Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa 15.815
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se confirma la sentencia de grado en cuanto ordena su revisión en el plazo de tres años. Restando firmes las restantes cuestiones dispuestas en la sentencia apelada pues no fueron materia de agravio (art. 266 y 272 CPCC).
(RGE:Identificacion en Receptoría )
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial-Necochea En la ciudad de Necochea, a los 25 días del mes de agosto de 2026 reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "H. M. A. S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA" Expte. 15.815, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente Sra. Jueza Doctora Laura Bulesevich, Sra. Jueza Doctora Ana Clara Issin y Sr. Juez Doctor Fabián Marcelo Loiza.
El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª ¿Se ajusta a Derecho la sentencia del 16/03/2026?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO:
I. La Sra. Jueza de grado resolvió revalidar la sentencia dictada oportunamente respecto de M. A. H. quien se encuentra restringida en su capacidad en los términos del art. 32 del CCyC por tener síndrome de Down y padecer retraso mental severo. Designó como apoyo a su madre quien hasta el momento se desempeñaba como curadora definitiva. Para resolver de ese modo tuvo en consideración el informe interdisciplinario realizado por el equipo Técnico del Juzgado de fecha 26/02/26.
II. La decisión fue apelada por el apoyo cuestionando el punto 6 de la sentencia que fijó su revisión en el plazo de tres años, conforme lo establecido por el art.40 del CCyC. Alegó que no se analizó su solicitud de inaplicabilidad al caso de la revisión de la sentencia, solicitada en su presentación del 26/02/2026.
El fundamento de su requerimiento lo apoyó en el carácter irreversible del diagnóstico y en un argumento central: que el sometimiento a las audiencias y exámenes periódicos que implican la revisión “está muy lejos de dar efectiva protección a quien, ya de por sí es víctima de sus propias limitaciones existenciales y para quien el proceso debe ser una real garantía al servicio del resguardo de sus derechos.”
La Asesoría se opuso a lo solicitado por el apoyo. Señaló que la postura jurisprudencial mayoritaria abona la constitucionalidad del plazo de revisión y que sus lineamientos se deben interpretar conforme el nuevo paradigma de la discapacidad, en consonancia con los tratados de derechos humanos. Concluyó que dejar dicha revisión a consideración del apoyo implica un retroceso en materia de derechos humanos (v. presentación del 06/04/26).
Con fecha 20/05/26 se llevó a cabo en esta Cámara la audiencia que nos permitió tomar contacto con M. A. . Estuvieron presentes su madre como apoyo, la defensora oficial y la asesora. Nos interiorizamos sobre su vida a través del relato que hizo sobre sus rutinas, circunstancias de su vida familiar y amistades, así como de las actividades que desarrolla en el Hogar de día al que asiste.
III. 1. De manera preliminar debo decir que asiste razón a la apelante respecto a la omisión en que incurre la sentencia que no se expide en relación a su planteo de inaplicabilidad del art. 40 del CCyC.
Ello conduce a abordar por esta Alzada la cuestión como un agravio en sí mismo por la falta de pronunciamiento en la instancia, en tanto al haber omitido el juez expedirse sobre el planteo, se pronunció -como lo hace regularmente- fijando el plazo de tres años para revisar la sentencia dictada, sin hacer consideración alguna respecto a los argumentos que cuestionaron la futura revisión (arts. 266 y 273 del CPCC).
III. 2. Ahora bien -para ubicarnos normativamente- en nuestro Código Civil y Comercial, la revisión de la sentencia dictada en los procesos de determinación de la capacidad está contemplada en el artículo 40, que reza: Revisión. “La revisión de la sentencia declarativa puede tener lugar en cualquier momento, a instancias del interesado. En el supuesto previsto en el artículo 32, la sentencia debe ser revisada por el juez en un plazo no superior a tres años, sobre la base de nuevos dictámenes interdisciplinarios y mediando la audiencia personal con el interesado.
Es deber del Ministerio Público fiscalizar el cumplimiento efectivo de la revisión judicial a que refiere el párrafo primero e instar, en su caso, a que ésta se lleve a cabo si el juez no la hubiere efectuado en el plazo allí establecido”.
Si bien esta revisión es un derecho que la persona tiene en todo momento a partir del dictado de la sentencia que declara su restricción de la capacidad, en función de su carácter de parte (art. 36 del CCyC), para el juez se constituye en un deber que debe llevar a cabo en un plazo que no puede superar los tres años.
Este reexamen periódico de la sentencia reconoce como fuente convencional el art. 12.4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el plazo de tres años sigue la incorporación que había hecho la Ley de Salud Mental -N° 26.657- al art. 152, en su apartado tercero, del Código Civil Velezano. Dicho contralor permite, según el caso concreto, que se mantengan o modifiquen los alcances de la sentencia dictada, determinando si el pronunciamiento continúa adecuándose a las circunstanciales actuales de la persona.
La doctrina sostiene al respecto que “el deber de revisión judicial que recoge la segunda parte del art. 40 se justifica desde un criterio de garantía y de derecho de acceso a la justicia plenamente reconocido por los tratados de derechos humanos. Vale recordar que la obligación del Estado en materia de acceso a la justicia “no es sólo negativa, de no impedir el acceso a esos recursos [judiciales], sino fundamentalmente positiva, de organizar el aparato institucional de modo que todos, y en especial aquellos que se encuentran en situación de pobreza o exclusión, puedan acceder” (Piccinelli Ornela – Verbic Francisco, Determinación de la capacidad de las personas en el Código Civil y Comercial; ajustes necesarios a los procesos de declaración de incapacidad, en “Revista de Derecho Procesal”, N° 2016-1, p. 157). Por lo tanto, la postura que propicio, si bien en principio parece ser contraria a la que postula la apelante, encuentro que comparte en sus aspiraciones una misma mirada a partir del nuevo paradigma social de la discapacidad. Con ello me refiero a que, desde una interpretación constitucional y convencional de la normativa en la materia que conduce a aplicar la perspectiva de discapacidad, el proceso judicial que involucra la determinación de la capacidad de una persona debe ser aprehendido como una herramienta procesal de acompañamiento, en tanto debe permitir vehiculizar y garantizar sus derechos y, bajo ninguna circunstancia, ser entendido como una carga procesal.
Definir el para qué y el cómo de esa intervención nos hará coincidir en el sentido que tiene la revisión ordenada normativamente, centrada en la mirada y escucha atenta de la persona con diversidad funcional. Por tal motivo “como se ha señalado, no es la sentencia la que se revisa en realidad, sino la situación de la persona declarada incapaz o con capacidad restringida" (conf. Berizonce, Roberto; en Normas procesales del Código Civil y Comercial de la Nación. Personas con capacidades restringidas, Revista de Derecho de Familia y de las Personas, Año VII, número 10, noviembre de 2015, pág.178).
III. 2. a. Por ello valoro que la respuesta a la apelación motorizada por el apoyo, con la representación de la defensa oficial, nos lleva a precisar algunas cuestiones que, en definitiva, terminan delineando una modalidad de intervención -que lejos de constituirse en una carga procesal o trámite burocrático- debe constituir una oportunidad de inmediación judicial, de acompañamiento de la defensa, de escucha activa y de abordaje interdisciplinario que promueva los derechos de las personas con diversidad funcional, porque en los hechos la revisión se constituye en el momento en que el juez vuelve a tomar contacto con la persona a quien le dictó la restricción de su capacidad, en un sistema normativo donde la capacidad jurídica es la regla.
Nuestro máximo tribunal nacional sostiene: “El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación abandona el arquetipo sustitutivo, adopta el modelo social de discapacidad y asume como idea central la capacidad de ejercicio en orden al pleno goce de los derechos, así como la presunción de capacidad y el carácter excepcional de su restricción (esp. arts. 1,2, 22, 23, 31, 32, 40 y 43)” (Del dictamen de la Procuración General al que la CSJN remite en "D.L.V., A.M. s/ determinación de la capacidad", Fallos 341: 266, 22/03/2018, ).
Desde ese enfoque de derechos humanos el proceso debe adaptarse a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la persona, sea en el momento de dictarse la sentencia de determinación de la capacidad, o posteriormente, al momento de su revisión. Esto implica que -en muchas ocasiones- para tomar ese contacto que es imprescindible, debemos ser los operadores quienes nos traslademos a los lugares de residencia de los justiciables, ya sea porque existen dificultades para su traslado o porque las personas residen en hogares. Este ajuste de procedimiento en el acceso a la justicia permite que el procedimiento se adapte a la persona en pos de facilitar su participación efectiva en el proceso (arts. 5, 9, 12 y 13.1 CDPD; arts. 35, 36 CCyC; Comité Derechos de las Personas con Discapacidad, Obs. Gral n° 6 del Comité (2018), ap. G. 1. 52. c; ONU "Principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad", principio 3).
En esta lógica de remoción de obstáculos en el acceso a la justicia, el ajuste de procedimiento consiste, precisamente, en que seamos los distintos operadores judiciales quienes nos acerquemos a la persona para llevar a cabo la toma de contacto y realizar el informe interdisciplinario necesario para el dictado de la sentencia, o su revisión. En definitiva, una tutela procesal diferenciada que resignifica el derecho procesal desde una lectura convencional-constitucional, donde los derechos humanos se redimensionan en el sistema normativo, priorizando la dignidad de la persona como eje axiológico de ese gran sistema, en tanto principio rector de toda intervención judicial.
En la provincia de Buenos Aires este principio convencional de ajuste de procedimiento fue operativizado en una recomendación concreta por parte de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires en su “Guía de Buenas prácticas para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad”, en cuyo capítulo titulado: “Movilidad y transporte, eventualmente actuaciones en dependencia judicial local o en residencia”, prescribe:
“Cuando una persona con discapacidad deba intervenir en una diligencia judicial y/o administrativa en un ámbito distinto al de su residencia, los operadores judiciales (especialmente sus letrados y/o representantes legales y/o judiciales) procurarán coordinarse para garantizar su asistencia a la misma. Si las circunstancias lo aconsejan, podría requerirse que la persona con discapacidad sea trasladada a la sede correspondiente por medio de los vehículos oficiales que estuviesen disponibles.
Si la persona con discapacidad residiese en una localidad alejada geográficamente de la dependencia a la que deba comparecer y tuviese algún impedimento para concurrir a la misma, dicha actuación podría realizarse -de corresponder- en (o desde) la oficina judicial cercana que estuviese disponible a tal fin o en (o desde) su residencia, sea de forma presencial o a distancia en entorno virtual, en cuyos casos deberán resguardarse las garantías procesales para todas las partes” (pp. 44/45 de la Guía en su versión digital y pp. 47/48 de su versión impresa).
Estas pautas de abordaje señaladas por la Suprema Corte, que buscan garantizar la proximidad de la intervención judicial en contextos de vulnerabilidad, en consonancia con lo prescripto por la regla 42 de las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de vulnerabilidad", delinean estándares que garantizan la tutela judicial efectiva mediante implementaciones concretas en la práctica judicial cotidiana, que como operadores debemos observar.
III. 2. b. Ahora bien, retornando a los fundamentos jurídicos de la revisión de la sentencia, no podemos dejar de señalar que en el proceso anterior, propio de un modelo médico de la discapacidad, en el cual el déficit hacía foco en la persona y no en las barreras que se le presentaban desde el “afuera”: “No estaba previsto, al menos legalmente y en forma expresa, la posibilidad de revisión de la sentencia a efectos de ajustar lo oportunamente dictado a las condiciones actuales —más o menos favorables, según el caso— de la persona - …- La exigencia de revisión es coherente con la concepción interdisciplinaria de la salud mental, así como con el modelo social de la discapacidad (CDPD), al tiempo que se erige contraria a la regulación civil tradicional, que ha entendido a la incapacidad desde un concepto biológico-jurídico, consecuencia del cual la modificación de la sentencia originaria solo podía habilitarse en caso de “recuperación”: con la rehabilitación (Código Civil y Comercial de la Nación comentado; dirigido por Marisa Herrera; Gustavo D.
Caramelo Diaz; Sebastian Picasso. - 2a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ediciones SAIJ, 2022, p 102, 103). La mayor autonomía de las personas con diversidad funcional se constituye en uno de los criterios claves del nuevo escenario normativo al que lleva la interpretación con enfoque de derechos humanos. Así “El artículo 12 de la CDPD establece reglas en materia de capacidad jurídica, que impone la necesidad de una revisión de las normas civiles sobre el ejercicio de la capacidad. Dentro de este contexto de cambios de paradigma hay que ubicar la ley 26.657 de Salud Mental, que marcó una modificación significativa, al introducir el artículo 152 ter que obligaba a personalizar en las sentencias las funciones y actos que se limitan, a contar con una evaluación interdisciplinaria y revisar las sentencias cada tres años (Kemelmajer y otros, 2015: 1)” (Garate Rubén, “La determinación de la capacidad jurídica, principios y procesos”, en Revista Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP.
Año 14 / Nº 47 – 2017, p. 159). Esta interpretación nos aleja de cualquier mirada pétrea porque parte de una mirada más amplia, dinámica y contextualizada. En efecto, “Del concepto mismo de salud mental adoptado por la LSM (art. 3°), se deriva que las decisiones que se adopten respecto a las restricciones a la capacidad de ejercicio o la incapacidad de las personas en razón de padecimientos en su salud mental, no pueden ser definitivas. Se considera a la afección como un proceso en el que intervienen diversos componentes que no son sólo los biológicos, que pueden variar y de allí que la dolencia puede superarse y lograr avances positivos en base a diferentes tratamientos, terapias, apoyos tecnológicos, donde además incide el soporte afectivo y comprensión del entorno familiar y social, por tanto, deberá ampliarse la esfera de autonomía; mientras que en otras ocasiones, en cambio, se deteriore la situación en cualquiera de los órdenes y las limitaciones dispuestas en la primera medida judicial resultar exiguas, y por ende, requerir ampliar las restricciones”.
(Bueres Alberto, Código Civil y Comercial de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial. Tomo 1 A, Ed. Hammurabi, 1° ed. 2016, p. 342)
Es decir, la revisión de la sentencia encuentra justificativo desde los derechos de las personas con discapacidad a partir de un criterio de garantía y de derecho de acceso a la justicia reconocido por el art. 12 de la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad. Por tal razón su obligatoriedad oficiosa a cargo de los jueces, sin que sea necesario acreditar previamente cambios de las circunstancias.
Por ende, a partir de considerar que la sentencia no es inmutable en los procesos de determinación de la capacidad, la revisión se constituye en su garantía a partir de un enfoque de derechos humanos, en los que se tendrán en cuenta al momento de su reexamen -mediante audiencia personal y realización de informe interdisciplinario- información integral y actualizada de la persona, no sólo referida a su estado de salud sino también aquella relacionada con su residencia, visitas que recibe, acompañamiento del apoyo, etc. La articulación de estos recursos por parte de la judicatura constituyen recaudos sustanciales que puede conducir a mantener, reducir, modificar o hacer cesar las restricciones y a reconfigurar el sistema de apoyos.
La SCBA refuerza el criterio que los pronunciamientos judiciales en materia de capacidad integran un ámbito intrínsecamente dinámico conforme las nuevas prescripciones que son acordes a los estándares propios del estatuto de los derechos humanos, en los siguientes términos: “... en estos procesos no puede entenderse como inmutable lo declarado por una sentencia que restringe o amplia el ejercicio de la capacidad jurídica, porque la estabilidad del pronunciamiento se encuentra supeditada a la permanencia de las causas que dieron lugar a su dictado. Es decir, en este aspecto no puede sostenerse que exista cosa juzgada o litis pendencia perfecta, como afirma la Cámara" (fs. 231 vta.).-…- "... lo manifestado implica aprehender que la autonomía y habilidades de las personas con alteraciones mentales son mutables en orden a los tratamientos, estímulos, socialización, nuevos afectos, vínculos, apoyos etc. Es un derecho totalmente reconocido, que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmutable (art. 7 inc. N de la ley 26.657)" (fs. 232)” (del dictamen del Subprocurador compartido por la SCBA en causa C. 119.425, “Y. ,V. s/ Insania-Curatela”, 19/10/2016).
En efecto, la génesis mutable de la sentencia es una característica central que conduce a su revisión cada tres años, por lo que la cronicidad de la enfermedad, padecimiento o síndrome resulta un argumento superado en función de los derechos que dicha revisión procura garantizar, y que no resulta análoga a la reglamentación administrativa que rige la emisión del certificado único de discapacidad. No obstante, cabe señalar que en el caso se solicitó la inaplicabilidad de la norma sin peticionar la declaración de su inconstitucionalidad, extremo que exige exponer y demostrar la lesión constitucional.
La especialista en la materia Dra. Silvia Fernández sostiene que: “Acorde a este carácter dinámico se exige la revisión de las sentencias de restricción de la capacidad jurídica”, a partir de ubicar a la discapacidad no ya como una condición personal del sujeto, sino como el resultado de la interacción entre las diferentes barreras que presenta el medio, conforme lo preceptuado en los arts. 1 y 2 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad" (Fernandez Silvia Eugenia, El régimen de capacidad en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, Publicado en: Sup. Especial Nuevo Código Civil y Comercial 2014 (Noviembre), AR/DOC/3834/2014)
Ese plazo de revisión con una periodicidad no mayor a los tres años, no obsta a que pueda producirse una reevaluación previa, a pedido de parte o de oficio. Es que “Uno de los elementos novedosos de la nueva legislación y que merece elogios es la entrevista personal que el juez debe tener con el causante. Se trata de una medida que permite al juzgador tener una mirada propia y acceder a la palabra inmediata de aquel sobre quien está resolviendo… -…- Se ha dicho que «no se trata de un simple diagnóstico médico o de una evaluación de coeficiente intelectual, sino más bien de una valoración interdisciplinaria. Corresponderá valorar las circunstancias sociales y el contexto que rodean a la persona». De modo que «lo esencial a tener en cuenta en estos informes «interdisciplinarios» -y su principal diferencia con las antiguas evaluaciones médicas- es entender que las problemáticas de salud mental abarcan distintas áreas de la vida de una persona, y que verlo desde el punto de vista -estrictamente- médico, dará una visión sesgada de la cuestión, dejando afuera elementos y situaciones -sociales, familiares, convivenciales, etc.- que inciden (incluso más que la propia patología) en la vida de relación del sujeto” (Fiorenza, Alejandro - Mainoldi, M. Soleda, “La revisión de la sentencia declarativa de incapacidad, de restricción de la capacidad o de inhabilitación”. En microjuris 10/08/2018, Cita:
MJ-DOC-13620-AR | MJD13620).
En definitiva, el objetivo no es la sentencia sino la persona en su actual y real dimensión – en tanto eje de todo sistema- lo que le permitirá al juez advertir y valorar si existen modificaciones no sólo en su estado de salud sino también en sus condiciones particulares de vida en razón de cambios sociales, de cuidado o económicos.
Por lo expuesto, voto por la AFIRMATIVA.
La Sra. Jueza Doctora Issin votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
El Sr. Juez Doctor Loiza votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO:
Corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto ordena su revisión en el plazo de tres años. Restando firmes las restantes cuestiones dispuestas en la sentencia apelada pues no fueron materia de agravio (art. 266 y 272 CPCC).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión planteada la señora Jueza doctora Issin votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
El Sr. Juez Doctor Loiza votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
Necochea, 25 de agosto de 2026.
VISTOS Y
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se confirma la sentencia de grado en cuanto ordena su revisión en el plazo de tres años. Restando firmes las restantes cuestiones dispuestas en la sentencia apelada pues no fueron materia de agravio (art. 266 y 272 CPCC). Notifíquese mediante el depósito del presente en el del 14/10/2021 SCBA). Devuélvase.
Fin de la sentencia