Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 11/2017, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Héctor Luis Castagnani, en las sumas de $160.615, por la representación procesal y $401.539 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido, la etapa procesal cumplida y las tareas desarrolladas, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-13227161-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 6 de Febrero de 2025 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N° 47.907 caratulado “Héctor Luis Castagnani s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. A fs. 67/68 obra la sentencia de esta Sala en la que –por mayoría- se tuvo por no presentado el recurso de apelación deducido por el Sr. Héctor Luis Castagnani contra la Resolución N° 11/2017 que determinó de oficio sus obligaciones en el impuesto a las ganancias de los periodos fiscales 2009 y 2010 e impuso una sanción por defraudación, con costas, y a fs. 96/97 obra la sentencia de la Cámara que revocó dicha decisión.
A tenor de lo allí decidido, corresponde pronunciarse en el recurso.
En su presentación ante este Tribunal, que obra a fs. 35/42, el Sr. Castagnani invoca:
- la prescripción de la acción y el finiquito del proceso, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 2562, inc. c) y 2537 del Código Civil;
- la nulidad de la Resolución, por no haberse sustanciado las pruebas que ofreciera en la instancia administrativa previa; y - la improcedencia de la sanción aplicada en dicho acto.
Ofrece prueba informativa a diferentes entidades, pericial contable y testimonial, y solicita que se declare la nulidad de las actuaciones y se revoque la Resolución, con costas.
II. A fs. 113/119 obra la contestación del recurso por parte de la representación fiscal. Allí, solicita que se rechacen los planteos de prescripción y de nulidad y que se confirme la sanción aplicada en la Resolución, también con costas. A fs. 141 se rechazan las pruebas ofrecidas por improcedentes y a fs. 172 se elevan las actuaciones a consideración de la Sala. A fs. 176 quedan en estado de dictarse la sentencia.
III. Corresponde expedirse en los planteos de prescripción y de nulidad.
En relación al primero de ellos, el Sr. Castagnani invoca la prescripción de dos años del art. 2562 del entonces vigente Código Civil, mas no es esa la normativa aplicable a la prescripción de las obligaciones fiscales. La prescripción de las obligaciones determinadas en la Resolución recurrida se rige por el Título VIII de la ley 11.683 en donde se reglan los plazos, la forma de cómputo y las causales de suspensión y de interrupción.
Así, el art. 56 de dicha norma dispone que el plazo de prescripción es de cinco años, por lo que en el caso el vencimiento del plazo del período fiscal 2009 venció 31 de diciembre de 2015 y el del 2010, el 31 de diciembre de 2016. Teniendo en cuenta que la Resolución recurrida fue dictada el 21 de febrero de 2017, debe analizarse a continuación si han sucedido en el curso de dicho plazo alguna causal de suspensión y/o interrupción.
Asiste razón a la representación fiscal cuando invoca la suspensión de un año del art. 17 de la ley 26.860 (BO 3.6.2013) y la incidencia en el plazo de la suspensión de 120 días dispuesta en el art. 65 (cont) de la ley 11.683 en virtud de haberse notificado la vista de los ajustes (art. 17, ley) el 14 de octubre de 2016. De ello se colige que las facultades para determinar de oficio e intimar el pago al Sr. Castagnani fueron ejercidas en término y, por ello, el planteo de prescripción debe ser rechazado.
En cuanto a la nulidad de la Resolución, que el Sr. Castagnani funda en que no se hizo lugar a las pruebas que ofreciera en sede administrativa, tampoco puede prosperar. Basta para ello leer sus Considerandos en los que se indican en forma minuciosa las razones tenidas en cuenta por el juez administrativo para adoptar dicha decisión.
Entre ellas, la reticencia del Sr. Castagnani a suministrar los elementos requeridos a la fiscalización en su totalidad, como sus registraciones y documentación de respaldo; por otro lado, el ofrecimiento de prueba consistente en actuaciones realizadas ante el organismo, que ya estaban en las actuaciones, precisamente.
Además, se rechazó la prueba pericial contable por dilatoria, también ante la falta de suministro de los elementos solicitados previamente por la fiscalización para confeccionar el ajuste, concretamente el detalle analítico de la composición de los montos de compras y gastos, imputables o no al costo, computado en sus declaraciones juradas. Destaca el juez administrativo, además, que el Sr. Castagnani no se agravió de los montos determinados, ni invocó error conceptual o numérico en los mismos, justificando así la innecesaridad de la prueba pericial contable ofrecida. Sostuvo también que para los ajustes se tuvo en cuenta la información de las declaraciones juradas presentadas por el propio Sr. Castagnani y sus registraciones contables y de ello también su calificación de dilatoria.
De esa manera, sin perjuicio de no compartir la decisión, no puede decirse que la misma adolezca de vicios ya que tiene la fundamentación que exige el art. 35 del dto. 1397/79, por lo que también debe rechazarse el planteo en este sentido. Dicho lo anterior, respecto de la legitimidad de los ajustes practicados en la Resolución, debe señalarse que en su presentación ante este Tribunal el Sr. Castagnani no ha formulado agravio alguno. En efecto, nada dice allí acerca de la naturaleza de la pretensión fiscal, ni de sus fundamentos, en la forma prevista en el segundo párrafo del art. 166 de la ley 11.683 y la regla impuesta por el art. 377 del CPCCN, sumado a que la Resolución se encuentra debida y suficientemente fundada, por lo que corresponde confirmar dicho acto en cuanto al capital y los intereses intimados, que se devengan en forma automática (art. 37, ley), con costas.
IV. El Sr. Castagnani sí formula agravios respecto de la sanción de defraudación aplicada en la Resolución. Sostiene que se trata de una sanción previa y anticipada, porque el expediente no se encuentra concluido; que condiciona el accionar de la Administración, y que el suscripto inicia su defensa ya castigado, sin que haya resolución administrativa y menos judicial revisora.
De nuevo el Sr. Castagnani desconoce el procedimiento reglado que se aplica en materia tributaria, en ese caso a las multas.
La sanción recurrida deviene del art. 46 de la ley 11.683 y para su imposición, no se encuentra en discusión, se siguió el procedimiento previsto en el art. 70 y ss de la misma ley. El ajuste que dio lugar a la misma se funda en haber presentado declaraciones juradas inexactas en el impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 2009 y 2010, pretensión fiscal que el Sr. Castagnani no refutó, configurándose el elemento objetivo del tipo del art. 46 de la ley 11.683 (t.v.).
En cuanto al subjetivo, el juez administrativo presumió el dolo en su conducta por aplicación del art. 47, inc. a) de la ley, en virtud de las diferencias encontradas entre sus registraciones y las declaraciones juradas y la grava incidencia que produjo esa actitud en la materia imponible debida, inconsistencias que, como ya se dijo, el Sr. Castagnani no explicó, ni aportó prueba idónea para refutarlas, ni tampoco para eliminar el dolo en su conducta.
Sus agravios son invocaciones genéricas sin realización concreta en los motivos que llevaron a la Administración a la impugnación de sus declaraciones juradas, por lo que en este aspecto sancionatorio la Resolución recurrida también debe ser confirmada, con costas.
El Dr. Martín y la Dra. Gómez dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
En atención al resultado de la votación que antecede,
1. Confirmar la Resolución N° 11/2017, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Héctor Luis Castagnani, en las sumas de $160.615, por la representación procesal y $401.539 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido, la etapa procesal cumplida y las tareas desarrolladas, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2025.02.06 13:36:59 -03:00 Date: 2025.02.06 13:44:18 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.02.06 13:59:36 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.06 13:59:37 -03:00
Fin de la sentencia