Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 102649
Lo que resolvió el tribunal
I. Desestimar la presente acción de Hábeas Corpus Correctivo y Colectivo deducida por los detenidos de la Unidad Penal Nº 48 y el centro de estudiantes de San Martín –CUSAM- del Complejo Penitenciario San Martín, acompañadas por el Secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Sr. Roberto Cipriano García, sin costas.
Arts. 18 y 43 de Constitución Nacional, 20, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 106, 210, 405, 406, 530 y 531 del C.P.P.; Ley 23.098; Fallos P. 105.104; P.128.958 y P.128.850 de la SCJBA.
II. Remitir copia de la presente a cada uno de los Jueces que intervengan en las causas de los peticionantes enunciado en el listado acompañado a fin de que entiendan y sustancien el pedimento aquí traído según la situación particular de cada interno y a los Juzgados de Ejecución Penal en turno de los Departamentos Judiciales Quilmes y San Martín, conforme fuera señalado en los considerandos.
III. Tener presente la reserva del caso federal, conforme art. 14 de la ley 48.
En la ciudad de La Plata a los 11 días del mes de Mayo del año dos mil veinte, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 102.649 de este Tribunal, caratulada: "Personas alojadas en la Unidad Penal Nº 48 de San Martín y Unidad Penal Nº 31 de Florencio Varela s/ Hábeas Corpus Colectivo y Correctivo interpuesto por el Secretario de la Comisión Pcial. por la Memoria” . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: KOHAN-NATIELLO, procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. Llega la presente causa como consecuencia de la acción de Hábeas Corpus colectiva de carácter correctivo-preventivo presentada por los detenidos de la Unidad Penal Nº 48 y el centro de estudiantes de San Martín –CUSAM- del Complejo Penitenciario San Martín, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense contra el Poder Ejecutivo Provincial, Ministerio Público Fiscal, Poder Judicial y Secretaría de Política Penitenciaria.
Sostienen que el escenario actual de la pandemia mundial ha ocasionado un agravamiento de las condiciones de detención, toda vez que la superpoblación existente en las Unidades Carcelarias ha tomado una dimensión más relevante ante el riesgo concreto e inminente de contagio y propagación de COVID-19. Citan el documento sobre las condiciones de detención en la Provincia de Bs. As. (RC 2301/18).
Afirman que el hacinamiento impide guardar las distancias mínimas interpersonales requeridas exponiéndolos a una situación de contagio, agudizado por las deficiencias estructurales de los edificios y la falta de personal médico, sin posibilidad de mejora. Mencionan el fallo Verbistky en apoyo de su tesitura.
Denuncian que las cárceles no cuentan con jabones, lavandina y en muchas de ellas escasea el agua; existen plagas como roedores, cucarachas, chinches y otros que no han sido combatidos eficazmente; a su vez, en celdas que están preparadas para alojar a 3 personas, viven 9 internos y, muchos de ellos duermen sobre frazadas en el suelo porque no hay colchones y se turnan para cocinar, comer, lavar ropa y bañarse.
Alegan que el pedido se funda en la recomendación efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (publicada el 3 de Abril del corriente), en cuanto reconoce la gravísima situación de las personas privadas de la libertad e insta a los Estados a reducir la superpoblación en los centros de detención.
Expresan que el Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar derechos esenciales como la integridad física y la vida, a las personas privadas de la libertad. Es por ello que, en el caso de no obtener una respuesta rápida, eficaz y favorable a lo solicitado, quedarán inmersos bajo la figura jurídica de “abandono de persona” (conf. arts. 106 y 108 del C.P.P.).
Manifiestan que la situación en la que se encuentran los obliga a iniciar “Huelga de Hambre” de manera colectiva (conf. art. 43 del C.N.) con el fin de resguardar los derechos fundamentales previstos en la Carta Magna.
Frente a ello, este Tribunal solicitó a los Directores de las Unidades Carcelarias N° 48 y 31 informen si los internos peticionantes se corresponden a las unidades que dicen alojarlos, a disposición de qué autoridad judicial se encuentran, como asimismo su calidad de procesados o penados y si los mismos persisten en la huelga de hambre que indican estar cursando, y la urgente remisión de un amplio reconocimiento médico diario que determine las condiciones de salud de los mismos.
Como respuesta a ello, la Unidad Penitenciaria N° 48 informa el levantamiento general de la medida dispuesta, y adjunta listado informando nombre y apellido de cada interno, autoridad judicial a cargo y situación procesal, la que fuera glosada al presente legajo.
Hacen reserva del caso federal.
Finalmente, los accionantes solicitan:
-cese el agravamiento de las condiciones de detención mediante la concesión de libertad condicional, asistida y arresto domiciliario de manera inmediata, excepcionalmente y por única vez.
-se restablezca el servicio de Justicia por ser un “servicio esencial” para las personas detenidas.
-se ordene a las Asesorías Periciales del Poder Judicial asistan a los internos con patologías preexistentes considerados “grupo de riesgo” que no tienen historia clínica, a fin de corroborar sus enfermedades debido a la carencia de datos aportados por Sanidad Penitenciaria.
-se conceda el arresto domiciliario a aquellas personas a las que se les ha dictado la prisión preventiva y no cuentan con sentencia firme, y las que se encontraban usufructuando de salidas transitorias y salidas laborales o las que cumplimenten el requisito temporal.
-se concedan “conmutación de penas” a fin de regularizar la superpoblación, terminando con el hacinamiento en las cárceles.
-se haga cumplir la Ley 14.442 que declara la autonomía del Ministerio Público, la que se encuentra en vigencia pero no es aplicada.
-se designen veedores del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Organismos de Derechos Humanos y Asociaciones Civiles, se labren actas de lo actuado y se realice un seguimiento a fin de verificar la resolución.
-En el hipotético caso que no se cumpla con lo peticionado, y de manera subsidiaria denuncian abandono de persona (v. fs. 5 y vta. del presente legajo).
Por su parte, el Secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Sr. Roberto Cipriano García alega que, en función de la huelga de hambre que se llevará a cabo en las referidas Unidades, y en cumplimiento de las funciones y facultades otorgadas como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, interviene en la presente acción y acompaña el pedido de los internos, quienes suscriben al pie (v. fs. 7/9).
II. La presente acción fue radicada con fecha 21/04/2020 ante esta Sala IV (v. fs. 11), oportunidad en que las partes fueron debidamente notificadas (v. fs. 12/13, 18 y 19).
III. Asimismo, en atención a lo manifestado por los accionantes de encontrarse en huelga de hambre, el señor Presidente de este Tribunal de Casación Penal, Dr. Ricardo Borinsky dispuso se ponga en conocimiento a los Directores de las Unidades Carcelarias a fin de que, llegada la necesidad de hacerlo, provean la alimentación correspondiente además de observar en forma continua el estado de salud de los peticionantes (según surge a fs. 14 y 15/17 del presente).
IV. Encontrándose en estado de dictar sentencia, los Señores Jueces decidieron plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible la acción de Hábeas Corpus?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Los internos de las unidades carcelarias de mención afirman que la situación epidemiológica de la enfermedad Covid-19 (brote declarado como pandemia por la OMS con fecha 11/3/2020) ocasionó un agravamiento de las condiciones de detención dada la realidad deficitaria de los diferentes establecimientos carcelarios de la Provincia, tal como se dijera en el Documento emitido con fecha 10/10/2019 por este Tribunal sobre las condiciones de detención en la provincia de Bs. As. (RC. 2301/18).
Frente a ello, es dable señalar, en forma preliminar, que el Estado argentino ha adoptado distintas medidas preventivas para mitigar o evitar la propagación del virus, entre las que se destacan la suspensión de las actividades educativas curriculares y extracurriculares, extremar los cuidados de higiene personal y limitar el ingreso de visitas a los lugares de alojamiento. Asimismo, conforme resulta de público y notorio conocimiento, se encuentran en marcha acciones tendientes a dar tratamiento debido a la situación en el marco del Servicio Penitenciario Bonaerense
Expuesto lo anterior, corresponde ahora señalar que el instituto del hábeas corpus no autoriza, en principio, a sustituir a los jueces propios de la causa en decisiones que les incumben y en el caso, la reparación de las agravaciones en las condiciones de detención denunciadas en la presentación deben encontrar remedio en los respectivos órganos jurisdiccionales a cuya disposición se encuentren los sujetos privados de la libertad.
Por otro lado, el art. 417 del C.P.P. otorga a este Tribunal, por medio del recurso de casación, una función revisora de las resoluciones adoptadas por los Tribunales inferiores en materia de Hábeas Corpus, y, siendo así, no resulta admisible la interposición originaria de tal acción en esta sede, cuando no existan motivos de excepcionalidad que la autoricen, porque ello implicaría alterar la función encomendada por la ley a este órgano jurisdiccional a través de la vía recursiva, así como el principio procesal de la doble instancia.
Previo a adentrarme en el análisis de cada uno de los puntos contenidos en la presentación analizada, en sintonía con lo manifestado en forma precedente, no puedo dejar de poner de resalto que se advierte una suerte de artilugio tendiente a dotar a la misma de una aparente situación de colectividad con el fin de sustraer el estudio de la cuestión a los Jueces Naturales que deben entender en la misma. Dicho mecanismo consistió en mezclar en una sola pretensión a personas privadas de su libertad a disposición de órganos jurisdiccionales de diferentes departamentos judiciales, sumando al reclamo incoado por los internos de la Unidad Penal Nº 48 y el centro de estudiantes de San Martín –CUSAM- del Complejo Penitenciario San Martín a la situación de una de las Unidades del complejo Penitenciario de Florencio Varela.
Mas por las razones que se esgrimirán a continuación se verá que, pese al intento, la pretensa colectividad no es tal. Sentado ello, adentrándonos en los distintos pedidos formulados en la presentación en trato, formularé las siguientes precisiones.
El requerimiento relacionado con la concesión de libertad condicional, asistida y arresto domiciliario de manera inmediata, excepcionalmente y por única vez resulta que excede la competencia de este Tribunal en forma originaria desde que ello violenta en forma flagrante la garantía del Juez Natural al sustraer al Magistrado a cuya disposición se encuentra la persona privada de su libertad de la decisión respecto del otorgamiento de alguno de los institutos reclamados, dado que se encuentra en una posición para mejor decidir, reservando a esta sede la función revisora que la ley prevé.
Idéntico tratamiento corresponde imprimir a las requisitorias relativas a ordenar a las Asesorías Periciales del Poder Judicial que asistan a los internos con patologías preexistentes considerados “grupo de riesgo” que no tienen historia clínica, a fin de corroborar sus enfermedades debido a la carencia de datos aportados por Sanidad Penitenciaria y a la concesión de arresto domiciliario a aquellas personas a las que se les ha dictado la prisión preventiva y no cuentan con sentencia firme, y las que se encontraban usufructuando de salidas transitorias y salidas laborales o las que cumplimenten el requisito temporal.
En el caso puntual, la situación descripta por los presentantes no difiere de los cuadros que fueron descriptos en el documento sobre las condiciones de detención en la Provincia de Bs. As. (RC 2301/18), siendo que a consecuencia del mismo, está trabajando la “Mesa Interinstitucional de Diálogo para el abordaje integral de la problemática de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, alojadas en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario de la Provincia”, creada mediante el Decreto 24/2019 del 16 de Diciembre de 2019 en pos de paliar el cuadro que fuera reconstruido en el marco del documento de marras.
En lo que hace al restablecimiento del servicio de Justicia por ser un “servicio esencial” para las personas detenidas he de señalar que éste jamás estuvo suspendido en lo que respecta a este sector de la administración de justicia, amén de que el dictado del acuerdo 480/20 de la Suprema Corte de Justicia del 27 de abril pasado, torna abstracto tal pedimento.
En materia de la conmutación de penas reclamada, conviene recordar al presentante que ello es una materia ajena al Poder Judicial, siendo esto una prerrogativa del Poder Ejecutivo Provincial conforme lo normado por el inciso 4° del art.144 de la Constitución Provincial, donde la única intervención de algún órgano de Justicia es en el informe que debe labrar, una vez puesto en marcha el mecanismo, la Suprema Corte de Justicia.
Pasando al reclamo relativo a hacer cumplir la Ley 14.442 que declara la autonomía del Ministerio Público, amén de resultar palmariamente extraña a la situación denunciada, he de señalar que dicha cuestión está siendo ventilada en la Suprema Corte de Justicia en el marco del expediente I 72.447 del registro de la misma, por lo que debe canalizarse tal pedimento por donde corresponde.
Finalmente, en cuanto a las denuncias que los peticionantes manifiestan creer en derecho llegar a hacer, a su momento tienen expedita la posibilidad de hacerlo por donde corresponda.
Más allá de lo hasta aquí expuesto, corresponde mencionar que varios de los requerimientos aquí formulados y los fundamentos relacionados con la emergencia sanitaria son idénticos a los que fueran realizados y enunciados en la resolución del Habeas Corpus que lleva el N° 102.555 del registro de la Sala I de este Tribunal y que fuera resuelto el 7 de abril próximo pasado, específicamente en los puntos b), c), d) y e), siendo que habría que estar a lo allí resuelto y a lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia en el marco de la queja deducida por el Sr. Fiscal de Casación en expediente que lleva el número P 133.682 del 5 de mayo de 2020.
.Ahora bien, resultando que la presentación en despacho abarca a un grupo de internos alojados en las Unidades de Florencio Varela y de San Martín, siendo que están concentrados en esos establecimientos que pueden poseer particularidades propias de cada uno, estimo que resultan competentes los órganos de instancia de Quilmes y San Martín respectivamente, a los cuales debe remitirse estas actuaciones para su conocimiento y sustanciación en lo que respecta a los requerimientos de orden edilicio en general en el marco de la situación sanitaria para su tratamiento en forma integral y particular de cada uno de los establecimientos penales.
Así las cosas, en consideración a lo recientemente señalado, la presente acción deviene inadmisible, no advirtiéndose asimismo ninguna situación de excepción que amerite la apertura de las compuertas casatorias.
En consecuencia, así lo voto.
A la misma primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Visto el modo en que han sido resueltas las cuestiones precedentes, corresponde: 1) Desestimar la presente acción de Hábeas Corpus Correctivo y Colectivo deducida por los detenidos de la Unidad Penal Nº 48 y el centro de estudiantes de San Martín –CUSAM- del Complejo Penitenciario San Martín, acompañadas por el Secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Sr. Roberto Cipriano García, sin costas (arts. 18 y 43 de Constitución Nacional, 20, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 106, 210, 405, 406, 530 y 531 del C.P.P.; Ley 23.098; Fallos P. 105.104; P.128.958 y P.128.850 de la SCJBA); 2) Remitir copia de la presente a cada uno de los Jueces que intervengan en las causas de los peticionantes enunciados en el listado acompañado a fin de que entiendan y sustancien el pedimento aquí traído según la situación particular de cada interno y a los Juzgados de Ejecución Penal en turno de los Departamentos Judiciales Quilmes y San Martín, conforme fuera señalado en los considerandos; y 3) Tener presente la reserva del caso federal, conforme art. 14 de la ley 48.
Así lo voto.
A la misma segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que se dio por terminado el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve :
I. Desestimar la presente acción de Hábeas Corpus Correctivo y Colectivo deducida por los detenidos de la Unidad Penal Nº 48 y el centro de estudiantes de San Martín –CUSAM- del Complejo Penitenciario San Martín, acompañadas por el Secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Sr. Roberto Cipriano García, sin costas.
Arts. 18 y 43 de Constitución Nacional, 20, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 106, 210, 405, 406, 530 y 531 del C.P.P.; Ley 23.098; Fallos P. 105.104; P.128.958 y P.128.850 de la SCJBA.
II. Remitir copia de la presente a cada uno de los Jueces que intervengan en las causas de los peticionantes enunciado en el listado acompañado a fin de que entiendan y sustancien el pedimento aquí traído según la situación particular de cada interno y a los Juzgados de Ejecución Penal en turno de los Departamentos Judiciales Quilmes y San Martín, conforme fuera señalado en los considerandos.
III. Tener presente la reserva del caso federal, conforme art. 14 de la ley 48.
Regístrese. Notifíquese y oportunamente devuélvase
FDO. MARIO EDUARDO KOHAN - CARLOS ÁNGEL NATIELLO, JUECES. ANTE MÍ: Olivia Otharán, Secretaria.
Fin de la sentencia