Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 5311
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso de apelación traído, confirmando la sentencia de grado en todas sus partes.-
Costas de Alzada al apelante devinto (art.68 del CPCC).-
Por auto separado se procederá a regular honorarios de los letrados intervinientes por la labor en la Alzada.-
En la ciudad de Pergamino, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 5311-24 caratulada "GONZALEZ MARIA BELEN C/ SIGAL RICARDO S/ HABEAS DATA", Expte. 67.073 del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 3, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Graciela Scaraffia y Roberto Degleue, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo:
El Sr. Juez de la anterior instancia hizo lugar a la demanda entablada por María Belen González, condenando al demandado Ricardo Sigal a entregar a la actora, dentro de las 48 hs. de quedar firme la presente, una copia completa e integra de la historia clínica confeccionada con motivo de los tratamientos, intervenciones y prestaciones a ella brindados en el consultorio médico sito en calle 19 Nro. 556 de la ciudad de Colon (B). Impuso las costas a la parte demandada, que resulta vencida. Reguló los honorarios de los letrados intervinientes.-
Tal decisorio fue objeto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada mediante el escrito electrónico de fecha 7-5-2024, concedido en relación y al solo efecto devolutivo el 10-5-2024. Con fecha 17-5-2024 la parte actora contestó el traslado. Elevados los autos a esta alzada el día 23-5-2024 llamamiento de autos, providencia que firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser fallada.-
Los agravios se encuentran agregados en la presentación electrónica de fecha 7/05/2024 y en base a la economía procesal se motivan sobre: a) falta de congruencia entre lo solicitado en la demanda y el fallo atacado, b) falta de legitimación pasiva señalando que debió ser planteada contra el establecimiento asistencial de la ciudad de Colón c) se disgusta contra los honorarios fijados por altos y solicita la declaración de inconstitucionalidad del art. 49 de la ley de honorarios profesionales tachando de arbitrario y violatorio del derecho de propiedad.-
Luce la réplica del actor que desplegando diversos argumentos solicita la confirmación de lo decidido.-
Como se ha expresado en la Causa 183/17 y 3789/19 de este Tribunal, cuyos conceptos son aquí aplicables, señalo que "La acción de habeas data se encuentra contemplada en el artículo 43 de la Constitución Nacional que expresamente establece "Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo" ... Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos".- La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, a partir de la reforma del año 1994, otorgó jerarquía constitucional a la "Garantía del Habeas Data" -art. 20 inc. 3º- a través de la cual "toda persona podrá conocer lo que conste de la misma en forma de registro, archivo o banco de datos de organismos públicos o privados destinados a proveer informes, así como la finalidad a que se destine esa información, y a requerir su rectificación, actualización o cancelación...", dejando expresamente establecido que es una garantía operativa.-
En ese marco, la ley 25.326 de "Protección de Datos Personales", cuyas normas son de orden público y de aplicación en lo pertinente en todo el territorio nacional -art. 44-, prescribe que la acción de habeas data tramitará según las disposiciones de esa ley y por el procedimiento que corresponde a la acción de amparo común y supletoriamente por las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en lo atinente al juicio sumarísimo -art. 37-.-
El Alto Tribunal Provincial al resolver cuestiones de competencia, dispuso que las acciones de habeas data debían tramitar según las disposiciones de la ley 25.326 y por el procedimiento que corresponde a la acción de amparo (causa B. 68.253 "Licardi", res. 22-VI-05), habiendo señalado que "El régimen jurídico del habeas data articula una vía judicial rápida para la protección de los datos personales que guarda clara similitud con la acción de amparo, a tal punto que comparten el procedimiento a aplicar por lo que no corresponde apartarse en la especie de la doctrina que ha establecido este Tribunal para la determinación del órgano judicial competente para entender en la acción de amparo. Aquél remedio exhibe la identidad referida, lo cual impone concluir que "cualquier juez" resulta competente para resolverlo, razón por la cual debe declararse que en este caso resulta competente aquel ante el cual se promovió la demanda." (SCBA LP B 69967 I 18/02/2009 B95981 -doctrina que fue posteriormente fue revisada en la causa "Ligresti" - B71258- Sentencia Interlocutoria del 18/4/2011 con motivo de la sanción de la ley 24241-).-
Señaló el cimero Tribunal que "Sabido es que el tratamiento constitucional del amparo y del habeas data -en el marco de esta última encuadra el derecho al acceso a la información cuya tutela se persigue en autos- se ubica en la misma norma tanto de la Constitución nacional cuanto de la provincial (arts. 43 y 20, respectivamente), pero no es menos cierto que esta última garantía ha sido definida como un "proceso constitucional autónomo" cuyo objeto preciso y concreto consiste básicamente en permitir al interesado conocer la información que conste de su persona tanto en organismos públicos o privados a fin de controlar su veracidad y el uso que de ella se haga -art. 20.3- -de la Constitución provincial-" (conf. Gozaíni, Osvaldo, "Habeas Data: Protección de datos personales", Rubinzal-Culzoni editores, 2003, págs. 386 y sigts.) (SCBA LP A 68993 S 03/12/2008).- La jurisprudencia consideró que "La subespecie de amparo que es el habeas data, es un remedio muy específico y preciso que debe ser utilizado en situaciones extremas y delicadas y cuando no existan otros caminos aptos para resguardar la tutela de los derechos fundamentales" (CC0101 MP 139580 RSD-315-7 S 29/08/2007 JUBA B1352433 -ver texto del fallo-). Que "La acción de habeas data, garantía que se encuentra contemplada en el art. 20 inc. 3 de la Constitución Provincial, art. 4 tercer párrafo de la Constitución nacional , como así también en la ley 25326 de Protección de Datos personales cuyas normas son de orden público, comparte con el amparo el procedimiento aplicable a este en virtud de la ley mencionada" (CC0001 AZ 54228 RSI-15-10 I 08/02/2010 B1050850).- Con posterioridad la ley provincial N° 14214, sancionada el 2/12/2010 y publicada en el Boletín Oficial el 14-01-2011, reglamentó el proceso constitucional de habeas data, estableció un procedimiento especial y rápido, al que resultan aplicables supletoriamente las normas del Código de Procedimiento Civil y Comercial en lo atinente al proceso sumarísimo (art. 8°). Y aunque impuso la obligatoriedad del reclamo administrativo previo en su artículo 5°, estableciendo que la negativa o silencio del titular del banco de datos o registro dejará expedita la vía judicial -fijando como plazo para la contestar a las entidades privadas, cinco días, y a las públicas, quince días-, contempla como excepción a tal vía, que el pasaje por la misma produzca un perjuicio de imposible reparación ulterior.-
Se advierte así que tanto la Constitución nacional como la Constitución provincial al establecer el habeas data, como las leyes nacional y provincial que reglamentaron tal derecho, privilegiaron el interés de la sociedad en que la persona tenga acceso inmediato a una vía rápida y expedita para la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar los derechos constitucionales al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre".-
En la especie, se ha pedido la aplicación del instituto pretendiendo la entrega de una historia clínica, admitida por el juez de grado y que claramente se pude subsumir en el hábeas data informativo de tipo exhibitorio previsto por el art. 33 inc. A primera parte de la Ley de Protección de Datos Personales, pretendiendo la queja neutralizar el finalismo de la norma que comprende varios aspectos, tal como lo explica el accionante.- Lo que pretende el doliente es la aplicación textualizada de que tanto la norma de protección de datos personales como la disposición constitucional exigen que los archivos, registros y banco de datos de carácter privado estén destinados "a dar informes" o "proveer informes"; lo que sin duda implicaría una limitación a un instituto que cobra sentido en una amplitud de cobertura constitucional; por lo que conforme el amplio criterio jurisprudencial que comparto, el ámbito de aplicación del habeas data se extiende a los supuestos en que la información recolectada, almacenada, relacionada y/ o cedida a terceros sea relevante para la protección de los derechos de los titulares de esos datos personales o bien que el acceso sea pretendido por quien exhibe el interés jurídico para ello.- A ello se le suma un argumento colateral, cuál es que la denegatoria del depositario de los datos requeridos no sólo conculca al derecho a la información en tanto prerrogativa instrumental de jerarquía constitucional (art. 43 de la CN), sino también compromete directamente al derecho a la salud en tanto prerrogativa fondal, ya que el contenido de la información requerida recae sobre un documento fundamental relativo a la situación médica del paciente.-
En este sentido, la ley 26.529 la conceptualiza como: “… El documento obligatorio, cronológico, foliado y completo en el que conste toda actuación realizada al paciente por profesionales o auxiliares de salud”.- A nivel doctrinario, y en plena armonía con la conceptualización legal, también se la ha definido como la “instrumentación prolija y detallada de las distintas secuencias médicas en la vida del paciente con especial referencia al tiempo y lugar de las prestaciones”.-
Se trata, en definitiva, de un documento complejo, permanente, dirigido tanto a proteger los intereses del paciente, como así también los del profesional médico, pues en cierto modo esta registración será decisiva en la mayoría de los casos para juzgar su actuación (YEPES RESTREPO, S., La responsabilidad civil médica, 5°, Ed. Dike, Medellín, 2002, pag. 156).- Sobre la base de esta premisa, se ha dicho que la historia clínica es el mejor elemento para demostrar lo bueno que ha sido la atención médica. En la acreditación de medios señalada deben quedar demostrados la pericia, los cuidados, la vigilancia, la seguridad, el cumplimiento de los reglamentos y deberes a su cargo, relación de medios con resultados, etc. (ACHÁVAL, Alfredo, 2° ed., Responsabilidad civil del médico, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1996, pag. 56 y ss).-
No es ocioso recordar aquí que el paciente es el titular de su historia clínica. Consecuentemente, a su simple requerimiento, debe serle suministrada copia de la misma, autenticada por autoridad competente de la institución asistencial, dentro de las cuarenta y ocho horas de solicitada, salvo caso de emergencia (art. 14 de la ley 26.529).-
La determinación del derecho de propiedad no representa una cuestión bizantina, sino que hace al interés práctico del médico y del paciente. Y evita también todo tipo de artimañas y malas prácticas de gestión, que tienen que ver con demoras en la entrega, agregaciones de última hora, correcciones irregulares, etc. (Cf. MOREA, Adrián Oscar, Radiografía de la historia clínica. Publicado en Temas de Derecho Civil, Año 8, N° 7, jul. 2022).-
Recapitulando, en la especie el peticionante pretende la historia clínica que fue confeccionada en base a los datos por él proporcionados al médico tratante, y que contiene información relativa a su persona, diagnóstico, tratamiento, prácticas y todo lo relacionado con su salud, por lo tanto la información obtenida en ese contexto debe hallarse siempre a disposición de quienes la han suministrado, en este caso el paciente, en tanto los profesionales se hallan sujetos a las disposiciones de la ley 25.326 respecto de los datos que obren en sus archivos, registros o bancos que sean trascendentes para el goce o protección de los derechos de sus titulares.-
No se comparte lo expuesto en la queja respecto a la falta de legitimación pasiva, que dice eventualmente estar en cabeza de la Clínica, por cuanto ha sido el profesional tratante quien en su especialidad médica ha recogido el informe que hoy pretende el amparista le sea proporcionado, debiendo recordarse que los profesionales se hallan sujetos a las disposiciones de la ley 25.326 respecto de los datos obrantes en sus archivos, registros y que sea trascendentes para el goce de los derechos de sus titulares. De tal modo considero como legitimado activo al reclamante y pasivo al médico para obtener esa información protegida, como acontece en la especie.-
La objeción traída termina de desmoronarse a poco que se advierte que la ley 26.529 no sólo extiende la obligación de guardia y custodia de este documento a los establecimiento asistenciales, sino también a los profesionales de la salud, quienes también tienen a su cargo la guarda y custodia de este documento, en su carácter de depositarios y deben evitar el acceso a la información contenida en ella por personas no autorizadas (art. 18 de la ley 26.529). En contrapartida, el paciente tiene derecho a que éstos le exhiban y/o entregue el documento aludido en todo momento.-
Entonces, en el contexto normativo de la ley 25.326 de protección de datos personales y de la ley 26.529 de derechos del paciente, el habeas data asoma como un instrumento garantizador con base constitucional, y su proyección está en directa relación con el avance de las tecnologías de la información, y debe tenderse a no frustrar la tutela que brinda esta herramienta. Precisamente es la convergencia conjunta de sendos argumentos jurídicos lo que me lleva a proponer el rechazo de la queja traída.-
Con respecto a la declaración de inconstitucionalidad del art. 49 de la ley de aranceles y agravio deducido por considerar altos los emolumentos he de comenzar diciendo que nuestro Máximo Tribunal provincial ha dicho que: "La declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico. De allí que la alegación de un supuesto de aquella índole requiere por parte de quien lo invoca de una crítica clara, concreta y fundada de las normas constitucionales que reputa afectadas. Para arribar a una conclusión tan relevante como la que conduce a invalidar un precepto por contrario a la Constitución, la carga impugnativa y probatoria debe exacerbarse" (SCBA LP L. 122160 S 14/03/2024 Juez KOGAN (SD), Carátula: Reggiani, Rubén Daniel contra La Estrella S.A. Compañía de Seguros de Retiro).- Esto adquiere particular relevancia toda vez que la propia Corte provincial ha refrendado "... La competencia del legislador local para dictar normas sobre el ejercicio de las profesiones liberales, como manifestación del poder de policía que le otorga el ordenamiento (arts. 14 y 121, Const. nac.; 41 y 42, Const. prov.), comprende de ordinario el establecimiento de una serie de pautas y baremos remuneratorios" (SCJBA, causa P.
133.318-RC, "Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ Recurso de Inconstitucionalidad en Expte. N° 492/18 seguido a López Muro, Jaime Oscar y Sosa Aubone, Ricardo Daniel", 5 de Septiembre de 2019).- Y si bien esta potestad legislativa no está exenta del test de constitucionalidad aplicable a toda norma legal, no es menos cierto que la deferencia expresa del constituyente al legislador para regular este tipo de cuestiones potencia la presunción de legalidad del acto legislativo realizado en ejercicio de tales atribuciones.-
A ello se agrega que el núcleo central del examen de constitucionalidad en materia de honorarios se cifra en la idea de proporcionalidad entre la entidad del emolumento y las pautas arancelarias establecidas por la ley 14.967 y, dentro de esas pautas, cobra especial relevancia el monto del asunto en tanto criterio objetivo y numérico que proporciona un claro indicativo para sopesar esa relación de razonable equivalencia entre la prestación profesional y el estipendio abogadil. La particularidad que surge en los trámites como el habeas data es que el proceso judicial incardina un asunto de naturaleza no patrimonial, circunstancia que a mi criterio le confiere, por un lado, al legislador un mayor margen de apreciación para el establecimiento del tope mínimo y máximo de la escala legal fijada por el art. 49 de la 14.967 y, por otro lado, al juez una mayor libertad estimatoria para moverse ampliamente dentro de los márgenes legales dada la mayor carga subjetiva y ponderatoria de las restantes pautas arancelarias.-
En esta línea, esta Alzada tiene dicho que el volumen de la intervención profesional y la simplicidad del proceso funcionan como criterios de referencia eficaces para que el juez pueda modular el estipendio profesional entre el mínimo y el máximo de la escala pero resultan por sí solos insuficientes para desvirtuar los topes establecidos por la ley arancelaria. Al respecto, se ha expresado que: “…las circunstancias indicadas por el Juez de origen (‘escasa complejidad de la cuestión, su nula novedad y la ausencia de la etapa probatoria’) carecen de virtualidad para justificar una regulación de los estipendios profesionales por debajo de la escala legal, sin perjuicio de que su consideración incida en la modulación de los emolumentos dentro de los parámetros legalmente establecidos” (Cám. Civ. y Com. de Pergamino, “CIARLO CECILIA LAURA C/ BANCO MACRO S.A. S/ HABEAS DATA”, Causa 4167/21, sent. del 22/04/2021).- Que a ello he de agregar que en el proceso de habeas data aparecen comprometidos bienes jurídicos ligados a derechos constitucionales como el derecho a la información (art. 43 de la CN) y, en la especie también, el derecho a la salud (art. 75 inc. de la CN) por referirse el objeto de la requisitoria informativa a la historia clínica del paciente (art. 12 de la 26.529). En este sentido, es claro que la jerarquía de los derechos involucrados son reveladores de la urgencia e impostergabilidad de la intervención profesional como de la mayor responsabilidad que asume el letrado frente a una posible prestación deficiente del servicio profesional. Tales circunstancias no hacen más que demostrar la necesidad de retribuir adecuadamente esta especial y más gravosa faena que pesa sobre el abogado y, concomitantemente, opera en detrimento de la procedencia del acuse de constitucionalidad de la norma impugnada.-
A mayor abundamiento, y aunque no tenga directa incidencia en el merituación del trabajo profesional, no puedo pasar por alto que este proceso judicial pudo haber sido fácilmente evitado si el demandado frente a la carta documento que recibiera en fecha 22/11/23 hubiese procedido directamente al cumplimiento de la obligación legal de entrega de la historia clínica cuya entrega se tuviera por exigible en la sentencia apelada. La prestación que se le requería, lejos de ser de imposible o dificultoso para el profesional, devenía de fácil realización y daba satisfacción a derechos dotados de protección constitucional. Sin embargo, el facultativo injustificadamente omitió hacerlo y ahora viene a cuestionar la constitucionalidad de leyes arancelarias que se han puesto en movimiento como consecuencia de un obrar omisivo propio jurídicamente reprobable y contrario a la buena fe que debe mediar en la relación médico-paciente.- En virtud de la fuerza argumental conjunta de las diversas razones expresadas, he de propiciar el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 49 de la ley 14.967.-
Por las razones dadas, citas legales de referencia y con el alcance indicado, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma cuestión el señor Juez Roberto Degleue por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-
A la segunda cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo: De conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es:
Desestimar el recurso de apelación traído, confirmando la sentencia de grado en todas sus partes.-
Costas de Alzada al apelante devinto 8art. 68 del CPCC).-
Por auto separado se procederá a regular honorarios de los letrados intervinientes por la labor en la Alzada.-
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión el señor Juez Roberto Degleue por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-
Con lo que terminó el presente Acuerdo, dictándose la siguiente;
Desestimar el recurso de apelación traído, confirmando la sentencia de grado en todas sus partes.-
Costas de Alzada al apelante devinto (art.68 del CPCC).-
Por auto separado se procederá a regular honorarios de los letrados intervinientes por la labor en la Alzada.-
Regístrese. Notifíquese por Secretaría (Ac. 4013 SCBA)
remitiéndose copia digital de la presente sentencia a los domicilios electrónicos de las respectivas partes. Devuélvase.
Fin de la sentencia