Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa H-456/04-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazando la demanda contencioso administrativa inter- puesta por el Sr. Juan de Dios Segundo Hermosilla en contra de la Policía de la Pro- vincia de Santa Cruz y del Estado Provincial.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: H-456/04-TSJ Sentencia N°: 970 Actor: HERMOSILLA JUAN DE DIOS SEGUNDO Demandado: POLICÍA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y ESTADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 26/08/14 Texto:
TOMO XV -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº: 970 FOLIO Nº: 2935/2938 PROT. ELECT. TSS1 018 C.141
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 26 días del mes de Agosto de dos mil catorce, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos y el Sr. Vocal Subrogante, Dr. Domingo Norberto Fernández, bajo la presidencia a cargo del Dr. Daniel Mauricio Mariani para dictar sentencia en los autos: “HERMOSILLA JUAN DE DIOS SEGUNDO C/POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y ESTADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº H-456/04-TSJ. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dr. Daniel Mauricio Mariani, 2º) Dr. Enrique Osvaldo Peretti, 3º) Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos 4º) Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, y 5°) Dr. Domingo Norberto Fernández; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la primera cuestión el Dr. Mariani dijo:
I. Que, a fs. 62/66, el Sr. Juan de Dios Segundo Hermosilla interpone demanda Contencioso Administrativa contra la Policía de la Provincia de Santa Cruz y el Estado Provincial, con el objeto de que se declare la nulidad de la Disposición Nº 018-D1-C/02 del Jefe de Policía provincial por resultar a su entender ilegítimo tal acto, solicitando en consecuencia se le abone “…la suma que corresponda por ley en concepto de Licencia Extraordinaria tres (3) meses en compensación por el no uso de la misma por haber cumplido los veinte (20) años policiales simples, con más intereses y costas…” (confr. fs. 62).- Que, al explicar los hechos que dan fundamento a la presente acción, realiza el actor una síntesis de su carrera en la policía provincial, expresando a continuación que a fines del año 2000 “…habiendo cumplido más de treinta (30) años de servicios policiales, solicité que se me otorgue el uso de la Licencia Extraordinaria de tres (3) meses prevista en el art. 36 del Decreto 446/73 (Reglamento del Régimen de Licencias Policiales)… Con fecha 30 de Enero de 2002 el Poder Ejecutivo Provincial dispuso mi pase a situación de RETIRO,… Por lo cual a partir del 01-02-04 dejé de prestar servicio efectivo en la Fuerza Policial… El 04 de Febrero de 2002 solicité a la Jefatura de Policía el pago de la Licencia Extraordinaria de hasta tres (3) meses, en virtud de haber pasado a situación de Retiro Obligatorio, sin posibilidad fáctica de poder hacer uso de la misma y sin que se me haya abonado o compensado su usufructo, pese a haberla solicitado en actividad… La Jefatura de Policía mediante Disposición 018-D1-C/2002 de fecha 4 de Marzo de 2002 dispuso no hacer lugar al pago de la Licencia Extraordinaria…” (confr. fs. 62vta.).- Manifiesta que la Licencia Extrardinaria prevista en el art. 36 del Decreto N° 446/73, “…no es una concesión sujeta a la voluntad del ejecutivo, sino el simple reconocimiento de un derecho por una prestación continua de veinte años de servicios (20) policiales simples, impuesta para evitar el agotamiento físico, moral o intelectual… Ello a los fines de enfrentar la última etapa de trabajo camino al retiro policial que sería de cinco (5) años más para los suboficiales y de diez (10) para los oficiales… En cuanto a la vigencia del Decreto 140/91 el mismo no es aplicable al presente caso, pues el propio artículo 14 establece que la suspensión no afecta dere- chos adquiridos… Al momento del dictado del Decreto del Poder Ejecutivo esta parte había cumplido una prestación de servicios policiales de más de veinte (20) años, por lo que ya: poseía derechos adquiridos que estaban fuera del alcance de la suspensión decretada pues tenía cumplida la condición que fija la norma del régimen de licencias y por lo tanto adquirido el beneficio de goce de licencia extraordinaria, es decir el de- recho ‘estaba totalmente consolidado’…” (confr. fs. 63vta./64).- Expresa que “…Previo a la negativa de concederme la licencia extraordinaria o luego de abonarme la misma, la Policía pese a regir el decreto de sus- pensión del beneficio lo venía otorgando a todo el personal policial en condiciones de retiro como condición esencial para acceder al mismo… Las decisiones posteriores para mantener la disposición impugnada sostienes (sic) que esta parte se encontraba en una situación laboral particular que impedía legal y fácticamente acordar la licencia peticionada, como reconociendo que si hubiera estado en condiciones me la hubieran concedido…” (confr. fs. 64vta.).- En definitiva, el actor considera que se afectó el derecho de igualdad, “…pues no es cierto que no estaba en igualdad de condiciones que el resto de mis camaradas que usufructuaron licencia extraordinaria, pues en el período com- prendido del 24-02-01 al 01-02-02 no pesaba sobre mi situación de revista ningún obstáculo que impidiera el uso de la licencia extraordinaria…” (confr. fs. 65).- Finalmente, cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que entiende aplicable al caso, ofrece pruebas y hace reserva del caso federal.-
Que, a fs. 96 se ordena correr vista al Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, quien dictamina a fs. 97 y vta. considerando que “...se encuentra agotada la vía administrativa, resultando el objeto la nulidad de la disposición 018-D1/02, en los términos de la Ley Provincial nº 2600. En lo concerniente al plazo para promover la acción -a la luz de las constancias incorporadas en autos- no se advierte violación de los lineamientos establecidos por los arts. 23, 40 y 47 de la Ley 2600… Estamos, entonces en presencia de materia CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, mediante acción promovida por quien refiere ser titular del derecho vulnerado...” entendiendo “...que es formalmente admisible la demanda instaurada...” (confr. fs. cit.).- Que, corrido traslado de la demanda, ésta es contestada a fs. 103/105 por la Fiscalía de Estado quien considera -remitiéndose al Dictamen Nº 533/03- que “…Se alude en el dictamen a la situación fáctica en la que se encontraba el Sr. Hermosilla quien había sido pasado a situación de Disponibilidad, status policial en el cual no se puede cambiar la situación ni hacer uso de licencias. Al finalizar dicho período la Jefatura de Policía designa como Subjefe de Policía al Crio. Mayor Lanesan, quien resultaba de menor jerarquía que el Sr. Hermosilla, por lo cual este último fue pasado a retiro… El propio dictamen destaca que la situación del actor no encuadra en tales condiciones, ello precisamente en función de su particular situación previo al retiro de la fuerza (situación de Disponibilidad y luego retiro forzado u obligatorio). El actor igualmente se queja asegurando que a otros agentes policiales se le habría otorgado la licencia que a él se le deniega y que de esta manera se habría violentado el principio de igualdad ante la ley…” (confr. fs. 104 y vta.).- Finalmente cita fallos que entiende, apoyan sus argumentos, ofrece prueba y solicita que la demanda sea rechazada, con costas.-
Que, a fs. 108/110, contesta demanda la Policía de la Provincia de Santa Cruz, expresando que “…En primer lugar el otorgamiento de esta Licencia no es automático por el solo transcurso del tiempo sino que requiere la petición concreta y un instrumento legal dictado por el Poder Ejecutivo Provincial que otorgue la misma… no ha existido nunca el dictado del instrumento legal otorgando la misma ni autorización para ello por parte de la Jefatura de Policía, razón por la cual no corresponde el pago… el actor reconoce indirectamente esta situación al acompañar copia del Dcto Provincial nro. 456 mediante el cual se concedió la licencia extraordinaria a Don Juan Emilio San Sebastián. Es decir, que se reconoce que es requisito indispensable para el cobro la concesión previa por Decreto del Poder Ejecutivo. Es decir que es falso que corresponda el pago por ser un derecho adquirido por el solo hecho de tener 20 años de servicios antes del dictado del Decreto 140/91, sino que es una medida de excepción y que requiere como dijimos no sólo haber alcanzado los años de servicio sino además el Decreto del Poder Ejecutivo otorgándola, nada de lo cual ocurrió en el caso del actor…” (confr. fs. 109).- Señala que “…En relación a los antecedentes mencionados por el actor, los mismos no constituyen precedentes administrativos que revistan la carac- terística que indiquen el deber de proceder de igual forma, toda vez que se han tratado de situaciones propias distintas a las del actor…” (confr. fs. cit.).-
Finalmente ofrece prueba y solicita se rechace la demanda, con costas.-
Que, a fs. 121 se ordena la apertura a prueba, certificándose so- bre la producción de la misma a fs. 138 y a fs. 191, y puestos los autos a disposición de las partes para alegar (confr. fs. 191, in fine), únicamente la co-demandada -Estado Provincial- ha hecho uso de esa facultad (confr. fs. 196/197), llamándose autos para Sentencia a fs. 198.-
II. Que, conforme ha quedado trabada la presente litis, corres- ponde analizar como objeto de la acción contencioso-administrativa deducida, la legi- timidad de la Disposición Nº 018-D1-C/02 del Jefe de Policía de Santa Cruz, la cual dispone no hacer lugar al pago de la licencia extraordinaria solicitada por el actor.-
De los antecedentes relatados y de los expedientes administra- tivos acompañados, surge que el Sr. Juan de Dios Segundo Hermosilla poseía más de treinta años de antigüedad en la Policía de la Provincia; que por Disposición N° 009-“J”-“C”/2000, se encuadró la situación de revista del actor “en disponibilidad” (confr. fs. 195 de su legajo personal acompañado); que por Decreto Nº 367/02 se ordena su pase a situación de retiro obligatorio a partir del 1° de Febrero de 2002; que al mo- mento de su retiro no había hecho uso de la licencia extraordinaria de tres meses pre- vista en el Decreto 446/73 a la que podían acceder los policías que tuvieran más de 20 años de antigüedad.- Posteriormente, efectuó los pertinentes reclamos administrativos requiriendo el pago de la licencia no gozada, el cuál le es rechazado mediante la disposición que ahora impugna. Finalmente, debe manifestarse que se encuentra ago- tada la vía administrativa.-
Que, la controversia en los presentes se refiere a la nulidad de la Disposición referenciada, con relación a la procedencia del reclamo del pago com- pensatorio de los días correspondientes a la licencia extraordinaria por antigüedad.-
Que el actor solicita con fecha 29 de diciembre de 2000, la licencia establecida en el Decreto 446/73; aunque es de destacar que lo realiza con posterioridad al encuadramiento de su situación de revista en disponibilidad (Disposi- ción N° 009-“J”-“C”/2000, del 21 de febrero de 2000), conforme obra en el expediente administrativo Nº 760.464-JP/01, acompañado.-
A los efectos de resolver el presente caso, debe manifestarse en primer lugar, que el Decreto Nº 446/73 regula en su artículo 36 la licencia extraor- dinaria.-
La misma se otorga por una sola vez, con goce de haberes y por el término de tres meses. Para su concesión deben reunirse cuatro requisitos: que sea solicitada por el agente; que el beneficiario cuente con más de veinte (20) años de servicios; que se encuentre en actividad al momento de solicitarla y que la conceda el Poder Ejecutivo Provincial.-
Se diferencia de las vacaciones anuales, en que éstas últimas no requieren la solicitud del agente, sino que se encuentran establecidas directamente por la normativa para todos aquellos que realizan la misma actividad; mientras que a la li- cencia extraordinaria hay que solicitarla y el Estado tiene la facultad de otorgársela, siempre que ella se encuentre prevista dentro de los textos legales (confr. Diez, Ma- nuel M., Derecho Administrativo, Tº III, Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, 1967, pág. 474/475). Su otorgamiento no se vincula al orden público como acontece con las primeras (confr. Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, Tº III B, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1970, pág 305/306).- En el supuesto de autos se verifica que el actor posee la anti- güedad en el cargo requerida por la ley, aunque efectuó el pedido de otorgamiento de la licencia estando en disponibilidad. Es decir, no se desempeñaba en servicio activo.-
Fue la idea del legislador que el beneficio sea gozado como de licencia efectiva durante tres meses, siendo el otorgamiento de esta licencia atribución del Poder Ejecutivo Provincial (artículo 10º del citado Decreto).-
De lo expuesto, se desprende la imposibilidad, en el caso, de compensar la licencia.-
Al respecto, este Tribunal ha expresado que “…la licencia extraordinaria por antigüedad es un derecho en expectativa ya que su otorgamiento se halla sujeto a determinadas condiciones, ya señaladas, que al no configurarse impiden su ejercicio. Las primeras se otorgan todos los años de manera general, impersonal a todos los agentes; las segundas tienen carácter de excepción, particular, siendo otor- gadas ‘intuitu personae’, a solicitud del interesado, en cualquier época del año en que ocurra el acontecimiento que las motive (confr. Diez, Manuel M., ob. cit., pág. 475; ídem, Marienhoff, ob. cit., pág. 305)…” (confr. Tomo XIV -Contencioso Administra- tivo-, Reg. Nº 896, Folio Nº 2623/2630).- No se trata, como alega el actor, de un derecho adquirido, sino de una expectativa que tienen los agentes que han cumplido con los requisitos que el artículo 36 del Decreto 446/73 pone en su cabeza, de que el Poder Ejecutivo Provincial se las conceda. Este último, es un acto indispensable para su procedencia.-
De allí que resulta ajustada a derecho la decisión administrativa de rechazar el reclamo del actor en base a lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto Nº 140/91 (que suspendió a partir del 1º de diciembre de 1991 las autorizaciones para usufructuar licencias extraordinarias) toda vez que, tal como se indicara “ut supra”, el accionante no tenía un derecho adquirido porque para esa fecha no tenía concedida la pretendida licencia extraordinaria.- Conforme a los argumentos dados, se concluye “…que la extinción de la relación de empleo, mediando la omisión del uso y goce de la licencia extraordinaria por antigüedad, impide al agente hacer valer el derecho a reclamar su pago compensatorio…” (confr. fallo cit.).-
Que respecto, de los precedentes administrativos invocados por el actor, debe ponerse de manifiesto que en el caso de la licencia extraordinaria otorgada a Mario Oscar Casanova (confr. fs. 148/149), la misma fue dada como medida de excepción y en razón de que el mismo se encontraba “próximo a su retiro voluntario”.-
Por otra parte, con respecto a Ernesto Gabriel Pio, le es conce- dida la licencia extraordinaria “...únicamente como medida de excepción a aquellos funcionarios que pasaran a revistar a situación de Retiro Voluntario de acuerdo a la legislación pertinente...” (confr. fs. 150).-
Estas situaciones particulares, es decir, el retiro voluntario, no se asimila a la del actor, como se aprecia con claridad.-
A la misma conclusión se arriba al analizar la situación de otros agentes, donde ni siquiera es mencionada la licencia extraordinaria. Tal es el caso de Sergio Mario Mimica (confr. fs. 178/179vta.); Pedro Remigio Ojeda (confr. fs. 180); Edgardo Néstor Sepúlveda (confr. fs. 181/182); Marcos Manuel Barría (confr. fs. 183) y Julio César Coronel (confr. fs. 186). En el caso de Vicente Nicolás Federspil (confr. fs. 187), él mismo hace renuncia expresa al beneficio de licencia extraordinaria (confr. fs. 237 de su legajo personal).- Sin perjuicio de lo ut supra señalado, es dable destacar que este Tribunal ha expresado que, en principio, “...los precedentes administrativos carecen de efecto vinculante ya que no obligan a la Administración a conformar su voluntad de idéntica manera cuando existan razones fundadas para expedirse en un sentido di- ferente. No existe norma legal que constriña a la administración a dictar sus decisiones de acuerdo a lo obrado en casos anteriores...” (confr. Tomo XII -Contencioso Ad- ministrativo-, Reg. 791, Folio 2238/2242); no advirtiendo razones en este caso que permitan exceptuarse de dicho principio general.-
III. Que, por último, descartada la ilegitimidad por los vicios denunciados, y comprobada la razonabilidad de la actuación de la demandada, con- forme lo expuesto en el considerando precedente, no deviene palmaria la ilegitimidad de la Disposición Nº 018-D1-C/02 del Jefe de Policía de Santa Cruz, ya que constituye derivación razonada del derecho vigente, resultante de autoridad competente, sin que se adviertan defectos de forma o aún una desviación de la directiva que debe tener el acto respecto de las normas aplicables, desvirtuando toda posible vulneración de derechos subjetivos del actor.- En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto en forma negativa.-
Los Dres. Enrique Osvaldo Peretti, Paula Ernestina Lu- dueña Campos, Alicia de los Ángeles Mercau y Domingo Norberto Fernandez por compartir sus fundamentos adhieren al voto del Dr. Mariani.-
A la segunda cuestión el Dr. Mariani dijo:
Atento a la forma en que me he pronunciado respecto de la Pri- mera Cuestión, propongo se dicte sentencia rechazando la demanda contencioso ad- ministrativa interpuesta por el Sr. Juan de Dios Segundo Hermosilla en contra de la Policía de la Provincia de Santa Cruz y del Estado Provincial; imponiendo las costas en el orden causado de conformidad a lo establecido en el art. 90 del CPCA -Ley Nº 2.600-; teniendo presente la reserva del caso federal manifestada a fs. 66, apartado V, punto 4; y difiriendo la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la actora-, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (confr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).- Los Dres. Enrique Osvaldo Peretti, Paula Ernestina Lu- dueña Campos, Alicia de los Ángeles Mercau y Domingo Norberto Fernandez, adhieren al pronunciamiento propuesto por el Dr. Mariani.-
En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 26 de Agosto de 2014.-
VISTO Y
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto unáni me de los Sres. Vocales, Dres. Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos, del Sr. Vocal Subrogante, Dr. Domingo Norberto Fernández y del Sr. Vocal a cargo de la presidencia, Dr. Daniel Mauricio Maria- ni, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazando la demanda contencioso administrativa inter- puesta por el Sr. Juan de Dios Segundo Hermosilla en contra de la Policía de la Pro- vincia de Santa Cruz y del Estado Provincial.-
3. Difiriendo la regulación de honorarios del letrado intervi- niente -por la actora- hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes pre- visionales y tributarias vigentes.-
5. Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse las ac- tuaciones administrativas mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal A/C Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Domingo Norberto Fernández -Vocal Subrogante-.
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1018C.141 Tomo: XV Sentencia: 970 Folio N°: 2935/2938 Secretaría: 1
Fin de la sentencia