Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 31.890-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el artículo 3° de la Resolución N° 7396/2011 (DE PRLA), dictada en las actuaciones SIGEA N° 12039-149-2004, por la que se intima a la firma aseguradora AXA SEGUROS S.A., luego L´UNION DE PARIS COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., actualmente HDI SEGUROS S.A. al pago de los tributos correspondientes al total de la mercadería importada temporalmente mediante la DIT 00001IT14005709D, cuyo monto asciende a la suma de Pesos Quince mil ochocientos setenta y cuatro con 82/100.- ($ 15.874,82), más los intereses previstos en el art. 794 del CA. Con costas a la actora.
2Revocar parcialmente la citada resolución en cuanto incluyó en la liquidación el derecho adicional previsto en el art. 23 del decreto 1439/96, así como el IVA adicional y la percepción del Impuesto a las Ganancias, con costas por su orden.
3Declarar que la responsabilidad de la firma aseguradora se extiende hasta el límite del importe asegurado (USD 30.000,00) y comprende los derechos de importación, la tasa de estadística y el IVA de importación, con exclusión del derecho adicional del art. 23 del Decreto N° 1439/96, del IVA adicional y de la percepción del Impuesto a las Ganancias, más los intereses del art. 794 del CA calculados desde el 28 de octubre de 2001.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-46926296-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 11 de Mayo de 2026 apelación”
Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria, por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación, y con la presidencia a cargo del Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados “HDI SEGUROS S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, Expediente 31.890-A El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que a fs. 16/22, con fecha 12/08/2012, se presenta por apoderado la firma HDI SEGUROS S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 7396/2011 (DE PRLA) por medio de la cual se la intima, en su carácter de garante de la obligación tributaria a cargo de la firma DAKPLAST S.A., al pago de la suma de $ 33.346,14 en concepto de tributos, por infracción al art. 970 del CA. Se agravia en primer lugar de la improcedencia del cargo formulado toda vez que no se han cumplido la totalidad de los requisitos para la formulación del mismo. Solicita la aplicación de la Res. 1645/94 circular interna 38/94 en relación al procedimiento al cual quedan sometidos todos los acreedores de causa o título anterior a la presentación del concurso o declaración de quiebra. Plantea la falta de configuración del siniestro. Manifiesta el límite de la cobertura establecido por el monto asegurado mediante la póliza de seguro de caución. Se agravia de la aplicación del derecho adicional, cuestiona la aplicación del CER. Ofrece prueba. Solicita se dicte sentencia dejando sin efecto el cargo formulado con expresa imposición de costas.
II. Que a fs. 31/37, la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Por imperativo procesal, niega todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por la actora que no fuesen de su especial reconocimiento. Efectúa una reseña de las actuaciones, destaca que es la actora quien debe acreditar un extremo -que, en definitiva- no ha sido acreditado debidamente. Menciona que; “es la actora quien debe acreditar un extremo, que, en definitiva, no ha sido acreditado debidamente”. En relación al fondo de la cuestión, menciona que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora, por lo tanto, es ella quien debe demostrar en forma fehaciente y con la documentación aduanera pertinente que ha cumplido acabadamente con sus obligaciones dentro del plazo legal otorgado. Respecto del planteo sobre los intereses, manifiesta que la aplicación del art. 794 del CA, los intereses comienzan a aplicarse desde el undécimo día hábil de la notificación al deudor principal. Que son las propias pólizas las que establecen que producido el siniestro “el asegurador procederá a hacer efectivo a la ANA el importe pertinente”. En este sentido destaca que el tomador se acogió a la normativa vigente por lo tanto a sus consecuencias. Cita jurisprudencia. Ofrece Prueba. Solicita se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero, con expresa imposición de costas.
III. Que a fs. 38 se tiene por contestado el traslado y por acompañadas las actuaciones administrativas correspondientes a la presente causa. A fs. 42 se abre la causa a prueba por el plazo de 60 días. A fs. 114 se certifica la producción de prueba y se declara clausurado el período probatorio. A fs. 120 se elevan los autos a la Sala “E”. A fs. 125 se dicta llamado de autos a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas Nº 12039-149-2004 se inician a fs. 1 con la denuncia N° 1371/04 de fecha 16/09/2004 respecto del importador DAKPLAST S.A., por la infracción al art. 970 y 972 del CA, correspondiente a la DIT N° 00001IT14005709D con vencimiento 28/10/2001, que luce ensobrada a fs. 3. A fs. 6 se dispone la instrucción del sumario en los términos del art. 1090 del CA.
A fs. 7 se envía nota a la División Verificación armo “D” solicitando se informe valor de la mercadería en infracción derechos y demás tributos que gravaren la importación para consumo, la que es respondida a fs. 8 indicando que previo a esto se debe dar intervención a la División Comprobación de Destino. Mediante informe N° 2371/2007, la Div. Comprobación de Destino informa que “no pudo ser localizada la firma importadora”. A fs. 14 se envía nuevamente nota a la División Verificación armo “D” solicitando se informe valor de la mercadería en infracción derechos y demás tributos que gravaren la importación para consumo, la que es respondida a fs. 15. A fs. 19 obra liquidación de tributos y multa. a fs. 20 se agrega impresión de pantalla de consulta de una garantía global o unitaria 00001036516E. A fs. 23 se corre vista de todo lo actuado a la firma DAKPLAST S.A., y se cita a la firma AXA SEGUROS S.A. en su carácter de garante de la obligación tributaria, la que es notificada a la importadora según constancia de fs. 29 y a la aseguradora según SICNEA de fs. 35. A fs. 24, mediante nota N° 57/11 (DV SAPLA 4) se solicita a la División Documentación Fiscal Sección Cancelación y Deudas, se confeccione certificado provisorio de deuda. A fs. 33/34 contesta vista la aseguradora. A fs. 42/43 se adjunta impresión de pantalla de constancia de “Consulta de Juicios” y “Concurso Preventivo”. A fs. 48 se declara la rebeldía de la firma DAKPLAST S.A. en los términos del art. 1150 del CA. A fs. 52/54 se dicta resolución N° 7396/2011 (DE PRLA), la que es notificada a la aseguradora el 27/06/2012, según constancia de fs. 56.
V. Que, cabe destacar, que las destinaciones involucradas en autos, fueron documentadas en los términos del Decreto Nº 1439/96 que establece el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial en virtud del cual la mercadería que se importa para ser sometida a un proceso industrial, debe ser exportada a consumo bajo la nueva forma resultante dentro del plazo de un año, prorrogable por otro plazo igual. Que la Resolución ANA Nº 479/95 vigente a la fecha de oficialización de la destinación, enumera la documental requerida a los fines de la cancelación de la importación temporaria, esto es, el permiso de embarque correspondiente a la reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante, en el cual se debe consignar “... lo relativo al Certificado de Tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número de DIT (Aduana de registro-dígito), clase y cantidad de la mercadería importada, comprendida en la que se exporta y el vencimiento de la importación temporaria” (Anexo III, punto 3.3.3.).
Que, para acceder a dicho beneficio, el decreto Nº 1439/96 impone al beneficiario la obligación de obtener el Certificado de Tipificación de Importación Temporal -CTC- que emite la Secretaría de Industria de acuerdo a las declaraciones de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por el importador.
Que, al respecto, el art. 14 del citado decreto establece que: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (CTC) A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos, si los mismos tienen valor comercial (...)”.
Que el CTC es el documento que establece la relación insumo/producto de manera que, a través del mismo, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados en forma temporaria fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que en lo que se refiere a la importación temporaria, el artículo 250 del CA establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen de importación temporaria para los beneficiarios del mismo, es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado al efecto.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del CA sanciona al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Que la carga de la prueba de la reexportación y/o nacionalización de la mercadería en término recae sobre el beneficiario del régimen preferencial y es quien debe demostrar en forma fehaciente, mediante la documentación aduanera correspondiente, el cabal cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, le basta al servicio aduanero acreditar el vencimiento del plazo de permanencia, por cuanto la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción, produce la inversión de la carga de la prueba.
Que, asimismo, de acuerdo a lo previsto por el Anexo III de la Resolución S.I.C. N°. 18/92, en los CTC debe individualizarse tanto la posición arancelaria del insumo importado en forma temporaria como la del producto para el cual el mismo es emitido. Que, en virtud de los datos que surgen del certificado, la Aduana puede determinar si los insumos importados en forma temporaria fueron correctamente descargados en los permisos de embarque.
VI. Que conforme las constancias obrantes en las actuaciones administrativas que corren agregadas por cuerda mediante la DIT N° 00001IT14005709D registrada el 20/10/2000 ante la Aduana de Buenos Aires, el importador DAKPLAST S.A., documentó la importación temporaria de 370.550 aros metálicos, clasificados en la PA SIM 8305.90.00.900H al amparo del decreto 1439/96. Que el 02/11/2000 se concedió el libramiento a plaza y se autorizó la permanencia de la mercadería importada temporariamente por un plazo de 360 días, operando en consecuencia, su vencimiento el 28/10/01, lo cual no se encuentra controvertido en autos.
VII. Que el mecanismo idóneo para acreditar el aludido cumplimiento es mediante la “descarga” de la DIT - eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida- con su mención y la de la respectiva cantidad de insumo, en el o los permisos de embarque por los que se documentara la exportación para consumo del producto elaborado con dicho insumo, y/o mediante las D.I. por los que se documentara regularmente la importación para consumo de dicho insumo (importación para consumo de la mercadería importada), sin perjuicio de las facultades de control aduanero sobre lo declarado en tal sentido. Que por el régimen suspensivo de importación temporaria al que se acogió la importadora, la mercadería así documentada quedó sometida desde el mismo momento de su libramiento a la obligación de ser reexportada para consumo con anterioridad al vencimiento del plazo de permanencia -conf. art. 250 del CA, o, eventualmente, puede solicitarse su importación definitiva, dentro de los plazos previstos en el art. 271 del CA atento a la fecha de liberación de la mercadería, el vencimiento operó el 28/10/01.
VIII. Que, en este caso en particular, debe tenerse presente que la firma importadora se encontraba en Concurso Preventivo, por lo que a su respecto se ordenó la confección de Certificado de Deuda Provisorio a efectos de la presentación ante el procedimiento concursal, notificada por edictos y ante su falta de presentación, declarada en rebeldía.
Cabe destacar que la situación falencial de la importadora es ajena a la responsabilidad de la aseguradora, en tanto no puede desconocerse que la finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (C.N.Com., Sala A, nov. 26-981, INDESA S.A. c/ APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-B-416, E.D. 97-588; C.N.Fed. Civil y Com., Sala III, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. c/ AGENCIA ABRAXAS TURISMO SRL y otro, La Ley 1998-E, 549). El seguro de caución es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (C.N.Com., Sala A, precedente citado). Que en ese orden de ideas, también cabe recordar que en el seguro de caución, los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador (C.N.Com., Sala B, julio 8-1996, ALBA CIA. DE SEGUROS c/ GIORGETTI, Alejandro H. y otro, La Ley 1997-E- 1011) así como que el mismo es requerido por los contratantes justamente para no ser remitidos a una verificación en el concurso del tomador incumplidor (C.N.Com., Sala D, junio 17-988, LA FRANCO ARG. DE SEGUROS c/ FERRERO GEMMA y otro, La Ley 1988-E-460).
IX. Que el agravio referido a la liquidación tributaria radica en la improcedencia de la inclusión del Coeficiente de Estabilización de Referencia previsto en el art. 8 del decreto N° 214/02.
Que el art. 1° del citado decreto expresa: “A partir de la fecha del presente decreto quedan transformadas a PESOS todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen -judiciales o extrajudicialesexpresadas en DÓLARES ESTADOUNIDENSES, u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la Ley N° 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a PESOS”.
Que sin perjuicio de que la liquidación tributaria efectuada al tiempo del registro de la operación aduanera estaba expresada en dólares estadounidenses, cabe destacar que la liquidación tributaria obrante a fs. 19 de las act. adm., que dio fundamento a la resolución aquí apelada, por la que se confirma la diferencia tributaria reclamada a la importadora, fue expresada en moneda nacional, y de igual forma se intimó su pago a la administrada. Que lo expuesto permite afirmar que, aun cuando la deuda nació en dólares por aplicación del art. 20 de la ley 23.905, la suma adeudada quedó convertida a pesos al tiempo en que la resolución aduanera intimó el pago a la importadora -obligada principal al pago-, en relación al tipo de cambio entonces vigente, es decir $ 1 = USD 1, en virtud del art. 1° de la ley 23.928, que instituyó la paridad cambiaria entre el peso argentino y el dólar estadounidense -la denominación y valor de la moneda nacional según decreto N° 2128/91-, paridad que posteriormente fuera derogada mediante el dictado de la ley 25.561, de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, vigente desde el 06/01/02, por expresa disposición del decreto N° 50/02. De ello se deduce que, a la fecha en que entró en vigencia la ley de emergencia, la deuda ya se encontraba convertida y expresada en moneda nacional.
Que resulta indiscutible que si la deuda quedó convertida a pesos en relación USD 1 = $ 1 para la obligada principal, ello es la importadora, con mayor razón para la aseguradora, aun cuando la misma no fue intimada a su cancelación al tiempo del dictado de la resolución N° 7396/2011. Ello es así en cuanto no se podría reclamar al garante una deuda más gravosa que la exigida a la obligada principal.
Que, siendo así, la obligación tributaria ahora reclamada a la aseguradora, no constituye un supuesto de “ obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la ley 25.561”, supuesto necesario para que la deuda resulte alcanzada por la pesificación dispuesta por el decreto N° 214/02, del 03/02/02, con más la actualización por C.E.R. -según las pautas establecidas en el art. 8° y su remisión al art. 4° de dicho decreto-.
X. Que, tampoco puede prosperar la solicitud de la actora de que se suspenda el cómputo de los intereses a la fecha de presentación en concurso de la importadora, atento a que como se viene desarrollando, la procedencia de los tributos y sus accesorios, en materia aduanera, está regida por una norma específica, y es ella la que debe prevalecer.
Que teniendo en consideración que la alegada suspensión de intereses prevista en la ley 24.522, es consecuencia de un régimen de excepción (ya que se alteran las reglas de la ejecución individual), que se encuentra justificado en el hecho de que, en principio, se pagaría a todos los acreedores al mismo tiempo, corresponde concluir que ello no es de aplicación en autos, ya que la concursada no es la aseguradora, sino la tomadora del seguro que obtuvo el beneficio impositivo porque garantizó el pago de la eventual renta aduanera para cubrir al Fisco en situaciones de incumplimiento por cualquier razón, incluso su concurso o quiebra.
Que, como ya quedara dicho, ni la quiebra ni el concurso atrae a las acciones en que se trata de determinar la cuantía de la obligación tributaria, ya que debe aplicarse la totalidad de la normativa específica, lo que incluye el cálculo de los tributos y de los intereses.
Que, por lo demás, no debe dejarse de considerar que en el supuesto que la aseguradora tuviese un crédito contra la importadora, éste nacería con el pago de lo reclamado por el servicio aduanero, y por lo tanto el crédito sería post-concursal y no tendría en consecuencia el límite que se pretende, en cuanto a los intereses.
XI. Que sentado lo que antecede, en cuanto al fondo del asunto, corresponde resolver si se ajusta a derecho la Resolución N° 7396/2011 (DE PRLA)
En cuanto a los agravios planteados por la actora respecto a la imputación por parte del Servicio Aduanero respecto al no cumplimiento por parte de la importadora en tiempo y forma con la destinación temporaria para transformación N° 00001IT14005709D.
Que la falta de acreditación de la cancelación completa de la operación temporaria en trato, motivó que la aduana tramitara el sumario contencioso, durante el cual la importadora no probó ni agregó constancia alguna, que demostrara el cumplimiento, en su totalidad del DIT en cuestión, y de las obligaciones asumidas al acogerse, voluntariamente, al régimen de importación temporal para transformación. Cabe destacar en este punto que el importador no presentó en el sumario ni permisos de embarque ni ninguna otra constancia documental que contrarrestara las afirmaciones del servicio aduanero, como tampoco las arrimó la garante, ni en sede administrativa, ni en esta instancia de apelación. Del análisis de todas las constancias, se evidencia el incumplimiento de la obligación a cargo del importador temporario, en el caso sub-examine, siendo este un requisito excluyente para el goce de los beneficios otorgados como consecuencia del régimen previsto en una importación temporal, quedando configurado el siniestro del que surge la responsabilidad de la recurrente, en su carácter de garante, de los tributos adeudados como consecuencia de la importación para consumo de la mercadería importada temporariamente -arts. 274 y 638, inc. e), del CA. En este punto es importante recordar las condiciones que deben cumplirse a fin de importar temporariamente, las que, según las previsiones del Decreto N° 1439/96, la mercadería que ingresa al país para recibir un perfeccionamiento industrial, lo hace con la obligación de reexportarla para consumo a otro país bajo la nueva forma resultante, dentro del plazo autorizado, indicando la normativa aplicable, entre otras previsiones, la obtención del Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (CTIT). Que en el supuesto en análisis la importadora se acogió a un régimen especial, el del Decreto N° 1439/96. Que dicho régimen tiene como finalidad el perfeccionamiento industrial, y que derogó el régimen anterior de la Resolución N° 72/92 (MEYOSP).
Que, con respecto al límite de la cobertura, corresponde indicar que el art. 453 inc. c) del CA, prevé que el seguro debe cubrir los “eventuales” tributos que correspondieren a la importación para consumo. Por su parte, el art. 255 del Código Aduanero indica que la garantía debe otorgarse a los fines de “asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones que el régimen impone”, las que consisten en el aspecto tributario, precisamente en el pago de los gravámenes aplicables al vencimiento del plazo de la importación temporaria.
Que resulta evidente que la interpretación adecuada a dichas normas consiste en considerar que la suma máxima por la que se otorga la póliza asegura la responsabilidad del importador temporario y, en el ámbito tributario, ésta no es otra que la de abonar los tributos que correspondan al momento en que el hecho imponible se configura, es decir, al momento del vencimiento del plazo del DIT, tal como surge del inc. e) del art. 638 y del art. 274 del CA. Que, asimismo, la determinación de la base imponible, tipo de cambio, régimen tributario y alícuotas deben ser los correspondientes a esa fecha. Los tributos garantizados son entonces, los vigentes al momento del vencimiento de la importación temporaria, con aplicación de los arts. 274, 638 y 639 del CA, desde que ello no sólo surge de la ley, sino que también es lo que cumple de manera más acabada con la finalidad del régimen de garantía, asegurando a la Aduana el cobro de los tributos vigentes, en el caso de que no se cumpliere con la obligación de reexportación en el plazo otorgado a tales efectos.
XII. Que mediante la impresión de pantalla de consulta SIM de la garantía N° 00001036516E mediante póliza N° 11295, acompañada por la DGA a fs. 20 act. adm., y de la cual se agregó copia a fs. 68/69 de estos autos, la aquí apelante aseguró a la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas hasta la suma máxima total de Dólares Estadounidenses Treinta mil con 00/100 (USD 30.000,00.-), con más la que pudiere resultar en exceso por aplicación del art. 1122 de CA, que resulte obligado a efectuarle la importadora DAKPLAST S.A., como consecuencia de la operación de importación temporaria efectuada mediante la Destinación de Importación Temporaria involucrada en autos.
Que cabe recordar que la finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (CNCom, Sala A, nov. 26, 1981, INDESA S.A. c/ APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-B, 416, E.D. 97-588; CNFed Civil y Com., Sala III, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. c/ AGENCIA ABRAXAS TURISMO S.R.L. Y OTRO, La Ley 1998-E, 549). El seguro de caución es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata, teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom, Sala A, precedente citado).
Que es necesario destacar, que en el seguro de caución los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador (CNCom, Sala B, julio 8-1996, ALBA CIA. DE SEGUROS c/ GIORGETTI, Alejandro H. y otro, La Ley 1997-E, 1011).
Que, asimismo, surge de las condiciones pactadas y de la naturaleza del seguro contratado, que en el caso del seguro de caución el asegurador adquiere el carácter de pagador principal y fiador solidario, añadiendo su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se supone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tratarse de una entidad aseguradora, perteneciendo este “tipo” de seguro a los contratos de garantía, cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora (CNCom., Sala B, oct. 23, 1990, E.D. 142,479). Tampoco el asegurador goza del derecho de excusión, con lo que no cabe agotar ningún procedimiento previo contra los bienes del deudor.
Que, en definitiva, la Aduana ha determinado e intimado al pago de los tributos adeudados como consecuencia del vencimiento del plazo otorgado para las destinaciones suspensivas de importación temporaria, no se probó la regularización del total de las mercaderías involucradas. La responsabilidad de la aseguradora por el pago de los tributos adeudados es consecuencia inmediata del incumplimiento del tomador del seguro y la falta de pago por parte del mismo, tal como ha sido expresamente asumido a través de la garantía o seguro de caución oportunamente otorgado.
Que, por otra parte, es importante sumar a lo ya expuesto, que tratándose el seguro de caución de un contrato consensual, y en atención a la calidad profesional del asegurado, que lo obliga a un obrar diligente en la evaluación del riesgo o medida del daño que está garantizando, los argumentos expuestos en su defensa, que pretenden desconocer las consecuencias de las obligaciones libremente asumidas al otorgar la garantía, resultan contrarios a la doctrina de los actos propios. Resulta adecuado recordar que uno de los supuestos típicos de aplicabilidad de esta doctrina, y quizás el más frecuente, lo constituye la pretensión dirigida a obtener la ineficacia de los actos jurídicos previamente respetados o convalidados.
Que los fundamentos antes expuestos permiten concretamente rebatir lo sostenido por la apelante en cuanto a su responsabilidad y los alcances de la misma.
XIII. Se destaca que en virtud de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “FRISHER S.R.L. (TF 16.236-A) c/ANA” corresponde excluir de la liquidación el derecho adicional previsto por el art. 23 del decreto 1439/96. Asimismo, en virtud criterio del Máximo Tribunal en la causa “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/DGA res. 2590/06 (exp. 604155/01) s/Dirección General de Aduanas” corresponde excluir del cálculo de los tributos a las percepciones de IVA adicional y de Ganancias, dado que según dicho precedente al encontrarse vencido el plazo para presentar declaración jurada de los tributos, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de las mencionadas percepciones.
Que atento que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referidos precedentemente (“FRISHER SRL (TF 16.236-A) c/DGA”, de fecha 14/8/13 y “CLADD ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN – DGA RESOL.
2590/06 - EXPTE. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas”, de fecha 26/11/19), que fijan los criterios interpretativos respecto de su aplicación, son de fecha posterior al dictado de la Resolución objeto de apelación (14/10/2011), y de la imposición del presente recurso (03/08/2012), corresponde la imposición de las costas por su orden.
XIV. Que, en virtud de lo expuesto, cabe reliquidar los tributos exigibles, modificando la exigencia tributaria surgida de las liquidaciones realizadas por el servicio aduanero a fs. 19 de las actuaciones administrativas, conforme se detalla a continuación:
XV. Que, en consecuencia, y conforme a lo expuesto cabe confirmar parcialmente el artículo 3° de la Resolución N° 7396/2011 (DE PRLA), dictada en las actuaciones SIGEA N° 12039-149-2004, por la cual se la intima, al pago de Pesos Quince mil ochocientos setenta y cuatro con 82/100.- ($ 15.874,82), en concepto de tributos, más los intereses previstos en el art. 794 del CA, respecto del DIT N° 00001IT14005709D.
XVI. Que corresponde señalar que la aseguradora responde únicamente hasta el límite del importe asegurado y respecto de los tributos alcanzados por la cobertura del seguro de caución constituido en garantía de la DIT en infracción, por lo que la aseguradora no puede volver contra sus propios actos.
Que el siniestro a que se refieren las pólizas, en el caso de autos, es la importación para consumo en forma irregular de la mercadería, y la Aduana en los términos del art. 4° de las condiciones generales puede exigir el pago de los tributos garantizados, dado que no está previsto en la misma el beneficio de excusión, ni la responsabilidad subsidiaria, sino que la aseguradora es deudora principal y solidaria con la importadoratomadora.
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente el artículo 3° de la Resolución N° 7396/2011 (DE PRLA), dictada en las actuaciones SIGEA N° 12039-149-2004, por la que se intima a la firma aseguradora AXA SEGUROS S.A., luego L´UNION DE PARIS COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., actualmente HDI SEGUROS S.A. al pago de los tributos correspondientes al total de la mercadería importada temporalmente mediante la DIT 00001IT14005709D, cuyo monto asciende a la suma de Pesos Quince mil ochocientos setenta y cuatro con 82/100.- ($ 15.874,82), más los intereses previstos en el art. 794 del CA. Con costas a la actora.
2. Revocar parcialmente la citada resolución en cuanto incluyó en la liquidación el derecho adicional previsto en el art. 23 del decreto 1439/96, así como el IVA adicional y la percepción del Impuesto a las Ganancias, con costas por su orden.
3. Declarar que la responsabilidad de la firma aseguradora se extiende hasta el límite del importe asegurado (USD 30.000,00) y comprende los derechos de importación, la tasa de estadística y el IVA de importación, con exclusión del derecho adicional del art. 23 del Decreto N° 1439/96, del IVA adicional y de la percepción del Impuesto a las Ganancias, más los intereses del art. 794 del CA calculados desde el 28 de octubre de 2001. El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Adhiero al voto precedente.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente el artículo 3° de la Resolución N° 7396/2011 (DE PRLA), dictada en las actuaciones SIGEA N° 12039-149-2004, por la que se intima a la firma aseguradora AXA SEGUROS S.A., luego L´UNION DE PARIS COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., actualmente HDI SEGUROS S.A. al pago de los tributos correspondientes al total de la mercadería importada temporalmente mediante la DIT 00001IT14005709D, cuyo monto asciende a la suma de Pesos Quince mil ochocientos setenta y cuatro con 82/100.- ($ 15.874,82), más los intereses previstos en el art. 794 del CA. Con costas a la actora.
2. Revocar parcialmente la citada resolución en cuanto incluyó en la liquidación el derecho adicional previsto en el art. 23 del decreto 1439/96, así como el IVA adicional y la percepción del Impuesto a las Ganancias, con costas por su orden.
3. Declarar que la responsabilidad de la firma aseguradora se extiende hasta el límite del importe asegurado (USD 30.000,00) y comprende los derechos de importación, la tasa de estadística y el IVA de importación, con exclusión del derecho adicional del art. 23 del Decreto N° 1439/96, del IVA adicional y de la percepción del Impuesto a las Ganancias, más los intereses del art. 794 del CA calculados desde el 28 de octubre de 2001.
Regístrese y notifíquese. Oportunamente, por Secretaría General de Asuntos aduaneros, remítanse en devolución a la DGA las actuaciones administrativas. Archívese.
Suscriben la presente los Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación (conf. art. 1162 del C.A. y art. 52 del Reglamento de Procedimientos del Tribunal Fiscal de la Nación).
Date: 2026.05.08 21:26:01 ART Date: 2026.05.11 13:12:56 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.05.11 13:14:32 -03:00
Fin de la sentencia