Abriendo la norma
Tribunal en lo Criminal N.º 2 de Morón
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar a la petición de la señora Agente Fiscal y de los letrados apoderados de los Particulares Damnificados, Dres. Velaz, Corbella y Bolinaga, disponiendo el apartamiento de la persona jurídica denominada “Colegio Juan B. Alberdi S.A.Educacional” como Particular Damnificado. (art. 87 del Código Procesal Penal);
II. Declarar, DE OFICIO, LA NULIDAD de la intervención de los Dres. Marcelo Fabián Laruffa y Claudio Víctor Gerardo Nitzcaner, esto es a partir de la asunción del Colegio Juan Bautista Alberdi S.A. Educacional en el rol de Particular damnificado a fs. 703, y los actos anteriores y consecuentes en los cuales han intervenido el Colegio como Particular Damnificado y los mencionados letrados en ejercicio de la Defensa y que efectivamente puedan causarle perjuicio al imputado, por su conexión con el acto anulado (arg. art. 207, primero y segundo párrafo, del C.P.P.), esto es la declaración brindada por José Luis Silvero en los términos de los arts. 308 y 317 del C.P.P. de fs. 581/584vta., los ofrecimientos de prueba de fs. 862/863vta. y 864, la audiencia preliminar de fs. 1021/1028vta., y el auto de pertinencia de prueba de fs. 1031/1038vta., todas de la presente causa, la declaración del imputado prestada en virtud de lo dispuesto por el art. 308 del C.P.P. de fs. 792/797, la Requisitoria Fiscal de fs. 802/807vta., el auto de citación a Juicio de fs. 842/843, los ofrecimientos de prueba de fs. 851/856, 865/866 y 867/vta., y la audiencia preliminar con …
Ciudad de Morón, 22 de mayo de 2017 En primer término cabe destacar el desempeño de la señora Agente Fiscal, Dra. Carolina Rodríguez, quien en este Juicio ha actuado una vez más con el criterio de objetividad que, si bien lo impone la Ley (arts. 56 del Código Procesal Penal y 73 de la Ley 14.442), merece ser reconocido pues a esta altura constituye una práctica habitual en los debates que nos ha tocado participar con dicha Magistrada, dignificando de tal modo el Ministerio Público que representa. Es que fue a instancias suyas que se ventiló en el Juicio la situación vinculada con lo que Sandra Noemí Bulacios, esposa del imputado, y el propio Silvero habían afirmado oportunamente (vid fs. 1085/vta. y 1086/vta.), desencadenando entonces el entuerto que deriva ahora en esta decisión del Tribunal.
Y bien. La primera controversia a dilucidar aquí, consiste en determinar si se encuentra probado que el Colegio Juan Bautista Alberdi ha sido el que le proveyó al imputado sus actuales Defensores –como lo sostuvo expresamente la Fiscal y de alguna manera los Dres. Velaz, Corbella y Bolinaga-, o bien dicha circunstancia no ha sido acreditada, tal como lo expresara el apoderado de la Institución, Dr. Cavo. En ese sentido, más allá de cualquier otra consideración que pudiera efectuarse, el Tribunal estima que, cuanto menos para resolver la cuestión principal, esto es el apartamiento o no del Colegio Alberdi para actuar en este Juicio como Particular Damnificado, resultan suficientes los dichos de Sandra Noemí Bulacios y los del encausado José Luis Silvero –en el caso de la primera expresados bajo juramento de decir verdad-, pues no se advierte cuál sería la razón o motivo para que ambos afirmaran semejante cosa, si no fuese cierta.
Este hecho, surgido en pleno debate, es el que ha motivado fundadamente el pedido de la Fiscal, por cuanto ahora resulta evidente que el “Colegio Juan B. Alberdi S.A. Educacional”, como Persona Jurídica, no puede ser considerado un sujeto de derecho “particularmente ofendido” por los delitos que se dicen cometidos en el interior del establecimiento, ya que ha quedado revelado, por un lado, su interés en patrocinar legalmente al imputado, y por el otro en acusarlo, anticipando incluso que, de comprobarse los hechos, reclamaría la imposición del máximo legal de pena.
Vale la pena señalar que el Tribunal no duda del compromiso con la Ley ni de la Ética con la que el apoderado del Colegio interviniente en la audiencia, esto es el Dr. Daniel Alberto Cavo, se ha desempeñado tanto durante su dilatada trayectoria en el foro local como en este proceso, ni cree que el Dr. Horacio Gustavo Velaz, al formular su encendido discurso, haya dirigido sus palabras hacia el profesional, personalizando la cuestión como lo ha interpretado el letrado mencionado.
Pero sí que, a la luz de todo lo acontecido, resulta evidente que alguien vinculado a la Institución Educativa ha sido el que diseñó la estrategia tendiente a proteger los intereses del Colegio a partir de estar representado en el Juicio como parte acusadora y Defensa al mismo tiempo, sin importarle la suerte del proceso.
La pregunta que surge entonces es: ¿El colegio, como persona jurídica con intereses propios, distintos a los de los particulares damnificados y los del imputado, puede resultar afectado por la prueba que se produzca en este juicio y, eventualmente, la decisión que recaiga?
La respuesta afirmativa se impone.
Pero resulta que nuestro ordenamiento Procesal Penal no contiene una norma específica que permita a terceros intervenir voluntariamente en el proceso, tal como, por ejemplo, lo tiene el Código Procesal Civil y Comercial Provincial en su art. 90 que textualmente dice:
“Intervención voluntaria. Podrá intervenir en un juicio pendiente en calidad de parte, cualquiera fuere la etapa o la instancia en que éste se encontrase, quien:
1. Acredite sumariamente que la sentencia pudiere afectar su interés propio.
2. Según las normas del derecho sustancial, hubiese estado legitimado para demandar o ser demandado en el juicio.
Y precisamente esa es la situación del Colegio Juan B. Alberdi en este singular caso: el pronunciamiento definitivo que se dicte puede afectar su propio interés, y según las disposiciones del derecho de fondo, se encuentra legitimado para ser demandado.
Es que bien pudo haber sido demandado si, por ejemplo, la parte que representa el Dr. Horacio Gustavo Velaz, en lugar de haber accionado en sede Civil (así lo señaló el propio letrado durante la audiencia preliminar documentada a fs. 1021/1028vta.), se hubiese presentado en este proceso como actor civil, en cuyo caso el Colegio habría actuado como civilmente demandado (arg. art. 72, CPP)
Pero ello no ha ocurrido, con lo cual su derecho a defenderse en Sede Civil se encuentra seriamente comprometido si es que, de alguna manera, se le impide participar en este Juicio para poder controlar y hasta producir prueba que le resulte de su exclusivo interés, pues como sabemos la prueba de los hechos en sede penal, con todas sus circunstancias, no puede ser controvertida en sede Civil, más que en forma limitada. (arg. arts. 1774 a 1779 del Código Civil y Comercial). Es bajo esta mirada entonces que la amplitud a la cual se refirió el Dr. Cavo debe ser analizada la situación de la persona Jurídica que representa, no advirtiéndose obstáculo alguno para que intervenga, si así lo considera, como tercero interesado, sin necesidad de tener que abogar por la condena o la absolución del imputado, y más allá de que expresamente el Código ritual no lo tenga actualmente previsto. Pero como lo que no está prohibido está permitido, en función de un análisis global de las normas jurídicas en juego, donde por sobre todas ellas prima la Garantía Constitucional de Defensa en Juicio que le concierne a todas las personas –incluidas, claro está, las personas jurídicas privadas como lo es el Colegio-, es que estimamos procedente una participación de esa naturaleza y con los limitados alcances señalados.
Se nos puede decir que dicha solución constituiría una creación pretoriana; pero en respuesta a ello podríamos señalar que actualmente cada vez más encontramos situaciones de tal naturaleza, como por caso el de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que se presentan en los Tribunales con el rol de “amicus curiae”.
En resumen, sin perjuicio de reconocer que la cuestión es merecedora de un análisis más profundo, haciendo una interpretación armónica de todo el ordenamiento legal consideramos que el Colegio Juan Bautista Alberdi, como tercero interesado, bien podría actuar en este Juicio como una parte “sui generis”, a fin de impedir que su Derecho Constitucional a la Defensa en Juicio no se vea afectado, pero nunca hacerlo en el rol de Particular Damnificado cuando, al mismo tiempo, ha promovido la designación de los actuales Defensores Particulares del imputado.
Por tales razones, pues, corresponde hacer lugar al pedido de la Fiscalía y de los Dres. Velaz, Corbella y Bolinaga, en su rol de apoderados de los restantes Particulares Damnificados, disponiendo el apartamiento del “Colegio Juan Bautista Alberdi S.A. Educacional”, como Particular Damnificado.
Decidida entonces la separación del Colegio en el rol de Particular Damnificado, resta por analizar si, a partir de su actuación, se encuentra viciado algún acto del proceso –como lo pretende la Fiscalía-, y si, más allá de las posturas de las partes, el análisis que deben efectuar los suscriptos, como miembros de un Tribunal imparcial que tiene entre sus funciones el de asegurar la efectiva vigencia de la Garantía Constitucional de Defensa en Juicio del imputado (art. 18 de la Constitución Nacional y Tratados Internacionales integrantes del Bloque Federal de Constitucionalidad), resulta superador de aquella pretensión nulificante que, de todos modos, conllevaría lógica y naturalmente, al apartamiento de este Tribunal en el conocimiento de este proceso, abortando lamentablemente la continuidad del debate.
Veamos.
Cabe señalar en primer término que por encima de la voluntad de las partes, y hasta la del mismísimo imputado, prima la decisión de los Jueces en advertir si la Garantía Constitucional de Defensa en Juicio efectivamente se halla resguardada.
Así ha sido decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos precedentes, por ejemplo al impedir que el imputado –aun siendo abogado-, ejerciera su propia defensa. (Casos “Rojas Molina”, CSJN-Fallos, 189:34; “De Pablo”, CSJN-Fallos, 300:417; “Centeno”, CSJN-Fallos, 255:91; “Valle”, CSJN-Fallos, 269:405; entre otros, todos ellos citados por el Dr. Alejandro Carrió en su obra “Garantías constitucionales en el proceso penal”).
Es cierto que el imputado, al momento de designar por última vez y en forma definitiva a los Dres. Marcelo Fabián Laruffa y Claudio Nitzcaner, lo hizo sabiendo que cuanto menos el primero de ellos era el letrado que “le ponía” el Colegio J.B. Alberdi, cuyos voceros le explicaron las razones que llevaban a la Institución a adoptar semejante comportamiento, esto es que la denuncia en su contra en rigor “era una política que armaron los padres contra el colegio y que desgraciadamente le tocó a él, pero que el colegio no lo iba a desamparar y le iba a poner una defensa” (textual). Pero también lo es que, al mismo tiempo, las autoridades del mencionado Colegio decidieron actuar en este proceso como Particulares Damnificados, es decir como parte acusadora reclamando el máximo de pena posible para el imputado, a quien le dijeron iban a defender.
No existe ningún obstáculo legal en que el Colegio se encontrara colaborando con el imputado y le hubiera proveído su Defensa. Pero si al mismo tiempo actúa como acusador, es evidente que en este Juicio sólo desea obtener un resultado que no perjudique sus intereses, sin importarle la suerte del imputado ni, mucho menos aún, la de los niños que aparecen como víctimas de tan deleznables hechos de abuso, alumnos por ese entonces de la Institución.
El imputado fue quien designó sus actuales abogados, pero no fue una elección libremente adoptada por su parte, ya que ninguna relación de confianza o conocimiento dijo tener, más allá de haber sido abogados que le aportaban desde el Colegio, quienes, además, se hacían cargo de abonarle los honorarios.
En tal sentido, cabe recordar aquí lo establecido por la Ley acerca de dicha cuestión.
En primer lugar, el art. 8 inc. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que “…Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: …d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección…”.
Similar disposición contiene el art. 14 inc. 3 letra d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Más preciso es nuestro Código Procesal Penal en el Capítulo VIII del Libro I cuando en los arts. 89 a 98 trata la situación de los Defensores y Mandatarios, ya que a más de tratarse de un abogado de su elección, se refiere a un profesional que resulte de su confianza.
Así, el art. 89 reza que “El imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogados de la matrícula de su confianza o por el Defensor Oficial”, mientras que el art. 93 dice que “La intervención del Defensor Oficial no impide el ejercicio del derecho del imputado de elegir, posteriormente, otro particular de su confianza…”.
No está demás señalar que se trata de abogados de la matrícula, esto es aquéllos legalmente habilitados a través del Colegio Público de Abogados –institución que regula y controla la actividad profesional, conforme lo dispuesto en la Ley 5177-, y que la relación contractual que vincula al profesional con su cliente es esencialmente la del mandato (así lo menciona expresamente el art. 59 de la citada Ley 5177, siendo que actualmente dicho contrato se encuentra regulado en los arts. 1319 a 1334 del Código Civil y Comercial), que por su propia naturaleza lleva ínsita una relación “intuito personae”, esto es que el mandante elige a quien otorgarle poder por la calidad profesional de la persona y, fundamentalmente, la confianza que le inspira, prevaleciendo siempre la buena fe contractual que debe regir en todos los actos jurídicos bilaterales. (arg. art. 729 del mismo Código Civil y Comercial mencionado).
Entonces, la designación de Defensores Particulares efectuada por el imputado se encuentra viciada, pues no ha sido fruto de su elección –tal como lo reclama la Ley-, encontrándose viciado el acto por no haber sido otorgado el mandato mediando un consentimiento libremente prestado. Tanto es así que, adviértase, al momento de ser escuchado sobre el punto, el encausado Silvero espontáneamente dijo que aceptaba la intervención de los actuales defensores, lo que naturalmente implica sostener que simplemente se limitó a prestar una conformidad ante la oferta que le llegaba nada más ni nada menos que de su entonces empleador, esto es como si se resignara a tener que elegir a quien le proporcionó el Colegio.
Además, tras serle preguntado por si mantenía su voluntad para que los abogados continúen actuando en tal carácter en este proceso, respondió que sí deseaba continuar con la asistencia de los letrados Laruffa y Nitzcaner. Y, luego, al ser interrogado en forma precisa en cuanto a si él había designado voluntariamente a sus actuales Defensores, Silvero explicó que antes de intervenir los actuales letrados su familia había contratado a otro abogado de confianza, al cual le habían abonado los honorarios, pero luego se presentó el representante legal de la escuela –que no era el Dr. Cavo, presente en la audiencia, sino una persona que identificó como el señor “Ratti” (vaya casualidad, uno de los apoderados de la Institución, conforme surge de la copia del Poder Especial presentado a fs. 691/692vta.)-, quien le “brindó” al Dr. Laruffa como su Defensor, también presente en ese momento; entonces, le revocó el poder a su primer defensor particular. En definitiva, que el apoderado del colegio le presentó al Dr. Laruffa para que asuma la Defensa y por eso lo designó.
Y aún cuando se haya decidido la exclusión del Colegio Juan B. Alberdi como Particular Damnificado, subsiste la sospecha acerca del verdadero interés que los abogados Particulares habrán de defender, por cuanto en el caso de surgir una colisión de intereses y encontrarse en la disyuntiva de tener que elegir entre defender al imputado o a la mencionada Institución Educativa, cabe preguntarse si, como afirmó bajo juramento Sandra Noemí Bulacios, esposa del acusado, el Dr. Laruffa solamente le iba a dar respuestas acerca de su labor a las personas que le pagan, esto es el susodicho Colegio Alberdi.
El comportamiento ambivalente del Colegio, es el que ha puesto un manto de duda sobre la actividad de la Defensa. Tan curiosa ha sido la situación que, después de que la esposa del imputado y el propio Silvero dijeran de qué modo se llegó a la designación de los actuales Defensores Particulares, fue el mismísimo Dr. Laruffa quien, como única referencia a la cuestión, invocando como razón de su comentario el hecho de haberse puesto en dudas su honorabilidad, solicitó dejar constancia de que “jamás presionó a Silvero”, y pidió “que se solicite el libro de visitas de abogados en la Unidad Carcelaria donde el nombrado se encontraba alojado el día 10 de enero del año en curso, tendiente a determinar si ese día fue visitado por su parte o por el codefensor, ya que lo que menos hizo ese día fue ir a tal lugar”.
En buen romance, el Defensor del imputado ofreció prueba para desmentir la versión de su asistido y la esposa, con lo cual, fácil resulta concluir, que lo que ha pretendido decirnos es que Sandra Bulacios, y fundamentalmente su propio asistido, no estaban diciendo la verdad.
Increíble, pero real.
Entonces, si es el propio Dr. Laruffa -quien dijo defender al imputado-, el que no tiene ningún reparo en hacerlo quedar como un mentiroso, cabe preguntarse: ¿cómo va a pretender defenderlo con base en el relato de Silvero, efectuado en oportunidad de prestar declaración a tenor de lo dispuesto por los arts. 308 y 317 del ritual a fs. 581/584vta., negando la comisión de los hechos, si ni siquiera su propio Defensor le ha creído? ¿Cómo pretenderá que el resto entonces le crea?
Los Defensores Particulares no han dicho una sola palabra acerca de cómo fue que el encausado Silvero los contrató, ni llegaron a desmentir que sea el Colegio quien les abone por sus servicios.
Pero más allá de eso, que puede ser una cuestión privada, y por lo tanto ajena a la incumbencia de este Tribunal, lo cierto y concreto es que aquí se ha evidenciado un conflicto de intereses entre el imputado y su Defensa, a punto tal que no se entiende como, ante semejante cuestionamiento, los letrados se empecinen en continuar asistiendo a quien de alguna manera ha puesto en dudas su honorabilidad, tal como lo ha señalado el propio Dr. Laruffa al hacer uso de la palabra.
Párrafo aparte merece lo manifestado por el letrado Co- Defensor, Dr. Claudio Víctor Gerardo Nitzcaner, al principiar su exposición, afirmando con relación al apoderado del Colegio, Dr. Cavo, que recién lo conoció en esta audiencia, afirmando que “pese a los treinta y un años de profesión que dice tener, la verdad es que nunca me lo crucé, nunca hemos hablado y nunca hemos tenido ningún tipo de contacto desde que esta audiencia comenzó.”. Pues más allá de resultar extraño que el Dr. Nitzcaner no haya visto jamás al Dr. Cavo, reconocido profesional del foro local y que ha intervenido en numerosos casos, algunos con gran difusión en los medios de comunicación Nacionales, lo cierto es que cuanto menos durante la audiencia preliminar celebrada el 18 de noviembre del año próximo pasado –esto es a escasos seis meses-, estuvo en la misma Sala del Tribunal compartiendo con el Dr. Cavo la diligencia donde, precisamente, se ventiló la cuestión preliminar planteada por el Dr. Horacio Gustavo Velaz, habiendo sido precisamente el Dr. Nitzcaner quien en aquélla oportunidad hizo uso de la palabra manifestándose en favor del apartamiento del rol de particular damnificado, que ahora, en este debate, sorpresivamente vino a sostener lo contrario, esto es oponiéndose a lo solicitado por la Fiscal y los Dres. Velaz, Corbella y Bolinaga.
Si, como se dijo, ha sido el comportamiento ambivalente del Colegio el que primeramente ha puesto un manto de duda sobre la actividad de la Defensa, ahora son los mismísimos Defensores quienes, con su errática postura, definitivamente tiñen de sospecha toda su actuación, viniendo a confirmar entonces las dudas que acerca de su tarea venían exponiendo el imputado y su esposa.
Estimamos entonces que el vicio que afecta a este proceso se encuentra en el origen de la designación, pues el imputado Silvero propuso a sus actuales Defensores a instancias de las autoridades del Colegio Juan B. Alberdi, quienes luego comenzaron a actuar como Particulares Damnificados, esto es en el rol de acusador privado. Pero ello no impedirá concluir que, en rigor de verdad, los intereses encontrados comenzaron a quedar en evidencia a partir de que el Colegio decidió justamente participar como Particular Damnificado. La pregunta que cabe formularse es: ¿Al brindarle el Colegio un Defensor, lo hizo con la finalidad de engañar al imputado?
Ello no lo sabemos, ni, seguramente, se podrá saber con absoluta certeza.
Pero lo que sí se puede afirmar es que todo el comportamiento de los Defensores resulta altamente sospechoso, y, por ende, pone en serias dudas el cumplimiento de la Garantía Constitucional de Defensa en Juicio que, por lo demás y como lo ha sostenido reiteradamente la Corte Suprema de Justicia Nacional, debe ser algo más que una mera formalidad, pues no basta con que una persona cuente con asesoramiento legal, sino que ese asesoramiento debe ser efectivo. (vid reseña de Fallos citados por el Dr. Alejandro Carrió en la obra “Garantías constitucionales en el proceso penal” ya citada, págs. 566 y ss.).
Avalando esta última aseveración encontramos la opinión del Dr. Gustavo L. Vitale, en su artículo “Derecho a la Defensa eficaz elegida”, en cuanto al “derecho de todo imputado a contar con un abogado respecto del cual no existan sospechas o peligros de ineficaz prestación de su servicio o bien que, por la razón que fuera, no haya temor de ineficiente asistencia técnica”; en cuyo caso “el defensor debe ser apartado de la defensa, por aplicación directa de la normativa suprema”.
Por tal motivo, entonces y como se anticipara precedentemente, la flagrante violación a dicha garantía constitucional se verifica a partir de la asunción del Colegio en el rol de Particular Damnificado, esto es el 5 de noviembre de 2015 (fs. 703 de la presente causa).
Un proceso penal donde no se respetan las Garantías Constitucionales, no es un juicio justo para el imputado, ni mucho menos aún para las víctimas que claman por Justicia, especialmente en este caso en particular donde se trata de personas con mayor grado de vulnerabilidad, tal como lo son los Niños, grupo que, como sabemos, requirió de la sanción de Normas específicas para un resguardo integral de sus Derechos.
Es por tales fundamentos que debe hacerse lugar a la petición de la Fiscalía, acompañada por los apoderados de los Particulares Damnificados, Dres. Velaz, Corbella y Bolinaga, y disponer el apartamiento de la persona jurídica denominada “Colegio Juan B. Alberdi S.A.Educacional” como Particular Damnificado (art. 77 del Código Procesal Penal); declarar, de oficio, la nulidad de la intervención de los Dres. Marcelo Fabián Laruffa y Claudio Víctor Gerardo Nitzcaner, esto es a partir de la asunción del “Colegio Juan Bautista Alberdi S.A. Educacional” en el rol de Particular Damnificado a fs. 703, y los actos anteriores y consecuentes en los cuales han intervenido el Colegio como Particular Damnificado y los mencionados letrados en ejercicio de la Defensa y que efectivamente puedan causarle perjuicio al imputado, por su conexión con el acto anulado (arg. art. 207, primero y segundo párrafo, del C.P.P.), esto es la declaración brindada por José Luis Silvero en los términos de los arts. 308 y 317 del C.P.P. de fs. 581/584vta., los ofrecimientos de prueba de fs. 862/863vta. y 864, la audiencia preliminar de fs. 1021/1028vta., y el auto de pertinencia de prueba de fs. 1031/1038vta., todas de la presente causa, la declaración del imputado prestada en virtud de lo dispuesto por el art. 308 del C.P.P. de fs. 792/797, la Requisitoria Fiscal de fs. 802/807vta., el auto de citación a Juicio de fs. 842/843, los ofrecimientos de prueba de fs. 851/856, 865/866 y 867/vta., y la audiencia preliminar con pertinencia de prueba de fs. 877/881, todas de la causa n° 4200, que corre por cuerda, y la totalidad de lo acontecido en el debate, a excepción de aquellos actos que se cumplieron durante la audiencia dando lugar a esta resolución (arts. 1, 3, 201, 202 inc. 3, 203, 207 y cc. del Código Procesal Penal); y, consecuentemente, separar de la Defensa del imputado a los Dres. Marcelo Fabián Laruffa y Claudio Víctor Gerardo Nitzcaner, dando inmediata intervención al Defensor Oficial que por turno corresponda, quien actuará hasta tanto el imputado no designe uno de su confianza (arts. 89 y 98 del Código Procesal Penal), comunicando al Colegio de Abogados lo aquí decidido, a los fines que pudieran corresponder con relación a la conducta profesional de los nombrados Dres. Laruffa y Nitzcaner (arts. 24 y cc. de la Ley 5177, 1 y cc. del Código de Ética Profesional).
En este contexto, aún cuando no se encuentre firme este pronunciamiento y teniendo en cuenta que su dictado importa la emisión de opinión de parte de los proveyentes sobre puntos a decidir con relación al imputado Silvero así como el hecho de haber participado en la recepción de prueba durante el debate que aquí se nulifica, por afectar la Garantía de Imparcialidad, corresponde que los suscriptos se excusen de seguir entendiendo en este proceso, ordenando la elevación de la presente causa y sus agregadas a la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental para que determine el Tribunal hábil a intervenir, de conformidad con lo establecido en los arts. 1, 3, 5 y ccs. de la Ac. N° 2840 de la S.C.J.B.A. (art. 47 incs. 1 y 13, C.P.P.).
En función de todo lo señalado, y disposiciones Constitucionales y legales mencionadas, el Tribunal, por unanimidad, RESUELVE:
I. HACER LUGAR a la petición de la señora Agente Fiscal y de los letrados apoderados de los Particulares Damnificados, Dres. Velaz, Corbella y Bolinaga, disponiendo el apartamiento de la persona jurídica denominada “Colegio Juan B. Alberdi S.A.Educacional” como Particular Damnificado. (art. 87 del Código Procesal Penal);
II. DECLARAR, DE OFICIO, LA NULIDAD de la intervención de los Dres. Marcelo Fabián Laruffa y Claudio Víctor Gerardo Nitzcaner, esto es a partir de la asunción del Colegio Juan Bautista Alberdi S.A. Educacional en el rol de Particular damnificado a fs. 703, y los actos anteriores y consecuentes en los cuales han intervenido el Colegio como Particular Damnificado y los mencionados letrados en ejercicio de la Defensa y que efectivamente puedan causarle perjuicio al imputado, por su conexión con el acto anulado (arg. art. 207, primero y segundo párrafo, del C.P.P.), esto es la declaración brindada por José Luis Silvero en los términos de los arts. 308 y 317 del C.P.P. de fs. 581/584vta., los ofrecimientos de prueba de fs. 862/863vta. y 864, la audiencia preliminar de fs. 1021/1028vta., y el auto de pertinencia de prueba de fs. 1031/1038vta., todas de la presente causa, la declaración del imputado prestada en virtud de lo dispuesto por el art. 308 del C.P.P. de fs. 792/797, la Requisitoria Fiscal de fs. 802/807vta., el auto de citación a Juicio de fs. 842/843, los ofrecimientos de prueba de fs. 851/856, 865/866 y 867/vta., y la audiencia preliminar con pertinencia de prueba de fs. 877/881, todas de la causa n° 4200, que corre por cuerda, y la totalidad de lo acontecido en el debate, a excepción de aquellos actos que se cumplieron durante la audiencia dando lugar a esta resolución. (arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 15 de la Constitución Provincial; 1, 3, 201, 202 inc. 3, 203, 207 y cc. del Código Procesal Penal); y III.- SEPARAR DE LA DEFENSA del imputado a los Dres. Marcelo Fabián Laruffa y Claudio Víctor Gerardo Nitzcaner, DANDO INMEDIATA INTERVENCIÓN AL DEFENSOR OFICIAL que por turno corresponda, quien actuará hasta tanto el imputado no designe uno de su confianza (arts. 89 y 98 del Código Procesal Penal), comunicando al Colegio de Abogados lo aquí decidido, a los fines que pudieran corresponder con relación a la conducta profesional de los nombrados Dres. Laruffa y Nitzcaner (arts. 24 y cc. de la Ley 5177, 1 y cc. del Código de Ética Profesional).
IV. EXCUSARSE de seguir entendiendo en la presente causa N° 4051 y la 4200, ambas del registro del Tribunal en lo Criminal N° 2, con sus respectivos incidentes y agregadas, y elevarla a la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental para que determine el Tribunal hábil a intervenir. (arts. 1, 3, 5 y ccs. de la Ac. N° 2840 de la S.C.J.B.A.; 47 incs. 1 y 13 del Código Procesal Penal). Firmado: Dres. Aníbal Víctor Termite, Osvaldo Fabián Cedarri y Andrea Celia Bearzi.
Fin de la sentencia