Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa me 45500 2023
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar que el presente proceso ha devenido abstracto.
2Imponer las costas a la accionada en virtud de las conclusiones arribadas en el considerando 4° del presente (art. 18, Ley 14214).
3Atento el estado de autos corresponde proceder a regular honorarios. En tal faena, valorando la naturaleza sumarísima del proceso, la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas por los profesionales actuantes -completándose en la especie la primera de las previstas en el art.28 inc. b Pto.1- y conforme lo dispuesto por los arts. 16, 49 y 54 de la norma arancelaria (Ley 14.967), REGULO los honorarios de la Dra. María Julia Massolo, T°VI, F°82, C.A.D.J.M -como letrada patrocinante del actor- en la cantidad de 25 JUS con más los aportes que fija el art. 12 de la ley 6716 y el I.V.A en cuanto correspondiere a la situación particular de la profesional actuante. Asimismo regulo los honorarios de los letrados intervinientes por la entidad bancaria demandada Dr. SEBASTIAN ALBERTO RICCA, TºV, Fº282 C.A.D.J.M. y Dr. FABIO A. BANDONI, Tº. 602 Fº 113 CFALP en la cantidad de 12,5 JUS para cada uno respectivamente (Cfr. art. 13 de la mencionada ley arancelaria).
Expte. Nº 45500 .-
Autos:"FORTUNATO ENRIQUE DIEGO C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ HABEAS DATA ".-
Mercedes, en el día de su firma digital. CS
Estos autos caratulados "FORTUNATO ENRIQUE DIEGO C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ HABEAS DATA", Expediente Nº 45500, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
1. Que con fecha 09/08/2023, se presentó el Sr. Enrique Diego Fortunato, con el patrocinio letrado de la Dra. María Julia Massolo promoviendo acción de habeas data en los términos de la Ley 14.214, contra el Banco de la Pcia. de Buenos Aires, con el objeto de que éste, proceda a rectificar y/o corregir la información que posee en sus bases de datos respecto a su persona, en virtud de que, en dicha base, se encuentra cargada la Sra. Bazán con su domicilio y sus teléfonos.
Señaló al respecto que, desde comienzos de 2020 es jubilado docente y el IPS acredita sus haberes en Banco Provincia de Buenos Aires, sucursal Chivilcoy, por lo que, tiempo después de jubilarse, recibió la visita en su domicilio, de personal de Correo Argentino, para entregarle la tarjeta de débito de su nueva cuenta de haberes jubilatorios, sorprendiéndose frente al hecho de que según le informara el cartero, tal envío iba dirigido a la Sra. Margarita Bazán, razón por la cual no la recibió, desconociendo de quién se trataba.
Continúa su relato indicando que, amén de seguir esperando su tarjeta de débito, en plena pandemia y cuarentena obligatoria, comenzaron los llamados telefónicos a su celular y a su teléfono fijo, reclamándole deudas de la Sra. Margarita Bazán, siempre desde números de teléfono distintos o bien desde "número privado", por lo que era imposible bloquear la entrada de las siguientes llamadas.
Apunta que, luego de averiguaciones vía internet, entendió la confusión, en cuanto a que, la Sra. Margarita Elisabeth Bazán, es una mujer que tiene su mismo número de D.N.I., pero femenino: 4.971.947 y que por un error originado en el banco de datos del Banco Provincia, la Sra. Bazán está cargada en su sistema con su domicilio y sus teléfonos.
Refiere que, reclamó vía web e informó como correo electrónico de contacto el de su letrada patrocinante y esposa, contestándole tiempo después que lo estaban solucionando, pero no fue así, ya que no sólo, no dejaron de molestarlo, sino también empezaron los reclamos a la misma dirección de correo electrónico desde donde les había pedido que corrijan la situación.
Agrega que, reclamó al Banco Provincia vía web por primera vez en abril de 2020, pero no le dieron solución, diciéndole que debía ir a la sucursal una vez finalizada la cuarentena, lo cual así hizo cuando los bancos reabrieron, para que corrijan el error y le entreguen la tarjeta de débito a su nombre.
Manifiesta que tiempo después, recibió su tarjeta, pero en su home banking seguía figurando una de débito (asociada a su caja de ahorros) cuyo titular era la Sra. Bazán, por lo cual, reclamó vía Facebook / Messenger, volvió al banco, donde la empleada bancaria, le aseguró que iban a arreglar el problema y anular la tarjeta, pero todo fue en vano.
Apunta que asimismo, harto de tanto acoso y desidia, resolvió enviar cartas documento al Banco Provincia, al Banco Macro y a BML Collection Services S.A. (ésta última, es la empresa que reclama deuda en nombre de Autopistas del Oeste) a fin de emplazarlos a que corrijan definitivamente esta confusión de datos y cesen este hostigamiento injusto hacia su persona, como así también se abstengan de seguir compartiendo ilegalmente sus datos personales con otras entidades.
Indica que, el 18 de julio del 2023, encontró en su domicilio un "aviso de visita" de Correo Argentino para que la Sra. Margarita Bazán retire un envío. Según le informaron en el correo, el tipo de envío "TC" significa que es una tarjeta bancaria (de crédito o débito), siendo nuevamente una tarjeta del Banco Provincia para la Sra. Bazán, pero para ser entregada en su domicilio, lo que acredita definitivamente que hicieron caso omiso al emplazamiento vía carta documento.
Concluye en que, el responsable de esta confusión y difusión incorrecta e ilegal de sus datos personales, es el Banco Provincia, pues nunca fue cliente de ningún otro banco, ni contrató con Autopistas del Oeste, ni contrajo deudas con ninguna otra entidad bancaria ni financiera, por lo que no es posible que las entidades mencionadas hayan obtenido sus datos personales por otro medio.
2. Que con fecha 31/08/2023, se presentó la demandada mediante apoderado a contestar el traslado conferido en autos y luego de efectuar la negativa de los hechos de rigor, solicito el rechazo de la demanda.
Al respecto indicó que las circunstancias fácticas que rodearon la producción del hecho de autos, difieren sustancialmente de las relatadas en forma totalmente imprecisa y errónea por la actora.
Manifiesta que, el Sr. Enrique Diego Fortunato, resulta titular de la caja de ahorro N° 500288/5 abierta el 06/08/2002 en la Sucursal Chivilcoy de su mandante, y desde el 12/03/2022 es titular de la caja de ahorro N° 532176/3 también de la Sucursal Chivilcoy, la cual se trata de un convenio 124, es decir, una cuenta abierta por el Instituto de Previsión Social (I.P.S.) para proceder al pago del haber jubilatorio.-
Señala que, respecto de sus datos personales, domicilio, teléfono fijo, celular y correo electrónico que señala en el escrito de postulación de la instancia, son los que constan registrados en la sucursal con la que opera y que por otro lado, se aprecia que el domicilio registrado de la Sra. Margarita Bazán, es el de calle Carlos Lopez Buchardo N° 1658 de la ciudad de Moreno, por lo que concluye en que, de lo expuesto se colige la inexistencia de datos cruzados y/o inequívocos (sic) entre los Sres. Fortunato y Bazán debido a que ambos se encuentran correctamente cargados en la base informática del Banco.
Apunta que, con sustento en el deber de confidencialidad, su mandante jamás compartió datos del Sr. Fortunato con terceras personas (sean físicas y/o jurídica).
Agrega asimismo que, la Sra. Bazán no tiene productos activos en el Banco Provincia, por lo que resulta imposible que se remitan tarjetas de débito y/o crédito a su nombre, concluyendo en que, los datos bancarios del Sr. Fortunato se encuentran seguros, jamás corrieron el más mínimo riesgo, por lo que solicita que la acción sea declarada "abstracta".
Ofrece prueba y peticiona.
3. Que corrido traslado de la presentación de la accionada, responde la actora, manifestando que, el Banco no ha logrado probar cuando ha efectuado las correcciones solicitadas y que el hecho de que en la actualidad los datos están cargados correctamente, no significa que lo hayan estado desde antes, ni cuando se hizo el reclamo, ni cuando envió carta documento y aun cuando recurrió a la vía judicial.
Agrega a ello que, la captura obrante en la página 7 de dicha presentación contiene su nombre y su domicilio correctamente cargados, pero hay un casillero que dice: "Vigente desde: 30/08/2023". O sea, el banco reconoce implícitamente que recién el día anterior a su presentación en autos procedió a cargar su domicilio correcto.
Finalmente señala que, la autenticidad de la documental no fue negada por la contraria, que la confusión de datos existió y fue debidamente acreditada, teniendo que recurrir a la instancia judicial para que se avengan a corregir algo que debe haber llevado unos minutos de trabajo y buena voluntad.
Aclara que, si "la cuestión se encuentra terminada" y la "acción resulta abstracta" no es debido a un acontecimiento ajeno a las partes, sino por el arbitrio del banco demandado que recién ahora le comunica y asegura una solución, por lo que debe ser condenado en costas.
4. Que por auto de fecha 12/09/2023, se dispuso el llamamiento de los autos para dictar sentencia y CONSIDERANDO:
1. Liminarmente que, de acuerdo a los lineamientos dados por el art. 43 párrafo 3° de la CN, el art. 20 inc. 3 de la CPBA, con mas la ley nacional 25.326 de Protección de los Datos Personales y la ley provincial N°14214, se asegura el derecho de toda persona a interponer una acción expedita y rápida para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, contenidos en registros o bancos de datos públicos, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir su supresión, rectificación, actualización y confidencialidad.
El habeas data, tutela el derecho a la intimidad y se ha dicho que protege el derecho a la privacidad -art. 19 CN-, siendo el presupuesto fáctico que habilita su ejercicio, la existencia de información inexacta, desactualizada o discriminatoria, reservada al propio individuo, o cuyo conocimiento y divulgación -aun siendo exacta- implique un peligro real o potencial para su intimidad.
2. Que, frente al citado contexto, entiendo que el tratamiento de las cuestiones requeridas en la petición inicial, ha devenido abstracto.
Véase que, lo aquí pretendido por la actora, era la rectificación en el registro del Banco de la Pcia. de Bs. As. de sus datos personales, diferenciándoselos de aquellos que correspondían a la Sra. Bazan, con quien compartiría el mismo numero de documento; siendo éste, el único objeto del proceso.
Que siendo así, lo cierto es que, ya no existe contrapunto entre las partes, para lo cual, vale recordar que no es función de la judicatura emitir opiniones abstractas (SCBA C107268, "Guzzetti", sent, del 11-VII-2012), ya que los jueces no están habilitados para hacer declaraciones teóricas o generales, debiendo limitarse en la sentencia, a resolver el "caso" que se ha sometido a su decisión, debiendo el interés de quien acciona, subsistir al momento de dictarse la sentencia (CCAMP A-524-DO0 "Porretti", sent. del 22-IV-2008; V-359-AZ1 "Tur", sent. del 11-IX-2008; A-1314-MP0 "Norando", sent. del 05-V-2009, entre otras).
En este sentido, el derecho de quien acciona, resulta ser un presupuesto del conflicto que debe subsistir al momento de dictarse la sentencia, pues absurdo sería, procurar componer un conflicto inexistente y de allí que, los jueces están en condiciones de pronunciarse sobre el contenido de la relación procesal exclusivamente mientras se mantenga un real interés del accionante (cfr. doct. SCBA causas Ac. 68.097 "Jiménez Herwig", sent. del 13-XII-2006; Ac. 68.601 "L.,L. c. P.,A", sent. del 14-XI-2007). Y ello es así desde que un conflicto inexistente violenta el recaudo constitucional que exige la presencia de un "caso" o "controversia" frente al cual se despliegue la actividad jurisdiccional (art. 171 Const. Prov.; CCAMP A-1399-NE0 "Labarthe", sent. del 3-VII-2009).
3. En tales circunstancias y visto el caso en debate, debo concluir que el objeto de esta contienda ha desaparecido en la especie, así como el interés para accionar, todo lo cual deriva en que el presente proceso, ha devenido en abstracto.
4. Costas: Que, en referencia a las costas del juicio y no obstante el resultado final de esta contienda, no puedo dejar de mencionar que fue estrictamente necesario el inicio de este proceso para alcanzar la solución del conflicto, ya que tal y como surge de la documental adjuntada a la presentación inicial -la que no fue negada por la demandada-, a la fecha de instarse la demanda, continuaban los reclamos a la Sra. Bazan, en la persona del actor.
Que advierto tal como lo señalara el actor que del print de pantalla que luce a fs. 7 de la contestación de demanda en pdf, en la cual se consignan los datos del actor, surge que los mismos se encuentran vigentes desde el 30/08/20123.
Así, encontrándose fuera de discusión esta circunstancia y toda vez que sin perjuicio de lo manifestado por la demandada, no ha podido probar que tales datos personales, que en la actualidad se encuentran debidamente consignados, lo hayan estado con anterioridad -al menos- al inicio de este proceso, sino que mas bien, fueron rectificados una vez corrido el traslado de demanda -corroborado ello con el resto de la documental agregada por el actor, en la que se acompañan las consultas y reclamos efectuados por su parte, incluyendo entre ellas carta documento dirigida a la entidad demandada- cierto es que la falta de respuesta, generan una fuerte presunción de que esta circunstancia se mantuvo hasta que fue efectivizado el traslado ordenado por auto de fecha 11/08/2023 y es por ello que el inicio de este proceso resultó estrictamente necesario, y por tal es mi convicción que ha existido una conducta reprochable del ente público (art. 18, Ley 14214).
En consecuencia, entiendo que las costas deben ser soportadas por la demandada (Cfr.. art.18, Ley 14.214).
1. Declarar que el presente proceso ha devenido abstracto.
2. Imponer las costas a la accionada en virtud de las conclusiones arribadas en el considerando 4° del presente (art. 18, Ley 14214).
3. Atento el estado de autos corresponde proceder a regular honorarios. En tal faena, valorando la naturaleza sumarísima del proceso, la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas por los profesionales actuantes -completándose en la especie la primera de las previstas en el art.28 inc. b Pto.1- y conforme lo dispuesto por los arts. 16, 49 y 54 de la norma arancelaria (Ley 14.967), REGULO los honorarios de la Dra. María Julia Massolo, T°VI, F°82, C.A.D.J.M -como letrada patrocinante del actor- en la cantidad de 25 JUS con más los aportes que fija el art. 12 de la ley 6716 y el I.V.A en cuanto correspondiere a la situación particular de la profesional actuante. Asimismo regulo los honorarios de los letrados intervinientes por la entidad bancaria demandada Dr. SEBASTIAN ALBERTO RICCA, TºV, Fº282 C.A.D.J.M. y Dr. FABIO A. BANDONI, Tº. 602 Fº 113 CFALP en la cantidad de 12,5 JUS para cada uno respectivamente (Cfr. art. 13 de la mencionada ley arancelaria). REGISTRESE. NOTIFIQUESE a sus beneficiarios y al obligados a su pago con los recaudos del art. 54 de la Ley 14.967 y en los domicilios que en cada caso corresponda.-
Asimismo se le notifican los honorarios regulados al Dr. Fabio A Bandoni en su domicilio electrónico en [email protected].
Fin de la sentencia