Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125061
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que los agravios abordados en los puntos III.3 y III.4 no reúnen los requisitos esenciales; y que las criticas abordadas en los puntos III.5.a. y III.5.b. han sido insuficientemente fundadas (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal del Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de Lanús rechazó el planteo de exoneración de responsabilidad y la excepción de prescripción articulados por las codemandadas Nuevas Cristalerías Avellaneda S.A.I.C. y La Segunda ART S.A. e hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por Eduardo Raúl Velardez, condenando a la aseguradora a abonarle la prestación dineraria prevista en el art. 14 apdo.2 inc. "a" de la ley 24.557 y a la empresa empleadora las diferencias salariales y la reparación integral por daños y perjuicios con fundamento en el derecho común (v. fs. 855/917 vta. y aclaratoria de fs. 931/935 vta.).
Para así decidir, señaló -en lo esencial- que las dolencias incapacitantes que afectan al actor se vinculaban con el trabajo cumplido y el ambiente laboral –que determinó altamente sonoro, pues superaba los máximos legales permitidos-, sin que se le brindaran al dependiente elementos de protección adecuados ni capacitación. En ese marco, concluyó que las tareas eran nocivas para la integridad física del actor, sin que se advirtiera que la empleadora hubiera adoptado medidas necesarias en higiene y seguridad y en prevención y control.
Luego, puntualizó que la indemnización establecida en la Ley de Riesgos del Trabajo resultaba insuficiente para reparar integralmente la minusvalía que presenta el demandante. Por ello, declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557, toda vez que juzgó que su aplicación resultaba lesiva de principios, derechos y garantías constitucionales.
Por otro lado, determinó que la aseguradora sólo debía responder por la patología columnaria, en el marco del régimen especial.
II. Frente a lo así decidido, la coaccionada Nuevas Cristalerías Avellaneda S.A. dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 943/976 vta.), el que fue concedido por el órgano de grado a fs. 977/979 vta.
En su presentación denuncia que el juzgador no realizó un análisis razonado y concreto de las circunstancias fácticas y probatorias de la causa, imputándole absurdo.
En primer lugar, se agravia de la ausencia de valoración adecuada de la defensa vinculada con el examen preocupacional del trabajador, del cual surge -según postula- que para ese entonces ya presentaba las patologías reclamadas en autos.
Con análogos fundamentos, también cuestiona el rechazo de la excepción de prescripción.
Luego, se dirige a impugnar el tramo del fallo con arreglo al cual se dispuso el progreso de la acción en concepto de indemnización por daños y perjuicios en los términos del derecho común. Sobre el particular, asegura que los dichos de los testigos contradicen el informe pericial técnico, atribuyéndole al tribunal haber resuelto la cuestión de modo arbitrario.
Reprocha, igualmente, la decisión que determinó la existencia de diferencias salariales, alegando errónea interpretación de la pericia contable y del acuerdo de empresa homologado en sede administrativa.
Por otro lado, objeta la conclusión que eximió de responsabilidad civil a la aseguradora, denunciando yerro en la ponderación de la prueba pericial técnica, así como el no descuento de las prestaciones dinerarias otorgadas con relación al monto indemnizatorio.
En esa misma línea, cuestiona la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 39 y 46 de la ley 24.557. Entiende que el juzgador resolvió en abstracto, sin efectuar un correcto examen comparativo.
Finalmente, denuncia vulnerada la doctrina sentada en la causa "Zuccoli", en cuanto a la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, a los fines del tratamiento del remedio traído, se impone invertir el orden de los agravios.
En este marco, la impugnación dirigida a cuestionar la fijación de los estipendios ha perdido virtualidad, a tenor de lo decidido por el propio tribunal actuante en la resolución aclaratoria obrante a fs. 931/935 vta. en oportunidad de resolver la impugnación de la liquidación incoada por la recurrente (v. escrito electrónico de fecha 6-VIII-2019). En este sentido, esta Suprema Corte tiene dicho que carece de virtualidad el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si una aclaratoria ha modificado las circunstancias que le dieron sustento (causas L. 97.982, "Santisteban", sent. de 30-III-2011; L. 104.792, "Bartolomeo", sent. de 26-II-2014 y L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014).
III.2. Expuesto lo anterior, corresponde señalar que, en el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.3. Conforme los lineamientos antes enunciados, deben rechazarse las críticas destinadas a cuestionar la desestimación del pedido de exoneración de responsabilidad de la empleadora, la condena por daños y perjuicios con fundamento en el derecho civil, el progreso de la pretensión por diferencias salariales, así como lo referido a la eximición de responsabilidad de la aseguradora, en tanto la recurrente no ha denunciado vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por el conducto de excepción por el cual transita el examen de la presente impugnación (causas L. 121.181, "Castillo", resol. de 21-II-2018;L. 121.870, "Bentancourt", resol. de 20-III-2019 y L. 125.331, "Ojeda", resol. de 30-XI-2020).
III.4. Tampoco se observa la concurrencia de la hipótesis excepcional de referencia con respecto a aquella parcela del recurso dirigida a objetar el rechazo de la excepción de prescripción, en tanto la cita de doctrina legal efectuada no sólo remite al análisis de típicas cuestiones fácticas y probatorias, vinculadas a la determinación del punto de partida para el cómputo del curso de la prescripción, cuyo análisis resulta una facultad privativa del juzgador de grado y excluida del ámbito de la casación por la vía intentada(causas L. 121.110, "Mentasti", resol. de 30-V-2018; L. 122.662, "Gómez", resol. de 26-XII-2019 y L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020), sino que -además- ha sido elaborada sobre la base de disímiles presupuestos fácticos a los que se verifican en el presente y, por lo tanto, su invocación es ineficaz para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen en este acotado marco (causas L. 121.608, "Suárez", resol. de 10-IV-2019 y L. 125.059, "Guzmán", resol. de 21-XII-2020).
III.5. Ahora bien, respecto del agravio dirigido a controvertir la declaración de invalidez de los arts. 39 y 46 de la ley 24.557, no puede soslayarse que el planteo involucra el análisis de una cuestión federal, circunstancia que justifica su abordaje con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
En ese sentido, reiteradamente ha declarado esta casación que aun cuando el valor de lo cuestionado en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento del mentado agravio, toda vez que -tratándose de una cuestión federal- corresponde que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos vinculados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (CSJN, Fallos: 308:490 in re "Strada"; 310:324 in re "Christou"; 311:2478 in re "Di Mascio"; SCBA, causas L. 116.553 "Addiechi", sent. de 8-IV-2015; L. 120.351, "Gamboa", resol. de 12-IV-2017 y L. 122.567, "Cheppi", resol. de 26-XII-2019).
III.5.a. Sentado ello, en primer lugar cabe señalar que la invalidez constitucional del citado art. 46 de la ley 24.557 fue declarada por el juzgador de origen en una resolución previa al dictado de la sentencia (v. fs. 284/287) y, por tanto, se trata de una cuestión preclusa, ajena -como tal- a la instancia extraordinaria, desde que el recurso de inaplicabilidad de ley tiene por objeto el pronunciamiento definitivo y no el reexamen de la estructura del procedimiento antecedente (causasL. 121.835, "Espíndola", resol. de 13-II-2019; L. 123.182, "Santin", resol. de 11-III-2020 y L. 124.782, "Fleitas", resol. de 25-IX-2020).
III.5.b. Finalmente, respecto del decreto de inconstitucionalidad del mentado art. 39 de la ley 24.557, es dable destacar que los argumentos que nutren la crítica no logran conmover los fundamentos brindados por el tribunal de origen.
En efecto, el juzgador efectuó el cotejo de las sumas que le correspondería percibir al actor y la normativa de riesgos vigente al momento de la toma de conocimiento de las patologías denunciadas (30-V-2008) y, a partir de ello, juzgó que la indemnización de la ley especial resultaba insuficiente comparada con aquella que derivaría de la reparación integral emergente del derecho común (v. sent., fs. 873 vta./876 vta.).
La impugnación traída prescinde controvertir frontalmente el razonamiento seguido por el juzgador para arribar a la conclusión que impugna. Ello así, pues se limita a postular una interpretación diferente respecto a la forma en que -a su criterio- debió efectuarse el cotejo, con la sola intención de objetar el importe del resarcimiento sistémico tomado en cuenta para efectuarlo con relación a la suma presupuestada con arreglo a las normas de derecho común.
En otras palabras, la estructura argumental que propone el recurrente se aparta de las concretas motivaciones que condujeron al sentenciante a resolver este aspecto del reclamo, sin aportar ningún elemento convincente con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines del recurso deducido (causas L. 120.837, "Rubel", resol. de 6-XII-2017; L. 122.062, "Monteagudo", resol. de 10-IV-2019 y L. 123.263, "Mendoza Díaz", sent. de 30-XII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que los agravios abordados en los puntos III.3 y III.4 no reúnen los requisitos esenciales; y que las criticas abordadas en los puntos III.5.a. y III.5.b. han sido insuficientemente fundadas (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/02/2021 13:36:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/03/2021 14:29:57 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/03/2021 10:28:34 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/03/2021 16:00:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/03/2021 18:57:48 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia