Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 35644-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaA) admitir el recurso incoado, modificar el pronunciamiento apelado y confirmar las sanciones aplicadas por las resoluciones 133/11 y 134/11, con costas a la vencida en ambas instancias (arts. 68, primera parte y 279 del CPCCN); y b) tener por oblada la tasa de justicia a cargo de la demandada (conf. comprobante de pago y liquidación incorporadas el 4/03/24 y el 6/03/24, respectivamente).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
1154/2024 HENSEL NELIDA LUCIA JOSEFINA (TF 35644-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, abril de 2024.
Estos autos caratulados “Hensel Nélida Josefina (TF 35644-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”; y
1. Que, a fs. 268/272vta., el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó -con costas- las resoluciones 133/11 y 134/11, dictadas por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Palermo de la AFIP-DGI, mediante las cuales se determinó de oficio la obligación tributaria de la actora en el Impuesto a las Ganancias (ejercicios 2004 a 2007) y en el Impuesto al Valor Agregado (períodos 12/04 a 4/05; 6/05; 8/05 a 9/06 y 5/07), con más intereses resarcitorios. Por otra parte, recalificó las multas USO OFICIAL impuestas en los términos del art. 46 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificatorias) en el mínimo legal de la figura infraccional prevista en el art. 45 de la ley de rito y distribuyó las costas en el orden causado.
Para así decidir, y en lo que aquí interesa, sostuvo que:
a) El juez administrativo había calificado la conducta de la actora como “evasión dolosa” por cuanto aquella “había omitido intencionalmente presentar las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias por los períodos fiscales 2004 a 2007 haciendo mérito del art. 47, inciso c)” sin agregar ningún otro fundamento (fs. 272);
b) Los argumentos reseñados en el acto de condena son insuficientes para tener por encuadrada la conducta en la figura del art. 46 de la ley 11.683. En ese sentido, aseveró que la subsunción de la conducta de la actora en los presupuestos de hecho de la norma involucrada impide presumir el dolo “con lo cual la inversión de la carga de la prueba no llegó a operar” (fs. 272);
c) La idoneidad del ardid o de la maniobra desplegada por el sujeto activo con el deliberado objeto de ocultar su incursión en la hipótesis de incidencia o la existencia de una concreta capacidad contributiva e inducir al fisco a error, comporta un elemento indispensable para la configuración del tipo infraccional defraudatorio; y d) La actora había omitido declarar el impuesto en su justa medida y no se había comprobado una situación que permitiese tener por configurado un error excusable por lo que correspondía aplicar el tipo culposo del art. 45 de la ley de rito, en su mínimo legal, atento a la falta de antecedentes sumariales y a la “ausencia de una justificación concreta y explícita por parte del Juez Administrativo” (fs. 272).
2. Que, a fs. 278 y 282/285 la representación fiscal dedujo y fundó su recurso de apelación ante esta Cámara, que no fue contestado por su contraria. Se agravia del reencuadre de las multas efectuado por el a quo en tanto “el actor ocultó sus ingresos gravados mediante su inscripción en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes (`monotributo`), cuando de conformidad con dichos ingresos le correspondía tributar por el régimen general, ocultando así su real situación fiscal” (fs. 283vta.). Alega que la contribuyente tenía una capacidad contributiva sujeta al régimen general “y, no obstante tener conocimiento de esa circunstancia, omitió cumplir con las correspondientes obligaciones sustanciales mediante su categorización en el monotributo, consciente de su incorrección y falsedad” (fs. 283vta.). De este modo, arguye que la inscripción en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes constituye el ardid o la maniobra desplegada por actora con el objeto de ocultar la existencia de su capacidad contributiva e inducir a error al fisco; máxime cuando la Sra. Hensel no produjo la prueba admitida para acreditar la ausencia de dolo.
También se agravia de la reducción del quantum al mínimo legal en tanto entiende que el a quo omitió considerar como agravantes “la gravedad de los hechos y la peligrosidad fiscal evidenciada”. Sostiene que el juez administrativo graduó las sanciones aplicadas en función al tenor y a la gravedad de la maniobra detectada, esto es, el ocultamiento deliberado “bajo la figura del Monotributo, durante cuatro (4) años (2004 a 2007)” (fs. 284vta).
3. Que, según surge de los actos sancionatorios, la conducta de la actora fue encuadrada en el marco de los artículos 46 y 47, inciso c, de la ley 11.683 (fs. 8 y 130). A tal fin, la AFIP precisó que “la conducta verificada reviste la característica ardidosa prevista en el artículo 46 de la Ley de rito, atento a que la rubrada omitió intencionalmente presentar las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2004 a 2007, provenientes de su actividad como productora de seguros en los años 2004 a 2007, comprobándose una manifiesta disconformidad con la normativa vigente, habida cuenta que claramente no le correspondía estar inscripta en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), y dado que tampoco ha aportado pruebas que ameriten la marginación de dichos ingresos del tributo de marras, lo que deja entrever una actitud por parte de la responsable tendiente a evadir el pago del tributo de marras, dejando de ingresar el gravamen pertinente” (fs. 10).
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En lo que refiere al Impuesto al Valor Agregado, la resolución 134/11 estableció que el comportamiento ardidoso sancionado por el art. 46 de la ley 11.683 se configuró a partir de la omisión (intencional) de presentar las declaraciones juradas del gravamen, dejando de ingresar el tributo pertinente. En esa misma línea, consignó que la actora había “omitido declarar dolosamente montos considerables de débito fiscal, provenientes de su actividad como productora de seguros en los años 2004 a 2007” y describió el comportamiento reprochado en los mismos términos que la resolución 133/11 supra referenciada (fs. 132).
4. Que, la configuración del ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley 11.683 requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de los siguientes tres elementos: a- la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b- un error de la víctima del ilícito; y c- la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito.
Por lo tanto, la figura tipificada en el artículo 46 de la ley 11.683 exige para su configuración el elemento intención, según resulta de las expresiones “declaraciones engañosas” u “ocultación maliciosa”, utilizadas para su descripción. De allí que resulta necesaria la prueba de aquel elemento subjetivo, carga ésta que incumbe al Fisco. Ese elemento intencional se debe exteriorizar en una acción antijurídica por USO OFICIAL comisión o por omisión y necesariamente se debe acompañar con un elemento material que se traduce en engaño. En el caso de autos, se detectó que la actora omitió declarar la realidad de sus ingresos derivados del ejercicio de su actividad durante los períodos 2004 a 2007 (conf. esta Sala, in re “Jiménez Herrero, Francisco Rafel c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 5/03/20). Al respecto es dable precisar que la Sra. Hensel no acreditó la (alegada)
falta de titularidad de los importes por ella facturados que, además, superaban de modo considerable los límites establecidos para las categorías del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes en las que se había inscripto y conforme la cual declaró su situación fiscal durante cuatro años consecutivos (conf. informe final de inspección obrante a fs. 308/313, cuerpo actuaciones II).
En ocasión de analizar una situación análoga a la aquí expuesto, la Sala I de este fuero advirtió que “el actor ocultó bienes e ingresos gravados por medio de su inscripción en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, cuando de conformidad con su situación patrimonial le correspondía tributar por el régimen general, ocultando su real situación fiscal. Es posible advertir la grave incidencia en la materia imponible exigida para activar la presunción aplicada por el Fisco Nacional dado que, a partir del flujo de ingresos y egresos comprobados, el contribuyente revelaba una capacidad contributiva sujeta al régimen general y, no obstante tener conocimiento de esa circunstancia, omitió cumplir con las correspondientes obligaciones sustanciales mediante su categorización en el monotributo, consciente de su incorrección y falsedad” [conf. “Holjevac, Federico Lionel (TF 36844-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 27/04/21]. Por lo demás, cabe precisar que, de acuerdo a la reseña efectuada en el considerando 3º supra y teniendo en cuenta el fundamento de los actos sancionatorios aquí involucrados, resulta claro que la calificación de la conducta de la actora como “dolosa” no se fundó -exclusivamente- en la falta de presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado, tal como indicó el a quo.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: a) admitir el recurso incoado, modificar el pronunciamiento apelado y confirmar las sanciones aplicadas por las resoluciones 133/11 y 134/11, con costas a la vencida en ambas instancias (arts. 68, primera parte y 279 del CPCCN); y b) tener por oblada la tasa de justicia a cargo de la demandada (conf. comprobante de pago y liquidación incorporadas el 4/03/24 y el 6/03/24, respectivamente).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia