Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul Sala II · Causa 2
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la deserción del recurso de apelación deducido a fs. 425/425 vta. por la parte citada en garantía (“Nativa Compañía Argentina de Seguros S.A.”);
2Confirmar en lo sustancial la sentencia recurrida de fs. 411/421 y modificar su aclaratoria de fs. 422 en lo relativo a los montos de condena que se fijan en $140.000.- para daño patrimonial por incapacidad de la menor y en $120.000.- por daño moral;
3Imponer las costas en la Alzada a la demandada vencida (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.);
4Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Decreto/Ley 8904/77).
Causa nº: 2-60877-2015 "O. H. S. Y OTRO/A C/ PIETRAFESA CATALINA MARIEL S/ DAÑOS Y PERJ.
DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: 167 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los 30 días del mes de Noviembre del año Dos Mil Dieciséis, reunidos en Acuerdo Extraordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi, Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados: “O., H. S. y otro/a c/ Pietrafesa, Catalina Mariel s/ Daños y Perjuicios” (Causa Nº 60.877), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós – Dr. Peralta Reyes - Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ª.- ¿Procede declarar la deserción del recurso de apelación interpuesto a fs. 644?.
2ª.- ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 411/421 y su aclaratoria de fs. 422?.
3ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
Como anticipé contra la sentencia de Primera Instancia de fs. 411/421 y su aclaratoria de fs. 422, la parte citada en garantía (“Nativa Compañía Argentina de Seguros S.A.”) dedujo a fs. 425/425 vta. recurso de apelación, habiendo sido concedido el mismo libremente por la Sra. Juez “a-quo” a fs.. 426 primer párrafo. Elevados los autos a la Alzada se dictó la providencia de fs. 443, por la que se manda expresar agravios de conformidad a lo dispuesto por el art. 254 del Cód. de Proc.
El informe de Secretaría que obra a fs. 464, da cuenta del vencimiento del término legal en el cual la apelante debía dar cumplimiento a dicha carga procesal, sin haberlo hecho.
Sentado lo expuesto, atento a lo normado por el art. 261 del C.P.C.C., no habiendo presentado la recurrente el escrito de expresión de agravios dentro del plazo legal (conf. informe fs. 464), corresponde declarar desierto el recurso de apelación deducido por la parte citada en garantía (“Nativa Compañía Argentina de Seguros S.A.”).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Jueces Doctores Peralta Reyes y Longobardi, por los mismos argumentos votaron en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Doctor Dr. Galdós, dijo:
I. Los señores H. S. O. y M. E. R., en representación de su hija menor T. O., promovieron demanda resarcitoria reclamando la suma de $589.483, en concepto de daños patrimonial y moral sufridos por la niña en ocasión de sufrir una lesión con posterior secuelas, mientras jugaba en un “pelotero” al que concurrió invitada al festejo de cumpleaños de un compañero, el 30 de Octubre de 2011. Promovieron la pretensión contra la propietaria del pelotero "Pikolino" sito en calle Manuel Leal Nro. 4450 de Olavarría, Sra. Catalina Mariel Pietrafesa, citando en garantía a Nativa Compañía Argentina de Seguros S.A.
La sentencia de grado, ahora recurrida por ambas partes, dictada a fs. 411/421 y su aclaratoria de fs. 422 admitió la demanda y condenó a Catalina Mariel Pietrafesa a pagar la suma total de $ 130.000 en concepto de daños, de los cuales $ 90.000 corresponden al daño patrimonial por la incapacidad parcial y permanente de la niña del 15% y $ 40.000 al daño moral, condena extensiva a Nativa Compañía Argentina de Seguros S.A; ordenó también pagar intereses a la Tasa Pasiva-Plazo Fijo Digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde la fecha del hecho (30/10/2011) hasta la de su pago efectivo y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.
Para así decidir, el pronunciamiento consideró acreditado que el día 30 de Octubre de 2011, en horas de la noche, T. sufrió un accidente en el pelotero “Pikolino” en Olavarría discrepando las partes sobre la mecánica del hecho: la actora alegó que el inflable en el que se cayó la niña y a raíz de lo cual sufrió una fractura de codo del brazo izquierdo se debió a que el inflable tenía poca presión o un número excesivo de chicos jugando en su interior y la demandada alega la imprudencia de la niña en la utilización del juego. Luego, el fallo apreció los testimonios rendidos por algunas madres de otros menores que estaban en el lugar y el de una empleada pero concluyó que no se pudo probar cómo ocurrió el accidente porque no lo vieron directamente. Tras ello ubica el encuadre legal en la responsabilidad objetiva, tanto si se considerara que el vínculo es extracontractual por aplicación del art 1113 CC o contractual en función de la obligación tácita de seguridad que admite el art. 1198 CC o por vía de la relación de consumo de la ley 24.240. De ese modo, citando jurisprudencia, y partiendo de la base de que la demandada no probó la culpa de la víctima ni la de un tercero y que evidentemente las medidas de seguridad que dice adoptó resultaron insuficientes, tuvo por no demostrada la causa del daño y admitió la demanda en función de la responsabilidad de la accionada en la causación del hecho. Sostiene que el inflable en el que ocurrió el hecho es una cosa de riesgo y que la falta de prueba del cumplimiento de la obligación tácita de seguridad implica el progreso de la demanda porque la niña entró sana al lugar y salió con lesiones. Más adelante y en lo relativo a la cuantificación del daño consideró probada la incapacidad parcial y permanente del 15% con leve disminución del rango de movilidad del codo izquierdo, lo que resulta de la pericia practicada, y con esa base fijó en $ 90.000 ese rubro resarcible. Por daño moral fijó, tal como se aclaró más adelante en la sentencia de fs. 422, la suma de $ 40.000 teniendo en cuenta la edad de la menor, y que si bien el pronóstico es muy favorable estuvo internada, fue operada y estuvo en tratamiento de rehabilitación. Contra esa sentencia interpusieron recursos de apelación la actora a fs. 433, la demanda a fs. 423 y la aseguradora a fs. 425, siendo concedidos todos ellos.
A fs. 447/452 expresó agravios la demandada y la actora hizo lo propio a fs. 453/460, no habiéndolo hecho la aseguradora según resulta del informe de la actuaria de fs.464. Las piezas impugnativas no tuvieron respuesta de la parte contraria.
A fs. 467/468 dictaminó la Asesora de Incapaces quién propició el aumento de los montos de condena.
Los agravios de la actora cuestionan las sumas otorgadas en concepto de resarcimiento, considerándolas bajas e insuficientes y que no fueron explicadas las razones por las que se arribó a $ 90.000 por daño material y $ 40.000 por daño moral, criticando que no se haya tenido en cuenta que al demandar esa parte estimó los montos sobre la base de las fórmulas matemáticas que formuló. Tras ello cita mucha jurisprudencia, tanto relativa a la obligación de seguridad de los dueños de los peloteros y establecimientos de esparcimiento, como sobre la cuantificación de los daños.
El agravio de la demandada critica tres cuestiones del fallo: la atribución de responsabilidad a esa parte, los montos de condena que considera altos y la aplicación de la tasa de interés pasiva digital. En lo relativo al primer punto detalla, en lo medular, que se la condenó indebidamente porque la actora no probó ninguna de las dos causas alegadas como determinantes del accidente: que el juego estuviera con baja presión (o desinflado) ni que tuviera muchos chicos en su interior, poniendo de relieve que el local está debidamente habilitado por la Municipalidad y que se adoptan las medidas necesarias. Sostiene que si bien es cierto que la niña se cayó dentro del pelotero mientras jugaba destaca que no se acreditó la causa del hecho, la que es propia del accionar de la víctima y de los otros chicos. Cuestiona los fundamentos del fallo cuando afirma que el pelotero es una cosa riesgosa y que se aplique al caso la obligación de seguridad y manifiesta que los testigos no pudieron indicar cómo ocurrió el hecho porque no lo vieron. En lo atinente a los montos de condena los cuestiona, comenzando por criticar primero la valoración de la pericia médica de la cual la juez infirió que T. padece una incapacidad del 15%; afirma que no hay daño y en todo caso debe ser estimado más bajo. También reprocha la procedencia y cuantía del daño moral porque la actora no probó que tenga daño psicológico más allá del tratamiento que aconseja el perito. Finalmente dice que es improcedente aplicar la tasa pasiva digital, que debe fijarse la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires porque aquella tasa capitaliza intereses y, entre otras consideraciones, sostiene que en todo caso la tasa pasiva digital debe correr desde la fecha del fallo.
Llamados autos para sentencia y firme el proveído que hace saber el orden de votación que resultó del sorteo, el expediente se encuentra en condiciones de ser decidido (fs. 472 y vta. y fs. 473 y vta.).
II.- 1.- Anticipo mi opinión en el sentido de que la sentencia recurrida debe ser confirmada en lo atinente a la responsabilidad civil y revocada parcialmente en torno a la cuantificación de los daños reclamados, desestimándose -de ese modo- los agravios de la demandada y admitiendo los de la actora.
En efecto, la accionada impugna del fallo de condena la atribución de responsabilidad civil, los montos de los daños resarcibles y la aplicación de la tasa pasiva digital, agravios que resultan improcedentes; y la actora controvierte la cuantía de los daños patrimonial y moral, el que debe ser receptado con el alcance que propiciaré. Por ello, y atendiendo a razones de método, me ocuparé de ambos agravios de modo conjunto analizando primero la cuestión de la responsabilidad civil y luego los montos de los daños resarcibles y la tasa de interés.
No está en discusión que el día el día 30 de Octubre de 2011, en Olavarría, aproximadamente a las 21:45 hs, en oportunidad de asistir a la fiesta de cumpleaños de un compañero, en el salón de juegos infantiles “Pikolino”, propiedad de la accionada Sra. Catalina Mariel Pietrafesa, la niña T. O. (de 9 años) sufrió lesiones en el “inflable” que le produjeron una secuela incapacitante al caer de uno de los juegos del lugar. Se lesionó el codo del brazo izquierdo y a raíz de ello, y pese a que fue intervenida quirúrgicamente, guardó reposo durante 40 días y tuvo tratamiento de rehabilitación, padece de una incapacidad parcial y permanente que la sentencia determinó en el 15%, conforme la pericia practicada. La existencia del hecho no está controvertida sino las causales del accidente: la actora la atribuye a la deficitaria condición del juego (el “inflable” más grande) o al exceso de niños en el mismo; la demandada por su lado aduce la culpa de la víctima ya que dice que se produjo por imprudencia de la menor en la utilización del juego.
La sentencia de grado emplazó la cuestión litigiosa en la responsabilidad objetiva, sea que se considere que el vínculo jurídico por el daño producido en un pelotero es de naturaleza extracontractual o contractual y, con cita de jurisprudencia, consideró que no se acreditó la culpa de la niña por lo que ante la ausencia de la prueba (que debía rendir la accionada) de la concurrencia de eximentes la pretensión debe prosperar íntegramente contra el propietario, conforme los fundamentos de la responsabilidad sin culpa. Dicho de otro modo: la ausencia de prueba de descargo por parte de la propietaria del pelotero acarrea el progreso total de la pretensión porque no demostró la ruptura total o parcial del nexo causal ya que no se acreditó la existencia de la culpa (o el hecho no culpable de la víctima, menor de 9 años) ni de un tercero por que no deba responder ni el caso fortuito (arts. 901, 906, 1111, 1113 y concs.
CC aplicable conforme el art 7 CCCN). En ese sentido la sentencia valoró la prueba producida y explicó que los testimonios de algunas madres de los niños que concurrieron al festejo no pueden precisar cómo se produjo el hecho sea porque no vieron el accidente o porque sólo tenían referencias por sus hijos (testigos Lidia Sarachu y Carmen Lucero). Incluso la progenitora de otro niño, Daniela Presunto, manifestó que T. fue empujada en el inflable grande por otro menor pero no vio el accidente y que lo dicho lo sabe por los comentarios de su hijo. Igualmente la empleada del lugar María de las Mercedes Bayles dijo que otro compañero suyo de trabajo le comentó que la “niña se cayó y otro niño se le cayó encima” (conf.
CD con audiencias videograbadas que se tienen a la vista). El fallo dice textualmente que “si bien se desconocen cuáles fueron las verdaderas causas del accidente del que resultó víctima la menor T. O., lo cierto es que ingresó sana al local de esparcimiento, y ya en el mismo resultó gravemente lesionada… No habiéndose demostrado la existencia de eximentes de responsabilidad, la demanda debe prosperar contra la Sra. Catalina Mariel Pietrafesa, tanto por tratarse el juego inflable en el que se accidentó la menor, de una cosa riesgosa (art. 1113, 2º párr., 2da. parte C.C.), como así también por la obligación tácita de seguridad que debía garantizar a los concurrentes al local de esparcimientos, por ser quien lo explotaba económicamente en el momento del evento dañoso (art. 1198 y ccs.
C.C.; art. 3º, ap. 3º de la Convención sobre los Derechos del Niños, aprobada por la ley 23.849 y de raigambre constitucional -art. 75, inciso 22 de la Constitución Nacional)” (sic. fs. 417 vta.). Ese argumento esencial no fue rebatido porque el agravio, cómo anticipé, no logró acreditar la existencia de eximentes y la ausencia de prueba de las causales de exoneración conlleva la admisión de la pretensión con sustento en la responsabilidad objetiva con prescindencia de la culpa del propietario del lugar de esparcimiento o de juegos (arts. 1113 y 1198 CC y arts. 1721, 1722, 1723, 1726, 1728 y concs. CCCN). Destaco que la autorización administrativa expedida por la Municipalidad de Olavarría para funcionar el pelotero “Pikolino” no exime de responsabilidad a su dueño ya que debe atenderse a la relación causal entre el hecho (el uso del juego) y el daño (la incapacidad de la niña), resultando irrelevante que por su edad no tenga culpa ya que lo que importa es determinar si la conducta, actuación o comportamiento –con o sin culpa de la víctima- (lo que el art. 1729 CCCN denomina hecho del damnificado) contribuyó total o parcialmente a causar el daño (lo que no se probó).Además el hecho de otro niño (lo digo por la invocada culpa del tercero, es decir la alegación del agravio de que otro menor empujó a T.) no constituye hecho del tercero por el que el dueño no deba responder.
La conducta previsible que pueden asumir otros chicos, jugando en un pelotero, constituye un hecho propio de la explotación del juego que está comprendido en los riesgos inherentes a esa actividad. Por lo tanto no configuran eximentes los hechos alegados en los agravios: que T. se cayó jugando con otros niños y que los otros menores que compartían los juegos con ella revisten la condición jurídica de terceros, ajenos a la actividad del propietario (arts. 499, 901, 906, 1111, 1113, 1198 y concs. CC).
Sobre el punto traigo a colación por resultar aplicable analógicamente lo decido por anterior precedente, en el que se resolvió que “el titular del local bailable no puede alegar que se trató del hecho de un tercero por quien no debe responder para eximirse de responder por los daños sufridos por el actor dentro del comercio, pues el agresor no es un extraño sino que se trata de otro cliente cuyo comportamiento se desarrolló dentro del marco de la actividad riesgosa, contribuyendo a generarla” (conf. C. Apel. Concordia, sala civil y com. II, 15/03/2016, “R., C. A. c. C., C. G. y otro s/ ordinario”, en Responsabilidad Civil y Seguros, Año XVIII, Nº 9, Septiembre 2016, pág. 93).
La falta de prueba por parte de la actora de que el daño se produjo porque el inflable no tenía suficiente presión o que había exceso en la cantidad de niños en su interior, no perjudica a la víctima y no resulta decisivo ante la falta de comprobación de que obedeció a causas ajenas a su riesgo o vicio.
En suma: por operatividad de la responsabilidad objetiva sea extracontractual o contractual (que el CCCN unifica en los arts. 1708, 1716, 1721, 1722, 1723, y concs.) o emplazada en el marco de la relación de consumo (art. 5 ley 24.240), aún partiendo de la hipótesis de la demandada de que “lo único que ha quedado probado es que la niña se cayó junto a otros niños y sufrió un aplastamiento o apretujón que le provocaron la fractura de su brazo izquierdo” (sic., fs. 449) la ausencia de eximentes implica que se torne operativa la presunción de responsabilidad del dueño de la cosa (el inflable) en que se produjo el hecho (art. 1113 cit. CC y arts. 1757 y 1758 CCCN).
La demandada Catalina Mabel Pietrafesa al absolver posiciones admitió que la “joven T. resultó lesionada al caerse en el inflable del lugar” y que “el accidente ocurrió porque al deslizarse por un tobogán al no salir rápido T., los nenes que vienen atrás se le caen arriba” y “ que a raíz de ello la menor sufrió lesiones en el codo” “por la causal que cinco o seis menores que estaban jugando se le cayeron encima” (arts. 384 y 421 C.P.C.; ver audiencia videograbada en CD que se glosó al expediente).
De modo que está reconocido que el daño se produjo mientras T. jugaba en el inflable del pelotero, sin atribuírsele a ella o a otros niños conductas imprevistas o inevitables, por lo que la responsabilidad surge nítida ante la falta de prueba de la accionada de la existencia de eximentes. Empero, y dado que el agravio insiste en que la actora no probó las causales invocadas (que el daño se produjo porque el inflable tenía poco presión o porque había un número de niños excesivo), si igualmente se considerara que la causa del daño permanece desconocida, no definida, imprecisa o no determinada, también opera la responsabilidad objetiva del sindicado como responsable (cf. S.C.B.A., C 118459, 15/06/2016, “Liberti, Néstor y Arellano, Nancy c/ Trinidad S.A. y otros. Indemnización por daños y perjuicios”, Sumario JUBA B4202028).
No hace mucho, y abordando el punto en esa sentencia (esta sala 12/7/2013, “Liberti, Néstor H. y Arellano, Nancy V. c/ Trinidad S.A. o La Trinidad S.A. s/ daños y perjuicios” (Causa N° 54.831,confirmada por la SCBA) se sostuvo, en consideraciones trasladables al caso porque representan la conclusión teórica y práctica sobre las consecuencias derivadas de la falta de prueba de las eximentes en la responsabilidad contractual o extracontractual objetiva, que “la ausencia de prueba sobre la causa del daño (si ésta permanece ignorada, en palabras de la doctrina), conlleva a la admisión total (y no parcial) de la pretensión resarcitoria” (esta Sala, causas cit. "Lucas c. Recchia" y “Álvarez” L.L.Bs.As. 1996-791 y Nº 48.042, “De La Canal...” y Nº 48.043, “Navarro...” sentencia única del 28/11/06).
La Suprema Corte de Buenos Aires reiterando su inveterada doctrina –y acudo a ella para dar respuesta a los agravios- decidió que “la ley toma en cuenta como factor para atribuir responsabilidad al dueño o guardián el ‘riesgo creado’ (reitero por mi lado: ello es trasladable al sindicado como responsable o al responsable presunto en materia de responsabilidad objetiva en general) prescindiendo, en principio, de toda apreciación de su conducta desde el punto de vista subjetivo, pues no interesa si de su parte existe culpa, ni invierte la carga procesal de la prueba. Aun cuando probasen su falta de culpa, ello carecería de incidencia para excluir su responsabilidad porque deben acreditar la concurrencia del supuesto previsto en la frase final de la segunda parte, 2° párrafo del art. 1113 del Código Civil, esto es, que la conducta de la víctima o de un tercero interrumpió total o parcialmente el nexo causal entre el hecho y el daño” (Sumario, Juba B23100; cf.
S.C.B.A., causas C 110847, 5-9-2012, “Ferrerira...”, C 105191, 3-10-2012, “Sánchez...”, C 114284, 3-10-2012, “R., M. O. y Ot....” y C 110037, 11-3-2013, “Torres...”, entre otras). En ese precedente se agregó que “aún cuando se reputara que el actor no probó que el siniestro –cuyo acaecimiento no está en discusión- sucediera de la manera en que se alegó en la demanda, ello no bastaría a fin de hacer cesar la responsabilidad objetiva que el art. 1113 del Código Civil pone en cabeza del dueño o guardián de la cosa riesgosa cuando ésta interviene en la producción del hecho” (cf. S.C.B.A., Ac. C. 105.191, 3/10/2012, “Sánchez...”). Esta doctrina consolida la posición anterior del Superior Tribunal (elaborada en torno a los accidentes de tránsito) que predica que “la indefinición sobre la forma en que sucedió el accidente, hace subsistir la responsabilidad que la referida norma (art. 1113, 2° párr. in fine Cód.
Civ.) pone en cabeza del dueño o guardián de la cosa riesgosa cuando ésta interviene activamente en la producción del perjuicio. Por ello deberá admitirse íntegramente la pretensión impetrada por la parte actora” (S.C.B.A. Ac. 102054, 20/05/2009 “Iglesias, María Elena c/ ‘Nueva Chevallier S.A.’ Daños y Perjuicios”, por unanimidad, voto Dr. Soria). “En efecto, -dice Zavala de González” la incertidumbre ante una causa ‘desconocida’ deja en pie la relación causal aparente entre el riesgo y el daño, que es la base de la atribución resarcitoria, la cual se mantiene de no probarse la mediación de una causa ajena al peligro” (Zavala de González, Matilde “Doctrina Judicial. Solución de casos”, T.4 pág.80; esta Sala causas N° 48042 “De La Canal” y N° 48043 “Navarro”, 28/11/06 cit.; esta Sala (esta Sala, 12/7/2013, “Liberti, Néstor H. y Arellano, Nancy V. c/ Trinidad S.A. o La Trinidad S.A.”, cit).
En sentido concordante con el fallo de grado, tiene dicho la jurisprudencia aplicable que “el propietario de un pelotero es responsable por los daños que la hija menor de los reclamantes sufrió en el lugar, en tanto aquél asume frente a todos los invitados al evento infantil una obligación accesoria de seguridad y si bien se desconocen cuáles han sido las verdaderas causas del accidente, la menor entró sana a la plaza de juegos y salió con una grave lesión en su cuerpo, no habiéndose probado la ruptura del nexo de causalidad” (cf. Cám. Apel. Civ. y Com. de Junín, 09/06/2011, “Wasniovsky, Gisela Vanina y otro c. Rossetti, Claudia Alicia y otros s/ daños y perj. por del. y cuasid. sin uso autom.”, en RCyS 2012-V, 40 con nota de Sabrina M. Berger, AR/JUR/30388/2011, voto Dr Guardiolla). Se agregó en otro fallo que “resulta procedente responsabilizar, a quien explota un local destinado al esparcimiento infantil, por las lesiones sufridas por un menor que cayó de uno de los juegos pues, si bien aquél concurrió a dicho comercio en virtud de la invitación a un cumpleaños, su dueño asume ante el locatario y frente a todos los invitados al evento infantil, una obligación principal cuyo objeto es brindar un momento de recreación a los niños, y una obligación accesoria consistente en darles seguridad para que retornen sanos a su hogar” (conf. Cám. Nac. Apel. en lo Civil, sala G, 18/06/2010, “Aguilar, Eduardo Ezequiel y otros c. Despelote Kids y otros”, La Ley Online, AR/JUR/28481/2010; en el mismo sentido: Cám. Apel. Civ. y Com. de San Isidro, 15/09/2015, “F. C. D. c/ L. F. H. s/ daños y perjuicios del./cuas. (ex. uso aut. y Estado)”, en MJJ95554).
Cabe añadir que la integridad y la salud de los menores son bienes jurídicos indisponibles por lo que no cabe ninguna duda de que el dueño del establecimiento dedicado a juegos infantiles (en el caso, un pelotero inflable en el que T. se cayó y sufrió quebradura de codo izquierdo) debe responder por el incumplimiento de la obligación de seguridad de evitar que los niños sufran daños en ocasión de utilizar las instalaciones (arts. 51, 54, 774 inc. c, 1251, 1252, 1722, 1723, 1728, 1729, 1731, 1732, 1733 y concs. CCCN). Se advierte que si en el contrato de depósito y por las cosas o efectos introducidos, se asume una responsabilidad objetiva, lo que es aplicable a los lugares de esparcimiento (arts. 1368, 1370, 1371, 1375, 1376 y concs. CCCN), idéntico criterio corresponde adoptar cuando lo que está en juego es la seguridad de las personas, máxime tratándose de niños (doctrina arts. 1289 inc. b, 1291, 1292 y concs. CCCN). Retomando el tema del alcance del deber de seguridad del propietario de un pelotero de garantizar la indemnidad e integridad de los niños que utilizan los distintos juegos de estos lugares de esparcimiento infantil, la jurisprudencia afirmó que “el dueño de un local destinado, comercialmente, al esparcimiento infantil, es responsable por los daños y perjuicios que padece un menor que se accidenta dentro de sus instalaciones si no prueba que el mismo aconteció por caso fortuito, culpa de la víctima o hecho de un tercero” (conf. Cám. Nac. Apel. en lo Civil, Sala C, 25/09/2007, “L. M. R. y otros c/ Espeche Juan Francisco y otro”).
A idéntica conclusión se arriba si el encuadre se concreta, de modo autónomo o complementario, en el marco de la relación de consumo integrando, o abasteciendo por sí sola, el deber del propietario de garantizar la seguridad de los menores ya que -dice la jurisprudencia- “una sociedad explotadora de una cadena de comidas rápidas es responsable por los daños sufridos por un menor en un pelotero ubicado dentro de uno de sus locales, pues incumplió la obligación de seguridad prevista en el art. 5 de la Ley de Defensa del Consumidor al permitir la utilización de un juego potencialmente peligroso en forma simultánea por infantes de distintas edades, pero sin discriminar sus diferentes exigencias de cuidado” (cf.
C.N.Civ., Sala J, 30/08/2012, “G., R. D. y otro c. Arcos Dorados Argentina S.A. y otro s/ daños y perjuicios”, en La Ley 02/11/2012, 5, con nota de Sabrina M. Berger; La Ley 2012-F, 199; ver también el sustento en la responsabilidad objetiva en C.N.Civ., Sala F, 20/07/2006, “Cossio Cáceres, José Ernesto y otros c/ Barrero, Daniel Emilio y otros s/ Daños y Perjuicios”, voto Dr. Zannoni, en elDial.com – AE2277; C.N.Civ., Sala M, 30-08-01, “Curani, Miguel Ángel y otro c/ Jobbs S.A. s/ Daños y Perjuicios”, en elDial.com – AE1797 y C.N.Civ., Sala G, 23/12/2008, “Dermisache, Leonardo Gabriel y Otra c/ Arcos Dorados S.A. s/ daños y perjuicios”). En el precedente antes citado de la Cámara de Junín, el Dr.
Guardiola, recordando palabras de otro decisorio de la justicia nacional, sostuvo que “en definitiva, cualquiera sea la figura contractual que se adopte, se la encuadre en las normas de protección de los consumidores, o inclusive, aun aprehendiendo el caso en el ámbito de la responsabilidad objetiva del art. 1113 del Código Civil, la obligación que pesa sobre los responsables de la guarda de menores debe considerarse una obligación determinada de brindar seguridad y consecuentemente, debe presumirse que todo daño incompatible con la vigencia de ese bien se debió a la carencia del mismo, salvo prueba de exoneración del responsable. Esta orientación cumplimenta además el objetivo de protección familiar ordenado constitucionalmente a través del art. 14 bis, al exigir a los responsables del cuidado de menores el mayor celo en la seguridad a su cargo, atento las más severas consecuencias del incumplimiento” (conf.
Gregorini Clusellas, Eduardo L., “La obligación de seguridad impuesta a quienes se encomiendan menores”, La Ley, 1989-B, 489; C.Civ.y Com. Junín, 09/06/2011, “Wasniovsky, Gisela Vanina y otro c. Rossetti, Claudia Alicia y otros s/ daños y perj. por del. y cuasid. sin uso autom.” cit., en RCyS 2012-V, 40). “Por último –concluyó el argumento nuclear del decisorio- a partir de las reformas de las leyes 24.999 y 26.361 a los arts. 40 y 1 de la ley de defensa del consumidor 24.240, no cabe duda que como destinatario en la utilización de los bienes y servicios provistos, al daño sufrido en dicha relación le resulta aplicable el régimen exoneratorio y probatorio que dicha normativa prevé” (ver en lo pertinente SCBA, Ac. 75111, S, 14/04/2004, “Fernández, Fernando c/ Roll S.R.L. y/o Soul Train s/ Daños y perjuicios”, en LLBA 2004, 613).
Por todo lo expuesto corresponde desestimar el agravio de la demandada porque ante la ausencia de prueba de la concurrencia de eximentes, la dueña del pelotero debe responder por las lesiones sufridas por la menor como consecuencia de una caída durante la utilización de un inflable. No resulta suficiente que Pietrafesa haya aducido (pero no probado) que actuó sin culpa; el hecho o actuación de otros niños en el inflable no constituye hecho de un tercero por el cual no deba responder y no se demostró que mediara un acontecimiento imprevisto e inevitable que interrumpiera total o parcialmente el nexo causal ya que -como ya enfatizé- si permanece indeterminada la causa real del daño( si el inflable tenía poca presión, si los otros niños empujaron a T., etc.), la pretensión debe prosperar íntegramente (arts. 1113 y 1198 CC y art. 5 ley 24.240; arts. 1757 y 1758 CCCN).
III.- 1.- El agravio de la actora cuestiona los montos conferidos por daños patrimonial y moral por considerarlos bajos y por su lado la demandada controvierte su procedencia y cuantía.
La pericia médica de fs. 379/381 es muy clara: la fractura del codo izquierdo de T., no obstante la cirugía y rehabilitación, tal como se desprende de su examen funcional y de los estudios practicados, permiten concluir que “presenta una incapacidad física, parcial y permanente estimada en un 15% del total, en lo que respecta a la especialidad de Ortopedia y Traumatología, conforme a los diferentes baremos guía de uso habitual” (conf. “Código de Tablas de Incapacidades Laborativas”, de S. Rubinstein; y “Baremo General para el fuero civil”, Altube – Rinaldi, Ed. García Alonso, 2010)” (sic, fs.. 380 vta.) … “Ese porcentual no comprende la secuela estética que -dice el perito- “surge de la deformidad en varo del miembro superior, sin perjuicio de que la secuela cosmética debe ser valorada por un especialista en medicina estética. En la incapacidad otorgada (del 15%) se encuentra contemplada la deformidad residual en varo del miembro afectado” (sic., fs.. 380 vta.). Todo ello incide también en la actividad deportiva de la niña ya que “como se señala en el examen físico, la actora presenta una leve disminución del rango de movilidad del codo izquierdo, lo que en principio las actividades deportivas estarían sólo sujetas a sus habilidades y destrezas …” (sic., fs.. 380 vta.; arts. 384 y 474 CPC). Por lo expuesto corresponde rechazar el agravio contra la admisibilidad del daño material por incapacidad parcial y permanente del 15 % y proceder a la determinación de su monto (arts. 1086 CC; art. 1746 CCCN).
2. Antes de ingresar en el análisis de las cuantificaciones es pertinente aclarar que la expresión de agravios de la actora cumple en autos los requisitos de admisibilidad en lo atinente a la impugnación por bajas de las sumas de condena (arts. 260 y 261 C.P.C.). Dejando de lado la práctica de transcribir abundante jurisprudencia, incluso vinculada a aspectos que no fueron materia de agravio, en ocasión de promover la demanda la actora estimó la cuantía del daño material que reclamó (el 25 % de incapacidad) en $ 467.187 acudiendo ejemplificativamente a fórmulas matemáticas; de ese modo menciona que por aplicación de la Ley de Riesgos del Trabajo su reclamo ascendería a $ 180.000 por el porcentaje de incapacidad reclamado (del 25%), $ 149.799,21 según la denominada fórmula “Vuotto” -aunque ha sido dejada de lado por la jurisprudencia- y $ 1.440.295,48 por la “Mendez” que reemplaza la anterior, señalando las diferencias resultantes de la utilización de ponderación objetiva de cada criterio. Frente a ello la sentencia derechamente otorgó $ 90.000, sin mayores aditamentos. Por consiguiente el agravio que afirma que los montos son bajos y se remite a lo sostenido y explicado en el escrito de demanda (y omitido considerar por la sentencia) satisface adecuadamente el requisito de la crítica concreta y puntual del pronunciamiento, máxime que resulta nítida la voluntad petitoria del recurso de cuestionar los montos indemnizatorios, tanto patrimonial como moral, aunque las mayores referencias recaen sólo sobre el primero (arts. 260 y 261 CPC).
En este contexto, siguiendo recientes pronunciamientos del Tribunal cabe reiterar que para cuantificar el daño patrimonial por incapacidad el actual art. 1746 CCCN, es aplicable porque constituye una consecuencia no agotada o no consumida de la relación jurídica nacida bajo la ley anterior, y esa indemnización debe ser ponderada con realismo económico en el momento de la sentencia, teniendo en cuenta también que constituye una deuda de valor (arts. 1, 2, 3, 7 y 772 CCCN, ver in extenso “La responsabilidad civil y el derecho transitorio”, LL 2015-F, 867). Ello impone, como primer paso, acudir a un criterio objetivo de medición (esta Sala, causa nº 60.647, del 17/11/16, “Espil María Inés y Otro/a c/ Apilar S.A. y Otro/a s/ Daños y Perj.
Estado (Uso Autom. s/ Lesiones)”. Por su parte, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación prescribe que el curso de los intereses comienza desde que se produce cada perjuicio (cfr. art. 1748 del CCCN; conf. esta Sala, causa nº 60.590, del 06/10/16, “Loscar, Oscar Alfredo y Otra c/ Garro, José María y Otros s/ Daños y Perjuicios”, con mi voto). En efecto, el art. 1746 Código Civil y Comercial, ha traído una innovación sustancial pues prescribe el "deber" de aplicar fórmulas matemáticas tendientes a calcular el valor presente de una renta futura no perpetua. A fines de cuantificar el daño patrimonial por incapacidad psicofísica (lo que también es aplicable al daño por muerte del art. 1745 CCCN) las referidas fórmulas se erigen como un parámetro orientativo que no puede ser omitido por la judicatura a la hora de cuantificar los daños personales por lesiones o incapacidad física o psíquica o por muerte.
Empero, es necesario puntualizar que la utilización obligatoria de las denominadas fórmulas matemáticas no conlleva la aplicación mecánica y automática del resultado numérico al que se arribe; por ende el referido imperativo legal debe ser interpretado como una herramienta de evaluación ineludible para el juez, pero que en modo alguno excluye la valoración de otros parámetros aconsejados por la sana crítica en su dialéctica relación con las circunstancias del caso (arts. 1, 2, 3, 7, 1746 y concs. CCCN, Sala II, Azul, 29/12/2015, “G., A. F. vs. Tucci, Fabricio César y otro s. Daños y perjuicios”, www.rubinzalonline.com.ar, RC J 760/2016). En esa tarea deviene necesario identificar la fórmula empleada, pues ello constituye el mecanismo que permite al justiciable y a las instancias judiciales superiores verificar la existencia de una decisión jurisdiccional sustancialmente válida en los términos de la exigencia consagrada en los arts. 1, 2, 3 y 1746, Código Civil y Comercial (art. 3, Código Civil y Comercial).
Tiene dicho la Casación local mediante voto del Dr. de Lázzari –en consideraciones que entiendo aplicables al tema en tratamiento- que ‘en la determinación del quantum indemnizatorio, los jueces deben individualizar y ponderar los elementos de juicio que sirven de base a su decisión, a fin de garantizar un eventual control de legalidad, certeza y razonabilidad de lo resuelto’” (S.C.B.A., Ac.94556, 07/04/2010, “Schmidt, José Alberto c/ S.A.E.S. Línea 5 s/ Enfermedad Profesional“; S.C.B.A. Ac. C106323, 19/09/12 “V., N. B. c/ Durisotti Rodolfo. Daños y Perjuicios”; conf. esta Sala, causa nº 57.090, 27/03/2013, “Pérez...”). En otro pronunciamiento el Dr. de Lázzari argumentó que “sólo la propia experiencia vital, el mantener la congruencia con anteriores pronunciamientos, el conocimiento concreto de la situación general de nuestra sociedad, las particulares circunstancias acreditadas en la causa y una buena dosis de sentido común, pueden resultar una guía en este momento” (cf. S.C.B.A., causa C 188085; esta Sala, causa nº 60.631, 27/09/16, “Mutuberría …”, cit.).
Retomando el tema, las fórmulas polinómicas pueden enunciarse como:
C = A x (1 + i)n -1 i (1 + i)n Donde “C” es el capital que se mandará pagar; “A” es la ganancia anual perdida, “n” el número de años faltantes para llegar a la edad productiva de la víctima e “i” el interés anual que se presume devengará el capital mandado a pagar. Dentro de las fórmulas existentes la denominada “Vuotto” (“Vuotto, D. y otro c/ A.E.G. Telefunken Argentina SAIC”, Cámara Nacional del Trabajo, Sala III, sentencia del 16/6/1978) se caracteriza por utilizar un ingreso anual constante, consignar una tasa de descuento del 6% y fijar en 65 años la fecha límite del individuo de su capacidad de producción de ingresos. La fórmula descripta anteriormente fue modificada por la denominada “Méndez” (“Méndez, Alejandro Daniel c/ MYLBA SA y Otro s/ accidente-acción civil”, Cámara Nacional del Trabajo, Sala III), que introduce cambios: el ingreso se recompone –para no utilizar un salario constante a través de los años- mediante del siguiente mecanismo: el ingreso que tenía la víctima al momento de hecho se multiplica por un coeficiente de ajuste que surge de dividir 60 por la edad de la víctima al momento del hecho y se multiplica por trece meses, para obtener el ingreso anual; la tasa de descuento se fija en el 4% y la edad jubilatoria de la víctima se eleva a 75 años.
Por su parte, la fórmula simple (cfr. Zavala de González, “Tratado de daños a las personas. Disminuciones psicofísicas”, Tomo 2, Astrea, 2009, págs. 233 y sgtes.), se expresa en los siguientes términos:
C = a . b Donde C es el monto que se mandará a pagar, a significa la disminución patrimonial periódica sufrida, más un interés y b equivale al total de períodos a resarcir, con las siguientes precisiones: a representa la disminución económica mensual x 12 meses (o 13 meses si la víctima cobraba aguinaldo), más una tasa del 6% y b el coeficiente de amortización correspondiente a la cantidad de períodos a resarcir que resulta de una tabla fija (cfr. la tabla de coeficientes de pág. 243/244, ob. cit.).
Acorde lo hasta aquí dicho y la nueva normativa de fondo, corresponde utilizar, con fines ponderativos, fórmulas matemáticas que, a partir de los ingresos que percibía la víctima o –en su caso- las tareas no remuneradas pero económicamente valiosas que se hubiera visto total o parcialmente impedida de continuar realizando en el futuro), y de sus posibilidades de progreso económico futuro, arriben a una suma tal que una vez invertida le irrogue un monto mensual equivalente al perdido, de modo que ese capital se agote al término del período de vida económicamente productivo que le restaba.
Acorde los antedichos parámetros, emplearé la siguiente fórmula de cálculo de renta constante no perpetua:
C = A x (1 + i)n – 1 i(1 + i)n "C" es el capital a determinar, “A" la ganancia afectada para cada período anual, "i" la tasa descuento anual (aplicaré el 4%), y "n" el número de períodos restantes hasta el límite de la edad productiva de la víctima (65 años). En autos T. O. tenía 9 años al momento del hecho y una incapacidad sobreviniente parcial y permanente del 15%. En atención a los argumentos dados, sobre la base de las pautas que resultan de la fórmula mencionada, adaptadas a las singularidades del caso (como lo propicia Carlos Schiavo en su reciente trabajo ¿Las fórmulas matemáticas puras resuelven justamente la cuantía indemnizatoria? Analizando el art. 1746 del CCyC, Responsabilidad Civil y Seguros, Año XVIII, n° 10, octubre 2016, pág. 14 y ss.), teniendo en cuenta que la indemnización debe computar también la pérdida de la capacidad de la víctima para efectuar otras actividades no remuneradas, pero mensurables económicamente; ubicando razonablemente el inicio de la edad productiva de T. en los 18 años; y considerando como parámetro orientativo del ingreso el salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha del hecho, conforme lo prevé el art. 165 CPC propongo fijar la suma de $140.000 en concepto de daño material.
3. El agravio de la demandada sobre la procedencia del daño moral no debe ser receptado.
La pericia psicológica practicada (fs. 248/252 vta.) explica que si bien no se ha conformado una consecuencia emocional de tipo patológico es evidente que “el hecho dañoso y las consecuencias del mismo han influido negativamente en la menor …” (sic., fs. 251 vta.; arts. 384 y 474 C.P.C.). Más adelante precisa que “… la menor padece de trastornos emocionales que la hacen sentirse desvalorizada, retraída; también se evalúa un alto monto de ansiedad, angustia y algunos temores a que se vuelva a repetir la situación conflictiva, esto la autolimita en su accionar. Como así también se ve un estado anímico teñido de inquietud, preocupación, inestabilidad, retraimiento, inhibición que hacen a cierto estado depresivo leve” (sic., fs.. 251 vta./252).
Dado que T. está “más retraída, inhibida que antes, y sus síntomas emocionales como ansiedad, angustia y cierta tristeza hacen que no tenga una buena calidad de vida” (sic., fs.. 252) se aconsejó tratamiento psicoterapéutico “para ayudarle a ir superando estos síntomas” (sic., fs. 252), es decir “este tratamiento apuntaría a superar sus temores y ansiedades para tener una mejor vida social” (sic., fs. 252). El cuadro descripto se emplaza en la tipificación de daño moral de la Suprema Corte Provincial cuando afirmó “que tiene por objeto indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor fundamental en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu y los más caros afectos (entre otros); por lo que no requiere prueba específica alguna en cuanto ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica y la titularidad del accionante (S.C.B.A., D.J.J. tomo 172-342; esta Sala, causa n° 37.202 del 9-5-96, causa n° 42.469 del 26-6-01, entre otras).
La Corte Nacional en la causa “Baeza” receptó la posición doctrinal y jurisprudencial que califica al daño moral como el “precio del consuelo” y que considera que para su cuantificación puede acudirse al dinero y a otros bienes materiales como medio para obtener satisfacciones y contentamientos que mitiguen el perjuicio extrapatrimonial o moral sufrido (C.S., 12/4/2011 “Baeza, Silvia Ofelia c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/Daños y Perjuicios”, con mi nota en R.C.y S. 2011-XII, 259). “Se trata -sostuvo- de compensar, en la medida posible, un daño consumado…El dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales”.
En ese precedente agregó que “el dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida” (causa cit.). Este parámetro interpretativo -que es recogido por el art. 1741 CCCN-, ha sido anteriormente receptado en antecedentes de esta Sala (conf. causas N° 51.466 “A., H.”, del 29/04/08, Causa Nº 51.467 “G. de S., M.”, del 29/04/08 y Causa Nº 54.530 “Torres”, del 23/08/11).
Para cuantificar este daño no patrimonial- como lo denomina el referido art 1741 CCCN- cabe tener en cuenta que tiene función compensatoria y sustitutiva del enorme perjuicio al patrimonio moral de la niña (conf. “Daños a las personas en la Provincia de Buenos Aires”, en Revista de Derecho de Daños, 2004 - 3, “Determinación judicial del daño – I”, pág. 31; y “Otra vez sobre los daños a las personas en la Provincia de Buenos Aires”, en Revista de Derecho de Daños, 2005 - 3, “Determinación judicial del daño – II”, pág. 89)” (conf. esta Sala, causa nº 58.109, 20.02.14, “Montesano …”), y que debe atender la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado “aunque sea dificultosísima su cuantificación" (C.S., 14/7/2015, "Meza".).
La explicitación de las pautas fácticas apreciadas para cuantificar son primordiales para apreciar la razonabilidad de la indemnización y para permitir su revisión por las instancias superiores (conf. esta Sala, causa nº 60.557, 20/10/16, “Córdoba Valenzuela, Héctor Manuel y Otros c/ Cánova, Néstor Andrés y Otros s/ Daños y Perj. Autom. c/ Les. o muerte (exc. Estado)”. Sobre la base de esta plataforma dogmática, atendiendo a que T. luego de la fractura fue trasladada al Hospital Municipal e intervenida quirúrgicamente, luego guardó reposo y estuvo en rehabilitación 40 días, resulta procedente fijar la indemnización por daño no patrimonial en $120.000.- (art. 165 C.P.C.; art. 1078 CC; arts. 1737, 1738, 1741 y concs.
CCCN).
4. El agravio contra la tasa pasiva digital no es de recibo, conforme la doctrina legal casatoria recogida por este Tribunal. Así, sobre esta cuestión, este Tribunal ha admitido la aplicación de la tasa pasiva digital por cuanto es la que mejor se adecúa a la realidad económica actual (arts. 375, 384 ss. y cdtes. del C.P.C.C). Así expresó que: “sin apartarse de la tasa pasiva que es pertinente por aplicación de la referida doctrina legal del Superior Tribunal Provincial, corresponde admitir una variante de dicha tasa durante los períodos que se encuentre vigente, la que al poseer una mayor magnitud económica arroja resultados más elevados en resguardo del crédito del acreedor”. Se trata “de la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a través del sistema Banca Internet Provincia a treinta días, que por tratarse de una tasa pasiva, no se halla en contraposición a la doctrina legal de la Suprema Corte Provincial, conforme lo señaló el Superior Tribunal en un pronunciamiento aplicable al caso” (SCBA, L 118615, “Zocaro”, sentencia del 11- 3-15). Esta tasa de interés ha sido aplicada en varios pronunciamientos de este tribunal (esta Sala, causa n° 59.945, “Castro Gabriel Antonio c/ Marcovecchio Martín María s/cumplimiento de contrato”, sentencia del 8/10/15, voto de la Dra. Longobardi; causa n° 60049, del 22/10/15 “Ortiz…”, voto del Dr. Peralta Reyes, entre otras; Cám. Civ. y Com. Morón, Sala II, C2-51607, R.S. 111/2015, “Páez Hugo Luis y otra c/D.U.V.I. S.A. s/Daños y Perjuicios, sentencia del 2-6-15). En consecuencia, en el antecedente que aquí se aplica se propició la confirmación de la sentencia apelada en cuanto dispuso la aplicación de la tasa pasiva digital, plazo fijo a 30 días, del Banco de la Provincia de Buenos Aires (conf. esta Sala, causa nº 60.590, del 06/10/16 cit. supra).
Por todo lo expuesto corresponde declarar la deserción del recurso de apelación interpuesto por “Nativa Compañía Argentina de Seguros S.A.” y confirmar en lo sustancial la sentencia recurrida modificándola en lo relativo a los montos de condena que se fijan en $ 140.000 para daño patrimonial por incapacidad de la menor y en $ 120.000 por daño moral, con costas en la Alzada a la demandada vencida, difiriendo la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 ley 8904.
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Jueces Doctores Peralta Reyes y Longobardi, por los mismos argumentos, adhieren al voto que antecede por igualdad de fundamentos.
A LA TERCERA CUESTION, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
Atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 254, 260, 261, 266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) declarar la deserción del recurso de apelación deducido a fs. 425/425 vta. por la parte citada en garantía (“Nativa Compañía Argentina de Seguros S.A.”); 2) confirmar en lo sustancial la sentencia recurrida de fs. 411/421 y modificar su aclaratoria de fs. 422 en lo relativo a los montos de condena que se fijan en $140.000.- para daño patrimonial por incapacidad de la menor y en $120.000.- por daño moral; 3) imponer las costas en la Alzada a la demandada vencida (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.); 4) diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Decreto/Ley 8904/77).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Jueces Doctores Peralta Reyes y Longobardi, por los mismos argumentos votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
- S E N T E N C I A -
Azul, 30 de Noviembre de 2016. -
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 254, 260, 261, 266 y 267 del C.P.C.C., DECRÉTASE LA DESERCIÓN del recurso de apelación deducido a fs. 425/425 vta. por la parte citada en garantía (“Nativa Compañía Argentina de Seguros S.A.”); 2) CONFÍRMASE en lo sustancial la sentencia recurrida de fs. 411/421 y MODIFÍCASE su aclaratoria de fs. 422 en lo relativo a los montos de condena que se fijan en $140.000 para daño patrimonial por incapacidad de la menor y en $120.000 por daño moral; 3) IMPÓNGANSE las costas en la Alzada a la demandada vencida (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.); 4) DIFIÉRASE la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Decreto/Ley 8904/77). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría y DEVUÉLVASE.
MARÍA INÉS LONGOBARDI PRESIDENTE CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II VICTOR MARIO PERALTA REYES JORGE MARIO GALDÓS JUEZ JUEZ CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II SALA II ANTE MÍ CLAUDIO MARCELO CAMINO SECRETARIO CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II
Fin de la sentencia