Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. N°8434/24 Sentencia: Definitiva Actor: Herrera Alberto Maximiliano Demandada: Repuestera y Constructora del Sur SRL y Otros Objeto: Daños y Perjuicios Fecha: 10-07-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los 10 del mes de Julio de 2025, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “HERRERA, ALBERTO MAXIMILIANO Y OTRO S/REPUESTERA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SRL Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS" Expte. Nº 37.944/21 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Nro. Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad de Caleta Olivia, que ingresó en esta instancia bajo el Nº 8434/24. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Horacio Fernández; Griselda I. Bard y Humberto Monelos para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
I. Que a fs. 47/59 se presentan los Dres. Gustavo Stobbia y Diana Ampuero en representación de los Sres. Alberto Maximiliano Herrera, el que actúa por derecho propio y de Andrea del Valle Moreno y Nolazco Alberto Herrera, quienes actúan por derecho propio y en representación de sus hijas menores de edad, Carolina Ayelen Herrera y Anahí Gisela Herrera, y promueven demanda de daños y perjuicios contra Repuestera y Constructora del Sur SRL, Gotti Hermanos S.A. y Marcos Alexander Camacho, con más intereses y costas desde que las sumas son debidas o en lo que en más o menos surja de la prueba a producirse en autos. Citan en garantía a Boston Compañía de Seguros S.A. Al relatar los hechos alegan que el 1 de abril de 2.009 aproximadamente a las 16:30 hs. en oportunidad que su mandante circulaba acompañada de Maximiliano Herrera y las menores Anahí y Carolina Herrera, por las arterias Juan José Paso en el automóvil Chevrolet Corsa dominio HJZ-933 cuando al llegar a la intersección con la calle José Fuchs, es sorprendida por la aparición imprevista de una rodado de gran porte, a saber, un camión marca IVECO dominio DQS 685 quien sin respetar el derecho de paso ni disminuir la velocidad al llegar a la bocacalle donde acontece el hecho, decide imprudentemente continuar su paso violando el deber de cuidado y precaución, generando que su mandante, quien se encontraba comenzando el cruce de la bocacalle de referencia, colisione la parte frontal derecho de dicho rodado. Alega que el vehículo generador del siniestro, camión IVECO, dominio DQS 685 pertenece a la empresa Repuestera y Constructora del Sur SRL, el que al momento del hecho estaba siendo explotado económicamente por la empresa GOTTI HERMANOS SA, interno 117, y era conducido por el Sr. Marcos Camacho.
Describe la mecánica del hecho, fundamenta la legitimación activa y legitimación pasiva de los demandados, se explaya sobre la responsabilidad objetiva-riesgo creado y luego detalla cada uno de los rubros indemnizatorios reclamados, a saber: Daños sufridos en el rodado: Daño Emergente por la reparación del vehículo, Daño Emergente por Depreciación Comercial y Lesiones padecidas por la Sra. Moreno, Lesiones padecidas por Maximiliano Herrera y Anahí Herrera y lesiones padecidas por Carolina Herrera. Respecto de ésta último se reclama además: Daño Material, Daño Emergente: Gastos terapéuticos y Complementarios, gastos por tratamiento psicoterapéutico y/o psiquiátrico, incapacidad sobreviniente, perdida de chance: daños al proyecto de vida, daño psíquico y daño moral. Ofrecen prueba y hacen su petición final.
II. A fs. 69/70 se presenta el Dr. Eduardo Sportelli en representación del Sr. Marcos Camacho y contesta demanda. Formula una negativa particular y relata los hechos, achacándole responsabilidad en el evento a la parte actora. Ofrece como prueba las actuaciones penales tramitadas.
III. A fs. 151/155 se presentan los Dres. Roberto Saldivia y Juan Lucio de la Vega con el patrocinio letrado del Dr. José Luis Lacrouts e invocan la calidad de apoderados de la empresa GOTTI S.A. Contestan demanda, formulan una negativa general y particular y relatan la verdad de los hechos, achacándole la culpa exclusiva y excluyente a la parte actora. En ese sentido, le atribuyen a ésta la calidad de embistente y la conducción a exceso de velocidad. Invocan la inaplicabilidad de la doctrina del riesgo creado (art. 1113 Cod. Civ.) e invocan en subsidio la culpa concurrente. Impugnan los daños reclamados, citan como tercero a Boston Compañía Argentina de Seguros S.A, ofrecen prueba y hacen su petición final.
IV. A fs. 217/240 se presenta el Dr. Federico Ferreyra Amuchastegui en representación de Boston Compañía Argentina de Seguros Sociedad Anónima y contesta demanda. Con ese objeto, formula una negativa particular y relata los hechos, entendiendo que en el caso se da una de las causales de exoneración de responsabilidad de los demandados que se encuentra prevista en los arts. 1111 y 1113 del Código Civil: Culpa de la víctima. Invoca la responsabilidad de la Sra. Moreno en el siniestro señalando que ha violado la prioridad de paso que asistía al demandado. Le atribuye también exceso de velocidad, le otorga el carácter de embistente, y le achaca la no utilización del cinturón de seguridad. Concluye diciendo que en éste accidente la Sra. Moreno tuvo enorme responsabilidad y que como conductora no solo guiaba un auto a una velocidad que le impedía controlarlo, sino que además no respeto la prioridad de paso del camión y terminó llevándoselo por delante, atribuyéndole a los Sres. Moreno y su esposo, la responsabilidad por los daños que sufrieron los menores por no haberles colocado el cinturón de seguridad. Sostiene que la Sra. Moreno es una tercera ajena respecto de los demandados, que con su obrar culposo rompió el nexo casual y los ha liberado de responder por los daños que ha sufrido en su patrimonio el titular del rodado y en su persona el restante pasajero mayor de edad que viajaba en el auto. Impugna los rubros y el monto reclamado (daños en el Chevrolet corsa, desvalorización del Chevrolet corsa, gastos de farmacia, curación y traslado de Andrea del Valle Moreno, Maximiliano Herrera y Anahí Herrera, Daño físico y al proyecto de vida de Carolina Herrera, Daño psíquico y tratamiento de Carolina Herrera y de los coactores Moreno, M. Herrera y Anahí Herrera, Daño Moral de Carolina Herrera y de los coactores Moreno, M. Herrera y Anahí Herrera, Gastos por futuros tratamientos de Carolina Herrera) Ofrece Prueba, se opone a la pericia contable, hace reserva del caso federal, solicita la aplicación de la ley 24.432 y hace su petición final.
V. Que a fs. 765/775 se dicta sentencia definitiva en fecha 12 de Abril de 2021, Reg. N° 04, T° XVI, F° 29/39, mediante la cual se admite parcialmente la demanda articulada por el Sr. Alberto Maximiliano Herrera, por derecho propio, la Sra. Andrea del Valle Moreno y el Sr. Nolazco Alberto Herrera, en representación de sus hijas menores, Anahí Gisela Herrera y Carolina Ayelen Herrera, en contra del Sr. Marcos Alexander Camacho, la empresa Gotti S.A. y la Aseguradora Boston Compañía Argentina de Seguros S.A. por daños y perjuicios, condenando a las mismas en forma solidaria a pagar a la actora en el término de diez (10) días de notificados, firme y liquidada la presente sentencia, en concepto de daño patrimonial (daño emergente) respecto de la Sra. Moreno la suma de $ 12.576 y la suma de $ 6000 en concepto de daño extrapatrimonial (moral) respecto de la Sra. Moreno y el Sr. Nolazco en concepto de gastos médicos o terapéuticos la suma de pesos $ 239,41, en cuanto a la menor Anahí Gisela Herrera y del Sr. Alberto Herrera, la suma de $ 4.000 respecto de cada uno, en concepto de daño extrapatrimonial (moral) y en cuanto a Carolina Ayelen Herrera en concepto de daño patrimonial la suma de $ 160.000 y en concepto de daño extrapatrimonial (moral y psíquico) la suma de $ 80.000, debiendo ser la totalidad de las sumas debidamente recompuestas desde las fechas indicadas al dar tratamiento a cada rubro y hasta el efectivo pago, conforme a las pautas dadas en el capítulo respectivo, con costas a cargo de las codemandadas, Marcos Alexander Camacho, Gotti S.A. y Boston Compañía de Seguros S.A. en forma solidaria.
VI. Contra el fallo dictado la citada en garantía Boston Compañía Argentina de Seguros S.A. interpone recurso de apelación y lo funda mediante PE 1381482 – 2024. Se agravia en primer lugar por la atribución de responsabilidad fijada en la instancia de grado, sosteniendo que se le atribuyó como concurrente la responsabilidad del siniestro denunciado. Afirma en ese sentido que aquel ocurrió por exclusiva culpa de la víctima, haciendo hincapié en el informe técnico realizado por el Subcomisario Alejandro Valle. Según su postura, quedó claro que el rodado de la actora es quien embiste al demandado. Agrega que tampoco la responsabilidad de un siniestro en una intersección puede definirse por la localización del daño en el rodado embestido, solicitando sobre la base de esos argumentos se modifique la atribución de responsabilidad fijada y se le atribuya la exclusiva responsabilidad a la parte actora.
En su segundo agravio se queja por el monto de la indemnización otorgada por el rubro incapacidad sobreviviente a la Sra. Carolina Herrera, la que califica como exorbitante en relación a la lesión padecida. Entiende que la suma reconocida genera un beneficio económico desproporcionado en relación a los reales padecimientos que pudo haber sufrido, razonando que la determinación del resarcimiento por ese concepto no puede dejar de lado las circunstancias personales de la víctima y que en el caso, el juez de grado no ha podido explicar que fue lo que tuvo en consideración para ello, más que la enumeración de los conceptos que menciona como la edad, incapacidad, expectativa laboral etc, sin siquiera mencionar qué actividades laborales antes podía realizar y ahora ya no puede o de qué manera se vio afectada su vida para justificar el monto excesivo otorgado.
Agrega que la parte actora no fijo ni acredito pautas para fundar el porqué de la indemnización solicitada, concluyendo que el magistrado ordeno una indemnización superior a los parámetros del fuero. En su tercer agravio la crítica recae respecto al monto indemnizatorio otorgado por el rubro Daño Moral a la Sra. Carolina Herrera, el que también califica como exorbitante en relación a la lesión padecida teniendo en cuenta el valor histórico del rubro al momento del siniestro y los intereses establecidos en el fallo. En ese sentido argumenta que si bien se reconoce a los magistrados un libre arbitrio para establecer los montos indemnizatorios, esa potestad tiene límites que están dados por la razonabilidad y la equidad y en el caso, advierte que la suma que se ha establecido por aquel concepto es elevada y genera un beneficio económico y desproporcionado en relación a los reales padecimientos espirituales que pudo haber sufrido la actora.
Remarca que la doctrina ha reiterado que la indemnización por daño moral no puede constituirse en fuente de enriquecimiento patrimonial, concluyendo que la indemnización concedida ha excedido la necesaria prudencia. En el cuarto agravio, el quejoso cuestiona la concesión del rubro daño moral a la Sra. Andrea del Valle Moreno. Alega que la nombrada ha reclamado lesiones físicas y no las ha probado, lo que motivó que no se la haya indemnizado por ese concepto. Razona entonces que no habiendo sufrido lesiones físicas, no puede hablarse de daño moral, solicitando se rechace dicho rubro.
También se agravia por cuanto se ha concedido a favor del Sr. Maximiliano Herrera y la Sra. Analía Herrera, la suma de $ 5000 por el rubro daño moral a cada uno, siendo que han sufrido escoriaciones que no revistieron gravedad. Tampoco han ofrecido pericial médica para probar dicho extremo. Al igual que la postura expuesta en el agravio anterior, entiende que no habiéndose probado que los actores hayan sufrido lesiones físicas no puede hablarse de daño moral y aun en el caso de que hayan sufrido padecimientos y/o transtornos, distan de poder valuarse en la suma de $ 5000, la que considera elevada y genera un beneficio económico y desproporcionado en relación a los reales padecimientos espirituales que pudieron haber sufrido.
VII. Que la parte actora, apela la sentencia de grado y mediante PE 1393798 – 2024, expresa agravios. En sustento de la primera de sus quejas, alega la inexistencia de culpa concurrente y la falta de valoración de las constancias de autos. También sostiene que se ha incurrido en errónea valoración de la circunstancia del hecho y de los elementos obrantes en autos. Reproduce argumentos expuestos en la demanda y razona que la velocidad del automotor de menor porte era menor de la permitida y que al haber sido un golpe franco, súbito, sin posibilidad de reacción, de haber venido a más alta velocidad el daño hubiera sido mayor. Interpreta por ello que la magnitud del golpe se dio por la fuerza generada por la velocidad y porte del camión que produce no solo el golpe sino el arrastramiento después de 20 metros. Agrega que el hecho de que el camión circulara por el carril izquierdo de la arteria por la que transitaba, generó una lógica falta de reacción por parte de la Sra. Moreno. Formula luego una crítica al informe técnico confeccionado por el Comisario Alejandro Valle, aduciendo que las conclusiones de dicho informe no coinciden con el registro fotográfico ni con el informe pericial del Lic. Rivarola. Afirma que tampoco se puede argumentar como factor concurrente de culpa la eventual ausencia de cinto de seguridad, entendiendo que ello hace a que se castigue la inocencia de la conducta de la víctima en la mecánica del hecho. Concluye que no existe culpa concurrente dado que nada del actuar de la Sra. Moreno le atribuye grado alguno de responsabilidad.
En su segundo agravio la crítica recae respecto del rechazo del rubro daño material por gastos de farmacia y tratamiento. En ésta dirección, dice que tales gastos abarcan todas las erogaciones que se generaron en el patrimonio de los actores a consecuencia de la atención médica del herido, de su internación hospitalaria, de sus curaciones, medicamentos, gastos de estudios médicos practicados y descartables que se usaron en la asistencia médica y gastos de traslado, como así también los gastos de un futuro inmediato. Concluye que corresponde determinar el resarcimiento de dicho rubro como fuera solicitado.
Se agravia también por la aplicación de la tasa activa, ya que entiende que corresponde la aplicación de la tasa pasiva del Banco Central. Considera que la aplicación de esa tasa no viola el principio dispositivo ya que en la demanda se pidió el criterio de actualización que mejor recomponga los intereses patrimoniales.
En su cuarto agravio, apela sus honorarios por bajos, señalando que se computarán de acuerdo a la actualización del capital de condena con el uso de la tasa activa conforme lo dispone la ley arancelaria.
VIII. Los agravios de la parte actora son contestados por la codemandada mediante PE 1460701 – 2024.
IX. Que expuestas sucintamente las posturas de cada una de las partes, me avoco al estudio del primer agravio formulado por la citada en garantía. Observo que la crítica se centra en que fue el rodado de la accionante el que embiste al del demandado y montado en ese argumento pretende se revoque la atribución de responsabilidad decidida en grado.
Para definir la suerte de este planteo, debo valorar la prueba producida en la instancia anterior y en ese sentido, tengo en cuenta en primer lugar, que en relación a los hechos que dieron origen a éstos autos, tramitaron por ante el Juzgado de Instrucción Nro. 1 las actuaciones caratuladas “Comisaria Seccional Primera S/INVESTIGA LESIONES EN ACCIDENTE DE TRANSITO” Expte. Nro. 47.773/09 en las cuales, en fecha 12 de Noviembre de 2.010 y mediante resolución inscripta al Tomo 199, Registro 30-225, Folio 190-193, se resolvió la situación procesal del demandado Marcos Alexander Camacho, ordenando su procesamiento como autor responsable del delito de Lesiones Leves Culposas y Lesiones Graves Culposas en Concurso Ideal en calidad de autos.
Con posterioridad, en fecha 17 de Octubre de 2.011 se concedió en favor del nombrado el beneficio de la suspensión del proceso a prueba y finalmente, en fecha 15 de mayo de 2.013, se declara extinguida lka acción penal y en consecuencia se sobresee definitivamente al nombrado. Las resoluciones referidas están agregadas en copia debidamente autenticada a fs. 471/482. Que en cuanto al hecho del accidente y su mecánica, tenemos que a fs. 5 se encuentra agregado el certificado policial de fecha 2 de abril de 2.009, que da cuenta de la iniciación de actuaciones prevencionales de oficio por Accidente de Tránsito ocurrido el día 1 de abril de 2.009 a las 16:30 hs. en calle Juan José Paso y José Fuchs de esta ciudad, con personas lesionadas, en el que hubieron de colisionar un rodado marca Chevrolet Corsa dominio HJZ-993 conducido por la ciudadana Andrea del Valle Moreno y un camión marca IVECO dominio DOS 685 conducido por Marcos Alexander Camacho.
Así también se encuentra agregada el acta de inspección ocular y el croquis ilustrativo confeccionado por la autoridad policial a fs. 12/13. El croquis en cuestión coloca al camión sobre la calle José Fuchs y al automóvil en el cruce de ambas arterias. Esta incorporado asimismo el informe técnico elaborado por el Subcomisario Aurelio Alejandro Valle – Perito Accidentólogo Vial – el que se encuentra acompañado de fotografías que ilustran la posición de los rodados posterior a la colisión y los deterioros sufridos por cada uno de ellos producto del impacto. Se aprecia de las imágenes y de la descripción que cada una de ellas contiene, que el vehículo Corsa impacto en el sector lateral derecho del camión Iveco, con más precisión, en el sector de la llanta de la rueda de ese lateral.
Se observan igual los deterioros de magnitud en la parte frontal de automóvil Corsa, detallándose los daños que le ocasionaron. A fs. 57/60 obra copia de pericia N° 2661/GC/10 elaborada por el Perito Lic. Guillermo Rivarola perteneciente al Gabinete Criminalístico División Accidentológica de éste Poder Judicial, en autos caratulados “Comisaría Seccional Primera S/Investiga Lesiones en Accidente de Tránsito” Expte. Nro. 47.773/092. Las constancias documentales referidas que fueron acompañadas en copia con la demanda y que pertenecen a las actuaciones penales tramitadas a raíz del suceso, se encuentran acreditadas en su autenticidad en virtud de que las constancias de dicho expediente fueron remitidas por el Juzgado de origen e incorporadas a fs. 446/483.
De la prueba referida tenemos entonces que conforme al lugar en el que cada rodado sufrió los daños del siniestro, fue el rodado menor (Corsa) el que impacto frontalmente con el lateral derecho del camión (Iveco) a la altura de la rueda delantera. También tenemos que el primero de ellos, transitaba por una arteria (Juan José Paso) que de acuerdo a su sentido de circulación, tenía la prioridad de paso respecto de los automóviles que lo hacían por la calle Jose Fuchs, en concreto, tenía la prioridad frente al rodado de mayor porte.
Si nos atenemos a la circunstancia de que fue el Corsa el que embistió al camión, podríamos presumir que fue éste último el que llegó primero a la intersección de ambas arterias, ganando así la prioridad alegada haciendo ceder la regla general. Pero lo cierto, es que, por la relevancia que tiene, no podemos dejar de lado la velocidad de circulación de los rodados a la hora de arribar a la encrucijada de las calles señaladas, pues, ello es lo que nos permitirá determinar si la prioridad de paso que tenía el vehiculo menor, había efectivamente cedido a favor del otro.
Veamos entonces que surge de los exámenes técnicos accidentológicos elaborados en la ocasión, los que se encuentran agregados a la causa penal ofrecida como prueba. De los sendos informes incorporados al proceso, observo que el que llevo a cabo el Lic. Guillermo Rivarola, que perteneció otrora a este Poder Judicial formando parte del Gabinete Criminalístico, fue categórico en sus conclusiones. Así fue que al contestar al punto 1 de pericia (causa o causas del hecho que se investiga), expuso: “Exceso de velocidad de parte del camión, que cruza la bocacalle circulando por la izquierda del otro rodado, cuando debió ceder el paso dada la cercanía del vehículo menor.” Al responder al punto 3 (Velocidad de Circulación y de Impacto) respondió: “Velocidad de transitabilidad: Camión Iveco: 48 km/hora aprox./Chevrolet Corsa: No pudo establecerse. Velocidad de Impacto: Camión Iveco: 48km/hora aprox. Chavrolet Corsa: No pudo establecerse”. No tuvo la misma contundencia el informe policial llevado a cabo por el Subcomisario Valle, ya que si bien describió el proceso dinámico del siniestro, omitió determinar la velocidad de circulación de los rodados en cuestión y se ajustó a tomar solo como relevante el lugar del impacto sufrido por cada uno de ellos para concluir que fue el rodado Corsa el que al llegar a la encrucijada de Juan José Paso y Fuchs, tenía invalidada la preferencia de paso por no estar expedita ésta última arteria, tomando en cuenta que el camión ya había emprendido su cruce.
Lo entiendo así, ya que ésta conclusión del perito, sin estar acompañada del dato empírico referido, adolece a todas luces de insuficiencia técnica, pues, es justamente ese dato el que nos permitirá determinar si el vehículo de mayor porte alcanzo a pasar la mitad de la longitud de su rodado en la encrucijada, por haber arribado primero o por el hecho de que el exceso de velocidad con la que circulaba, le impidió disminuir la velocidad al arribar a esa bocacalle. Sin ninguna duda, a la luz de la velocidad de circulación que nos aportó con precisión el informe del perito oficial, interpreto que fue ésta última circunstancia la que hizo que el camión arribara primero y adquiera la calidad de embestido. Es por tales argumentos que concluyo, apoyado en la información técnica brindada por el perito oficial y en la demás probanzas producidas, en particular la inspección ocular, el croquis ilustrativo y fotografías aportadas que ilustran la potencia del impacto y la posición final de los rodados, que el conductor del rodado mayor no obro en la oportunidad con apego al deber de cuidado y comprometió así su responsabilidad, compartiendo el razonamiento del magistrado de la instancia anterior en cuanto entendió que transgredió las reglas de transito establecidas por el art. 41 de la ley 24.449. Por estas razones la queja en tratamiento debe ser rechazada y así lo propongo al acuerdo. Que en su segundo agravio, el recurrente se queja por el monto de la indemnización otorgada por el rubro incapacidad sobreviviente a la Sra. Carolina Herrera, el que entiende le genera un beneficio económico y desproporcionado en relación a los reales padecimientos que pudo haber sufrido. Razona que el juez de grado no ha podido explicar que fue lo que tuvo en consideración para ello, más que la enumeración de los conceptos que menciona como la edad, incapacidad, expectativa laboral etc.
Inicio el análisis del presente recordando que la incapacidad sobreviniente son las secuelas o disminuciones físicas o psíquicas que pudieran quedar como consecuencia de un hecho luego de concluida la etapa inmediata de curación y convalecencia.
En el caso, las secuelas que dejó el accidente están sustentadas con las probanzas producidas y enunciadas en la sentencia de grado bajo el título “Daños”, en los que concretamente se referenció a la historia clínica de la nombrada agregada a autos y a los informes médicos llevados a cabo por los Dres. José Antipani y Vera Maidana.
El magistrado de grado, a la hora de evaluar la procedencia del rubro pretendido y su quantum, hizo hincapié en el informe elaborado por el Sr. Perito Forense agregado a fs. 600/601 que determinó una incapacidad del 7 %. Con apoyo en ese parámetro y sumada la edad que tenía la víctima al momento del hecho, concluyó que según la formula conocida como Méndez, el rubro alcanzó un monto de $ 200.000 tomando en consideración para alcanzar esa suma el salario mínimo, vital y móvil vigente al año 2.009.
Esos elementos que el magistrado de grado tuvo en cuenta para la procedencia del rubro indemnizatorio criticado, son lo suficientemente sólidos para justificar su razonamiento y darle razonabilidad a la decisión atacada por el recurrente. Pues, no se debe perder de vista en el análisis que “toda persona tiene derecho a un reparación integral de los daños sufridos”. Este principio del sistema de reparación civil encuentra su fundamento en la Constitución Nacional y está expresamente reconocido por el plexo convencional incorporado al artículo 75, inciso 22, de la Ley Fundamental (conf. artículos I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 3° de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 4°, Buenos Aires, 2 de Septiembre de 2021 - 2 - 5° y 21 del Pacto de San José de Costa Rica y 6° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Dicha reparación integral no se logra si el resarcimiento que se admite como modo de reparar los daños ocasionados se concreta en valores económicos insignificantes en relación con la entidad del daño que pretende resarcirse (conf. Fallos: 314:729, considerando 4°; 316:1949, considerando 4°, y 340:1038; entre otros). Sobre la base de tales argumentos considero que éste segundo agravio tampoco puede prosperar, por lo que me inclino por su rechazo.
Que en relación al tercer agravio, la queja recae respecto al monto indemnizatorio otorgado por el rubro Daño Moral a la Sra. Carolina Herrera, al que también califica como exorbitante en relación a la lesión padecida. Remarca en ese sentido que si bien la potestad que se reconoce a los magistrados para establecer los montos indemnizatorios reposa en el libre arbitrio, esa potestad tiene límites que están dados por la razonabilidad y la equidad.
Parto de la base que en virtud a la fecha del hecho que aquí se juzga, el rubro de que se trata estaba definido en el art. 1078 del Código Civil Veleziano, el que decía: “La obligación de resarcir el daño causado por los actos ilícitos comprende, además de la indemnización de pérdidas e intereses, la reparación del agravio moral ocasionado a la víctima”. Puede entenderse por daño moral toda lesión que, amén de los menoscabos patrimoniales o materiales, ocasiona a la víctima, molestias, sufrimientos, padecimientos, dolores, atacando sus afecciones legítimas. De allí que fijar el quantum de la indemnización del daño moral es una difícil tarea, por cuanto se trata de padecimientos morales y afecciones espirituales que como tales no se pueden determinar sobre la base de reglas de medición. Solo cabe en estos casos la fijación prudencial, ponderando la prueba producida y teniendo presente que no tiene relación con el daño material. Sobre esa base conceptual, comparto en un todo el razonamiento del Juez de grado al cuantificar éste rubro. No hay dudas a la luz de la prueba producida, en particular los antecedentes médicos que surgen de su historia clínica, de los informe médicos ya citados y de los testimonios brindados por los Sres. Jorge Brizuela (fs. 377) y Maria del Carmen Carrizo (fs. 404) que la actora Carolina Herrera ha sido por lejos la más afectada de las partes en el siniestro y ha visto disminuida su capacidad tal como se expuso al tratar el agravio anterior, lo que se traduce en un obstáculo para su proyecto de vida y actividades habituales por todo lo que esa situación conlleva y que fueron claramente remarcadas en la sentencia de grado. Es por todo ello que considero justo lo cuantificado por éste rubro en la instancia anterior y por ende opino que debe rechazarse el agravio. Que el cuarto agravio que ensaya la quejosa, refiere al daño moral reconocido a la actora Andrea Moreno. Sostiene que al no haberse probado lesiones físicas, no puede hablarse de daño moral.
En la instancia de grado, la procedencia de éste rubro se sustentó en el perjuicio espiritual sufrido a causa del accidente.
Coincido en un todo con ese fundamento a partir de que el daño moral, conforme con los conceptos reproducidos al tratar al agravio anterior, no está de manera estrecha vinculado a lesiones físicas. Ciertamente el suceso dañoso que vivenció la nombrada, por sus propias características ya detalladas, tuvo la virtualidad necesaria para generarle una conmoción o padecimiento esperable en su espiritualidad, pues, fue susceptible de alterar su vida cotidiana a partir de sentimientos de aflicción y angustia que esperablemente le pudo haber generado ese resultado.
En tal sentido, tengo en cuenta además de lo ya dicho en párrafos precedentes, que tanto la nombrada como quienes se transportaban con ella en la ocasión, a saber Maximiliano Herrera, Anahí Herrera y Carolina Herrera, integrantes todos de su núcleo familiar, sufrieron lesiones físicas de diversa consideración que fueron detalladas por el Dr. José Antipani en el informe de fecha 11 de mayo de 2.009 que se encuentra agregado al presente y que fue elaborado en los autos caratulados “Comisaria Seccional Primera S/INVESTIGA LESIONES EN ACCIDENTE DE TRANSITO” Expte. 47.773/09 ofrecidos como prueba. A ello se suma por supuesto el daño material del rodado que manejaba y del que detentaba su tenencia. Es por ello que deviene innegable la procedencia del rubro reconocido en grado y por ende opino que el presente agravio debe también ser rechazado.
Que respecto del último y quinto agravio de la citada en garantía, la que se queja porque se ha concedido a favor del Sr. Maximiliano Herrera y la Sra. Anahí Herrera, la suma de $ 5000 por el rubro daño moral a cada uno, argumentando en apoyo de su crítica que los nombrados solo han sufrido escoriaciones que no revistieron gravedad, opino que por las mismas razones invocadas al analizar al agravio anterior, corresponde también el rechazo de éste agravio.
Que corresponde ahora avocarme al tratamiento de los agravios que la sentencia le ocasiona a la parte actora.
En el primero de ellos, se queja por la culpa concurrente que se le atribuyo en grado, invocando la errónea valoración de la circunstancia del hecho y de los elementos obrantes en autos. Sostiene que la velocidad del automotor de menor porte era menor de la permitida y que al ser un golpe franco, súbito, sin posibilidad de reacción, de haber venido a más alta velocidad el daño hubiera sido mayor y que la magnitud del golpe se dio por la fuerza generada por la velocidad y porte del camión. Agrega a ese razonamiento que tampoco se puede argumentar como factor concurrente de culpa la eventual ausencia de cinto de seguridad, entendiendo que ello hace a que se castigue la inocencia de la conducta de la víctima en la mecánica del hecho. En éste sentido, destaco que la sentencia de grado, sustenta la culpa concurrente que agravia a la parte actora, haciendo hincapié primero en el informe del perito accidentológico vial de 450/451 de autos (informe del Subcomisario Valle) y luego, le atribuye la omisión de la normativa contemplada en el art. 40 inc. k y art. 39 inc. b) de la ley 24.449. Apoyado en ese argumento distribuye la responsabilidad en un veinte por ciento (20%) para el rodado embistente (corsa) y ochenta por ciento (80%) para el embestido (camión Iveco).
Que en cuanto al primero de esos fundamentos que apuntalan la decisión de grado de atribuirle a la parte actora culpabilidad concurrente en el suceso, interpreto, en coherencia a lo expuesto al abordar el primer agravio de la citada en garantía, que la omisión en la que incurre el informe policial llevado a cabo por el Subcomisario Valle al no determinar la velocidad de circulación de los rodados, tiene relevancia en virtud a que conforme a la restante prueba producida, el vehículo de menor porte adquirió la calidad de embistente en virtud a que el exceso de velocidad con la que circulaba el rodado mayor, fue la razón que le permitió arribar primero a la bocacalle y ganar la prioridad de paso, pues, es concreto el informe del Lic.
Guillermo Rivarola en ese sentido, tal como lo destaque antes. En otras palabras, fue su imprudencia la generadora del impacto que recibió. Es por ello, que no comparto lo expuesto en la instancia anterior en cuanto destaca el informe del perito accidentológico vial de fs 450/456 que determina que la causalidad siniestral está dada por la ausencia del deber de cuidado que debía imperar en el conductor del rodado chevrolet corsa. Que respecto al segundo de los argumentos esbozados en el fallo vinculado al uso de los correajes de seguridad, considero que la circunstancia de que los ocupantes del rodado conducido por la Sra. Moreno, no los llevaran colocados, efectivamente tuvo incidencia en la causación de las lesiones sufridas por los mismos, y por ende, es susceptible de comprometer la responsabilidad de su conductora.
Pues, la ausencia de esa diligencia es causal de atribución y causa adecuada para el agravamiento de las consecuencias dañinas del siniestro. Nuestra jurisprudencia tiene dicho: “Corresponde acoger parcialmente el recurso de apelación interpuesto y modificar la sentencia en lo atinente a la distribución de responsabilidades en el accidente debido a que la culpa de la víctima -velocidad excesiva y omisión de utilizar el correaje de seguridad- concurrió como causa adecuada a la producción del daño en la proporción del setenta por ciento (70 %), eximiéndose de responsabilidad al dueño de la cosa en esa proporción (art. 1113, segundo párr., segunda parte , CCiv.)”. Rodríguez Daniela V. c/ Mistura S.A. s/ daños y perjuicio - Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela - 10-sep-2013 - MJ-JU-M-83684-AR | MJJ83684 | MJJ83684.- Por lo dicho, interpreto acertado lo resuelto en grado sobre este último aspecto en particular y por tanto, debe rechazarse la queja en tratamiento.
En el segundo agravio, la crítica recae respecto del rechazo del rubro daño material por gastos de farmacia y tratamiento. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que: “Atento a la necesidad de salvaguardar el principio de la reparación integral del daño causado, debe integrar el resarcimiento, aunque no hayan sido materia de prueba, los gastos médicos y de farmacia que guarden razonable proporción con la naturaleza de las lesiones sufridas por la actora” (ver CSJN, Fallos 288:139).
Sobre este piso, entiendo que los gastos de ésta naturaleza, devienen procedentes por una mera cuestión de lógica, pues, las lesiones que sufrieron los reclamantes acreditadas en autos son susceptibles de generar la necesidad de irrogar los gastos que en éste punto se reclaman. En tal orden, entiendo justo reconocer a la víctima Carolina Herrera, teniendo en cuenta las características de la lesión padecida y la necesidad de tratamiento e interconsultas especializadas que de la misma derivó, además de los gastos de cráneoplastía reconocidos en grado, los gastos de farmacia y también los correspondientes a gastos de traslado. En el mismo sentido y sobre la base de tales argumentos, deben reconocerse gastos de farmacia en favor de los actores Alberto Maximiliano Herrera, Anahi Herrera y Andrea del Valle Moreno, pues todos los nombrados, tal como se detalló antes, sufrieron lesiones físicas de diversa consideración que fueron detalladas por el Dr. José Antipani en el informe de fecha 11 de mayo de 2.009 que se encuentra agregado al presente y que fue elaborado en los autos caratulados “Comisaria Seccional Primera S/INVESTIGA LESIONES EN ACCIDENTE DE TRANSITO” Expte. 47.773/09.
Con tal criterio, entiendo que debe admitirse el agravio en cuestión y por ende estimo prudente fijar como gastos de farmacia y de traslado en favor de Carolina Herrera, el 10 % del daño extrapatrimonial reconocido en grado. En cuanto a los gastos de farmacia de Alberto Maximiliano Herrera, Anahi Herrera y Andrea del Valle Moreno, teniendo en cuenta las características de las lesiones acreditadas, estimo justo fijar el 10 % del daño extrapatrimonial fijado en favor de cada uno de ellos.
Que en el tercer agravio, la parte actora cuestiona que se haya dispuesto la aplicación de la tasa activa. Pide en concreto que conforme a la doctrina legal de nuestro Superior Tribunal de Justicia, se aplique la tasa pasiva del Banco Central, remarcando que actualmente y debido a los cambios ocurridos en materia de actualizaciones de tasas, la aplicación de la tasa activa del BNA es manifiestamente inferior a la pasiva.
Que en primer lugar, debe tenerse presente las directivas del art. 768 del CCYC, que establece: “Intereses moratorios. A partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa se determina: a) por lo que acuerden las partes; b) por lo que dispongan las leyes especiales; c) en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central”. En éste caso, estamos ante el supuesto contemplado en el inc. c) del art. 768. Por tanto, queda como tarea de los jueces ante la ausencia de acuerdo de partes o de la ley, la aplicación de la tasa de interés, pero siempre dentro del cuadro de tasas que publica el Banco Central de la República Argentina (Rivera, Julio Cesar – Medina, Gracieal, “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Buenos Aires, La ley, 2.014, tomo III, pág. 97). Cierto es que la doctrina casatoria del Excmo. Tribunal Superior de Justicia (vgr. “Diaz, Graciela c/Provincia de Santa Cruz – Poder Ejecutivo Pcial. S/Accidente de Trabajo (L 24.028) Expte. 15.526/97, T: XI, R:404, F:2187/2193) 26-10-2004, entre otros precedentes), se inclina por la tasa pasiva para la actualización del capital. No obstante, debe tenerse presente que “Es necesario que al determinar la tasa de interés moratoria se fije aquella que aliente el cumplimiento en tiempo propio por el deudor” (Conclusiones de la Comisión 2 de las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil realizadas en la ciudad de Bahía Blanca en el año 2.015). En este sentido, mi estimada colega Griselda Bard ha sostenido en un precedente de Excma. Cámara que integro que: “Esta discrecionalidad que se ha delegado a la función jurisdiccional debe adaptarse a la justicia del caso, debiendo procurarse que la reparación o resarcimiento sea integral, general o completo. Como consecuencia de ello los intereses que se establezcan deben recomponer todos los aspectos menoscabados al actor de autos”. Bajo esas directivas que comparto, entiendo que a la hora de juzgar sobre este punto, deben tenerse en cuenta los índices inflacionarios actuales publicados por los organismos oficiales (INDEC), para decidir la tasa de interés aplicable, sin perjuicio de las doctrinas vigentes.
Dicho ello, tenemos que en el caso, mediante la queja en tratamiento, se discrepa con la tasa de interés aplicable al monto de condena decidida en grado, esto es, tasa activa del BNA. Así las cosas, se advierte que al realizar una estimación de actualización del monto de condena con la tasa activa dispuesta en la sentencia y luego con la tasa pasiva que se pregona en agravios, esta última arroja un resultado mucho mayor a la primera.
Que por tanto y a la luz de los argumentos desarrollados antes, entiendo procedente el presente agravio que se trata y por ende modificar la tasa de interés aplicable.
Que por último, respecto del cuarto agravio de la recurrente, se observa que el letrado se queja por entender bajos los honorarios regulados, señalando que éstos se computarán de acuerdo a la actualización del capital de condena, con el uso de la tasa activa conforme lo dispone la ley arancelaria.
Sobre este punto, debo hacer una aclaración, pues aquí el letrado de la parte actora cuestiona la regulación de los honorarios profesionales en sí misma, más allá de la sentencia principal. Es decir y en otras palabras, éste agravio no tiene que ver con los intereses de la parte que representa, sino con los suyos propios.
Aclarada la situación, y siendo que en virtud a la forma en la que se resolvieron los dos agravios anteriores, se modificaran los montos de los rubros reconocidos en la instancia anterior, lo que impactara en los honorarios de los letrados que intervinieron en la instancia anterior conforme al art. 29 de la ley 3330, se debe revocar el punto 4) de la sentencia de grado.
Por último, y respecto de los autos caratulados “Herrera, Alberto Maximiliano y Otros S/BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS” Expte. Nro. 14.891/11, dejo constancia que los mismos no fueron remitidos a ésta segunda instancia, siendo informado por Secretaria que de acuerdo a lo comunicado por el Juzgado de origen, fueron archivados por haberse ordenado al Caducidad de la Instancia. Corresponde por ello confirmar el punto 5) se la sentencia de grado.
Por todo lo expuesto y con el alcance establecido en mis consideraciones, entiendo que la sentencia es parcialmente justa, con costas en ésta instancia en el orden causado. Así lo propongo al acuerdo.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
X. Que coincido con el análisis de los agravios que formula el primer votante. Dejo aclarado que si bien he decidido en diferentes sentidos con relación a las tasas de interés en este tipo de pleitos, en el particular coincido con la postura señalada por el juez preopinante por ser la tasa que mejor representa la recomposición pecuniaria de autos.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
XI. En función de lo expresado propongo que se dicte el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar los agravios formulados por la citada en garantía Boston Compañía Argentina de Seguros S.A. confirmando la culpa atribuida a la parte demandada, la indemnización por incapacidad sobreviniente y daño moral en favor de Carolina Herrera y la indemnización por daño moral en favor de Andrea Moreno, Maximiliano Herrera y Anahí Herrera. 2°) Rechazar el primer agravio de la parte actora en virtud a los fundamentos dados en el considerando respectivo y confirmar la culpa concurrente decidida en grado. 3°) Admitir el segundo agravio de la accionante y reconocer gastos de farmacia y de traslado en favor de Carolina Herrera y gastos de farmacia en favor de Alberto Maximiliano Herrera, Anahi Herrera y Andrea del Valle Moreno, los que se fijan en un 10 % del daño extrapatrimonial reconocido en favor de cada uno de ellos en la instancia de grado. 4°) Admitir el tercer agravio de la parte actora y disponer que los créditos reconocidos se actualicen con la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina. 5°) Revocar el punto 4 de la sentencia de grado relativo a la regulación de honorarios de los profesionales que intervinieron por los fundamentos dados en el considerando respectivo (art. 29 de la ley 3330), debiendo regularse una vez que exista liquidación aprobada en éstos. 6°) Imponer las costas en ésta instancia a la citada en garantía Boston Compañía Argentina de Seguros S.A (art. 68 C.P.C.). 7º) Confirmar el punto 5) de la sentencia de grado y disponer el pago de la tasa de justicia allí determinada por las solidariamente condenadas en costas en el plazo de 10 días de notificada, bajo apercibimiento de ejecución fiscal. 8°)Diferir la regulación de honorarios en esta instancia hasta tanto estén regulados en la instancia de grado. (arts. 13, 24 y ccs. ley 3330). 9º) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase a la instancia de grado.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
XII. Adhiero a la propuesta formulada por el Dr. Horacio Fernández. -
Por ello se dicta la siguiente sentencia Caleta Olivia, 10 de Julio de dos mil veinticinco
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Rechazar los agravios formulados por la citada en garantía Boston Compañía Argentina de Seguros S.A. confirmando la culpa atribuida a la parte demandada, la indemnización por incapacidad sobreviniente y daño moral en favor de Carolina Herrera y la indemnización por daño moral en favor de Andrea Moreno, Maximiliano Herrera y Anahí Herrera.- 2°) Rechazar el primer agravio de la parte actora en virtud a los fundamentos dados en el considerando respectivo y confirmar la culpa concurrente decidida en grado. 3°) Admitir el segundo agravio de la accionante y reconocer gastos de farmacia y de traslado en favor de Carolina Herrera y gastos de farmacia en favor de Alberto Maximiliano Herrera, Anahí Herrera y Andrea del Valle Moreno, los que se fijan en un 10 % del daño extrapatrimonial reconocido en favor de cada uno de ellos en la instancia de grado. 4°) Admitir el tercer agravio de la parte actora y disponer que los créditos reconocidos se actualicen con la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina. 5°) Revocar el punto 4 de la sentencia de grado relativo a la regulación de honorarios de los profesionales que intervinieron por los fundamentos dados en el considerando respectivo (art. 29 de la ley 3330) debiendo regularse una vez que exista liquidación aprobada en éstos. 6°) Imponer las costas en ésta instancia a la citada en garantía Boston Compañía Argentina de Seguros S.A (art. 68 C.P.C.). 7º) Confirmar el punto 5) de la sentencia de grado y disponer el pago de la tasa de justicia allí determinada por las solidariamente condenadas en costas en el plazo de 10 días de notificada, bajo apercibimiento de ejecución fiscal. 8°) Diferir la regulación de honorarios en esta instancia hasta tanto estén regulados en la instancia de grado. (arts. 13, 24 y ccs. ley 3330). 9°) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase a la instancia de grado. El Dr. Humberto Monelos no suscribe la presente por no existir disidencia entre los abajo firmantes y en encontrarse en uso de licencia. - Fdo. Griselda I. Bard- Jueza de Cámara Presidenta; Horacio Fernández- Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. - Protocolización: A201035S.251 Tomo: CIII Sentencia: 3131 Folio Nº: 042/053 Secretaria: 1
Fin de la sentencia