Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 61.467
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la sentencia apelada de fs. 825/831, en cuanto fue dictada sin otorgarle efectos a la reconciliación habida y probada entre los cónyuges, y extender los efectos de la ganancialidad hasta día 6/10/2009, fecha en la cual las partes pusieron de manifiesto al juez su intención de continuar con el juicio de divorcio (art. 234, 1271 ss. y cdtes. del Cód. Civ.; art. 480 del Cód. Civ. y Com., citado como pauta interpretativa);
2Imponer las costas de ambas instancias al demandado vencido (arts. 68, 274 del C.P.C.C);
3Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31, 51 del Decr. Ley 8904/77).
Causa nº: 2-61467-2016 "H., N. M. C/ Z. J. C. S/LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: 55 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los dieciocho días del mes de Mayo del año Dos Mil Diecisiete, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Jorge Mario Galdós y María Inés Longobardi, (encontrándose el Dr. Víctor Mario Peralta Reyes en uso de licencia, Resol. SE 2561 del 29/3/17 de la S.C.B.A) para dictar sentencia en los autos caratulados: “H., N. M. c/ Z., J. C. s/ Liquidación Sociedad Conyugal” (N° 61.467), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dres. Longobardi, Galdós y Peralta Reyes.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra. ¿Es justa la sentencia de fs. 825/831?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, la Sra. Juez Dra. Longobardi dijo:
I. a) N. M. H. promovió demanda de liquidación de la sociedad conyugal contra J. C. Z. La sociedad fue disuelta por sentencia de divorcio dictada en los autos caratulados “H. de Z., N. M. y Z., J. C. s/ Divorcio vincular” (Exp. 17.289) y su activo se conformaría con los siguientes bienes:
1. un inmueble sito en la calle Balcarce 3182 de Olavarría, que fuera sede del hogar conyugal; 2) 52 cuotas de 84 de un Plan Rombo para la adquisición de un automotor marca Renault Clío, automotor de propiedad de los cónyuges que fue vendido el día 9/6/2009 por Z. a Dante J. Emiliozzi en la suma de $ 23.800, sin que la actora haya recibido dinero de dicha transferencia; 3) dos fondos de comercio “Carnicerías Z.”, sobre los cuales el demandado ha realizado actos de disposición –como es el caso del que se encontraba ubicado en la intersección de las calles Rufino Fal y Celestino Muñoz de Olavarría, sin que haya recibido su parte. Manifiesta que en contraprestación de dicho fondo de comercio Z. recibió un camión marca Fiat, dominio WIP-348, que fue inscripto a nombre de V. S. Z., hija del matrimonio. Posteriormente fue abierta otra carnicería, con los muebles retirados de Rufino Fal y Celestino Muñoz, en la calle Coronel Suárez 2583 de Olavarría. A su vez, una carnicería ubicada en Vicente López 1799 fue mudada a Vicente López 2023. Se reserva el derecho de solicitar la rendición de cuentas respectiva con relación a dichos fondos de comercio; 4) los bienes muebles del que fuera el hogar conyugal y de los fondos de comercio, que serán inventariados oportunamente.
Solicita la liquidación de los bienes descriptos.
b) En su contestación el demandado opuso excepción de transacción, en virtud de un convenio de disolución de la sociedad conyugal firmado entre las partes el día 15 de Marzo de 2001. Negó que la actora no haya recibido dinero por la venta del automóvil Renault Clío, dominio DRJ- 296, afirmando que recibió dinero en efectivo ($ 11.900). Por lo tanto, considera que dicho bien debe ser excluido y, para el caso de incluirse, debe reconocérsele una recompensa por haber recibido H. más de su parte. Solicitó la exclusión de los fondos de comercio como integrantes de la sociedad conyugal por cuanto no revisten el carácter de gananciales; fueron atribuidos a cada cónyuge mediante convenio y la actora “fundió” el suyo, ya que nunca generó ingresos económicos, no trabajó, ni dentro ni fuera del hogar, ni colaboró en las carnicerías. Manifestó que la sociedad conyugal tuvo vigencia desde la celebración del matrimonio, el día 16 de enero de 1985 hasta el día de disolución de la sociedad conyugal 1° de marzo de 2001 (cfr. sentencia de divorcio; art. 1306 Cód. Civ.), por lo que todo bien que se halle fuera de ese período ha dejado de pertenecer a la sociedad conyugal. Expresó que debe excluirse el fondo de comercio ubicado en la calle Coronel Suárez 2583 de Olavarría, que fue hecha totalmente nueva y habilitada a finales del año 2007 y los muebles de dicho fondo que fueron adquiridos en el 2007 y abonados en cuotas durante el año 2008. Consideró que dicho criterio cabe aplicarse también al fondo de comercio ubicado en la calle Vicente López 2023, mudado luego a la Vicente López 1799 en el 2010, por una cuestión de costos de alquiler del local, adquiriendo todas las herramientas nuevas. Manifiesta que, todos los muebles, herramientas y útiles que componen ambos fondos de comercio le pertenecen en forma exclusiva. Señaló que debe ser la actora quien pruebe el carácter de esos bienes si pretende incorporarlos como pertenecientes a la sociedad conyugal.
Con relación a la situación del bien inmueble ubicado en la calle Balcarce 3182 expresó que lo adquirió en 1995, estando casado con la actora, y para ello entregó un vehículo marca Fiat Duna 1994 como parte de pago y el saldo del precio (85%) fue cancelado en cuotas. Manifiesta que el inmueble se encontraba hipotecado y el gravamen fue cancelado íntegramente por él, con posterioridad a la fecha de disolución de la sociedad conyugal el 1 de marzo de 2001. La cancelación pudo concretarla trabajando todos los días, incluidos los domingos. Asimismo consideró que las reformas y refacciones realizadas entre los años 2003 a 2006 tienen carácter propio, ofreciendo los comprobantes respectivos. Estimó que al momento del acuerdo (15/3/2001) se había cancelado tan sólo el 30% del inmueble y que sólo el 15% era ganancial (U$S 5.680 aproximadamente). Solicitó que las tasaciones de los bienes sea realizada al mes de marzo de 2001, fecha de disolución de la sociedad conyugal. Expresó haber entregado U$S 1.500 en el estudio de la letrada de la actora “a cuenta de liquidación de sociedad conyugal”, cuya deducción solicita.
La actora contestó la excepción de transacción (fs. 434/439)
alegando reconciliación posterior a la suscripción de dicho convenio, durante el trámite del juicio de divorcio, durante el cual no comparecieron a la segunda audiencia fijada porque habían decidido darse una nueva oportunidad. Afirma que se reconciliaron, lo que cabe presumir a partir del reinicio de la cohabitación (fines de mayo de 2001) hasta la solicitud de nueva audiencia para terminar el trámite de divorcio, el día 9/9/2009. Calificó de anacrónico el convenio suscrito con fecha 15 de marzo de 2001, y solicita que se lo tenga como resuelto de pleno derecho.
II. En la sentencia dictada en la instancia anterior se rechazó la excepción de transacción, con costas. Se atribuyó el carácter de ganancial a los bienes que surgen del convenio privado con firma certificada el día 15 de marzo de 2001, estableciendo que se fijará una audiencia a los fines de proceder a la liquidación conforme lo convenido. Las costas de la acción principal se impusieron a la actora vencida, difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad.
Para así decidir la a quo consideró que la transacción no puede prosperar porque no existió un proceso judicial previo en el que se haya dictado un pronunciamiento definitivo sobre las cuestiones aquí debatidas, máxime cuando el demandado pretende hacer valer un convenio privado con firma certificada del cual ni siquiera ha obtenido su homologación. Con relación a la reconciliación de los cónyuges durante la tramitación del juicio de divorcio señaló que conforme surge de los autos caratulados “H. de Z., N. M. y Z., J. C. s/ div. Vincular” (Exp. N° 17.289) la disolución de la sociedad conyugal se produjo con efecto retroactivo al día 1/03/2001, sentencia que ha quedado firme y consentida, por lo que los efectos retroactivos de la sentencia de divorcio vincular a la fecha de la presentación conjunta, no han sido cuestionados oportunamente, adquiriendo el carácter de cosa juzgada. Sumado a ello, tampoco ha sido objeto de prueba la acreditación del restablecimiento del vínculo conyugal que la Sra. H. quiere hacer valer a fin de desvirtuar el convenio con firma certificada, teniendo la carga de acreditar dicho extremo.
Con relación a los bienes que componen la sociedad conyugal remitió al convenio suscrito por las partes y dijo que la actora viene contra sus propios actos al querer dejar sin efecto lo pactado oportunamente, sin que haya alegado falsedad para revocarlo, por lo que atribuyó el carácter de ganancial a los bienes que integran dicho acuerdo.
III. Contra dicho pronunciamiento ambas partes dedujeron recursos de apelación. La actora lo interpuso a fs. 834 y lo fundó con el escrito de fs. 847/850vta., mientras que el demandado apeló la sentencia a fs. 836, expresó agravios (fs. 852/862) y, a su vez, contestó la memoria de la contraparte (fs. 864/867vta.).
a) La actora se agravió de la sentencia en tanto no consideró acreditada la reconciliación de los cónyuges imponiéndole la carga de la prueba de dicho extremo de la pretensión. Señaló que en el expediente hay prueba suficiente del restablecimiento de la convivencia a fines de mayo/junio de 2001, luego de un breve período de separación (marzo a mayo de 2001). Describió las pruebas que acreditan la reconciliación (acta de segunda audiencia de divorcio, absolución de posiciones del demandado –respuesta nro. 4-, testimonial de Mirta Dumrauf) y citó jurisprudencia referida al art. 234 del Cód. Civ. conforme la cual “se presumirá la reconciliación si los cónyuges reiniciaron la cohabitación”.
Expresó que en el juicio de divorcio la segunda audiencia fue celebrada ocho años después porque ambos cónyuges habían decidido continuar con el matrimonio, dándose una segunda oportunidad. Manifestó haber ido a vivir con sus hijos V. y M. por el breve lapso de tres meses a un departamento ubicado en la intersección de las calles Bolívar y España de Olavarría, para lo cual Z. le entregó $ 1.500, pero dicha separación duró eso, un breve lapso entre los primeros días de marzo hasta fin de mayo, reconciliándose con el demandado viviendo así todos juntos en el inmueble de la calle Balcarce 3182 de Olavarría. Dijo que durante el período de separación suscribieron el convenio de disolución de la sociedad conyugal que consta en autos, pero al reconciliarse, el convenio perdió virtualidad. Adujo que la reconciliación operada restituye todo al estado anterior a la demanda, lo que cabe presumir, si los cónyuges reiniciaron la cohabitación con voluntad recíproca de perdón y plena comunidad de vida. Sindicó, como prueba del perdón mutuo, un viaje de vacaciones realizado a Las Grutas y San Blas en el año 2009, para el cual adquirieron en condominio un automotor marca Peugeot, modelo Partner Patagónica, patente HTR-277, con fecha 14/1/2009.
Señaló que la refacción total del inmueble que fuera sede del hogar conyugal (Balcarce 3182) fue consensuada y decidida por ambos. Dijo que con el objeto de concretar las reformas se mudaron a la casa de su ex suegra Sra. I. M. de Z. hasta que terminó la remodelación. Describe las constancias probatorias de autos (recibos, presupuesto, comprobantes de pago de materiales, etc.) que acreditan sus afirmaciones.
Manifestó que ocho años después, con fecha 9 de Septiembre de 2009, decidió presentarse en el juzgado y solicitar la fijación de la segunda audiencia para terminar el trámite de divorcio iniciado en el año 2001, ya que los problemas conyugales reaparecieron y resultaba imposible la convivencia. Señaló que el día 2/2/2010 se dictó sentencia de divorcio vincular decretando la disolución de la sociedad conyugal a la fecha de presentación de la demanda (el día 1/3/2001). Destacó que el demandado intentó homologar judicialmente el convenio sin lograrlo en los autos “Z., J. C. c/ H., N. M. s/ homologación de convenio” (Exp. N° 1705), por lo que dicho acuerdo quedó resuelto de pleno derecho. Puso de manifiesto que dedicó su vida al cuidado de los hijos y de la casa, mientras que Z. manejó las carnicerías que siempre fueron el origen de los ingresos familiares. En síntesis, se agravió de la sentencia apelada porque otorgó validez a un convenio que nunca tuvo principio de ejecución atento la reconciliación operada oportunamente y solicitó la revocación de la sentencia apelada y la imposición de las costas.
b) Por su parte, el demandado cuestionó el rechazo de la excepción de transacción como defensa de fondo y la imposición de las costas de la excepción impuestas a su cargo.
Solicitó al Tribunal la determinación del alcance del convenio de fs. 39/42 estableciendo el porcentaje de cada cónyuge sobre los bienes descriptos, deduciendo la cancelación del crédito hipotecario y las mejoras realizadas sobre el inmueble sito en Balcarce 3182 de Olavarría, durante los años 2003 y 2006, gastos que dice haber realizado en forma exclusiva. Planteó la incongruencia del fallo apelado porque rechazó la excepción de transacción para luego apoyarse en el acuerdo disponiendo la liquidación de la sociedad conyugal. Dijo que resulta incongruente el pronunciamiento por cuanto: o se hace lugar a la transacción o se rechaza el convenio, pero no puede rechazarse la transacción y luego remitirse al acuerdo. Consideró a este incidente de liquidación como el marco apropiado para declarar la validez del acuerdo que regula los derechos de las partes. Expresó que la homologación no constituye un requisito de la eficacia de la transacción y cuando la misma es extrajudicial procede como defensa de fondo.
Afirmó que resulta improcedente pretender reclamar, con posterioridad a la atribución, nuevos bienes que no fueron oportunamente incluidos en el acuerdo particionario y, mucho menos, mencionados en el mismo, habiendo precluido la oportunidad para realizar nuevos planteos atinentes a la sociedad conyugal, por lo cual debe hacerse lugar a la excepción de transacción opuesta como defensa de fondo, revocándose el punto 1 de la sentencia apelada, con costas a la parte actora. Manifestó haber pagado exclusivamente la hipoteca del inmueble de la calle Balcarce 3182 y canceló de su propio peculio las mejoras realizadas (U$S 50.000 en remodelación), sin que la actora haya aportada nada. Por lo expuesto, entiende que le corresponde entre un 85% a 90% del referido inmueble. Consideró aplicable la doctrina conforme la cual desde que se produce la separación de hecho hasta la sentencia de divorcio, los cónyuges no participan en los bienes adquiridos por el otro, con independencia de que la disolución del régimen matrimonial opere con efecto al día de la notificación de la demanda (cita abundante jurisprudencia en este sentido). Expresó que la prohibición de abuso del derecho es un principio cardinal de nuestro ordenamiento positivo que se proyecta hacia todos sus ámbitos y se encuentra consagrado en la ley, precisamente, para poner coto a conductas disvaliosas como la de la recurrente, evitando su enriquecimiento sin causa. Solicitó que sobre la base del convenio suscrito entre las partes el día 15/3/2001 se precisen que bienes estarían hoy comprendidos, a cuánto asciende la masa partible que surge de dicha transacción -sea en porcentaje o en monto- deduciendo los bienes ya asignados, las distribuciones efectuadas, deducciones, recompensas, pagos y mejoras acreditadas, teniendo en cuenta la fecha de la inversión y las circunstancias del caso (art. 1316 bis del Cód. Civ.).
Encontrándose cumplidos los pasos procesales de rigor, se encuentra el Tribunal en condiciones de abocarse al análisis de las presentes actuaciones, a los fines del dictado de la sentencia (fs. 872, 873).
IV. 1) Como primera medida corresponde dejar sentado el derecho aplicable al sub-lite. En un reciente caso, que considero de similares características al presente, este Tribunal señaló que “la determinación del activo ganancial cuya sociedad conyugal fue disuelta durante la vigencia del Código Civil derogado a partir del 1-8-2015, debe regirse por la ley vigente al momento de la extinción de la comunidad ganancial (art. 7 del CCCN)” (esta Sala, causa N° 61.325, sent. del 3/12/16 “Cuadra…”).
Analizando el derecho transitorio en casos de disolución de la sociedad conyugal señaló Aída Kemelmajer de Carlucci que: “la extinción de la situación jurídica (divorcio) sólo puede ser declarada conforme la ley vigente al momento de la extinción. El hecho que esa sentencia tenga efectos retroactivos a la época de la interposición de la demanda, o incluso a la época de la separación de hecho a los fines de la disolución de la comunidad de bienes, no afecta esta regla; las consecuencias patrimoniales consumidas se rigen por el Código Civil, las no consumidas, por el Código Civil y Comercial” (cfr. “Nuevamente sobre la aplicación del Código Civil y Comercial a las situaciones jurídicas existentes al 1 de agosto de 2015”, Publicado en La Ley 2015-C, 951 y sgtes.; “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Ed. Rubinzal- Culzoni, Bs. As. 2015, pág. 36; en el mismo sentido ver las nociones de “consumo jurídico”, “hechos cumplidos” y “consecuencias no agotadas de situaciones jurídicas preexistentes” en Galdós, Jorge M. “La responsabilidad civil y el derecho transitorio”, La Ley 2015-F, 867 y con relación al divorcio en “Los juicios de divorcio en trámite y el Código Civil y Comercial”, La Ley 2015-E, 1227).
En este mismo sentido se expidió la Cámara Nacional Civil al expresar que “la sentencia dictada en el proceso de divorcio seguido entre las partes, disolvió la sociedad conyugal de conformidad con lo dispuesto en el art. 1306 del Cód. Civil, de modo que las implicancias que pudieran existir entre la sociedad conyugal y cada uno de los interesados quedaron fijadas en dicho período y no pueden extenderse más allá de ese lapso, por mucho que la discusión sobre la liquidación y partición de los bienes se hubieran diferido” (CNCiv., Sala C, del 16/6/2016 “L., N. L. c/ A., H. O. s/ liquidación de la sociedad conyugal”; CNCiv., Sala M, “L., E. M. c. M., H. A. s/ liquidación de la sociedad conyugal”, La Ley on line AR/JUR/70582/2016). Cabe señalar que con relación a la calificación de bienes de la comunidad no existen conflictos de derecho temporal, desde que el CCyC recoge todas las reglas interpretativas de las normas anteriormente vigentes (Kemelmajer de Carlucci, Aída “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Segunda parte, Análisis de doctrina y jurisprudencia, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2016, págs. 135). En este caso la sentencia dictada en el proceso de divorcio disolvió la sociedad conyugal con efecto retroactivo al día 1° de marzo de 2001 (art. 1306 del Cód. Civ.), por lo que las relaciones jurídicas existentes entre la sociedad conyugal y cada una de las partes, y entre estas entre sí, quedaron fijadas en dicho período: la demanda se presentó el día 1° de marzo de 2001, la sentencia de divorcio se dictó con fecha 2 de febrero de 2010 y fue consentida por las partes, de manera que la disolución de la sociedad conyugal se produjo al amparo de la legislación anterior (cfr. art. 7° del C.C.C.N; ver fs. 5/6vta., 42/43vta., fs. 46 y 54 de los autos caratulados: “H. de Z., N. M. y Z., J. C. s/ divorcio vincular”, Exp. N° 17.289, que corre por cuerda). Por ello, los actos cumplidos: como la presentación conjunta del juicio de divorcio, la confección de un acuerdo de disolución de la sociedad conyugal (con fecha 15/3/2001), el intento de homologación de dicho convenio por parte de Z. y la reconciliación invocada por H., que habría sido posterior a dichos actos, son situaciones cumplidas durante la vigencia del Código Civil (cfr. doct. del art. 7 del Cód. Civ. y Com.; ver autos caratulados “Z., J. C. c/ H., N. M. s/ Homologación de convenio”, Exp. N° 1705/2010, que corre por cuerda).
Cabe concluir entonces que la sociedad conyugal quedó disuelta bajo el régimen jurídico anterior, que regula aquellos aspectos referidos a la calificación de los bienes de la comunidad, lo convenido entre las partes con relación a los bienes de la sociedad conyugal, la reconciliación de los cónyuges y sus efectos sobre los bienes adquiridos durante el trámite del juicio de divorcio (arts. 213, 215, 234, 236, 1261 y sgtes., 1271, 1272, 1275, 1291, 1299, 1304, 1306, 1313, 1315, 1316 bis., 3449 ss. y cdtes. del Cód. Civ.; art. 7 del C.C.C.N).
2. Aclarado lo anterior, comienzo por recordar que “el régimen patrimonial del matrimonio se funda en la presunción de ganancialidad de los bienes existentes a la fecha de disolución de la sociedad conyugal, salvo la prueba de que uno de los cónyuges los ‘adquirió por herencia, legado o donación’ (art. 1271 Cód. Civ.) o que son propios (arts. 1261, 1246, 1266, 1271, 1273 y ccncs. del Cód. Civ.). Ese principio es llamado in dubio pro comunitate, sentado en el art. 1271 del Cód. Civ., según el cual se presumen gananciales todos los bienes existentes a la disolución de la sociedad, si no se prueba que pertenecían a los cónyuges cuando se celebró el matrimonio, o que los recibieron después por herencia, legado o donación –conf. Vidal Taquini, Carlos H. “Régimen de bienes en el matrimonio”, 3ra. edición, segunda reimpresión, Ed. Astrea 1993, pág. 216; Azpiri, Jorge O. “Régimen de bienes en el matrimonio”, 2da. Edición actualizada y ampliada, Ed. Hammurabi, 2007, pág. 96-” (esta Sala, causa 61.325, sent. del 3/12/16, “Cuadra…”).
Los cónyuges en su presentación conjunta de fecha 1° de marzo de 2001 acordaron sobre la tenencia de los hijos y los alimentos, pero guardaron silencio respecto de los bienes que componían la sociedad conyugal (fs. 5/6vta., Exp. N° 17.289, art. 236 del Cód. Civ.). La distribución se proyectó por separado, mediante un convenio celebrado el día 15 de marzo de 2001, en el cual quedó cristalizado el patrimonio de la sociedad conyugal.
Conforme el convenio referido, a la fecha de la disolución de la sociedad conyugal (1/3/2001) el activo se componía de los siguientes bienes: 1) un inmueble ubicado en la calle Balcarce 3182 de Olavarría, 2) un automóvil marca Renault Clío, del cual se habían pagado 52 cuotas ($ 12.800), que se adjudicó a Z., comprometiéndose a abonarle a H. 40 cuotas mensuales de $ 160 cada una, 3) dos fondos de comercio, uno sito en la calle Vicente López 1799 de Olavarría “Carnicería Z.”, atribuido a Z. y el otro ubicado en la intersección de las calles Rufino Fal y Celestino Muñoz de Olavarría, que fue atribuido a Herrera, mientras que los bienes muebles no suntuarios se repartieron en forma privada entre las pares (Cláusula Segunda del convenio de fs. 39/41).
Por su parte, el pasivo se encontraba compuesto por un crédito hipotecario en favor del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que gravaba el inmueble de la calle Balcarce 3182 con un saldo pendiente de pago de U$S 28.685,58- cuyo pago, gastos de cancelación y escrituración asumió Z. en forma exclusiva. A su vez, se comprometió a abonar el 50% indiviso a su ex-cónyuge en 40 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $ 142 (que representa la diferencia entre la valuación fiscal del inmueble y el saldo adeudado al banco). El monto de la cuota fue establecido entre las partes y surge de la siguiente ecuación: a la fecha del convenio se habían abonado $ 11.294 del mutuo hipotecario, sobre dicho monto le correspondía a la actora el 50% indiviso ($ 5.680), que sería pagado a H. en 40 cuotas de $ 142, a realizarse en el estudio jurídico de la Dra. Martins de Oliveira. Se pactó un pago unificado por la parte correspondiente al Renault Clío ($ 160) y por la vivienda de la calle Balcarce ($ 142) en 40 cuotas de $ 302. A su vez, H. se comprometió a abonar el alquiler del local correspondiente al fondo de comercio adjudicado, sito en la esquina de las calles Rufino Fal y Celestino Muñoz de Olavarría, de propiedad de A. Z., tomando a su cargo el empleado que trabaja en dicha carnicería Cristhian Banegas (cfr. convenio de disolución sociedad conyugal, cláusulas segunda, tercera, cuarta y quinta, fs. 39/41).
Con fecha 9 de junio de 2010, J. C. Z. solicitó la homologación del acuerdo en los autos caratulados “Z., J. C. c/ H., N. M. s/ homologación de convenio” (Exp. 1705/2010, fs. 14), obteniendo sentencia favorable de primera instancia, luego revocada en anterior intervención de esta Sala (fs. 85/86vta., Exp. 1705/10), que sobreseyó el proceso por la férrea oposición exhibida por la demandada quien invocó la reconciliación de los cónyuges posterior al inicio del juicio de divorcio (cabe aclarar: también posterior al convenio), controversia que excedía el limitado marco del procedimiento previsto en el art. 823 del C.P.C.C. (fs. 14, 50/55, 65/67, 85/86vta. del Exp. 1705/2010).
De este modo, no habiéndose homologado el convenio, H.
tomó la iniciativa de promover el presente juicio de liquidación de la sociedad conyugal trasladando el objeto de la controversia a este proceso (es decir, la reconciliación de los cónyuges durante el trámite del juicio de divorcio y sus efectos sobre la composición de los bienes que componen la sociedad conyugal).
Así quedó trabada la litis el demandado pretende que se reconozca plena validez al convenio de fecha 15/3/2001, aferrándose a lo allí acordado, y la actora se opone a ello, señalando que con posterioridad las partes reanudaron la cohabitación por un período que duró alrededor de ocho años, lo que implica reconciliación y deja sin efecto la distribución realizada en aquel acuerdo (cfr. fs. 24/26vta.; 39/41, 381/406vta., 434/452, arts. 234, 236 del Cód. Civ.; arts. 330, 354 del C.P.C.C.).
3. Sintetizadas las pretensiones, corresponde considerar la reconciliación de los cónyuges dado que ello incide sobre la calificación de los bienes adquiridos durante la tramitación del juicio de divorcio, proceso que se extendió inusualmente durante un lapso de casi nueve años (ver fs. 5/6 vta., 42/43vta. del Exp. 17.289).
El supuesto se encuentra contemplado en el art. 234 del Cód. Civ. que dispone que: “se extinguirá la acción de separación personal o de divorcio vincular y cesarán los efectos de la sentencia de separación personal, cuando los cónyuges se hubieren reconciliado después de los hechos que autorizaban la acción. La reconciliación restituirá todo al estado anterior a la demanda. Se presumirá la reconciliación, si los cónyuges reinician la cohabitación. La reconciliación posterior a la sentencia firme de divorcio sólo tendrá efectos mediante la celebración de un nuevo matrimonio” (texto según ley 23.515).
Diversos estudios doctrinarios se han ocupado del tema señalando que la reconciliación “… es la restitución del matrimonio al estado normal mediante el perdón recíproco de las ofensas y agravios que dieron lugar a las causales de separación, con la intención de reestablecer la plena comunidad de vida matrimonial”, (cfr. Corbo, Carlos María “Reconciliación matrimonial: efectos personales y patrimoniales”, DJ 23/04/2014, pág. 1). Señala Mizrahi que “en el derecho positivo argentino, con la regulación de los divorcios por causales objetivas, el perdón de los agravios ha dejado de ser un elemento esencial común a toda reconciliación; la que puede quedar configurada con la verificación de la voluntad de unión de los cónyuges” (Mizrahi, Mauricio Luis “La reconciliación en el divorcio y separación personal”, La Ley 2008-F, 1332).
El concepto de reconciliación, como perdón recíproco de las ofensas y agravios, perdió virtualidad con la sanción de la ley 17.711 que introdujo la separación personal mediante presentación conjunta ante la existencia de causales que tornaban moralmente imposible la vida en común (art. 67 bis Cód. Civ.); luego la ley 23.515 plasmó distintas variantes del denominado divorcio-remedio, como por ejemplo la causal objetiva de separación de hecho sin voluntad de unirse (arts. 202 inc. 5°, 203, 204, 205, 209, 214, 215, 216, 236, 238 del Cód. Civ.) y el actual régimen de divorcio consagró el divorcio incausado, en el cual el respecto a la libertad de elección y la autonomía de los cónyuges adquiere su máxima expresión (arts. 435, 437 y sgtes. del C.C.C.N.; Correia, Vanesa R. “Divorcio incausado en el Código Civil y Comercial de la Nación y análisis de un fallo que auguraba la reforma”, Utsupra, publicación del día 21/9/15, protocolo A00393376981).
En el presente caso, la reanudación de la convivencia por el período comprendido entre fines de Mayo 2001 y Octubre de 2009 fue un hecho expresamente reconocido por el demandado, quien alegó haber “alojado” a su ex-cónyuge en el domicilio de la calle Balcarce 3182 de Olavarría (fs. 387vta.). Además del referido reconocimiento, la cohabitación se encuentra acreditada en autos con la absolución de posiciones del demandado (respuesta a la posición 4ta., fs. 515vta.; arts. 384, 421 del C.P.C.C); el certificado de dominio de fs. 415/416 del cual surge que las partes adquirieron en condominio un vehículo marca Peugeot Patagónica, Dominio HTR-277, con fecha 14/1/2009; plano de obra de refacción y ampliación del inmueble de la calle Balcarce 3182 de Olavarría, visado el día 13/01/2004, extendido a nombre de Z. J. C. y Sra. (fs. 422/428) y comprobante de pago del derecho de construcción expedido por la Municipalidad de Olavarría a Z. J. C. y Sra., con fecha 26/12/03 (fs. 420); declaración testimonial de Dumrauf, que da cuenta de la reanudación de la cohabitación y de la realización de un viaje a San Blas y Las Grutas en Enero de 2009 (fs. 520/521; arts. 384, 456 del C.P.C.C.); acta de la segunda audiencia de fecha 25/11/2009 en la cual las partes manifestaron al magistrado que “viven todos juntos” (fs. 40, Exp. N° 17.289; art. 384 del C.P.C.C).
Con el material probatorio reseñado considero probado que con posterioridad al inicio del juicio de divorcio y luego de un breve lapso de separación, las partes reanudaron la cohabitación que se extendió por un período de ocho años tornando operativa la presunción de reconciliación de prevista en el art. 234 del Cód. Civ., siendo carga de quien pretende desvirtuar dicha presunción legal, acreditar que, pese a la convivencia, no se restableció la plena comunidad de vida inherente al matrimonio (art. 234 del Cód. Civ., art. 375 del C.P.C.C).
Expresa Azpiri que “el hecho de vivir bajo el mismo techo hará presumir la reconciliación entre los cónyuges y el que alegue lo contrario deberá demostrar que la cohabitación común no implicó una reconciliación sino que se debió a otros motivos y no a la recomposición de la plena comunidad de vida” (cfr. Azpiri, Jorge O. “Juicio de divorcio vincular y separación personal”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires 2005, pág. 463). En la sentencia apelada se consideró que debió haber sido la actora quien debió acreditar el “restablecimiento del vínculo conyugal”, contrariando la presunción legal (art. 234 del Cód. Civ.), cuya operatividad se produjo con el reconocimiento del demandado de haber retomado la cohabitación para darle “alojamiento” a su ex-cónyuge, a afirmación de Z. que no fue probada por lo que no desvirtuó la presunción de reconciliación (ver contestación de fs. 387vta.; absolución de posiciones de fs. 515vta., respuesta 27, arts. 163, 234, 375 párr.2°, 354, 384, 421 del C.P.C.C). La creencia de que estaba a cargo de la actora la prueba de la reconciliación, cuando en realidad había cohabitación y era el accionado quien debía acreditar que la convivencia obedecía a otras razones, le impidió a la Sra. Jueza a quo analizar sus efectos, aspecto de carácter esencial para la esfera patrimonial del presente caso, dado que el restablecimiento de la sociedad conyugal se produjo por más de ocho años y durante ese período evolucionó la comunidad de bienes. El fallo apelado se fundó además en la cosa juzgada de la sentencia de divorcio (cfr. autos caratulados “H. de Z., N. M. y Z., J. C. s/ Divorcio Vincular”, Exp. N° 17.289, fs. 42/43vta.), que según la jueza anterior obturaría toda posibilidad de modificar la fecha de disolución de la sociedad conyugal (1/3/2001), cerrando la discusión entre las partes (cfr. Considerando IV, de la sentencia apelada).
El anclaje del pronunciamiento en la cosa juzgada conduce a una solución disvaliosa porque la sentencia firme en el juicio de divorcio no tuvo en cuenta la reconciliación de los cónyuges dado que ellos no le comunicaron al juez la reconciliación; simplemente se presentó H. solicitando que se fije audiencia a los efectos de continuar el trámite en un expediente que había estado archivado ocho años (fs. 23, Exp. 17289). La falta de comunicación de las partes al magistrado fue determinante en la sentencia dictada sin mérito de la reconciliación, que podría haberse extraído de la incomparecencia a la segunda audiencia fijada para el día 6 de agosto de 2001, a las 8,30 hs. a las que habían sido citadas “bajo apercibimiento de tenerlos por desistidos en caso de incomparecencia injustificada” (cfr. fs. 16 del Exp.
N° 17.289). Tal incomparecencia implicaba el desistimiento, máxime cuando había transcurrido tanto tiempo entre la presentación conjunta y el pedido de nueva audiencia para continuar el trámite (10/9/09, fs. 23 del expediente de divorcio). De tener noticia de la reconciliación la a quo debió decretar el desistimiento del proceso y no dictar sentencia como lo hizo, porque al hacerlo retrotrajo la fecha de disolución al día 1/3/2001, dejando un extenso período de indefinición sobre el carácter de los bienes adquiridos, que constituye ahora el objeto central de la controversia, situación que probablemente no se habría verificado de haberse fijado la fecha de disolución de la sociedad conyugal el día en que las partes pusieron nuevamente de manifiesto al juez su voluntad de extinguir el vínculo (cfr. audiencia del día 6/10/2009, fs. 25 del Exp. 17.289; Cecchini, Francisco C.
“Aspectos procesales...” pág. 147/148, citado por Corbo, nota 5; Kielmanovich expresa que “la incomparecencia de una o ambas partes a la audiencia trae aparejado el ‘desistimiento automático’ de la pretensión” -cfr. “Juicio de divorcio y separación personal”, Ed. Rubinzal- Culzoni, Santa Fe 2002, págs. 426, 437, Lagomarsino, Carlos A. R. “Juicio de divorcio”, 2da edición, Ed. Hammurabi, Buenos Aires 1993, pág. 270; Fanzolato, Eduardo I. “Código Civil” Alberto J. Bueres (Dir) Elena I. Highton (Coord.), Ed. Hammurabi, Buenos Aires 2003, pág. 287-). Azpiri expresa que “en caso de que se haya entablado demandada de separación personal o divorcio vincular, si tiene lugar la reconciliación de los esposos, la acción se extinguirá, por lo que el juicio no podrá seguir adelante” (cfr.
Azpiri, Jorge O. “Juicio de divorcio vincular y separación personal”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires 2005, pág. 463).
Por ello, no puede considerarse que los efectos de la cosa juzgada impidan considerar la ganancialidad de los bienes adquiridos durante los ocho años de reconciliación a través de la reanudación de la cohabitación y del proyecto de vida común, pues la fecha consignada en la sentencia de divorcio se estableció con base en una realidad fáctica errónea, error del que ahora pretende beneficiarse Z., enriqueciéndose sin causa en perjuicio de Herrera, en una actitud reñida con la buena fe, que constituye un abuso del derecho y un fraude al régimen patrimonial del matrimonio (arts. 1071 –según ley 17.711-, 1261 ss. y cdtes. del Cód. Civ.; arts. 9, 10, 12 ss y ccs. del Cód. Civ. y Com.).
Conforme lo expuesto, corresponde extender los efectos de la ganancialidad de bienes hasta el día 6 de octubre de 2009, fecha en que las partes pusieron de manifiesto al juez su intención de continuar con el juicio de divorcio (fs. 25, del Exp. 17.289).
Con relación a la fecha de disolución de la sociedad conyugal, cabe traer a colación una sentencia de la Suprema Corte de Mendoza en la cual se resolvió que: “acreditado que desde la presentación conjunta del divorcio hasta el momento en que el esposo solicitó que se dicte sentencia nació el tercer hijo de la pareja, cabe disponer que los efectos de la disolución del vínculo sean retroactivos a la última fecha mencionada, que es aquélla en la que uno de los cónyuges ratificó su voluntad de divorciarse, ello a fin de proteger los derechos de ese niño, cuyo nacimiento quedará emplazado dentro del matrimonio, como así también los derechos de las partes respecto a los bienes que puedan haber adquirido en ese período, los que quedarán dentro del régimen de ganancialidad” (S.C. Mendoza, Sala I, sent. del 26/11/2014 “L., R. I y A., M. A s/ divorcio vincular mutuo acuerdo, disolución y liquidación de la sociedad conyugal p/ recurso extraordinario de inconstitucionalidad-casación”, La Ley 2015-A, pág. 158). En el ámbito de la provincia de Buenos Aires la Suprema Corte consideró palmariamente abusiva la actitud del cónyuge que pretende participar de los bienes adquiridos por el otro luego de la separación de hecho, dado que la razón de ser de la ganancialidad es el esfuerzo común de los cónyuges, de modo que interrumpida la convivencia y la colaboración, no se justificaría atribuir el carácter de bienes gananciales a los adquiridos posteriormente al cese de la cohabitación (cfr. S.C.B.A., causa 87.609, sent. del 13/4/05 “A., E. M. c/ S., H. J s/ incidente de liquidación de la sociedad conyugal”, CNCiv., en pleno, 29/9/99, “C., G. T c/ A., J. O.”, La Ley 1999-F, pág. 3; doctrina seguida por esta Sala, causa N° 61.325, del 13/12/16 “Cuadra…”; ver también: Peracca, Ana “Código Civil y Comercial de la Nación”, Ricardo Luis Lorenzetti (Dir.), Tomo III, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 2015, págs. 171/172).
Dicha doctrina interpretada “a contrario sensu” resulta sumamente valiosa y nos permite arribar a una justa recomposición del litigio, extendiendo los efectos de la ganancialidad a los bienes adquiridos luego de la reconciliación, etapa en la cual los bienes incorporados por Z. también provienen del esfuerzo común de los cónyuges.
Por su parte, este Tribunal equiparó la notificación de la etapa previa con la notificación de la demanda, a los fines de la determinación del momento de disolución de la sociedad conyugal (esta Sala, causas nro. 55.045, del 30/6/11 “M…”, causa nro. 58.468, del 21/4/14 “C…”), lo que permite concluir que la retroactividad dispuesta en el art. 1306 del Cód. Civ. no constituye una regla férrea cuando conduce a una injusticia.
La evolución descripta fue recogida en el nuevo Código Civil y Comercial, importante pauta interpretativa actual, estableciendo la facultad del juez de “modificar la extensión del efecto retroactivo fundándose en la existencia de fraude o abuso del derecho”, dejando a salvo los derechos de terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso (cfr. art. 480 del CCyC; ver: Peracca, Ana “Código Civil y Comercial de la Nación”, Ricardo Luis Lorenzetti (Dir.), Tomo III, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 2015, págs. 171/172; Roveda, Eduardo Guillermo “Código Civil y Comercial de la Nación”, Julio César Rivera y Graciela Medina (Dir), Tomo II, Ed. La Ley, Buenos Aires 2015, pág. 211).
El esfuerzo común, el hacer compartido, la colaboración de los cónyuges, son la esencia de la ganancialidad y constituyen el criterio guía en la interpretación de todas las cuestiones atinentes a la sociedad conyugal, lo que sin duda no fue comprendido por Z., quien se empeñó en remarcar que solventó de manera exclusiva el crédito hipotecario, abonando el 77,52% del mismo al día 15/3/2001, y pagó las refacciones realizadas en el inmueble durante los años 2003/2006 (fs. 852vta./853), señalando que era el único que trabajaba y tenía capacidad económica para realizar dichas erogaciones conforme lo acredita con profusa documentación de ARBA y AFIP (cfr. DDJJ de fs. 95/386, informes de AFIP de fs. 565 y 566), por lo que H. no tendría, en su criterio, derecho a participar de los bienes adquiridos con su esfuerzo personal e individual y, de concedérsele participación, habría que reconocerle a él una recompensa por los gastos y el esfuerzo realizado (cfr. expresión de agravios de fs. 852/862).
Al respecto cabe decir que el demandado no conformaba con H. una sociedad de hecho (ver. certificado de matrimonio de fs. 4, del Exp. N° 17289), en la cual cada socio debe acreditar su aporte, sino una sociedad conyugal con su propio régimen patrimonial en virtud del cual los ingresos provenientes del trabajo personal de un cónyuge (frutos civiles) no le pertenecen en forma exclusiva sino que pertenecen a la sociedad (cfr. art. 1272 del Cód. Civ.). Señala Azpiri que “el legislador tiene que brindar una solución adecuada a los roles que cada esposo desempeña, contemplando la necesaria realización de labores dentro del hogar y en función de la familia, como así también las que se llevan a cabo fuera del seno familiar tendientes a la adquisición de bienes” (Azpiri, Jorge O. “Régimen de bienes del matrimonio”, 2da. edición, Ed. Hammurabi, 2007, pág. 23).
Por ello resulta infructuoso el empeño del demandado en acreditar que H. no tenía ingresos de su trabajo personal (cfr. absolución de posiciones, 6 y 7, fs. 517), que no trasladaba chacinados de una carnicería a otra (cfr. testimoniales de fs. 527/528vta., 530/531) y no colaboraba en la limpieza de las carnicerías (cfr. testimonial de fs. 527/528vta.) porque dichas tareas, realizadas o no, no le quitan su carácter de socia de la sociedad conyugal, cuyo régimen patrimonial proviene de la ley, principia con el matrimonio y no puede ser dejado de lado por las partes, al menos en la legislación vigente durante la unión de los consortes, dado que ahora pueden optar “antes de la celebración del matrimonio” por alguno de los regímenes patrimoniales previstos en el nuevo código (art. 1261, 1272 del Cód. Civ.; art. 446 del C.C y C.; arts. 375, 384, 456 del C.P.C.C.)
Por todo ello, encontrándose probado el restablecimiento de la plena comunidad de vida de los cónyuges durante el período comprendido entre fines de Mayo 2001 y Octubre de 2009, y que durante dicho lapso el patrimonio de la sociedad evolucionó por el esfuerzo común de los cónyuges, resulta inconciliable con el más elemental sentido de justicia privar a uno de los ellos de toda participación en tales bienes, porque proceder de ese modo, acogiendo lo propuesto por el demandado, implicaría consagrar el abuso del derecho de quien pretende ampararse en un convenio claramente superado por las circunstancias (15/3/2001) enriqueciéndose sin causa y en fraude al régimen patrimonial del matrimonio (arts. 234, 1261, 1246, 1266, 1271, 1273, 1306 y ccncs. del Cód. Civ.; arts. 3, 9,10, 12, 480 del Cód. Civ. y Com.; arts. 34, 163, 164 del C.P.C.C). La solución que propicio resuelve de manera equitativa la situación de indefinición en que habían quedado los bienes de la comunidad durante el extenso período de reconciliación, rigiendo para los bienes adquiridos durante dicho período el régimen de ganancialidad, en virtud del principio “in dubio pro comunitate” (arts. 1261, 1246, 1266, 1271, 1273, 1306 y ccncs. del Cód. Civ.).
Extendidos los efectos de la ganancialidad al día 6/10/2009 no será abordada en esta instancia la liquidación de los bienes pertenecientes a la comunidad, dado que las partes podrán realizar acuerdos, denunciar nuevos bienes o considerar excluidos, incluso divididos o repartidos, bienes integrantes de la sociedad durante este nuevo período, de ocho años aproximadamente, tarea que deberá realizarse en la instancia de origen, como ya aconteció en los autos caratulados “H., N. M. c/ Z., J. C. s/ división de condominio” (Exp. 61.763), que tengo a la vista por encontrarse tramitando en la alzada, en el cual las partes se distribuyeron el vehículo Peugeot Partner, Dominio HTR-277, sin que la sentencia de primera instancia, ni la dictada por esta Sala, hicieran mérito de la reconciliación de los cónyuges y sus efectos sobre el régimen de bienes de la sociedad, por lo que considero que lo allí resuelto no resulta vinculante para la solución que propicio. Simplemente el bien distribuido en el referido proceso deberá excluirse de la masa de bienes gananciales a liquidarse en el presente. En virtud de lo expuesto, corresponde revocar la sentencia apelada de fs. 825/831, en cuanto fue dictada sin otorgarle efectos a la reconciliación habida y probada entre los cónyuges, y extender los efectos de la ganancialidad hasta día 6/10/2009, fecha en la cual las partes pusieron de manifiesto al juez su intención de continuar con el juicio de divorcio (art. 234, 1271 ss. y cdtes. del Cód. Civ.; art. 480 del Cód. Civ. y Com., citado como pauta interpretativa); imponer las costas de ambas instancias al demandado vencido (arts. 68, 274 del C.P.C.C); diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31, 51 del Decr. Ley 8904/77). Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Galdós adhiere al voto precedente, votando en igual sentido por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION, la Señora Juez Dra. Longobardi, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, propongo al acuerdo adoptar la siguiente resolución: revocar la sentencia apelada de fs. 825/831, en cuanto fue dictada sin otorgarle efectos a la reconciliación habida y probada entre los cónyuges, y extender los efectos de la ganancialidad hasta día 6/10/2009, fecha en la cual las partes pusieron de manifiesto al juez su intención de continuar con el juicio de divorcio (art. 234, 1271 ss. y cdtes. del Cód. Civ.; art. 480 del Cód. Civ. y Com., citado como pauta interpretativa); imponer las costas de ambas instancias al demandado vencido (arts. 68, 274 del C.P.C.C); diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31, 51 del Decr. Ley 8904/77). Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Galdós adhiere al voto precedente, votando en igual sentido por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, Mayo de 2017. -
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) revocar la sentencia apelada de fs. 825/831, en cuanto fue dictada sin otorgarle efectos a la reconciliación habida y probada entre los cónyuges, y extender los efectos de la ganancialidad hasta día 6/10/2009, fecha en la cual las partes pusieron de manifiesto al juez su intención de continuar con el juicio de divorcio (art. 234, 1271 ss. y cdtes. del Cód. Civ.; art. 480 del Cód. Civ. y Com., citado como pauta interpretativa); 2) imponer las costas de ambas instancias al demandado vencido (arts. 68, 274 del C.P.C.C); 3) diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31, 51 del Decr. Ley 8904/77). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.
JORGE MARIO GALDÓS MARÍA INÉS LONGOBARDI VICEPRESIDENTE JUEZ CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II SALA II
Ante mí:
CLAUDIO MARCELO CAMINO SECRETARIO CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II
Fin de la sentencia