Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 39.602-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución RESOL-2018-33-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI, en cuanto impone la pena de multa a la firma HDC INTERNATIONAL SA. Costas a cargo del Fisco nacional.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-70514605-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 30 de Junio de 2025 Reunidos los Sres. Vocales de la Sala “F”, Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver el expediente N° 39.602-A, caratulado “HDC INTERNATIONAL S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”.
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que a fs. 11/23 vta. se presenta, por apoderado, la firma HDC INTERNATIONAL S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución RESOL-2018-33-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI, por la cual se le impone una multa de $ 301.348,16 al considerársela incursa en la infracción prevista en el inciso c) del artículo 954 del CÓDIGO Aduanero, dictada en el Sumario 643/2013-3 y notificada el 18 de septiembre de 2018. En primer término, la recurrente plantea la nulidad de la resolución por ser nula de nulidad absoluta, debido a que viola los principios del debido proceso (art. 18 C.N.) y el derecho de defensa en juicio. Asimismo, cuestiona la validez del procedimiento y del Informe Técnico N° 32/13 (SE FVIM). En segundo lugar, expone los hechos del caso: señala que la Aduana de Rosario advirtió la existencia de desvíos en los precios documentados en las destinaciones de importación correspondientes al año 2008. Destaca que, en el Informe Técnico N° 32/13 (SE FVIM), se observó una ostensible diferencia respecto de los valores documentados en antecedentes de idéntica mercadería y período. En este contexto, la recurrente argumenta que el sumario tiene como base un informe sobre valores y que dicha cuestión no se resolvió con un ajuste de valor, como así lo exige el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en su artículo VII (“Valoración en Aduana”) y artículo VIII (“Derechos y formalidades referentes a la importación y exportación”), sino que el fisco aplicó la infracción contemplada en el art. 954, inc. c) del CA. Cuestiona esta imputación argumentando que no se produjo ni un menor ni un mayor egreso de tributos que gravan la importación en las arcas fiscales. Sostiene que el ajuste planteado es notoriamente infundado y se basa en un informe técnico completamente inconsistente. Afirma, además, que no existe la supuesta diferencia con los valores documentados en mercadería idéntica y en el mismo período. Por último, impugna la validez del Informe Técnico N° 32/13 por carecer de prueba concreta que permita demostrar que los valores declarados en cada una de las destinaciones coinciden con los pactados entre comprador y vendedor en libertad de condiciones. Por ello, insiste en que no se evidencia la existencia de desvíos en los precios documentados.
Cita jurisprudencia, ofrece prueba, formula reserva del caso federal y solicita se tenga por presentado el recurso de apelación, ordenándose su sobreseimiento, con costas a la parte contraria.
II. A fs. 34/37 se presenta la demandada, y contesta el traslado del recurso. Niega todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la recurrente que no fueren objeto de su especial reconocimiento. Relata los hechos del caso e indica que las actuaciones administrativas tuvieron origen en la denuncia emitida por la División Fiscalización de Operaciones Aduaneras de la Dirección Regional Aduanera Rosario, plasmada en el informe técnico N° 32/2013 (SE FVIM) en relación a destinaciones de importación correspondientes al período 2008.
Sostiene que en dicho informe se procedió al análisis de las operaciones de importación y se determinó la existencia de desvíos en los precios documentados, los cuales resultaron inferiores a los que realmente correspondía, situación con relevancia en los términos del art. 954 inc. c) del CA. Afirma que la inexactitud de lo declarado ha provocado un perjuicio fiscal y que dicha infracción es una figura culposa, toda vez que ha omitido la suficiente diligencia para cumplir con los deberes a su cargo. En consecuencia, plantea la improcedencia del recurso planteado y señala la vinculación entre la importadora y un proveedor del exterior. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Hace reserva del Caso Federal. Solicita se confirme la resolución dictada en sede aduanera y se rechace en su totalidad el recurso interpuesto, con expresa imposición de costas.
III. Que las actuaciones administrativas n° 12578-213-2009/1 se inician, a fs. 1 con el acta de denuncia de fecha 16/08/2013. A fs. 2/4 luce el Informe Técnico n° 32/13. A fs. 16/27 lucen impresiones de pantalla de la declaración Nro. 08052IC04000743P, a fs. 28/38 lucen impresiones de pantalla de la declaración Nro. 08052IC04001820M, a fs. 40/46 lucen impresiones de pantalla de la declaración Nro. 08052IC04002879E, a fs. 47/49 lucen impresiones de pantalla de la declaración Nro. 08052IC04003323M, a fs. 51/57 lucen impresiones de pantalla de la declaración Nro. 08052IC04004877E, y a fs. 59 luce sobre contenedor con la declaración Nro. 08052IC04002066P y su documentación complementaria. A fs. 61/62, en fecha 24/9/2013, se instruye sumario contencioso en los términos del art. 1090 inc. c) del CA y se corre vista de lo actuado a la importadora, notificándose en fecha 26/09/2013. A fs. 69/90 luce el descargo de la recurrente. A fs. 97/101 ref. y 592/595 ref. obran copias de la fiscalización externa a la recurrente. A fs. 597/598 luce el Informe técnico N° 128/11 (SE FVIM) por el cual se determina que existe una vinculación económica entre la recurrente y una firma del exterior en las operaciones de importación. A fs. 605/606 obra el Dictamen Nro. 212/18. A fs. 607/611 obra la Resolución RESOL-2018-33-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI, aquí apelada.
IV. Que, en primer lugar, corresponde aclarar – en relación al planteo de nulidad de la resolución apelada efectuado por la firma importadora, vinculado a la falta de causa y motivación – que el mismo se encuentra directamente vinculado con los agravios que sustentan la apelación, razón por la cual debe ser tratado con el fondo de la causa.
V. Que, sentado ello, corresponde dilucidar en autos si la resolución apelada, por la que se condena a la recurrente al pago de una multa por la infracción prevista en el artículo 954, ap. 1, inc. c) del CÓDIGO Aduanero, se ajusta a derecho, en cuanto ha sido materia de recurso, para lo cual es necesario determinar si se encuentran reunidos los elementos configurativos de la infracción imputada.
Que la referida norma, en lo que aquí interesa, establece: “1. El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de la diferencia ”. Que, bajo tales premisas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que el bien jurídico tutelado por el citado precepto – que sanciona las declaraciones inexactas – es, según su Exposición de Motivos, el principio de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería objeto de una operación o destinación aduanera, pues en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación, reposa todo un sistema dirigido a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen o perviertan (Fallos: 315:929; 321:1614; 325:786, 830 y 333:300, entre otros). Que, por ende, la configuración de la infracción prevista y penada por el citado artículo queda condicionada a la concurrencia de dos elementos sin los cuales no puede considerarse, desde el punto de vista objetivo, que exista conducta reprochable: a) la constatación de una diferencia entre la declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación aduanera, y el resultado de la comprobación física o documental que realice el servicio aduanero; y b) que esa inexactitud produzca, o pueda producir, alguna de las consecuencias previstas en los incisos a, b, o c, de la norma. Pues, como también lo establece la Exposición de Motivos del Código Aduanero, “si la declaración incorrecta no es idónea para provocar alguno de estos efectos no es punible en sí misma” (cfr. Sala IV C.A.F., causas 10060/12 “Bankboston National Association”, sentencia del 14/8/12; y 56316/15 “Atanor SCA”, fallo del 3/3/16, entre otros; con referencia a la doctrina de Fallos: 312:1997; 315:929 y 942; 321:1614; 322:355; 325:786 y 830; y causa R.867.XLVIII “Río Chico SA (TF 29758-A) c/DGA”, resol. del 23/9/14).
V. Que, bajo tales postulados, cabe colegir que la infracción contemplada en el referido artículo 954 sanciona la ausencia de veracidad entre lo documentado y lo resultante; por consiguiente, en el caso, se debe resolver si la información declarada es precisa, en relación con la realidad de la transacción.
Que la Aduana argentina, en su función de control aduanero ex post, mediante Informe Técnico N° 32/13, informó desvíos en los valores declarados en los Despachos de importación Nro. 08052IC04000743P, Nro. 08052IC04004877E, Nro. 08052IC04002879E, Nro. 08052IC04003323M, Nro. 08052IC04002066P, Nro. 08052IC04001820M, los que implicaron una diferencia de valor equivalente a la suma de USD 96.169,40, conducta que – a su criterio – encuadraba en el inc. c) del ap. 1) del artículo 954 del Código Aduanero. Amplió su postulado indicando que el precio FOB declarado era inferior al que debería haberse declarado, en comparación con valores aprobados de dichas mercaderías – lo llamado “precio normal de mercado” – y que esta circunstancia implicaba un egreso de divisas hacia el exterior inferior al que correspondería.
Que, por su parte, la firma recurrente afirmó que no se produjo ni un menor ni un mayor egreso de tributos a las arcas fiscales, aseverando que el precio pagado no es distinto al declarado. Asimismo, manifestó expresamente que la declaración era completa y se bastaba a sí misma. Señaló además que la misma no fue objetada por el servicio aduanero, como así tampoco la posición arancelaria, ni la cantidad, ni la procedencia. Por lo demás, indica que existe ambigüedad de la imputación atento a que no hay prueba para resolver el presente con un ajuste de valor.
Que, a los fines de la resolución del conflicto, corresponde destacar que, a los efectos de la configuración de la infracción en trato, como fuera dicho, es presupuesto necesario la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación, y que dicha inexactitud haya producido o podido producir alguno de los efectos previstos en el artículo 954 del CÓDIGO Aduanero.
Que lo cierto es que, en el caso de autos, el objeto de cuestión no tiene que ver con, valga la redundancia, una diferencia entre lo declarado y lo comprobado – que sí daría lugar, en principio, a una posible inexactitud – sino que se limita únicamente a una mera observación o cuestionamiento del valor que, como es sabido, pudo haber dado origen a la formulación de un ajuste, en los términos del GATT.
Que es por ello que no resulta apropiada la figura de declaración inexacta, por cuanto si bien el servicio aduanero tiene facultades para controlar el valor declarado y, en consecuencia, efectuar un reclamo tributario cuando se considere que dicho valor no es el que corresponde, ello no implica necesariamente que el valor declarado en autos sea inexacto, o no sea el valor real de la operación en cuestión.
Que, en efecto, aun cuando hubiere sido posible un ajuste a los efectos tributarios, el nuevo valor asignado no implica que el valor declarado no fuera veraz, ya que el ajuste no significa ni convierte al valor declarado en inexacto.
Que, por último, cabe aclarar que, incluso si pretendiésemos analizar la “exactitud” del valor declarado, lo cierto es que el servicio aduanero no efectuó una investigación idónea que justifique la duda inicial y que denote que el valor documentado resultó diferente a precios o a valores “antecedentes”. Tal forma de proceder permite concluir que no existen en el caso referentes para descartar el valor de la mercadería, apareciendo el valor atribuido por el servicio aduanero como caprichoso e incierto.
Que, en definitiva, el proceder de la Aduana se expone como arbitrariamente contradictorio e incompatible con los principios y disposiciones generales del Acuerdo, que podrían sintetizarse en la finalidad de un sistema “equitativo” de valoración con exclusión de valores arbitrarios o ficticios, es decir, alejados de la realidad del mercado de libre competencia (conf Sala F in re: “Krevisky Import SRL”, expediente Nº 10.318-A, sentencia de fecha 20/02/01, entre otros).
Que, en consecuencia, la eventual diferencia de valor entre el precio efectivamente pagado y el que correspondía pagar a criterio de la Aduana no es constitutiva de la infracción tipificada en la referida normativa, por lo que resulta ajustado a derecho revocar la infracción endilgada por la Aduana, dejando a salvo el criterio asumido por el suscripto – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras SA c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 36.507-A, del 06/03/12, entre otros).
Por ello, VOTO por:
Revocar la Resolución RESOL-2018-33-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI, en cuanto impone la pena de multa a la firma HDC INTERNATIONAL SA. Costas a cargo del Fisco nacional.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Garbarino.
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar la Resolución RESOL-2018-33-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI, en cuanto impone la pena de multa a la firma HDC INTERNATIONAL SA. Costas a cargo del Fisco nacional.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y al Dr. Pablo Sicardi (20-13445197-2). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2025.06.30 14:02:47 ART Date: 2025.06.30 18:15:51 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.30 18:16:43 -03:00
Fin de la sentencia