Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 4090/4098 vta. por el Sr. Fiscal de Cámara.-
2Hacer lugar parcialmente a los recursos obrantes a fs. 4036/4075 impetrado por la defensa de Hernández y Roldán y a fs. 4099/4121 vta. por la defensa de Carrazana y Quiroga.-
3Condenar a DAMIAN CRISTIAN ROLDÁN, OSCAR ANTONIO CARRAZANA y RODRIGO DARIÁN QUIROGA, a la pena de TRES (3) años de prisión de cumplimiento efectivo y téngase por cumplida la condena como co-autores penalmente responsables del delito de homicidio y lesiones en riña o agresión (art. 95 del CP).-
4Condenar a ROBERTO ESTEBAN HERNÁNDEZ a la pena de UN (1) año y SEIS (6) meses de cumplimiento en suspenso como autor penalmente responsable del delito de encubrimiento en grado de tentativa (arts. 277 inc. 1, apartado b) y 42 del CP).-
5Ordenar la INMEDIATA LIBERTAD de HERNÁNDEZ, CARRAZANA, QUIROGA y ROLDAN debiéndose labrar el acta respectiva a través del Centro de Detención donde se encuentran alojados.-
6LA ACCIÓN CIVIL queda firme debiéndose ejecutar en la anterior instancia.-
7Tener presente para el momento procesal oportuno las reservas del caso federal de fs. 4074 vta. y 4121/vta.-
8DEBERÁ NOTIFICAR la Excma. Cámara Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial, de la presente, según lo establecido en los puntos 5º, 6º y 7º de la sentencia casada.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA SENTENCIA Nº:004 OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
FECHA: 21 de agosto de 2018 AUTOS: "HERNÁNDEZ ROBERTO ESTEBAN Y OTROS S/ INF. ARTS. 79/42 Y ARTS. 79 Y 80 DEL CP" Expte. Nº H-1036/17/TSJ.-
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, a los veintiún días del mes de agosto de dos mil dieciocho, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia integrado por los vocales, los Dres. Mauricio Daniel Mariani, Alicia de los Angeles Mercau y Reneé Guadalupe Fernández, bajo la presidencia a cargo de la Dra. Paula Ludueña, con la asistencia del Sr. Secretario Dr. Ricardo Javier Albornoz, pronuncia la presente sentencia dictada en los autos caratulados "HERNÁNDEZ ROBERTO ESTEBAN Y OTROS S/ INF. ARTS. 79/42 Y ARTS. 79 Y 80 DEL CP" Expte. Nº H-1036/17/TSJ, en razón que la Excma. Cámara de la Segunda Circunscripción Judicial a fs. 3979/4031 vta. resolvió "...2º) declarar la nulidad de la acusación fiscal... 3º) condenar a ROBERTO ESTEBAN HERNÁNDEZ,... DAMIÁN CRISTIAN GABRIEL ROLDÁN,... OSCAR ANTONIO CARRAZANA,... y a RODRIGO DARIAN QUIROGA... a la pena de diez (10) años de prisión de cumplimiento efectivo... como coautores penalmente responsables del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa (arts. 42, 44, 45, 79 y 80 inc. 6º del CP), hecho cometido en Caleta Olivia el 09.4.15, en perjuicio de Bonifacio Nilamón Barrera.- Que en esta instancia han actuado en calidad de partes, el Dr. Gerard Gramática Bosch como defensor de los condenados Hernández y Roldán, el Dr. Marcelo Omar Fernández como defensor de los condenados Carrazana y Quiroga y se desempeñó como Fiscal subrogante ante este Tribunal Superior de Justicia el Dr. Iván Saldivia y,
I.-) Que, contra el interlocutorio dictado por la Excma. Cámara de la Segunda Circunscripción Judicial que luce a fs. 3979/4031 vta., interpuso recurso de casación la defensa técnica de los imputados Hernández y Roldán (fs. 4036/4075). Motivó el recurso con los siguientes argumentos: "...invocando la inobservancia de las normas que el CPP establece bajo pena de nulidad, entre ellas, la que establece el catálogo de garantías constitucionales expresamente previstas en el art. 1, 159 inc.3 y ss. del CPP, solicitando que el Excmo. Tribunal disponga que la sentencia sea declarada totalmente nula y se reenvíe la causa ante el Tribunal de juicio para la realización de un nuevo debate oral y público. Ello, debido a la omisión de evacuar la totalidad de las citas del acusado en relación al hecho. Esta es la aplicación que se pretende al amparo de este motivo formal (art. 439, 2 CPP)...".- Ello, "...en relación a que de la prueba valorada por el a quo surge imposible sostener la participación criminal (coautoría funcional) de nuestros defendidos por la comisión de los hechos de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa (arts. 80 inc. 6 y 42 del CP), no existiendo del fallo fundamentación que avale o permite sostener de manera lógica y razonable lo contrario, siendo además la fundamentación y valoración de la prueba esgrimida por el a quo arbitraria. De igual modo y ante la ausencia en la sentencia de un marco probatorio unívoco sobre el acaecimiento del evento juzgado, presentándose un supuesto de ausencia de pruebas de cargo para sostener la imputación efectuada, se solicita la aplicación al caso del principio del in dubio pro reo...".- Agregó "...Asimismo se impugna el fallo en cuestión, invocando la errónea aplicación de la ley sustantiva y la inobservancia de las normas procesales bajo penal de nulidad (art. 438, 1 y 2 CPP), ya que no se observa que concurran los vicios procesales (violación al principio de congruencia) sostenidos por el a quo para considerar que la acusación fiscal sea nula. Por lo que se solicita que se revoque lo dispuesto en el punto 2° de la sentencia impugnada por las razones que se desarrollarán infra...".-
Prosiguió "...Se impugna la sentencia invocando la errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 439, 1 CPP), solicitando que se revoque la resolución impugnada y el Excmo. Tribunal disponga la absolución de los Sres. Roberto Esteban Hernández y Damián Cristian Gabriel Roldán porque no se observa la concurrencia de los extremos objetivos y subjetivos requeridos por el delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa (arts. 80 inc. 6 y 42 del CP), que es el tipo penal en el que se han subsumido los hechos, ni menos aún los requisitos de la participación criminal endilgada -coautoria funcional-...". Expuso "...Subsidiariamente, se impugna el fallo en cuestión invocando la errónea aplicación de la ley sustantiva, solicitando se revoque la resolución impugnada y el Excmo. Tribunal disponga el cambio de calificación legal del hecho por la del delito de encubrimiento en grado de tentativa (arts. 277 inc. b, 42 del CP), lesiones leves en agresión (art. 96 del CP) o subsidiariamente por el delito de homicidio en agresión en grado de tentativa (art. 95 en función del 42 del CP). Esta es la aplicación que se pretende al amparo de este motivo sustancial (art. 439,1 CPP)...".- Por último hace reserva de la cuestión Federal.-
A fs. 4099/4122 la defensa técnica de los imputados Carrazana y Quiroga manifestó "...Sostenemos respetuosamente que la Excma. Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial, ha aplicado erróneamente el derecho vigente sustantivo y adjetivo respecto de los hechos probados en la causa y ha extraído de los hechos comprobados en la instrucción conclusiones ilógicas y contrarias al contenido de mencionado plexo probatorio...".-
Expuso "...La sentencia en recurso llega a conclusiones arbitrarias al construir la mecánica del episodio sometido a juzgamiento, sobre razonamientos presuncionales que se estrellan o enfrentan al propio contenido de la prueba que se invoca para sostenerlos...".-
Continuó "...En esencial tiene por acreditada la forma de producción de los sucesos en investigación a partir de prueba insuficiente y contradictoria, que impide tener por configurado el tipo penal endilgado a nuestro defendido. Luego con los mismos yerros de análisis y motivación, sostiene la participación presunta de nuestro pupilo como autor directo de los sucesos investigados, sin que los elementos fácticos del expediente así los corroboren. Luego, omite merituar con arbitrariedad y dogmatismo prueba esencial de la causa que descalifica la imputación provisional que se le atribuye y que permite corroborar al mismo tiempo la versión de nuestro defendido en lo atinente a su actuación que fuera expuesta con claridad en su respectiva indagatoria... Más adelante con evidente error de derecho, considera configurado el tipo penal imputado y da por probado el dolo típico de cada figura atribuida...".- Expresó "...El fallo en crisis admite como probados hechos inexistentes o contrarios a la prueba producida y descalifica dogmática y arbitrariamente la prueba de testigos, documental, producida en la instrucción que justificaran con precisión la versión del imputado en su indagatoria (que resulta ajeno a los hechos endilgados y falta de intencionalidad) en la perpetración (como autor) del delito que se le imputa...".-
Subrayó "...Finalmente la Cámara, contra la prueba expediente presume la existencia de dolo directo en cabeza de nuestro imputado en relación con la figura, sin que se fundamente de tal modo esa conclusión o se invoquen en concreto cuales son las pruebas de la causa que sumariamente lo informen...".-
Prosiguió "...En este mismo memorial, elevamos nuestro planteo en contra del resolutorio a condenar en forma dogmática y arbitraria a nuestro asistido. La resolución, es violatoria de normas procesales vinculadas con el fin objeto de la prisión preventiva y contraria a mandas Constitucionales y de Tratados Internacionales vinculados a los principios tutelares de los Derechos Humanos correspondientes al 'principio de inocencia', 'in dubio pro reo', 'pro hominis' y 'favor libertatis'...".-
Sostuvo "...Del tal modo en nuestro recurso denunciamos el quebrantamiento de la forma y violación legal por errónea aplicación de la ley en juzgamiento de la causa. Igualmente sostenemos que se han transgredido las formas establecidas por el ritual para el dictado de la sentencia, ante la absurda valoración de las pruebas y la consecuente arbitrariedad del pronunciamiento, entendiendo respetuosamente esta defensa que se ha prescindido de los elementos probatorios, alterando su contenido o significación, concluyendo en un fallo carente de contenido y de fundamentación aparente en orden a la arbitraria interpretación efectuada...".- Agregó "...Se impugna el fallo en cuestión, la errónea aplicación de la ley sustantiva y la inobservancia de las normas procesales bajo pena de nulidad (art. 438 1 y 2 CPP), ya que no se observa que concurra los vicios procesales, violación al principio de congruencia, sostenido por el a quo para considerar que la acusación fiscal es nula. Por lo que solicitamos que se revoque lo dispuesto en el punto 2º de la sentencia impugnada...".-
Estableció "...Igual consideración cabe sobre el grado de participación que se les endilga a mis defendidos: COAUTORIA FUNCIONAL por lo que causa agravio por la inobservancia de las reglas de la coautoría, ya que les distribuye a todos los imputados el resultado lesivo de Barrera...".-
Por último hizo reserva de la Cuestión Federal.-
A fs. 4090/4098 vta. el Sr. Fiscal fundamentó su recurso en que "...el fallo recaído en autos, procedió a ordenar la nulidad de la acusación fiscal, adoptando una decisión totalmente arbitraria y contraria al principio de la lógica y la razón suficiente...".-
Seguidamente expuso "...Me agravio específicamente por considerar que las razones brindadas por los magistrados, no tienen el suficiente sustento fáctico ni jurídico como para poder invalidar el citado acto procesal, solicitando concretamente que se proceda a casar la sentencia y revertir dicha decisión, considerando como válida la misma...".-
Por último manifestó "...Sostienen los magistrados que se ha violado el principio de congruencia porque los hechos no tuvieron pertinencia con la calificación legal que oportunamente se les atribuyó...".-
A fs. 4130/4132 se hace lugar a los recursos impetrados y se emplaza a las partes quienes mantuvieron los recurso a fs. 4152 el Sr. Fiscal, a fs. 4157 la defensa de Carrazana y Quiroga, y a fs. 4158 la defensa de Hernández y Roldán.-
El día 09 de mayo de 2018 por auto interlocutorio de este Alto Cuerpo, se tuvieron por mantenidos los recursos de casación articulados (fs. 4184/4187 vta.).-
Que, por auto de presidencia que luce a fs. 4208, se citó a los interesados a la audiencia de debate que prescribe el art. 451 del C.P.P., cuya acta se encuentra agregada a fs. 4216/4219, exponiendo los asistentes los fundamentos de sus respectivas posturas.-
II.-) En la audiencia de debate el Sr. Fiscal ratificó los términos del recurso de casación que obra a fs. 4090/4098 vta. manifestó en primer lugar que "...la sentencia de Cámara resolvió la nulidad de las pericias de dermotest y la nulidad de la acusación fiscal y se condenó a los imputados a la pena de diez años de prisión por ser coautores de tentativa de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas. Que la Cámara llegó a esta resolución, aclaró que el requerimiento de elevación atribuyó a los imputados por el delito de homicidio en concurso ideal con tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido por un medio idóneo de generar un peligro común y con el concurso premeditado de dos o más personas.
Teniendo una expectativa de prisión perpetua. La sentencia de Cámara en el punto dos, se pregunta si pueden coexistir dos calificaciones la de la querella teniendo en cuenta la nulidad de la acusación del Fiscal por violación a la querella teniendo en cuenta la nulidad de la acusación del Fiscal por violación a la congruencia, subsistiendo por lo tanto la adecuación de la querella. Con relación al homicidio de Vargas dice que perdió jurisdicción atento a la nulidad del Fiscal. Que el Fiscal Rearte consideró que no se podía probar qué persona había cometido tanto el homicidio como así la tentativa. Que si bien se encontró el arma homicida el perito Fleitas dice que no se pudo concluir el autor.
Que de ahí que el Fiscal estableció homicidio en riña toda vez que no se puede individualizar al autor. Que hubo más personas a las que le dió positivo el dermotest. Tal como expuso Rearte, la fiscalía debe tener objetividad y racionalidad y tal como lo alegara la fiscalía no hay certeza respecto al autor de los hechos. De ahí la calificación de riña solicitando una pena de tres años de prisión. Con respecto a Hernández, si bien estuvo, su responsabilidad es menor por el delito de encubrimiento en grado de tentativa. Solicita por Hernández la pena de un año y seis meses de ejecución condicional. Que el alegato del Ministerio Público está guiado por los principios de objetividad y legalidad, que puede ser de condena o de absolución conforme al material probatorio del debate.
La disertación está relacionada al material fáctico. Una consideración especial es lo afirmado por la Cámara que a fs. 4019 de forma peyorativa manifiesta que el fiscal expuso un dictamen infundado y ahí justifican la nulidad. Que el recurso del fiscal en su agravio en relación a la acusación, fue contraria a la razón suficiente. Que la Cámara dijo que se violó la congruencia, ello no es así, ya que los hechos se mantuvieron sin modificaciones a lo largo del proceso. Que de ningún punto de vista se ha producido una alteración, por lo tanto no se ha violado la congruencia. No existió variación de los hechos, únicamente hubo un cambio de calificación en base a las pruebas valoradas en el debate.
Otra cuestión no compartida es el hecho que debía apartarse al ofrecer prueba. Que el fiscal consideró que en base a las pruebas recién ahí se iba a tener certeza. Las situaciones de mejoramiento procesal se pueden da a diario conforme lo producido en el debate es decir se da habitualmente. Se comprobó que no existían elementos suficientes para sostener la elevación a juicio por todo lo expuesto este Ministerio Público solicita la revocación de la acusación fiscal y se mantenga a la acusación oportunamente sostenida en juicio...".- La defensa de Hernández y Roldán ratificó el recurso de casación presentado a fs. 4036/4075 agregando que "...la nulidad absoluta de la sentencia por no evacuar la citas de los acusados por lo tanto se violó el principio de defensa e inocencia.
Que ambos condenados manifestaron con lujo de detalles los movimientos que hicieron antes de los hechos, estas manifestaciones eran dirimentes y descartan de plano el concurso de dos o más personas. Hubo material probatorio a contrario de lo sostenido por la Cámara, toda vez que los testigos imparciales ofrecidos no fueron citados. Si no hubo plan, la agravante no puede sostenerse, no hay elementos objetivos ni subjetivos que puedan sostener la calificación. El segundo motivo se ha dado la nulidad por violación a la sana crítica y arbitrariedad se ha violado el in dubio pro reo y este agravio peticiona la absolución. No hay coautoria funcional toda vez que el fallo no se sustenta en prueba alguna que pueda sostener esa acusación.
Que el proyectil que tiene Barrera no se sabe si corresponde a algunas de las armas secuestradas. No se sabe quienes dispararon, pueden haber salido de la ventana o de la vereda. No obstante sin fundamento la Cámara sostiene que sus asistidos fueron los autores. Que había más de treinta personas, se dictó la falta de mérito a los restantes, a pesar de la parafina positiva en algunos de ellos. Que Roldán y Hernández salen efectivamente del edificio en el auto y arrojan de un bolso las armas secuestradas. Es decir mis defendidos si bien estaban no hay certeza para adjudicarle la autoría de los hechos. No se ponderaron las pruebas, por ejemplo las ruedas de reconocimiento no se observó a sus asistidos disparando o que hayan transportado armas de fuego.
No hay un plan criminal, es decir reunión previa para organizar el hecho delictivo. De las ocho armas en la pericia papiloscópica no hay huellas dactilares de mis asistidos. La reconstrucción tampoco aporta elementos relevantes que indiquen a sus asistidos. Lo mismo sucede en las pericias telefónicas las cuales para nada involucran a mis asistidos. Se descarta la premeditación, preparación, etc. por lo tanto no hay convivencia para cometer el hecho. La huida por si misma no habilita para sostener certeza con relación a su condena. Es un mero indicio aislado. La prueba negativa de la cual salió el disparo en caso Barrera no puede suplirse, por lo que le permite concluir que sus asistidos dispararon el arma en cuestión o al menos hay muchas dudas.
Se encuentra indeterminado quién disparó el arma, cual fue el arma, si hubo plan, distribución de roles, que aporte realizó cada imputado, como dichos aportes contribuyeron a causar el hecho, dolo homicida, el concurso y la convergencia intencional. No se observa en la sentencia estos cuestionamientos, ya que la sentencia exhibe un marco dudoso por ausencia de falta de pruebas. Solicito la absolución. El tercer agravio se remite a lo expresado por el Fiscal de Cámara ya que entiende que fue correcta la acusación toda vez que en ningún momento se modificaron los hechos. Hubo certeza por parte del Fiscal que los hechos no podían sostenerse. Solicito se revoque el punto número dos. Cuarto agravio, elementos objetivos y subjetivos del delito.
Señala que de la plataforma fáctica se desprende que sus asistidos hayan intervenido en un concurso premeditado. Se debió modificar el hecho, volver a indagarlos y permitir la defensa. No se configura la agravante no se da la convergencia intencional, lo que si se dá una reunión meramente ocasional de un grupo de personas en un lugar, espacio. No hay indicio que todos los acusados se hayan puesto de acuerdo para cometer los hechos endilgados, no hay prueba alguna que sostener dicha calificante. Igual consideración con relación a la coautoría funcional toda vez que no hay elementos, la sentencia genera un agravio con relación a ello. No existió convergencia, codominio del hecho, etc. Si no se puede saber quién disparó a Barrera mal se puede sostener convergencia, codominio del hecho.
No surge de la sentencia la participación endilgada. Subsidiariamente solicito el cambio de calificación legal en base a lo único que se tiene certeza es que mis asistidos salieran del edificio, hay una intervención posterior al hecho cometido por otro. Tentativa de encubrimiento. Que de las pericias forenses surge que no corrió riesgo de vida Barrera, por lo tanto solicito lesiones leves en agresión. Finalmente en caso de no acceder sea homicidio en riña. Con respecto al pedido de libertad solicitado en Cámara que fue rechazado, allí se sostuvo que atento al tiempo de detención el cual se encuentra privado de libertad, la prórroga a la que apela la Cámara es inconstitucional no hay entorpecimiento y peligro de fuga, se citó doctrina al respecto.
El propio Fiscal de Cámara dictaminó positivamente, la Cámara denegó dicho pedido porque había una investigación paralela y porque había una acusación pendiente que era la de Vargas. No hay investigación en curso por lo tanto ha sido arbitraria la decisión. Solicito se case la sentencia, se tenga por incorporado el escrito y se ordene la libertad y absolución de mis asistidos...".- Para finalizar, se le concede la palabra al defensor de los condenados Carrazana y Quiroga, quien expresó que "...ratifica los términos del recurso de casación de fs. 4099/4121 vta. manifestando que la crítica a la sentencia está en el primer punto respecto a los hechos probados. La sentencia omitió el hecho que hubo un enfrentamiento por las partes tan es así que la víctima Barrera señala dichas circunstancias.
También omitió que los hechos fueron casuales. La UOCRA estaba manifestando hace siete días. La UOCRA decidió marchar hacia el Sindicato de Petroleros, desde acá la gente de Petroleros podía tener una idea de que iba a haber una premeditación o una marcha al lugar. Las testimoniales a Quiroga lo señalan con una escopeta, en ningún momento hay personas lesionadas con las municiones de dicha arma. En cambio si se demostró por el perito que el arma tenía cartuchos de dispersión que no producen lesión a persona alguna. Que al momento de la recolección de cartuchos son coincidentes con lo que dicen los de la UOCRA, los disparos que efectuó Quiroga. Que si este disparó contra sesenta personas y no fueran cartuchos de dispersión las lesiones serían innumerables, por lo cual es arbitraria la decisión.
Siempre se lo vió abajo, en ningún momento estuvo arriba o con otra arma que no fuera la escopeta, por lo tanto es imposible lo que se endilga en la sentencia. Que el disparo que mató a Vargas vino del primer piso, mi imputado reitera que nunca estuvo en ese lugar, no se puede adjudicar la muerte. Que con relación a Barrera este estaba al medio, este dice que estuvo petroleros pero también UOCRA. Que en el sector de la UOCRA encontraron vainas de disparo con lo cual se comprueba que hubo un enfrentamiento. Se omitió tener en cuenta que no se pudo determinar la bala que lesionó a Barrera tal cual como lo manifestara la defensa anterior, no corrió peligro su vida. No se puede determinar el autor de la lesión.
Las armas secuestradas no se puede determinar que usó las mismas, hay personas que tienen dermotest positivo y fueron liberados, no se entiende las razones de ello. Con relación a las telefónicas se ha demostrado que no hay relación entre los imputados excepto las relaciones de amistad por sus relaciones laborales. En la reconstrucción no surgió nada, lo único que se determinó que había balas en el sindicato de petroleros. No se demostró la balacera que hubo en el Hipertehuelche. Las pruebas testimoniales son contundentes respecto a que ninguno de los imputados tuvieran armas con excepción de Quiroga. Que Carrazana surgió del debate que en el auto llegó solo, esto corroborado por los testigos.
Se sostiene que llegó solo, por lo tanto no hay prueba que organizó con cuatro personas. Si es cierto que se retiró en auto en el cual se tiró un bolso con armas, esta es la única conducta que se le puede reprochar. No entiendo como se arribó a la conducta del art. 80 inc. 6º. No se demostró los elementos objetivos y subjetivos de dicha calificación, por eso solicita la nulidad de la sentencia. Con relación al otro agravio adhiere a lo expuesto por el Fiscal del Tribunal, no se afectó el principio de congruencia. Esta defensa solicita la absolución de mis defendidos, en su defecto solicito lesiones leves en agresión, subsidiariamente la aplicación del art. 95 con una pena mínima...".- Atento a todo lo manifestado por las partes intervinientes corresponde resolver las cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resultan admisibles los recursos de casación interpuestos a fs. 4036/4075 por la defensa particular de ROBERTO ESTEBAN HERNÁNDEZ y DAMIÁN CRISTIAN ROLDÁN, a fs. 4090/4098 vta. por el Sr.
Fiscal de Cámara de la Segunda Circunscripción Judicial y a fs. 4099/4122 por la defensa de los imputados OSCAR ANTONIO CARRAZANA y RODRIGO DARIAN QUIROGA? SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Es nula la acusación del Sr. Fiscal de Cámara? TERCERA CUESTIÓN: ¿Se encuentra acreditada la responsabilidad de los encartados en autos y, en su caso, que calificación corresponde? CUARTA CUESTIÓN: ¿Qué pena corresponde imponer?.- Dada la importancia y complejidad de la causa, el Tribunal resuelve pasar a deliberar a los fines de dictar la presente sentencia y,
I.-) PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resultan admisibles los recursos de casación interpuestos a fs. 4036/4075 por la defensa particular de ROBERTO ESTEBAN HERNÁNDEZ y DAMIÁN CRISTIAN ROLDÁN, a fs. 4090/4098 vta. por el Sr. Fiscal de Cámara de la Segunda Circunscripción Judicial y a fs. 4099/4122 por la defensa de los imputados OSCAR ANTONIO CARRAZANA y RODRIGO DARIAN QUIROGA? A la primera cuestión planteada, este Tribunal Superior de Justicia, entiende que los recursos de casación en trato satisfacen los requisitos de tiempo y forma regulados en lo pertinente, por los artículos 446 y ccdtes. del C.P.P., a la vez que los impugnantes se encuentran legitimados para recurrir, y teniendo en cuenta que la sentencia objeto de los recursos se enmarca dentro de las resoluciones que el código de rito establece como susceptibles de ser impugnadas por esta vía (art. 440 C.P.P.), deben entonces admitirse los recursos de casación interpuesto.- Por todo lo expuesto, corresponde votar por la afirmativa.-
II.-) SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Es nula la acusación del Sr. Fiscal de Cámara?
1.1. Cabe adelantar que el recurso bajo estudio merece favorable acogida, en tanto no se verifica -como sostiene el Tribunal a quo- que la acusación fiscal haya incurrido en violación del principio de congruencia. Ello, por cuanto de las constancias de la causa surge que el factum o hecho criminoso se mantuvo inalterable a lo largo de la misma.-
La acusación constituye el eje fundamental de todo proceso penal por cuanto a partir ella el imputado conoce los motivos y hechos por los que se lo acusa, lo que le permite preparar adecuadamente su defensa para el juicio, y por su parte el Ministerio Público Fiscal enfoca el destino que pretende darle al caso.-
Es decir, sobre la hipótesis fáctica de la acusación se guía todo el proceso, desde la defensa del acusado y el examen de la prueba hasta la discusión en el debate y la decisión final del juzgador (conf. Iuspa, Federico José, "La acusación en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación" y sus citas, Revista Pensamiento Penal, http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/41097-acusación-nuevo-codigo-procesal-penal-nacion).-
La acusación fija definitivamente la persona que debe ser sometida a juicio y el hecho acerca del cual debe versar el debate. Ambos elementos determinan la correlación de aquélla con la sentencia (conf. Clariá Olmedo, "Tratado de Derecho Procesal Penal", Ed. Rubinzal-Culzoni, 1º ed. Santa Fe, 2008, t. IV, pág. 411).-
En el sub iudice el Sr. Fiscal de Cámara sometió al Tribunal a quo un hecho determinado, delineado como un acontecimiento histórico único, sobre el cual previamente la defensa técnica de los imputados pudo pronunciarse, ofrecer pruebas y controlar la producción de las probanzas de cargo, al margen de toda calificación jurídica, sin vulneración al derecho de defensa en juicio, manteniéndose de este modo la identidad fáctica exigida.-
Los actos persecutorios esenciales del proceso se desarrollaron en los siguientes términos: en las indagatorias de los Sres. Carrazana (fs. 552/553 vta.), Roldán (fs. 602/604), Quiroga (fs. 638/640) y Hernández (fs. 659/661), se dejó constancia de los hechos por los cuáles fueron indagados, de conformidad a lo prescripto por el artículo 281 del C.P.P..-
Así, a cada uno de los imputados se les relató que el día 9 de abril de 2015, un grupo de afiliados de la UOCRA -entre quienes se encontraban los señores Vargas Flores y Barrera- se hicieron presentes en la intersección de la Av. Güemes y la calle Lavalle de la localidad de Caleta Olivia, frente al Sindicato de Petroleros y Gas Privado de la provincia de Santa Cruz, llevando a cabo una protesta dirigida a solicitar puestos de trabajo. Bajo estas circunstancias, se hicieron presentes cuatro personas a bordo de un automotor Volkswagen Gol, dominio LJY-408, conducido por el Sr. Carrazana. Las personas indicadas ingresaron al sindicato e inmediatamente un grupo de diez personas -entre las que se encontraba el Sr. Quiroga- comenzaron a efectuar disparos de arma de fuego, en dirección al grupo de afiliados de la UOCRA, con la intención de provocarle la muerte a alguna de esas personas. En ese contexto, se indicó que los imputados se sumaron a la agresión, efectuando también disparos. A raíz de este accionar, uno de los proyectiles de bala disparados impactó en el Sr. Vargas Flores, provocándole la muerte, mientras que otro hizo lo propio contra el Sr. Barrera, causándole una herida.- Minutos después, los Sres. Hernández, Roldán y Carrazana, junto a otra persona no identificada, salieron del interior del sindicato, portando armas de fuego y subiendo al automotor Volkswagen Gol, dominio DDA-757, para darse a la fuga, siendo ulteriormente perseguidos por personal policial, hasta que finalmente fueron aprehendidos. En ese interín, los ocupantes del vehículo arrojaron desde su interior una mochila que contenía en su interior diez armas de fuego.-
Igualmente se detalló que personal policial se hizo presente en la sede del sindicato, procediéndose a la aprehensión del resto de los ocupantes del edificio.-
Durante este acto procesal el hecho fue calificado provisoriamente como homicidio en concurso ideal con tentativa de homicidio, ambos delitos múltiplemente agravados por haber sido cometidos por un medio idóneo para crear un peligro común y con el concurso premeditado de dos o más personas, en calidad de coautores (arts. 79, 41 bis, 80 incs. 5º y 6º y 45 del Código Penal).-
Por otro lado, cabe apuntar que la requisitoria de elevación a juicio (fs. 3464/3509 vta.) endilga responsabilidad penal de los imputados con sustento en el plafón fáctico hasta aquí reseñado, manteniendo la calificación indicada precedentemente.-
Por su parte, la formulación de alegatos del Sr. Fiscal de Cámara (fs. 3933/3936) refiere al mismo acontecimiento histórico imputado. No obstante, el acusador público enfatizó que su actuación debe ser guiada por la objetividad y la racionalidad al momento de atribuir responsabilidades a personas que son sometidas a juicio y que ante la ausencia de certeza sobre la autoría del resultado, debe primar la razonabilidad.-
Consiguientemente destacó que no se pudo probar quién fue la persona que disparó y mató al Sr. Vargas e hirió al Sr. Barrera, puesto que fueron muchas las personas que dispararon, en función de las manifestaciones de los testigos y de los peritos. Por tal razón, subsumió los hechos en el artículo 95 del Código Penal -homicidio y lesión en agresión- respecto de los encartados Quiroga, Roldán y Carrazana. En cuanto a Hernández, destacó que no se encontró dermotest positivo aunque se corroboró que estuvo en el lugar de los hechos, encargándose de retirar las armas que habían sido utilizadas, para luego tirarlas y continuar la huída. En consecuencia, lo acusó como penalmente responsable del delito de encubrimiento en grado de tentativa (art. 277, inc. 1º, b) del Código Penal).- La reseña delineada permite verificar que en el sub lite no se ha producido vulneración alguna al principio de congruencia, desde que la secuencia fáctica se ha mantenido inalterada.-
El principio enunciado puede definirse como la identidad fáctica entre el hecho por el que fue requerida la elevación a juicio y eventualmente condenado el imputado y el enunciado en la acusación intimada ("ne est iudex ultra petita partium").-
Sobre este principio rector del proceso penal la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la causa "Fermín Ramírez vs. Guatemala" sostuvo que "...al determinar el alcance de las garantías contenidas en el artículo 8.2 de la Convención, la Corte debe considerar el papel de la 'acusación' en el debido proceso penal vis-à-vis el derecho de defensa. La descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan.
La calificación jurídica de éstos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. El llamado 'principio de coherencia o de correlación entre acusación y sentencia' implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación (párr. 67).- En la misma línea, la Cámara Nacional de Casación Penal ha señalado que "...la unidad esencial de objeto que debe haber entre la acusación y la sentencia tiene por finalidad que el encausado no sea condenado por un hecho desconocido para él [...] ésta correlación no obedece a meras razones de simetría judicial, sino que debe haber identidad esencial respecto de la plataforma fáctica que se verificó en la imputación inicial, el requerimiento de elevación y la sentencia condenatoria, sin que sea indispensable que la calificación jurídica definitiva asignada deba ser la misma que la provisoriamente dada en el procesamiento y en el requerimiento fiscal..." (cfr.
CNCP, Sala I, "Duhalde Fariña, Ernesto Matías" (AR/JUR/34622/2009).- Nada impide al representante del Ministerio Público Fiscal modificar el encuadramiento jurídico del hecho, el grado de coparticipación del imputado o los fundamentos dados para llegar a la conclusión acusatoria o para pedir la absolución. Ésta es la libertad que el acusador tiene en el momento de la discusión final, después de recibidas las pruebas de plenario. Mientras no se modifique sustancialmente el hecho ni se sustituyan las personas acusadas, en esa oportunidad el Ministerio Público Fiscal puede sostener la inexistencia de aquél, la no participación de éste, la falta de encuadramiento penal de la conducta incriminada, una calificación diversa de mayor o menor gravedad o la falta de responsabilidad penal, o civil en su caso, como también la existencia de circunstancia que contribuya a establecer la medida de la pena, cuya petición formulará concretamente si no solicitare absolución (conf.
Clariá Olmedo, ob. cit. T. IV, pág. 413).- Bajo este orden de ideas, cabe considerar que la tesitura adoptada por la vindicta pública durante la etapa de alegatos, evidencia una actuación objetiva y ajustada a las pruebas rendidas en el proceso.-
Más aún, en modo alguno puede sostenerse válidamente que hubo sorpresa alguna para la defensa a efectos de ejercer su ministerio, ni mucho menos los jueces de la Cámara han individualizado las defensas concretas que eventualmente podrían haber opuesto los encartados de no mediar la sorpresa.-
En efecto, la defensa de los imputados Carrazana y Quiroga en su alegato replicó los argumentos expuestos por la Fiscalía al indicar que "...a diferencia de lo que plantea la Fiscalía los Sres. Carrazana y Quiroga no participaron en la riña o agresión, o sea no pueden ser penalmente responsables por el delito en cuestión [...] la Fiscalía no ha podido comprobar que mis defendidos participaron de la riña o agresión, que tuvieron intención de hacerlo (la figura dolosa), que ejercieron violencia sobre el sujeto que resultó muerto o lesionado y que dicha violencia es causa junto a otras de aquella muerte o lesión no derivadas de un factor externo..." (fs. 3937).- Por su parte, la defensa de los encartados Hernández y Roldán, subsidiariamente dejó plasmada su coincidencia con la calificación atribuida a los hechos por el Sr. Fiscal de Cámara, al sostener que "...para el caso de que no se tenga en cuenta el pedido de absolución ni tampoco la tentativa de encubrimiento para Roldán y Hernández, dejo planteada la posibilidad, como dijera el Fiscal, el homicidio en riña o agresión..." (fs. 3942).-
De las constancias referidas precedentemente, no se avisora que la asistencia letrada de los imputados no haya podido ejercer el adecuado derecho de defensa de sus asistidos, sino que contrariamente a ello, la defensa técnica de los imputados Hernández y Roldán alegó que coincidía subsidiariamente con la nueva adecuación típica formulada por el Fiscal, la que -cabe enfatizar- resulta más benigna.-
1.2. No obstante todo lo expuesto, resulta conveniente recrear lo aseverado por los magistrados, para decretar la nulidad de la acusación, toda vez que sus fundamentos podrían ser entendidos como contradictorios, como así también inconciliables con el principio de estricta legalidad de la acusación.-
Así, el Dr. Alonso sostuvo que "...el acusador público al momento de los alegatos finales valoró la prueba producida e incorporada al debate y consideró que en el caso de los imputados Quiroga, Roldán y Carrazana, la calificación legal que corresponde aplicar es la del art. 95 del C.P. homicidio y lesiones en agresión, requiriendo para ellos la aplicación de una pena de tres años de prisión de ejecución condicional. Y con respecto al imputado Hernández, sostuvo que el hecho, que no fue modificado, encuadraría en el delito de encubrimiento en grado de tentativa, art. 277 inc. 1º apartado 'b' y art. 42 del C.P. porque no se acreditó que hubiera efectuado disparos con arma de fuego; la acción de éste fue la de retirar las armas utilizadas en el hecho para ocultarlas y al ser sorprendidos por la policía no pudo lograrlo.
Pidió sea condenado a la pena de un año y medio de prisión. Fundó su posición conforme se consignara más arriba, al reproducir los planteos de las partes...".- Continuó "...Debo recordar que la acusación fiscal es un acto jurídico complejo, integrado por dos actos, el requerimiento de elevación a juicio y el alegato final, y que entre ambos debe existir congruencia (a menos que el Ministerio Público Fiscal haya decidido ampliar o modificar la acusación, de conformidad con lo establecido por el art. 364 del C.P.P.). Los acusados llegaron a esta instancia en el marco del requerimiento fiscal de elevación a juicio,en el que se les atribuye el hecho, que el fiscal de grado encuadró en el delito de homicidio en concurso ideal con tentativa de homicidio, ambos múltiplemente agravados por haber sido cometidos por un medio idóneo para crear un peligro común y con el concurso premeditado de dos o más personas, en calidad de coautores (arts. 79, 80 incs. 5º y 6º, 42, 45 y 54 del C.P.) y con una pena en expectativa de prisión perpetua...".- Agregó "...El relato de los hechos imputados se mantuvo sin modificaciones desde la indagatoria, el procesamiento y por último en los requerimientos de elevación a juicio de la querella y del fiscal.
Si el Fiscal de Cámara al evaluar la prueba, en su alegato final, consideró que ésta no era suficiente para acreditar la autoría del disparo, debió analizar la participación de los imputados en el hecho y de no poder probarla, solicitar su absolución. Pues de lo contrario se afectan los principios de congruencia y preclusión, reeditando una situación que ya fue tratada y resuelta por el Sr. Juez de Recursos, al confirmar el procesamiento en orden al delito por el cual los imputados fueron traídos a juicio, desechando la calificación que ahora propone el fiscal, bajo la modalidad de agresión...".- Sostuvo "...en el fallo 'Sircovich' la CSJN se expidió ampliando el concepto el 'principio de congruencia' destacando la importancia que adquiere el componente normativo en la definición de la base fáctica.
Allí se juzgó 'que existió una variación relevante del supuesto hecho, y esto sólo puede ocurrir tomando como punto de comparación solamente los hechos empleados en la acusación a los fines de la subsunción en el tipo penal escogido. De manera que la modificación de la base fáctica en la sentencia se produjo como consecuencia de la modificación del criterio sobre cuales de los elementos imputados adquirían relevancia jurídico penal; en otras palabras, fue el distinto punto de vista determinado normativamente, desde el cual se subsumieron los hechos del caso lo que implicó una mutación relevante de la base fáctica'..."... La suerte de la acusación fiscal, por su evidente violación al principio de congruencia, no puede ser otra que su nulidad absoluta e insalvable.
Ello a raíz de que, como dije, la acusación es un acto complejo integrado por dos, el requerimiento de elevación a juicio y el alegato final. En este caso, por la sorpresiva decisión del titular de la acción al final del debate, el acto quedó desintegrado e incompleto, lo que lo torna nulo..." (fs. 3992 vta./3993 vta.).- Al respecto, corresponde precisar que el principio de congruencia sobre el cual fundamenta su nulidad el juez preopinante, es una garantía que le asiste al imputado toda vez que se encuentra intimamente relacionado con el derecho de defensa; por lo tanto, mal se puede fundamentar la nulidad de la acusación en una garantía que favorece al imputado, siendo que en el caso concreto es aplicado en forma contraria a sus intereses.-
A mayor abundamiento sobre el tema, señala la doctrina que el derecho constitucional de la defensa en juicio es uno de los pilares fundamentales del estado de derecho, garantía que impone la observancia de las formas sustanciales del juicio, relativas a la acusación, defensa y sentencia. El correlato de dicho principio constitucional de la inviolabilidad de la defensa en juicio, es el principio de congruencia, que implica la correlación entre el hecho imputado, la acusación intimada, y del descripto en la sentencia.- Señala Maier con relación al tema, "...es por ello que la reglamentación rigurosa del derecho a ser oído, no tendría sentido si no se prohibiera, también, que la sentencia sólo se debe expedir sobre el hecho y las circunstancias que contienen la acusación, que han sido intimadas al acusado y, por consiguiente, sobre aquellos elementos de la imputación acerca de los cuales él ha tenido oportunidad de ser oído; ello implica vedar que el fallo se extienda a hechos o circunstancias no contenidos en el proceso que garantiza el derecho de audiencia..." (Maier, J. "Derecho Procesal Penal. Tomo I: Fundamentos" 2° edic. CABA: Del Puerto, 1999, pág. 568).- Agrega el distinguido doctrinario que "...siendo uno de los contenidos más esenciales del derecho de defensa, el principio de congruencia en el proceso penal tiende precisamente a no dejar desamparado al imputado ni a su defensor respecto a las posibilidades de refutación, prueba y alegación contra el cargo que se le formula. Por ello, a fin de ponderar cuándo tal principio se encuentra vulnerado, se ha enunciado con acierto que: "Todo aquello que, en la sentencia, signifique una sorpresa para quien se defiende, en el sentido de un dato, con trascendencia en ella, sobre el cual el imputado y su defensor no se pudieron expedir, cuestionarlo y enfrentarlo probatoriamente, lesiona el principio estudiado..." (MAIER, Julio B. J., Derecho Procesal Penal argentino. Fundamentos, Hammurabi, Buenos Aires, 1989, t. 1-B, p. 336.).- Precisamente, en el caso mencionado por el sentenciante "Sircovich", la Corte Suprema de Justicia de la Nación, interpretó que "...el cambio de la calificación adoptado por el Tribunal, será conforme al artículo 18 CN, a condición de que dicho cambio no haya desbaratado la estrategia defensiva del acusado, impidiéndole 'formular su descargo'...".-
Concretamente, en el mencionado caso el imputado había sido acusado por el delito de desbaratamiento de derechos acordados -art. 173 inc. 11- y luego condenado por estafa procesal. De ahí que la Corte anulara el fallo sosteniendo que el imputado no tuvo la oportunidad de defenderse por una calificación diferente de la que fuera acusado. ("Sircovich, Jorge Oscar y otros s/defraudación por desbaratamiento de derechos acordados", S.1798.XXXIX, rta. 31/10/2006, CSJN).-
Otro caso emblemático con relación a la violación al principio de congruencia, es el resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Fermín Ramírez vs. Guatemala" en donde en el párrafo 67 se sostuvo "...la descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan. La calificación jurídica de éstos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. El llamado 'principio de coherencia o de correlación entre acusación y sentencia' implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación...".- También en el mencionado precedente, se hizo mención a la vinculación de este principio con el iura novit curia. Dijo que "...esta facultad, consecuente con el principio iura novit curia, debe ser entendida e interpretada en armonía con el principio de congruencia y el derecho de defensa. La necesaria congruencia entre la acusación y la eventual sentencia justifica la suspensión del debate y el nuevo interrogatorio del acusado, cuando se pretende cambiar la base fáctica de la acusación. Si esto ocurre irregularmente, se lesiona el derecho a la defensa, en la medida en que el imputado no ha podido ejercerlo sobre todos los hechos que serán materia de la sentencia..." (-párrafo 74- 21 CorteIDH, Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala. 20/06/2005).- Todo lo consignado ha sido meramente ilustrativo, a los efectos de demostrar que el fundamento utilizado por el magistrado no se ajusta a derecho.-
Es más, como se adelantara en el comienzo de este apartado, hay una contradicción con el voto del Dr. Olivera, quien precisamente percibe el yerro en el que ha incurrido su colega y señala: "...Lógicamente esta nueva calificación jurídica 'sorpresiva', no causa ningún agravio sustancial a los imputados, pues en rigor de verdad los beneficia merced a la escasa exposición punitiva a la que los somete...".-
Precisamente, la doctrina es conteste en señalar, que se afecta el principio de congruencia, cuando la calificación adoptada en el pronunciamiento, no fue debatida y ha sido sorpresiva para el imputado; de ahí que aclare el distinguido magistrado que ello no se acreditó en el presente caso.-
A mayor abundamiento sobre el tema, señala Ángela Ledesma en "El derecho como objeto del litigio penal" "...si nos atenemos a un concepto amplio de defensa veremos que tampoco tiene el tribunal libertad completa para modificar la interpretación jurídica de la imputación. El principio general es que el juicio no puede resultar 'sorpresivo' para el imputado. El tribunal debe preocuparse porque no se sorprenda al imputado en ninguna de las fases o dimensiones del juicio porque, en ese caso, se estaría afectando su posibilidad de ejercer adecuadamente el derecho de defensa...".- Agrega "...Aún cuando se admite que el tribunal conserva una cierta libertad para aplicar el derecho y para apartarse de la calificación jurídica realizada en la acusación o en el auto de apertura a juicio -según el sistema procesal de que se trate-, se debe entender como una violación del derecho de defensa el hecho de que la calificación jurídica que hace el tribunal de los mismos hechos resulta sorpresiva y no fue tenida en cuenta en ningún momento del desarrollo del juicio o los debates particulares. Ello podría generar el 'desbaratamiento de la estrategia defensiva..." ( ob. cit. pág. 203).- Como se puede apreciar, es evidente que hay una contradicción en los fundamentos ya que por un lado, se sostiene que al ser sorpresiva la acusación se afecta el principio de congruencia mientras que por otro lado se sostiene todo lo contrario, en el sentido de que para nada se perjudica los intereses de los acusados.-
Esta circunstancia apuntada en el último término, se demuestra a las claras cuando el Dr. Olivera, cierra su análisis destacando que no hay perjuicio para los imputados.-
Así dice "...esta actuación no le causa ningún agravio a los imputados, todo lo contrario, los beneficia en extremo porque a partir de la nueva imputación pasarían de estar expuestos a una condena de prisión perpetua a una de tres años de ejecución condicional...".-
Es cierto que el Dr. Olivera trata de darle una nueva significación a la nulidad impetrada, sosteniendo que la variación efectuada por el Sr. Agente Fiscal perjudicaría a la querella; circunstancia que no es así, toda vez que ésta concretó su acusación en base a la calificación más gravosa, de hecho, la condena se sustenta en la acusación privada.-
Otro de los fundamentos que se esgrimiría de manera genérica, sería el derecho de las víctimas, con fundamento en que se estaría afectando el artículo 8 inciso 1º de la C.A.D.H..-
Al respecto cabe precisar que si los sentenciantes entendían que el cambio de calificación efectuado por el Sr. Agente Fiscal al momento de concretar su acusación, no se ajustaba a las circunstancias develadas en el debate y al requerimiento de elevación a juicio con el cual se dió inicio al mismo, debió intimar a las defensas alegando que el Tribunal podría llegar a tener en consideración la calificación establecida en el requerimiento de elevación a juicio , ello a los efectos de no violentar el principio iura novit curia.- Así establece el Dr. Fayt en el Fallo "Marcilese, Pedro Julio y otro s/homicidio calificado -causa nº 15888/98 "...los principios procesales que reconocen raigambre constitucional sólo exigen que a una sentencia preceda una acusación. Una correcta acusación es el presupuesto de un debate válido y conforme la estructurade nuestro juicio penal... el juicio oral y público tiene por misión valorar esa acusación -que abrió el juicio- según el contenido del debate. La existencia de una acusación así definida se verificó en el sub lite -materializada en el requerimiento de elevación a juicio-,... por lo tanto, la requisitoria de elevación a juicio es la acusación indispensable para garantizar el debido proceso legal..." (Recurso de hecho M.886.XXXVI, CSJN).- En este sentido, el principio limita la discreción del tribunal al aplicar el principio iura novit curia al requisito de la previa advertencia de la posible calificación jurídica a atribuirse a los hechos contenidos en la imputación, sea porque la calificación estuviera contenida previamente en la imputación -circunstancia que se ajusta al caso de autos-, o cuando hay una calificación jurídica alternativa.-
Otra de las posibles soluciones a las que podía recurrir el tribunal, se encuentra en el artículo 62 del CPP, en el cual se establece que el Ministerio Fiscal debe formular su requerimiento y conclusiones en forma motivada, por lo tanto si la acusación no se condice con el requerimiento de elevación a juicio, y con las pruebas que fueran expuestas en el debate; bien podría argumentar que el dictamen es infundado y con base a la doctrina de la arbitrariedad reiteradamente expuesta por nuestro Cimero Tribunal, fundamentar su decisión.-
1.3. Ahora bien, llegados a esta altura del análisis, se impone la pregunta ¿puede el fiscal adoptar otra calificación diferente a la sostenida en el requerimiento de elevación a juicio?.-
En este sentido, el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia, sostuvo que ello era perfectamente posible, tan es así que conforme las pruebas que pueden surgir en el debate, bien puede la fiscalía peticionar hasta por la absolución del acusado.-
También mencionó de forma general que si surgieran circunstancias agravantes en el transcurso del debate o relativas al delito continuado también previa advertencia a la defensa podría ampliar su acusación; en síntesis, señala que todo lo expuesto se encuentra relacionado a los avatares del juicio, con lo cual una calificación menor puede ser perfectamente sostenida.-
Al respecto, si bien el voto de uno de los magistrados sostendría una posición contraria, lo argüido por la Fiscalía en esta instancia, encuentra apoyatura legal en los siguientes fundamentos.-
Así, Ángela E. Ledesma, al analizar la calificación legal de los hechos expresa que "...recién se definen con las consecuencias del debate (arts. 393, CPPN 268, CPPN, Ley 27063) y queda integrado definitivamente el objeto -diría Pétro- a juzgar con los alegatos conclusivos...".-
Aclara "...la acusación o requerimiento de juicio, en cambio, equivale a la interposición de la demanda que traba la litis en el proceso civil (art. 330, CPCCN). Es decir que el requerimiento de juicio siempre es provisorio y depende de las contingencias del debate -producción de prueba- su total definición (ampliación, mantenimiento de la acusación inicial o retiro y pedido de absolución). De lo que acontezca en las postrimerías del debate depende el objeto de la decisión...".-
Concluye "...el adagio latino nullum iudicium sine accusatione se identifica no solo con la exigencia de previa acusación como requisito para tramitar un proceso, sino que constituye un presupuesto ineludible para emitir el fallo condenatorio. Por ello queda vedado a los jueces apartarse del pedido de la acusación, toda vez que esta última debe ser sometida a contradicción, así la acusación en cabeza de otro órgano diferente representa una garantía a favor del imputado..." (pág. 124).-
Por otro lado, se debe analizar los sucesos a la luz del principio acusatorio, donde también se podría sostener una probable afectación del principio de imparcialidad por parte de los magistrados.-
Debe tenerse presente, que no obstante ser nuestro Código Procesal de los llamados mixtos, se ha señalado que durante el transcurso del plenario, cobra vigencia el acusatorio.-
En este sentido se pronunció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Quiroga" CSJN, 23-12-2004, Q.162.XXXVIII, "Quiroga, Edgardo Oscar s/Causa Nº 4302", y es la línea que sigue la minoría en el caso "Amodio" [Considerando 12, disidencia de los Dres. Lorenzetti y Zaffaroni www.laleyonline.com.ar, AR/JUR/2140/2007.] cuando refieren que "...si bien el sistema de enjuiciamiento criminal adoptado por nuestra legislación nacional (ley 23.984 y modificatorias) pertenece a los denominados 'sistemas mixtos', la etapa del debate materializa claramente principios de puro cuño acusatorio dada la exigencia de oralidad, continuidad, publicidad y contradictorio, los cuales no sólo responden a un reclamo meramente legal sino que configuran verdaderos recaudos de orden constitucional...".- Como una derivación de esta configuración surge que la función jurisdiccional se encuentra limitada por los términos del contradictorio que se configuran en el debate, y "cualquier ejercicio de ella que trascienda el ámbito trazado por la propia controversia jurídica atenta contra la esencia misma de la etapa acusatoria de nuestro modelo de enjuiciamiento penal" (Amodio), y en cuyo marco precisamente la función jurisdiccional debe asegurar el equilibrio entre las partes impidiendo que se rompa el principio de igualdad que permite equiparar las posibilidades del imputado respecto de los acusadores público y privado eventualmente.- En el mismo sentido señala Ferrajoli "...La garantía de la separación, así entendida, representa por una parte, una condición esencial de la imparcialidad del juez respecto de las partes de la causa, que, como se verá, es la primera de las garantías orgánicas que definen la figura del juez; por otra, un presupuesto de la carga de la imputación y de la prueba, que pesan sobre la acusación, que son las primeras garantías procesales del juicio.
Si no se logra ese objetivo -acreditar la hipótesis acusatoria-, el juez deberá resolver el caso en función de la regla de la carga de la prueba, pero además en función de otros criterios jurídicos de decisión que contemplan otros valores reconocidos por el sistema normativo, como ser el in dubio pro reo y el principio de inocencia, pero nunca podrá suplir aquellas deficiencias con el principio iura novit curia..." (FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Trotta, Madrid, 1995, p. 567.).- Cabe precisar, que éste Superior Tribunal de Justicia ha adherido, a la vigencia del principio acusatorio en el Recurso de Casación; en los autos "CINGOLANI, VICTOR ORLANDO S/HOMICIDIO CALIFICADO" Expte.
Nº C-748/12/TSJ", en donde se expreso entre otros argumentos: "...Refuerza la necesidad de adoptar, ante la postura asumida por el Ministerio Público Fiscal en esta instancia extraordinaria, una decisión acorde con el art. 385 CPP., el respeto del principio constitucional de una real y efectiva..." (en este sentido, entre otros, "Ricardo Alberto Nuñez", CSJN, 16/11/2004, Fallos: 327:5095) Defensa en Juicio, donde, como se dijo, no puede encontrarse ignorante el imputado y su defensa técnica de las argumentaciones que podría emplear el juzgador, de su propia cosecha, para avalar el fallo condenatorio en crisis, burlando el contradictorio y, erigiéndose al órgano jurisdiccional en portador de razones incriminantes, ausentes en el Ministerio Público Fiscal, que resignó, como titular de la acción penal, su pretensión punitiva, no teniendo oportunidad la defensa de analizarlos y de rebatirlos cumpliendo su insoslayable actuación dentro de un debido proceso legal.
Al respecto cabe colacionar por su claridad: "...El contradictorio, básicamente, no es otra cosa que el producto del enfrentamiento entre la acusación y la defensa. Así debe serlo desde el inicio hasta el fin, y esa contradicción es piedra basal para la existencia de un efectivo derecho de defensa...".- Ahora bien, éste enfoque del proceso, desde el punto de vista del acusatorio, y su ligazón con el principio de imparcialidad, si bien generan ciertos interrogantes; pueden ser rebatidos, como se dijo anteriormente a la luz del principio iura novit curia, es decir con la facultad del Tribunal para identificar la norma aplicable a su decisión con independencia de la alegación de las partes.-
En síntesis, si bien se pueden sustentar probables afectaciones al debido proceso; consideramos que el meollo de la cuestión, se encuentra radicado en la afectación al principio de estricta legalidad de la acusación, la cual es esgrimida por los sentenciantes; pero no ha sido respetada por éstos.-
1.4. A los efectos, de una mejor ilustración del tema en estudio, corresponde transcribir textualmente, la calificación de los delitos reprochados a los imputados en el requerimiento de elevación a juicio.-
Así, el Sr. Agente Fiscal en su requerimiento de fs. 3464/3498 -con cuya lectura se abrió el debate- dijo "...que del análisis del plexo probatorio obrante en los presentes actuados, este Ministerio Fiscal concluye que el hecho objeto de imputación se encuentra debidamente acreditado y que DAMIÁN CRISTIAN GABRIEL ROLDAN, OSCAR ANTONIO CARRAZANA, RODRIGO DARIAN QUIROGA Y ROBERTO ESTEBAN HERNÁNDEZ resultan ser coautores penalmente responsables del mismo. En efecto, con los elementos colectados sostenemos que los imputados DAMIÁN CRISTIAN GABRIEL ROLDAN, OSCAR ANTONIO CARRAZANA, RODRIGO DARIAN QUIROGA Y ROBERTO ESTEBAN HERNÁNDEZ consumando el plan común que habían pergeñado dispararon con dolo homicida hacia el grupo de manifestantes identificados con el gremio de la UOCRA, terminando con la vida de Reynaldo Vargas Flores e hiriendo a Bonifacio Nilamón Barrera, no habiendo dicha conducta estado condicionada por una causa de justificación, excusa absolutoria, ni supuesto de inculpabilidad alguno (error de prohibición, etc.) por lo que nos encontramos en la especie con una conducta típica, antijurídica (injusto penal), culpable (delito) y punible (no concurren causa de justificación)...".- También dada la importancia que ha de tener en el análisis del caso corresponde transcribir lo aseverado por el Fiscal cuando dice "...siguiendo a Eugenio Raúl Zaffaroni, podemos diferenciar el concurso ideal y real, teniendo en cuenta las distinciones que a continuación se detallan.
Lo decisivo para que haya un concurso ideal es que exista una unidad de conducta con una pluralidad de tipos, pero el concurso real no requiere una simultaneidad ni ella es decisiva para determinarlo. El concurso ideal presupone la unidad de conducta, quien viola las normas antepuestas a diferentes tipos penales. En el concurso real hay una pluralidad de conductas que concurren en una misma sentencia judicial. De allí que también se lo denomina concurso material. En el concurso ideal concurren leyes en una conducta, en tanto que en el material concurren delitos a los que debe dictarse un única sentencia y una única pena. Para que opere en concurso ideal debe presuponerse que hay una única conducta, y para que opere el real debe haberse descartado la unidad de conducta.
El concurso real, a diferencia del ideal, puedes ser homogéneo (varios delitos típicos del mismo tipo penal) o heterogéneo (varios delitos con tipicidades diferentes) (Eugenio Raúl Zaffaroni- Alejandro Alagia-Alejandro Slokar, Manual de Derecho Penal, parte general, Ed. Ediar, páginas 677/678)...".- Cabe precisar que en la sentencia se siguen los mismos lineamientos, fundamentalmente cuando el Dr. Olivera analiza la calificación legal del hecho en donde sostiene entre otros temas lo siguiente "...lo demuestran los distintos hechos probados, que dan cuenta de la existencia de un núcleo de actos independientes que solo tienen sentido si se vinculan (concatenados) con el cumplimiento del fin último; y este era la represión sin derecho de la manifestación gremial de los empleados de la UOCRA por un modo violento.
Teniendo en consideración que había un número significativo de empleados de la construcción (40 a 70 según testigos), ese fin sólo podía ser concretado si todos los imputados realizaban un aporte causal relevante, como fue la ejecución de disparos coordinados contra los manifestantes. El hecho no hubiera podido desarrollarse para el cumplimiento de su fin, si sólo un tirador aislado ejecutaba algunos disparos, puesto que frente a la cantidad de manifestantes, estos válidamente podrían haber realizado actos de defensa...".- Al respecto en varios pasajes de la sentencia se hace referencia al plan común ejecutado por los imputados, como así también a la coautoría funcional las cuales se enmarcan todas ellas dentro de lo que se entiende por unidad de acción.-
Desde este punto de vista, el Tribunal si consideraba la acusación efectuada por el Sr. Fiscal de Cámara nula por ser incongruente con la calificación prevista en el requerimiento de elevación a juicio; no le quedaba otra alternativa sujetándose a un estricto control de legalidad del requerimiento de elevación a juicio que decretar la nulidad de toda la causa.-
El hecho de que existiera la constitución de una parte querellante, en representación de uno de los damnificados, no implica que pueda juzgarse en forma separada el accionar referido a esa víctima, toda vez que se está tratando de una única acción con dos resultados -homicidio, tentativa de homicidio-.-
Corresponde aclarar que el criterio seguido en el requerimiento de elevación a juicio ha sido suficientemente sustentado en el marco de su provisoriedad, es decir, que lo señalado con respecto a la ideación de un plan común, distribución de roles y dentro de ese marco un accionar que da fundamento a una autoría funcional, es perfectamente compatible con un concurso ideal.-
Ahora bien, esos fundamentos no pueden ser utilizados, de idéntica forma, para analizar o fundamentar uno solo de los hechos, ya que se estaría partiendo o dividiendo la unidad de la acción.-
Uno de los criterios sustentados por la doctrina para fundamentar la unidad de acción es la actividad final la cual ha sido de manera general fundada por los magistrados.-
En este sentido señala Zaffaroni "...cada movimiento voluntario es a la conducta como un átomo -en el sentido de los filósofos antiguos materialistas- es a la materia: una unidad mínima, que no puede dividirse sin que la conducta desaparezca. Prejurídicamente, cada movimiento voluntario tiene sentido, pero también pueden tenerlo conjuntos de ellos e incluso todos ellos, que configuran la 'conducción de la vida'. De allí que siempre que un conjunto de ellos tenga sentido por responder a una finalidad establecida en una única resolución, puedan ser desvalorados conjuntamente como unidad a los efectos de la prohibición y, además, surge claramente que el relevamiento de este conjunto como unidad de sentido par la prohibición, es una cuestión que únicamente incumbe al tipo penal, El factor normativo es el que nos dice cuándo una única resolución que da un sentido final a varios movimientos puede ser relevada como una unidad por el tipo, pero lo que el legislador -el tipo- no puede hacer es destruir la expresión mínima de la conducta humana, que es el movimiento único...
Afirma Blei que 'en la doctrina y en la jurisprudencia está fundamentalmente reconocido que allí, donde una simple unidad de acción semejante está dada, nunca existirá una pluralidad de acciones independientes en sentido jurídico y nunca podrá dividirse un una pluralidad de hechos, no obstante lo cual, de inmediato neutraliza esta claridad expositiva al ocuparse de casos considerados como excepciones a esta regla, con lo que derrumba un principio que el legislador no puede tocar, porque implica negar lo que está en el mundo, que solo puede valorar o desvalorar, pero no cambiar'..." (Tratado de Derecho Penal, parte general, Tomo IV, pág.530).- La jurisprudencia es sumamente esclarecedora con respecto al tema "...los diversos tramos de una conducta típica no pueden ser considerados hechos independientes de ella misma, ya que no cabe resolver que un comportamiento representativo de un elemento de la figura es un hecho independiente del resto de la conducta captada por el mismo tipo.
Si dos tramos de comportamiento integran una unidad fáctica en el sentido legal, entonces constituyeron el hecho único a que se refiere el artículo 54 del Código Penal, con el plural encuadramiento típico propio del concurso ideal de delitos..." (SC Buenos Aires, 15/12/1994, "Quaglia, Ruben E.", en Tratado jurisprudencial y doctrinario, Derecho Penal, Miguel Ángel Almeyra, Tomo I, La Ley, pág.241).- Asimismo "...cabe rechazar el planteo de prescripción deducido por quien, siendo acusado por delitos que concurren idealmente -en el caso, interrupción o entorpecimiento de línea telefónica y daño agravado-, pretende que se declare prescripta la acción penal con respecto al que tiene prevista pena menor, pues, sobreseer al imputado con relación a uno de los delitos tendría como consecuencia inmediata la imposibilidad de seguir persiguiendo el hecho también respecto del delito de mayor gravedad, lo que resulta contrario a la regla emanada del artículo 54 del Código Penal..." (CNFed.
Crim. y Corr. sala II, 27/06/2006, "Marchione, Gabriel", LA LEY 2006-E-656).- Debe tenerse presente que en esta decisión irregular, para nada han contribuido a provocarla los imputados; por lo tanto la expectativa de un nuevo juicio podría enmarcarse como perjudicial ("Poliak"), de ahí que la nulidad decretada de la acusación fiscal no se encuentra firme atento a la vía recursiva esgrimida por la Fiscalía y sustentada con suficientes fundamentos en esta instancia; corresponde como se ha dicho anteriormente tener por válida la acusación expuesta por el Sr. Agente Fiscal durante el transcurso del debate.- Para ir culminando, resulta conveniente en el siguiente apartado analizar si es factible que entre los diferentes integrantes de los gremios, habría una agresión recíproca.-
De conformidad a lo indicado, se infiere que la calificación legal fue realizada sin alterar la secuencia de cómo ocurrieron los hechos, por lo que no se verifica transgresión alguna al principio de congruencia. En consecuencia, corresponde revocar el punto segundo del pronunciamiento en crisis.-
Por todo lo expuesto, corresponde votar por la negativa.-
III.-) TERCERA CUESTIÓN ¿Se encuentra acreditada la responsabilidad de los encartados en autos y, en su caso, qué calificación corresponde?.-
Es importante señalar a los efectos de tener una aproximación a los sucesos, diversos medios probatorios que han sido omitidos de analizar por parte de los magistrados los cuales pueden tener una incidencia con relación a los hechos o al menos debieron ser desacreditados por no encontrar apoyo con el resto del plexo probatorio.-
En este sentido por tres vías diferentes surge que al menos uno de los integrantes de la UOCRA, efectuó disparos hacia el lugar donde se encontraba el Sindicato de Petroleros y Gas privado.-
En efecto, una de dichas versiones se acredita con el relato efectuado por la víctima Barrera, la segunda con lo aseverado por la división criminalística, y una tercera que resulta ser la más interesante por ser un testigo imparcial que circunstancialmente pasaba por el lugar de los hechos.-
Así, Bonifacio Nilamón Barrera, manifestó en el transcurso del debate que "...un miembro de la UOCRA disparó de respuesta y cuando yo caí... de la UOCRA era una la que disparaba, era de puño y color negra, era quien manejaba a los desocupados ya la patota de UOCRA, estaba con Barros... yo no sabía que había personas armadas de la UOCRA. El arma fue utilizada como respuesta a que Reynaldo y yo caimos...".-
Sebastián Ismael Sgarzini, manifestó "...del lado del Sindicato hubieron tres bocas de fuego, lo que no quiere decir que no hubieron del otro lado... Cerca de los banderines había importante cantidad de casquillos, al igual que en la vereda de al lado, lo que lleva a suponer que los hubieron. Desde el sindicato y desde el Hipertehuelche hubieron intercambio de disparos. Del lado del Hiper, vainas calibre 22 y desde el Sindicato vainas 9 mm. Las vainas 22 estaban sobre el cordón entre el pavimento de la calle Güemes y el cordón...".- En igual forma, Dante Jattar Abboud, sostuvo que "...el día del hecho no recuerdo si encontraron armas dentro del sindicato. Se encontraron impactos en el edificio también...".-
Finalmente, Tulia Alicia Castillo manifestó "...ese día fui a buscar a mi hija al instituto Aonikenk y cuando me acerco al Sindicato escuché estampidos como bombas de estruendo. Vi sobre la izquierda una persona que retrocedía disparando hacia el Sindicato y otra sentada en el piso. Otros iban hacia el norte.-lata naranja- No se habilitó el semáforo. La gente escapaba del lugar porque era una situación de peligro. Era un arma de puño la que disparaba. No conozco a estas personas. Delante mío había dos vehículos uno sobre mano izquierda y otro a la derecha. Atrás no sé. Estabamos frenados por el semáforo de calle Lavalle. Personas sobre la vereda del Sindicato no vi por los árboles. Era como cuando dispara uno y otro. Eran más seguidos, uno atrás del otro. Vi a una sola persona que disparaba. En el momento que los sentí no se de donde venían, cuando lo vi me di cuenta que era el de los disparos y del otro. Por lo que vi era en defensa, por que retrocedía, el que ataca avanza. La gente huía del lugar desde el Hipertehuelche hacia la Lata Naranja, corrían por el medio de la calle. No recuerdo como estaba vestida... si lo dije habrá sido así. Yo escribí en facebook y lo hice por lo que pasaba en Caleta y por eso estoy acá. No tengo idea si era una manifestación lo que pasó. No tengo capacidad de catalogar ese enfrentamiento. Había una persona sentada contra la reja, pero no se si estaba herida..." (fs. 3771/vta.).-
1.2. Como corolario de lo resuelto en la cuestión anterior, corresponde verificar si se encuentra acreditada la materialidad del hecho criminal y, en su caso, examinarlo a la luz de la calificación legal realizada por el acusador público en su alegato de fs. 3933/3936.-
En esa oportunidad, el Fiscal de Cámara acusó a los Sres. Roldán, Carrazana y Quiroga por el delito de homicidio y lesiones leves en agresión, de conformidad a lo prescripto por los arts. 95 y 96 del Código Penal y al Sr. Hernández por el de encubrimiento en grado de tentativa, con sustento en lo normado por el art. 277, inc. 1º, ap. b) del mismo cuerpo normativo (fs. 3935 vta./3936).-
La figura penal contenida en el art. 95 del Código Penal tutela la vida y la integridad psicofísica de las personas, y supone la intervención de varios individuos en una riña o agresión que trasciende en lesiones u homicidio, resultando fundamental la indeterminación del autor de la muerte o las lesiones (conf. Donna, Edgardo Alberto, Derecho Penal: parte especial, 3ª edición, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, págs. 316 y 319).-
Resultan presupuestos de aplicación del artículo 95 del Código Penal, la muerte de una persona, el acometimiento plural y recíproco, la fuerza ejercida en el cuerpo de la víctima y la carencia de certeza acerca de la autoría del hecho.-
El tipo penal de la riña presupone que durante el desarrollo del hecho existió, aunque momentáneamente, apoyo implícito mutuo y que todos, actuando de consuno aunque sin concierto previo, quisieron infligir daño al adversario.-
Quien participa en una riña lo hace con el dolo necesario para ello, es decir el propósito de intervenir en el enfrentamiento o confrontación, aunque sin la intención de causar un resultado previamente determinado (conf. Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Sala I, "A., J. S." AR/JUR/30911/2009).-
Por su parte, el encubrimiento configura un delito independiente, pero que requiere como presupuesto una acción delictiva previa, en la cual el autor no haya participado de ninguna manera; es una ayuda a los delincuentes por actos posteriores a su delito, sin previo acuerdo con ellos y con intención de sustraerlos a la administración de justicia (conf. Donna, ob. cit. pág. 463).-
Lesiona la administración de justicia en tanto interfiere la acción policial o judicial dirigida a comprobar la existencia de un delito y la responsabilidad y castigo de los partícipes (conf. Cámara Nacional de Casación Penal, Sala II, "Ortiz, Federico Alejandro Rene S/rec. de casación", AR/JUR/6739/2007).-
Buompadre refiere que el denominado delito de "favorecimiento real" contenido en el artículo 277, inciso 1º, apartado b) del Código Penal en una primera modalidad de acción, castiga las conductas de ocultar, alterar o hacer desaparecer, que son propias del encubridor, mientras que en la otra modalidad tipifica la conducta de ayudar a (el autor o partícipe del delito encubierto) ocultar, alterar o hacer desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito.-
Ocultar quiere decir esconde, tapar, guardar e, incluso, trasladar el objeto para que se desconozca su paradero. Esta conducta debe estar dirigida a desdibujar o a hacer desaparecer ciertos objetos que interesan a la investigación.-
Por su parte, los objetos del delito son todas aquellas herramientas o elementos empleados por el autor en la comisión del delito, quedando abarcados por el concepto tanto los instrumentos utilizados en la comisión de delitos dolosos como culposos, por ejemplo, el arma en el homicidio doloso, el automóvil en el culposo (conf. Buompadre, Jorge E., glosa al art. 277 del Código Penal en Baigún David,-Zaffaroni, Eugenio R., "Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial", Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2011, págs. 156/157).- Sobre la tentativa, como forma de aparición del delito, Roxin explica que si se aplicara indefectiblemente el principio de que toda conducta punible tiene que ser típica, antijurídica y culpable, habría de llegarse al resultado de que es impune la comisión de un delito meramente intentado, pues la tentativa es esencialmente no consumación del delito, lo que significa que el tipo del delito no ha sido realizado en su totalidad (conf. Roxin, Claus, "Fundamentos político-criminales del Derecho Penal", Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2008, pág. 429).- En cuanto a la viabilidad de que se configure la tentativa respecto al delito que se viene comentando, Millán afirma que la ejecución del acto puede fraccionarse,y en consecuencia se admite la tentativa. Por su parte, Donna entiende que se trata de un delito de resultado, ya que la acción tiene que haber llegado a su fin, de modo que las conductas anteriores o son tentadas, debido a que hubo comienzo de ejecución, o son actos preparatorios (conf. Donna, ob. cit. T. III, pág. 494).-
Las probanzas obrantes en autos permiten tener por acreditado que los imputados Quiroga, Carrazana, Roldán y Hernández, se vieron involucrados en un conflicto suscitado en la localidad de Caleta Olivia el día 9 de abril del año 2015, en horas del mediodía, en el que también se encontraron otras personas implicadas, de lo cual dan cuenta las testimoniales de los Sres. Montaño (fs. 3806/vta.), Capihuara (fs. 3812 vta./3813), Cuiza Flores (fs. 3813/vta.), Barros (fs. 3761/3762 vta.), Barrera (fs. 3757/3759 vta.), Torres (fs. 3798/vta.), Velázquez (fs. 3839/vta.), Castillo (fs. 3771/vta.), entre otros.- En efecto, ese día en cercanías del mediodía una serie de afiliados de UOCRA, -entre los que se encontraban los Sres. Vargas Flores y Barrera-, transitaron la calle 25 de Mayo en sentido contrario de la circulación vehicular, desde la Municipalidad hasta la esquina de la Avenida Güemes, tal como surge de fs. 2134/2138 (secuencias fotográficas), de la reconstrucción del hecho (fs. 3260/3261) y de la inspección ocular (fs. 25/36 y transcripta a fs. 1401/1408 y fs. 522/526) instalando allí su reclamo. Vale resaltar que muchos de ellos iban con su rostro cubierto -lo que igualmente acaeció con el occiso- y con vestimenta (pecheras o chalecos negros con letras de la UOCRA), bombos y banderas alusivas a la UOCRA.- Los testigos concuerdan que se trataba de un grupo de sesenta personas aproximadamente, que llegaron hasta el frente del sindicato con cánticos y banderas y es allí donde algunos refieren que escuchan disparos y se visualizan fogonazos de ambos lados (ver fs. 3758, Barrera, 3770, Sgarzzini, y 3771/vta. Castillo).-
Asimismo, muchos de ellos son conocidos, afiliados de la UOCRA y reconocen que su marcha siempre había sido enfrente de la Municipalidad a hacer su reclamo y que, en principio, algunos atribuyeron los ruidos de disparo pero no se correspondían ni los sonidos ni la cantidad de los mismos y algunos identificaron un arma "chica" tipo revolver, pistola "chiquita"; es decir, que todas las testimoniales coincidieron en que estos fogonazos y el sonido de los mismos eran armas de fuego y que fueron disparados tanto del grupo que marchaba (identificados con la UOCRA) como de personas que se encontraban en el sindicato. Ello, igualmente, encuentra apoyo en la reconstrucción del hecho precitado (fs. 3260/3261 y registro fílmico pertinente), en la cual el Sr.
Barrera indica que una persona habría disparado desde la planta alta del sindicato (concretamente, desde la primera ventana de arriba) y el Sr. Barros expresa que era la ventana que estaba arriba del balancín, y ésta es la tercera ventana del sindicato. En su relato el Sr. Barrera expresa que se abre la puerta, sale Carrazana con una escopeta y dispara tiros al aire como para espantarlos.- De las secuencias fotográficas de fs. 1791 se comprueban impactos en el frente perimetral del edificio correspondiente al sindicato. En este mismo sentido, el informe criminalístico integral de fs. 2601/2618 refiere que el proyectil que ocasionó el deceso del Sr. Reynaldo Vargas fue efectuado de la misma vereda y que no provino del sector en el que se ubica el sindicato.
Además, se encontraron ocho vainas servidas que fueron disparadas contra el Sindicato de Petroleros y Gas privado local, y otros que pudieron ser efectuados con revólveres -sin expulsión de vainas- y escopetas de recarga manual o que pudieran ser recogidas, lo cual permite indicar la existencia de una agresión armada repelida con similares elementos. Así surge del Informe criminalístico integral (fs. 2601/2618) donde el perito concluyó "...estas circunstancias permiten visualizar una agresión armada, repelida con similares elementos. Teniendo en cuenta el desplazamiento de personas, puede asumirse que el edificio del sindicato fue atacado con disparos de armas de fuego, siendo repelida la agresión por personas ubicadas en la estructura edilicia... respecto de la trayectoria del proyectil mortal, podemos aseverar que no provino del sector sobre el que se ubica el Sindicato...".- Siguiendo este lineamiento de secuencia de pruebas, tenemos entonces que ambos grupos utilizaron armas de fuego, amén de piedras y otros elementos contundentes, conforme las experticias practicadas tanto en las armas, como en las personas que podrían haber disparado.-
En este sentido, consta en el informe pericial de fs. 1262/vta. practicado sobre diez armas secuestradas (revólver S&W 32 /n de serie, revólver Tala 22 serie Nº 80658, revólver S&W 38 serie Nº 502549, pistola Jericcho 9 mm. serie Nº 95301463, pistola Bersa 380 serie Nº B47114, pistola Bersa 22 LR serie Nº 748568, pistola Bersa 9 mm. serie Nº 661662, pistola Bersa 380 serie Nº A16048), que reaccionaron en forma positiva al ser sometidas a la acción del reactivo químico específico en búsqueda de presencia de nitritos y nitratos -entre otros compuestos- que se encuentran presentes en la pólvora, por lo que presuntamente fueron disparadas ocho de las diez secuestradas,dado que el revólver 22 y el tanque 32 dieron resultado negativo.- Respecto al proyectil alojado en el cuerpo de Bonifacio Barrera, que según sus dichos de fs. 31/vta., le iban a sacar la bala, y él no siguió en el tema, ni con otro médico, ni en el hospital, ni en ningún lado. Ello, coincide con el informe médico forense de fs. 3086, que no fue anoticiado de la fecha que debía realizarse la extracción del proyectil y que, en definitiva, desconoce si se llevó a cabo o no.-
Entonces, conforme surge de la prueba enunciada no se puede precisar a qué arma habría pertenecido la bala que impactó contra el cuerpo del Sr. Barrera o si la misma coincide -o no- con las armas secuestradas, debido a que nunca se la extrajo de su cuerpo. Tampoco se pudo dilucidar quiénes fueron las personas que el día de los hechos manipularon las ocho armas que finalmente tuvieron reacción positiva al ser sometidas a la acción del reactivo químico específico (difenilamina-sulfúrica) ni demostrar quien fue el sujeto que manipuló la pistola Jericcho 9 mm. serie Nº 95301463, de la cual salió el proyectil que le produjo el deceso al Sr. Vargas.- Este panorama debe ser completado con los datos suministrados por la prueba de dermonitrotest de fs. 13/14 vta., el cual arrojó resultado positivo no sólo a los encartados Roldán (respecto de quien la Cámara declaró la nulidad de la práctica), Quiroga y Carrazana sino también a los Sres. Colman, Guzmán, Diaz y Morales, los cuales -conforme surge de autos- fueron sobreseídos.-
A tenor del cuadro fáctico graficado y de las probanzas individualizadas cabe ponderar que los hechos delictivos suscitados el día 9 de abril de 2015 deben subsumirse dentro de la categoría de homicidio o lesión en riña o agresión (arts. 95 y 96 del C.P.), en tanto el resultado mortal del Sr. Vargas y lesivo del Sr. Barrera ocurrió como corolario de un acometimiento en el que tomaron parte súbita y tumultuosamente dos bandos distintos -por un lado, los miembros de la UOCRA que se manifestaban y, por el otro, los del Sindicato del Petróleo y Gas Privado- de numerosas personas que se agredieron recíprocamente. Más aún, debe tenerse presente que no se demostró en autos que entre los intervinientes se haya generado complicidad preordenada para matar al Sr. Vargas y lesionar al Sr. Barrera, ignorándose en definitiva quién fue efectivamente el o los sujetos que provocaron el desenlace ilícito acaecido. No obstante, sí existe certeza suficiente de que Quiroga, Carrazana y Roldán tuvieron participación en el suceso, ejerciendo violencia que presumible y racionalmente haya desencadenado el resultado producido.- En lo que atañe a la actuación de Hernández, de las constancias obrantes en autos se encuentra probado que el mismo no empleó armas de fuego (conf. prueba de dermonitrotest obrante a fs. 54). No obstante, si se encuentra acreditado, que el día del suceso se encontraba presente y que, posteriormente emprendió la huída en el automotor Volkswagen Gol dominio DDA-757 junto a Carrazana y Roldán, llevando un bolso tipo mochila, color negro, marca HP con cinco pistolas y cinco revólveres en su interior, el que fue arrojado a la vía pública, hasta que finalmente fueron aprehendidos por personal policial (conf. testimonios de los Sres. Velázquez a fs. 3839/vta., y Ovando a fs. 3798/vta.).- Desde este cuadrante, se advierte que el accionar desplegado sin promesa anterior por Hernández representó un intento de ocultar y ayudar a ocultar objetos sustanciales para la investigación -armas de fuego- que habían sido empleadas en la comisión del delito de homicidio y lesión en riña o agresión antes reseñado, pretendiendo desbaratar o frustrar la acción de la justicia.-
En definitiva, y conforme todo lo expuesto, corresponde calificar el accionar de Carrazana, Roldán y Quiroga como co-autores del delito de homicidio y lesiones en agresión (arts. 95 del CP); y en cuanto al accionar de Hernández, autor penalmente responsable del delito de encubrimiento en grado de tentativa (arts. 277 inc. 1, apartado b) y 42 del CP).-
Por todo lo expuesto, corresponde votar por la afirmativa.-
IV.-) CUARTA CUESTIÓN: ¿Qué pena corresponde imponer?.-
Atento al cambio de calificación del delito por el cual fueran condenados los imputados por la Excma. Cámara Criminal, se impone como consecuencia la respectiva fijación de la pena que corresponda, que debe ser realizada, por este Tribunal Superior de Justicia, evitando así el juicio de reenvío, en razón de presentarse en el caso los requisitos que así lo posibilitan.-
Al respecto, resulta importante destacar, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una Opinión consultiva, sostuvo que la doble instancia penal es una de las condiciones que hacen al debido proceso legal y que abarca las condiciones que deben cumplirse para la adecuada defensa de los derechos en el proceso judicial (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Garantías Judiciales en la Emergencia, OC-9/87, PÁRR. 28. Así también, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 14 inc. 5°, reconoce a toda persona el derecho a que el fallo condenatorio y la pena sean sometidos a un tribunal superior (art. 14.5). Recuérdese, que ambos poseen jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 C.N.).- Resulta importante destacar, en cuanto al alcance de la capacidad revisora en casación, que in re "Casal, Matías E. y otro" (de fecha 20/9/2005, Fallos: 328-3399), se determinó que la interpretación del art. 456 CPPN (que regula la procedencia del recurso de casación, el que es igual al art. 439 CPPSC) debe realizarse bajo la teoría del máximo rendimiento (el resaltado me pertenece) "...osea, exigiendo que el tribunal competente en materia de casación agote su capacidad revisora conforme a las posibilidades y particularidades de cada caso, revisando todo lo que le sea posible revisar, archivando la impracticable distinción entre cuestiones de hecho y de derecho, constituyéndolo en custodio de la correcta aplicación racional del método de reconstrucción histórica en el caso concreto, tiene por resultado un entendimiento de la ley procesal penal vigente acorde con las exigencias de la Constitución Nacional y que, por otra parte, es la que impone la jurisprudencia internacional...".- A esta altura resulta conveniente aclarar que este Tribunal Superior de Justicia en los casos en los que corresponde fijar una nueva pena, ha reenviado para que la sanción la fije un nuevo tribunal y de esta manera permitir el doble conforme.-
Ahora bien, no obstante lo expuesto, cuando la sanción beneficia a los imputados, resulta ser viable que la sanción quede a cargo de este Tribunal Superior de Justicia, máxime si se tiene en cuenta la faz acusatoria a la que hicieramos referencia anteriormente, y a la pena solicitada en esta instancia por el Sr. Fiscal.-
A mayor abundamiento sobre el tema, también es dable destacar, que "...una vez que se permite el control de la sentencia en casación –satisfaciendo el derecho de defenderse una vez más que posee el inculpado- es posible efectuar dentro del procedimiento de casación (conservando el derecho de audiencia y la controversia entre las partes) una adecuación de la sentencia en pena, sin lesionar por ello los principios del juicio oral y público..." (confr. CHIARA DÍAZ, Carlos y OBLIGADO, Daniel, La Casación Penal, Nova Tesis Editorial Jurídica, Rosario, 2000, p. 167).- Expresado ello, y conforme se desprende de autos; por auto de Presidencia de fs. 4208, se citó a los interesados a la audiencia de debate que prescribe el art. 451 del C.P.P., cuya acta se encuentra agregada a fs. 4216/4219, donde los asistentes expusieron sus posturas. En particular, los Sres. Hernández, Roldán, Carrazana y Quiroga tuvieron oportunidad de hablar y ser oídos por los miembros de este Tribunal.-
Es decir, debe darse por cumplido el requisito establecido en el art. 41 inc. 2 C.P., en el sentido que: "...El juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso...".-
Conforme lo expresara la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Niz, Rosa Andrea y otros s/rec. de casación", (N. 132.XLV, del 15/6/10), para que en la casación pueda reducirse directamente la pena, deberá tomarse conocimiento de visu del condenado en los términos del art. 41 inc. 2° C.P. No cumplir con este requisito le causa un perjuicio al encartado ya que la sanción impuesta permitía la aplicación de una pena menor.-
Posteriormente, la Corte ha expresado respecto de esta obligación "...Que se trata de una regla claramente destinada a garantizar el derecho del condenado a ser oído antes de que se lo condene, así como a asegurar que una decisión de esta trascendencia no sea tomada por los tribunales sin un mínimo de inmediación (el resaltado me pertenece). Desde el punto de vista de la ley penal de fondo, una pena dictada sin escuchar lo que tiene que decir al respecto el condenado no puede considerarse bien determinada..." (CSJN, "Maldonado, Daniel Enrique y otro s/ robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado -causa N° 1174-, del 7/12/2005, Fallos: 328:4343).- Otra cuestión, de no menor trascendencia la constituye el hecho de que utilizar el "juicio de reenvío", en el caso particular, comprometería, la realización plena de la garantía del plazo razonable del proceso, recuérdese que el presente proceso se inició en el mes de abril del año 2015, de ahí que se ajuste a derecho fijar el monto de la pena, a éste Tribunal Superior de Justicia.-
En otros términos, realizar el reenvío de las presentes actuaciones, añadiría un tiempo aún más prolongado al actual proceso; siendo el total del mismo excesivo, y no resguardándose de esta manera la garantía a un proceso penal rápido (art. 7 inc. 5° de la Convención Americana de Derechos Humanos).-
Dado lo expuesto, corresponde entonces, habiéndose respetado los derechos de los imputados, de acuerdo a la jurisprudencia y doctrina citadas, proceder a fijar el quantum punitivo, conforme a las pautas previstas por los art. 40 y 41 del Código Penal.-
En éste sentido debe merituarse como atenuantes, para Carrazana, Quiroga y Roldán, la falta de antecedentes penales de los encartados.-
En tanto como agravantes, corresponde tener en cuenta, los resultados acaecidos -homicidio y lesiones en agresión- (art. 95 y 42 del CP), las circunstancias en que fueron producidos los mismos -reyerta gremial-, la alarma que provocó el mencionado accionar en la sociedad y la conducta posterior a los hechos de los nombrados, nos llevan al convencimiento que la pena a fijar es el máximo solicitado por la fiscalía, es decir tres años de cumplimiento en efectivo con más las costas del proceso.-
Concretamente con relación a Hernández, se ha de tener en cuenta a los efectos de fijar la sanción como atenuante la falta de antecedentes penales, y como agravante, las características del hecho que intentó encubrir, todo lo cual lleva a considerar que la pena un año y seis meses de prisión de cumplimiento en suspenso más las costas del proceso.-
Dado que la acción civil, no fue objeto de materia recursiva y teniendo en cuenta que la parte querellante ha desistido de su recurso en esta instancia, la misma ha quedado firme, correspondiendo ser ejecutada en la instancia anterior.-
Finalmente, teniendo en cuenta la pena impuesta a los imputados Carrazana, Quiroga y Roldán, tres años de prisión de cumplimiento efectivo, y considerando la fecha de su detención (9/04/15), téngase por cumplida la condena impuesta debiéndose ordenar su inmediata libertad debiéndose labrar el acta respectiva a través del Centro de Detención.-
Asimismo corresponde ordenar la inmediata libertad de Hernández, debiéndose labrar el acta respectiva a través del Centro de Detención.-
V.-) Tenemos claro que el hecho histórico relatado en los puntos II y III tiene como resultado gravoso y lamentable la muerte del Sr. Vargas y las lesiones del Sr. Barrera. En concreto, surge claro de la plataforma fáctica tanto en la indagatoria de los encargados de autos -primer acto de defensa- como de las acusaciones efectivizadas por el Sr. Agente Fiscal como por el Fiscal de Cámara ha sido inconmovible, lo que ha variado con los elementos de prueba meritados oportunamente por el Sr. Juez de Instrucción a fs. 3518/3562, que ha calificado en forma diferente a la acusación oportunamente efectuada por el Sr. Fiscal Dr. Rearte.- A consecuencia de ello, no podemos mantener incólume la sentencia del Tribunal de la anterior instancia dado que lo contrario vulneraría lo estipulado en los arts. 18 y 75, incs. 22 y 23 de la Constitución Nacional, es obligatorio para todos los jueces.-
Bajo este orden de ideas, Quiroga Lavié, Benedetti y Cenicacelaya sostienen que la función constitucional de las garantías se encuentra irrescindiblemente unida a los derechos que procuran proteger, asegurar, efectivizar. Son los medios o instrumentos, más o menos amplios, que complementan a los derechos, con los cuales deben conformar un todo homogéneo y coherente.-
Los autores mencionados también rememoran que en cuanto a la proporcionalidad de la pena, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Martínez" (Fallos: 312:826) ha reconocido con base en los artículos 28 y 33 de la Constitución Nacional que todo habitante tiene la garantía de "...ser sancionado con una pena cuya severidad sea proporcional a la gravedad del delito cometido y al bien jurídico protegido..." (Consid. 11 de Petracchi- Bacqué y 10 del voto de Fayt).-
Igualmente, aluden al principio in dubio pro reo significando que la duda (la falta de certeza probatoria) debe beneficiar a quien está sujeto a un proceso penal y que, además, ostenta jerarquía constitucional al ser un aspecto de la presunción de inocencia.-
Finalmente, Quiroga Lavié, Benedetti y Cenicacelaya postulan la regla del non bis in idem, supone la doble prohibición de una nueva pena por un delito ya juzgado y de un nuevo juicio por un mismo hecho; es decir, que se veda al Estado que haga repetidos intentos (dos o más) para condenar a un individuo por un supuesto delito. Recuerdan que el Máximo Tribunal de la Nación en la causa "Mattei" (Fallos: 272:188) dijo que la orden de retrogradar un juicio a su etapa inicial en momentos en que ya se encontraba para su resolución definitiva iba en desmedro del fundamento garantizador de raigambre constitucional que ha inspirado la consagración legislativa de ciertos pilares básicos del ordenamiento penal, entre los que menciona al non bis in idem y que en la causa "Polar" (Fallos: 321:2826) indicó que no cabe retrotraer un proceso penal a etapas ya superadas cuando se han cumplido las formas esenciales del juicio -acusación, defensa, prueba y sentencia- (Conf. Quiroga Lavié, Humberto - Benedetti, Miguel Ángel- Cenicacelaya, María de las Nieves. "Derecho Constitucional Argentino", Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2001, T.I, págs. 359, 414, 480).- En el sub lite, no se han respetado las normas rituales (arts. 1, 4, 337, ss. y cctes.). Tal como lo indica el maestro Clariá Olmedo la investigación en la instrucción debe ser integral (v. Clariá Olmedo, Jorge A., Tratado cit., t. IV, pág. 23, 65/67, 81/83), lo cual es conteste con lo dispuesto en nuestro Código Procesal Penal, art. 115 que expresamente establece "...dictará sentencia para poner término al proceso después de su integral tramitación...".-
Es más, podía o debía para el caso que considerare pertinente previo al debate de oficio ordenar los actos de instrucción indispensables que se hubieren omitido, denegado, o fuere imposible cumplir en la audiencia, etc. Es decir, que se otorga amplias facultades antes del debate, para efectivizar actos de instrucción necesarios para llevar a cabo su cometido (art. 340). E incluso, el Código Procesal Penal prevé que realizada la apertura del debate puedan realizarse diligencias preliminares que hagan a la documentación, admisibilidad, incomparencia de testigos, etc., recepción de nuevos medios de prueba manifiestamente útiles o se hicieran indispensables (arts. 359 y 371). Ello, con la finalidad de evitar la separación del proceso penal, con una misma plataforma fáctica para prevenir el menoscabo q se produciría con ese grave retardo de normas de rango constitucional, que se afecte la garantía en juicio de los justiciables como así mismo el dispendio jurisdiccional, lo cual acarrea que se resienta el servicio de administración de justicia.- Como corolario de lo expuesto, se hace necesario que este Tribunal case la sentencia y la revoque en lo que respecta a los puntos 5º, 6º y 7º.-
1.2. En función de lo anteriormente expresado, corresponde hacer saber a los Sres. Jueces de la Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial que en lo sucesivo deberán dar estricto cumplimiento a la normativa de rango constitucional y de forma para evitar dispendio jurisdiccional y que no se afecte el debido proceso adjetivo, con el consecuente perjuicio para los justiciables.-
VOTO Dres. Ludueña, Mariani y Mercau:
Adherimos al voto que antecede en forma unánime y concordante en la solución del caso, con excepción del punto V.-) ut supra desarrollado por la distinguida colega Dra. Fernández.-
En atención a lo resuelto por este Alto Cuerpo en la presente, corresponde notificar de la misma a las dependencias donde se encuentran en trámite causas relacionadas con los hechos del día 9 de abril de 2015, atento a lo oportunamente establecido en los puntos 5º, 6º y 7º de la sentencia casada.-
VI.-) Por ello, oídas que han sido las partes y de conformidad a las disposiciones legales, jurisprudencia y doctrina aplicables, a lo establecido en los arts. 446, 448 y 454 del C.P.P., corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Sr. Fiscal ante las Cámaras, y parcialmente los recursos de las respectivas defensas, y -en consecuencia- revocar en forma parcial la resolución y revocar los puntos 2º y 3º, de la sentencia de la Excma. Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial de fs. 3979/4031 vta.-
Por ello, normas legales, jurisprudencia y doctrinas citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA,
1. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 4090/4098 vta. por el Sr. Fiscal de Cámara.-
2. HACER LUGAR PARCIALMENTE a los recursos obrantes a fs. 4036/4075 impetrado por la defensa de Hernández y Roldán y a fs. 4099/4121 vta. por la defensa de Carrazana y Quiroga.-
3. CONDENAR a DAMIAN CRISTIAN ROLDÁN, OSCAR ANTONIO CARRAZANA y RODRIGO DARIÁN QUIROGA, a la pena de TRES (3) años de prisión de cumplimiento efectivo y téngase por cumplida la condena como co-autores penalmente responsables del delito de homicidio y lesiones en riña o agresión (art. 95 del CP).-
4. CONDENAR A ROBERTO ESTEBAN HERNÁNDEZ a la pena de UN (1) año y SEIS (6) meses de cumplimiento en suspenso como autor penalmente responsable del delito de encubrimiento en grado de tentativa (arts. 277 inc. 1, apartado b) y 42 del CP).-
5. ORDENAR LA INMEDIATA LIBERTAD de HERNÁNDEZ, CARRAZANA, QUIROGA y ROLDAN debiéndose labrar el acta respectiva a través del Centro de Detención donde se encuentran alojados.-
6. LA ACCIÓN CIVIL queda firme debiéndose ejecutar en la anterior instancia.-
7. TENER PRESENTE para el momento procesal oportuno las reservas del caso federal de fs. 4074 vta. y 4121/vta.-
8. DEBERÁ NOTIFICAR la Excma. Cámara Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial, de la presente, según lo establecido en los puntos 5º, 6º y 7º de la sentencia casada.-
9. Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los autos mediante oficio de estilo.-
FIRMADO: Dra. Paula E. Ludueña -Presidente Tribunal Superior de Justicia; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau-Vocal; Dra. Reneé Guadalupe Fernández- Vocal; Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2027S.181 TOMO:VII– SENTENCIAS- T.S.J.
REGISTRO Nº:004 FOLIO Nº: 038/060 SECRETARIA: 2
Fin de la sentencia