Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 35525-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión de fs. 372/376 en cuanto fue materia de agravios; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
2Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada a fs. 382/vta. por lo expuesto en el considerando 7º.
3Imponer astreintes al demandado de conformidad con lo previsto en el considerando 8º.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
41265/2023 “HENKEL ARGENTINA SA (TF 32665-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, noviembre de 2023.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 372/376, el Tribunal Fiscal de la Nación: (i) declaró la nulidad del auto de apertura del sumario que tramitó como actuación 12197-5908-2009; (ii) declaró prescriptas las acciones del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos con relación a la destinación suspensiva de importación temporaria 03 001 IT15 000377D; e (iii) impuso las costas al Fisco.
Para resolver como lo hizo, tuvo en cuenta que el vencimiento de la operación involucrada en el caso habría tenido lugar el 15/3/04 (de acuerdo con la constancia del sistema informático obrante a fs. 2 de la actuación administrativa), de manera que el plazo de prescripción de ambas acciones del Fisco habría comenzado a correr el 1/1/05 (arg. arts. 804 y 935, CA) y operado el 31/12/09, al no haber mediado ninguna causal suspensiva ni interruptiva.
En particular, indicó que el auto de apertura del sumario del 17/12/09 (fs. 11, act. adm.), resultó nulo y no tuvo virtualidad para interrumpir ni suspender la prescripción en curso (arg. arts. 805, inc. a, y 937, inc. a, CA), pues no contó con los elementos requeridos por el artículo 1094 del código de la materia.
Remarcó, en tal sentido, que la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería en supuesta infracción se produjeron el 7/7/14 (fs. 19, act. adm.); es decir que esos requisitos no se habían cumplimentado en el mismo auto de apertura sumarial.
También hizo alusión a que el auto se dictó sin haberse agregado la carpeta original del despacho de importación temporaria, y que en las etapas posteriores tampoco fue posible concretar su incorporación; esto así, a pesar de que el propio servicio aduanero lo había declarado “imprescindible para la sustanciaicón de la actuación” (fs. 17, act. adm). Citó jurisprudencia para sostener que, en esas condiciones, no era posible considerar que se hubiesen determinado los hechos constitutivos de la infracción, conforme con la exigencia del artículo 1094 del Código Aduanero. Por todo lo expuesto, concluyó que la apelada resolución DE PRLA 9305, del 16/12/14, fue dictada cuando ya había operado el plazo de prescripción.
2. Que, disconforme con lo decidido, el Fisco Nacional interpuso apelación a fs. 385/vta., que se concedió a fs. 387, se fundó a fs. 389/392 y fue replicada a fs. 395/397.
En sustancia, planteó que la declaración de nulidad del auto de apertura del sumario se basaba en una interpretación excesivamente rigorista del artículo 1094 del Código Aduanero, pues resultaba irrazonable pretender que el acto reuniese la 1 totalidad de los elementos estipulados por la norma. En especial, citó jurisprudencia para sostener que era innecesario que el DIT estuviese agregado a las actuaciones al momento de su dictado.
Agregó que, al no haber demostrado la actora un perjuicio concreto, era improcedente la declaración de nulidad. Además, refirió a la imposibilidad de su declaración en los términos del artículo 1050 del Código Aduanero.
Finalmente, argumentó que era supletoriamente aplicable lo dispuesto en el artículo 2550 del Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto autoriza a dispensar de la prescripción ya cumplida al titular de la acción “si dificultades de hecho o maniobras dolosas le obstaculizan temporalmente el ejercicio de la acción, y el titular hace valer sus derechos dentro de los seis mese siguientes a la cesación de los obstáculos”. Argumentó, en tal sentido, que se encontraba “abarrotado de tareas producto de la gran cantidad de denuncias por incumplimiento al art. 970 del CA”. Añadió que la actora había sido denunciada en reiteradas oportunidades y que era jurídicamente imposible que abandonase la acción, por ser una de las finalidades del organismo la recuadación de los tributos.
3. Que, por otra parte, a fs. 382/vta., se regularon los honorarios de la representación letrada de la empresa actora, bajo los términos de la ley 21.839. A fs. 403/vta., el letrado apeló las sumas reguladas a su favor por considerarlas bajas y, a fs. 408/vta., hizo lo propio la representación fiscal por considerarlas elevadas.
Ambos recursos se concedieron a fs. 414 y ninguna de las partes contestó los traslados conferidos.
4. Que, teniendo en cuenta las señaladas particularidades del trámite de la actuación 12197-5908-2009, que concluyó con el dictado de la resolución DE PRLA 9305, del 16/12/14, la cuestión planteada resulta análoga a la que resolvió este Tribunal, entre muchas otras, en la causa 38427/19 “Mercedes-Benz Argentina SA c/ DGA”, sentencia del 12/9/19 y sus citas; a cuyos fundamentos se remite por razones de brevedad.
A su vez, se remite a lo expuesto por esta Sala en la causa 30377/23 “MMA Manufactura de Motores Argentinos SRL (TF 35604-A) c/ DGA”, sentencia del 24/8/23, en cuanto convalidó que era indispensable contar con la documentación original de la destinación –o copias de aquélla– para poder tener por probados los hechos fundantes de la denuncia.
Todo ello basta para desestimar los agravios con lo que se pretende controvertir la nulidad del auto de apertura del sumario y consiguiente prescripción de las acciones del Fisco.
5. Que la pretensión de que se aplique el instituto de la dispensa de la prescripción no se introdujo en la oportunidad prevista en el artículo 1146 del Código CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 41265/2023 “HENKEL ARGENTINA SA (TF 32665-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Aduanero (v. fs. 40/44vta.) y, por lo tanto, no puede prosperar, al ser producto de una reflexión tardía.
Más allá de lo expuesto, no puede obviarse que el referido Código constituye un régimen especial en que se incluyen expresas previsiones concernientes a la prescripción de las acciones del Fisco para imponer penas por infracciones aduaneras y para percibir tributos, de manera que la solución a la cuestión propuesta debería buscarse, primero, en dicha fuente normativa. Únicamente en lo atinente a aspectos que no se encuentren regulados en sus previsiones específicas podría recurrirse a normas y principos propios de un régimen general. Sin embargo, en tanto aquí se discute la prescripción de acciones en el marco de un procedimiento infraccional, el régimen jurídico al que correspondería acudir –de manera supletoria y previa adaptación e integración con los principios que rigen la materia aduanera–, es el Código Penal de la Nación y no el que invoca el recurrente (arg. arts. 855 y 861, del CA; y doctr. Fallos: 332:1109; 329:1951, entre otros).
Por lo demás, el demandado tampoco habría argumentado con el rigor necesario la configuración de los requisitos para la dispensa, previstos en el artículo 2550 del Código Civil y Comercial de la Nación; todo lo cual conduce a la desestimación de este planteo.
6. Que, por las consideraciones precedentes, se rechaza la apelación del Fisco Nacional y se confirma la decisión de fs. 372/376; con costas, al no advertirse motivos que justifiquen apartarse del principio general de la derrota(art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
7. Que, en atención a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación –por mayoría– en las causas “Establecimiento Las Marías” y “All, Jorge Emilio” (Fallos: 341:1063 y 345:220, respectivamente) –criterio que fue adoptado por esta sala en los autos “Empresa Nacional de Telecomunicaciones (en Liquidación) c/ Telefónica de Argentina SA s/Contrato Administrativo”, resol. del 22/03/22–, y ponderando que la tarea realizada en la tercera etapa fue realizada bajo la vigencia de la ley 27.423 (v. 359/361vta.), déjese sin efecto la regulación de honorarios practicada a fs. 38/vta., toda vez que el Tribunal Fiscal de la Nación aplicó la ley 21.839 para cuantificar los emolumentos correspondientes a todas las etapas cumplidas ante esa instancia.
Por consiguiente, a fin de salvaguardar el derecho de defensa de las partes, corresponde devolver las actuaciones al tribunal de origen para que practique una nueva regulación de honorarios, de conformidad con las pautas que emanan de la presente.
3 8º) Que, en atención a la intimación cursada en el punto V del proveído del 28/9/23, notificado al demandado el 29/9/23, sin que aquél cumpliese con la obligación de liquidar la suma abonada en concepto de tasa de justicia, aplíquense astreintes de $100 diarios a partir del quinto día de notificada la presente, hasta tanto se proporcionen los elementos necesarios para la determinación del tributo.
Sin perjuicio de lo expuesto, y por considerar que se encuentra configurado el supuesto previsto en el punto 10, in fine, de la acordada CSJN 20/92, corresponde remitir los autos al Representante del Fisco para que determine el monto exigible.
Por lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión de fs. 372/376 en cuanto fue materia de agravios; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
2. Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada a fs. 382/vta. por lo expuesto en el considerando 7º.
3. Imponer astreintes al demandado de conformidad con lo previsto en el considerando 8º.
El juez de cámara Rogelio W. Vincenti no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN).
Regístrese, notifíquese y pasen los autos al Representante del Fisco a los fines indicados en el considerando 8º.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia