Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de La Matanza, Sala I · Causa 46760
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo ello: declaro la idoneidad del testigo, y con fuerza probatoria sus declaraciones (art. 456 del Cód. Proc.).
V. Las presunciones “pro-homine”. El diligenciamiento de la tasación realizado conjuntamente con un Oficial de Justicia Teniendo ante mi vista el informe pericial, en su encabezamiento surge expresamente que: “He realizado la pericia ordenada con relación al inmueble de la calle Av. San Martín n| 1629.P.B., unidad funcional nro. 3 de la Ciudad de Ramos Mejía, Pdo. de >La Matanza, al cual al haber asistido en varias oportunidades sin poder ingresar, finalmente el días 13 de noviembre del corriente siendo las10 hs. Acompañado juntamente con un Oficial de Justicia y con un mandamiento de exhibición, fue que pude ingresar al inmueble en cuestión y quien nos abrió la puerta del mismo, fue la Sra. Leticia Blanes, dijo así llamarse, quien atiende en la farmacia por cuanto paso a detallarle a V.S. mi informe”.
Este informe del experto, se encuentra avalado por el Oficial de Justicia que se constituyó en el lugar junto al tasador, y dejó constancia en el diligenciamiento del mandamiento que: “Procedimos a preguntar en la farmacia, siendo atentados por quien dio llamarse Leticia Blanes (…) y nos abrió gentilmente la puerta para ingresar cuando le enteré de mi cometido dando integra lectura del mandamiento (…) acto seguido pongo el posesión del cargo al Sr. perito martillero quien realiza su terea…” (Todo ello consta en el mandamiento diligenciado agregado en fecha …
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICAL "HARISPE MARTA CECILIA C/ BLANES JUAN SEBASTIAN Y OTRO/A S/ DETERMINACION PRECIO ARRENDAMIENTOS"
LM-46760-2016 JUZ. CIV. Y COM. N°1
En la ciudad de San Justo, en la fecha de firma digital del presente, los Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de la Matanza -Sala Primera- celebran Acuerdo Ordinario para dictar pronunciamiento en los autos caratulados "HARISPE MARTA CECILIA C/ BLANES JUAN SEBAS Y OTRO/A S/ DETERMINACION PRECIOS ARRENDAMIENTO" LM-46760/2016 habiéndose practicado el sorteo pertinente –art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Airesresultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: TARABORRELLI - PEREZ CATELLA – POSCA resolviéndose plantear y votar las siguientes:
2. cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR
JOSÉ NICOLÁS TARABORRELLI, dijo:
I. Antecedentes del caso Con fecha 31/10/2022 la Sentenciante de origen resolvió: “1)
Hacer lugar a la fijación de canon locativo interpuesto por MARTA CECILIA HARISPE contra AIDA NILDA HARISPE, condenando a este última a abonar a la restante coheredera, dentro del plazo de treinta días (30), la suma de PESOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS ($ 27.500.-) mensuales, conforme la fecha de mora inicial y pautas liquidatorias efectuadas en el Consd. IV ap. b.-Desestimando la pretensión respecto de JUAN SEBASTIAN BLANES conforme lo dispuesto en el Consd. III.2) Imponer las costas a la demandada, que resulta vencida, debiendo diferirse la regulación de honorarios para su oportunidad”
Contra tal forma de decidir, interpuso recurso de apelación la parte demandada Aida Nilda Harispe en fecha 28/04/2023, siendo concedido dicho recurso libremente mediante la providencia dictada el día 15/05/2023.
Habiéndose elevado las actuaciones a esta instancia, fueron radicadas ante esta Sala Primera en fecha 29/06/2023. Una vez en condiciones con fecha 30/8/2023 se llamó a expresar agravios, cumpliendo la demandada con dicha carga procesal mediante la presentación electrónica efectuada el día 9/09/2023.
De esta manera, en fecha 18/9/2023 se corrió traslado de los agravios formulados por la parte demandada, resultando contestado el mismo por la contraria Marta Cecilia Harispe con fecha 27/09/2023. Finalmente, luego de dar por decaído el derecho a Juan Sebastián Blades, pasaron los autos para sentencia el día 20/10/2023 y posterior sorteo orden de estudio (30/11/2023)
Sin perjuicio de ello, con fecha 29/02/2024 se dicta resolución interlocutoria intermedia, suspendiendo el plazo para dictar sentencia, toda vez que no se encontraba en estado público el mandamiento de exhibición de fecha 13/11/2021. Así las cosas, cumplida dicha manda, se reanuda el plazo nuevamente.
II. Fundamentación del recurso de la parte demandada Harispe Aida Nélida De la atenta lectura de la expresión de agravios de la accionada, se observa que ésta se queja en lo medular, por:
El primer agravio: “…la posesión exclusiva por esta parte del inmueble y la errónea valoración de la prueba efectuada por la jueza de primera instancia. De los propios dichos de la actora en su escrito de demanda y la documental acompañada, surge la negativa de esta parte a dicha posesión exclusiva, toda vez que fue contestada la carta documento recibida negando sus alegaciones. Sostiene la sentencia: “Que además de las constancias documentales incorporadas en el trámite sucesorio citado (Expte. 6876 que tengo a mi vista) que dan cuenta de la existencia de un convenio de adjudicación y partición entre las herederas (ver declaratorias de herederos de fechas 31/10/2003 y 14/05/2004; convenio de fecha 29/06/2004 y sus aclaratorias de fechas 23/09/2015 y 21/10/2016) - en particular respecto de la UFI 3 ubicada en la calle San Martín 1629, Planta Baja-, cabe ponderar las declaraciones testimoniales aportadas en la audiencia de fecha 16/06/2021 donde los comparecientes - señores Carlos Sebastían Zucca, Lucas Kantor y señora Silvia Mabel Ruiz Harispe - fueron contestes en señalar que la coheredera Aida Nilda Harispe se encuentra ocupando el inmueble en cuestión y de forma exclusiva.
Coincidiendo asimismo la descripción efectuada del inmueble por el testigo Kantor con la aportada por el perito en su dictamen (Arts. 384, 472, 474 y 456 del CPCC).” Que “Omite la magistrada considerar que el testigo Kantor, inquilino de la actora, acredita el acceso al inmueble en discusión, cuando sostiene en su declaración que existe una escalera que conecta con la propiedad, contrario a lo que alega en su escrito postulatorio cuando dice que se le negaba el acceso. Asimismo, sostiene que el inmueble se encontraba en estado de abandono. Solo hace mención la sentencia en que “fueron contestes en señalar que la coheredera Aida Nilda Harispe se encuentra ocupando el inmueble en cuestión y de forma exclusiva”, pero ignora los propios dichos de los testigos.
La Sra. Harispe sostuvo que le parecía que lo ocupaba la aquí firmante, al mismo tiempo que dio cuenta de que hace años no tenía contacto con esta parte por conflictos familiares y el Sr. Zucca solo hace mención a que veía que estábamos en el inmueble, cuando está acreditado que la unidad funcional que me fue adjudicada (la farmacia) se encuentra delante de la unidad funcional en discusión, con entradas contiguas, por lo que dichas declaraciones no tienen fuerza probatoria suficiente si se las valora con la restante prueba que acredita que dicho inmueble esta abandonado”.
Que “La posibilidad de acceso, contraria a la posesión exclusiva alegada por la actora, se desprende igualmente del informe pericial. Indica la sentencia, que del informe surge: “…- por el pasillo de entrada hay otra puerta que comunica con la parte del fondo libre el que al mismo tiempo tiene una escalera que comunica con la uf. 2 dto”
Que “Con relación a la unidad funcional 2, está acreditado por los dichos de la actora en la demanda y por las constancias del sucesorio (convenio de adjudicación y partición de fecha 21/6/2004, fs. 61/62 expte 6878) que fue adjudicado a la actora, con el uso de forma exclusiva conforme a su derecho. De igual manera, quedó acreditado que el testigo Kantor era quien alquilaba dicha unidad a la Sra. Marta Harispe”. En suma, refiere que la sentenciante de grado ha omitido dar tratamiento al hecho principal que es la posesión exclusiva que le daría derecho a la actora de reclamar el canon; como así también que no se ha valorado correctamente la prueba ni el expediente sucesorio conexo. Que “Fue la circunstancia de que esta parte ocupara sólo la unidad funcional delantera la que llevó a la sentenciante a concluir que ello importaba un impedimento al accionante para ejercer el uso de la propiedad, sin apreciar el resultado de la pericia y la declaración del testigo”. El segundo agravio está relacionado en como la sentencia determina el monto indemnizatorio, entendiendo que se ha vulnerado el principio de congruencia. Que “Lo informado por el perito evidencia de manera innegable que el inmueble no se encuentra en condiciones de uso, y que dicho valor correspondería a un inmueble que, si lo hiciera, por lo que el monto determinado es excesivo, ya que carga a esta parte con un costo que no le corresponde”.
Que “hay que destacar claramente la incongruencia y equivocado de la sentencia apelada en el sentido de que en la pericia el perito fija dicho valor el día 4 de junio de 2022, por lo que no resulta posible utilizar dichos valores en forma retroactiva al día 30 de diciembre de 2014 sin causar un grave perjuicio a la suscrita y un enriquecimiento sin causa por parte de la actora”.
Finalmente, se queja del porcentaje determinado que le correspondería a la actora. La accionante en su escrito de demanda da cuenta de que se realizó un acuerdo de partición que le adjudicó el 43% del inmueble, y no el 50%, base sobre la cual se determinó el monto de condena, lo cual se encuentra acreditado en el expediente sucesorio. Que esta errónea determinación del monto de la condena genera un grave perjuicio económico a esta parte al tiempo que le otorga a la actora un derecho mayor del que poseería.
LA SOLUCION
Centrados los agravios que constituyen el marco cognoscitivo de esta Alzada, comenzaré a dar tratamiento a los mismos, dejando constancia que, salvo disposición legal en contrario, los Jueces han de formar convicción respecto de la prueba haciendo mérito de las reglas de la sana crítica. No tendrán obligación de valorar expresamente en la sentencia cada medio de prueba producido, sino únicamente aquellos que fueron esenciales y decisivos para el fallo de la causa. (Art. 384 CPCC). Del mismo modo, he de dejar aclarado que en el estudio y análisis de los agravios los jueces no están obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino tan solo los que considere suficientes y decisivos para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225).
III. Falta de contestación de la demanda. Rebeldía, declaración de rebeldía, presunción legal. Carga procesal, falta de contestación de la demanda y presunción juris tantum El art. 356 inc 1º CPCC establece que el incumplimiento a la carga del demandado de contestar la demanda, trae aparejado el tener por reconocida la veracidad de los hechos pertinentes y lícitos invocados por el actor en su demanda como por reconocidas la autenticidad y recepción de los instrumentos exhibidos, salvo prueba en contrario. Si bien el texto de la ley procesal resulta más contundente en orden a que el juez deberá presumir la veracidad de los hechos -a diferencia del "podrá" consignado en el art. 356 inc 1º CPCCN- lo cierto es que la norma lo único que genera es una presunción de verdad que puede ser destruida por prueba en contrario. Fuente del sumario: OFICIAL. (“Arancibia Silvia Rita c/ Fernández María Eugenia y otros s/ ordinario”, SENTENCIA 4 de mayo de 2016.CAMARA DE APELACIONES CIVIL COMERCIAL. PARANA, ENTRE RÍOS. Sala 03.
Magistrados: Galanti - Ramírez Amable. Id SAIJ: FA16080081).
Se es rebelde o contumaz, cuando no se comparece a estar a derecho habiendo sido debidamente notificado y absteniéndose de participar en el proceso que se le sigue. La rebeldía no importa sanción contra el rebelde, pues las partes no tienen la obligación ni el deber de comparecer al proceso, sino que se trata de una carga procesal establecida en su propio interés. En la ley ritual no solo se confirma la facultad acordada a los jueces en el caso de contestación, sino que se le agrega en contra del remiso una presunción iuris tantum. Una vez declarada la rebeldía siempre que lo haya sido por incomparecencia a la citación para contestar la demanda y no por abandono del juicio después de contestada, los hechos expuestos en el escrito de inicio tienen el beneficio legal de presunción de verdad, por disposición expresa de la ley y no por delegación de ella al arbitrio del Juez, presunción que solo habrá de funcionar en caso de duda, es decir que todo lo expuesto en la demanda se presume en principio cierto, salvo las circunstancias de su inverosimilitud, contradicción o de falsedad (OFICIAL FALLO AL QUE APLICA. La Equitativa del Plata S.A. de Seguros c/ Patrón, Carlos s/ Cobro de pesos. SENTENCIA.CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL, 30/11/1993.Id. SAIJ: SUD0007689). La declaración de rebeldía sólo crea una presunción a favor del actor de la veracidad de los hechos lícitos y pertinentes que constan en la demanda, (conf. arts. 354 inc. 1 y 60, C.P.C.C.). Es decir que la falta de contestación de la demanda -mediando o no declaración de rebeldía- "podrá" ser estimada como un reconocimiento de la verdad de los hechos lícitos y pertinentes expuestos en la demanda (conf. doct. art. 354 inc. 1°, C.P.C.C.). La presunción por rebeldía declarada posee un carácter netamente residual, tornándose operativa sólo en caso de duda del judicante (conf. art. 60, Cód. cit.).
Conforme la doctrina legal esbozada precedentemente dispone el art. 354 inc 1º CPCC que el incumplimiento a la carga del demandado de contestar la demanda, trae aparejado el tener por reconocida la veracidad de los hechos pertinentes y lícitos invocados por la actora en su demanda como por reconocidas la autenticidad y recepción de los instrumentos exhibidos, salvo prueba en contrario. Si bien el texto de la ley procesal resulta más contundente en orden a que el juez deberá presumir la veracidad de los hechos -a diferencia del "podrá" consignado en el art. 354 inc 1º CPCCN- lo cierto es que la norma lo único que genera es una presunción de verdad que puede ser destruida por prueba en contrario. El art. 60 del C.P.C.C., indica que la rebeldía no alterará la secuela regular del proceso. La sentencia será pronunciada según el mérito de la causa y lo establecido por el art. 354 inc. 1°. En caso de duda, la rebeldía declarada y firme constituirá una presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración.
En la especie no escapa a este juzgador que la rebelde compareció en este juicio y fue admitido como parte, cesando el procedimiento en rebeldía, entendiéndose con él la sustanciación, sin que esta retrotraiga el juicio (art. 64 del C. P. C. y C.).
Ahora bien, pasando revista a los hechos invocados por la parte actora en su escrito de demanda, considero y así lo estimo, calificándolos como hechos lícitos, y por reconocida la veracidad de los hechos pertinentes invocados por la misma en su libelo introductorio y como por reconocidas la autenticidad y recepción de los instrumentos exhibidos, salvo prueba en contrario. Desde ya adelanto que no se ha probado lo contrario. Es decir, que el silencio puede estimarse como admisión tácita de los hechos expuesto por el actor. Este es un efecto del incumplimiento derivado de la carga de comparecer y pronunciarse categóricamente sobre los hechos y que encuentra su correlación con el art. 919 del Cód. Civ y su conc. externo, el art. 263 del Cod. Civ., y Com. que solamente considera al silencio como una manifestación tácita de la voluntad en los casos en que haya una carga de expedirse.
Que esta presunción de veracidad de los hechos invocados y pruebas documentales acompañadas por la parte actora, se encuentran avalados y corroborados por los siguientes elementos probatorios producidos en autos, a saber:
En primer lugar, corresponde –teniendo en consideración la incontestación de la demanda- y su declaración de rebeldía, que cesó con la presentación de fecha 28 de abril del año 2.023, frente al silencio guardado, tener por reconocidos los hechos y la autenticidad de la documental y su recepción aportada por la accionante junto a su escrito de inicio de demanda.
Por ello se tiene por reconocido que: a) ocupa el Departamento nro. 3 en forma exclusiva encontrándose en uso y goce del mismo: b) que también ocupa dicho bien raíz su hijo Juan Blanes, corroborado por el acta del cierre de mediación fs. 5, en la cual consta el domicilio de Juan Bautista Blanes, en la Av. San Martín nro, 1629 de Ramos Mejía y el diligenciamiento del traslado de la demanda de fs. 32/3 y notificación del estado de rebeldía de fs. 47/8; c) que fue intimada para que cese en el uso exclusivo del inmueble en cuestión; d) que se le reclamó el pago del canon locativo; e) que dicho departamento se comunica con una puerta interna con la farmacia; f) que la demandada cambio la cerradura del departamento; g) que ella no le permitía a la actora ingresar al departamento nro. 3.- Del mismo modo, la carta documento que la accionada dice negar los hechos y reclamos invocados y formulados por la parte actora –a mi juicio- es una negativa meramente general y no en particular, toda vez que dice textualmente: “Rechazo por improcedente, inexacta y maliciosa su carta documento …”, y que en modo y forma alguna, viene a suplir la no contestación de demanda, al no haber comparecido a estar en derecho, pues esa es la oportunidad judicial y procesal para responder la demanda, dar la versión de sus hechos, ofrecer pruebas y fundar sus derechos. De este modo se le exige a la parte demandada la carga de responder la demanda en la etapa procesal oportuna, para que haga saber al Tribunal –y por ende a la parte contraria- a través de sus actos procesales y con certidumbre, la existencia de su voluntad expresa y positiva (arts. 919 y su conc. externo el art. del C. C. y C. y art. 354 del C. P.C. y C.). Ahora bien, dentro de otro orden de ideas, respecto al estado del inmueble que informa el perito tasador, dicha circunstancia resulta irrelevante e indiferente jurídicamente hablando, a la hora de cuantificar económicamente el derecho subjetivo al cobro del canon locativo, por cuanto quedó demostrado juridicialmente que la demandada lo ocupa exclusivamente y que cambio la cerradura del mismo.
IV. Validez de la prueba testimonial De la prueba testimonial rendida por los tres testigos producida en la audiencia de vista de causa y con la presencia de V.S., que consta en el sistema Augusta mediante V. G. y que procedo a proyectar en este acto, se acredita que el inmueble en cuestión objeto de la presente litis se encuentra ocupado exclusivamente por la demandada Aida Nilda Harispe, cuyos testimonios analizados y estudiados en conjunto son imparciales, coincidentes, contestes, creíbles y sinceros.
En la valoración de la prueba testimonial, he sentenciado en reiteradas oportunidades que, a los efectos de evaluar la idoneidad subjetiva del testigo, debe apreciarse judicialmente los testimonios bajo la óptica de la lógica y la experiencia. Resulta que a los efectos de su credibilidad todo depende de la idoneidad, moralidad, intelectualidad, verosimilitud, efectividad, concordancia, exposición, razón de sus dichos, etc. (arts. 375, 384 y 456 del Cód. Proc.). La falsedad de las declaraciones, deben investigarse en el fuero penal (Fenochietto –Arazi, Cgo. Proc., Comentado, Tº2, Ed. Astrea, 1987, pág. 480).
Las declaraciones hay que someterlas a las normas de la “sana crítica”, de modo que sean útiles para la comprobación de la verdad objetiva.
Calificada doctrina – a la cual me adhiero- sostiene afirmativamente que la idoneidad del testigo se presume (Fenochietto-Arazi, op. cit. pág. 482).
Para la correcta valoración de las declaraciones testimoniales, se deben tomar en cuenta ciertos factores de cuya concurrencia dependerá la credibilidad de las mismas, tales como la idoneidad, moralidad, efectividad, intelectualidad, verosimilitud, concordancia, exposición o relato, razón de sus dichos, las circunstancias de su aserto, etc.
Tiene dicho la jurisprudencia con criterio que comparto, que “La valoración de la prueba testimonial constituye una facultad privativa de los jueces, quienes gozan de amplias atribuciones en virtud del sistema de "la sana crítica", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, así como a la confiabilidad que alguna o algunas de ellas le merezcan con relación a otras. Con arreglo al sistema de valoración probatoria de mención, el juez apreciará las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones, sopesando las condiciones individuales y genéricas del testigo, teniendo en cuenta el carácter más o menos verosímil de recordar el hecho narrado, de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar.” (CC0103 MP 165308 71 S 02/05/2018). “La valoración crítica y prudente de la prueba testimonial -a la luz de las denominadas reglas de la sana crítica- motiva al juzgador a evaluar en forma conjunta una serie de extremos dentro de los que cabe concluir a la vinculación -directa, o mediata (de referencia)- que el deponente tiene con relación a los hechos sobre los cuales se le pregunta, al nivel de participación que ha tenido en tales sucesos, a la relación que puede tener con las partes, al nivel de precisión y seguridad en las respuestas y a la relación que media entre lo afirmado por el testigo y las demás pruebas obrantes en el expediente (arts. 375 y 384 del C.P.C.)”. (CC0102 MP 162070 150-S S 15/06/2017). (Fallo “Pietra”, citado de nuestra Sala).
Por lo cual, juzgo que los testimonios rendidos en autos son creíbles y sus relatos de lo sucedido en el teatro de los hechos se encuentra corroborado y avalado por otros medios probatorios, entre ellos, la pericia presentada por el tasador, las presunciones “pro-homine” desarrolladas y consideradas en el presente voto, los efectos endógenos y jurídicos que produce la falta de contestación de la demanda, prueba documental anexada al escrito de inicio y la conducta procesal asumida por los accionados en esta litis, especialmente por su falta de colaboración con la justicia para demostrar la verdad objetiva.
Además, de la narración de los hechos formuladas por los testigos, se advierte las explicaciones de las distintas secuelas sucesivas, enlazadas y conectadas unas con las otras, calificadas como verosímiles, lógicas y razonables.
Por todo ello: declaro la idoneidad del testigo, y con fuerza probatoria sus declaraciones (art. 456 del Cód. Proc.).
V. Las presunciones “pro-homine”. El diligenciamiento de la tasación realizado conjuntamente con un Oficial de Justicia Teniendo ante mi vista el informe pericial, en su encabezamiento surge expresamente que: “He realizado la pericia ordenada con relación al inmueble de la calle Av. San Martín n| 1629.P.B., unidad funcional nro. 3 de la Ciudad de Ramos Mejía, Pdo. de >La Matanza, al cual al haber asistido en varias oportunidades sin poder ingresar, finalmente el días 13 de noviembre del corriente siendo las10 hs. Acompañado juntamente con un Oficial de Justicia y con un mandamiento de exhibición, fue que pude ingresar al inmueble en cuestión y quien nos abrió la puerta del mismo, fue la Sra. Leticia Blanes, dijo así llamarse, quien atiende en la farmacia por cuanto paso a detallarle a V.S. mi informe”.
Este informe del experto, se encuentra avalado por el Oficial de Justicia que se constituyó en el lugar junto al tasador, y dejó constancia en el diligenciamiento del mandamiento que: “Procedimos a preguntar en la farmacia, siendo atentados por quien dio llamarse Leticia Blanes (…) y nos abrió gentilmente la puerta para ingresar cuando le enteré de mi cometido dando integra lectura del mandamiento (…) acto seguido pongo el posesión del cargo al Sr. perito martillero quien realiza su terea…” (Todo ello consta en el mandamiento diligenciado agregado en fecha 28/02/2024).
Que la accionada tiene el uso y goce exclusivo del Departamento de la Planta Baja identificado con el nro.3 que se comunica con la farmacia, está demostrado con la prueba testimonial rendada en la A.V.G de referencia, apuntalada y corroborada con los siguientes indicios que paso a enumerar, y que constituyen presunciones “pro- homine”, a saber:
Primer indicio: Le permitió y franqueó la puerta de entrada y acceso al Departamento objeto de tasación una persona que atiende en la farmacia quien dice llamarse Leticia Blanes, que lleva el mismo apellido de Juan Blanes, este último presunto hijo de la demandada. Con lo cual se demuestra que dicho departamento esta ocupado por la demandada. Segundo indicio: Presumo que esta persona es de la familia de la demandada Aida Nilda Harispe.
Tercer indicio: La circunstancia de que el perito tasador –según manifiesta- concurrió al inmueble para cumplir su cometido, empero no le permitían el acceso al mismo y hubo que librar un mandamiento a esos efectos con el objeto de que se constituyan en el lugar el tasador, asistido por un Oficial de Justicia, y que finamente de eso modo y forma pudo llevarse adelante dicho delineamiento.
Y finalmente todos estos indicios (pruebas indirectas) se encuentran corroborados por la prueba directa denominada pericial, en la cual el experto tasador llevó adelante su cometido con el auxilio de la fuerza pública, pudiendo ingresar al departamento cuyo acceso fue franqueado por una persona de la farmacia, que lleva el mismo apellido del hijo de la demandada, presumiéndose que ella tendría un vinculo familiar con la accionada.
Por otra parte, el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires dispone en el artículo 163 inc. 5 que: “Las presunciones no establecidas por la ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados, y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica”.
El Código se refiere a las presunciones judiciales, por lo que quedan excluidas las legales (iure et de iure; iuris tantum). Las presunciones judiciales no constituyen un medio de prueba, sino una operación mental que realiza el juez sobre la base de indicios, es decir, se trata de un procedimiento lógico (deductivo o inductivo) al que apela el sentenciador, y que se resume en la inferencia de un hecho desconocido de otro hecho conocido. Los indicios conformaran, se tiene precisado, un conjunto a fin de ser ponderados y relacionados unos con otros y todos entre sí. El indicio, entendido como vestigio o hecho conocido comprobado, es susceptible de llevarnos por aplicación de los principios de la lógica al conocimiento de otro hecho desconocido. Para ello los indicios deben ser graves, trascendentes y precisos, vale decir, probados y concordantes con otras conjeturas o medios probatorios (Carlos Eduardo Fenochietto Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires comentado, anotado y concordado legislación complementaria 7a edición actualizada y ampliada).
Ha explicado el Dr. de Lazzari que la prueba indiciaria es prueba indirecta por la que se llega a la convicción de la ocurrencia de cierto hecho a partir de la comprobación de otros hechos diferentes. A tal convencimiento se arriba mediante una operación lógico-crítica (el llamado proceso inferencial), que encuentra su principal apoyo en la experiencia de cómo acostumbran a suceder los hechos, según el curso natural y ordinario de las cosas, en los términos del art. 901 CC. (SCBA LP C 104934 S 10/08/2011, (CC0001 ME SI 117839 RSD-46-2020 S 29/04/2020 B. E. C. C /. R. S. Y O. S/ DAÑOS Y PERJ.DERIV.RESP.POR EJERC.PROF (SIN RESP.ESTADOB5066566).
En consecuencia, considero que existen indicios suficientes que me llevan a tener por acreditado la existencia del hecho y responsabilizar a la demandada. (art. 163 inc. 5 CPCC). La actora ha brindado elementos y datos concretos que, valorados como indicios serios, graves, precisos y concordantes, determinan la responsabilidad de la demandada.
Por lo cual, reitero que existen indicios que por su número, precisión, gravedad y concordancia (arg. art. 163 inc. 5 del CPCC), producen convicción en el juzgador, que según la naturaleza del presente juicio y de conformidad con las reglas de la sana crítica, se presuma “pro-homine” la existencia del hecho denunciado por la accionante -uso exclusivo-, todo ello interpretado bajo la lupa de la “sana crítica” (art. 384 del Cód. Proc.), la libre convicción del juez, las reglas de la lógica y del buen entendimiento humano, la experiencia de la vida diaria o el conocimiento de la vida y de los hombres y las máximas de experiencia del juez, sin descartar la aplicación de la “prueba compuesta”, denominada también como “apreciación global”.
A mayor abundamiento, ha sentenciado la jurisprudencia, con criterio que este juzgador comparte que: “En tal sentido, el heredero que usa algún bien que integra el patrimonio indiviso sucedido, está ejerciendo tal derecho; pero como la totalidad de los coherederos gozan de esa misma prerrogativa de similar manera, alcanza que otro exteriorice su oposición al uso exclusivo que detenta su copartícipe, para que éste, a partir de ese instante, quede obligado frente a aquel al pago de una compensación equivalente a un canon locativo hasta que se concrete la partición, compensándose de esta forma, con la entrega de dinero, el perjuicio que alguno de los herederos sufra a causa del beneficio que otro de ellos reciba en especie mediante el aprovechamiento exclusivo de la cosa (arts. 2680, 2684, 2691, 2707 y concs. del C.C.)” (CC0002 QL 16484 117/15 S 19/08/2015 “Temprano Ubaldo Francisco C/Balmaceda María Alejandra S/Incidente Fijación De Canon Locativo”, B2953068).
En suma, corresponde confirmar la procedencia de la acción y rechazar los agravios de la demandada.
VI. Aplicación de la Equidad para cuantificar económicamente el canon mensual Ahora bien, toda vez que este juzgador entiende pertinente la aplicación de las reglas de la equidad y los principios generales del Derecho como fuente legal que guiarán la cuantificación de la suma que corresponde conceder por el presente rubro, seguidamente pasaré a fundamentar las razones jurídicas que le dan sustento a ello:
Con respecto a la aplicación de la “equidad”, en este tópico en especial y para dar solución al interrogante, con criterio jusnaturalista, entendiendo que se trata de grandes principios del derecho natural, que se pronuncian afirmativamente Llerena, Borda, Llambias, quienes destacan la obligación de considerar las circunstancias del caso, por la cual el juez formulará un juicio de equidad aplicando el derecho natural (véase Belluiscio-Zannoni, Cód. Civ., anotado, Tº 1º, Ed. Astrea, año 1988, p. 90). “La equidad no es sino una de las expresiones de la idea de justicia y puesto que esta es un ingrediente necesario del orden jurídico positivo, la equidad viene a formar parte de él. Está vinculada con el principio de justicia que exige: ‘dar a cada uno lo suyo’. Los jueces echan mano de ella para atenuar el rigor de una disposición legal, para hacer imperar el equilibrio en las relaciones humanas, para suplir el silencio de la ley dictando una sentencia que resuelva los intereses en juego conforme lo haría una conciencia honrada y ecuánime” (Borda GuiIlermo A., Tratado de derecho civil, TºI, Ed. Perrot, Bs. As. 1959, p.93/4).
Jorge J. Llambías parafraseando a Cáceres, “ha visto con singular lucidez cuales son las virtualidades de este principio de operación jurídica que es la equidad. Comienza por establecer el principio general y esencial de la Constitución Nacional expresado en el preámbulo, según el cual uno de los fines de la organización político-social argentina, es “afianzar la justica” “que no significa solamente afianzar el Poder Judicial. Una magistratura sabiamente organizada, obligada a aplicar sin recurso alguno leyes inicuas, no afianza la justicia sino la inequidad”. En suma, la equidad es incuestionablemente una fuente de derecho, o medio de expresión del mismo (Llambías Jorge J. Tratado de Derecho Civil TºI, Ed. Perrot, Bs. As. año 1991 págs. 90/92).
La equidad siguiendo a Albaladejo, podemos decir que puede tener dos sentidos: a) Mitigación del rigor de la ley: aplicándomela templada por humanitas, pietas o benignitas. b) Adaptación de la ley a las circunstancias del caso concreto, de tal forma que aquella resulte más justa de lo que resultaría si tal caso se resolviese sin ponderar sus particularidades. De modo que la equidad hace a la aplicación de las leyes (Rivera Julio C. Instituciones de Derecho Civil, Tº I, E. Abeledo-Perrot, Bs. AS. año 1994, págs.149/150).
Vale recordar que Vélez Sarsfield en la nota al art. 2567 del Código Civil, ratifica que: “La equidad debe dirigir la resolución de los jueces”. Al hilo de esta consideración queda confirmado que el recurso a la equidad es competencia de los jueces, a la hora de resolver los casos que tienen bajo su jurisdicción (Vigo Rodolfo Luis, Distintas concepciones de equidad, La Ley 11/5/2.015, cit. Online, AR/DOC/1431/2.015).
“La Equidad” como valor humano busca implementar justicia e igualdad de oportunidades entre los seres humanos, respetando las características particulares de cada caso, para darle a cada uno lo que le corresponde o merece. Según Aristóteles: “La equidad es la justicia aplicada al caso concreto”. Interpreto a mi juicio, que su aplicación surge del art. 2º del Cód. Civ. y Com. (“los principios y los valores jurídicos”), en concordancia con los preceptos legales de los arts. 1º y 3º del mismo Código.
Ha sentenciado la Cámara Nacional Civil Sala H de la Capital Federal que: “1.- El heredero que habita en el inmueble perteneciente a un acervo hereditario debe abonar un canon locativo a su coheredero, dado que su ocupación priva a que este último pueda usarlo y tal privación debe compensarse. 2.-El valor del canon locativo que debe un coheredero a otro por habitar en el inmueble que era de sus padres fallecidos debe mantenerse, dado que aún cuando el actor utilice la cochera del bien en cuestión, el juez sólo tuvo en cuenta al departamento para estimar el monto del canon locativo, excluyéndosela; a lo que se suma que tampoco justifica apartarse de lo dispuesto en la sentencia recurrida el hecho de que el inmueble en cuestión figure como el domicilio social de la empresa del reclamante, ya que ello no implica que sea utilizado por el actor”.(Fallo de fecha 17 de octubre del año 2.017. Cita: MJ-JU-M-108301-AR- MJJ108301- MJJ108301. Pronunciamiento de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala H, autos caratulados: «Cebreiro, Agustín José c/ Cebreiro, José Pablo del Carmen s/ Fijación y/o cobro del valor locativo” de fecha 17 de octubre del año 2017).
En efecto, el perito tasador estimó el valor locativo mensual en su dictamen presentado en fecha 4/6/22 en la suma de $55.000, que lo declaro con fuerza y validez probatorio junto al dictamen originario presentado por el mismo, en virtud de que se ajusta a las prescripciones legales del los arts. 472 y 474 del Cód. Proc.
Que es un hecho evidente, público y notorio, el proceso inflacionario producido en nuestra economía por todos conocidos y que no necesita ser probado.
Que la parte actora no apeló el pronunciamiento de primera instancia y si lo hizo la accionada disconforme con el valor locativo mensual asignado por el experto y considerado por V. S. en su fallo.
Que este juzgador atendiendo a los sucesos económicos producidos en nuestro país, estima y aprecia judicialmente con aplicación del “instituto de la equidad”, que el canon mensual fijado por el experto en el importe de $55.000,00 mensuales y aceptado por la Sra. Juez de Primera Instancia en su fallo, es el que corresponde legal y económicamente justipreciar, al cual recompensamos y liquidamos solamente sobre el porcentaje del 43%, que es la porción indivisa asignada a la parte actora; de lo cual se colige que el canon mensual a la fecha de la pericia 4/6/22 ascendía al importe de $23.650,00 (arts. 2680, 2684, 2691, 2702 y 2707 del C.C. y sus concs. externos los arts.1986, 1990, 1997 y 1995 del C.C. y C.). Así lo resuelvo.
VII. Las costas de Alzada Estimo que las costas generadas en esta Instancia recursiva deben ser impuestas a la parte demandada vencida, atento a la forma en como se resuelve y el principio objetivo de la derrota, toda vez que, si bien se ha hecho lugar a la adecuación del monto del canon locativo, la pretensión de la accionante ha prosperado. (art. 68 del C.P.C.C.) Por las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales expuestas, VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
Por análogos fundamentos el Doctor Pérez Catella y el Doctor Posca también VOTANPARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR
JOSÉ NICOLÁS TARABORRELLI dijo:
Visto el Acuerdo que antecede, propongo a mis distinguidos colegas que:1°) SE MODIFIQUE LA SENTENCIA APELADA de la siguiente manera: a) SE READECUE el monto del canon locativo mensual fijado al importe de pesos VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($23.650,00), en virtud de corresponder solo el 43% como porción indivisa asignada a la parte actora; 2°) SE CONFIRME el resto de la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios. 3°) SE IMPONGAN las costas generadas en esta instancia recursiva a la parte demandada atento a la forma en que se resuelve y el principio objetivo de la derrota toda vez que, si bien se ha hecho lugar a la adecuación del monto del canon locativo, la pretensión de la accionante ha prosperado (arts. 68 del C.P.C.C.). 4°) SE DIFIERA la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
ASI LO VOTO. -
Por análogos fundamentos, el Doctor Pérez Catella y el Doctor Posca adhieren y VOTAN EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el acuerdo que antecede, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal
READECUAR el monto del canon locativo mensual fijado, al importe de pesos VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($23.650,00), en virtud de corresponder solo el 43% como porción indivisa asignada a la parte actora;2°) CONFIRMAR el resto de la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios. 3°) IMPONER las costas generadas en esta instancia recursiva a la parte demandada atento a la forma en que se resuelve y el principio objetivo de la derrota,toda vez que, si bien se ha hecho lugar a la adecuación del monto del canon locativo, la pretensión de la accionante ha prosperado(arts. 68 del C.P.C.C.). 4°) SE DIFIERA la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad. REGISTRESE. NOTIFIQUESE la presente sentencia definitiva por Secretaría, en los términos del artículo 10 del Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos, Anexo I, respectivos, los que se consignan seguidamente. Oportunamente, DEVUELVASE.
Fin de la sentencia