Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2023-14786673-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario en los términos de lo dispuesto en los Considerandos VI.- y VII.- del voto de la Dra. Sarquis.
2Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 06 001 IT16 000769 M, en la Actuación Nº 12197-7016-2012, conf. arts. 803 y conc. del C.A.
3Costas a la D.G.A.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-30607138-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 26 de Marzo de 2026 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudia B. Sarquis, Horacio J. Segura y Miguel N. Licht, a fin de resolver en los autos caratulados: “HB FULLER ARGENTINA S.A.I.C. c/D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente N° EX-2023-14786673- -APN-SGASAD#TFN;
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que se presenta por apoderado la firma HB FULLER ARGENTINA SAIC e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 9934/2017 dictada en la Actuación SIGEA Nº 12197-7016-2012 mediante la cual se dispuso archivar el sumario en los términos de la Instrucción General N° 9/17 y se le formuló cargo por la suma de U$S7.293,10 y de $14.253,75 en concepto de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. Relata que a través del DIT N° 06 001 IT16 00769M ingresó mercadería al país para someterla a un proceso productivo para su posterior exportación. Da cuenta de que el servicio aduanero inició sumario por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA. Expone que el trámite en sede aduanera adolece de un grave defecto formal ya que en ningún momento del desarrollo del expediente se ordenó correr vista a su parte.
Señala que no tuvo oportunidad de formular las defensas que estimaba pertinentes conforme al principio constitucional del debido proceso y defensa en juicio. Manifiesta que la Aduana se limitó a exigir el pago de una deuda tributaria como si hubiera resultado condenada en el curso de las actuaciones. Afirma que ha cumplido acabadamente con sus obligaciones en legal tiempo y forma y que la destinación fue cancelada antes del vencimiento del plazo otorgado. Por lo tanto, no puede generase un cargo por tributos cuando no se ha producido el hecho imponible establecido en el art. 274 del CA. Plantea la prescripción de la acción del Fisco para reclamar los tributos en los términos del art. 803 y cc del CA.
Describe que el plazo de prescripción comenzó a correr el día 01/01/2008 (vto. DIT el 09/08/2007) y que el mismo operaba el día 31/12/2012. El 20/12/2012 se instruyó sumario, suspendiendo de esta forma el curso de la prescripción. Hasta esa fecha habían transcurrido 4 años, 11 meses, 19 días, y dicho plazo se retomó con el dictado de la Resolución N° 9934/2017, el día 15/12/2017. Sin embargo, a la fecha en que fue notificada la citada Resolución -16/12/2022- transcurrieron 5 años y 1 día, es decir, que los 12 días que aún quedaban de plazo antes de que operara la prescripción, se encontraban ampliamente cumplidos. Sostiene que la DIT en trato fue cancelada en su totalidad en base a la documentación que detalla.
En subsidio, impugna la liquidación tributaria. Invoca que en virtud del fallo de la CSJN “Cladd ITA SA” no corresponde la exigencia de los rubros IVA adicional y ganancias. Ofrece prueba, formula reserva de caso federal y solicita que se revoque el decisorio aduanero, con costas.
II. Que la representación fiscal contesta el traslado conferido. Se allana parcialmente a la pretensión de la parte actora respecto del reclamo IVA adicional y ganancias. Niega todas y cada una de las afirmaciones, los hechos, derecho, documentación y/o copias que no sean expresamente reconocidos por su parte o surjan de las actuaciones administrativas. Esgrime que el procedimiento administrativo regulado en la Ley 19.549 es diferente al procedimiento sumarial aduanero. Según el art. 934 del C.A., la Aduana posee cinco años para arribar a una resolución condenatoria, sin perjuicio de todos aquellos actos interruptivos que pudieran acaecer a lo largo del procedimiento. Apunta que de acuerdo a la prueba obrante en las actuaciones los vicios del procedimiento no causan a la parte indefensión o gravamen que no puede ser subsanado mediante la intervención de este Tribunal. Postula que resulta de aplicación al caso la doctrina de la CSJN que determina que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la CN no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior. Rechaza el planteo de prescripción de la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos. En tal sentido, precisa que el auto de instrucción de sumario suspendió el curso de la prescripción de la acción hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción (art. 805 inc. a) del CA). Añade que con la apelación ante este Tribunal la suspensión se mantiene al día de la fecha. Remite a lo normado en el Art. 1050 del C.A. Refiere que el hecho generador de la obligación tributaria radica en el incumplimiento al régimen de importación temporal. Analiza que el CTC aportado deviene inaplicable para acreditar el cumplimiento de la DIT en trato. Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita que se confirme el decisorio aduanero, con costas.
III. Que se elevan los autos a la Sala G y se pasan a sentencia.
IV. Que la Actuación N° 12197-7016-2012 se inicia con el acta denuncia N° 2490/2012 por presunta infracción al art. 970 del CA respecto del DIT N° 06 001 IT16 000769 M cuyo vencimiento operó el 09/08/2007. A fs. 2/7 se glosan prints de pantalla. A fs. 8/9 se emite la Nota N° 6828/2012 (SE PRTE). A fs. 10, el 20/12/2012 se dispone la instrucción de sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del CA. A fs. 12 sin fecha, entre el 13/03/2013 y el 18/10/2013, se procede a la clasificación y valoración de la mercadería en cuestión. A fs. 13 el 24/10/2013 se practica la liquidación de tributos. A fs. 14 se produce a la determinación de tributos y multa. A fs. 15 se deja constancia de que la firma no posee antecedentes que la inhiban del tratamiento previsto en la Instrucción General N° 11/16 (DGA). A fs. 16, el 15/12/2017 se dicta la Resolución DE PRLA N° 9934/2017 que se notifica a la interesada el 16/12/2022.
V. Que, previo a todo, debo señalar que, de la compulsa de las actuaciones administrativas, surge que no procede la acción intentada por el Fisco para perseguir el cobro de los tributos, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A., por encontrarse prescripta, atento a la nulidad del auto de instrucción de sumario (de fs. 10 de las act. adm.).
Que, cabe puntualizar que, si bien la actora no plantea expresamente la nulidad del auto de apertura, sí plantea la prescripción de la acción en los términos del art. 803 y cc. del CA. En este caso, el agravio esgrimido por la actora tiene una inescindible vinculación con la validez del auto de apertura, toda vez que consentir su cumplimiento parcial equivale a postergar los plazos prescriptivos más allá de lo dispuesto en el mismo C.A. que, en su diseño no puede desmembrase o deformar para sostener una imputación que no fue hecha en tiempo y forma.
Que si bien no se desconoce la existencia de algunos precedentes de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en relación a la imposibilidad de que este Tribunal declare la invalidez del auto de apertura sumarial, si la cuestión no fue planteada como agravio (vg. Sala II, La Perseverancia Seguros S.A (TF 28265-A) C/ DGA S/Recurso Directo De Organismo Externo, 18/04/2024) entiendo que la mentada declaración de oficio no equivale al dictado de una resolución “extra petita”.
Que es claro que el principio de congruencia tiene su correlación con el de iura novit curia. Así lo ha explicado la CSJN: “El principio de congruencia impone a los jueces y tribunales decidir de conformidad con los hechos y pretensiones deducidas (arts. 34, inc. 4° y 163, inc. 6° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), limitación infranqueable en el terreno fáctico (congruencia objetiva), pero que no rige en el plano jurídico donde la fundamentación en derecho o la calificación jurídica efectuada por los litigantes no resulta vinculante para el juez a quien, en todos los casos, le corresponde "decir el derecho" (iuris dictio o jurisdicción) de conformidad con la atribución iura curia novit.” (Fallos 337:1142)
Que en efecto, los principios antes citados, lejos de ser opuestos, deben interpretarse en forma armónica y complementaria, en tanto no se está incorporando al proceso una cuestión extraña, sino únicamente aplicando las disposiciones que el Código Aduanero regula al respecto, es decir, subsumir el hecho en la norma jurídica. Que en lo que hace a temas sustanciales que traducen el control de legalidad sobre el procedimiento y del imperio del principio de juridicidad que debe ser su norte -por ejemplo, los requisitos del art. 1094 del C.A. o la prescripción - no se trata de suplir las omisiones de las partes o convertirse en intérprete de su voluntad implícita, sino de aplicar institutos que operan de pleno derecho, más allá de ser o no alegados.
Que no debe confundirse el “objeto del proceso” conformado por el hecho materia de litigio con el “procedimiento”, esto es la suma de disposiciones que obligan a utilizar parámetros comunes tales como las nulidades absolutas y los plazos prescriptivos.
En efecto, el procedimiento es el que rige la “forma” en que deben actuar el instructor y los juzgadores velando por el principio constitucional del debido proceso, en un escenario armónico en todas las instancias.
Ello así, toda vez que, tal como a continuación se analizará, el auto de instrucción de sumario careció de la valoración de la mercadería y la liquidación de tributos, que fueron formulados con posterioridad al vencimiento de los plazos prescriptivos y, a su vez, dicho acto fue dictado con prescindencia de la agregación del DIT que diera origen a la denuncia.
VI. Que no es ocioso destacar la insistencia puesta por el legislador en el detalle de los incisos del 1094 del C.A., la cual se explica en que consiste en el primer paso procesal completo en el que al contribuyente se le enrostra la realización de un acto ilícito.
Que -como ya se adelantó- consentir su cumplimiento parcial implica postergar los plazos prescriptivos más allá de lo dispuesto en el mismo C.A.
Que, con relación a los tributos, el art. 803 del C.A establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”
Que razonablemente, para poder tener el referido efecto suspensivo, el acto -en el caso, el auto de apertura del sumario debe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente.
Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”.
Que, dicha obligatoriedad ha sido querida por el legislador que dispuso que el administrador “determinará...” y “dispondrá...”, términos que no pueden sino interpretarse en el sentido de que resulta imperativo para el servicio aduanero cumplimentar con todos los requisitos allí determinados, reitero, en el mismo auto de apertura. Que a fs. 10 del sumario administrativo antecedente de estos autos obra el auto de apertura del sumario de fecha 20/12/2002.
Que de su compulsa resulta claramente que, si bien se refirió a la presunta infracción imputada a la importadora, el mismo no cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del CA para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye a dicho acto, en tanto, no se ha efectuado la clasificación y valoración de la mercadería en cuestión así como tampoco la consecuente liquidación de tributos.
Que, en efecto, el auto de apertura de sumario de fecha 20/12/2012 se limita a disponer la instrucción de sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del CA. (fs. 20 act. adm.)
Que, acto siguiente a fs. 12, sin fecha, se procede a la clasificación y valoración de la mercadería en cuestión, circunstancia que tuvo lugar entre el 13/03/2013 y el 18/10/2013 (fs. 11 y sello de fs. 12 vta.). Con posterioridad a ello, a fs. 13 el 24/10/2013, se practica la liquidación de tributos. Es decir, que tanto la valoración como la liquidación fueron realizadas con posterioridad a la instrucción del sumario.
Que corresponde resaltar que lo actuado en autos ha sido en palmaria contradicción a lo establecido en el referido art. 1094, de cuya letra resulta evidente que el servicio aduanero, en el mismo auto de apertura de sumario, se encuentra obligado a determinar, a clasificar y valorar la mercadería y liquidar los tributos que correspondan, circunstancias que tuvieron lugar con posterioridad a la instrucción.
Que la importancia del cumplimiento por parte del servicio aduanero de los requisitos establecidos en el artículo 1094 del C.A. radica en el hecho de que el administrado pueda conocer, con carácter previo a la presentación de su defensa, los hechos investigados, así como el resultado de la verificación, clasificación, valoración de la mercadería involucrada, así como también la liquidación de los tributos y las posibles medidas cautelares.
Que, conforme el criterio sostenido por el Dr. Segura en su voto en minoría, en la causa “CEARCA S.A. c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, Expte. Nº 25.681-A, de esta Sala (con una composición diferente a la actual), estimo que, por carecer de requisitos esenciales el acto de apertura de sumario de fecha 20/12/2012 -obrante a fs. 10 de las act. adm.-, el mismo es nulo de nulidad absoluta, en tanto violatorio de la ley, por estar en palmaria contradicción a lo establecido en el referido art. 1094 ya citado.
Que, en orden a lo manifestado, al ser nulo, el acto de apertura de sumario de fecha 20/12/2012, carece de aptitud para suspender la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos del art. 805 inc. a) del C.A. Que por lo tanto, y siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 09/08/2007 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción es de 5 años para perseguir el cobro de tributos por parte del fisco (conf. art. 803 del C.A), y que dicho plazo comenzó a correr a partir del 01/01/2008, en los términos del 804 del C.A. y no mediando causales suspensivas de la prescripción, la misma operó el 31/12/2012, careciendo de aptitud suspensiva de la prescripción, el acto de apertura de sumario de fecha 20/12/2012, por las razones ya expresadas precedentemente.
Que, cabe poner de relieve que la valoración tuvo lugar entre el 13/03/2013 y el 18/10/2013 y luego la liquidación se practicó el 24/10/2013; con lo cual, todo lo actuado con posterioridad al auto de instrucción de sumario fue una vez operada la prescripción.
Destaco que este mismo sentido se expidió la Sala “E” de este Tribunal, en la causa “Hamburg Sud Sucursal Argentina S.A.”, expte. Nº 27.525-A, cuando, en una causa análoga a la de autos, expresó: “el auto de fecha 29.12.04 (v. fs. 18 ant. adm.) constituye un acto de mero trámite indicativo de que se abrió el sumario. Nótese que ni siquiera se han determinado los hechos constitutivos de la infracción, como exige el art. 1094 del C.A. En consecuencia, el acto de apertura de sumario es nulo de nulidad absoluta en tanto es violatorio de la ley (art. 1094 del C.A.)...”. “Que, conforme lo expuesto, cabe declarar prescripta la acción del Fisco para imponer penas en lo que hace a la firma recurrente (conf. art. 946 del C.A.) puesto que, al no haber habido interrupción de la prescripción de la acción fiscal, la resolución DE PRLA Nº 8955/09 es extemporánea”.
Que, por otro lado, no podría afirmarse que la fulminación del acto declarado nulo constituya una declaración de nulidad por la nulidad misma “puesto que corresponde considerar el agravio que señala la recurrente, cual es el de la prescripción de las acciones del Fisco para imponer penas. Habiendo agravios concretos, la nulidad no se decreta ritualmente” (esto último, conforme la ya referida sentencia).
Siguiendo este mismo criterio en la causa caratulada “BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA Y ACUM.
c/ DGA s/ recurso de apelación.” Expte.:29.422-A. (17/04/2012). (Sala “E”) se dispuso: “...que el auto de apertura del sumario del 22/11/2005 (fs. 38 de los ant. adm.) no pudo suspender la prescripción en los términos del art. 805, inc. a) del CA, toda vez que no reúne los requisitos del art. 1094, inc. d), del CA en cuanto a la liquidación de los tributos que pudieren corresponder, ni esos tributos habían sido liquidados con anterioridad. Que tampoco se corrió vista antes del 1°/01/2008, en la cual obrara la liquidación tributaria. De haberse corrido ese tipo de vista, con anterioridad a esa fecha, se hubiera subsanado la falencia del auto de apertura del sumario.”
Que cabe destacar que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, en los autos: “Agencia Marítima TAGSA S.A. c/DGA s/Recurso directo de organismo externo”. Expte.:40.306/13 (18/03/2014), señaló que para que el acto de apertura de sumario sea válido es necesario que reúna los requisitos formales y materiales que determina la normativa vigente, art. 1094 del C.A. En este sentido resolvió de acuerdo al criterio adoptado por la Sala IV, en los autos: “Agencia Marítima Tagsa S.A. (TF 27435-A) c/ D.G.A.” del 11 de junio de 2.013 (sentencia que quedó firme, por haber sido declarado inadmisible por la C.S.J.N. el recurso extraordinario interpuesto por el Fisco, con fecha 4/02/2014)”. Sostuvo que para que el auto de apertura del sumario tuviera tal virtualidad, debía tratarse de un acto válido, siendo para ello necesario que reuniera los requisitos formales y materiales que determina la normativa vigente. Así, subrayó que el art. 1094 del C.A. identifica los enunciados obligatorios con que debe contar la resolución que dispone la apertura del sumario, e indica -en tal sentido- que “el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”. Concluyó que resulta imperativo cumplir con aquellos requisitos para luego correr vista de lo actuado y posibilitar al intimado de pago ejercer correctamente su defensa; por el contrario, la falta de alguno de ellos deriva indefectiblemente en la nulidad del acto (confr. también Sala IV in re: Boston Compañía Argentina de seguros S.A. (TF 29422-A) y otro c/DGA” y en similar sentido, Sala I in re “Unisel SA c/AFIP DGA -Resol. 9315/99 s/ A.N.A.”, sentencia del 23/02/10)...”.
Dicho criterio fue mantenido en las causas: “YPF SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 27/04/17; 39183/17 “Gibaut Hnos. Manufacturas de Cuero SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, sentencia del 19/12/17; y 88231/2017 “Isamar SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 15/03/18, entre otras).
Finalmente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala III, en la causa “Denso Manufacturing Argentina SA TF 28874-A C/ DGA S/Recurso Directo de Organismo Externo”, Expte. 55478/2019, se explayo acerca de la interpretación que la sala, le ha asignado al art. 1094 inc. d) del C.A.: “En efecto, ha sostenido que, como regla general, disponer la liquidación de los tributos al momento de abrir el sumario, reviste una importancia fundamental, dado que: (i) evidencia el interés del organismo aduanero en percibir dicho tributo, lo que justifica que el plazo sea suspendido según el art. 805, inc. a), del Código Aduanero; (ii) garantiza la defensa en juicio y el juzgamiento del particular en un plazo razonable, al exigir cierta celeridad en la liquidación del tributo y su correspondiente vista al particular (…) y (iii) en el caso de diversas multas, la liquidación del tributo sirve para cuantificar el monto de las multas (conf. in re, “Arte Radiotelevisivo Argentino SA (TF28836-A) c/ DGA”, Expte. No. 21.830/2012, del 6/6/2013). (…) Por tal razón, la realización de la liquidación tributaria correspondiente, no se trataba de una formalidad carente de sentido sustancial, sino que era fundamental para el normal desarrollo del procedimiento aduanero (esta Sala, causa “Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.” citada)”.
Que a mayor abundamiento, en recientes precedentes, la Cámara antes citada ha reafirmado la importancia del auto de apertura de sumario y la necesidad de que éste cumpla con todos los requisitos del régimen legal. (Sala I, "Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. –TF 33562-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo, 3/11/2022", Sala I, Federal Express Corporation (TF 30584-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo, 11/10/2022).
Que también ha puntualizado que “…las exigencias normativas no comportan…una mera referencia o arbitrio susceptible de ser soslayado a voluntad por el operador; por el contrario, los recaudos contenidos en el precepto analizado deben ser cumplidos como requisitos de validez de la apertura sumarial, pues una interpretación contraria importaría lisa y llanamente vaciar de contenido a la norma, temperamento que resulta claramente inadmisible.” (CNCAF, Sala II, “SA Marítima y Comercial JR Williams (TF 27.600-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, 12/03/2024.
VII. Que a mayor abundamiento, tal como se ha observado, el auto de apertura fue dictado con prescindencia de un elemento de carácter esencial, como es la destinación de importación temporal que dio origen a la denuncia. Que es preciso efectuar un análisis de la cuestión, en relación a la validez del auto de apertura dictado con prescindencia de requisitos que condicionan su validez, en el caso que nos ocupa, me refiero a la documentación esencial en la materia analizada en autos: la carpeta original -o cuanto menos, copia certificada- de la DIT y su contenido.
Que, en efecto, la destinación de importación temporal constituye el documento en base al cual se formuló la denuncia y se sustentó la totalidad del procedimiento infraccional, razón por la cual su falta de agregación, aun cuando se incluyan las planillas computarizadas, no puede admitirse.
Que, comparto en ese aspecto, la jurisprudencia sentada por diversas Salas de la Exma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en tanto afirman que la falta de agregación de la carpeta original de la DIT “impide, entre otras cosas, verificar la fecha de su oficialización, corroborar su vencimiento, determinar si por el mismo se ha concedido o no prórroga a los fines de la regularización del régimen y, si la recurrente cumplió en definitiva con la obligación de reexportar la mercadería involucrada (conf. en el mismo sentido, fallos citados en el expediente de la Sala V “ZURICH ARGENTINA SA COMPAÑIA DE SEGUROS (TF 16927933-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, 13/05/2025 y causas citadas en ese precedente: (conf. Sala V, causas Nº 10.156/2024 “Fianzas y Créditos SA Compañía de Seguros (TF 15481439-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 08/03/2025 N° 42.117/2023 “Gestamp c/DGA s/recurso directo de organismo externo” del 08/10/2024 y arg. causas N° 34.678/2023 “Ampacet South America SRL (TF 18960731-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 9/04/2024 y N° 5150/2023 “Molino Cañuelas SACIFIA –TF 31396-A- c/ DGA S/ recurso de directo de organismo externo”, del 03/10/2023 y en el mismo sentido, Sala III, causas Nº 3063/2020 “Sancor Cooperativa de Seguros Limitada TF 40.026-A c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 17/03/2021 y Nº 1304/2018 “Aseguradora de Créditos y Garantías SA TF 31.725-A c/ Administración Nacional de Aduanas s/recurso directo de organismo externo”, del 07/02/2019; Sala II, causa Nº 74812/17 “Ferrero Argentina S.A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 28/12/17; Sala I, causa Nº 74.954/2018, “Alba Compañía Argentina de Seguros SA (TF 29.846-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 19/09/2019 entre otros).
Que de igual forma se desprende del cotejo de las actuaciones administrativas que el servicio aduanero no ha solicitado ni promovido la agregación de la documentación aludida.
Que -como ya se expresó- consentir su cumplimiento parcial o avalar su dictado sin uno de los elementos esenciales, como es el caso de la DIT en trato, implica postergar los plazos prescriptivos más allá de lo dispuesto en el mismo C.A. Consecuentemente, es una falla en el procedimiento que conculca el principio constitucional del debido proceso y de defensa en juicio.
Que, cabe concluir que resulta materialmente imposible e inviable el análisis del caso, existiendo un impedimento en resolver acerca de la responsabilidad tributaria de la actora, ya que con los elementos obrantes en autos no se permite dilucidar y verificar el incumplimiento imputado por la DGA -infracción al art. 970 del C.A.-, que diera origen a la exigencia del pago de los tributos que el servicio aduanero intima a la recurrente.
VIII. Que, con fundamento en lo expuesto, corresponde declarar la nulidad del auto de instrucción de sumario y, en consecuencia, la prescripción de la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 06 001 IT16 000769 M, con costas a la DGA.
IX. Que atento el punto precedente, deviene abstracto el tratamiento de las restantes cuestiones invocadas por la actora.
Por ello, VOTO POR:
1. DECLARAR LA NULIDAD del auto de apertura de sumario en los términos de lo dispuesto en los Considerandos VI.- y VII.- de la presente.
2. DECLARAR PRESCRIPTA la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 06 001 IT16 000769 M, en la Actuación Nº 12197-7016-2012, conf. arts. 803 y conc. del C.A.
3. Costas a la D.G.A.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Adelanto que habré de disentir con la solución propuesta por mis colegas.
En primer término, advierto que la parte recurrente no introdujo en su expresión de agravios un planteo concreto y diferenciado dirigido a obtener la declaración de nulidad del auto de apertura del sumario. En efecto, si bien el apelante formula diversas objeciones respecto de la actuación administrativa, no se advierte un cuestionamiento específico orientado a impugnar la validez del acto que dispuso la instrucción del sumario.
No obstante ello, el voto que antecede declara la nulidad del auto de apertura del sumario sobre la base de determinadas deficiencias advertidas en las actuaciones administrativas, en particular la ausencia de una liquidación previa de los tributos y la falta de incorporación al expediente de la carpeta correspondiente al DIT involucrado en autos. A mi juicio, tal conclusión supone avanzar sobre un planteo que no fue expresamente articulado por la parte recurrente. Cabe recordar que la competencia revisora de este Tribunal se encuentra delimitada por los agravios introducidos por las partes, por lo que la declaración de nulidades de oficio constituye una facultad de ejercicio excepcional que exige una fundamentación particularmente rigurosa.
Por otra parte, el voto mayoritario reconoce la existencia de una línea jurisprudencial según la cual no corresponde declarar de oficio la nulidad del auto de apertura del sumario. Sin embargo, más allá de dicha referencia, no encuentro en los fundamentos expuestos argumentos suficientes que justifiquen apartarse de ese criterio ni que permitan considerar que el caso de autos configure una excepción que habilite tal proceder.
Sentado lo expuesto, y toda vez que mi posición resulta minoritaria, estimo innecesario expedirme sobre el fondo del asunto. Ello así, por cuanto la eventual revocación de la sentencia en la instancia recursiva podría determinar el reenvío de las actuaciones a este Tribunal para que se pronuncie sobre la cuestión sustancial. En tal supuesto, emitir opinión anticipada sobre el mérito de la causa me colocaría en la situación de tener que excusarme de intervenir, circunstancia que afectaría la integración del órgano y el adecuado servicio de justicia.
Por las razones expuestas, voto en disidencia con la solución adoptada por la mayoría.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría SE
1. DECLARAR LA NULIDAD del auto de apertura de sumario en los términos de lo dispuesto en los Considerandos VI.- y VII.- del voto de la Dra. Sarquis.
2. DECLARAR PRESCRIPTA la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 06 001 IT16 000769 M, en la Actuación Nº 12197-7016-2012, conf. arts. 803 y conc. del C.A.
3. Costas a la D.G.A.
Regístrese, notifíquese, y oportunamente, archívese.
Date: 2026.03.26 11:06:49 ART Date: 2026.03.26 13:45:39 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.03.26 14:07:05 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.03.26 14:08:43 -03:00
Fin de la sentencia