Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2021-55452155-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución apelada en todas sus partes. Las costas se imponen a la vencida.
2Regular los honorarios del Dr. Héctor Eduardo Villegas Ninci por su actuación en autos en el carácter de apoderado de la recurrente en la suma de $85.273 (pesos ochenta y cinco mil doscientos setenta y tres) equivalente a 17,13 (diecisiete con 13/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- , los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida en autos y el resultado obtenido, conforme Ley 27.423, Acordada N°21/2021 (1/10/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe firma conjunta Número: IF-2021-119618300-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 9 de Diciembre de 2021 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2021-55452155-APN- SGAI#TFN, caratulado “HAMILTON GUSTAVO MIGUEL s/recurso de apelación.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que mediante RE-2021-53678886-APN-SGAI#TFN la actora interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 18 de Mayo de 2021 dictada por la Dirección Regional de Córdoba de la A.F.I.P.- Dirección General Impositiva, por la que se le determinó de oficio el IVA por los períodos fiscales 05/2016 a 09/2017, se liquidaron accesorios y se aplicó una multa equivalente a tres (3) veces el monto del tributo supuestamente omitido, esto último con sustento en los artículos 46 y 47 inc. a) y c) de la ley de rito fiscal. Relata que producto de la exclusión del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes retroactiva a partir del período 5/2016, procedió a computar los créditos fiscales en el IVA correspondientes a los períodos en los cuales tuvo impacto tal situación. En tal sentido, el recurrente arguye que el hecho de que en los comprobantes respaldatorios no se encuentre consignado el IVA, no resulta impugnable dado que resultaba imposible a la fecha de emisión de las facturas que el proveedor discriminara dicho gravamen cuando aún persistía su inscripción como monotributista.
Sostiene que el criterio del organismo implica desnaturalizar la mecánica del impuesto y la incorrecta apreciación de su hecho imponible, al impedir el cómputo del crédito fiscal proveniente de operaciones efectuadas; más aún, considerando que ello no obstó a que el Fisco pudiera calcular el débito fiscal. Asimismo, puntualiza que respecto al ajuste practicado corresponde la aplicación del principio de realidad económica, previsto en el art. 2 de la ley de rito fiscal Se agravia de la multa aplicada, solicitando en primer término se declare la nulidad. Expresa la carencia absoluta de motivación para la imputación efectuada, invocando la violación al derecho de defensa. Por otro lado, aduce que el Fisco no demostró maniobra fraudulenta de ninguna especie y lo infirió a través de presunciones, lo cual resulta improcedente a la luz del precedente de la Corte Suprema “Mazza, Generoso y Mazza, Alberto”. Remarca que tampoco se cumplió con la Instrucción General 6/2007, en lo que hace a la justificación de la sanción. En subsidio, solicita se reencuadre en la figura de omisión fiscal del artículo 45 de la ley 11.683, y considera que una decisión contraria vulneraría la garantía constitucional de igualdad.
Acompaña prueba documental. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque el acto apelado. Con costas.
II. Que mediante IF-2021-81340082 contesta traslado el Fisco Nacional.
Pone de relieve que el apelante pretende sin sustento jurídico fundar su derecho de tomar sus facturas como monotributista y aplicarlas para ser usadas como responsable inscripto, lo que no es autorizado por la ley. En efecto, puntualiza que la posición expuesta por el recurrente se basa en un método de liquidación contrario a la ley y en modo alguno consentido por el organismo, porque resultaría admitir un trato diferencial con aquellos que cumplen periódicamente con las normas del IVA y del Régimen Simplificado.
En cuanto a la sanción aplicada, resalta que el actor no se hace cargo de la inobservancia de sus obligaciones como contribuyente monotributista, causal que le impidió obtener comprobantes de compra con el impuesto discriminado, desencadenando las consecuencias impositivas que aquí se discuten. Señala que el criterio del acto apelado para imponer la figura del artículo 46 se encuentra debidamente expuesto y no corresponde reencuadre en la figura del artículo 45. Finalmente, pide se confirme la liquidación de intereses en virtud de no haber sido objeto de agravios.
Acompaña antecedentes administrativos en soporte digital. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme el acto apelado. Con costas.
III. En virtud de no existir prueba, se declaró la causa como conclusa para definitiva y se elevó a conocimiento de la Sala D mediante PV- Por IF-2021-118224911-APN-VOCX#TFN se dispuso pasar los autos a sentencia.
IV. Que según surge de las constancias administrativas y la resolución apelada, el criterio para resolver la exclusión del aquí recurrente en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes con retroactividad a mayo del 2016 se debió a la detección de inconsistencias entre el volumen de compras y los ingresos declarados. A partir de ello, se consideró que los comprobantes aportados la inspección –facturas tipo “B” emitidas por responsables inscriptos- resultan ineficaces para respaldar los créditos fiscales que se pretenden computar en las declaraciones juradas del IVA en los períodos 05/2016 a 9/2017 en tanto que no se refleja el gravamen vinculado con cada una de esas operaciones. En efecto, surge que se realizó un control de los comprobantes, observándose que en las mismas se consignó como categoría del contribuyente para la compra la de Monotributo, excepto por las facturas de la empresa Embotelladora Mediterránea que le facturó como “sujeto no categorizado” y un comprobante “A” de septiembre de 2017 de la firma Pilares S.R.L. (vide fs. 24/63 Cpo. Verificación obrante en el IF-2021-81165209-APN-DTD#JGM y también en el Informe Final de Inspección obrante en el anexo al IF-2021- 81165087-APN-DTD#JGM, vide fs. 97/100)
El organismo recaudador puso de resalto que no se aportaron comprobantes idóneos que permitieran validar los importes de crédito fiscal exteriorizados en las declaraciones juradas presentadas objeto del proceso. Concluyó que el cómputo efectuado por el recurrente, se aparta de lo establecido del artículo 12 de la ley del IVA, dado que implicaría la posibilidad de aminorar la obligación frente a tal gravamen para quien permaneció indebidamente en un régimen sustitutivo como lo es el denominado Monotributo.
V. Que en primer lugar, cabe señalar que no resulta motivo de agravio la exclusión del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes por parte de la actora. Tampoco resulta controvertida la existencia de operaciones de compra, toda vez que el Organismo no objeta las mismas sino que los créditos fiscales no fueron discriminados.
Por ello, el marco de la controversia se limita únicamente a establecer si procede o no el cómputo del crédito fiscal por parte del recurrente, para establecer si el ajuste efectuado se ajusta a derecho y en su caso la procedencia de los intereses resarcitorios intimados y la multa aplicada.
Que la cuestión que se debate en el sub lite resulta sustancialmente análoga a la que fue objeto de tratamiento por este Tribunal en la causa “Osterrieth, Stella Maris c/ AFIP-DGI s/ recurso” (Expte. N° 32.607-I), sentencia de fecha 5 de abril de 2017 dictada por la Sala “C” de este Tribunal en la que intervine como Vocal subrogante de la 8° Nominación. Que en dicho decisorio expuse que: “...en el caso de contribuyentes excluidos del Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes que adquieren la calidad de responsables inscriptos, en virtud de lo establecido por el art. 29 inciso a) de la ley 25.865, no podrán computar el IVA que les hubiera sido facturado como consecuencia de hechos imponibles anteriores a la fecha en la que produzca efectos su cambio de condición frente al tributo, ello en atención a la remisión que se efectúa al art. 16 de la ley del IVA, a no ser que se hubieran cumplido con los requisitos fijados la ley del gravamen (arts. 12 inciso a) y 37 de dicha norma).” “Que en este caso en particular, no puede soslayarse que las operaciones de compra se realizaron mientras estuvo inscripto como monotributista, motivos éstos que llevan a la conclusión de que no puede pretenderse que la aquí recurrente deba cumplir retroactivamente con un requisito que no le era exigido a ese momento, esto es que en la facturación se encuentre discriminado del monto correspondiente al crédito fiscal.
En tal inteligencia no resulta razonable la aplicación al caso de las previsiones contenidas en el art. 41 de la ley de IVA.” “Que en tal inteligencia cabe remitirse a lo expuesto por la Alzada -Sala V-, al resolver con fecha 8/7/2010 la causa “Distribuidora Senderos S.R.L.” , que -confirmando el criterio expuesto por la Sala B en el pronunciamiento de fecha 9/6/2008- sostuvo “...cuando el interesado es el verdadero titular de la operación (y se dan los restantes requisitos sustanciales y formales exigibles), corresponde admitir que aquél compute en su favor el crédito fiscal, aunque no le haya sido facturado (cfr. Marchevsky; Rubén. "Impuesto al Valor Agregado", la impresión. Editorial Errepar.
Buenos Aires, 2006. Págs. 634 a 647; en particular 640 y 646)....Por tanto, y en la medida en que de la prueba rendida en la causa no surge que el impuesto no fue ingresado en la etapa anterior y que no haya sido trasladado al verdadero comprador, cabe atenerse a lo resuelto por el Tribunal Fiscal en el sentido de que éste puede computar a su favor el crédito fiscal respectivo por aplicación de las reglas generales sobre el modo de liquidación del impuesto.”
“Que sobre la cuestión debatida en autos tuvo ocasión de pronunciarse la Sala B de este Tribunal, al resolver la causa “Díaz, Emilia Leonor” sentencia del 19/9/2012, donde en el voto del Dr. Magallón se expuso -en lo que aquí interesa-: “Que la solución que propicio para este aspecto de la contienda no implica subvertir al carácter "formal" que cabe asignar al crédito fiscal -desde la perspectiva de los requerimientos instrumentales que condicionan su cómputo-, pues entiendo que se trata aquí de una situación excepcional -exclusión del régimen simplificado- que no puede ser subsumida de " modo automático” en una mecánica del gravamen concebida para una diversa categoría de sujetos tributarios, tipificada en sus propias disposiciones.”
Que cabe indicar que el criterio expuesto en el citado precedente fue confirmado por la Sala V de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal con fecha 1/3/2018- donde además, y a mayor abundamiento, se sostuvo:
“III.- Que, al respecto, cabe tener en consideración lo expuesto por la Sala I de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en la causa “Riso, María de los Ángeles c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, expediente n° 36.997/2016, del 25 de abril de 2017. En dicha causa y respecto de un supuesto análogo al que se presenta en autos, la Sala I de esta Cámara puso de manifiesto que en aquellos supuestos en los cuales los contribuyentes renuncien o resulten excluidos del régimen simplificado y adquieran la calidad de responsables inscriptos frente al Impuesto al Valor Agregado, serán pasibles del tratamiento que dispone el artículo 16 de la Ley del Impuesto que les hubiera sido facturado como consecuencia de hechos imponibles anteriores a la fecha en que produzca efecto su cambio de condición frente al IVA. Por su parte, indicó que una interpretación estricta de lo establecido en el artículo 12 de esa ley requeriría, entre otros requisitos, que a efectos de admitir el cómputo del crédito fiscal, el gravamen correspondiente al período fiscal que se liquida haya sido facturado de manera discriminada en la factura que respalda la operación. En ese precedente se indicó que “…dicha interpretación significaría exigir a los sujetos excluidos del régimen en esas circunstancias el cumplimiento de un requisito de imposible realización, tal como sería que aportaran las facturas que respaldan sus adquisiciones con el impuesto discriminado cuando la ley no le exigía al proveedor dicho proceder; asimismo, y como consecuencia de ello, implicaría omitir el análisis de los hechos estimados por el organismo recaudador con la realidad económica del contribuyente”.
“En tal sentido, y en consonancia con lo expresado en el referido precedente, es dable señalar que el Fisco no cuestionó en autos la veracidad de las operaciones que la responsable declaró como generadoras de crédito fiscal exteriorizado en sus declaraciones juradas presentadas con motivo de su exclusión del régimen simplificado y de su incorporación como responsable inscripta.”
“Por ello, una interpretación que se apegue a la literalidad de la norma, en orden de necesidad de que el Impuesto al Valor Agregado esté discriminado en la factura para admitir el computo implicaría en casos como el que se somete a estudio, una desnaturalización de la mecánica propia del impuesto en la medida en que impediría computarse un crédito fiscal proveniente de operaciones cuya existencia no se haya controvertida, “… lo que provocaría la incorrecta apreciación del hecho imponible definido en la ley, su determinación y cuantificación, máxime si se considera que esa situación no impidió –por el contrario- al Fisco exigir el computo del débito fiscal, lo que resulta cuanto menos asimétrico” (cfr. Sala I de esta Cámara, en los autos “Riso, María de los Ángeles c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, expediente n° 36.997/2016, del 25 de abril de 2017 y sus citas).”
Cabe remarcar que esta Sala se ha pronunciado en igual sentido, por mayoría, al resolver, entre otras, las causas caratulada “Pereyra Bruno Tadeo Nicolás s/recurso de apelación” y “Turdó, Leticia Beatriz s/ apelación, decisorios de fecha 27 de noviembre de 2019 y 27 de diciembre de 2019, respectivamente.
III. Que por lo expuesto, cabe concluir que carece de sustento fáctico que el Fisco Nacional rechace el computo del crédito fiscal por parte de la recurrente con el único fundamento en que el mismo no cumple con uno de los requisitos del artículo 12 de la ley del Impuesto al Valor Agregado para su procedencia, toda vez que la condición de encontrarse el impuesto discriminado en la facturación resulta imposible de cumplir para quien -al momento de celebrarse las operaciones-revistiera el carácter de monotributista y la ley no exija a quien emitiera el comprobante (en este caso, factura tipo B) discriminar el tributo en los mismos. Ello así, los argumentos del organismo no resultan suficientes para sostener el ajuste efectuado, con lo cual corresponde revocar la resolución apelada en todas sus partes. Las costas se imponen a la vencida.
Por la forma en que se resuelve, no corresponde tratar las restantes cuestiones planteadas en autos. La Dra. O'Donnell dijo:
Adhiero al voto de la Vocal instructora.
El Dr. Martín dijo:
I. Que en las presentes actuaciones se destaca como núcleo de la litis el cómputo de créditos fiscales por parte de la actora en períodos fiscales que se encontraba inscripto en el Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes – Monotributista-, cuando correspondía que lo estuviere en el régimen general, entre ellos del Impuesto al Valor Agregado, cuestión que no se halla controvertida.
Que como resultado de la fiscalización se procedió a una inscripción retroactiva, verificándose que los comprobantes de compras y servicios que le emitieran en el citado período carecen de discriminación, justamente porque frente a sus proveedores había acreditado su calidad de Monotributista.
II. Que si bien aparece como una cuestión meramente formal, como ya lo expusiera entre otras en las causas PELLISA LEANDRO GERMAN –Exp 48.008-I- del 10-03-2020; BERNAL RAMON JAVIER –Exp ee …….1397- del 23-06-2021 y GIRIBALDI CAROLINA LUJAN –Exp ee 2831- del 29-06-2021, todas de esta Sala D, el Impuesto al Valor Agregado vigente en la República Argentina desde hace más de cincuenta años, está diseñado, asentado y aplicado sobre la base del control por oposición. La discriminación se convierte en esencial para el cumplimiento de la labor que desarrolla el Organismo Fiscal. Y como he expresado oportunamente el dejar de lado este requisito implicaría atentar contra la propia recaudación tributaria.
III. Que como se dijo, en este caso el Fisco Nacional impugnó créditos fiscales computados en la determinación del Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales mayo de 2016 a septiembre de 2017, como resultado de la exclusión del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RSPC).
Que conforme se desprende de la resolución recurrida el recurrente resultó excluido del RSPC a partir del 1/05/2016, y se inscribió en el Régimen General el 20/09/2017 con efecto retroactivo al mes de mayo de 2016. Con posterioridad presentó las mencionadas declaraciones juradas, de las que se observó el cómputo de crédito fiscal.
IV. Que frente a la controversia corresponde ratificar que no se cuestionan las razones por las que se excluyó al actor del RSPC ni que la misma tiene efectos desde el mes de mayo de 2016. El Sr. Hamilton en lugar de proceder a la inscripción en el Impuesto al Valor Agregado en el momento oportuno continuó operando su actividad comercial bajo la figura de monotributista. Esta situación llevó a que durante todo el año 2016 y parte del 2017 las facturas de compra, cuando estuvieron emitidas por un responsable inscripto en el IVA, no contuvieron el IVA discriminado. Tampoco está en duda que dichos comprobantes puedan contener el impuesto en un único monto junto al precio de la operación.
Sin embargo, lo que se encuentra en juego es si al determinar el IVA por los períodos mayo de 2016 a septiembre de 2017, el contribuyente podía computar el impuesto facturado no discriminado.
La calidad de responsable frente al IVA la adquirió en mayo de 2016 -por una exclusión de pleno derecho- y fue por su propia negligencia que no adoptó los recaudos para tramitar la inscripción, situación que le hubiera permitido a sus proveedores inscriptos discriminar el impuesto en los respectivos comprobantes. El primer interrogante que se podría plantear es si se trata de una cuestión meramente formal o si la exigencia integra un mecanismo de trascendencia en el ámbito del impuesto. La característica fundamental o principio básico que rodea el gravamen es que el débito fiscal de un sujeto (vendedor o prestador) pasa a ser crédito fiscal en manos del comprador o prestatario. Se lo ha diseñado sobre la base administrativa del control por oposición y en ello se sustenta la eficacia del sistema. Por ello legalmente se contempló la previsión de que el gravamen, cuando corresponda, debe ser facturado y discriminado (arts. 12 y 37 a 42 Ley). Esto permite el Control por parte de la Administración Tributaria, de forma transparente, tratando de asegurar el ingreso del tributo a la hacienda pública. Toda la economía del tributo está diseñada sobre esta base, y cuando el legislador consideró que había razones suficientemente justificadas para abandonar el principio general lo consagró en la ley. Prueba de ello, entre otras, es la figura de compra por parte de habitualistas de bienes usados a consumidores finales. Cuando este último vende no genera débito fiscal y tampoco es dador de crédito fiscal en la etapa siguiente, pero sin duda cuando adquirió el producto el impuesto estaba incluido. Entonces el artículo 18 de la Ley contempla que los habitualistas pueden computar un crédito, pero con las condiciones allí previstas, límite, documentación respaldatoria, etc.
La segunda cuestión que podría derivarse si no se permite el cómputo del IVA al monotributista excluido es evaluar si se altera el gravamen mirado a lo largo de todas las etapas, pues se habría ingresado un débito fiscal cuando el monotributista compró y ahora volvería a ingresar en las arcas del Estado un impuesto integro por la operación de venta sin cómputo de crédito fiscal. Sin embargo, este es un criterio receptado en la Ley del IVA en distintos supuestos que allí se contemplan expresamente, que se vienen aplicando desde inicios del impuesto y en forma pacífica. Cualquier cuestionamiento debería involucrar un planteo de legalidad. Ejemplo de ello son los artículos 15, 16, 41 etc.).
El tercer aspecto tiene que ver con el efecto demostración que podría generar el otorgamiento de un tratamiento diferencial a un sujeto excluidos por el RSPC que no actuó debidamente en el momento que correspondía inscribirse. Cualquier factura/ticket/comprobante de la economía, sin IVA discriminado, podría dar derecho al cómputo del impuesto que se presume incluido en el mismo. Pero ello no sería algo automático, pues un total de factura puede incluir productos o servicios gravados a diferentes alícuotas (vg. 10,5%, 21%) o inclusive tratarse de conceptos exentos. Esto obligaría a abrir factura por factura, distinguir cada uno de los distintos ítems que la componen, analizar su tratamiento en el IVA y así determinar el supuesto impuesto contenido, casi una fiscalización, sólo para sanear un simple error de facturación. Una decisión en esta línea llevaría primero a cambiar la estructura actual de control del IVA, enmarañando la verificación del cumplimiento fiscal y facilitando las operaciones de elusión y evasión del impuesto. Claramente ello estaría en contra de los principios que receptan en el Título VI de la ley, de inscripción y facturación, específicamente los artículos 41 y 42.
V. Por último, considero inaplicable al caso los efectos del artículo 16 de la ley, ya que está referido a la prohibición del cómputo de créditos fiscales por operaciones realizadas con anterioridad al momento que correspondía la inscripción en el IVA, y no es eso lo que está en juego aquí ya que los créditos fiscales en debate son aquellos que se generaron después de ese momento y antes que el recurrente efectivizara la inscripción retroactiva (períodos mayo 2016 a septiembre 2017).
VI. A mayor abundamiento adhiero a las conclusiones a las que arribo la Procuradora General de la Nación en el caso RISO, María de los Ángeles c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo del 5 de febrero de 2019.
VII. Que todo lo expuesto está referido a la normativa que ha venido rigiendo. Ahora bien, en el transcurso del corriente año el Poder Legislativo sancionó una ley que se vincula con las cuestiones aquí ventiladas. Por Ley N° 27.618 se dispusieron dos regímenes –uno transitorio y otro permanente- que facilitan y/o inducen al “traspaso” del régimen simplificado al régimen general. Y allí entre otras medidas promocionales se permite que, en determinadas situaciones muy bien acotadas en el tiempo, aquellos que recibieron facturas sin el IVA discriminado, puedan por “excepción” computar un monto presunto de crédito fiscal que no necesariamente coincidirá con el efectivamente facturado, suma que surge de los artículos 5 a 8 de la citada norma, bajo estrictas condiciones de cumplimiento de diversos requisitos y exigencias. Y esta concesión es fruto de un circunscripto régimen de incentivo y alivio fiscal. Entonces esta autorización tiene un carácter extraordinario al permitir el cómputo de créditos fiscales que no están discriminados y hasta podrían no estar facturados (atento que supone una única alícuota para el cálculo del beneficio pudiéndole preceder alícuotas diferentes). Esto es una evidencia más que muestra que cuando el legislador quiso exceptuar del tratamiento general –en nuestro caso la obligación para computar un crédito fiscal que el mismo se encuentre discriminado- lo hizo por ley y únicamente para los supuestos elegidos, ratificando la esencia del funcionamiento del Impuesto al Valor Agregado.
VIII. Este Tribunal al no tener facultades legislativas para extender y/u otorgar excepciones que el legislador no contempló y que puedan debilitar las tareas de control, considero que debe rechazarse el agravio planteado por el recurrente al resultar acertada la impugnación efectuada por el Fisco Nacional del crédito fiscal computado en las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales mayo de 2016 a septiembre de 2017.
IX. Que resta referirse a la sanción aplicada con sustento en los arts. 46 y 47 incs. a) y c) de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Que del análisis de las circunstancias de hecho efectuado en los Considerandos precedentes no surge que se encuentran configurados los elementos que permitan encuadrar la conducta del aquí recurrente en dicha figura infraccional. Sin embargo si existió la omisión de declarar e ingresar en término el gravamen en cuestión, configurándose así la omisión de impuestos que prevé el artículo 45 de la ley de procedimiento tributario, por lo cual corresponde reencuadrar la sanción impuesta en dicha figura, graduándola en su mínimo legal.
X. En lo que se refiere a los intereses resarcitorios reclamados, cabe señalar que han sido liquidados conforme con lo dispuesto en el art. 37 de la ley de procedimiento fiscal, por lo que corresponde disponer la confirmación de los mismos.
XI. Por lo expuesto, voto por confirmar la resolución apelada en cuanto determina el impuesto y sus accesorios, con costas y reencuadrar la sanción impuesta, en la figura del art. 45 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), graduándola en su mínimo legal. Con costas por su orden.
Del resultado de la votación que antecede, por mayoría, SE
1. Revocar la resolución apelada en todas sus partes. Las costas se imponen a la vencida.
2. Regular los honorarios del Dr. Héctor Eduardo Villegas Ninci por su actuación en autos en el carácter de apoderado de la recurrente en la suma de $85.273 (pesos ochenta y cinco mil doscientos setenta y tres) equivalente a 17,13 (diecisiete con 13/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- , los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida en autos y el resultado obtenido, conforme Ley 27.423, Acordada N°21/2021 (1/10/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017. Se deja constancia que la suma regulada no incluye el IVA.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2021.12.09 11:47:02 -03:00 Date: 2021.12.09 12:53:32 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.12.09 13:57:52 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.12.09 13:57:52 -03:00
Fin de la sentencia