Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa H-2101/16-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por el demandado a fs. 63/78.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: H-2101/16-TSJ Interlocutorio N°: 393.-
Actor: HEREDEROS DE FREILE SABINO Demandada: SEQUEIROS HÉCTOR F. RESOLUCIÓN DE BOLETO DE COMPRAVENTA -INCIDENTE DE NULIDAD Objeto S/ RECURSO DE QUEJA -PARTE DEMANDADA Texto: TOMO VIII -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 393 FOLIO Nº 1486/1490 PROT. ELECT. TSS1 008 O.171
Río Gallegos, 10 de julio de 2017.-
Los presentes autos caratulados: “HEREDEROS DE FREILE SABINO C/ SEQUEIROS HÉCTOR F. S/ RESOLUCIÓN DE BOLETO DE COMPRAVENTA -INCIDENTE DE NULIDAD- S/ RECURSO DE QUEJA -PARTE DEMANDADA-”, Expte. Nº H-2.101/16-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso extraordinario federal articulado por la demandada, a fs. 63/78, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra el interlocutorio dictado por este Alto Cuerpo a fs. 47/49, por cuanto rechaza el recurso de queja articulado por resultar formalmente inadmisible.-
El demandado suscita la instancia extraordinaria federal alegando arbitrariedad (conf. foja 65 vta.). Manifiesta que la resolución interlocutoria atacada pone fin al proceso incidental de nulidad de notificación de la demanda; y le ocasiona un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior ya que lo obliga a enfrentarse a un proceso donde se tuvo por contestada la demanda por el Defensor Oficial, que “...no negó los hechos, el derecho ni las pruebas ofrecidas por la contraparte, y se la ha privado de la oportunidad de ofrecer prueba.” (cfr. foja 67 vta.).- Expresa que la notificación de la demanda fue nula de nulidad absoluta e insanable (conf. foja 68).-
Agrega que no fue notificada personalmente o por cédula de la integración del Tribunal Superior de Justicia a los efectos de resolver su recurso de queja, lo que contrariaría el artículo 27 de la Ley Nº 1.600. Sobre esta cuestión, sosteniendo que lo dicho vulnera flagrantemente el derecho de defensa y la garantía del juez natural pues el régimen de subrogación quedó librada al arbitrio de la autoridad de turno (conf. fs. 68 vta./69).-
Asimismo agrega que la resolución interlocutoria que rechaza el recurso de queja es contradictoria pues, por un lado, afirmaría que se ha omitido acompañar copia de la sentencia recurrida mediante casación y de la resolución que declara inadmisible tal recurso; y, por otro lado, asevera que dichas copias se encuentran acompañadas a fs. 5/12 y 27/28 de los presentes actuados (conf. foja 69 y vta.).-
Aduce que su parte sí acompañó copia auténtica de las resoluciones de marras, sólo que no eran facsimilares con firma ológrafa de los miembros de la Cámara (conf. foja 72 vta.). Sobre esta cuestión, plantea que este Alto Tribunal podría haber requerido al Juzgado los autos principales y corroborar la autenticidad de la documental acompañada (conf. foja 73). Cita en su respaldo lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en varios fallos (conf. foja 74 y vta.).- Afirma que la resolución atacada vulnera garantías constitucionales, como la defensa en juicio y debido proceso, conforme lo estatuido en el artículo 18 y concs. de la Constitución Nacional; artículos 8, 9, 10, 11 y cctes. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículos 2.3, 14.1, 14.3 y concs. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo XVIII y concs. de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y artículos 8.2, 8.3, 8.5, 25 y concs. de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (conf. foja 75 vta.).- Que a foja 79 se ordena correr vista al Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal, quien dictaminó a fs. 80/81. Allí expresa - sobre la base de los argumentos que esgrime y a los cuales nos remitimos brevitatis causae - que debe declararse inadmisible el recurso impetrado.-
Que a foja 82 pasan los presentes autos al Acuerdo.-
II. Que analizando la presentación del demandado y tal como lo disponen los artículos 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; 14 y 15 de la Ley Nº 48; y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 4/2007 (integrada por la Acordada Nº 3/2012), Nº 31/2011 y Nº 38/2011 corresponde que este Tribunal verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado.-
En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que el recaudo exigido por el citado artículo 257 del CPC y C, se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término se observa que el recurrente dio íntegro cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011 al presentar el recurso deducido en formato de hoja A 4.-
Ahora bien, continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia corresponde analizar el recurso deducido a la luz de lo dispuesto en la Acordada Nº 4/2007 teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d) del artículo 2º, por su similar Nº 3/12 y el punto 2° de la Acordada 31/2011, que regula los requisitos que debe cumplir el escrito de interposición de un recurso extraordinario federal.-
En dicha tarea se evidencia que se han cumplimentado los requisitos del artículo 1º, y parcialmente los requisitos del artículo 2º de las reglas para la interposición del recurso extraordinario federal. En efecto, la presentación no supera las cuarenta (40) páginas de veintiséis (26) renglones cada una y ha sido escrita con letra claramente legible (conf. artículo 1º del Reglamento).-
Cuenta con una carátula en hoja aparte, que cumple parcialmente las exigencias establecidas en el artículo 2º, incumpliendo el inciso d) al no consignar el código de usuario del Sistema de Notificaciones por Medios Electrónicos (SNE) otorgada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y el inciso j) al no citar las normas legales que confieren jurisdicción a la Corte (conf. foja 63 y vta.).-
No obstante, dichos incumplimientos, valorados aisladamente, no serán tenidos como un impedimento que obstaculice la eventual admisión del recurso intentado a los fines de evitar un excesivo rigorismo formal (Fallos: 334:196).-
Por otra parte, y analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida, no tiene el carácter de sentencia definitiva en los términos que exigen el Código Procesal de la Nación y la jurisprudencia del Máximo Tribunal elaborada en la materia. Ello es así toda vez que, con la resolución dictada por este Alto Cuerpo -que rechaza el recurso de queja por resultar formalmente inadmisible- no se está poniendo fin al pleito ni se está causando un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior. Recordemos que el presente recurso de queja fue deducido contra la resolución de Cámara que declara formalmente inadmisible el recurso de casación presentado por la demandada. Este último fue interpuesto contra la resolución de la Alzada que habría confirmado la de primera instancia que rechazó el planteo de nulidad de la notificación del traslado de la demanda (conf. foja 31/32).- Es criterio sentado en la materia que la procedencia del recurso extraordinario, requiere que la decisión apelada revista el carácter de sentencia defini-tiva, entendiéndose por tal aquella que pone fin al pleito o hace imposible su conti-nuación, como así también las que causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, siempre que priven al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio (conf. CSJN, Fallos: 303:633).- En consecuencia, en el presente el recaudo en examen no se en-cuentra debidamente cumplimentado.-
Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º, el escrito recursivo logra poner de manifiesto parcialmente las observancias de los requerimientos del inciso b).-
Ello es así toda vez que el recurrente cumple con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 3º de modo incompleto, ya que si bien se hace un breve relato de todas las circunstancias relevantes del caso, ello no es suficiente para considerar como autónomo al recurso deducido puesto que, el relato de los hechos, debe ser dividido en las distintas etapas procesales por los cuales discurrió y en cada una de ellas se deberá precisar la vinculación existente con la cuestión federal invocada.- Otra situación que se advierte es que el recurrente no indica el momento en el que se presentó, a su entender, por primera vez la cuestión federal. En su recurso se limita a manifestar que “En todas las presentaciones de esta parte en dicho incidente, se hizo introducción y mantenimiento de la cuestión federal…” (cfr. foja 66) sin embargo, ésto no cumple con los recaudos exigidos por el reglamento de la CSJN ya que no explica cómo y cuando introdujo dicho planteo y como lo mantuvo con posterioridad.- Carlos R. Tribiño en su obra “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema” ha sostenido que “… la formulación correcta del planteo debe reunir los siguientes caracteres: ser explícita, categórica y circunstanciada… que resulta manifiestamente inapropiado el empleo de la expresión “reserva del caso federal”. Es quien utiliza esa expresión parece pensar que el punto federal sólo puede debatirse ante el Alto Tribunal y se encuentra excluído, en cambio, de la jurisdicción de los jueces ordinarios. (cfr. “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, página 123).- Por otra parte, el recurrente alega que el pronunciamiento atacado le ha ocasionado un perjuicio personal, concreto y actual (conf. foja 67 vta.), sin embargo, no logra demostrar que el alegado menoscabo no haya derivado de su propia actuación (conf. inciso c) del artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007).-
Es que el recurrente se limita a afirmar que la resolución dictada por este Excmo. Tribunal Superior de Justicia habría vulnerado las garantías de defensa en juicio y debido proceso (conf. foja 75 vta.), olvidando que, desde antiguo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que no justifican el otorgamiento del recurso extraordinario federal las restricciones a la garantía de la defensa en juicio que pudiesen derivar de la propia conducta discrecional del apelante, en el sub lite, el no acompañamiento de elementos esenciales para la tramitación del recurso (las copias de las resoluciones atacadas mediante la casación y queja provincial) (conf. Sum. fallos: 264:205 entre otros). Con base en ello, se ha dicho que sólo la afectación de intereses propios o la existencia de perjuicio actual, no potencial, ni futuro o hipotético, es lo que configura el requisito de gravamen contenido en el citado inciso c), y que, por el contrario, ello no se logra si se advierte que los agravios vertidos son consecuencia de la propia conducta asumida por el recurrente (conf.
Silvia B. Palacio de Caeiro: “Recurso Extraordinario Federal”, 2º Ed. Bs. As., La Ley 2012. pág. 82 y jurisprudencia allí citada).- Nótese que el actor sostiene en varios pasajes de su escrito recursivo que este Tribunal Superior, al rechazar el recurso de queja y confirmar la resolución apelada, vulneró derechos y garantías constitucionales pero, además de soslayar las razones jurídicas vertidas por este Alto Cuerpo en la decisión atacada, olvida que esos supuestos agravios tienen origen en su propia actuación procesal y no en la decisión tomada por este Tribunal. Es por tal motivo que, a pesar de los argumentos que realiza en sentido contrario, no logra superar la exigencia contemplada en el inciso c) del artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007.- Siguiendo con el análisis de los agravios expresados por el recurrente encontramos que entiende que la resolución atacada resulta nula por ser consecuencia de un acto no notificado, pues afirma que “…esta parte debió conocer fehacientemente cómo se integraba el Tribunal, a los fines de considerar si sería pausible la recusación del Vocal Subrogante… ” (cfr. fs. 68 vta).
En caso que nos ocupa, el recurrente fue notificado por cédula de la integración del Tribunal (conf. fs. 43 y vta.), sin haber ejercido las facultades conferidas por el código de procedimiento, por lo que, este argumento resulta insuficiente a los fines de habilitar la instancia extraordinaria federal.- Un capítulo aparte debemos dedicarle a la inobservancia de los artículos 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007; y artículo 14 de la Ley Nº 48. Toda vez que para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (Fallos 306:1740; 307:129, entre otros).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctri-na sentada por el Cimero Tribunal Nacional (Fallos: 310:1789) y por este Alto Cuerpo (conf. Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.-
Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema de Justicia sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley Nº 48. Ello quiere decir que la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como “cuestión federal”. Según la doctrina, cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (conf. Carlos R. Tribiño: “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”. Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, pág. 104).- La parte demandada funda su recurso extraordinario federal en el artículo 14 de la Ley Nº 48, pero sin especificar en cuál de sus incisos (conf. foja 65 vta.) y sin indicar, aunque sea mínimamente, cuáles serían las normas incumplidas y de qué forma fueron vulneradas.-
En este sentido, es preciso recordar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso de la Nación (conf. artículo 14, inciso 1º de la Ley Nº 48); no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (conf. artículo 14, inciso 2º de la Ley Nº 48); ni tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (conf. artículo 14, inciso 3º de la Ley Nº 48). Al contrario, en el interlocutorio atacado se resolvió que la queja interpuesta por el demandado carecía de documental que impedía conocer acabadamente la materia litigiosa traída a examen y que le impedía al Tribunal ingresar al análisis de los agravios expresados (conf. foja 58 y vta.).- Por último, y como lógica consecuencia de lo anterior, tampoco se advierte que “…la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquellas.” (cfr. art. 3º , inciso e) de la Acordada Nº 4/2007).-
Es sabido que existe relación directa e inmediata cuando de la cuestión federal depende necesariamente, en todo o en parte, la decisión del litigio. Si, por el contrario, la causa puede ser resuelta por otros fundamentos, si no es indispensable pronunciarse sobre aquella para decidir el pleito, falta relación directa (conf. Carlos R. Tribiño. ob. cit. pág. 116).-
A la luz de la doctrina citada podemos advertir que en este proceso no existe una relación directa con la cuestión federal invocada, ya que el litigio se resolvió en base a normas procesales provinciales por tratarse de cuestiones relativas a la admisibilidad de recursos. Al respecto la Corte Federal tiene dicho que aquellas resoluciones mediante las cuales los tribunales superiores de provincia deciden acerca de la procedencia o improcedencia de los recursos extraordinarios de carácter local, ante ellos interpuestos, no son revisables -en principio- por la vía del artículo 14 de la Ley Nº 48 (conf. sum. del Dictamen de la Procuración General al que remitió la Corte en Fallos: 327:5416), siendo, además, la tacha de arbitrariedad a su respecto sumamente restrictiva (conf. sum. del Dictamen del Procurador General al que remitió la Corte en Fallos: 326:750).- Dicho en otras palabras, la materia en discusión no es una cuestión federal que habilite la instancia extraordinaria en los términos del artículo 14 de la Ley Nº 48.
Es decir, los asuntos traídos a juzgamiento de este Excmo. Tribunal atañen exclusivamente al orden local, como son los temas de índole procesal (conf. artículo 75, inciso 12 y 121 de la Constitución Nacional), de modo que se agotan en el ámbito de la jurisdicción provincial, sin posibilidad -en principio- de ser revisados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya competencia apelada ha sido creada en resguardo exclusivo de las instituciones federales, las que en el caso no se encuentran comprometidas.- Cabe destacar que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional, constituyen una mera enunciación de principios y normas constitucionales supuestamente vulnerados que no logra demostrar la configuración de la cuestión federal o la excepcional arbitrariedad en el caso -cuestión este última a la que se hará referencia en el considerando siguiente-.
Es que, de admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extraordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional (Fallos: 310:2306).- En mérito de ello -la inexistencia de cuestión federal- es que no se ha podido dar cumplimiento al requisito del artículo 3, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007, tal como se ha expresado.-
Finalmente, se observa que el recurrente cumplió con los recaudos previstos en los artículos 8 y 9 de la Acordada de marras pues transcribió, a fs. 76/77 vta., las normas jurídicas en que motiva sus agravios indicando el período de vigencia de las mismas e indicó las citas de los fallos de la Corte en que funda su recurso.-
III. Que, asimismo, el recurrente insiste en plantear su recurso en torno a una de las causales a través de la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ingresado en ciertas ocasiones a tratar recursos extraordinarios que versa-ban sobre cuestiones de derecho común: la arbitrariedad (conf. foja 65 vta.).-
Respecto de este carril -por el cual el apelante pretende encauzar su recurso- debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que dicha doctrina es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos 325:3265).- Ninguna de las circunstancias apuntadas acontece en autos, toda vez que este Alto Tribunal ha explicado las razones jurídicas en las cuales se apoyó su decisión, adunándolas con citas jurisprudenciales que son contestes con el criterio sustentado (conf. fs. 47/49). Contrariamente a lo que sostiene el recurrente, en el fallo se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface los requisitos exigidos para la validez de los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (Fallos: 313:559; 315:2969; 316:2718; 319:103; 321:1909) (conf. TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 358, Folio 1351/1355, entre otros). Mal puede sostenerse entonces que “... el Tribunal Superior de la Provincia ha sentenciado con un exceso ritual, que no deja de ser una forma de arbitrariedad.” (cfr. foja 74 vta.).- Por lo demás, las críticas que el actor dirige contra el interlocutorio de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia son insuficientes para demostrar -con el rigor necesario-, la arbitrariedad de la sentencia recurrida, que se haya violado las garantías de defensa en juicio o debido proceso y que esa lesión le cause un perjuicio a derechos jurídicamente protegidos.-
En efecto, este Excmo. Tribunal Superior de Justicia recordó en su interlocutorio de fs. 47/49 que resultaba improcedente la queja por denegación del recurso de casación traída a estudio, pues “…Los recursos extraordinarios tienen exigencias técnico formales propias, de insoslayable cumplimiento, que este Alto Cuerpo no puede dejar de lado, pues, de lo contrario, se infringen las normas de carácter constitucional y legal que los sustentan. Sin perjuicio de ello, aún si este Alto Cuerpo pretendiera ingresar al examen de la impugnación articulada, surge palmaria su imposibilidad, ante la carencia de elementos necesarios para conocer acabadamente la materia litigiosa traída a examen, por lo que, como se afirma ut supra, no le es posible a este Tribunal ingresar al análisis de los agravios expresados, ni hacer lugar a la queja en trámite, todo esto en virtud de la falla en que han incurrido los recurrentes.
Corresponde señalar que el requisito formal de acompañar copia de la resolución impugnada mediante la casación, como así también la que resuelve sobre la admisibilidad de este recurso, se impone de igual modo a todos quienes articulen un recurso de queja, por lo que no impide, en modo alguno, la libre defensa en juicio ni crea prerrogativa que pudiera considerarse contraria a la garantía de igualdad de la ley. Cabe concluir que de la manera en que se ha presentado la queja, no resulta posible deslindar con certeza los alcances y límites del planteo; deficiencia técnico formal que impone su rechazo.” (cfr. foja 48 y vta.).- Pero a pesar de ello, y según se desprende de la lectura del escrito en estudio, el apelante pasó por alto las razones jurídicas dadas por este Alto Cuerpo en su decisión de fs. 47/49.
Olvida el recurrente que el acompañamiento de la documentación que exige cada recurso - cuando además el mismo recurrente no adujo ningún obstáculo que le impidiera presentar las copias de las resoluciones originales de marras -no es una noción meramente formal, sino que atiende a conducir el pleito en términos de estricta igualdad, en salvaguarda de la garantía constitucional respectiva, lo que impide considerar que el sometimiento a los mismos sea susceptible de constituir un exceso ritual.- Es que, en rigor, el verdadero agravio del actor es ni más ni menos que el criterio adoptado por este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, quedando en claro que su pretensión es, entonces, que se sustituya aquél por una interpretación más favorable a sus intereses, que de haberse visto afectados, tienen origen únicamente en una conducta propia.
En este sentido, este Tribunal ha dado las razones jurídicas derivadas de la solución normativa aplicable que fundamentan la decisión adversa a su postura.- En consecuencia, corresponde concluir que los planteos efectuados resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que, además de no existir cuestión federal alguna, y de no haber dado cumplimiento con los recaudos previstos en los incisos d) y j) del artículo 2° y a), b), c), d) y e) del artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007, aquellos carecen de debida fundamentación, soslayan los argumentos del resolutorio cuestionado y sólo consisten en una mera disconformidad con el criterio jurídico aplicado en la solución dada a la causa.-
Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por el demandado a fs. 63/78.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso y en virtud de encontrarse vacante un cargo de Vocal (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani –Presidente; Dra. Alicia de los Angeles Mercau –Vocal; Dr. Carlos Enrique Arenillas –Vocal Subrogante.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1008O.171 Tomo: VIII Interlocutorio: 393.-
Folio N°: 1486/1490.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia