Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 38.405-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los planteos de nulidad y prescripción opuestos por la firma Hapag Lloyd Argentina S.R.L., sin costas.
2Revocar la Resolución DE PRLA N° 5083/2017, dictada en el expediente administrativo SIGEA N° 12182-1355-2007, con costas a la demanda vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-147320295-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 11 de Diciembre de 2023 General de Aduanas s/ Apelación, expediente nº 38.405-A.-
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
En Buenos Aires, reunidos los Vocales Titulares integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, a fin de resolver en los autos caratulados “HAPAG LLOYD ARGENTINA S.R.L. c/ Dirección General de Aduanas s/ Apelación, expediente nº 38.405-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. A fs. 6-29 se presenta por apoderado la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación en los términos del art. 1132 del Código Aduanero (CA) contra la Resolución DE PRLA N° 5083/17 recaída el 7/7/17 en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12182-1355-2007 mediante la cual se la condena, por la infracción establecida en el art. 954, ap. 1, incs. a) y c) del CA, al pago de una multa y se formula cargo por tributos. Todo ello en relación al faltante del contenedor CPSU1613782, declarado según manifiesto de carga 07001MANI041478C, correspondiente al buque MV HOLSATIA EXPRESS, arribado el 19/03/07 a la terminal Exolgan, Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Plantea la nulidad de la resolución apelada. Opone la prescripción de las acciones del Fisco para imponer multa y reclamar tributos. Sostiene que el faltante fue justificado. Afirma que no se configura la presunción legal de importación a consumo del faltante endilgado y la improcedencia de la tipificación de los incs. a) y c) del art. 954, ap. 1 del CA. Impugna la liquidación de tributos. Sostiene la falta de acción penal. Subsidiariamente solicita la atenuación de la multa en virtud de lo establecido en los arts. 915 y 917 del CA. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Formula reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada.
II. A fs. 45-50 se presenta la representación fiscal y contesta el traslado ordenado. Niega los hechos y derecho invocados por la actora, no reconocidos expresamente. Describe los hechos acontecidos en sede aduanera. Contesta sobre la nulidad y afectación de la garantía del plazo razonable, planteadas por la recurrente. Realiza manifestaciones en relación a los principios de veracidad y exactitud sobre los que se basa el sistema aduanero y la responsabilidad de los agentes de transporte aduanero en relación a las inexactitudes de sus declaraciones ante el servicio aduanero. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas vinculadas. Formula reserva del caso federal. Solicita se dicte sentencia rechazando la apelación interpuesta, con costas.
III. A fs. 52 se abre la causa a prueba. A fs. 101 se clausura el periodo probatorio. A fs. 115 se ponen los autos a alegar. A fs. 118-119 la demanda presenta su alegato y a fs. 125-140 vta., por su parte, alega la actora. A fs. 143 los autos quedan en estado de dictar sentencia.
IV. - La representación fiscal acompañó el sustento documental de la litis, las actuaciones administrativas SIGEA N° 12182-1355-2007, en soporte papel y en un cuerpo de 69 fojas, en las cuales obra la resolución apelada ante esta instancia jurisdiccional. Dichas actuaciones se encuentran agregadas por cuerda en autos.
V. Compulsadas las actuaciones administrativas y previamente a adentrarme en el análisis de las cuestiones de fondo, corresponde expedirme sobre los planteos de nulidad y prescripción opuestos. La recurrente sostiene que en oportunidad de la apertura del sumario la Aduana incumplió con los requisitos establecidos en art. 1094 del CA, por lo que dicho acto, carece de idoneidad para producir sus efectos propios. En consecuencia, la resolución apelada carece de causa (conf. art. 7, inc. b) de la Ley de Procedimiento Administrativo - LPA). Asimismo sostiene, la actora, que el Administrador incumplió con el procedimiento establecido en el art. 7, inc. d) de la Ley mencionada. En este sentido alega que no se ordenó la producción de las pruebas ofrecidas (art. 1107 del CA), sino que se tuvieron por cumplidas con las constancias de las actuaciones administrativas, según auto del 5/7/17 (fs. 60), siendo que, según manifiesta, no se encuentran agregadas en su totalidad. De igual modo afirma que no se pusieron las actuaciones a alegar (art. 1110 del CA) y no se produjo el dictamen jurídico previo al dictado de la resolución (art. 7, inc. d) de la LPA).
Por otra parte la recurrente afirma que, en las condiciones descriptas precedentemente, se afectó la garantía del “plazo razonable”. Cita el fallo dictado por la Sala “F” de este Tribunal, en los autos “Hamburg Sud Sucursal Argentina S.A.”, expediente n° 27.895-A.
La actora concluye, entonces, que al ser nulo el acto de apertura del sumario de fs. 31 de las actuaciones vinculadas, el mismo no es idóneo para interrumpir ni suspender el plazo de prescripción de las acciones del Fisco para imponer multas y reclamar tributos.
Respecto a lo esgrimido, cabe señalar que la nulidad es un modo excepcional de extinción de las obligaciones. Como tal debe ser analizada con suma prudencia y evaluarse con rigurosidad la consecución de cada uno de los extremos esbozados por la recurrente en su planteo a fin de determinar si los mismos son suficientes para convencer a este juzgador y declarar la invalidez e ineficacia de los actos jurídicos llevados a cabo por la Administración.
En esta inteligencia, en primer término cabe señalar que las condiciones fácticas de la presente difieren sustancialmente del precedente citado por la asistencia técnica de la recurrente, pues, de la compulsa de las actuaciones administrativas, se evidencia que a fs. 24-27 y fs. 28-29 de las actuaciones administrativas obra la documentación relativa a las destinaciones de importación 07001IC04046288W y 07001IC04053393R, respectivamente, como así también, a fs. 6-7 obra el manifiesto de carga 07001MANI041478C y a fs. 8-9 obra el manifiesto de carga 07001MANI052139V. Asimismo, a fs. 20 de dichas actuaciones, obra el acta de denuncia de la División Resguardo, del Departamento Operacional Aduanero. Así también a fs. 32 se da intervención a la División Verificación para la determinación del valor en aduana de la mercadería en presunta infracción y el perjuicio fiscal. A fs. 34 obra la determinación tributaria y de la multa dispuesta. Con lo que concluyo se hayan reunidos los requisitos establecidos en el art. 1094 del C.A. para otorgar validez al acto de apertura sumarial.
En segundo término, en relación al alegado vicio de procedimiento, corresponde señalar que el servicio aduanero se encuentra facultado para decidir sobre la conveniencia o no de la apertura del período y producción de la prueba ofrecida y en caso de su rechazo, la parte siempre tendrá la instancia recursiva para cuestionar la decisión administrativa y hacer valer los medios de prueba que considere hagan a su defensa. Resulta inexistente, en el caso de autos, causa alguna de nulidad en este sentido. Por el contrario, la recurrente ha tenido oportunidad de ofrecer y producir las pruebas que consideró convenientes para ejercer su defensa, tanto en sede administrativa como también en esta instancia.
Atento a la posibilidad de la actora, en esta instancia, de ofrecer y producir prueba con toda amplitud, oponer defensas que hagan a su derecho y exponer todos los argumentos que estime convenientes sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables.
En tercer y último lugar, la recurrente alega que ha existido un menoscabo al principio del “plazo razonable”, atento a que han transcurrido 10 años desde el arribo del buque en cuestión y la notificación de la corrida de vista dispuesta en el sumario infraccional. Asimismo sostiene que transcurrieron casi 10 años desde el comienzo del plazo de prescripción de las acciones del Fisco para exigir tributos e imponer penas. Alega que ello resulta incompatible con lo establecido en el art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de ese Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Al efecto, vale señalar que el principio del “plazo razonable” de duración de los procesos es aplicable a toda índole de procedimientos, pero sobre todo al proceso penal, con la finalidad de que el sujeto que se encuentra bajo tratamiento legal no permanezca largo tiempo bajo acusación y asegurarle que la causa se decida prontamente. Dicho concepto fue, asimismo, aplicado a los procedimientos infraccionales. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) precisó tres criterios para analizar la razonabilidad del plazo de duración de los procesos: a) la complejidad del asunto, es decir, la dificultad, la naturaleza y las circunstancias de los hechos; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales, es decir el análisis de la actuación de los funcionarios que llevan a cabo el procedimiento en pos de que la justicia y el debido proceso legal no queden subyugados por formalismos que propicien la impunidad . A ellos posteriormente se agregó uno más: d) la afectación generada respecto de la situación jurídica peculiar de la persona involucrada en el proceso, que implica tener en consideración los efectos que la demora injustificada e indebida provocan en el afectado.
La interpretación de esta garantía ha evolucionado y es aplicada como un principio rector desde hace tiempo.
A la luz del estándar interpretativo comentado, queda en evidencia que la CIDH efectúa un análisis global del procedimiento para verificar si el plazo es razonable —en virtud de la afectación de los derechos en la duración del proceso—.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en el caso “LOSICER JORGE ALBERTO Y OTROS c/ BCRA -Resol. 169/05 (Expediente 105666/86 - SUM FIN 708) se expidió respecto del plazo razonable. En dicho pronunciamiento nuestro Máximo Tribunal siguió los lineamientos de interpretación de la CIDH en sus precedentes jurisprudenciales. De este modo, sentó jurisprudencia respecto a cómo se debía interpretar y aplicar la garantía del “plazo razonable” para las actuaciones disciplinarias en el ámbito administrativo.
En este orden de ideas, en el caso en análisis, no puede concluirse válidamente que se dan los presupuestos anteriormente referidos, puesto que el mero hecho del transcurso de un tiempo “ideal” determinado no basta para tener por configurada la afectación al debido proceso por aplicación del principio del plazo razonable, sino que dicha extensión temporal excesiva debe estar acompañada del examen particularizado de las circunstancias de cada caso, como se ha expresado precedentemente.
Una solución contraria dejaría indemne de sanción a los hechos ilícitos verificados por la autoridad administrativa, por el mero transcurso del tiempo.
En el caso de autos, analizados los criterios establecidos por la CIDH y la CSJN, no se evidencia un menoscabo en los derechos y garantías constitucionales de la actora.
En virtud de lo expuesto hasta aquí se rechaza el agravio de la recurrente en relación a la afectación del principio del plazo razonable.
VI. En relación a la prescripción de la acciones del Fisco para exigir tributos e imponer penas, corresponde también su rechazo.
El código rector en la materia establece que por el transcurso del plazo de cinco años se prescribe la acción del Fisco para imponer penas o percibir tributos regidos por la legislación aduanera. Dicho plazo comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o de la fecha en que se hubiese producido el hecho gravado, estableciendo las causales de suspensión o interrupción de dicho plazo, según el caso.
Visto ello, el hecho que originó el sumario administrativo operó el 20/03/07, al detectarse el faltante del contenedor en cuestión, según informe de las novedades del ingreso en depósito (ver constancias de fs. 2 de las actuaciones vinculadas). El plazo de prescripción quinquenal comenzó a correr el 1/1/2008 (arts. 934y 935 del CA) y fue interrumpido el 12/07/2012 por el auto de apertura del sumario obrante a fs. 31 de las actuaciones (art. 937, inc. a), reanudándose al día siguiente, sin que a estos efectos se requiera su notificación (CSJN, Fallos: 332:1109). En estas condiciones, la resolución fue dictada el 7/7/2017, esto es, antes de que opere la prescripción de la acción del Fisco para imponer la multa, por lo que corresponde desestimar la excepción interpuesta (arts. 937, inc. d) y 936).
Es menester recordar que la fecha en que fue notificado el fallo aduanero no tiene relevancia para el cómputo de la prescripción porque el CA es categórico al establecer en el inc. d) del art. 937, como causal de interrupción de la acción para imponer penas por infracciones aduaneras, “el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera" (conf. CNACAF, en pleno, autos: "Hughes Tool S.A. c/ Administración Nacional de Aduanas", del 23/09/2003, JA 2003 IV 38. Tampoco ha prescripto la acción del Fisco para reclamar los tributos, atento a que el plazo que comenzó a correr el 1/1/2008 se encuentra suspendido (arts. 803, 804, 805, inc. a) y c) del CA).
No obstante ello, la recurrente basó su argumento para alegar la prescripción en que el acto de apertura del sumario resultaba nulo, por lo que consideró, no tendría entidad suspensiva o interruptiva en los términos de los arts. 805, inc. a) y 937, inc. a).
Cabe destacar que los argumentos relativos a la validez del acto de apertura sumarial han sido desarrollados en el considerando anterior al cual me remito en mérito a la brevedad.
Por lo expuesto corresponde rechazar la excepción de prescripción de las acciones del fisco opuesta por la recurrente.
VII. En cuanto al fondo de la cuestión planteada, la recurrente alega que no se configura la presunción del art. 142 del CA, dado que el faltante detectado por la Aduana de Buenos Aires en relación al contenedor CPSU 161378-2, declarado según manifiesto de carga 07001MANI041478C y conocimiento de embarque HLCUHOU070233483 correspondiente al buque MV HOLSATIA EXPRESS, fue justificado en la forma indicada en el Anexo IV ‘D’ —que reglamenta lo dispuesto por el art. 142 del CA—, incorporado a la Resolución ex ANA N° 630/94 por Resolución ex ANA 4289/95. Ello por cuanto afirma que el contenedor referido arribó a la misma aduana, dentro del plazo de 90 días en el buque CP EVERGLADES, declarado según manifiesto de carga 07001MANI052139V y conocimiento de embarque HLCUHOU070340353.
Asimismo la recurrente sostiene que la mercadería objeto del faltante sería el contenedor en sí mismo, no la mercadería incluida en él, puesto que fue recibido cerrado y precintado. Alega que, tanto el transportista como su agente de transporte, ignoran su contenido. Afirma que existe una cláusula de reserva inserta en el conocimiento de embarque y que su responsabilidad se limita a la declaración de los bultos. Cita el precedente de la CSJN en el fallo “NIDERA S.A. C/ DGA S/ Recurso de apelación” (Fallos 326:708). En cuanto a la infracción endilgada en los términos del art. 954, ap. 1, incs. a) y c) del CA, la actora afirma que al haber arribado el contenedor faltante dentro del plazo de 90 días —establecido por la Resolución ex ANA 630/94—, quedó sin efecto la presunción legal de su importación a consumo (art. 142 del CA). Por ende no se adeudarían tributos y no se habría producido un perjuicio fiscal. Asimismo, en cuanto al ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto al que correspondería, la recurrente alega que dicho supuesto se configura con la declaración de un precio de importación distinto al documentado en la factura comercial y que, al no haber intervenido en la operación de compra-venta internacional, no es responsable de lo declarado por las partes en dicha relación. La actora sostiene que no puede haber inexactitud en los términos del art. 954, ap. 1, inc. c) si no hay valor declarado por su parte. Sentado ello, corresponde determinar si la resolución apelada se ajusta o no a derecho.
Compulsadas las actuaciones administrativas relacionadas y las pruebas producidas en autos, resulta que el 16/03/07 se registró el manifiesto de carga 07001MANI041478C del buque MV HOLSATIA EXPRESS, que arribó a la Terminal SUD (Exolgan) de la Aduana de Buenos Aires (fs. 6-7 de las actuaciones administrativas). Según el manifiesto de carga declarado por la actora ante el servicio aduanero, surge que el conocimiento de embarque HLCUHOU070233483 incluía 2 contenedores: CPSU1613782 H y MLCU2649292 H con mercadería descripta como “STC aditivos para perforación petrolera” y su consignataria: Almar Internacional de Argentina S.A. No obstante, el 17/03/07 a las 19:44 hs —según informe de Exolgan obrante a fs. 65 de autos— se realizó la descarga del contenedor MLCU2649292. Se produjo entonces, como novedad 07001SBFA001602B al ingreso en depósito el 20/03/07, el faltante del contenedor CPSU1613782 (fs. 2 de las actuaciones administrativas). Como consecuencia el 4/5/07, es decir 45 días después de finalizada la descarga, la actora realizó una presentación ante la Aduana, mediante multinota (fs. 1 de las actuaciones vinculadas), a modo de “JUSTIFICACION DE LAS DIFERENCIAS A LA DESCARGA”. En dicha nota informó que el contenedor faltante arribó en el buque CP EVERGLADES el 1/4/07, según manifiesto de carga declarado 07001MANI052139V. De dicho manifiesto —presentado por la actora ante la Aduana el 30/3/07, obrante a fs. 8-9 de las actuaciones administrativas— surge que el conocimiento de embarque HLCUHOU070340353 incluía el contenedor CPSU1613782 con mercadería descripta como: “STC aditivos para perforación petrolera” y su consignataria: Almar Internacional de Argentina S.A.
La multinota presentada por la recurrente impulsó el inicio de la investigación administrativa, tramitada por el servicio aduanero, mediante expediente SIGEA 12182-1355-2007.
Ahora bien, de las constancias de la contestación del oficio dirigido a la Dirección General de Aduanas (DGA), obrante a fs. 80-96 e informe obrante a fs. 94 de autos, se colige que el contenedor en cuestión CPSU1613782 efectivamente arribó el 1/4/07 a la Terminal Sud de la Aduana de Buenos Aires (Exolgan) en el Buque CP EVERGLADES, según conocimiento de embarque USHOUALHOUK702006A incluido en el manifiesto de carga 07001MANI053095A, librado a plaza según destinación 07001IC04053393R, cuya documentación obra a fs. 28-29 de las actuaciones administrativas.
Mediante la destinación referida precedentemente se importó a consumo mercadería descripta como: “Los demás -No iónicos- Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la venta al por menor: AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS (EXCEPTO EL JABÓN); PREPARACIONES TENSOACTIVAS, PREPARACIONES DE LAVAR (INCLUIDAS LAS PREPARACIONES AUXILIARES PARA LAVADO) Y PREPARACIONES PARA LIMPIEZA, AUNQUE CONTENGAN JANÓN, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA 34.01” y clasificada según Posición Arancelaria (P.A.) 3402.13.00.900N. Ello según la información del ítem expresada en el formulario de oficialización (fs. 28 de las actuaciones). Asimismo, en dicho formulario se informó que la firma importadora era Bolland Compañía S.A. y su Agente de Transporte Aduanero Almar Internacional de Argentina S.A. Así también, en el formulario en cuestión, se hace referencia al documento de transporte (conocimiento de embarque)
USHOUALHOUK702006AB y manifiesto de carga 07001MANI053095A.
Se advierten en el caso de autos una serie de particularidades.
Los datos que surgen del registro informático de Aduana no coinciden con los informados por la recurrente, quien expresó en su nota de justificación del faltante (fs. 1 de las actuaciones administrativas), que el contenedor referido arribó el 1/04/07, según conocimiento de embarque HLCUHOU070340353, el cual se encuentra incluido en el manifiesto de carga 07001MANI052139V, según constancias de fs. 8-9 de las actuaciones vinculadas.
Asimismo, en virtud de las pruebas obrantes en autos, se infiere que el contenedor en cuestión fue declarado por la recurrente, tanto en el conocimiento de embarque HLCUHOU070233483 y manifiesto de carga 07001MANI041478C, correspondiente al buque MV HOLSATIA EXPRESS, como así también en el conocimiento de embarque HLCUHOU070340353 y manifiesto de carga 07001MANI052139V, correspondiente al buque CP EVERGLADES. Del mismo modo, según la documentación de la destinación de importación a consumo 07001IC04053393R, se declaró el conocimiento de embarque USHOUALHOUK702006AB y manifiesto de carga 07001MANI053095A, en relación a la mercadería incluida en el contenedor objeto de análisis en autos.
Con los elementos que surgen de las pruebas obrantes en autos, se procederá a resolver el entuerto siguiendo la lógica aplicada por la Aduana a partir de la cual decidió, mediante la resolución apelada, endilgar a la recurrente la infracción cuestionada.
En este orden de ideas, según constancias de fs. 33 de las actuaciones, el servicio aduanero tomó los datos de P.A. (3402.13.00.900) y valor de la mercadería en Aduana (u$s 58.216,70) que surgen de la documentación de destinación de importación a consumo 07001IC04053393R (fs. 28-29 de las actuaciones), para realizar el cálculo de los tributos y multa correspondientes, cuya exigencia a la actora, dispone mediante la resolución aquí apelada.
La Aduana entiende, entonces, que la mercadería documentada mediante la destinación de importación referida, arribada a la Terminal SUD (Exolgan) de la Aduana de Buenos Aires el 1/04/07 en el Buque CP EVERGLADES, incluida en el contenedor en cuestión —declarado mediante manifiesto de carga 07001MANI053095A y conocimiento de embarque USHOUALHOUK702006AB— se trató de la misma que presume importada a consumo por aplicación de la presunción del art. 142 del CA, en virtud del faltante del contenedor de marras, detectado a la descarga del buque MV HOLSATIA EXPRESS, arribado a la Terminal SUD (Exolgan) de la Aduana de Buenos Aires el 17/03/07.
Esa lógica, aplicada para la determinación de los tributos y multa por la comisión de la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, incs. a) y c) del CA endilgados a la recurrente mediante la resolución apelada, derrumba la presunción del art. 142 del CA, dado que si se considera que se trata de la misma mercadería (misma P.A., misma cantidad y mismo valor en aduana) su arribo dentro de los 90 días de detectado el faltante, cancela la irregularidad detectada, según lo dispuesto en el Anexo IV “D” de la Resolución ex ANA 4289/1995.
Se colige, del propio razonamiento de la Aduana, que la mercadería incluida en el contenedor arribado en el buque CP EVERGLADES es la que debió ingresar en el buque MV HOLSATIA EXPRESS. La misma resultó importada a consumo mediante destinación 07001IC04053393R y los tributos correspondientes fueron abonados, según surge de la documentación de importación (fs. 28-29 de las actuaciones). No se evidencia, entonces, perjuicio fiscal alguno. Por lo tanto no se configura la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1 inc. a).
Tampoco se infiere, de las constancias de autos, el ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente hubiere correspondido. Ello no solo porque la recurrente no ha declarado valor alguno, dado que no ha intervenido en la operación internacional, sino también porque como se expresó, la mercadería faltante en el primer buque finalmente arribó al territorio aduanero dentro de los plazos de ley y fue sometida a destinación de importación a consumo.
En definitiva, las constancias y particularidades del caso de autos, como así también, la propia lógica de razonamiento seguida por la Aduana, según lo expresado precedentemente, permiten a este juzgador aseverar que no se ha configurado la infracción endilgada a la recurrente, tipificada en el art. 954, ap. 1, incs. a) y c) del CA.
Corresponde, entonces revocar la resolución apelada, con costas a la demandada vencida (art. 1163 del CA).
VIII. Sentado ello y atento a la forma en que aquí se resuelve, no corresponde tratar los demás agravios de la recurrente.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Rechazar los planteos de nulidad y prescripción opuestos por la firma Hapag Lloyd Argentina S.R.L., sin costas.
2. Revocar la Resolución DE PRLA N° 5083/2017, dictada en el expediente administrativo SIGEA N° 12182-1355-2007, con costas a la demanda vencida.
Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. González Palazzo.
ASÍ LO VOTO.-
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar los planteos de nulidad y prescripción opuestos por la firma Hapag Lloyd Argentina S.R.L., sin costas.
2. Revocar la Resolución DE PRLA N° 5083/2017, dictada en el expediente administrativo SIGEA N° 12182-1355-2007, con costas a la demanda vencida.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino en los términos del art. 1162 del C.A.
Regístrese y notifíquese. Firme que queda la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.12.11 15:58:44 -03:00 Date: 2023.12.11 17:08:40 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.11 17:08:41 -03:00
Fin de la sentencia