destacar que en el marco de la presente investigación no se vislumbra ninguna solicitud por parte de la defensa en aras de producir prueba en contrario para mejorar la situación de su asistido, máxime conforme las facultades que le otorga el art. 190 del C.P.P.
Cabe agregar que la ausencia de tales diligencias no incide en la decisión a la que arribó la a quo, toda vez que las probanzas colectadas en autos resultan, en esta etapa, suficientes para satisfacer el estándar de convicción exigido por el art. 278 del C.P.P.
En este sentido, podría concluirse que el accionar atribuido al imputado resultaría subsumible en el delito de desobediencia a la autoridad, en razón del incumplimiento de la medida oportunamente dispuesta por el Sr. Juez de Familia, el cual fue debidamente abordado por la Sra. Jueza de grado.
Sentado ello, y atento a tenerse por verificada tanto la adecuada motivación como la existencia de un caudal probatorio suficiente, corresponde abocarnos al agravio vinculado con la tipicidad del hecho, en cuanto la defensa sostiene que en el accionar de su asistido no se verifica un acercamiento sostenido ni una conducta directa orientada a vulnerar la restricción impuesta.
Que, en primera instancia, debemos recordar al recurrente que es criterio reiterado de esta Alzada que la calificación legal no resulta susceptible de revisión en esta instancia, toda vez que los hechos imputados revisten carácter eminentemente provisorio a lo largo del proceso, pudiendo aquella variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio, así como durante el debate hasta el dictado de la sentencia definitiva; ello, siempre que no se altere el hecho imputado en sí, en resguardo del principio de congruencia (conforme lo sostenido en las Apelaciones N° 8013/22, 8370/23 y 8190/23, entre otras).
Sin perjuicio de ello, y a fin de evacuar cualquier duda, se advierte que la a quo ha explicado de manera fundada cómo el incumplimiento por parte de H.M.S. de la medida dispuesta por el Sr. Juez de Familia configura, prima facie, la tipicidad prevista en el art. 239 del C.P.
En efecto, señaló la Magistrada que el imputado tenía cabal conocimiento de la medida de prohibición de acercamiento, extremo que surge del acta de notificación obrante a fs. 16.
Asimismo, de las constancias de la causa, tales como los dichos de la presunta víctima, quien manifestó haber sido interceptada en dos oportunidades diferentes con su vehículo particular. Por su parte, la Sra. M.L.A. quien se encontraba con la damnificada al momento, dijo: “…íbamos circulando por la Autovía a la altura del barrio Jorge Newbery. En ese momento que circulábamos por la mano derecha, observo que ella volantea porque una camioneta se nos tira encima. Note que ella se puso nerviosa, le pregunto que le estaba pasando y me responde que el de la camioneta era su ex. Le pregunto cómo sabía que era él y me dice que lo reconoce por la camioneta y porque nos comenzó a seguir. Cuando paso esto, él sigue y luego da vuelta en la rotonda que esta frente a Carrefour, es ahí donde nos encontramos de nuevo y nuevamente vuelve a seguirnos. En eso él nos pasa y nosotras seguimos por la autovía con dirección al Barrio San Benito. Luego lo perdimos porque él siguió adelante. Pasado unos segundos, cuando íbamos a entrar a la rotonda del Barrio de la calle Asturias, lo vemos nuevamente que él hace lo mismo. Nos sigue y se pone atrás de nosotras. Cuando entramos a la calle Asturias, nos vuelve a pasar rápido, es ahí que observo que él dobla en contramano y se pasa al otro carril de la Asturias, pero luego ahí ya lo perdimos…” (fs. 52/vta.).
En consecuencia, y en referencia al punto que objeta la vulneración del principio de ultima ratio, debemos remitirnos a lo dispuesto por el art. 32 in fine de la ley 24845, el cual dispone: “...cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito, el juez deberá poner el hecho en conocimiento del/la juez/a con competencia en materia penal…”, y habiéndose acreditado el ilícito entendemos que el fuero por el que se está tramitando la causa resulta ser la vía idónea en cuanto al bien jurídico que intentamos proteger, que en el caso de marras se refiere a la orden impartida por el Magistrado, medida dictada a fin de proteger la integridad de la víctima.
Por último, debemos recordar que “…para el dictado del auto de procesamiento se requieren elementos de prueba por los cuales, al menos, se permita corroborar la existencia de un estado de probabilidad con respecto a la comisión del delito investigado, y a la participación culpable de los indagados por aquel hecho…” (M., W. A. y otros. Infracción art. 300, Código Penal - Legajo de apelación /// CNPE Sala B; 07/04/2022; Rubinzal Online; RC J 2486/22).
De este modo, advertimos que existe prueba de cargo objetiva para tener por acreditada -con el grado de probabilidad suficiente- la autoría del imputado, habiendo la magistrada analizado dichas piezas a la luz de la sana crítica racional, cumpliendo el auto apelado con los requisitos cuestionados por el recurrente, ajustándose a los arts. 116º, 199º, 289º y 291º del C.P.P, por lo que el presente agravio no tendrá acogida favorable.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 67/72vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. Firme que sea REMíTASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
SM
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia