Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 38298-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional – Dirección General de Aduanas– y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios; con costas de alzada a la parte demandada vencida (artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal).
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
CAUSA Nº 49255/2025 “HENKEL ARGENTINA SA (TF 38298-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de marzo de 2026. NAI Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sumario de los hechos del caso La firma Henkel Argentina SA (ex National Starch & Chemical SA)
realizó la importación de mercadería. La Dirección General de Aduanas al detectar presuntas irregularidades ordenó la instrucción de un sumario administrativo que finalizó con el dictado de la resolución por medio de la cual se condenó a Henkel Argentina SA al pago de una multa en relación con la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero, y se formuló cargo a la mencionada en concepto de tributos adeudados, IVA adicional y ganancias. Ante dicha situación, la empresa Henkel Argentina SA interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, el que declaró la nulidad del auto de apertura del sumario y la prescripción de la acción de la Dirección General de Aduana para percibir tributos y reclamar multa.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal En este entendimiento, la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, mediante sentencia del 30/6/2025, obrante a fs. 175/177 del expediente en soporte papel, resolvió declarar la nulidad del auto de apertura de sumario, y en consecuencia, declaró la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos y para reclamar multa en las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12197-5970-2009. Asimismo, impuso las costas al fisco.
Para decidir de ese modo, luego de efectuar una reseña de lo actuado en sede administrativa, señaló que de las actuaciones administrativas surgía que la instrucción del sumario, que se había realizado el 20/11/2009, no había cumplido con la totalidad de los requisitos exigidos en el artículo 1094 del Código Aduanero, en tanto al momento de su apertura, la Dirección General de Aduana no contaba con la carpeta original de la DIT Nº 03 001 IT14 001423 S, que constituía la causa y antecedente del procedimiento infraccional.
En este sentido, puntualizó que la falta de agregación de la carpeta original de la DIT Nº 03 001 IT14 001423 S por parte del servicio aduanero impedía verificar la fecha de su oficialización, corroborar su vencimiento, determinar si se había concedido o no prórroga a los fines de la regularización del régimen, y si la aquí actora había importado temporariamente la mercadería al amparo del Decreto Nº 1439/96.
Asimismo, indicó que el deber de guarda de la documentación le compete al servicio aduanero, y que resultaba imprescindible agregar la carpeta del DIT en original, en tanto dicho documento resultaba ser requisito indispensable para formular la denuncia y sobre el que se daban las condiciones para el inicio de la normal tramitación de las instrucciones sumariales, la imputación de la infracción y, por último, la condena.
En esta línea, destacó que la falta del original de la DIT no permitía determinar: (i) si se había tratado de mercadería de importación prohibida o no; (ii) si al momento de su ingreso, el verificador había observado la posición arancelaria; y (iii) datos que no surgían de la impresión de pantalla, así como tampoco otros elementos como por ejemplo un posible pedido de prórroga, si se había importado al amparo del Decreto Nº 1439/96, etc.
En concordancia, consideró que los antecedentes con los que contaba la aduana en el expediente N° 12197-5970-2009 no podían servir de causa al auto que dispuso la apertura del sumario en los términos del artículo 1090, inciso c), del Código Aduanero. Por lo tanto, concluyó que al no contarse con la carpeta de la destinación original al momento de la apertura de sumario, no existía para el servicio aduanero causa alguna que justificara razonablemente su decisión de aperturar el sumario.
Así las cosas, determinó que el acto de apertura de sumario resultaba nulo, de nulidad absoluta, en tanto el mismo es violatorio de la ley y está viciada tanto la causa, como los principios del debido proceso y del derecho de defensa.
A continuación, respecto del plazo de prescripción, indicó que, conforme lo dispuesto en los artículos 803 y 804 del Código Aduanero, el mismo es de 5 años. En concordancia, expresó que el plazo de prescripción había comenzado a correr el 1/1/2005 (debido a que el hecho gravado había tenido lugar el 1/3/2024), y que –de no mediar causales suspensivas e interruptivas–, la prescripción operaba el 1/1/2010.
En este orden de ideas, manifestó que respecto de la firma Henkel Argentina SA, al ser nulo el auto de apertura del sumario del 20/11/2009, el mismo no había podido suspender la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos, como tampoco para reclamar multa, en el trámite del procedimiento infraccional iniciado en las actuaciones SIGEA Nº 12197-5970-2009, en los términos del artículo 805, inciso a), del Código Aduanero.
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Por último, concluyó que debido a la forma en que se resolvía, resultaba inoficiosa la consideración del resto de las cuestiones planteadas por la firma apelante.
III. Agravios del fisco nacional Contra aquel pronunciamiento, el fisco nacional interpuso recurso de apelación el 26/8/2025 –confr. fs. 182– y expresó agravios el 14/9/2025 –confr. fs. 184/191–, los que fueron contestados por la parte actora el 16/10/2025 –confr. fs. 194/197–.
En primer lugar, se agravia que el Tribunal Fiscal de la Nación decretó la prescripción de la acción del fisco para exigir el pago de los tributos adeudados, sustentado en una errónea exégesis de la legislación y de la jurisprudencia aplicables, violentando los principios de convalidación y validez del acto administrativo.
Seguidamente, aduce que la firma actora no peticionó la nulidad de lo actuado en sede administrativa, circunstancia que considera que invalida el pedido actual.
Por otro lado, alega que el Tribunal Fiscal no valoró correctamente las pruebas aportadas, y que incurrió en arbitrariedad en la apreciación de los hechos y de la prueba.
Ello así, sostiene que en la sentencia recurrida se desconoció el principio de legalidad, en tanto considera que se desconoció o no se interpretaron correctamente las pautas que surgen de la normativa específica aplicable al caso.
IV. Alcances del pronunciamiento De manera preliminar, es necesario advertir que esta Sala no se encuentra obligada a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (confr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III-11) c/ BCRA- Comunicación ‘A’ 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/2011, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018; “Carraro Argentina SA c/ EN-AFIP-DGA-SIGEA 12210- 4661- 2012 RESOL 9384/18 s/ Direccion General de Aduanas”, Causa Nº 23.858/2023, del 25/4/2024, entre otros).
V. Delimitación de la cuestión a resolver y circunstancias de hecho relevantes para la resolución del caso De manera preliminar, corresponde señalar que, la materia sobre la cual debe expedirse esta alzada –según la lectura de las piezas que conforman esta litis– se circunscribe a: (i) la solicitud de nulidad de lo actuado en sede administrativa y el principio de congruencia y; (ii) la arbitrariedad de la sentencia recurrida en la apreciación de los hechos y de la prueba.
A tal fin, y con el propósito de lograr una mejor comprensión de la problemática involucrada en autos, conviene reseñar las circunstancias fácticas del caso según surge de las pruebas que se tienen a la vista. De este modo, de las constancias obrantes en las Actuación SIGEA Nº 12197-5970-2009 surge lo siguiente:
(i) El 15/9/2009 se labró el Acta de Denuncia por infracción prima facie tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero para la destinación 03001IT14001423S (confr. fs. 1), (ii) El 15/9/2009 por Nota Nº 6010/2009 (SE PRTE) se formuló denuncia por la infracción prima facie tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero para la destinación 03001IT14001423S. Asimismo, en dicha oportunidad se dejó asentado que no se adjuntó la carpeta original por no encontrarse la misma en el área, y que con el fin de no dilatar más el trámite correspondiente, se adjuntaron los prints del Sistema Oficial María (confr. fs. 9).
(iii) El 20/11/2009 el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros dio inicio a la instrucción del sumario en los términos del artículo 1090 inciso c) del Código Aduanero (confr. fs. 10).
(iv) Mediante Nota Nº 84/2010 (SE PRTE), del 5/1/2010, la División Registro de Importación informó que habiéndose efectuado una nueva y exhaustiva búsqueda de la destinación denunciada en el expediente administrativo, la misma no había podido ser localizada (confr. fs. 11).
(v) A fs. 19/20 se liquidan los tributos y se determina la multa.
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(vi) El 16/4/2014 el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros ordenó correr vista a la firma actora para que en el plazo de 10 días comparezca a estar a derecho, impetre su defensa y ofrezca todas las pruebas de que intente valerse (confr. fs. 21).
(vii) El 3/6/2014 la firma Henkel Argentina SA contestó la vista y planteó la nulidad de la apertura de sumario y de todo lo actuado, y solicitó se declare la prescripción del fisco para imponer la multa reclamada y para percibir los tributos supuestamente debidos (confr. fs. 32/37).
(viii) El 17/11/2014, mediante Resolución DE PRLA Bº 7895, el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros resolvió condenar a la firma National Starch y Chemical SA (actualmente Henkel Argentina SA) al pago de una multa igual a una vez el importe de los tributos, en relación a la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero. A su vez, formuló cargo por el monto de la multa y por los tributos adeudados (confr. fs. 53/55).
VI. La solicitud de nulidad de lo actuado en sede administrativa y el principio de congruencia A los fines de examinar la primera de las cuestiones planteadas, cabe destacar que, de acuerdo con la Corte Suprema, el principio de congruencia exige la existencia de conformidad entre la sentencia y las pretensiones y defensas deducidas por las partes en juicio; en otras palabras, debe mediar correspondencia entre, por un lado, el contenido de las pretensiones y oposiciones de las partes, y la respuesta que surge del órgano jurisdiccional en su pronunciamiento, por el otro (Fallos: 336:2429). Tal es la trascendencia de este principio que la Corte federal le ha reconocido carácter constitucional (CSJN, Fallos: 229:953; 230:478; 248:549; 302:263; 313:528, 983; 319:2933; 325:603; 330:4015; 341:1091; 342:1580; 343:1657; 344:1857), como expresión de los derechos de defensa en juicio y de propiedad, integrando el sistema de garantías constitucionales del proceso que se encuentra orientado a proteger los derechos y no a perjudicarlos (CSJN, Fallos: 315:106; 317:1333; 321:469; 329:5903; 338:552).
Así, pues, para verificar si el Tribunal Fiscal dictó la sentencia recurrida en contravención con tales exigencias, resulta menester identificar los términos en que quedó trabada la contienda y, en particular, atento lo expresado por el fisco nacional en su presentación ante esta alzada, las pretensiones articuladas por la parte actora en oportunidad de interponer el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal; para luego contrastarlas con el contenido del pronunciamiento apelado y comprobar —de esta manera— la exigida correspondencia con la pretensión articulada por la parte actora (confr. esta Sala, in re: “UV - VIS Metrolab SA c/ EN - DGA - Reso 710 s/ Dirección General de Aduanas”, Causa Nº 62831/2022, del 3/2/2026).
Concretamente, la firma Henkel Argentina SA interpuso recurso de apelación en los términos del artículo 1132 y siguientes del Código Aduanero (confr. fs. 27/40). En dicha oportunidad planteó la nulidad absoluta de todo lo actuado y de la Resolución DE PRLA Nº 7895/4, dictada por el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, Secretaría de Actuación Nº 1, del 17/11/2014, en el expediente SIGEA Nº 12197-5957-2009. También, en dicha ocasión, entre otras cuestiones, la aquí actora planteó la nulidad absoluta y la prescripción de la acción del fisco, lo cual solicitó que fuera tratado como de previo y especial pronunciamiento.
Por su parte, el Tribunal Fiscal declaró la nulidad del auto de apertura de sumario y, en consecuencia, la prescripción de la acción aduanera para percibir tributos así como para reclamar multa. A tal fin, señaló que el acto de apertura de sumario es nulo, ya que se encuentra viciada la causa, los principios del debido proceso y el derecho de defensa, y que el mismo no pudo suspender la prescripción de la acción del Fisco Nacional.
En virtud de lo expuesto, toda vez que la firma actora ha introducido oportunamente el planteo de la nulidad de todo lo actuado en sede administrativa y de la prescripción de la potestad de la Aduana para perseguir el cobro de la multa y de los tributos reclamados, de conformidad con las facultades que emanan del principio iura novit curia, no se advierte que el Tribunal Fiscal, al admitir el planteo en la forma en que lo hizo en el pronunciamiento apelado, hubiera vulnerado el principio de congruencia.
Por lo tanto, corresponde rechazar los agravios deducidos al respecto por la parte demandada.
VII. Arbitrariedad de la sentencia recurrida en la apreciación de los hechos y de la prueba Así las cosas, corresponde expedirse respecto del agravio relativo a la arbitrariedad en la apreciación de los hechos y las pruebas.
VII.1. En primer lugar, cabe rememorar que el recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la Ley Nº 11.683 (t.v.) otorga carácter limitado a la revisión de este Tribunal de Alzada, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (confr. Fallos: 300:985).
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En esta línea, teniendo en vista el contenido de los agravios reseñados, cabe advertir que el análisis de las cuestiones planteadas exige la revisión de cuestiones de hecho y prueba ajenos, por regla general, a la jurisdicción de esta Cámara, debido a lo previsto en el artículo recientemente citado.
En tal orden, por principio, cabe estar a las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre los hechos probados (confr. esta Sala, in re: “Adicción al Deporte SA”, Causa Nº 72746/2017, del 15/11/2018; y esta Cámara, Sala I, in re: “Merlino Automotores S.A.” del 12/3/2009; Sala II, in re: “Frigorífico Marejada S.A.” del 29/12/2009; Sala IV, in re: “Agropecuaria Laishi S.A.”, del 15/4/2010; y Sala V, in re: “Del Buono, Jorge Luis”, del 15/3/2007; entre otros). Ahora bien, es importante destacar que este principio cede no sólo cuando se haya omitido sustanciar o incorporar al proceso determinados hechos o material probatorio conducente para resolver la cuestión en debate, sino también ante supuestos de arbitrariedad en la apreciación de aquéllos. Por ello, se ha dicho que el recurso impetrado no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y sobre la conclusión a la que dicho órgano jurisdiccional hubiera arribado al ponderarla, salvo supuestos de error manifiesto (confr. esta Sala, in re: “Emerson Argentina SA (TF 35507-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 1455/2025, del 14/10/2025; y esta Cámara, Sala II, in re: “Caterina Consignatarios S.R.L. c/ DGI s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 74722/2018, del 18/7/2019, y Sala V, in re: “Sullair Argentina S.A. (TF 24732-I) c/ DGI”, Causa Nº 35.379/10, del 21/3/2011). En definitiva, si el apelante pretende la revisión de cuestiones de hecho y prueba de la sentencia del Tribunal Fiscal, constituye un requisito de procedencia que el recurrente demuestre, preliminarmente, que la valoración efectuada por el mismo fue arbitraria.
VII.2. En este orden de ideas, cabe mencionar que, conforme surge del análisis efectuado en el considerando V, de la compulsa del expediente administrativo SIGEA Nº 12197-5970-2009 surge que en la Nota Nº 6010/2009 (SE PRTE), del 15/9/2009, en la que se formuló la denuncia por la infracción prima facie tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero para la destinación 03001IT14001423S, se dejó asentado que no se había adjuntado la carpeta original por no encontrarse la misma en el área, y que con el fin de no dilatar más el trámite correspondiente, se habían adjuntado los prints del Sistema Oficial María. Asimismo, por Nota Nº 84/2010 (SE PRTE), del 5/1/2010, la División Registro de Importación de la Dirección General de Aduana, señaló que “…habiéndose efectuado una nueva y exhaustiva búsqueda de la destinación en autos, la misma no pudo ser localizada. De todas formas se entiende que de los elementos elevados a juicio se pueden sustanciar adecuadamente con las impresiones SIM de las pantallas del despacho de Importación Temporal que se acompaña a los presentes actuados, ello en concordancia con el Dictamen Nº 1397/07 (DVDSAD) dictada por el Servicio Jurídico, sin perjuicio de la posterior agregación de la carpeta original de la cual se prosigue la búsqueda”.
En virtud de lo expuesto, se observa que la imputación enderezada contra la firma actora por la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, la consiguiente exigencia tributaria, así como la resolución de condena fueron concretadas prescindiendo de agregar al expediente administrativo la carpeta original del DIT Nº 03 001 IT14 0001423-S siendo dicho documento de carácter esencial para sustentar la imputación y respaldar una condena por considerar tipificada una infracción aduanera.
En efecto, resulta oportuno recordar que el artículo 1094 del Código Aduanero establece que “el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”. Así las cosas, la omisión de agregar la destinación aduanera original impide verificar la fecha de oficialización de la importación temporaria, su vencimiento, examinar si el plazo de permanencia ha sido prorrogado, si la mercadería amparada es permitida o no para su nacionalización, si hubo intervención de verificador, entre otras cuestiones, lo que determina la nulidad del auto de apertura del sumario por falta de antecedentes o causa (confr. esta Sala, in rebus: “Ferrero Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 32928/119; “Sancor Cooperativa de Seguros Limitada (TF 40026-A) c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 3063/2020, del 17/3/ 2021; y esta Cámara, Sala II, in re: “Ferrero Argentina S.A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 74812/17, del 28/12/2017; Sala IV, in re:
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“MMA Manufactura de Motores Argentinos SRL (TF 35604-A) c/ DGA”, Causa Nº 30377/23, del 24/8/2023; y Sala V, in re: “Zurich Argentina SA Compañia de Seguros (TF 16927933-A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 17980/2024, del 13/5/2025).
En efecto, las impresiones de pantalla que encabezan las actuaciones administrativas impiden –como bien lo señaló el Tribunal Fiscal– la efectiva constatación de la imputación endilgada e imposibilitan el análisis de los fundamentos y los hechos por la que se sustanció la denuncia, así como de la descarga denunciada por el importador (en similar sentido, esta Sala, in re: “Emerson Argentina SA”, ya citado).
A la luz de estas consideraciones, resulta claro que el acto de apertura de sumario no solo no cumplió con los elementos normativos requeridos, afectando sustancialmente, de ese modo, el derecho de defensa, sino que tampoco tuvo la habilidad de generar efectos suspensivos respecto del plazo quinquenal de la prescripción del Fisco para percibir tributos regidos por la legislación aduanera (artículo 803 del Código Aduanero), hasta que se dictó la resolución condenatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 805 inciso a) del Código Aduanero. Al respecto, cabe puntualizar que el artículo mencionado establece que: “La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se suspende en los siguientes supuestos: a) desde la apertura del sumario, en la causa que investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayera decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión”. En consecuencia, y teniendo en cuenta que la acción del Fisco para imponer Tributos se encuentra vencida, en tanto el plazo de prescripción comenzó a correr el 1/1/2005 y venció el 31/12/2009, corresponde rechazar los agravios deducidos por la parte demandada y confirmar la sentencia del Tribunal Fiscal, en tanto declaró la nulidad del auto de apertura de sumario y la prescripción de la acción aduanera para percibir tributos así como para reclamar multa.
VIII. Costas En lo que respecta a la distribución de costas, en atención al resultado del recurso y a la forma en que se resuelve, corresponde imponer las costas de alzada a la parte demandada vencida en autos (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).
Por ello, en mérito de lo precedentemente expuesto, SE RESUELVE: rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional – Dirección General de Aduanas– y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios; con costas de alzada a la parte demandada vencida (artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal).
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia