Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 37.770-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución Nº 1246/2016 (AD MEND) dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de Mendoza, en la actuación SIGEA N°12437-835-2010, en cuanto rechaza la impugnación deducida contra el Cargo Nº 439/2010 relacionada con el transito suspensivo de importación 10038TRAS015367C, mediante la cual se intima a la empresa PETROLERA ALVEAR S.R.L, y al agente de trasporte aduanero HEREDIA, WALTER FABIAN, por la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO CON 67/100 CVOS. ($ 64.065,67.-) en concepto de tributos adeudados, en los términos de los arts. 310, 312, 315 del C.A., con más los intereses correspondientes en los términos del art. 794 del C.A.
2Costas conforme los mutuos vencimientos, los que se estiman en un 57% a cargo de las actoras y en 43% a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-108185468-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 29 de Septiembre de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel Nathan Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “HEREDIA, WALTER FABIAN Y OTRO c/ DGA s/ recurso de apelación” Expte. 37.770-A.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Se trata de resolver en autos, si resulta ajustada a derecho Resolución Nº 1246/2016 (AD MEND) dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de Mendoza, en la actuación SIGEA N°12437-835-2010, en cuanto rechaza la impugnación deducida contra el Cargo Nº 439/2010 relacionada con el transito suspensivo de importación 10038TRAS015367C, mediante la cual se intima a la empresa PETROLERA ALVEAR S.R.L, y al agente de trasporte aduanero HEREDIA, WALTER FABIAN, por la suma de $ 113.546,41 en concepto de tributos adeudados, con más los intereses del art.
794 C.A.
II. Fundamentos del recurso: A fs. 40/42vta., se presenta el ATA y la empresa de transporte por medio de su apoderado, e interponen recurso de apelación contra la mencionada resolución. Hace una breve reseña de los hechos. Se refiere al alcance del art. 315 del C.A., y al hecho del robo de la mercadería. Señala que con fecha 27/05/2010 el transporte camión dominio HMU099, y semirremolque dominio EWM728, que transportaba una carga de productos químicos, proveniente desde Chile con destino a Ciudad de Buenos Aires, deposito fiscal TEFASA. Señala que como consecuencia del robo se le exigen los tributos y no a los responsable del hecho del robo, cuando han cumplido con todas las obligaciones a su cargo. Cita la doctrina de CSJN sentada en el fallo “TEVELAM” señala analogía con dicha causa. Plantea la inconstitucionalidad de la resolución aduanera por aplicación literal de los arts. 312 y 315 CA. Cita normativa y jurisprudencia. Finalmente, ofrece prueba que hace a su derecho. Hace reserva federal y solicita que se revoque la resolución apelada en autos, con costas.
III. Contestación del traslado: A fs. 62/67, la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto por las actoras en autos, y acompaña las actuaciones administrativas de la presente causa. Niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados, que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Rechaza el planteo de inconstitucionalidad de la recurrente. Manifiesta que la normativa aplicable crea una ficción legal que no admite prueba en contrario y supone que ante la falta de arribo de la mercadería sometida a tránsito a destino, la misma se tiene por importada para consumo, por lo que corresponde el pago de los tributos. Hace mención al art. 312 y 315 del C.A. Específica que el art. 312 refiere a la responsabilidad por dichos hechos, colocándola en cabeza del transportista o su agente. Cita doctrina y jurisprudencia. Hace mención a la liquidación aduanera señalando la procedencia del reclamo. Por último, ofrece prueba documental, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución que se apela en autos, con costas.
IV. Que de la Actuación Nº 12438-835-2010 obra a fs. 1/4 la Nota de fecha 31/05/10 por medio de la cual el ATA informa que el camión de la empresa Petrolera Alvear SRL, dominio HMU099// semi: EWM728 amparado MANI: 72979Z -TRAS 15367C, MIC/DTA70212, ocurrido el 26/05/2010, el cual transportaba resina experimental de polietileno DOWLEX, peso apox. 27.912,50 kg, con tránsito de Rep. CHILE a depósito fiscal TEFASA I de Bs.As., fue robado junto con la mercadería que transportaba, y acompaña copia del certificado de denuncia del Sr. Héctor Gustavo Páez (Chofer) de fecha 27/05/2010, copia del MIC/DTA y CRT. A fs. 5/6 obra la impresión de ingreso de denuncia de fecha 02/06/2010.A fs. 7/10 obra las copias del MIC/DTA, CRT y Memorando 11/07 firmado por el ATA, 10038TRAS015367C. A fs. 11 obra la Nota 39/2010 (10/06/2010) mediante la cual se eleva la denuncia del robo de mercadería en tránsito. A fs. 12/13 con fecha 10/06/10 se ordena el secuestro e interdicción del camión y semi, el aforo de la mercadería y se formula cargo por tributos debidos. A fs. 14 obra el aforo y liquidación de la mercadería en cuestión de fecha 25/06/10 Cargo 346/10. A fs. 15/22, se presenta la empresa de transporte por apoderado y acompaña documentación a los fines que se levante el pedido de interdicción del rodado. A fs. 23/25 se levanta la interdicción del medio de transporte (02/07/2010). A fs. 26/27 obran las cedulas de notificación del cargo- notificada al ATA 18/11/10 a fs. 33. A fs. 29 obra la presentación del ATA por la cual acompaña copia incompleta del despacho de importación de la mercadería en cuestión. A fs. 35/37 obra la impugnación del cargo por el ATA y la empresa de transporte, de fecha 03/10/12. A fs.39 se intima al ATA que acredite lo actuado por el gestor. A fs.40 ratifica lo actuado el ATA. A fs. 41/44 obra la resolución 32/11 por la cual se tiene por deducida la impugnación del ATA y la empresa de transporte. A fs. 45/56 obran cedulas de notificación. A fs. 55/69, obra el dictamen 916/2016, de fecha 30/12/16. A fs. 70/85 obra la Resolución N° 1246/2016 aquí apelada (notificada a fs. 88 y 106, con fecha 07/02/17 al ATA y a la empresa de transporte).
V. En relación al planteo de inconstitucionalidad del art. 315 del C.A. incoado por la actora. Corresponde referir al Acuerdo Plenario del 26/4/2022 -IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN- dictado por este Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020- 24600163-APNSGASAD#TFN), en el cual por mayoría, los Vocales acordaron en su artículo 1° que “El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente...”.
Que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad que debe ser considerada ultima ratio del orden jurídico (Fallos: 286:76; 288:325; 300:1087; 333:447, entre muchos otros). Por lo que corresponde rechazar el planteo efectuado por las actoras, sin costas.
VI. Que, el cargo en cuestión se originó en virtud de los tributos que se devengaron de la mercadería amparada por la destinación MANI: 10038TRAS015367C, mercadería en tránsito que no arribo a destino por el robo que sufriera el medio transportador dominio HMU099// semi EWM728, y su carga resina experimental de polietileno DOWLEX, peso apox. 27.912,50 kg, con tránsito de Rep. CHILE a depósito fiscal TEFASA I de Bs.As., ilícito ocurrido el día 26/05/2010, conforme el certificado de denuncia de fecha 27/05/2010, y el hecho que fue informado a la Aduana con fecha 31/05/2010 ( por el Agente de Transporte Aduanero -ver fs. 1/4 de las act. adm).
A los efectos de determinar la cuestión debatida en autos, corresponde destacar que no se controvierten los hechos en sí, es decir, el incumplimiento del referido tránsito, así como tampoco, que ello fue consecuencia del robo de la carga del camión mencionado, siniestro que fuera denunciado ante la autoridad competente. Encontrándose la discusión circunscripta a la procedencia o no de la exigencia tributaria que formula el servicio aduanero en el presente.
VII. Corresponde, analizar en autos, si el art. 315 del Código Aduanero exime de responsabilidad tributaria cuando la mercadería fuere robada, o si, por el contrario, corresponde confirmar el reclamo tributario formulado en dicho concepto a las actoras y no hacer lugar a la impugnación efectuada contra el mismo.
La operación de tránsito de importación se encuentra regulada en los arts. 296 y sgtes. del C.A., y constituye un régimen en virtud del cual se autoriza que la mercadería importada, es decir, aquella ingresada al territorio aduanero pero que carece aún de libre circulación en el mismo, sea transportada desde la Aduana por la que hubiere arribado hasta otra aduana para ser sometida a otra destinación aduanera, previéndose al efecto la no sujeción a la imposición de tributos, con excepción de las tasas retributivas de servicios (art. 304 C.A.).
La principal obligación que el régimen impone recae en el transportista, que asume su propia responsabilidad frente al servicio aduanero por la operación que se documenta, teniendo a su cargo el deber de transportar la mercadería a la aduana de destino (de salida o interior), dentro de un plazo estipulado, cuidando que arribe la misma mercadería (art. 317) y en su totalidad (art. 310), sin haber sufrido ninguna modificación ni haber sido utilizada.
Por su parte, el art. 315 exime de responsabilidad tributaria en caso de incumplimiento del tránsito, cuando las mercaderías se pierden irremediablemente, (no habiendo entrado al circuito económico), y habiéndose efectuado la comunicación inmediata al servicio aduanero conforme lo establece el art. 308 del C.A. En tal sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo ha sostenido en numerosos fallos que la finalidad de la exigencia de pago de tributos de la mercadería perdida para el documentante como consecuencia del robo, es la de proteger la renta aduanera, previendo los perjuicios al erario público por su posible utilización en razón de un ingreso que ha resultado ilegítimo. A su turno, nuestro Máximo Tribunal efectuó una interpretación del mencionado régimen, aconsejando distinguir, para un caso análogo al de autos, “...la situación de quien descuida el control de la carga que conduce hacia la aduana de destino; se aparta por el itinerario fijado por la autoridad aduanera (art. 319), o bien, incurre en alguna conducta que pudiere indicar la connivencia con el hecho de la sustracción (...) de la de quien ha cumplido con los deberes de custodia de la mercadería durante su itinerario y padece un robo agravado por el uso de armas...” (CSJN, “Tevelam S.R.L.”, de 11/12/12, T.317. XLVI).
VIII. Sentado ello, debe entenderse que el robo o hurto de la mercadería constituyen contingencias que si bien pueden considerarse como caso fortuito o fuerza mayor, en el caso que la mercadería pueda ser utilizada por un tercero, dicho hecho no opera per se como eximente de la responsabilidad tributaria, sino que tal como surge de la ley ritual y a la sazón de los criterios establecidos por nuestra Alzada en “ Tevelam S.R.L.”, debe constatarse el haber cumplido con los deberes de custodia a fin de derribar el presupuesto que implica la presunción de considerarla importada para consumo.
En base a la jurisprudencia señalada y al precepto normativo que enmarca obligaciones primarias de quienes desarrollan la actividad comercial del transporte, resta analizar si los hechos alegados y la prueba colectada pueden enmarcar conforme lo resuelto por la Corte en “Tevelam”.
De la compulsa de las actuaciones administrativas, surge que el robo de la mercadería acaeció con fecha 26/05/2010 (ver la denuncia realizada por el chofer con fecha 27/05/2010 - a fs. 2 y 37 de las AA), posteriormente, con fecha 31/05/2010, el agente de transporte aduanero informo el hecho del robo al servicio aduanero, es decir 5 días posteriores al siniestro (v. copia de presentación efectuada por el ATA a fs. ¼ de las AA).
De lo expuesto surge que la actora no cumplió con el requisito de inmediatez reglado en el art. 308 del C.A, lo cual hubiera permitido que la aduana pueda ejercer eficazmente el control aduanero junto con las fuerzas de seguridad a los fines de recuperar la mercadería y dar con los autores del ilícito. Por lo cual, resulta evidente que el obrar de la actora no ha sido concordante con los extremos invocados por la citada doctrina, y pone en manifiesto el incumplimiento del deber de comunicación en cabeza de la actora para que la aduana pueda ejercer eficazmente el control aduanero.
Que la inmediatez a la que refiere el art. 308 para poner en conocimiento de lo sucedido al servicio aduanero y que recepta “Tevelam” no puede superar razonablemente las 24 horas, situación que denota una actitud poco diligente de la parte actora.
En síntesis, no se cumplió con el precepto establecido en el art. 308 del C.A. y, en consecuencia, con lo dicho por la Corte en “Tevelam”, lo cual lleva a la convicción que en el caso traído a estudio no se coligen elementos para llegar a un temperamento eximente de responsabilidad en el sentido del fallo “Tevelam” por lo que, considero que cabe arribar a un pronunciamiento confirmatorio IX. En otro orden de ideas, al tratar la cuestión tributaria que nos ocupa, nada tiene que ver la cuestión penal en la que se investigue el delito de contrabando porque, por disposición de ley, se ha puesto a los beneficiarios del régimen del tránsito como responsables de la exigencia tributaria, y esos son los sujetos pasivos de dicha obligación (art. 312).
X. Que en relación a los sujetos que deben responder por los tributos adeudados, el art. 312 del C.A. considera al transportista y a su agente de trasporte aduanero como deudores principales de las obligaciones tributarias, mientras que considera al cargador, al que tuviere derecho a disponer de la mercadería y a los beneficiarios del régimen como responsables subsidiarios de esas obligaciones, con independencia de la situación de quienes realizaron los actos ilícitos que originaron el caso fortuito o la fuerza mayor, es decir, sin perjuicio de que el hecho gravado haya sido realizado por otro. De esta forma el Código los hace responsables por deuda ajena, con la finalidad de proteger los intereses fiscales. En consecuencia, y en lo que aquí interesa, corresponde confirmar el decisorio apelado en cuanto íntima, a la firma de Transporte PETROLERA ALVEAR S.R.L, y al agente de trasporte aduanero HEREDIA, WALTER FABIAN, al pago de los tributos adeudados por el incumplimiento del tránsito en cuestión, con costas.
XI. En cuanto a los agravios esgrimidos respecto de la exigencia tributaria en cuestión, el servicio aduanero ha liquidado por la mercadería en tránsito (ver liquidación Planilla de aforo Nº 346/10 a fs. 14 de las act.adm.), como tributos que gravan la importación para consumo IVA, derechos de importación, tasa de estadística, percepciones de IVA y Ganancias, por la suma total de $ 113.546,41, y por ese importe se intimó su pago a las recurrentes.
Que, respecto de los rubros de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias, cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
En virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria, liquidación de fs. 14 de las act. adm., conforme a continuación se detalla:
LIQUIDACION PA 3903.90.90.900E 10038TRAS015367C MIC/DTA 70212 MANI72979Z RESINA POL.
MERCADERIA 27.912,50 DOWLEX FOB 39.875,00 BASE IMPONIBLE 42.552,50 D. I 14,00% 5.957,35 T.E 0,50% 212,76 BASE IVA 48.722,61 IVA 21,00% 10.231,75 IVA ADIC 0% IIGG 0% TOTAL TRIBUTOS
16.401,86 U$S
TC aplicado (a fs. 14 3,906 AA)
TOTAL TRIBUTOS ADEUDADOS EN
64.065,67 PESOS
En consecuencia, corresponde confirmar parcialmente la exigencia tributaria contenida en la resolución apelada, declarando que los tributos adeudados, ascienden a PESOS SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO CON 67/100 CVOS. ($ 64.065,67.-) con más los intereses del art. 794 del C.A.
XII. Los intereses relativos a la obligación tributaria que se confirma corren desde el 02/12/2010 ello así en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 inc. d., 1101 y 1103 del C.A (notificación del Cargo 18/11/10- a fs. 32/33 de las AA).
XIII. Costas conforme los mutuos vencimientos, los que se estiman en un 57 % a cargo de las actoras y en 43% a cargo del Fisco.
Por ello, VOTO por:
1). Confirmar parcialmente la Resolución Nº 1246/2016 (AD MEND) dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de Mendoza, en la actuación SIGEA N°12437-835-2010, en cuanto rechaza la impugnación deducida contra el Cargo Nº 439/2010 relacionada con el transito suspensivo de importación 10038TRAS015367C, mediante la cual se intima a la empresa PETROLERA ALVEAR S.R.L, y al agente de trasporte aduanero HEREDIA, WALTER FABIAN, por la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO CON 67/100 CVOS. ($ 64.065,67.-) en concepto de tributos adeudados, en los términos de los arts. 310, 312, 315 del C.A., con más los intereses correspondientes en los términos del art. 794 del C.A.
2). Costas conforme los mutuos vencimientos, los que se estiman en un 57% a cargo de las actoras y en 43% a cargo del Fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa, se encuentran adecuadamente reseñados en los considerandos I a IV del voto del Dr. Segura, a cuyos términos me remito por motivos de brevedad.
II. En el contexto de las condiciones mencionadas, resulta oportuno recordar que la intervención de este Tribunal obedece al planteo de un recurso de apelación, lo cual impone recordar que su competencia no tiene por objeto reconstruir en abstracto el sentido y alcance de la relación jurídica administrativa como acontece en los procesos de conocimiento pleno. Muy por el contrario, el cometido que la ley le asigna es el de verificar si la decisión administrativa se ajusta o no a derecho, ejerciendo un control de juridicidad sobre el acto recurrido.
III. En consecuencia, en las controversias atinentes al artículo 315 del Código Aduanero, no corresponde a este Tribunal indagar en grado originario si el administrado cumplió o incumplió deberes de custodia, ni tampoco decidir si existió o no un ilícito en los hechos. En ese sentido, con el respeto que me merece la alzada, no comparto la premisa de que en causas como la presente el problema central consista en indagar si se presentan las circunstancias fácticas que llevaron a la Corte Suprema a morigerar los efectos de la presunción contenida en el artículo 315 del Código Aduanero (cfr. Braksem Argentina, Sala II, CNACAF, 17 de mayo de 2024). Tal planteo desplaza el eje del análisis hacia un terreno que no corresponde al Tribunal Fiscal en su carácter revisor, pues nuestra función no es reeditar el juicio de constatación primaria de los hechos ni sustituir a la administración en la tarea de acreditar incumplimientos. Antes bien, el control que nos compete es estrictamente de juridicidad, lo cual en este caso significa verificar si el acto administrativo recurrido se dictó con la motivación suficiente y con ajuste a los criterios jurisprudenciales vigentes.
IV. Precisamente en este punto no puede soslayarse que, de la simple lectura del acto administrativo, surge con claridad que la resolución en momento alguno invocó ni aplicó la doctrina de Tevelam. De ello resulta una ausencia de motivación palmaria que vicia el acto de nulidad y que no puede ser subsanada en sede recursiva mediante razonamientos ex post que nunca fueron expresados por la autoridad competente.
V. De tal modo, la controversia no gira en torno a si se dan o no los supuestos fácticos que la Corte ha señalado como determinantes de la responsabilidad subjetiva, sino en constatar si la administración, al momento de emitir la resolución, cumplió con la carga mínima de fundarla en derecho y en concordancia con la doctrina judicial obligatoria. La omisión de hacerlo constituye un déficit insalvable que torna improcedente mantener el cargo tributario.
VI. En esa comprensión del asunto, resulta innegable que, antes de la sentencia Tevelam, ningún acto administrativo podía satisfacer las pautas allí establecidas, pues la doctrina vigente hasta entonces admitía la responsabilidad objetiva. El viraje introducido por la Corte fue categórico: descartó la responsabilidad automática y exigió que la imputación tributaria reposara en la demostración de una conducta reprochable del transportista, ya sea por negligencia en la custodia de la carga, apartamiento del itinerario autorizado o connivencia con la sustracción. Justamente, en línea con dicha doctrina, sólo en esos supuestos procede la exigencia tributaria. Por el contrario, si la autoridad administrativa no logra acreditar el incumplimiento de los deberes de custodia, o no desvirtúa el hecho del robo con armas debidamente comunicado en los términos del artículo 308, carece de fundamento responsabilizar al particular (conf. consid. 12, Tevelam).
VII. Así las cosas, de la simple lectura del acto administrativo —concretamente de las fojas 22 a 39— subyace con claridad que la resolución en momento alguno menciona la causa Tevelam (11/12/2012), a pesar de que esta fue dictada con posterioridad (30/12/2016), no ajustándose a los estándares allí establecidos. La ausencia de motivación es palmaria y no puede ser subsanada en esta etapa recursiva con un examen que corresponde realizar a la autoridad administrativa, puesto que lo omitido en sede originaria no puede ser suplido por el control revisor posterior sin desvirtuar la naturaleza del procedimiento.
VIII. De allí se sigue una consecuencia ineludible: el acto administrativo que impone el cargo tributario sólo puede mantenerse indemne si acredita con suficiente convicción tres extremos concurrentes: a) la existencia de un incumplimiento en los deberes de custodia; b) la ausencia de robo con armas; y c) la falta de comunicación oportuna y formal del ilícito a las autoridades competentes. En ausencia de esa prueba, y ante la omisión de motivación en la que incurrió la administración, el acto no puede superar el tamiz del control de juridicidad que corresponde ejercer a este Tribunal.
Por lo expuesto, VOTO POR:
Revocar la resolución apelada, con costas.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1). Confirmar parcialmente la Resolución Nº 1246/2016 (AD MEND) dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de Mendoza, en la actuación SIGEA N°12437-835-2010, en cuanto rechaza la impugnación deducida contra el Cargo Nº 439/2010 relacionada con el transito suspensivo de importación 10038TRAS015367C, mediante la cual se intima a la empresa PETROLERA ALVEAR S.R.L, y al agente de trasporte aduanero HEREDIA, WALTER FABIAN, por la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO CON 67/100 CVOS. ($ 64.065,67.-) en concepto de tributos adeudados, en los términos de los arts. 310, 312, 315 del C.A., con más los intereses correspondientes en los términos del art. 794 del C.A.
2). Costas conforme los mutuos vencimientos, los que se estiman en un 57% a cargo de las actoras y en 43% a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2025.09.29 14:35:50 ART Date: 2025.09.29 15:44:17 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.09.29 17:07:01 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.29 17:08:48 -03:00
Fin de la sentencia