Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa H-2539/23-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en PE732414-2022 y, en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial dictada en PE810288-2023.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: H-2539/23-TSJ Interlocutorio N°: 3794 Actor: HERNANDEZ HECTOR HUGO Demandada: LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA. DE SEGUROS GENERALES Objeto: SUMARISIMO Fecha: 26 de marzo de 2024 Texto: TOMO XXXV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3794 FOLIO Nº 6881/6884 PROT. ELECT. TSS1 008 I.241
Río Gallegos, 26 de marzo de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “HERNANDEZ HECTOR HUGO c/ LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA. DE SEGUROS GENERALES s/ SUMARISIMO”, Expte. N° H-20.970/20 (H-2539/23-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Facundo González Figueroa (cfr. PE732414-2022), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE705799-2022, que confirmó la dictada en Primera Instancia. Esta última hizo lugar a la demanda promovida, con costas a la demandada vencida (cfr. PE317242-2021).- Para así resolver, la Excma. Cámara de Apelaciones entendió que: “…la específica normativa del art. 2553 del Código Civil y Comercial de la Nación que establece que la prescripción debe oponerse dentro del plazo para contestar la demanda en los procesos de conocimiento. Este es un proceso sumarísimo que integra los procesos de conocimiento conforme surge de nuestro Código Procesal Civil y Comercial…” (cfr. PE705799-2022, pág. 6)
Asimismo, sostuvo que: “El segundo ‘agravio’: el encuadramiento de la cuestión en la sentencia en la ley de defensa del consumidor también será derrotado por el incumplimiento notorio de las pautas previstas en el art. 264 del C.P.C. y C.: Contenido de la expresión de agravios…” (PE y pág. cits.).-
II. Contra esta decisión, la demandada interpone recurso de casación acusando: “…quebrantamiento de forma y violación de la Ley (art. 1° de la Ley 1687), por quebrantamiento de formas sustanciales prescriptas para la sentencia (art. 2° de la Ley 1687), y por aplicación errónea de la ley (art. 3°, inc. ‘a’ de la citada norma legal).”(cfr. PE732414-2022, pág. 1).-
Expresa el casacionista que: “La resolución recurrida es lisa y llanamente nula porque no constituye una derivación razonada del derecho vigente aplicado a las constancias de la causa, y resulta arbitraria […] Comencemos por recordar que el Código Civil y Comercial de la Nación no ha incorporado en su texto nada de lo relativo al contrato de seguro. Dicho de otro modo, es un tema que no se trata y ha quedado regulado en una ley especial. Esto es la Ley de Seguros N° 17.418. En dicho sentido cabe hacer saber que el Art. 58 de la Ley 17.418 establece que ‘Las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de un año computado desde que la correspondiente obligación es exigible…’ Esto es así en razón que la acción ha quedado expedita y puede ser ejercida.
De la sola comparación de las fechas indicadas arriba, queda claro que se ha cumplido en exceso el plazo determinado en el Art. 58 de la Ley de Seguros. De acuerdo a lo expuesto, solicito a V.S. que así lo decrete.” (cfr. PE cit., págs. 4/5).- Agrega el recurrente: “También hago saber a V.S. para el caso que la actora intente encuadrar el presente reclamo dentro de la Ley de Defensa del Consumidor, como lo hizo saber en la demanda -la que a todo evento niego sea aplicable al presente, en atención a lo que se indicará mas (sic) adelante- que el plazo de prescripción del Art. 50 de la Ley 24.240 solo es aplicable a las acciones y sanciones administrativas. Esto en atención a que el capítulo XII de dicha norma regula lo referente a las actuaciones administratias (sic) iniciadas por la autoridad de aplicación en caso de presuntas infracciones a esa Ley y a las resoluciones que se dicten, de oficio o por denuncia de quien invocare un interés particular o actuare en defensa de los consumidores.
Se desenvuelve en plenitud el procedimiento administrativo, preservándose el principio de bilateralidad, aludiéndose a la resolución final factible de ser recurrida. Así también, a los efectos de los acuerdos conciliatorios, sanciones en caso de infracciones, y la posibilidad de graduar las sanciones”. (cfr. PE cit., págs. 5/6).- Respecto al daño punitivo, señala que: “Continúa esa Excma. Cámara de Apelaciones en una suerte de explicación doctrinaria haciendo referencia a fallos de la Corte, ‘por incumplimiento notorio de las pautas previstas en el Art. 264 del CPCyC. Contenido de la expresión de agravios’ ya que no existe en la apelación ‘una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas’.
Efectivamente. Cuando el Juez de grado aplica un derecho y normativa errónea, el agravio es ese. Como podrá observarse de la simple lectura de la sentencia de primera instancia, la totalidad del fallo se fundamenta en la Ley de Defensa del Consumidor. La aplicación de dicha norma es errónea. El agravio justamente es ese. Si se aplica directamente la Ley de Seguros, no puede ser condenado mi mandante tal como lo hace el a quo. La relación primaria entre el actor y mi mandante (La Segunda Coop. Limitada de Seguros Generales), es obviamente el contrato de seguro. Si el a quo intenta apartarse de ese contrato, es justamente el a quo quien debe justificar su proceder. No hace falta remitirse a ninguna prueba específica y/o relación sobre la producción de una prueba para determinar lo expuesto […] La Ley de Seguros como la ley 20.091 tienen preeminencia respecto de la Ley de Defensa del Consumidor y que pese a la reforma de la ley 26.361, sus disposiciones no le son aplicables a aquellas, en especial referido al tema de la prescripción, señalando en tal sentido el fallo en cuestión, que el plazo del artículo 58 de la ley de Seguros no se ha modificado no siendo de aplicación el previsto en la ley 26.361 ‘porque el mismo se encuentra previsto en la ley especial’.” (cfr.
PE cit., págs. 7/9).- Concluye el casacionista que: “Por lo tanto debe concluirse que el instituto del daño punitivo no se aplica en cualquier caso, sino y sólo cuando aparecen dados aquellos supuestos, esto es, cuando la conducta de la parte que provoca la ruptura del contrato va más allá del mero incumplimiento contractual. Como podrá observarse, y especialmente de la lectura del presente expediente con la prueba aportada en el mismo, no existe la ‘particular gravedad’ exigidos por la norma ya que no está probado el dolo o la culpa grave de mi mandante y mucho menos aún, se encuentra probado el enriquecimiento ilícito requerido para su aplicación. El dolo se configura por una actitud calificada por la intención deshonesta de ocultar para falsear la realidad, como medio de engaño (art. 931 del CCiv.; ahora art. 271 del CCivCom.), y debe ser probado por quien lo invoca pues no se presume; y los elementos de persuasión que se propongan para demostrarlo deben valorarse con extremo rigor, por lo que se decidirá por su existencia cuando la prueba sea inequívoca y se lo descartará en situaciones dudosas.
De acuerdo a lo expuesto, solicito a ese Excmo. Tribunal revoque tanto el fallo de la Excma Cámara de Apelaciones y el de primera Instancia, ordenando a aquellos el dictado de una nueva sentencia con los fundamentos de aplicación de la Ley de Seguros y el marco normativo correspondiente”. (cfr. PE cit., pág. 13).- La Excma. Cámara de Apelaciones declaró formalmente admisible el recurso de casación interpuesto (cfr. PE810288-2023).-
Pasan los presentes al Acuerdo (cfr. PE522517-2023).-
III. Sentado lo anterior debemos, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso extraordinario intentado.-
Para realizar esta tarea no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido reiteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva, inexorablemente, a la inadmisibilidad del remedio procesal casatorio.- Resulta imperativo que la parte recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta (cfr. TSJ, Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3440, Folio 5819/5823), lo que no ha acontecido en el sub lite.- A la luz de todas estas premisas, sin perjuicio del análisis que seguidamente efectuaremos respecto de los agravios intentados, resulta dable anticipar que la pieza recursiva obrante en PE732414-2022 no satisface mínimamente los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
IV. Ahora bien, en lo tocante a la supuesta violación de la ley, el casacionista omite realizar una cabal demostración de cómo es que se ha producido dicha violación, o la aplicación falsa o errónea que genéricamente denuncia, de manera de suministrar con ello fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta el decisorio en crisis.-
El recurso, de la manera en que ha sido planteado, no llega a constituir la crítica concreta y razonada del pronunciamiento que se ataca, toda vez que la parte recurrente sólo se ha limitado a dar su propia interpretación del caso sin intentar demostrar en qué se ha equivocado la Cámara que se expidió, menos aún fundar en debida forma y con relación directa al supuesto bajo análisis, la procedencia y razonabilidad de su pretensión revisora.-
Se advierte entonces que la lectura del escrito portador del recurso de casación desnuda la carencia de una crítica concreta y razonada de la resolución que se ataca, requisito insoslayable de la vía que se intenta. No contiene, dicho libelo, una explicación razonable que demuestre, aunque sea mínimamente, cómo es que, en el caso concreto, se ha producido la violación o el error que amerite desechar la resolución de Cámara.-
En efecto, para fundar su decisorio la Excma. Cámara señaló que: “El primer agravio será derrotado sin mayores explicaciones que la específica normativa del art. 2553 del Código Civil y Comercial de la Nación que establece que la prescripción debe oponerse dentro del plazo para contestar la demanda en los procesos de conocimiento. Este es un proceso sumarísimo que integra los procesos de conocimiento conforme surge de nuestro Código Procesal Civil y Comercial…” (cfr. PE705799-2022).- En ese sendero de ideas, debemos señalar que habiéndose declarado extemporánea la contestación de demanda articulada por el casacionista la excepción de prescripción intentada, ya sea como de previo y especial pronunciamiento o bien como defensa de fondo, resultó inadmisible y, por consiguiente, materia ajena de pronunciamiento en primera instancia. (cfr. PE124828-2021).-
Lo dicho se asienta en la perentoriedad de los plazos procesales (cfr. art. 156º del C.P.C. y C.). Así, los argumentos del recurrente relacionados a la normativa que, según entiende, resultaría aplicable al instituto de la prescripción de la acción deviene de abstracto tratamiento, ya que, sencillamente no se debatió en el caso la naturaleza del planteo prescriptivo por haber sido este impetrado extemporáneamente.-
V. Igual suerte que el anterior agravio sigue, indefectiblemente, el planteo efectuado por el casacionista relativo al quebrantamiento de formas sustanciales prescriptas para la sentencia.-
En lo referente al recurso de casación por quebrantamiento de forma es dable precisar que se encuentra establecido en nuestra ley adjetiva para los supuestos en que se hubieran violado las formas y solemnidades sustanciales prescriptas para el procedimiento o la sentencia, siempre que la nulidad no haya sido consentida por las partes (cfr. art. 2º del régimen de casación) (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3493, Folio 5971/5975).-
Este Alto Cuerpo ha considerado procedente el recurso de casación por quebrantamiento de forma en casos de falta total de fundamentación de una sentencia, ausencia de mayoría de opiniones concordante (cfr. Sentencia, Tomos V, Reg. 166, Folio 857/859 y VII, Reg. 229, Folio 1234/1238), incongruencia palmaria por omisión total o parcial de pronunciamiento sobre los agravios propuestos (cfr. Sentencia, Tomos III, Reg. 90, Folio 404/408), o autocontradicción entre los considerandos y lo que se decide en la sentencia (cfr. Sentencia, Tomo XII, , Reg. 414, Folio 2257/2260).- En el sub lite, el casacionista no logra evidenciar la configuración de vicio alguno en torno a las formas y solemnidades prescriptas para el acto sentencial. Más aún, la simple lectura de la pieza recursiva denota de forma prístina la ausencia de una crítica certera tendiente a demostrar la infracción a alguna de las reglas básicas del razonamiento articulado por el Tribunal de Alzada.-
VI. En cuanto a la violación o errónea aplicación de la ley en los términos del artículo 3º inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, cabe recordar que para que resulte procedente se debe demostrar la existencia de un defecto de apreciación legal con relación a los hechos y pruebas de la causa, y en la aplicación legal de un encuadre erróneo; esto es, que el embate de la recurrente debe dirigirse a la actividad de juzgamiento de la Cámara en su tarea de subsunción de los hechos y en la correcta interpretación y aplicación de las normas cuya violación pretende (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 574, Folio 3266/3273).- El casacionista sostiene que cuando el Juez de grado aplica un derecho y normativa errónea, el agravio es ese.
Anuda que, como podrá observarse de la simple lectura de la sentencia de Primera Instancia, la totalidad del fallo se fundamenta en la Ley de Defensa del Consumidor, asegurando que la aplicación de dicha norma es errónea haciendo extensiva su argumentación al daño punitivo fijado en el acto sentencial (cfr. PE732414-2022, pág. 7). Sin embargo, no indica ni argumenta de manera idónea y clara cuál es la normativa violada o erróneamente aplicada, ni la existencia de un defecto de apreciación legal.- Si bien se mencionan las normas supuestamente conculcadas, no se realiza una cabal demostración de cómo es que se ha producido esa violación de la ley o la aplicación falsa o errónea que genéricamente denuncia, de manera de suministrar con ello, fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia, solamente se vislumbra un criterio de aplicación de la ley diferente al estructurado por el Tribunal de Alzada.- Sobre el sub judice este Alto Tribunal sostuvo que: “En la misma línea de pensamiento se ha sostenido que: ‘Por otra parte, resulta trascendente señalar que este Tribunal ha calificado clara y contundentemente al contrato de seguro como un contrato de adhesión y de consumo, afirmando que ‘el contrato de seguro constituye un contrato por adhesión, ya que su contenido (póliza) es predispuesto en forma anticipada y unilateralmente por el asegurador, mediante condiciones generales uniformes, aplicables a todos los contratos que celebre en el ramo; mientras el asegurable sólo puede decidir entre adherir en bloque a las condiciones generales de la póliza o no contratar’.
En el mismo precedente señaló que ‘No hay dudas que el contrato de seguro es un contrato de consumo al que le resultan aplicables las normas referidas a los principios in dubio pro consumidor, la garantía de información veraz y suficiente, la garantía de indemnidad, la nulidad de cláusulas abusivas’ (arts. 2, 3, 4, 5, 8 y 37 Ley 24.240)’ (Expte. N° 108.459 - ‘Federación Patronal Seguros SA en J° 100.784/36.550 Barragan Ricardo Guillermo y Ots. c/ Reynaga Ricardo Ernesto y Ots. p/ D. y P. s/ Inc. Cas.’ - fecha: 18/12/2013 -Sentencia- Tribunal: Suprema Corte - Sala N° 1 - Magistrado/s: Pérez Hualde-Nanclares-Palermo)…’ (cfr. SCJ Mendoza, Sala Primera, ‘Greco Norma Isabel y otros c/ Aravena Gerardo D. y otro s/ daños y perjuicios - rec. ext. inconstit. casac.’, del 15/05/2017, www.microjuris.com.
Cita Online: MJ-JU-M-104537-AR | MJJ104537).” (cfr. Tomo XXI, Sentencia, Reg. 697, Folio 4117/4136).- Como corolario de todo lo hasta aquí expuesto, se debe concluir que las críticas del recurrente sólo traducen diferencias de criterio con el Tribunal de Alzada y no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento impugnado, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Máxime cuando la interpretación sustentada por la Excma. Cámara de Apelaciones resulta suficientemente motivada, lo que avienta la posibilidad de su descalificación como acto jurisdiccional válido. En esta inteligencia, este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que: “...no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que sólo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente, por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación (conf.
Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3194, Folio 5253/5255, entre otros). En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo; violación de la ley o de la doctrina legal; y/o quebrantamiento de forma...” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXI, Reg. 3548, Folio 6114/6118 y Tomo XXXII, Interlocutorio, Reg. 3611, Folio 6258/6262), circunstancias éstas que no se avizoran en el sub lite.-
VII. En cuanto a la alegada violación de principios y garantías que emanan de la Constitución Nacional, no podemos soslayar que la parte demandada sólo se ha limitado a mencionar y a transcribir algunos de los artículos que considera quebrantados sin explicar de qué manera el fallo de Cámara produjo esa violación.-
Como inveteradamente ha sostenido este Alto Tribunal no basta la mera invocación, sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho que la Carta Magna resguarda para que pueda prosperar un planteo en tal sentido: “...la sola mención de normas y principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las garantías que ellas tutelan no es base idónea de agravio...” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156).-
VIII. Que, en virtud de lo expuesto, doctrina y jurisprudencia citadas, el recurso de casación articulado por la parte demandada en PE732414-2022, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria por lo que corresponde declararlo mal concedido, y en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial dictada en PE810288-2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del C.P.C. y C., conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en PE732414-2022 y, en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial dictada en PE810288-2023.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse de licencia el Sr. Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani y la Sra. Vocal, Dra. Alicia de los Angeles Mercau (art. 27, 2º párrafo de la Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Vocal A/C de Presidencia-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1008I.241 Tomo: XXXV Interlocutorio: 3794 Folio N°: 6881/6884 Secretaría: 1
Fin de la sentencia