Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa H-2317/19 -TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 173/184 vta..-
2Casar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 161/165, en lo referido a la tasa de interés aplicable, estableciendo que al monto de la condena decretada en autos deberá adicionársele intereses en base a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la Repú- blica Argentina.-
3Confirmar la sentencia recurrida en lo restante, en cuanto fue motivo de agravios.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°:H-2317/19 -TSJ Interlocutorio N°: 680 Actor: HEREDIA JOHANA EDITH Demandado: DUS ARNOLDO Y OTROS Objeto: LABORAL Fecha: 08-04-2021 Texto: TOMO XX -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 680 FOLIO Nº 3952/3956 PROT. ELECT. TSS1 008 S.211
Río Gallegos, 8 de abril de 2021.-
Los presentes autos caratulados: “HEREDIA JOHANA EDITH C/ DUS ARNOLDO Y OTROS S/ LABORAL”, Expte. Nº H-15.824/14 (H-2317/19-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que, llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Paulo Luis Schmidt, a fs. 173/184 vta., contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 161/165, que la condenó a abonar una suma dineraria, en los términos del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, con más los intereses correspondientes a la tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento desde que es debida hasta su efectivo pago.-
II. En la especie, la Sra. Johana Edith Heredia promovió acción contra “Dus Arnoldo, Stodola Cristina y otros S.H.”, reclamando la entrega del certificado de trabajo que establece el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, así como el pago de la indemnización prevista en esa norma (cfr. demanda deducida a fs. 5/6).-
Por su parte, la sociedad de hecho aludida promovió demanda contra la Sra. Johana Edith Heredia peticionando la consignación judicial de docu- mentación laboral (cfr. demanda deducida en los autos “Dus Ariel Alejandro y otros S.H. c/ Heredia Johana Edith s/ Consignación judicial”, Expte. Nº D-15.937/14, fs. 33/34 vta., que fuera acumulado a los presentes mediante providencia de foja 41).-
La jueza de origen desestimó la demanda deducida por la ex de- pendiente e hizo lugar a la consignación judicial solicitada por la sociedad de hecho. Además, ordenó que se hiciera entrega a la Sra. Heredia de las certificaciones reser- vadas en el expediente Nº D-15.937/14 (cfr. fs. 138/141). Los primeros dos puntos de esta decisión fueron revocados por la Excma. Cámara de Apelaciones que, además, admitió la procedencia de la indemnización reclamada en los términos del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, condenando a la firma demandada a abonar la suma de pesos treinta y dos mil trescientos seis ($32.306), con más los intereses correspondientes a la tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina para sus opera- ciones de descuento desde que es debida hasta su efectivo pago. (cfr. foja 164 vta.).- Para así decidir expuso que, para que proceda esta indemnización a favor del trabajador deben haber transcurrido treinta días corridos del distracto, lo que en el caso acaeció el 16 de mayo de 2014, y seguidamente requerirse que se haya intimado fehacientemente la entrega del certificado de trabajo, lo que en el su- puesto de autos se verificó con el despacho telegráfico del 16 de mayo de ese año. Añadió que el plazo de dos días hábiles previsto en la normativa para su entrega se cumplió el día 20 de ese mes y año (cfr. fs. 162 vta./163).- Sobre esta base, sostuvo que el certificado no se entregó tempestivamente. Señaló que la documentación anexada por la empleadora en el expe- diente de consignación data del 20 de mayo de 2014, según certificación notarial, y que al día siguiente se le remitió misiva a la trabajadora informándole que el certifica- do de trabajo se encontraba disponible en la sede del local comercial. En este marco, destacó que la dependiente concurrió a ese lugar el día 27 de mayo de ese año, sin que se le haya entregado la documentación en cuestión (cfr. foja 163).-
III. Contra este pronunciamiento, la parte demandada dedujo recurso de casación, aduciendo violación de la ley y de la doctrina legal, en los térmi- nos del artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y arbitrariedad (cfr. foja 173).-
Denuncia la violación de garantías constitucionales como la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, el debido proceso y la defensa en juicio, así como el principio de legalidad y de debida fundabilidad de las sentencias, con- tenidos en los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Constitución Nacional (cfr. foja 177).-
1. En su agravio inaugural, cuestiona la decisión del Tribunal de Alzada en cuanto declaró procedente la indemnización contemplada en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.-
Sostiene que en el caso concreto el plazo de dos días hábiles para poner a disposición y entregar la documentación prevista en la norma precitada vencía el 22 de mayo de 2014 y no el día 20, como concluye de manera equivocada la Excma. Cámara de Apelaciones. Ello, en virtud del carácter recepticio que poseen las notificaciones y comunicaciones laborales (cfr. foja 179).-
Dice que la documentación fue confeccionada y por añadidura se encontraba en condiciones de ser entregada el 20 de mayo de 2014, es decir, dentro de los dos días hábiles posteriores a su intimación. Refiere que el 21 de mayo del mis- mo año despachó carta documento a la trabajadora poniendo a su disposición la docu- mental en la sede comercial por el plazo de quince días, bajo apercibimiento de con- signarla judicialmente, lo que efectivamente hizo el 12 de junio de 2014. Manifiesta que de ello no puede colegirse que actuó con mala fe y que no era su carga llevar al domicilio de la empleada desvinculada la documental referida, como sostiene sin fun- damento el Tribunal de mérito (cfr. foja 179 y vta.).- Afirma que la conducta desplegada por la actora se encuentra direccionada, desde un comienzo, a reclamar la multa prevista en el artículo 80 del ré- gimen laboral y no de hacerse con la documental pertinente, toda vez que además de no dejar vencer el lapso de treinta días ocurridos desde la desvinculación laboral, in- terpuso la demanda reclamando dicho emolumento sin tener en cuenta la fecha real de recepción de la pieza epistolar de intimación, lo que trasluce su mala fe (cfr. foja 180). Agrega que esta conducta abusiva fue convalidada por la Excma. Cámara de Apelaciones (cfr. foja 180 vta.).- Concluye que la sentencia recurrida luce arbitraria y violatoria de la ley aplicable en la especie así como el espíritu y finalidad que la impregna (cfr. foja 181 vta.).-
2. También impugna la tasa de interés aplicada por el Tribunal de mérito para el cómputo del crédito laboral.-
Expresa que la sentencia en crisis pasa por alto el criterio sentado por este Tribunal Superior de Justicia, a partir del cual los intereses deben ser cal- culados a la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina. Ale- ga que, de este modo, la Excma. Cámara de Apelaciones viola la doctrina legal que identifica (cfr. fs. 182/183 vta).-
Hace reserva del caso federal (cfr. foja 184 y vta.).-
IV. A foja 186 y vta. la Excma. Cámara de Apelaciones declaró formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.-
A foja 204 y vta., obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia declarando bien concedido el recurso interpuesto por la demandada, y po- niendo los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º del Li- bro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, sin que ninguna de las partes haya hecho uso de este derecho (cfr. certificación que luce a foja 207).- A fs. 208/209 vta. dictamina el Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal Superior de Justicia, quien luego de efectuar un estudio de las constancias de la causa, concluye que el primero de los agravios no debe prosperar y en cuanto a la tasa de interés, declara que debe aplicarse la tasa pasiva, de conformidad a la jurisprudencia de este Alto Cuerpo.-
A foja 210 se llaman autos para dictar sentencia y a foja 211 pasan los presentes a estudio.-
V. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria, articulada por la parte demandada, aquélla se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo establecido por el artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y arbitrariedad.-
1. Los argumentos desplegados por la empleadora no resultan suficientes para conmover la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en cuanto admitió la indemnización pretendida por la actora en los términos del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto no le asiste razón en este punto.-
A tenor de lo prescripto por la norma precitada, es obligación del empleador entregar al trabajador, a la época de la extinción del contrato de trabajo -cualquiera sea su causa- un certificado de trabajo: “…‘…que deberá contener el tiempo de prestación de servicios, la naturaleza de estos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social y calificación profesional obtenida…’…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 620, Folio 3566/3575, entre otros). Este certificado está destinado a su exhibición a los fines de la obtención de un nuevo empleo.- La Ley Nº 25.345 agregó un párrafo al mencionado artículo 80 del ordenamiento laboral, según el cual, si el empleador no hiciera entrega al trabaja- dor del certificado, dentro de los dos días hábiles computados a partir del día siguien- te al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formulare el dependiente de modo fehaciente, será: “…sancionado con una indemnización a favor de este último que será equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste fuere menor…”.- De este modo, la ley supedita la procedencia de la indemnización al cumplimiento, por parte del trabajador, de un recaudo de orden formal, como lo es el requerimiento fehaciente al empleador de la entrega del certificado de traba- jo.-
Ahora bien, el artículo 3º del Decreto Reglamentario Nº 146/01 estableció que el trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente cuando el empleador no hubiere hecho entrega del certificado dentro de los treinta días corridos de extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo.-
Así las cosas, puede afirmarse que la reglamentación introdujo un “plazo de espera” a favor del principal, que opera como una condición de admisi- bilidad de la intimación y, consecuentemente, de la indemnización.-
En definitiva, el plazo que tiene el empleador para entregar el certificado es de 30 días contados desde la disolución del vínculo y la indemnización es debida si el nombrado no entrega los certificados vencido el plazo de dos días há- biles siguientes a la recepción de la notificación de la intimación, realizada luego de treinta días corridos de extinguido el contrato de trabajo (cfr. TSJ Santa Cruz, Sen- tencia, Tomos XV, Reg. 533, Folio 2996/3004; XVII, Reg. 579, Folio 3303/3311, Reg. 587, Folio Nº 3360/3367 y XVIII, Reg. 620, Folio 3566/3575).- En el caso bajo examen, la finalización del vínculo laboral operó el 16 de abril de 2014 (cfr. fs. 1/2 del expediente D-15.937/14). Transcurridos los treinta días exigidos por la norma reglamentaria sin que la empleadora hubiera hecho entrega del certificado de trabajo debido como consecuencia de la extinción contractual operada, la trabajadora remitió una misiva mediante la que emplazó a su entrega en el plazo de dos días hábiles (cfr. foja 4 del expediente D-15.937/14).- Al juzgar esta circunstancia, la Excma. Cámara de Apelaciones incurrió en error material sobre la valoración de los elementos probatorios obrantes en la causa. Estimó que la intimación se perfeccionó el día 16 de mayo de ese año, por lo que -según su criterio- los dos días hábiles previstos en la normativa de fondo se cumplieron el 20 de mayo de 2014 (cfr. foja 163).-
Ahora bien, cabe precisar que esta comunicación postal fue remitida el día 16 de mayo de 2014 (cfr. foja 4 del expediente D-15.937/14) y recién fue recibida por su destinatario el día 20 de ese mes y año (cfr. foja 102), por lo que el razonamiento exhibido por el Tribunal de Alzada contraviene el texto legal fijado en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, que en su último párrafo, dispone que el plazo de dos días hábiles será computado a partir del día siguiente al de la recep- ción.- Sin embargo, esta desviación no resulta suficiente para desvirtuar el resultado al que se ha arribado.-
A partir de la fecha de recepción indicada, debe colegirse que el límite máximo hasta el que la empleadora podía confeccionar y suministrar el certifi- cado de trabajo, sin erigirse en deudora de la indemnización especial contemplada en la normativa de referencia, se verificó el día 22 de mayo de 2014.-
La demandada confeccionó los documentos pertinentes el día 20 de mayo (cfr. fs. 8/17 del expediente D-15.937/14) y al día siguiente remitió una carta documento en la que comunicó que la misma se encontraba a disposición de la ex dependiente en la sede de la empresa (cfr. foja 5 de las actuaciones mencionadas). Hay que poner de relieve que esta comunicación recién fue entregada el día 27 del mismo mes y año, de conformidad a lo informado por Correo Argentino a foja 81 del mismo expediente. Es decir, que para aquél entonces, el plazo máximo enunciado ya había transcurrido.- El intercambio telegráfico constituye una herramienta a través de la que se procura el conocimiento del destinatario de una manifestación de volun- tad.
Requiere, entre otras cosas, de la diligencia del emisor. Por esta razón, para tener eficacia, la notificación debe ser oportuna; es decir que, para que surta plena eficacia jurídica, debe garantizarse que el acto de emisión llegue a destino. La declaración de voluntad reviste el carácter recepticio porque ella se perfecciona y adquiere relevancia y sentido jurídico pleno cuando -en cumplimiento de su función comunicativa- llega a la esfera jurídica del destinatario. Por ello, existe una verdadera carga de trans- misión en el remitente, quien asume el riesgo de la notificación tardía; por la forma en que instrumentó dicha comunicación (cfr. Tula, Diego J.: “Intercambio telegráfico en el contrato de trabajo: Eficacia de las comunicaciones, configuración de la injuria y notificación de la extinción del contrato de trabajo”, 1ª ed., Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2017, págs. 24, 27, 28, 29, 58 y 59).- Cuadra destacar que ese mismo día la ex trabajadora concurrió a la sede de la empresa a retirar el certificado de trabajo y aun así -por motivos ajenos a ella- no pudo hacerse con el mismo (cfr. misiva de foja 6 del expediente D-15.937/14 y prueba testimonial producida a foja 78 de la presente causa); por lo tanto, mal podría sostenerse -como lo hace sucesivamente la parte recurrente, cfr. fs. 180/ 181 vta.- que la actora quebrantó el principio de buena fe que subyace en las relacio- nes laborales o abusó de su derecho.
Ello, además, resulta suficientemente demostrativo de que en el caso concreto no existió mora accipiens (“mora del acreedor”).- A mayor abundamiento, debe indicarse que ante: “…las dudas que suscita la circunstancia descripta y la magnitud del perjuicio que se estaría cau- sando al trabajador cobran virtualidad los principios y garantías que emergen de los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional, los tratados internacionales de dere- chos humanos (art. 75, inc. 22, CN) que protegen al trabajador y de la LCT que con- sagra principios inmanentes a todo contrato laboral, entre ellos el de justicia social, el de equidad y el de buena fe, y son justamente ellos los que nos permiten una ade- cuación axiológica de la ley a la situación fáctica.
Siguiendo este razonamiento co- rresponde aplicar el principio ‘in dubio pro operario’ en virtud del cual ante la duda debemos estarnos a favor de la interpretación que resulta más favorable al trabajador (art. 9, LCT).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XIV, Reg. 487, Folio 2649/ 2656).- En consecuencia, este agravio no puede tener favorable acogida.-
2. En cambio, debe prosperar el agravio concerniente a la tasa de interés aplicable al presente caso.-
Sobre este tópico este Alto Cuerpo ha consolidado recientemente, en el marco de las causas “Santana” (cfr. Sentencia, Tomo XX, Reg. 667, Folio 3859/3864) y “Bilbao” (cfr. Sentencia, Tomo XX, Reg. 669, Folio 3870/3879), la doctrina legal que venía manteniendo en torno a los intereses moratorios a ser fijados judicialmente, incluso en el marco de contiendas de índole laboral (cfr. Sentencia, To- mo XVIII, Reg. 613, Folio 3522/3530).- Concretamente, se sostuvo que más allá del cambio normativo acaecido el 1 de agosto de 2015, la solución que se alcance resulta aplicable tanto al periodo anterior a la sanción del Código Civil y Comercial como al posterior, ya que en ambos casos, se encuentra vigente la facultad del juzgador de determinar la tasa a aplicar. Además, se reiteró que tales intereses -cuando ni las partes ni la legislación especial han previsto una alícuota determinada- deben ser calculados mediante la uti- lización de la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la Repú- blica Argentina, tanto bajo la vigencia del Código Civil velezano (Ley Nº 340 y mo- dificatorias), como del Código Civil y Comercial de la Nación.- En tales condiciones, y toda vez que la decisión adoptada en la instancia de grado se apartó de la doctrina legal de este Tribunal Superior de Justicia, el recurso -en este aspecto- debe tener favorable acogida.-
VI. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación deducido por la parte demandada a fs. 173/184 vta., contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Labo- ral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 161/165. En consecuencia, corresponde casar el pronunciamiento impugnado, en lo referido a la tasa de interés aplicable, estableciendo que al monto de la condena decretada en autos deberá adicionársele intereses en base a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina; confirmándolo en lo restante, en cuanto fuera motivo de agravio. En relación a las costas, corresponde que se impongan por el orden causado en atención a que han prosperado las peticiones de la parte recurrente sólo parcialmente (cfr. art. 71 del CPC y C, aplicable de acuerdo a lo prescripto en el art. 121 de la Ley Nº 1444); difiriendo la regulación de honorarios de los letrados in- tervinientes en esta instancia hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias, teniendo presente la reserva del caso fe- deral efectuada a foja 184 y vta.-
Por todo ello, oído que fuera el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 173/184 vta..-
2. Casar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 161/165, en lo referido a la tasa de interés aplicable, estableciendo que al monto de la condena decretada en autos deberá adicionársele intereses en base a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la Repú- blica Argentina.-
3. Confirmar la sentencia recurrida en lo restante, en cuanto fue motivo de agravios.-
5. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias.-
7. Agregar en el expediente acumulado obrante en soporte papel: “DUS ARIEL ALEJANDRO Y OTROS S.H. C/ HEREDIA JOHANA EDITH S/ CONSIGNACIÓN JUDICIAL” Expte. Nº D-15.937/14, copias certificadas de la presente Sentencia.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal; Dra. Reneé Guadalupe Fernández –Vocal-;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1008S.211 Tomo: XX Interlocutorio: 680 Folio N°: 3952/3956 Secretaría: 1
Fin de la sentencia