Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisibles la impugnaciones deducidas por la Defensas a fs. 254/434vta. y 439/483.
II. Confirmar la sentencia impugnada, salvo con respecto a Hugo Cesar Schiber en cuanto a la condena por los dos hechos de lesiones graves que involucran a "Vazquez y Dorsch -hecho VI-" por no haber mantenido la Fiscal la acusación al respecto según surge del acta del debate a fs. 3846vta, correspondiendo su absolución (art. 368 in fine, CPP).
III. Con el alcance precisado en el punto anterior, rechazar -por mayoría- por improcedentes los recursos de casación interpuestos a fs. 254/434vta. en favor de Hugo César Schiber y a fs. 439/483 de Ceferino Daniel Herrera; con costas.
IV. Regular los honorarios profesionales de los Abogados Particulares Dres. Mariano Orgeira (T° XXIII F° 335 del C.A.S.I), Adrián Tellas (T° XI f° 308 del C.A.S.I.) y Fernando Rubén Solessio (T° XXXVI F° 3 del C.A.S.I); por la labor desempeñada ante este Tribunal, en 25 Jus, más los aportes de ley.
V. Tener presente la reserva del caso federal.
Rigen los artículos 18 y 75, inc. 22, CN;
8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP; 14, Ley 48; 23 bis ter., 40, 41, 45, 55, 90, 172 y 210 del CP; 20 inc. 1°, 106, 209, 210, 373, 448, 450 primer párrafo, 451, 454 inc. 1, 530, 531, cits. y ccs., CPP; 1, 9, 15, 16, 24, 28, 31, 33, y 51 de la ley N° 14.967
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral, Ricardo Maidana y Víctor Violini, con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 98369 caratulada “HERRERA CEFERINO DANIEL Y SCHIBER HUGO CESAR S/ RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR DEFENSAS PARTICULARES”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL - VIOLINI.
El 29 de abril del año 2019, el Tribunal en lo Criminal nº 7 del Departamento Judicial San Isidro, condenó a Hugo César Schiber a la pena de dieciocho (18) años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefe u organizador (art. 210 párrafos primero y segundo del Código Penal) en concurso material con lesiones graves (art. 90 del Código Penal) -ocho (8) hechos- y estafa procesal en grado de tentativa (art. 42 y 172 del Código Penal) -cinco (5) hechos-, todos en concurso real (art. 55 del C.P. ); e inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía por el término de diez (10) años por haberse verificado infracción crónica a las normas de ética que regulan la actividad (arts. 20 bis 3. del C.P. ) y a Daniel Ceferino Herrera a la pena de quince (15) años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita, en calidad de miembro (art. 210 párrafo primero del Código Penal) en concurso material con lesiones graves (art. 90 del Código Penal) -ocho (8) hechos- y estafa procesal en grado de tentativa (art. 42 y 172 del Código Penal) -cinco (5) hechos-, todos en concurso real (art. 55 del C.P. ).
Contra dicha sentencia interpusieron recurso de casación los Defensores Particulares de Hugo César Schiber, Dres. Mariano Orgeira y Adrian Tellas (fs. 254/434vta.) y el Defensor Particular de Ceferino Daniel Herrera, Dr. Fernando Solessio (fs. 439/483).
La causa ingresó a la Sala el 9/10/2019, se celebró audiencia en los términos del art. 458 del CPP el 25/8/2020, se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispone plantear y revolver las siguientes:
Primera: ¿Son admisibles los recursos interpuestos?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Los recursos de casación fueron interpuestos por quienes se encuentran legitimados, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio oral en material criminal, por lo que se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, y 454 CPP).
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión el señor juez doctor Violini dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Los Defensores Particulares de Schiber, luego de referirse a los que consideran requisitos de procedibilidad formal del recurso, y en esa línea al abordar el de autosuficiencia transcribir el veredicto y la sentencia, señalaron a modo de síntesis que esta última "trasunta arbitrariedad al haber sido dictada por un tribunal que ya se había declarado sin encontrarse en condiciones de mantenerse imparcial,… que admitió prueba inadmisible como la declaración de coimputados en calidad de testigos,… hizo una arbitraria valoración de la prueba,… rechazó insólitamente pruebas que hacían al ejercicio del derecho de defensa -incluso luego de haberlas admitido-,… invirtió las garantías constitucionales para hacerlas obrar contra los imputados, [y] recurrió a atribuir a la integración del tribunal fuerza de citación a juicio con tal de evitar la prescripción de una causa que lleva prácticamente una década en trámite".
A continuación, exponen los siguientes planteos: "2. Violación al principio acusatorio". Sostienen que la fiscal desistió de acusar a su defendido por las lesiones de "Vazquez y Dorsch -hecho VI-" quedando constancia de ello en actas a fs. 3846vta., de modo tal que en función del principio acusatorio el Tribunal carecía de competencia para condenar por ellas a Schiber. En consecuencia, entienden que "la condena por dos hechos (lesiones de Vazquez y Dorsch) sin mediar acusación, amerita anular la sentencia y veredicto, no solo en cuanto a esa parcialidad de condena oficiosa y lo que conlleva como consecuencia (pena, agravamiento, vinculación con la imputación de asociación ilícita), sino que la nulidad debe decretarse respecto de todo el pronunciamiento, pues esta circunstancia -lesiva… del principio acusatorio, de la garantía del juez imparcial y de la defensa en juicio- no escapa del contexto que exponemos en otro apartado sobre la manifiesta imparcialidad del tribunal que debe remediarse con la exclusión del pronunciamiento condenatorio pues no se trata de un acto jurisdiccional válido emanado de un tribunal neutral".
"3. Sobre la prescripción de la acción penal." Dicen que salvo para la Asociación Ilícita, la acción penal por los restantes delitos se encuentra extinguida por prescripción, en tanto consideran que la notificación de la integración del Tribunal en lo Criminal que llevaría a cabo el juicio oral no constituye el acto procesal de "citación a juicio" o su equivalente al que hace alusión el art. 67 del Código Penal que, en el caso, respecto de su defendido se materializó dos años después, con la oportunidad procesal del ofrecimiento de pruebas para el debate. "4. Nulidad de la resolución porque la emiten los sentenciantes que dejaron de ser imparciales". Refieren en primer lugar, que tal como ocurrió con la acción penal y su extinción, no operó la preclusión de la cuestión sobre la garantía del juez natural, porque, al igual que en aquel tópico, únicamente se les permitió "acceder por la vía recursiva a la Cámara de Apelaciones, la que tampoco se expidió sobre el fondo del planteo por no tratarse de una sentencia equiparable a definitiva", sin embargo en esta oportunidad, "habiéndose dictado sentencia condenatoria el gravamen si resulta irreparable con lo que corresponde que el Superior Jerárquico analice el fondo de su [su] planteo".
Reseñan los antecedentes del caso y dicen que los sentenciantes, al excusarse, manifestaron que estaban afectados en su ánimo y compromiso de neutralidad, de modo tal que habían aceptado haber perdido la imparcialidad necesaria para juzgar el presente caso, la cual de modo alguno puede ser recuperada por la mera decisión de la Alzada departamental. Añaden que, tras el dictado de dicha excusación, la magistrada del primer voto tildó de "mercenarios" a los impugnantes y de "criminal" a su defendido, en una cabal demostración de pérdida de imparcialidad. Sostienen que frente a la violación de la garantía invocada, no puede no abrirse la vía casatoria so pretexto de tratarse de una resolución no impugnable por dicho medio, máxime cuando se les negó la revisión de la recusación rechazada.
Puntualizan que la jueza de mención, hizo alusión en el fallo a que no podía soslayar que gravitaba en su ánimo el comportamiento del Schiber y el indicio de fuga de su hijo Federico a Israel. Destacan que, "justamente a pesar de que lo había[n] advertido, lo que se pretendía evitar ocurrió: se privó de libertad a [su] defendido, sin sentencia, por orden de un tribunal que había perdido la objetividad y a la postre terminó dictando una sentencia condenatoria" arbitraria. "5. Nulidad de los testigos coimputados presentados como víctimas". Expresan que en esta causa se ha tomado declaración como testigos a quienes debieron estar imputados por los hechos que se sometieron a juicio oral. Explican que anticiparon tal irregularidad en la audiencia preliminar del art. 338 CPP.
Alegan que se les permitió declarar, y sus dichos fueron utilizados para condenar a su defendido, a quienes fueron actores en los procesos civiles en los que actuó como apoderado, base de la sentencia por estafas procesales tentadas, sin ser sobreseídos ni relevados del juramento de decir verdad, con lo que la sentencia resulta auto contradictoria, sin quedar a salvo mediante la aplicación del rótulo "vulnerables" y la invocación de las "reglas de Brasilia", en tanto no se demostró la presencia de los supuestos allí previstos. Añaden que Machicote sostuvo que "la mayoría de las personas estaban arrepentidas por lo que habían tenido que vivir. Moralmente tal vez sepan que no estaba bien". Que podían cambiar de abogados cuando querían y Federico Schiber era el encargado de "informarles el estado de los trámites civiles" cuando consultaban.
En consecuencia, es infundada la afirmación del A Quo de que "no entendían la maniobra" y "no tuvieron dominio del hecho". En el mismo apartado cuestionan que se haya computado contra Schiber la declaración prestada en los términos del art. 308 por Francisco Valentín Ortiz, pues su incorporación al debate violenta el derecho de defensa al verse el imputado privado de poder controlar dicha prueba, con el alcance de "Benitez" (Fallos 329:5556). "6. Inexistencia de los elementos típicos de la asociación ilícita y falta de lesión al bien jurídicamente protegido". Denuncian que no se demostró vinculación alguna de su defendido con ningún tipo de asociación de características permanentes y de cohesión con el propósito colectivo de cometer delitos indeterminados.
Añaden que el planteo sobre la ausencia de los requisitos del art. 210 del CP establecidos por la CSJN en "Stancanelli" (20/11/2001) no fue respondido suficientemente por el Tribunal, incurriendo así en un supuesto de arbitrariedad de sentencia. Puntualizan que no se contesta "por qué en caso de haber existido una ilegal asociación como la que se reprocha -existencia que n[iegan] enfáticamente-, ésta podría haber afectado el orden público, la tranquilidad o paz social", más allá de la "tibia referencia al precedente 'Panceira' (Rta. 16/5/2011, …) que es anterior a 'Stancanelli' en el cual basa[n. su] argumentación". Destacan, con cita de Buompadre, que la divulgación del crimen es lo que produce la alarma social que afecta la tranquilidad pública y que nada de ello ocurrió, primero porque no existía una asociación de tales características, y luego porque no se señala ni prueba "cómo, ni de qué manera o por qué habría existido una turbación a la sociedad", cuando sabido es que "ninguna conducta es delictiva si no afecta a un bien jurídicamente tutelado".
"7. Algunas apreciaciones más sobre la arbitrariedad de la pena". Al finalizar el apartado anterior, los impugnantes ya habían referido que por el concurso de delitos se le terminó por aplicar a su asistido "una pena un poco inferior al máximo previsto para el homicidio, lo que a todas luces deviene desproporcionado", sobre todo cuando se tuvo en cuenta que "carece de cualquier tipo de condena anterior"; que "ninguna circunstancia excesiva al tipo puede ser un agravante de la culpabilidad pues se trata de una abierta violación a los principios de legalidad (art. 18 CN), de reserva (art. 19 CN)" y critican que se haya valorado negativamente "circunstancias inherentes a la propia persona como su condición de abogado o la posesión de 'falsas ambulancias'.
Añaden ahora, que no hay razones para no aplicar a su defendido la pena mínima del concurso real, esto es 5 años de prisión, que es el tope inferior de la escala del delito de asociación ilícita en calidad de jefe, a la luz de que las lesiones fueron consentidas, las estafas en tentativa no causaron perjuicio alguno y la condición de septuagenario de Schiber. Con cita de Ferrajoli y Bacigalupo, resaltan que el A Quo "no formuló apreciación alguna compatible con el… art. 8.6 CADH, pues jamás se propuso ni limitar la pena a la medida de la culpabilidad ni mucho menos reducirla hasta lo estrictamente necesario conforme la finalidad (teoría relativa) de resocialización", y concluyen que "condenar a 18 años de prisión a un septuagenario es, prácticamente, condenarlo a muerte o, más precisamente, a una pena realmente perpetua".
"8. El rechazo de las pruebas vulnera el derecho de defensa". Narran que en su momento se hizo lugar a la instrucción suplementaria que solicitaron consistente en "una pericia de gran importancia: la pericia sobre la CPU secuestrada en el Estudio Jurídico Schiber (fs. 264/269) 'para determinar si en su base de datos aparecían los nombres de los sedicentes damnificados o de los verdaderos responsables de los delitos aquí investigados (fs. pág. 3120vta.)", que en la audiencia del art. 338 del CPP el Tribunal hizo lugar a tal petición, que la "División de Pericias Informáticas" fijo para hacerla el día 18 de marzo de 2019, lo que motivó el rechazó del A Quo de la medida, sin fundamento y contrariando sus propios actos, achacando erróneamente negligencia a esa defensa, consagrando así la vulneración del derecho de defensa en juicio, pues con dicho temperamento "se privó a la defensa de elementos fundamentales para probar la inocencia de sus defendidos, así como desvirtuar la pretensión de la acusación", en franca inobservancia del estándar sentado por la CSJN en "Benítez" (329:5556).
En la misma línea, incluyen la denegatoria a la incorporación como prueba durante el juicio oral de las filmaciones con cámara oculta ofrecidas por Federico Schiber al ampliar su declaración el 13 de noviembre de 2018, que solicitaron se tenga en cuenta en esta instancia por vía del art. 457 del CPP. "9. La falta de examen médico obligatorio acarrea la insalvable nulidad". Exponen que ya como cuestión previa indicaron que se había obviado el examen médico obligatorio que prevé el art. 64 del CPP, que resultaba absolutamente pertinente no solo por la edad de H. C. Shiber, sino por sus características personales. Sostienen que se trata de una nulidad de carácter absoluto o de orden general comprendida en el art. 202 del CPP porque hace "a la intervención, asistencia y representación del imputado".
Afirman que el requisito de los 70 años es al momento del juicio, pues el examen se realiza "a los efectos de evaluar [la] capacidad para estar en juicio". Recuerdan que los jueces al excusarse señalaron que la hostilidad de Schiber "resulta rayano a lo patológico". Postulan que la única forma de terminar la existencia de causales sobrevinientes a las que aluden los arts. 62 y 63 del CPP, es, precisamente, un examen médico como el que obliga el citado art. 64 y no la apreciación subjetiva de los miembros del tribunal. Finalmente bajo el título "10. Casación material arbitrariedad en la valoración de las pruebas", denuncian inobservancia de los arts. 106, 210 y 373 del CPP; expresan que el Tribunal de grado "da por probada la participación de su defendido como organizador de una asociación ilícita y lo justifica por la declaración de los imputados/testigos Olga Beatriz Ferreyra, Patricia Alejandra Blanco, Noelia Edith Nuñez, Beatriz Lorena Caballero, Samanta Giselle Barrientos, Leonardo Ezequiel Vázquez, Claudia Beatriz Dorch, Francisco Valentín Ortiz, Hugo Caballero, Juan Pablo Randler, Jorge Fernández, Emanuel Santiago Randler y de los Comisarios encargados de la investigación Pablo Ignacio Machicote y Marcelo Larroca".
Desarrollan el motivo de agravio mediante un análisis crítico pormenorizado de la prueba testimonial. De forma específica examinan y presentan sus conclusiones contrapuestas a las del fallo, en el orden y bajo los rúbrica que sigue, de los testimonios brindados por "Olga Beatriz Ferreyra. (Hecho II)", "Patricia Alejandra Blanco. Hecho III", "Yamila Marisol Colman", "Beatriz Lorena Caballero. Hecho IV.", Noelia Edith Nuñez (Hecho IV)", "Santiago Serrano", "Hugo Gabriel Caballero", "Graciela Colman", "Samanta Giselle Barrientos (Caso n° V)", "Juan Pablo David Randler", "los Abogados Díaz y Giménez", "el Dr. Christian David Dofour", "el Dr. Miguel Roffo y la Dra. María Gabriela Pantalani". Luego se ocupan del que denominan "Caso Leonardo Ezequiel Vázquez y Claudia Beatriz Dorch (hecho VI)", donde aclaran que si bien allí no fue imputado al Estudio Schiber, sí lo hizo la Fiscalía inicialmente hasta que Federico Schiber demostró que la demanda la había presentado el Estudio Madeira-Moreira.
Finalmente abordan cuatro relatos que estiman significativos. "Comisario Pablo Machicote", al que presentan como un sujeto cuyo nombre buscado en internet aparece ligado con "armar causas fraguando la prueba" Lo acusan de haber mentido, direccionado la causa en contra de Schiber, soslayar a tal fin la intervención de muchos otros abogados y evadir una rueda de reconocimiento para Herrera porque los testigos no lo conocían. "Comisario Marcelo Alejandro Larroca", apuntan que si bien habló de "crimen organizado" reconoció que las víctimas siempre eran familiares o vecinos que se conocían y actuaban movidas por afán de ganar plata. "María José Mesa", pareja de Herrera, defienden que no se trata de un hecho fraguado, en tal sentido resaltan que "no estaba en mala posición económica, su marido tenía trabajo, ella misma tenía trabajo, tenían casa propia, tenían vehículo propio".
Consideran que la falta de precisión en torno al color o modelo de una bicicleta no es suficiente para decir que el accidente fue ficticio, entienden que "sobran elementos para confirmar que este hecho es real". "Declaración de Hugo César Schiber", hacen hincapié en su trayectoria, que perciben signada por el éxito profesional y la honradez, lo describen como un hombre con "46 años de abogado y más de 70 de buena conducta".
El Defensor Particular de Herrera plantea, al igual que se hace en el recuso anterior, que debió dictarse la prescripción de la acción penal respecto de los hechos de lesiones y estafas en grado de tentativa, con eje en que la citación a juicio respecto de su asistido, se produjo con la resolución del 8 de mayo de 2017 y no del 30 de diciembre de 2014, ya que esta última no encuadra en el supuesto previsto por el art. 67 inc. "d" del CP. También formula como motivo de agravio la violación del principio acusatorio, toda vez que la Fiscal acusó a Herrera por cinco hechos de lesiones graves y el Tribunal lo condenó por ocho. En otro orden, cuestiona la suficiencia de la prueba para fundar la condena de su asistido y tilda de absurda la valoración efectuada por el A Quo, como carente de debida motivación al fallo, lo que lo descalifica como tal por arbitrario.
Analiza de forma crítica, tal como lo hicieron los otros impugnantes, las probanzas tenidas en cuenta por los sentenciantes para fundar su decisorio. Así, en síntesis, destaca que al evaluarse el testimonio de Olga Ferreyra, se soslayó considerar que en ningún momento dijo que Herrera era "Julio", y afirmó que las lesiones se las causó "Rulo". Considera que nada incriminante surge de las escuchas telefónicas que registraron las conversaciones que mantuvieron. De la declaración de Patricia Blanco señala que debe tenerse en cuenta que describió a Herrera a partir de la foto de fs. 245 y recordarse que no fue sometido a rueda de reconocimiento como sí "Rulo". Del testimonio de Yamila Marisol Colman resalta que si bien lo señaló a su defendido en la sala de juicio como "Julio" y dijo tenerle miedo y que fue a amenazarla a su casa simulando ofrecer útiles escolares, quedó demostrado a través de la incorporación por parte de la fiscalía de las actuaciones derivadas de la denuncia penal que presentó la declarante a raíz del mencionado episodio, que no lo conocía, pues describió al sujeto que se presentó en su domicilio como "gordo, pelado, tez blanca", sin decir que lo conocía, mucho menos que era Herrera o "Julio".
Sobre Beatriz Lorena Caballero, dice que de la misma manera que miente sobre la identidad de Herrera, que dice que es "Julio", sostiene que la amenazaron, argumento que usó para que el abogado "Giménez se quedara con su tema a cambio de plata (fs. 3822)". Además, en la denuncia penal que presentó contra quienes acudieron a su vivienda a amenazarla, dijo que uno de ellos era colaborador del Estudio Schiber, lo que fue demostrado erróneo, y al otro -que era Herrera- no lo reconoció, como tal ni como "Julio". En cuanto a los dichos de Noelia Nuñez, menciona que en el juicio señaló a Herrera como "Julio", cuando en la instrucción aportó una fisonomía completamente distinta. Con relación al testigo Santiago Serrano, tras transcribir su relato, concluye: "Nada dice de Herrera", lo que se reproduce en los casos de Hugo Gabriel Caballero, Graciela Colman y Juan Pablo Randler.
En lo tocante a Samanta Giselle Barrientos, remarca sus contradicciones y confusiones, ya que dijo que Herrera fue quien le aplicó inyecciones pero luego dijo que fue Cristian Cabrera; por otro lado que Herrera se sentó en su cintura al momento que la golpeaban. Luego expresó que se confunde con "Juan", para culminar aseverando que vio a Schiber en el hospital y al pararse éste decir que no lo podía afirmar. En torno al testimonio de Leonardo Vazquez, recuerda que una de las juezas le dijo "queda como un mentiroso", tras modificar el declarante su versión sobre la persona de "Julio", cuando lo vio a Herrera. Luego transcribe los dichos de Claudia Dorsch -sin comentarios del defensor-. Relativiza el contenido cargoso de la exposición del comisario Machicote.
Se queja de la valoración que llevara a cabo el A Quo de lo relatado por la pareja de su defendido, María José Meza y reproduce entonces los argumentos desarrollados sobre el tópico en el recurso interpuesto por los defensores de Schiber, en cuanto a que no se trató de una "accidente fraguado". Finalmente, objeta por excesiva la determinación de la pena efectuada contra su defendido, y al respecto destaca que el A Quo "al hablar de atenuantes solo manifiesta que por una cuestión subjetiva tiene en cuenta la carencia de antecedentes sin entrar a valorar la situación personal de Herrera, ni tampoco el injusto largo trámite de la causa, que afecta la garantía del debido proceso (CNCrim. Y Corr., Sala II, 29/9/92, "Turziano, Cristian, JA, 1995-IV)".
Sobre el tópico, concluye que en función del principio rector en la materia de resocialización se debe disminuir el monto de pena aplicado, y ajustarse a derecho. En definitiva, solicita se resuelva "decretando las prescripciones solicitadas, absolviendo a [su] defendido del cargo restante, o en su defecto se disminuya el monto de la pena impuesto". Hace reserva del caso federal.
El Fiscal de Casación, Dr. Carlos Arturo Altuve, postula el rechazo de sendas impugnaciones, conforme los argumentos que desarrolla a fojas 555/567vta., que fueran respondidos por las defensas a fs. 574/579vta.
Con independencia de la garantía procesal que conduce a la exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación.
Los arts. 8.2.h de la Convención y 14.5 del Pacto, exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por las Defensas, el conocimiento del proceso se circunscribirá a lo que fuera expuesto (art. 434 y ccs., CPP; v. Sala I, c. 77.217, "Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación", sent. del 06 de julio de 2016, reg. 558/16; c. 79.219. "Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación", sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.427, "Díaz Nuñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación", sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 979/16, entre muchas otras). El A Quo tuvo por acreditado:
"Que Hugo César Schiber, Federico Adrián Schiber, Daniel Ceferino Herrera, alias "Julio", junto con Francisco Valentín Ortiz alias "Rulo", N.N Rodolfo Cañete y N.N Juan Carlos, formaron parte de una organización delictiva encaminada a la comisión de ilícitos de semejantes características que tenían como objetivo simular accidentes de tránsito y obtener importantes beneficios indemnizatorios por medio de las compañías aseguradoras en el marco de acciones legales iniciadas por los daños y perjuicios ocasionados. En el seno de la organización, los imputados poseían una división de roles y tareas. Es así que en primer término captaban a personas apremiadas por extremas necesidades económicas y les proponían participar de un negocio ilícito, consistente en la simulación de accidentes de tránsito.
El rol predominante se encuentra en cabeza del jefe de la asociación ilícita, el abogado Hugo César Schiber, quien es el que dirigía a los demás miembros de la organización asignándoles sus funciones. El abogado Schiber, titular del estudio jurídico encargado de llevar adelante los reclamos patrimoniales -ubicado en la calle Sucre Nro. 235 del Partido de Morón- impartía las directivas a los restantes coautores de los ilícitos. Para el logro de estos objetivos contaba con la colaboración de Herrera, Ortiz, NN Juan Carlos y de N.N Rodolfo -como miembros de la asociación ilícitaubicaban y trasladaban a las víctimas en una camioneta marca Peugeot modelo Partner, tipo furgón, modelo 2007 con dominio GFX 321, que a simple vista aparentaba ser una ambulancia, sin estar habilitada como tal y de idénticas características exteriores (ploteada con la leyenda `Unidad de Traslado´ e insignias características propias de vehículos de emergencias) además de la secuestrada en autos dominio resulta ser HSR 461 y con la cual los imputados continuaron efectuando las maniobras aquí descriptas; siendo ambos rodados de propiedad de Federico Schiber.
Así, Herrera, Ortiz, N.N Rodolfo y N.N Juan Carlos condujeron a las víctimas a distintas locaciones y utilizando herramientas de hierro de grandes dimensiones, procedieron a golpearlos con extrema violencia, a la vez que los inmovilizaron sosteniendo sus brazos y colocándoles trapos en la boca. En varias oportunidades, los nombrados persistieron en las maniobras lesivas aún en aquellos casos en donde las personas que se prestaban a ello, se arrepintieron y suplicaron su liberación, manifestándoles que `tenían que seguir si o si´. Como consecuencia de tales conductas, los lesionados padecieron importantes fracturas óseas verificándose en algunos casos largos periodos de internación, intervenciones quirúrgicas para la aplicación de clavos quirúrgicos en sus huesos y secuelas irreversibles.
Luego, desde el estudio jurídico Hugo César Schiber se llevaban a cabo gestiones con diversas escribanías para que los eventuales lesionados firmaran en los Hospitales poderes generales judiciales a favor del abogado Hugo César Schiber, para lo cual los aquí imputados retenían previamente los documentos nacionales de identidad de la victimas que recién eran devueltos una vez suscripta dicha documentación; iniciando con ello la segunda parte de la maniobra que consistía en los reclamos a las compañías de seguros a través de demandas por daños y perjuicios con montos indemnizatorios que oscilaban entre $ 600.000 y $ 1.700.000. A los lesionados les prometían la entrega de sumas de dinero absolutamente irrisorias y Federico Schiber, en algunas ocasiones, le efectuaba pagos de entre $100 y $200 en concepto de `asistencia', con el fin de que no les revoquen el poder oportunamente firmado. Para vigilar los movimientos de todas estas personas, los imputados efectuaban todos los traslados tanto a los juzgados civiles, oficinas a pericias, médicos y tratamientos, en el vehículo antes mencionado, conducido por Daniel Herrera y siempre bajo la dirección del abogado Hugo César Schiber. Tanto el abogado como su hijo Federico Schiber, indistintamente, recibían a los damnificados en el estudio y los imponían respecto de las declaraciones que debían brindar en distintas instancias. También por intermedio del estudio jurídico Schiber se verificaba la vigencia de las pólizas de seguro de los distintos vehículos utilizados como embistentes, al tiempo que se procuraban las declaraciones de falsos testigos de los accidentes, la totalidad de los certificados médicos, y cualquier otra prueba necesaria para el sustento de la pretensión civil y la formación del sumario penal.
Todo ello se ha podido verificar en al menos los siguientes hechos: 1) Que en fecha 11 de septiembre de 2008 Hugo César Schiber dió inicio al expediente caratulado `Meza, Maria José c/ Arold, Enrique y La Caja de Seguros S.A. S/ daños y perjuicios', de trámite en el Juzgado Civil y Comercial No 11 del Departamento Judicial de Morón, en carácter de apoderado de María José Meza conferido por Poder General Judicial con fecha 3 de septiembre de 2008, accionando en virtud del falso accidente de tránsito ocurrido en la vía pública, donde esta fuera embestida por el vehículo conducido por el demandado y asegurado en la compañía La Caja, en cuyo marco reclamó el monto indemnizatorio de $ 785.000. Que los imputados Hugo Cesar Schiber, Federico Schiber, Francisco Valentín Ortiz y Daniel Herrera -pareja de Meza-, en coautoría criminal y aparentando la producción de un accidente vehicular supuestamente ocurrido el día 1º de septiembre de 2008 a las 20:00, en la calle Shakespeare en sentido hacia la ruta 23; metros antes de llegar a la intersección con la calle Las Heras de la localidad de Las Catonas del Partido de Moreno, simularon que Arold Enrique venia conduciendo una camioneta Pick Up marca Chevrolet dominio RSN- 330 y así embistió con su parte frontal la rueda trasera de la bicicleta en la cual vendría circulando Meza.
De tal modo simularon las lesiones -de carácter grave- que previamente le habían producido a esta última, consistentes en: fractura expuesta de tibia, peroné y tobillo con pérdida de músculo y piel en pierna izquierda y luxación expuesta de tobillo derecho fueron consecuencia del accidente vehicular. En el marco del juicio civil de reclamo por daños y perjuicios, el imputado Hugo César Schiber utilizó como falsos testigos a Andrea Evangelina Perroti y a Juan Marcelo Leguizamón, quienes fueron mencionados también por el abogado como testigos de otros accidentes vehiculares. Así, Perroti ha sido indicada como testigo por Hugo César Schiber en el Expediente "Taglieri, Leticia Mabel c/ Ortiz Francisco Valentín s/ Daños y Perjuicios del Juzgado de Primera Instancia No 11 de Morón, Nº 57037".
A su vez, Leguizamón resulta ofrecido como testigo del accidente de tránsito que originó el expediente "Ferreyra, Emanuel Sebastián c/ Sergio Fabrizio s/ Danos y Perjuicios del Juzgado Civil y Comercial No 2 de San Martin". La primera mencionada también resulta actora en el expediente "Perroti, Andrea Evangelina c/ Doval, Raúl s/Daños y Perjuicios" del Juzgado Civil y Comercial N.º 2 de Morón. No obstante, Hugo César Schiber efectúa modificaciones en los domicilios de los falsos testigos que aportaba; ello con la única intención de que éstos no puedan ser habidos.
Hecho 2) `Que en el mes de marzo de 2009 el abogado Hugo César Schiber, mediante poder general judicial otorgado por Olga Beatriz Ferreyra, dió inicio al expediente civil N.º 7176/2009 caratulado `Ferreyra Olga Beatriz c/ Romero, Miguel y Compañía de Seguros Mapfre", ante el Juzgado Civil y Comercial 12 de San Isidro, reclamando un monto indemnizatorio de $ 800.000 en virtud del falso accidente de tránsito en el que figura como víctima la nombrada Ferreyra. Que, previo al inicio de la demanda, en fecha 16 de febrero de 2009 el imputado Ortiz en acuerdo criminal y división de tareas entre todos los miembros de la organización -respondiendo a las directivas de Hugo César Schiber-, acompañado de Miguel Eduardo Romero -falso embistente - condujo a Ferreyra hasta un domicilio particular. En el lugar, dos sujetos de sexo masculino, previo a aplicarle una inyección con una sustancia desconocida, colocaron su pierna izquierda sobre dos tacos de madera y le propinaron un fuerte golpe que le provocó fractura expuesta de tibia y peroné de pierna izquierda. Los sujetos intentaron continuar con la golpiza y provocarle la fractura de su brazo, a lo que ella se negó terminantemente. A raíz de estos golpes, Ferreyra sufrió lesiones que con posterioridad fueron caracterizadas como graves. A continuación, ese mismo día, Ortiz y el falso embistente condujeron a Ferreyra, aproximadamente a las 19:20 hs., a la intersección de las calles José Ingenieros y Maestro Santana de la localidad de Beccar Partido de San Isidro, lugar donde simularon la producción de una accidente de tránsito contando para ello con la colaboración del remisero Romero, quien se encontraba al comando del vehículo, marca Daewo modelo Lanos dominio DNW 441 -asegurado en la compañía Mapfre-.
Así, en dicha esquina simularon que Romero embistió a Ferreyra, mientras cruzaba a pie la intersección. A raíz de la conducta de los imputados, Olga Beatriz Ferreyra debió ser internada en el Hospital de San Isidro por el lapso de un mes e intervenida quirúrgicamente. Es así, que al día siguiente de su internación, la nombrada le hizo entrega de su documento nacional de identidad a Ceferino Daniel Herrera a fin de que este lleve a cabo las gestiones tendientes a la confección del poder general judicial en favor Hugo César Schiber, que finalmente la nombrada Ferreryra suscribió en el nosocomio de mención. En tales circunstancias, mientras permanecía internada se presentó en varias ocasiones Federico Schiber, quien a su vez se encargó de conseguir el clavo quirúrgico que debieron colocarle a Ferreyra en su pierna izquierda, no obstante haber demorado su entrega con el objeto de agravar las secuelas de la lesión y con ello aumentar el monto del ilícito reclamo. Con posterioridad al comienzo del juicio y ante los insistentes reclamos de Ferreyra tendientes a que le prodigaran algo de dinero para poder solventar los múltiples gastos devengados de su lesión, Federico Schiber le efectuó entregas de dinero por sumas que oscilaron entre los cien y doscientos pesos; ello sin perjuicio de no haber sido consultada en ningún momento sobre las circunstancias de su accidente. En ocasiones, Daniel Herrera, siguiendo expresas instrucciones de Federico Schiber, recogía por su domicilio a Ferreyra y la trasladaba a distintos lugares, tales como el Juzgado Civil y el Hospital Bocalandro de Haedo, indicándole qué era lo que debía decir, al tiempo que la llevaba para suscribir los distintos escritos jurídicos en favor del abogado Hugo Cesar Schiber que luego serían presentados.
Hecho 3) `Que con fecha 21 de mayo de 2008 el abogado Hugo César Schiber (To. XXVII Fo.
135 L.P.), mediante poder general judicial otorgado con fecha 7 de mayo de 2008 por Patricia Alejandra Blanco, dio inicio a los autos caratulados `Blanco, Patricia Alejandra c/ Baez, Gustavo A. y Provincia Seguros S.A. s/ Daños y Perjuicios", ante el Juzgado Civil y Comercial N° 10 de Morón, reclamando un monto indemnizatorio de $ 630.000, en virtud de un falso accidente de tránsito en el que aparece como víctima la nombrada Blanco. Que, previo al inicio de la demanda, en fecha 4 de mayo de 2008 los imputados Ortiz alias "Rulo", Ceferino Daniel Herrera, alias "Julio", y NN Juan Carlos, en acuerdo criminal y división de tareas con los demás miembros de la organización -respondiendo a las directivas de Hugo César Schiber-, condujeron a Blanco (de condición analfabeta) en la parte trasera de una camioneta marca Peugeot modelo Partner, tipo furgón, modelo 2007 con dominio GFX 321, que posee pintado en su exterior 'Unidad de Traslado´ -propiedad de Federico Schiber y conducida por Herrera, hasta un domicilio particular, previo a lo cual le habían retenido su documento nacional de identidad. Una vez en el lugar le ordenaron que no grite, le colocaron un trapo en su boca, taparon su rostro con una frazada y le aplicaron en su pierna una inyección conteniendo una sustancia desconocida con el pretexto de evitarle sentir dolor. A continuación, los imputados colocaron su pierna izquierda sobre dos tacos de madera y utilizando un elemento de grandes dimensiones procedieron a golpearla hasta provocarle la fractura expuesta de su tibia y peroné de pierna izquierda, causándole con ello lesiones que con posterioridad fueron caracterizadas como graves.
Seguidamente, los imputados condujeron a Blanco, siendo aproximadamente a las 23:30 hs, a la intersección de las calles Pampa y Galán de la localidad de El Palomar, Partido de Morón, lugar donde simularon la producción de un accidente de tránsito con la intervención de un rodado marca Renault 12 color verde dominio VRM-670 -asegurado en la compañía Provincia Seguros-. Así, en dicha esquina simularon que Gustavo Alejandro Baez quien iba al comando del vehículo embistió a Blanco, mientras cruzaba a dicha intersección. A raíz de la conducta de los imputados, Patricia Alejandra Blanco debió ser internada en el Hospital Dr. Luis Güemes de la localidad de Haedo, siendo que al día siguiente se hicieron presentes Ceferino Daniel Herrera alias Julio y Hugo César Schiber, quienes le hicieron firmar documentación y un papel en blanco, tras lo cual Herrera le devolvió su documento nacional de identidad. Aproximadamente veinte días después, fue trasladada a otro nosocomio donde le practicaron una cirugía con la colocación de una placa. Al obtener el alta médica, los sujetos imputados la condujeron hacia el estudio Jurídico del abogado Schiber. Allí fue recibida por Federico Schiber, quien le indico que si alguien le preguntaba sobre lo ocurrido debía responder que se trató de un accidente.
Hecho 4) `Que con fecha 28 de mayo de 2008 el abogado Hugo Cesar Schiber, mediante poder general judicial otorgado por Noelia Edith Nuñez (con fecha 5/05/2008) y Beatriz Lorena Caballero (con fecha 29/04/2008), dio inicio a los autos caratulados `Caballero, Beatriz Lorena y otra c/ Barrera, David Alejandro y Provincia Seguros S.A. s/ Daños y perjuicios´ (Expte. 10.744), ante el Juzgado Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5 de San Martín, reclamando un monto indemnizatorio de 1.420.000 pesos, en virtud de un falso accidente de tránsito en el que aparecen como víctimas Lorena Beatriz Caballero y Noelia Edith Nuñez. Las victimas Caballero y Nuñez fueron contactadas por Francisco Valentín Ortiz alias "Rulo", quien tras cerciorarse de las apremiantes necesidades económicas de ambas, les ofreció simular un accidente de tránsito, bajo la falsa promesa de que recibirían dinero luego de las acciones legales que iniciaría el abogado Hugo Cesar Schiber.
Así, en fecha 24 de abril de 2008, luego de las 22 hs, los imputados Daniel Herrera -alias "Julio"- Francisco Valentín Ortiz -alias "Rulo"- y NN Juan Carlos, en acuerdo criminal y respondiendo a las directivas de Hugo Cesar Schiber, previo retenerles sus documentos nacionales de identidad, las trasladaron en la parte trasera de la camioneta marca Peugeot modelo Partner, tipo furgón, modelo 2007 con dominio GFX 321, que poseía pintado en su exterior ´Unidad de Traslado´ -de propiedad de Federico Schiber y conducida por Herrera- hasta un galpón de carpintería, con el fin de lesionarlas y luego simular el accidente de tránsito acaecido el 21 hs. del mismo día. Al llegar al lugar, Caballero se arrepintió y les exigió que no lo hagan, a lo que los sujetos le respondieron que tenían que hacerlo si o si.
La tiraron al piso, le colocaron un trapo en su boca y una frazada en el rostro, con la finalidad de impedirle gritar por auxilio. Dejaron su pierna descubierta, sobre dos tacos de madera y le colocaron algo frío. Así, Herrera, Ortiz y NN Juan Carlos procedieron mediante la utilización de un elemento contundente de grandes dimensiones a golpearla, provocándole de esta manera la fractura de su pierna derecha, lesiones que fueran caracterizadas como graves. En ese estado, la depositaron en la parte trasera de la falsa Unidad de Traslado. Ante ello, y escuchando los gritos desesperados de dolor de su prima, Nuñez les imploró que no le hicieran nada, no obstante los sujetos hicieron caso omiso y continuaron con el plan criminal.
Inmediatamente comenzaron a rasparla con lija en sus brazos, rostro y abdomen provocándole severas escoriaciones. Pese a manifestarles su intención de no continuar y que sentía mucho dolor, los sujetos mencionados le aplicaron una inyección en su pierna -conteniendo un líquido desconocido- le colocaron un trapo en su boca, la pierna sobre dos tacos de madera y la golpearon hasta provocarle la fractura de tibia, peroné y tobillo de la pierna derecha, lesiones que a la postre fueron caracterizadas como graves. A continuación, los imputados las condujeron en la parte trasera de la falsa Unidad de Traslado, y las depositaron en la vía pública, más precisamente en la intersección de las calles Santiago del Estero y Las Flores, en la localidad de Eufrasio Alvarez, Partido de 3 de febrero, donde simularon la producción de un accidente de tránsito.
A los pocos minutos, se presentó en el lugar un vehículo marca Volkswagen modelo Gol dominio DHO-202 -asegurado en Provincia Seguros S.A.-, conducido por David Alejandro Barrera. Los imputados les indicaron expresamente que debían declarar que 'habían sufrido un accidente de tránsito y habían sido atropelladas por el auto mientras cruzaban la calle, y que el auto había doblado mal por la misma', aclarándoles que el conductor del auto sabía que era lo que tenía que decir y que además el vehículo poseía abollada su parte delantera. Al cabo de un momento, arribó la ambulancia y las trasladó al Hospital General de Agudos Bocalandro, donde fueron enyesadas e internadas. Al día siguiente, se hizo presente en el nosocomio Herrera, alías "Julio", quien una vez que las nombradas firmaron el poder general judicial en favor de Hugo César Schiber, les devolvió sus documentos nacionales de identidad.
En múltiples ocasiones, Daniel Herrera junto con Federico Schiber las recogían por sus domicilios a bordo de la falsa Unidad de Traslado y las trasladaban a distintos lugares para realizar diversas diligencias, así como al Hospital Bocalandro, siendo este último quien les indicaba que debían manifestar en cada ocasión. Transcurrido un tiempo y dado que no habían recibido nada de dinero y en razón de la precaria situación económica de las nombradas, decidieron revocar el poder otorgado en favor de Schiber, razón por la cual Herrera comenzó a amenazarlas telefónicamente, obligándolas de tal modo a suscribir nuevamente poderes en favor del estudio Schiber. A cambio de ello, Federico Schiber en varias oportunidades les hizo entrega de sumas de dinero oscilantes entre 100 y 200 pesos en concepto de 'asistencia'.
Hecho 5) Que en fecha 2 de junio de 2008 el abogado Hugo Cesar Schiber, mediante poder general judicial otorgado por Samanta Giselle Barrientos, dió inicio a los autos caratulados `Barrientos, Samanta Giselle c/ Ybañez, Luis Alberto y otros s/ Danos y Perjuicios´ (Expte. 57148), ante el Juzgado Primera Instancia en lo Civil y Comercial No 11 de Morón, reclamando un monto indemnizatorio de $630.000, en virtud de un falso accidente de tránsito en el que Samanta Giselle Barrientos aparece como víctima, tras haber sido embestida en la vía pública por un vehículo Renault modelo Express dominio AYA 916 conducido por Luis Alberto Ybañez, hecho que supuestamente habría ocurrido en la calle Demóstenes y Sargento Romero de la localidad de Trujuy, Partido de Moreno. Que, previo al inicio de la demanda, en fecha 5 de mayo de 2008, los imputados Daniel Herrera, NN Juan Carlos y N.N Cristian Cabrera en acuerdo criminal y división de tareas, tras la falsa promesa de entregarle una suma de dinero que aliviaría su apremiante situación en el marco de un juicio civil que iniciaría el imputado Schiber, condujeron a Barrientos hasta un galpón con el ilícito propósito de lesionarla. Allí, la hicieron recostar en un pequeño colchón ubicado en el piso, le colocaron tres inyecciones conteniendo una sustancia desconocida y pese al estado de pánico de Barrientos -quien retiraba instintivamente su pierna del sitio donde se la habían acomodado- colocaron un fierro de grandes dimensiones sobre su pierna extendida, una campera sobre su rostro, a la vez que Herrera la inmovilizaba sentado sobre su cintura, y así la golpearon duramente. Ante la magnitud de los golpes aplicados, Barrientos se desvaneció por un momento.
Cuando ella recobró el conocimiento los coimputados intentaron retomar la golpiza en sus piernas, a lo que ella se negó rotundamente, suplicando que desistan. Frente a ello, los nombrados rasparon su rostro utilizando una lima con el fin de simular las heridas del accidente vehicular. Barrientos, entonces, comenzó a gritar en forma desesperada, implorándoles que se detuvieran. A continuación, los imputados la condujeron hasta la puerta del Hospital de Moreno, donde la dejaron para su atención. Allí le diagnosticaron fractura de tibia derecha; lesión que fue caracterizada con posterioridad como grave. Su documento nacional de identidad le fue devuelto una vez que la nombrada firmó en el lugar de internación un poder general judicial en favor del abogado Hugo César Schiber, donde también se le requirió la firma de un papel que se encontraba en blanco. En ocasión de ser citada por la compañía aseguradora Mapfre, Daniel Herrera, NN Juan Carlos y NN Cabrera -respondiendo siempre a las directivas de Hugo César Schiber- le adosaron al yeso que Barrientos llevaba colocado hasta la rodilla, yeso hasta el muslo, a fin cubrir su pierna completamente y obtener de tal modo mayores réditos económicos ilícitos en su reclamo.
Y Hecho 6): en los siguientes términos: Que en fecha 29 de agosto de 2007 los abogados GUSTAVO ALEJANDRO MADEIRA y EDUARDO FERNANDO MOREIRA inician formalmente demanda por DAÑOS Y PERJUICIOS (accidente de tránsito con lesiones) en su carácter de apoderados de Leonardo Ezequiel Vazquez y Claudia Beatriz Dorsch, contra Florencio Esteban Barreto, Ariel Mazurok y Liberty Seguros S.A. en el expediente caratulado "Vázquez, Leonardo Ezequiel c/ Barreto, Florencio Esteban s/ Daños y Perjuicios", por ante Juzgado Nº 64 de la Justicia Nacional en lo Civil donde se reclamó la suma de $ 416.040 en concepto de indemnización en virtud de un falso accidente de tránsito ocurrido el día 9 de marzo de 2007 en el que los nombrados Vázquez y Dorsch aparecen como víctimas tras haber sido embestidos en la vía pública mientras circulaban en motocicleta marca Zanella 50CC; hecho que supuestamente habría ocurrido en la intersección de las calles Córdoba y Libres del Sur de Morón.
Que previo al inicio de la demanda, en fecha 9 de marzo de 2007 los masculinos sindicados como NN Rodolfo y NN Juan Carlos trasladaron a Leonardo Ezequiel Vázquez y a Claudia Beatriz Dorsch a bordo de un automóvil marca Ford Taunus hasta el domicilio de N Juan Carlos sito en la localidad de Don Torcuato con el objeto de lesionarlos. En dicho lugar los aguardaba el aquí imputado Daniel Herrera, alias "Julio", a bordo de una camioneta marca Peugeot modelo Partner, tipo furgón de propiedad de Federico Schiber y que poseía pintado en su exterior ´Unidad de Traslado´. Al llegar al lugar, la nombrada Dorsch se arrepintió y les manifestó su decisión de no seguir adelante, no obstante lo cual los nombrados le impusieron que debían hacerlo sí o sí.
Acto seguido, hicieron descender del automóvil a Leonardo Ezequiel Vázquez e inyectaron en su pierna una sustancia desconocida con el falso pretexto de impedir que sienta dolor, colocaron su pierna sobre dos tacos de madera y cubrieron su cara, aplicándole así un fuerte golpe con un objeto tipo maza que le provocó fractura de tibia izquierda. Luego procedieron a lesionar a Claudia Beatriz Dorsch en contra de su voluntad, le aplicaron una inyección en su brazo con el falso pretexto de impedir que sienta dolor y luego la colocaron en el piso donde le taparon su rostro, colocaron su brazo sobre un taco de madera y tras asestarle un golpe con una maza, le produjeron fractura de cúbito y radio izquierdo; lesiones que a la postre fueron caracterizadas como graves.
Acto seguido, las víctimas fueron trasladadas al Hospital para su atención, donde luego de firmar la documentación correspondiente les devolvieron los documentos nacionales de identidad previamente retenidos. Es así, que meses después de iniciada la demanda por los letrados Madeira y Moreira, las víctimas Vázquez y Dorsch fueron trasladadas por NN Juan Carlos y por Daniel Herrera alias "Julio", a bordo de la "Unidad de Traslado" hasta el estudio jurídico del imputado Schiber donde fueron recepcionados por Hugo y Federico Schiber, indicándoles el primero de los nombrados que se queden tranquilos que él ya sabía que el accidente no era real y que ellos se encargarían de todo, indicándoles únicamente la suscripción de papeles.
Así con fecha 2 de octubre de 2008, se presenta Hugo César Schiber en el expediente precitado, acompañando copia simple del Poder General Judicial otorgado a su favor por los nombrados Vázquez y Dorsch siendo que posteriormente con fecha 2 de junio de 2009, se retractan, dejan sin efecto alguno la revocación de los Dres. Madeira y Moreira, y mantienen plenamente vigente el poder oportunamente otorgado, y revocan expresamente el mandato oportunamente otorgado a Hugo César Schiber. En el marco del expediente civil la compañía aseguradora Liberty -citada en garantía- abonó en concepto de capital indemnizatorio la suma de $ 33.000, recibiendo los nombrados Madeira y Moreira parte de ese monto" (fs. 75vta. y ss.).
Se advierte que los motivos de agravio traídos por los recurrentes son en lo sustancial, por un lado, reiteración de planteos que han efectuado con antelación, que se renuevan ante esta sede a pesar que algunos de ellos han sido resueltos con doble conforme en etapas previas, y en todos los casos sin lograr poner de manifiesto errores en las decisiones judiciales que le dieron respuesta, sino sus particulares puntos de vista divergentes; y, por el otro, una crítica que impacta en aspectos periféricos, tangenciales, no dirimentes, del fallo, de modo tal que aún ante la hipótesis de que sean ciertas, no conducen a alterar en lo sustancial su sentido y alcance, por lo que habrá de quedar incólume, con la sola salvedad que se menciona en el párrafo siguiente.
Asiste razón a los defensores de Schiber en cuanto a que la Fiscalía aclaró al replicar el alegato de aquellos, que no acusaba al nombrado por las lesiones graves respecto de Vázquez y Dorsch (cfr. fs. 66vta.), de modo tal que sendos hechos habrán de ser excluidos de la condena que le fuese impuesta (art. 368, CPP) -no se observa que el desistimiento alcance también a Herrera, ni su defensor lo individualiza en el recurso-. Lo dispuesto no apareja, en la especie, efecto alguno sobre el resto de los sucesos que la comprenden, la calificación legal y el monto de la pena fijada. Si bien los aludidos letrados particulares dan por supuesto que debe repercutir en el quantum de la sanción y disminuirla, no dan razones que sustenten tal afirmación dogmática. De modo similar, postulan que afecta la configuración de la Asociación Ilícita, sin explicar porqué la no consideración solo de esas dos lesiones corporales acarrearía tal consecuencia; además, hacen depender y vinculan su visión al respecto, de otros motivos de agravio que no han de prosperar (cfr. en particular fs. 350), lo que marca la improcedencia del reclamo con la extensión pretendida. En lo restante, corresponde la íntegra confirmación del veredicto y la sentencia. Ahora bien, en cuanto al planteo de prescripción de la acción penal en torno a los hechos de lesiones graves y estafa en grado de tentativa, el mismo ha sido resuelto en la instancia con doble conforme y con la intervención de esta Sala verificando que no se encontraban involucradas cuestiones federales (cfr. c. 91015 “Schiber Hugo Cesar y Schiber Federico s/ Recurso de Queja (Art. 433)”, resoluciones de fecha 28/9/18 y 8/5/19), en el sentido que la notificación de la integración del tribunal que tendría a su cargo la realización del juicio de fecha 30 de diciembre de 2014 constituye en el caso la citación a juicio o acto procesal equivalente del art. 67 inc. "d" del CP. La reiteración del criterio divergente que sostienen los defensores otorgando dicho carácter a la resolución del 8 de mayo de 2017, desprovista de aportes novedosos, carece de virtualidad para tornar procedente la pretensión reeditada en tales términos.
Lo mismo resulta de aplicación al motivo de agravio que se menciona como "nulidad de los testigos coimputados presentados como víctimas". El tópico fue tratado y resuelto durante el trámite de las instancias anteriores, y a pesar de ello idéntico punto de vista discrepante de los defensores es el que traen a esta sede, pretendiendo imponerlo sin refutar todos los argumentos esenciales en que se apoyaron los jueces para desestimarlo, lo que obsta el progreso del planteo.
A título ilustrativo, cabe citar algunas de las alusiones que se hacen en la sentencia, en el voto de la magistrada preopinante con la adhesión del resto del Tribunal, sobre la cuestión de los llamados por los impugnantes "testigos coimputados":
"... se vieron convencidos por la promesa de una fácil obtención de dinero -que en la mayoría de los casos ni siquiera obtuvieron- consintiendo indignamente la rotura de huesos de sus cuerpos con el fin de "cobrar dinero ".
Y más allá que muchos de ellos se arrepintieron a causa del dolor insoportable al momento de la lesión -toda vez que le eran aplicadas falsas inyecciones de anestesia-, su voluntad era impunemente desoída, pudiendo describir las víctimas con precisión la brutalidad de los actos de lesión ejecutados y la falta de misericordia hacia el dolor ajeno, evidenciando con ello, que eran piezas de un engranaje mayor.
Cabe destacar, las conclusiones arrimadas por el Juez Garante a fs. 10/14 del incidente de nulidad de las declaraciones que corre por cuerda a la presente- que "la selección de estas personas por parte de los imputados no fue aleatoria ni accidental, sino, producto de un estudio sobre su vulnerabilidad y bajas defensas frente a una tentadora propuesta económica -que luego no se concretaba- como paliativo de su alegada indigencia.
Se advierte que la organización operó de filtro, reteniendo para sus fines aquellos sujetos incapaces de dimensionar de un modo acabado las consecuencias globales de sus actos, o el conocer y dirigir sus acciones conforme a un plan criminal mayor que escapaba, desde su intervención y luego de ella, al dominio, frente a la imposibilidad de neutralizar el curso de sus acciones.
Así entonces, las pruebas colectadas durante el debate corroboran la hipótesis de la Fiscalía en punto a que las víctimas eran parte de un mecanismo de un plan mayor e ingobernable a las que le han brindado trato de objeto. Eran sujetos vulnerables y SCHIBER y sus secuaces sabían y se aprovecharon de esta situación de vulnerabilidad. Tengo en cuenta para ello la normativa de las reglas de Brasilia que establecen la configuración de una situación de vulnerabilidad: "se consideran en condición de vulnerabilidad, aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
Así, "podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de la libertad".
De tal suerte, "La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específicas, o incluso de su nivel de desarrollo social y económico".
Luego refiere que: "Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad puede proceder de sus propias características personales o bien de las circunstancias de la infracción penal. Destacan a estos efectos, entre otras víctimas, las personas menores de edad, víctimas de delitos sexuales, los adultos mayores, así como los familiares de víctimas de muerte violenta".
En definitiva según los elementos señalados, Ferreyra, Blanco, Nuñez, Caballero, Barrientos, Meza, Vazquez y Dorsch encuadran en estos supuestos.
Como bien se puntualizó, "este grupo de captación ejerció un poder arbitrario, brutal y violento, sobre el conjunto de lesionados (las internaciones en algunos casos fueron por tiempos muy prolongados y sumamente dolorosas) desplazando a los sujetos del rol, que en principio y superficialmente, podría considerarse como parte de un conjunto dirigido a perjudicar patrimonialmente a terceros, para convertirlos también en víctimas de la organización". (Conf. incidente de nulidad citado)
Resultó notorio que ellos no entendían la maniobra, no tuvieron dominio del hecho, no podían engañar a nadie, y menos aún a un abogado con 45 años de ejercicio de la profesión como el acusado Schiber.
En tal sentido no puede discutirse la condición de víctimas ni existe la paridad que predica Shiber y replica su Defensa. Como ha quedado explicado, desde el principio existió abuso: los victimarios contribuyeron a reducir los limites de la autodeterminación de las victimas hasta su inexistencia. En definitiva se trató de una voluntad viciada, contaminada por el estado de desesperación y la violencia de los imputados que le impidieron ejercer cualquier tipo de resistencia a la decisión de lesionarlos. Así y en opinión de la suscripta la reducción deliberadamente provocada del ámbito de autodeterminación crea en forma inversamente proporcional un aumento de la exigibilidad del agente, que se aprovecha de la inexperiencia, ignorancia y extrema necesidad de la víctima. Sobretodo respecto del letrado, en cuanto vulnera con mayor intensidad el sistema de protección legal.
Se da en el caso la situación de la “pareja penal” definida por Mendelshon, que no es nada armónica sino contrapuesta. Donde en algún caso puede comenzar siendo armónica- como la estafa- pero lo que le interesa la delincuente, su deseo intimo –por que de ahí resultara su éxito-es el de causar al final esa desarmonía que determina y destaca los roles a que estaban destinado en el acto delictual; victimario y sacrificado ( conf. Elìas Neuman “Victimología” Ed.
Universidad pag. 35)
Cuadro magnificado por tratarse de crimen organizado, donde dado el rol particular de estas víctimas, la escasez de escrúpulos no juega ningún papel para reducir el margen de culpabilidad del autor. El resultado se produce según lo planeado por él;
no hay delincuencia correspectiva como lo sugieren SHIBER y su defensa.
Aspecto fundamentalmente sopesado en la inmediación del juicio oral.
A mayor abundamiento, los damnificados casi en su totalidad no han recibido dinero por las lesiones ocasionadas, y no han formulado reclamo alguno y aún hoy continúan viviendo sumidos en plena indigencia".
Del cotejo de lo transcripto con las críticas expuestas en el recurso, se desprende que en parte éstas trasuntan meras visiones divergentes a las plasmadas de forma fundada y razonada por los jueces, y particularmente que han sido parciales al dejar sin refutar todos los argumentos expuestos en respaldo de la decisión judicial que resolvió la controversia, por ejemplo las que vinculan la vulnerabilidad con las condiciones de extrema pobreza.
Otro aspecto determinante que me impide hacer lugar a este motivo de agravio, es que los testigos aludidos pudieron ser interrogados ampliamente por la defensa durante el debate quedando así el perjuicio invocado carente de sustento.
En cuanto a la incorporación por su lectura al juicio oral de la declaración del condenado Ortiz, no se advierte –ni la defensa demuestra– que haya constituido un elemento dirimente o decisivo frente al contundente cuadro probatorio en que se basa la condena dictada, justamente en el veredicto se alude a dicha pieza procesal como a una que "complementa" dicho plexo.
Incluiré aquí el abordaje de la queja sobre la frustrada realización de una medida de instrucción suplementaria de índole pericial sobre la CPU secuestrada en el Estudio Jurídico Schiber.
No se percibe que la medida tuviese la "importancia" que los impugnantes le adjudican, concretamente de qué modo –a la luz del cuadro probatorio disponible– permitiría revelar que el abogado Schiber no sabía que interponía demandas por accidentes de tránsito simulados, y sustentar que era engañado por las personas que se quebraban sus huesos y/o el entorno familiar y vecinal de las mismas. Con independencia de la discusión sobre si fue diligente el proceder de la defensa, prácticamente limitado al diligenciamiento de oficios, y de ese modo demostrativo de un verdadero interés en impulsar la producción de la probanza en cuestión, como de la circunstancia que el Tribunal de grado había hecho primeramente lugar al ofrecimiento de la misma, se observa que la crítica traída no logra desvirtuar lo resuelto por el A Quo en cuanto a la necesidad de la medida, atento a que "de toda la documentación hallada en el referida CPU se hizo un back up en un CD-R ... [y] toda la información que estaba en el sistema del Estudio Schiber, [fue] descargada y [estuvo] a disposición de las partes...".
De todas formas, como antes mencionara, no se advierte de qué modo la eventual obtención de la información informática que la defensa pretendía encontrar según desliza en el recurso, por ejemplo que los quebrados, sus familiares y los otros abogados mencionados en la causa no figuraren nombrados en los archivos de la CPU, pudiese tener la aptitud que le atribuye de probar la inocencia de sus asistidos y desvirtuar la acusación, ello, especialmente, al tratarse de material vinculado con una teoría del caso -con eje en el desconocimiento de los imputados sobre que los hechos eran fraguadosque a través del juicio oral ha quedado absolutamente desvirtuada, conforme me expediré más adelante.
En lo que atañe a la cuestión de las filmaciones con cámara oculta ofrecidas por Federico Schiber al ampliar su declaración el 13 de noviembre de 2018, me remito a los términos de la resolución dictada por esta Sala al rechazar el ofrecimiento de prueba del art. 457 del CPP, y a lo que diré al tratar el motivo de agravio relativo a la suficiencia de la prueba de cargo y su valoración.
La queja relativa a la falta de imparcialidad del Tribunal de grado no merece prosperar.
Se observa que cuando se rechazó la recusación efectuada por el imputado y su defensa durante el trámite del debate alegando dicha causal, tal decisión no fue impugnada. Consentimiento que no suple el cuestionamiento intentado por la parte contra el modo en que la Cámara zanjó la cuestión de competencia suscitada a partir de la excusación de los integrantes del aludido Tribunal en lo Criminal n° 7 y el n° 2 de la misma jurisdicción, cuyos antecedentes surgen de la causa de esta Sala n° 96378 “Schiber Hugo Cesar y Schiber Federico s/ Recurso de Queja (Art. 433)”.
Además, se pretende fundar la afectación al principio de imparcialidad en supuestos improperios, que la juez del primer voto, habría vertido sobre los impugnantes y su defendido que no acreditan.
Pero, central para desestimar el planteo, es que los defensores dicen que la alegada violación a la imparcialidad la encuentran en el dictado de una condena arbitraria, que "tan solo se remite a afirmaciones dogmáticas carentes de explicación, que no hace más que traducir la íntima convicción de quienes la resuelven”, lo que en nada se corresponde con la sujeta a revisión en esta Sede que, por el contrario, atento a sus serios y completos fundamentos, y su fuerte sustento en datos objetivos de fuente documental, será confirmada en todos sus aspectos sustanciales.
En otro apartado, los letrados que asisten técnicamente a Schiber, se refieren a la “inexistencia de los elementos típicos de la asociación ilícita y falta de lesión al bien jurídicamente protegido".
Con relación al tramo vinculado a los elementos del tipo penal, contrariamente a lo que sostienen, según me expediré más adelante, se ha acreditado en el juicio oral la vinculación de su defendido en calidad de jefe u organizador de una asociación con características de permanencia y de cohesión con el propósito colectivo de cometer delitos indeterminados.
En lo que respecta al “bien jurídico” y la invocación del precedente de la CSJN "Stancanelli" (20/11/2001), no encuentro que el caso en tratamiento no se ajuste a dicho estándar. He tenido oportunidad de analizar esta cuestión al comentar los arts. 210 y 210 bis del Código Penal para la Revista Pensamiento Penal. El delito de asociación ilícita fue incluido en el título de “Delitos contra el orden público” en el Código Penal de 1921 y esta denominación fue reemplazada transitoriamente por la de “Delitos contra la tranquilidad pública” durante la vigencia de la ley 21.338, luego derogada por la 23.077. Esta sucesión de denominaciones ha disparado consideraciones diversas acerca de qué tipo de lesión debe concretarse para que se materialice el injusto.
Según la Exposición de Motivos de 1891, “orden público" es sinónimo de “orden social”, pero varios autores han señalado que esto podría generar una confusión entre estas infracciones y los delitos contra la seguridad pública y defendido la opción adoptada por la ley 21.338. Al respecto decía Soler que pocos temas han provocado mayor confusión y vaguedad de opiniones que tratar de fijar el concepto de orden público y que la más grave consecuencia de la imprecisión del título ha sido la confusión entre este grupo de figuras y los delitos contra la seguridad común. Para Soler, al hablar de orden público, nuestra ley penal quiere decir tranquilidad y confianza social en el seguro desenvolvimiento pacífico de la vida civil.
El objetivo no es la protección directa de bienes jurídicos primarios, como la seguridad, sino de formas de protección mediatas de aquello. Es decir que no se trata de defender la seguridad social misma, sino más bien la opinión de esa seguridad, que constituye un factor más de refuerzo de aquélla. No se trata de la protección directa de bienes jurídicos primarios, como la seguridad, sino de formas de protección mediatas de aquéllos. Fontán Balestra, por su parte, entendía que todas las figuras contenidas en el título aparecen claramente dirigidas hacia la protección del sentimiento de la tranquilidad o la paz pública y tutelan la tranquilidad pública, que resulta de la confianza general en el mantenimiento de la paz social.
Emplear la expresión “tranquilidad pública” tiene, para él, la virtud de eludir la ambigüedad que tiene la fórmula orden público, a la par que señala la verdadera naturaleza del bien jurídico lesionado por estos delitos. Millán dice que las incriminaciones de este título significan una tercera barrera protectora de las personas y los bienes; la primera constituida por los delitos de daño efectivo, la segunda por los de peligro para la seguridad; y que los hechos aquí descriptos se refieren al sentimiento de la tranquilidad y, por excepción, a ella misma, desde el punto de vista objetivo. Y de manera similar, Eusebio Gómez afirma que se trata de delitos de alarma colectiva, así como se dice de los delitos contra la seguridad pública que son delitos de peligro común, y Rodríguez Devesa sostiene que debe evitarse caer en interpretaciones excesivamente amplias de orden público, porque entonces todo el derecho penal es materia de orden público, y que delitos contra el orden público, en sentido riguroso, son únicamente aquellos en los que la alteración usada como medio para la consecución de otros fines, tiene mayor relieve que éstos, o si se prefiere, utilizando la terminología de Carrara, aquellos en que la conmoción de los ánimos es un verdadero daño inmediato que absorbe por su importancia política el que se quisiera causar a un determinado individuo o familia”.
Esta parece haber sido, también, la posición adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, en “Stancanelli”, señaló que la asociación ilícita debe reunir la virtualidad suficiente como para lesionar el bien público, lo que podría no darse en todos los casos dado que si bien todo delito perturba la tranquilidad y seguridad pública de manera mediata, sólo algunos la afectan de forma directa y hacen entrar en crisis la expectativa de vivir en un atmósfera de paz social que posee la ciudadanía. Para la Corte, entonces, la criminalidad de este tipo de conducta reside esencialmente en la repercusión que tiene en el “espíritu de la población y en el sentimiento de tranquilidad pública” y no en la lesión efectiva de cosas o personas.
Ziffer, por otro lado, y aunque comparte que la idea queda mejor expresada al hablar de “tranquilidad”, entiende que la perspectiva subjetivizante que se desprende de las formulaciones anteriores no parece correcta. Esto porque la represión de las asociaciones ilícitas es independiente de las sensaciones sociales, la percepción social de los hechos es puramente aleatoria y nada dice acerca de la tipicidad concreta y, mucho menos, de la legitimidad de su sanción. Resumiendo, más allá de algunos matices y las ventajas que algunas de las interpretaciones pueden presentar por sobre otras, ninguna de las posturas en pugna ofrece una solución concluyente, ni neutraliza por completo los problemas de vaguedad e indefinición del bien jurídico, aunque existe un entendimiento común acerca de sus notas distintivas.
En este marco, que comprende el supuesto traído por los defensores que es el expuesto por la CSJN en “Stancanelli”, luce ineficaz por su insuficiencia la mera invocación de que en el caso en tratamiento no se darían los requisitos allí enunciados, cuando lo contrario se evidencia de las siguientes circunstancias que lo rodean.
Se trata el presente de un particular fenómeno de delincuencia organizada conocido vulgarmente como "caranchos", que afecta a la tranquilidad de la población en general, por los componentes especialmente cruentos que integran su configuración y por trastocar pilares e instituciones básicas de nuestra sociedad, como la figura y misión del abogado y el médico, interfiriendo y atacando el funcionamiento de los servicios públicos de justicia, seguridad y salud, con los que la comunidad toda tiene la legítima expectativa de contar. A modo ilustrativo cabe traer por presentarse en nuestro medio de forma más habitual, la variante que gira en torno de la comisión de delitos indeterminados contra de la propiedad automotor, de modo que sus integrantes se dedican a la sustracción de vehículos, desguazarlos, enajenar autopartes por separado, adulterarlos suprimiendo las numeraciones y chasis, generar autos dobles y venderlos, adquirir otros siniestrados y repararlos con piezas robadas, comprar unidades luego de que sus propietarios las denunciaran como sustraídas para cobrar el seguro (cfr. v. gr., TCP, Sala III, c. 95.235, “Romero y otros s/ Recurso de casación interpuesto por Agente Fiscal", rta. 8/10/2020; c. 82.915, “Alvarado, Esteban Lindor y Bucci, Walter Ramón s/ recurso de casación", rta. 3/5/2018).
La figura de la Asociación Ilícita entonces además de sus elementos típicos estructurales, estará rodeada según la diversidad de formatos con las que puede aparecer en la realidad fenoménica con notas distintivas acordes a éstos, que podrán permitir esclarecer, en cada caso, la afectación del bien jurídico, y en ocasiones, por no formar parte propiamente del tipo legal, ser tenidas en cuenta como agravantes al momento de cuantificar la pena.
En el supuesto que nos ocupa, se advierte que su eje es un Estudio Jurídico de sólida estructura al frente de un abogado avezado y con vasta experiencia, ubicado en un lugar estratégico por su cercanía con las fiscalías y los tribunales en el partido de Morón, cuya presencia envía como mensaje a esos órganos del Estado y a la comunidad, que estaría para actuar con probidad y buena fe como auxiliar de aquellos y brindando asistencia legal a los miembros de ésta.
Tras esa fachada se esconde al mismo tiempo una base de operaciones pergeñada para aprovecharse de esa comunidad en sus exponentes más vulnerables de modo denigrante y con fines meramente lucrativos, como de las mismas fiscalías y sedes tribunalicias, al utilizarlas con total desprecio de su rol institucional para la consecución de ese propósito de enriquecimiento ilícito.
Tomando de los indigentes la integridad de su cuerpo, de sus huesos, su dignidad. Llevando a esas fiscalías y tribunales casos ficticios. Todo por dinero.
Lo primero implica detectarlos y captarlos en situación tan límite que estén dispuestos a someterse a la rotura de componentes óseos esenciales para el desempeño de la vida diaria y laboral, que en general les dejará secuelas permanentes, y ofrecerles para que accedan la ilusión de poder salir de la extrema probreza mediante la realización de juicios por indemnización de daños y perjuicios contra las Compañías de Seguros.
También la selección e incorporación de falsos conductores de los vehículos, previo verificar que la cobertura del siniestro a denunciar estuviese en regla, como de testigos tampoco reales.
Y la utilización de ambulancias simuladas para trasladar a los vulnerables “quebrados”, a quienes en medio aún del sufrimiento físico y en el marco hospitalario se les tomaban sus documentos de identidad y hacía expedir los poderes generales judiciales, para que desde el estudio jurídico se armaran y presentaran las demandas que quedarían radicadas en distintos juzgados civiles y comerciales de una zona de influencia habitada por millones de personas.
Lo segundo importa distraer en aras de ese beneficio económico ilegítimo recursos públicos humanos y económicos que no podrán ser destinados a la resolución de los conflictos reales de la gente.
No solo contra el servicio de justicia atenta tal accionar delictivo, también impacta con el de salud pública al detraer de su verdadera función a los médicos de guardia y urgencias, y afectar el cupo disponible de camas hospitalarias, con riesgo de quienes legítimamente las pueden necesitar, y el de seguridad pública al ser convocada la policía para acudir a lugar de los falsos accidentes de tránsito.
Otro dato no menor es que el modus operandi de la organización incluye acciones cruentas y coacciones para que en algunos de los casos las fracturas se llevaran a cabo aún frente al arrepentimiento y las súplicas de los sometidos a ellas.
Conforme el desarrollo expuesto, encuentro que las notas particulares que concurren en la presente modalidad de Asociación Ilícita denotan una clara afectación del bien jurídico en que se inscribe la figura diseñada por el art. 210 del CP. Porque guarda relación con lo anterior, en particular sobre algunos elemento típicos que cuestionan desde la defensa, cabe traer los siguientes segmentos de la sentencia: "Nos encontramos, entonces, ante una suerte de “especialización” por parte del grupo investigado, esto es, su aparente dedicación a ciertos tipos de delitos (en particular producción de lesiones de carácter grave y defraudación, amenazas, extorsiones y falsificaciones, las que dieron acabado detalle las víctimas y las eventuales malversaciones al erario público);
denominados “rompehuesos" con el consiguiente fraguado de accidentes de vehículares y sumarios penales con el objeto de lograr luego la correspondiente indemnización en sede civil". Circunstancia que no permite desestimar la figura cuestionada, la cual, como se vio, exige indeterminación del horizonte de hechos específicos a realizar en el futuro, sin que ello se oponga a que la sociedad delictiva se especialice en un particular tipo de injusto penal.
Sí requiere un plan delictivo previo, pero éste remite a la pluralidad de personas que se organizan para delinquir –en el caso, para una tipología delictiva en especial- mas no comprende el conjunto de delitos que se piensa cometer con tal organización; la sociedad tiene una prospección de futuro que supera a un concurso de delitos preestablecidos, y es constituir dicha estructura criminal lo que se castiga; esto es, en otras palabras, una asociación con una proyección delictiva indeterminada. De otro modo, estaríamos ante un concurso de delitos particulares que se planea de antemano cometer con la participación de más de tres personas cuyo “animus societatis” se agota con aquella como aquél (conf. voto del Dr. Herbel, en causa causa 29783/III "Papandoles Ivanovik y otros s/PP" en sintonía con "Stancanelli")".
En lo tocante a lo dispuesto por el art. 64 del CPP, relativo al examen médico de los imputados mayores de 70 años, lo pretendido no procede.
La omisión del examen mental dispuesto por el artículo 64 del Código Procesal Penal no importa una nulidad absoluta ni produce la nulidad del juicio. Al tratarse de una nulidad relativa la cuestión se encuentra concluida, pues no se articuló en oportunidad de la audiencia preliminar ni al comienzo del juicio (cfr. TCP, Sala III, c. 33809 "Entre Ríos", rta. 30/3/2010; Sala II, c. 42617, rta. 26/4/2011; Sala I, c. 96396 "Ahmed", rta. 19/6/2019).
Se alega en el recurso que el reclamo fue planteado como cuestión previa, pero no se precisa en qué momento concretamente se formalizó, de modo que si lo fue recién por el Dr. Tellas en su alegato conclusivo, luce extemporáneo.
Los impugnantes no exteriorizan las razones por las cuales estaríamos frente al supuesto contemplado por el art. 202 inc. 3, que invocan de forma dogmática, lo que obsta considerar un cambio en el criterio que viene sosteniendo al respecto el Tribunal. Concuerdo con el A Quo en que resulta manifiesta la capacidad de H. C. Schiber para estar en juicio (la misma impresión me causó en la audiencia realizada en esta sede donde pudo largamente expresarse y ser escuchado). Su activa intervención procesal y el modo de argumentar y contestar las preguntas que se le formularon así lo demuestra, más allá de su temperamento y la vehemencia con que lo hizo, o de las faltas de respeto o decoro en las que pudo haber incurrido según la apreciación de los jueces de grado y que dicha actitud la considerasen rayana con lo patológico.
Dejaré para el final el tratamiento de los cuestionamientos vinculados con la determinación judicial de las penas impuestas, y me abocaré a examinar los embates que atañen a la prueba.
No se observa insuficiencia ni absurda valoración probatoria, tampoco defecto alguno en el razonamiento del juzgador, ni que pueda tildarse de arbitraria o carente de rigor lógico a la resolución atacada, la que se encuentra sobradamente fundada en las premisas que señala y la conclusión lógica a la que arriba.
Los elementos de cargo que respaldan la decisión adoptada por el Tribunal de grado, que este último se ha encargado de exteriorizar, individualizar y valorar, son contundentes, y la fundamentación del pronunciamiento condenatorio luce expuesta de modo sólido y coherente.
La centralidad que desde el inició ocupó el "Estudio Jurídico Schiber" y particularmente su titular, el abogado Hugo Cesar Schiber, en la causa penal que nos atañe, responde a datos objetivos incuestionables.
El departamento de investigaciones internas de la Cía. de Seguros Mapfre logró en el desempeño de su cometido, que uno de sus asegurados admitiera que el siniestro automotor que había denunciado era falso, que no había embestido con su vehículo a quien figuraba como víctima, ni consecuentemente provocado las graves lesiones óseas que esta presentaba, que se trató de una puesta en escena, de la simulación de un accidente de tránsito (cfr. fs. 86vta./87).
El responsable del automotor asegurado que aportó el relato, es Miguel Eduardo Romero.
Quien figuraba como falsa damnificada Olga Beatriz Ferreyra.
El abogado que en representación de esta última había interpuesto demanda por daños y perjuicios reclamando $ 800.000 radicada en el Juzgado Civil y Comercial 12 de San Isidro, Hugo César Schiber.
En el marco de ese proceso civil, ya anoticiada que el demandado Romero había contado la verdad ante la gente del seguro (cfr. fs. 85), Ferreyra decidió ventilar la realidad de lo acontecido.
A partir de entonces se dio intervención a la Justicia Penal. La nombrada mencionó a Daniel (Herrera) como vinculado al Estudio Schiber y aportó un número telefónico de aquél, que fue judicialmente intervenido.
Se llevaron a cabo allanamientos en los domicilios de los mencionados, secuestrándose agendas personales, cuadernos con anotaciones, expedientes y otros elementos que pasaron a integrar el plexo probatorio.
Vale mencionar aquí, que en el juicio oral Ferreyra declaró dando cuenta de cómo y porqué accedió a que le fracturen los huesos de la pierna.
Aseguró que se lo propuso "Sol" y en el momento de los golpes a "Rulo" (Ortiz); luego a "Daniel" (Herrera) y a "Federico" (Schiber hijo). A este último como el abogado al que le firmó el poder estando internada en el hospital.
Las fracturas y la internación fueron el 16/2/2009 y el poder general judicial en favor de Schiber (padre) está fechado apenas cuatro días después el 20/2/2009 (cfr. fs. 78 y 87vta.). Precisó que Daniel (Herrera) era el nexo con el Estudio Jurídico Schiber, quien le pedía que no les revocara el mandato porque eran buenos. Se encargaba -trabajaba para ellos- de trasladarla "en la camioneta blanca" al Juzgado y al Hospital y le gestionaba con Federico Schiber adelantos de dinero (entre $ 100 y $ 400), como la compra de "los clavos" para la operación.
Ferreyra también dijo: "Daniel (Herrera)
me contó que su mujer se había hecho romper un brazo y una pierna y estaba embarazada" (cfr. fs. 86).
Esto último constituye el hecho n° 1:
María José Meza, y tiene una relevancia de peso, lo que explica el infructuoso y enfático intento de los impugnantes por negarlo. Dicen los abogados de Schiber en el recurso: "no puedo ni voy a aceptar que este hecho fue fraguado", "sobran elementos para confirmar que este hecho es real".
También se esfuerzan en vano, al igual que Herrera y su defensa, por afirmar que Daniel recién empezó a trabajar en el Estudio Schiber el 12 de diciembre de 2008, es decir bastante después del supuesto accidente de su pareja Meza (cfr. fs. 151, 152vta. y 222vta.).
Nótese la significación que aparejan estas circunstancias. Si se tiene por probado que Schiber accedió a representar a la mujer de su empleado Herrera, que dejó quebrarse los huesos para simular un accidente de tránsito, formulando la demanda por daños y perjuicios contra el ficticio conductor del automotor y la compañía de seguros, cae estrepitosamente la teoría del caso de su defensa material y técnica, según la cual él era el engañado y desconocía que los siniestros eran falsos, como el modo en que tan particulares y redituables casos "golpeaban" a la puerta de su Bufete, o aparecían los testigos presenciales de los hechos, dando a entender que éstos últimos eran "puestos" por los propios "quebrados" y quienes los persuadían para que se fracturaran, bajo la promesa que harían juicio y ganarían dinero.
El caso "Meza" demuestra que el supuesto accidente, más claramente las tremendas lesiones óseas en ambas piernas que sufrió esa mujer, tuvo lugar el 1/9/2008 a la noche y ya el 3/9/2008 Hugo César Schiber tenía el Poder General Judicial otorgado. Al igual que en el caso Ferreyra, con una proximidad al padecimiento físico que impacta, y carece de justificación alguna, como no sea la alegada por Schiber lucha contra la "competencia" abogadil, a la luz de su personal concepción de lo que significa abrazar esa profesión como vocación y medio de vida.
En el reclamo por daños y perjuicios de la citada pareja de Herrera, el imputado Hugo César Schiber se valió de falsos testigos, como Andrea Evangelina Perroti y a Juan Marcelo Leguizamón.
No solo eso, a Perroti la utilizó en el expediente "Taglieri, Leticia Mabel c/ Ortiz Francisco Valentín s/ Daños y Perjuicios del Juzgado de Primera Instancia No 11 de Morón, Nº 57037", lo que cobra mayor trascendencia si se tiene en cuenta su férreo interés en separarse del coimputado Ortiz alias "Rulo", del que dice no tiene idea quién es.
Además, la misma Perroti resulta actora en el expediente "Perroti, Andrea Evangelina c/ Doval, Raúl s/Daños y Perjuicios" del Juzgado Civil y Comercial N.º 2 de Morón (cfr. fs. 77vta.). Si a los testigos se los traían los golpeados (quebrados) o los golpeadores (rompehuesos) -en su conjunto los verdaderos delincuentes según el enfoque de Schiber y su defensacomo parte del engaño del que eran víctimas los abogados como él. Y, a la vez, el caso de la pareja de su empleado Herrera, no era simulada sino real, la utilización de esa clase de testigos, que se los "ponían" los "verdaderos delincuentes" no encuentra explicación, al menos en los recursos traídos y que no sea en perjuicio de los encausados. Cabe acotar que también -tal como se remarca y detalla con respaldo documental en el fallo atacado-, Hugo César Schiber efectúa modificaciones en los domicilios de los falsos testigos que aportaba, para que no puedan ser habidos en el marco de sus estrategias procesales.
El contenido de su agenda personal expone de forma patente el firme y vehemente seguimiento de Schiber respecto de las causas fraudulentas antes aludidas, y hunde su coartada. Refleja el fallo que "en el allanamiento en el domicilio particular de Hugo César Schiber glosado a fs. 251/252, se secuestró de una agenda personal color negro sin inscripción donde figuran las siguientes anotaciones: ...Más abajo en recuadro Ferreyra Olga (San Isidro) Mafre. Taglieri -tachado- Morón San Cristóbal. ... 22 de marzo ... "Ferreyra Olga (San Isidro) Mafre" ... 23 de marzo Aud. Taglieri Leticia c/ Ortiz San Cristóbal. Clienta. Daniel (Bco...) ...26 de marzo Mafre. Ferreyra- San Cristóbal Taglieri flecha: Yo. Fede flecha. Martín (47.333) ... 29 de marzo. Ferreyra y Taglieri. Fede-Yo. Daniel Herrera? Ya llegó?. Martín. (14.000) de Herrera. ver si ya me lo dió. Todo tachado. 30 de marzo Pagar a Herrera? 14 mañana. Fede (citar para mañana) Ferreyra y Taglieri. Tachado. 31 de marzo Fede: citar a Ferreyra y Taglieri. Tachado. ...".
Además, al realizarse la diligencia "Schiber comenzó a tachar con birome todo aquello que pueda perjudicar su situación, tal extremo fue asentado en el acta de procedimiento respectiva -ver fs. 252- y en fotocopia de la agenda mencionada -glosada a fs. 297- donde se dejó constancia en tinta azul al pie".
Por otra parte, mucho antes del 12/12/2008 -fecha en la que todos ellos dicen empezó a trabaja con Schiber-, Herrera apareció como testigo en la demanda promovida el 12/09/2008 por Hugo César Schiber, que dio lugar a los autos "Cardozo Sergio Oscar c/ Aquino Néstor Fabián s/ daños y perjuicios, de trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 2 de Morón.
Los propios dichos de Herrera que quedaron registrados al estar intervenida judicialmente la línea telefónica volcados en la conversación que mantuvo con el abogado Del Muro, de la "La Caja Cía de Seguros", fechada el 19/04/2010 dan cuenta de ello (cfr. fs. 225/vta.).
Finalmente, que Schiber y Herrera conocían al condenado "Rulo" Ortiz se refleja en la prueba producida, que se reseña y valora en el veredicto.
Como se adelantó, porque intervino como apoderado de la parte actora en el proceso "Taglieri, Leticia Mabel c/ Ortiz Francisco Valentín s/ Daños y Perjuicios".
Y fundamentalmente, porque la propia Taglieri lo dijo directo y claro en el juicio oral -sin merecer crítica puntual en los recursos en tratamiento-: "Rulo (Ortiz) se movía dentro del estudio Schiber como si fuera su casa" (cfr. fs. 171).
Lo mismo pasa con Herrera. Su cometido de evitar que salgan a la luz datos que impliquen algún tipo de apego con el mencionado fue infructuoso.
Olga Ferreyra en el debate los presentó en tándem: "...conoce a Ceferino Herrera; era quien me iba a buscar a mi casa, en una camioneta que decía traslado. ... Me dijeron que si me dejaba romper la pierna me iban a pagar, yo les creí... El que me ofreció fue Rulo y el que hizo todo fue Daniel que me llevaba al Hospital". Al conversar telefónicamente con él, lo confirma: "...Olga: me da rabia por ese sinvergüenza de RULO, si la sigo,...Olga: si ese Rulo de mierda me hizo lo que me hizo hacer, y ahora estoy como que estoy tirada, por eso mis hijos están enojados... Daniel: Olga quédese tranquila, llámeme mañana por favor... llámeme... lo llamo".
La reacción de Herrera ante los particulares dichos de Ferreyra, respondiéndole que se quedara tranquila, no indica que "no entendió" lo que le estaba diciendo, como sin fundamento expresan los defensores de Schiber en el recurso. Por el contrario, le respondió coherentemente de la forma descripta. Si no hubiera entendido de qué le hablaba, lo lógico sería que así se lo hubiera dicho, o pedido alguna aclaración.
Además, en la casa de Herrera, al ser allanada, se encontró en un cuaderno la siguiente anotación "...RULO 604*1459...".
No resulta controvertido que Herrera era el chofer de la Partner blanca que simulaba ser una ambulancia, propiedad del prófugo Federico Schiber. Éste, cabe mencionar aquí, era el encargado de suministrar de modo habitual pequeñas cantidades de dinero a los "quebrados" y de explicarle la marcha de las causas ante la evidente urgencia que tenían de recibir el monto mayor prometido, y que al no llegar motivaba en ocasiones el cambio de abogados.
Volviendo a Herrera, utilizaba el vehículo aludido con funciones específicas vinculadas con el traslado de las personas "quebradas".
En este punto, cabe destacar, que en ocasiones aparece bajo el nombre de Daniel y en otras como "Julio", conforme se desprende de los cuadernos secuestrados y de las declaraciones en el juicio oral de varias de las personas que sufrieron las fracturas óseas.
Se aprecia que en la resolución impugnada los jueces hacen referencia a que Herrera "es en reiteradas oportunidades mencionado bajo el nombre Julio en cuaderno Mis apuntes, a saber: fs. 3vta, "... Julio: La Meridional Aseg. Jose María Gallego, y aportan datos de la póliza camión y dominio (póliza inexistente); Julio: Becerra Jonathan Ruben Norberto, datos Provincia Seguros aportan datos del vehículo VW Gol patente DHO 202 flecha el 12 de marzo entro en vigencia la póliza, vive en Loma Hermosa, lo llame a Julio y dio no disponible..."; fs. 11vta. "... Julio: Mary (Storne) que esta en la casa que te comuniques con ella. Julio póliza Paraná y: Hernandez Nancy Edith aporta datos del vehículo, lugar El Palomar flecha, no tiene asegurado nada. Julio: darle los datos de Rodriguez c/ Bruno..."; fs. 24vta "... Julio va a la quinta, avisado..."; fs. 31vta, lunes :"... Blanco Patricia tiene que ir el lunes al hospital sin falta porque la fue a buscar hoy, llamar mañana para confirmar. Hable con Julio, ya arreglo con Blanco, el lunes la va a buscar..."; fs. 49, lunes "...punto 2, Julio tiene que ir a buscar a Diaz (talon de aquiles) para llevarlo al Hospital de Gral. Rodriguez, avisarle (pasarle direcciones), punto 3, tiene que ir Julio a DIM. el 30/7 a las 17.15 para un EMG, $95 (fue)...; "...Llamó Ragno, que el martes 16 le dan el alta, a ver quien la va a buscar -Ver con Julio o Rodolfo- fecha: 11/09/2008 -ver fs. 66.-; Rodolfo: Recordar Brusco 18/09/2008- ver fs. 68- entre otras".
"O bajo el nombre de Daniel en el cuaderno América NOS color bordó, fs. 12 ".. Avisos en flour, uno, hable con Retamar Francisco, Daniel va a pasar a buscar sábado 9hs. para hacer psicodiagnóstico en San Martín, dos, hablé con el Dr. Carlos por EMG y EEB para realizar el miércoles 6/9/09 Urbina EMG y EEB, Medrano EMG, Martinez EEG; "... martes RX en Bocalando, Urbina (avisado Fiore), Medrano (avisado Fiore) viene solo al estudio 9hs, Alonso (llamarlo), cuatro, Domingo 17hs., Dani lleva a internar a Juan Vergara al Bocalandro -dio orden Fede- ..."; martes 15 de septiembre de 2009 ".. Daniel por la tarde va a llevar declaraciones de Storne y Garín, sobre p/Vargas y sobre p/Denkim..."; fs. 13bvta. ".. Daniel por la mañana viene a buscar RX de Miranda y lleva a Alonso a RX Bocalandro ESTA AVISADO PADRE, y a las 13hs lleva a Urbina/Medrano/Alonso a EEG y EMG. "Chicas" puede llamar el abogado de Mariela o Andrea Aguero, pasarle estos datos, testigo beneficio: Meza, María José, JB. Alberdi 1350 Flores..."; ".. Labourette, Silvana Carmen, miró 409 de Flores..."; fs. 14 "... HechoMedrano Fernando y se aporta domicilios también de Romero Marcelo y datos de expedientes Gorosito Carlos Martín c/ Meza, Juan José, Taglieri leticia Mabel c/ Ortiz Valentín y Nieto Jorge Walter c/ Gramajo Matías, [le avise a Denkim que llame a perito para programar fecha de revisación, Daniel esta llevando a la casa porque se fue de alta..."; fs. 14vta., 17 de septiembre de 2009 "... Llamó hija de Rodriguez Antonia para que vayan a pedir las declaraciones hoy por la tarde, manda datos de un testigo, hoy Daniel va a hacer domicilio de José, para llamar al doctor en fluor Tel. de Ledesma, llamó Tello Gisella que quiere plata y hablar con Fede, llama mañana al mediodía..."; 18 de septiembre de 2009 "... Daniel hizo el domicilio de Gimenez Garay, casa abandonada de ligustrina, Bulnes. Flia Allende de calle Rodriguez Peña N° 4616. Domicilio de Monje para que Daniel lo vaya a buscar..."; entre muchas otras.".
A partir de lo expuesto, concluyeron razonadamente los sentenciantes que de la lectura de los cuadernos se observan mensajes en forma indistinta ya sea a Rodolfo, o Julio -que según el cuaderno aparece como Julio o Daniel realizando las mismas funciones-, y todos se relacionan con las víctimas de autos, y/ o actores en sede civil.
En linea con lo expresado, tal como se adelantó, se advierte que varias de las personas "quebradas" explicaron en el juicio oral que "Julio" o Daniel era quien las pasaba a buscar con la camioneta -que simulaba ambulancia-, retenía los DNI para ser entregados al estudio Schiber, las llevaba a realizar trámites, estudios y consultas médicas, y hasta algunas dijeron que se encontraba en el lugar de las quebraduras colaborando personalmente con ello.
Yamila Colman, señaló a Herrera como Julio recordando que su señora (María José Meza) "tenía pancita". Relató el episodio completo cuando acompaño a su cuñada Patricia Blanco, y vinculó directamente a Herrera con "Rulo" Ortiz y Federico Schiber, a quienes situó en el lugar describiendo detalladamente las conductas de cada uno. "Vi a Patricia Blanco lo que le hicieron, Juan Carlos, “Rulo” y Julio. Ellos no me dejaban bajar de la camioneta; era blanca y atrás tenía una chapa sin nada. Me bajé, porque Patricia estaba aullando como un perro, me retaron; me puse tan mal que me llevaron a un bar. Juan Carlos, Rulo y un señor Federico que le pusimos “el croto” con Patricia porque andaba de traje y con zapatillas comunes, siempre con la misma ropa. Era un poco más alto que yo, flaco y blanco, con ojos claros. Federico me dijo que todo lo que se hablaba en la mesa quedaba en la mesa; que si no le iba a pasar algo a mi mamá o a mi bebé". Patricia Blanco -hecho III-: "...había una camioneta blanca como una ambulancia que decía Unidad de Traslado. Me pidieron mi DNI cuando dije que sí. No recuerdo si Julio o Juan Carlos me retuvieron el DNI. Cuando salimos del hospital me llevaron primero al estudio, salieron el Dr. Schiber y Federico Schiber porque yo no podía bajar y Federico me dijo: me enteré que a tu casa está yendo un policía, yo le dije que a mi casa no, a lo de Yamila; y él me dijo que si preguntaba, dijera que había tenido un accidente y nada más". Beatriz Lorena Caballero -hecho IV-: "...
Primero me lo hicieron a mí; mi prima dijo "no quiero, escuchen como grita mi prima", y ellos dijeron, “dale, dale no las vas a dejar sola a tu prima”. Julio dijo que si preguntaban dijéramos que íbamos a ver aun chico. Apenas nos pasaron a la sala del hospital Julio dijo que lo le firmáramos nada a nadie ya que iba a venir un abogado. Al otro día vino Schiber para firmar un papel y nos devolvieron el DNI. Después me dieron el alta; me llevó Julio a casa y Rulo me trajo unos remedios, después ya casi ni los vi. Julio me llevó con la ambulancia al hospital. No me pagaron nada. Después de revocarle el poder me amenazaron diciendo porque lo había hecho si ellos sabían dónde yo vivía y que tenía un nene; entonces volví a firmarle a Schiber. "Juan Carlos y Julio me amenazaron".
Noelia Nuñez -hecho IV-: , quien también reconoció en la Sala a Herrera como el que ella conocía como Julio. Asimismo, exhibidas que le fueron las fotografías de fs. 244 reconoció la camioneta aclarando que estaba sin asientos, y a fs. 245 reconoció también "al Sr. Julio, sólo que en ésa época tenía como el pelo para arriba".
Samanta Barrientos -hecho V- reconoció a Herrera "por ser quien la llevó al lugar donde le rompieron la pierna" y también como quien se le sentó en su cintura, previo a la lesión que se le infligió.
Leandro Ezequiel Vázquez (hecho VI):
Julio andaba con la camioneta... A mí me ingresan al auto y a mi señora la meten para adentro forcejeando, ella no quería y ellos le decían que no se podía tirar para atrás. Mi señora se quebró el brazo".
Dorsch (hecho VI): "...Me pusieron dos tacos y un fierro en el medio y me pegaron ahí con una maza. Después me llevaron al auto con mi marido al hospital y nos dejaron ahí.. Juan Carlos nos llevó a hablar con Schiber no recuerdo en que auto. Julio y Juan Carlos estaban siempre pero el que más iba era Juan Carlos. En el estudio de Schiber, entraron ellos a hablar Juan Carlos y el otro y nosotros estábamos afuera esperando, cuando sale el abogado nos dice “pasen pero hagan de cuenta que yo no sé nada”. Estábamos mi marido, yo, el abogado, el hijo de él y otra gente que no sé quién era. Él nos presentó al hijo, no recuerdo el nombre... Como vio que no hacía nada, no movía ningún papel, me dijo de revocarle el poder a Schiber y volver con Moreira".
De la valoración en su conjunto de tales datos se desprende que efectivamente Herrera además de "Daniel", se presentaba o era conocido como "Julio", la prueba documental antes aludida en consonancia con los dichos de los testigos reseñados así lo refleja, de modo que esa circunstancia se encuentra acreditada con independencia y prescindencia de los señalamientos que efectuaron las victimas apuntando en el recinto del juicio oral a Herrera como quien ellas conocían como Julio, pues el punto quedó probado a partir de que era el encargado de conducir la simulada "ambulancia" blanca y trabajaba en el Estudio Schiber, llevando a cabo todas las misiones específicas ya detalladas en la presente.
Desde la perspectiva expuesta, y en función del contundente caudal probatorio que exhibe el veredicto, deviene irrelevante si las víctimas se dieron cuenta que era él (Herrera, "Julio") quien se apersonó imprevistamente en sus domicilios bajo el ropaje de entregador a título gratuito de útiles escolares.
Que no se dieran cuenta sería perfectamente razonable por haber pasado una década, en ese lapso quedado prácticamente calvo y el contexto inusual de su aparición (un razonamiento semejante efectuó la fiscal de juicio, cfr. fs. 26vta.). Ello de modo alguno supone que Herrera no es "Julio", como alegan las defensas, pues lo contrario quedó demostrado según me expedí en los párrafos previos.
Otra cuestión que no hace mella a la configuración de la asociación ilícita según los distintos rangos establecidos en el fallo, y mucho menos de los restantes delitos atribuidos a las encausados, es que los "quebrados" pertenezcan a mismos grupos vulnerables de orden familiar o vecinal, y que se hayan de algún modo persuadido entre sí para someterse a tal tortuosa experiencia. Tampoco, que una vez dañados físicamente por las fracturas, algunos de los afectados hayan revocado o mutado de letrados, en la creencia que ello los acercaría en el tiempo con alguna ventaja pecuniaria, ni que otros "quebrados" hayan acudido a distintos abogados. Se trata de aspectos que surgen de pasajes del veredicto, que por lo tanto lo integran y en nada alteran su sentido y alcance. Lo determinante que sella la suerte adversa de los encausados en la materia abordada, es que el Estudio Schiber montó bajo el mando de su titular, una estructura destinada a captar personas desesperadas al punto de romperse sus huesos, para que inmediatamente de cumplido ese dramático transe y aún transitando el sufrimiento de los primeros momentos de curaciones e intervenciones quirúrgicas, otorguen poderes generales judiciales a su favor, para que demande por sumas considerables a las compañías aseguradoras, en pos de obtener ganancias ilícitas mediante estafas procesales, en desmedro de la dignidad de las personas más vulnerables de nuestra sociedad, como del servicio de salud pública (hospitales), seguridad pública (policía) y administración de justicia (penal y civil y comercial), con las notas que fueron delineadas al responder el motivo de agravio vinculado con el precedente "Stancanelli" de la CSJN.
Las propias circunstancias de los casos individualizados en el veredicto. Su proximidad en el tiempo. Las características particulares de las lesiones oseas provocadas, por lo general fracturas de tibia y peroné. Como del supuesto modo de producción de los eventos: peatones o ciclistas embestidos por automotores o camionetas. Siempre generadores de juicios cuasi millonarios. Su "llegada" al Estudio Schiber ni bien "acontecidos", con la ya mencionada inmediata generación del poder general judicial. La "unidad de traslado" propia de la organización, siempre presta al servicio de los "imprevistos" nuevos clientes, a quienes se trata luego de mantener sujetados -durante el dramático tiempo de espera que deben transcurrir en la pobreza de siempre, pero ahora severamente lesionados- con adelantos de dinero, provisión de "clavos" para la cirugía, o en su caso amenazas.
Dice el fallo: "de un total de 42 expedientes civiles entre originales y copias recabadas en el allanamiento del estudio jurídico Schiber. Los 42 expedientes, reclamaban indemnizaciones por fracturas expuestas de tibia y peroné y/o, cubito y radio, de los cuales 28 fueron iniciados entre los años 2008 y 10 de ellos durante el mes de septiembre. Asimismo de los 28 reclamos iniciados en 2008, en once casos existe dos lesionados con fracturas en pierna o brazos en un mismo reclamo".
Tal cúmulo de elementos, junto con los demás mencionados anteriormente, denotan de forma inequívoca la conducta prevista por el art. 210 del Código Penal en los términos establecidos en la sentencia.
De estos últimos vale destacar los que siguen:
"Como se vio, en la materialidad infraccionaria se hizo referencia y se acreditó un acuerdo de voluntades, una finalidad delictiva específica "simular accidentes de tránsito”, y una división de roles entre los que se encargaban de "captar voluntades apremiadas por extremas necesidades económicas";
"romper los huesos"; "sacarles sus documentos de identidad y extorcarles la firma para completar documentación (confección de poderes), etc."; y el "que se encargaba de iniciar las demandas por daños y perjuicios en sede civil". Para todo ello, existía un entramado delictivo arquitectónico en cuanto a la infraestructura y logística. Y se habló y se probó, además, un período temporal de alrededor de tres años. Todo lo cual caracteriza los requisitos de "permanencia" y "planificación", destacándose a partir de lo expuesto la organización con división de tareas aunque todos los intervinientes no hayan participado en absolutamente todos los ilícitos cometidos por la asociación. ...
Se trata de "una organización que como se observa, -ver desarrollo de los cuadernos secuestrados en consonancia con la información extraída del CPU del Estudio Schiber, informe de entrecruzamiento de datos, y agenda personal de propio Jefe Hugo César Schiber- fue de carácter estable y duradera en el tiempo, integrada por más de tres personas.
Unidas en un orden, bajo la voluntad de todos los partícipes de cometer delitos en general, y la existencia de una relación de reciprocidad y uniformidad. Y donde hay imputación reciproca de resultados producidos como consecuencia de la actividad desplegada aunque los mismos no se alcancen de propia mano. ...
Hugo César Schiber revestía el rol de Jefe, dirigía a los demás miembros de la organización asignándoles funciones, estaba a cargo de la toma de decisiones y su comando, además de ser el Estudio Jurídico que iniciaba las demandas contra las compañías de seguro reclamando sumas dinerarias abultadas por los accidentes fraguados; secundado por su hijo Federico Schiber -quien además de ser el titular dominial de la falsa ambulancia- recolectaba documentación y sacaba la firma de los damnificados, además de colaborar y atender personalmente los reclamos de las víctimas, haciéndose pasar en ocasiones como abogado, en el entramado fraudulento de conformación de la prueba -a través de la selección de falsos testigos.
Ceferino Daniel Herrera -en su carácter de miembro- participó en distintas funciones, ya sea en producción de lesiones -bajo el nombre de "Julio- sea aplicando falsas inyecciones de anestesia o provocándoselas directamente a las víctimas, reteniendo documentos de identidad hasta que aquellas firmaban el poder a favor del estudio Schiber, o trasladando a las personas en la falsa ambulancia al hospital o realizar diferentes trámites relacionados con los reclamos; supo ser testigo falso en los accidentes fraguados y "puntero del Estudio" captando también posible clientes.
Y el condenado Francisco Valentín Ortiz, era otra persona encargada de captar voluntades débiles, es decir contactaba personas con necesidades económicas, y previa promesa de dinero, los trasladaba a domicilios desconocidos, donde junto a N.N.
o Juan Carlos, u otros no identificados, se encargaban de fracturarlos. Además participaban activamente en la tarea de adiestrarlos en punto a lo que debían hacer y decir, tras el simulacro del falso accidente. Interviniendo en algunos caso en forma personal en la causación de las lesiones a las víctimas.
Cada uno tenía asignada su función. Entre ellos existió un plan común de "asociarse para delinquir" y se distribuyeron los aportes necesarios para la consumación de los diversos hechos delictivos por los que ademas vinieron acusados; de manera que esta distribución de aportes lo conformaba en su totalidad y se pudo apreciar perfectamente en el juicio gracias a la inmediación"
Las abiertas quejas de los defensores sobre que otros involucrados debieron ser investigados encontró eco en el decisorio: "...el número de los integrantes de la organización criminal no se encuentra agotado, sino que la atribución cabría extenderla a una importante pluralidad de personas, entre las que podría mencionarse a los apodados "Rulo", Pedro y/o Julio, Rodolfo o Mario, Juan Carlos, Martín, etc., etc., además de otros que según las escuchas telefónicas como otros abogados Mallea, Taibo, etc., habrían asumido el mismo grado coautoral, amén de la actividad de terceros cuyo obrar habría que situar en la periferia de la cuadrilla, desde que habrían aportado, cuando menos, información, asesoramiento legal y médico -ej. Demkin-, y/o logístico de interés para la consecución de los fines de la empresa criminal".
La inmediación, tal como ya se indicara, impide revisar aspectos ligados a la comunicación directa y cuestiones singulares de percepción que hacen a la recepción oral de la prueba, en la medida que se diera cuenta circunstanciada de su empleo, y necesariamente otorga a los Jueces de mérito un amplio margen de discrecionalidad, no arbitrariedad, ya que no pueden relegar el deber de documentar y exponer los motivos de su convicción, según las reglas de la sana crítica racional, a fin de cumplir con el mandato constitucional que exige que las sentencias sean fundadas.
Resulta fundada, pues, a la luz del prisma de la sana crítica racional, la reconstrucción de los eventos efectuada por el A Quo, explicando razonadamente los motivos que lo llevaron a otorgar consistencia y credibilidad a unas declaraciones sobre otras -las de la víctimas y los funcionarios policiales intervinientes, por sobre las de los imputados-, tal como se refleja en el veredicto. Lo mismo acontece -conforme ha quedado acreditada la materialidad ilícita- con la significación jurídica de asociación ilícita, en carácter de jefe u organizador respecto de Hugo César Schiber y miembro en lo tocante a Ceferino Daniel Herrera (art.
210, CP)
Por otro lado, cabe reiterar que, en lo sustancial, lo requerido por las partes a través de los motivos de agravio hasta aquí abordados, ya fue planteado y objeto de tratamiento por el A Quo, quien evaluó sus pretensiones y contestó todas sus inquietudes, insistiendo los interesados ante esta sede, pero sin lograr rebatir lo ya expuesto, lo que denota la idoneidad de los remedios intentados (cfr. TCP, Sala VI, c. n° 56.386, "Bustamante", sent. del 11 de octubre de 2013, reg. 453/13; c. n° 56.644, "González", sent. del 30 de diciembre de 2013, reg. 680/13).
La motivación o expresión de agravios, es el razonamiento de censura que el peticionante formula contra la resolución atacada, sea para destruir las premisas y conclusiones de ella o para demostrar su ilegalidad. Por tanto, ser clara, precisa y específica (cfr. Clariá Olmedo, Jorge A., Tratado de Derecho Procesal Penal, t. V: La Actividad Procesal, Bs. As., EDIAR, 1966, ps. 468/469); de este modo, si la parte prescindió de formular una crítica concreta y eficaz contra todos los argumentos significativos desarrollados en la sentencia que ataca, su recurso deviene ineficaz para torcer la decisión que aquélla contiene.
En definitiva, la conclusión del fallo, en cuanto afirma los extremos de la imputación aquí discutidos, constituye la derivación razonada del derecho vigente y de las pruebas habidas en la presente causa; no hubo, pues, infracción a ninguna regla de la sana crítica ni desconocimiento del in dubio pro reo (arts. 106, 209 y 210, CPP), desde que la duda, en tanto repercusión de la garantía de inocencia como posición del juez respecto de la verdad -frustrada-, no sólo no surge de los fundamentos que el A Quo expuso sino tampoco de los argumentos utilizados en el recurso (cfr. TCP, Sala VI, c. 55.295, "El Bueno, Humberto Gabino ó Del Bueno, Humberto Gabino s/Recurso de Casación", reg. 186 del 30 de mayo de 2013, entre muchas otras). Tampoco son procedentes los embates relativos a la determinación de la sanción impuesta.
El sistema general de determinación de la pena adoptado por el Derecho Penal Argentino -de penas relativas-, en el que se mencionan pautas de orientación ejemplificadoras, sin determinar no sólo el sentido sino tampoco el valor de cada una de las circunstancias, sólo permite evaluar si las reglas seguidas cumplen con el deber de fundamentación explícita que posibilite el control critico-racional del proceso de decisión (Conf. Sala I TCPBA, causa "Valant" del 14/8/2018; "Carleo" del 21/2/2018).
No existe norma que establezca determinado método de dosificación de la pena.
En tal sentido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha dicho que: "...Si lo que la defensa pretendía era que además de ello, la decisión hubiera asignado un valor numérico a cada pauta, sumando y restando cada una de ellas sobre algún punto de ingreso a la escala penal, corresponde señalar que esta Corte ha declarado invariablemente que ese método no resulta impuesto por norma alguna..." (SCBA P. 125.464, del 22/12/15, entre otras).
La evaluación conjunta de los ilícitos, el grado de culpabilidad del imputado con el correctivo de la peligrosidad y las reglas de los arts. 40 y 41 del Código Penal, no permiten arribar a un monto con exactitud matemática.
Además, cabe mencionar que el principio de proporcionalidad es un elemento distintivo de todo ordenamiento jurídico sometido a los principios del Estado de derecho, compuesto por criterios de idoneidad (para la consecución de su objetivo), necesidad (atendiendo al derecho penal como ultima ratio o in dubio pro libertate) y exigibilidad, que se establece con el fin último de lograr un trato justo y de gravamen adecuado para el ciudadano (HASSEMER, Winfried, "El principio de proporcionalidad como límite de las intervenciones jurídico-penales", en El principio de proporcionalidad penal, Editorial Ad-Hoc, 2014).
Desde esta perspectiva, no se advierte, en la especie, una desproporción en el monto de la sanción adoptada, ni ausencia de fundamentación al respecto.
De la lectura de la resolución impugnada, surge que los magistrados valoraron como atenuantes para ambos condenados la falta de antecedentes penales y, como agravantes, en relación a Hugo Cesar Schiber, y según lo pedido por la Fiscal y "sin discusión de la Defensa", "su condición de abogado, en cuanto su conducta criminal implica por un lado una mayor exigibilidad por ser auxiliar de la Justicia; y por otra una mayor vulneración a la protección legal y la confianza en la Justicia, inherentes a su deber profesional; el mayor perjuicio ocasionado por la prolongada duración en el tiempo de las conductas criminales reprochadas; el trato cruel, discriminatorio, inhumano y degradante dispensado hacia a las víctimas, en las maniobras delictivas y durante el juicio; la utilización del sistema de salud pública al que todos los ciudadanos concurrimos solidariamente a sostener con los impuestos, para consumar sus propósitos delictivos y su ánimo de lucro, al verificarse que todos los accidentes fraguados eran atendidos en las guardias y servicios de los hospitales públicos y los equipamientos y prótesis solventados por el Estado; y el provocado con el elevadísimo provecho económico obtenido de las conductas ilícitas, reflejados en su patrimonio y en las ventajas económicas obtenidas a través de la infraestructura y logística montada para cometer sus fechorías con falsas ambulancias que eludían el pago de peajes y demás restricciones de tránsito y estacionamiento", y, en relación a Ceferino Daniel Herrera, también, "concordando... con la acusación sin discusión de la Defensa", "la terrible violencia, ferocidad y desprecio por la vida demostrada en la comisión de los injustos, aplicando falsas inyecciones de anestesia y golpes para causar las fracturas cuando las víctimas a los llantos ya habían desistido de proseguir; la coacción ejercida, la retención de los documentos nacionales de identidad de las víctimas antes del comienzo de las maniobras y hasta tanto firmaran los poder[es] a favor de Schiber; y al reclutar personas en extrema situación de vulnerabilidad".
Los agravantes solicitados no merecieron oportuna refutación por parte de los imputados y sus defensas, por lo que fueron consentidos, lo que obsta el progreso de las novedosas críticas traídas fruto de una reflexión tardía de los interesados.
Solo cabe mencionar, que las observaciones volcadas en los recursos además de extemporáneas resultan inconsistentes (v. gr. se dice que no resulta computable como severizante su condición de abogado, sin refutar el sentido y las explicaciones que dio el tribunal; que no cabe aplicarle a H. C. Schiber una pena alta por ser septuagenario -lo que consagraría una especie de "bill" de impunidad para cometer los más atroces crímenes a esa categoría de seres humanos-) o genéricas, desprovistas de suficiente desarrollo argumental (v. gr., al equiparar a la muerte o a la prisión "efectivamente perpetua" la sanción impuesta a Schiber, o solo citar "el injusto largo trámite de la causa", por parte del letrado de Herrera). En consecuencia, corresponde mantener el monto fijado en dieciocho (18) años de prisión para Hugo César Schiber y en quince (15) años de prisión para Ceferino Daniel Herrera, en tanto resulta ajustado a la necesidad, idoneidad y exigibilidad como criterios propios del principio de proporcionalidad, constituyendo la medida de la culpabilidad de los actos atribuidos (arts. 40 y 41, CP). Por todo lo expresado, propongo confirmar la sentencia impugnada, salvo con respecto a Hugo Cesar Schiber en cuanto a la condena por los dos hechos de lesiones graves que involucran a "Vazquez y Dorsch -hecho VI-" por no haber mantenido la Fiscal la acusación al respecto según surge del acta del debate a fs. 3846vta, correspondiendo su absolución (art. 368 in fine, CPP) -no se advierte lo mismo para Herrera, a pesar de lo que afirma su defensor en la impugnación-; con dicho alcance rechazar por improcedentes los recursos de casación interpuestos a fs. 254/434vta. en favor de Hugo César Schiber y a fs. 439/483 de Ceferino Daniel Herrera; con costas (arts. 20 bis ter., 40, 41, 42, 44, 45, 55, 90, 172 y 210 del CP; 106, 209, 210, 373, 421, 434, 530, 531, cits. y ccs., CPP). Asimismo, corresponde regular los honorarios profesionales de los Abogados Particulares Dres. Mariano Orgeira (T° XXIII F° 335 del C.A.S.I), Adrián Tellas (T° XI F° 308 del C.A.S.I.) y Fernando Rubén Solessio (T° XXXVI F° 3 del C.A.S.I); por la labor desempeñada ante este Tribunal, en 25 Jus, más los aportes de ley; y tener presente la reserva del caso federal formulada (arts. 14, Ley 48; 1, 9, 15, 16, 24, 28, 31, 33, y 51 de la ley N° 14.967)
Así lo voto.
A la misma segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Por compartir en lo sustancial el razonamiento de mi colega que lleva la voz líder en el acuerdo he de adherir a sus fundamentos y expedirme en igual sentido, con la salvedad que habré de explicar con relación a la individualización de la pena que corresponde finalmente adjudicar a Schiber y la ausencia de acusación respecto de dos de los hechos atribuidos en coautoría a Herrera respecto de la infracción al art. 90 del código penal y sus consecuencias también en el ámbito de asignación punitiva.
Sentado ello, me permito algunas aclaraciones preliminares.
En primer lugar, la narración de los hechos que el tribunal ha tenido por probados permite atribuir el rol de intervención delictiva que se le atribuye al abogado Schiber en los ilícitos de lesiones graves. En efecto, no puede prescindirse, en la significación de los hechos probados, de las circunstancias de su realización en un grado de organización colectiva con carácter de cierta permanencia, una de las notas típicas que ha permitido subsumir los sucesos en el contorno de la asociación ilícita. Con independencia de la autonomía de esta infracción, las características de esta organización, permiten también responsabilizar en el rol autoral a quien, por la posición que ocupa, no realiza aportación alguna en la fase ejecutiva de la realización del tipo, en el caso, la infracción al art.90 del código penal. En este sentido, la hipótesis de la acusación recogida en el veredicto y sentencia, se explica con suficiencia de corroboración desde que los enunciados fácticos relativos a jerarquías en la organización encontraron suficiente sustento, tal como así ha sido explicado desde el primer voto, de modo tal que el ejecutor no actúa autónomamente sino dentro de un plan, o en definitiva, en “el marco de unas directrices diseñadas desde la jefatura de la organización”, para algunos doctrinarios, tal el caso de Roxin, Stratenwerth e incluso Bacigalupo, “el hombre de atrás”.
En consecuencia, resulta aquí clave el dominio de la organización y, por tanto, el carácter común de la decisión criminal tiene lugar gracias a la pertenencia a esa organización. El dominio de cada uno de los sucesos en los que, como se dijo, no hay aportación en la etapa ejecutiva se dan en un contexto desde que se dispone de una organización que cuenta con la posibilidad de convertir las órdenes del “aparato organizacional” en la ejecución de los hechos, siendo además el ejecutor fácilmente sustituible. Así han ocurrido los sucesos donde podían alternarse los roles de intervención delictiva de aquellos que tenían a su cargo provocar las lesiones necesarias para promover luego las demandas de daños y perjuicios que fueran identificadas, incluso las características de las lesiones, en general bastante homogéneas, dan cuenta del enlace con los comportamientos delictivos posteriores ya con rol activo en la ejecución por parte del letrado.
Por otra parte, comparto plenamente lo señalado por el doctor Maidana, en orden al carácter no dirimente de la declaración del condenado Ortiz, y ello al margen de las dificultades epistemológicas que presenta su contenido que se ha incorporado a proceso sin posibilidad de ser confrontado por los acusados. Por otra parte, más allá de algunas circunstancias del funcionamiento que allí señala el condenado, corroborados por otros elementos de mayor fiabilidad, su declaración presenta una alternativa de los hechos que lo coloca, desde su visión, en una ajenidad que no se compadece con los hechos probados.
Por ese carril también vuelvo sobre algunos conceptos trazados por el doctor Maidana en su voto con relación a la sostenida critica de las defensas hacia la conducta seguida por algunos funcionarios policiales, en especial el oficial Machicotte. Al respecto es oportuno aclarar que si Machicote o, quien fuera, incurrió en omisiones al no profundizar las directivas de investigación respecto de otros grupos de casos que conciernen en la eventualidad a otros profesionales del derecho, no resta entidad a la noticia criminal de los hechos aquí investigados desde que los enunciados que los integran encontraron sustento fáctico por fuera de toda consideración de los dichos de los oficiales de policía. La diversidad de las aportaciones probatorias identificadas y sometidas al contradictorio, permiten validar el acaecimiento de los sucesos tal como han sido reconstruidos y confirmados en el voto preopinante. Las investigaciones de eventuales omisiones responsables no dependen del impulso de esta magistratura y, tal como surge del presente legajo, se ha informado de la concreción de las denuncias correspondientes.
A propósito de la situación de Ortiz, y ya ingresando en el terreno de la individualización de la sanción, resulta inexplicable la lenidad del acuerdo de juicio abreviado consentido por el Ministerio Público fiscal, sobre quién recayera una pena de seis (6) años de prisión pese a su rol activo, conforme la narración de los hechos, que le cupo a quien se identificara como alias “rulo”.
Ahora bien, ingresando en la situación particular de Schiber, el primer voto explica el progreso del agravio de su defensa, en tanto quedó claro el desistimiento de la fiscalía en la imputación de dos (2) hechos de lesiones graves que fueran identificados en el suceso número seis.
El veredicto, pese a ello condenó erróneamente al acusado con relación a esos hechos, déficit que fuera solucionado en el razonamiento del primer voto. Sin embargo, debo apartarme de las conclusiones por las que no se asigna ninguna consecuencia a la absolución por esos dos hechos de lesiones graves. Es cierto que no necesariamente una readecuación no significativa de la calificación, muchas veces nos han hecho inclinar por mantener la individualización de la sanción cuando se constataba que la recaída no infraccionaba el principio de culpabilidad por el hecho, especialmente en aspectos que hacían a la proporcionalidad del reproche.
Sin embargo, desde mi punto de vista, este caso no resulta asimilable a esas situaciones dado que se trata en concreto de la supresión de dos de los sucesos cuya naturaleza y significación jurídica aportan de modo relevante al desvalor del hecho y del resultado.
De este modo, voy a proponer al acuerdo que sean atendidas estas circunstancias de absolución de dos de los hechos para que obtengan reflejo en la individualización de la sanción a recaer.
Toca el turno ahora de abordar la situación del coimputado Herrera en cuanto ha sido expreso motivo de agravio de su defensa (cfr. fs 479) el exceso de jurisdicción del tribunal que finalmente dictara veredicto de culpabilidad y lo condenara respecto de las lesiones graves (art.90 C.Penal) por ocho (8) hechos en concurso real.
La defensa señala el error en el que incurrió el tribunal dado que la fiscalía no formuló acusación en esos términos. Para ello se ampara en lo plasmado en el acta de debate de donde surge, con relación al imputado HERRERA: “CALIFICACIÓN LEGAL: LESIONES GRAVES CINCO HECHOS EN CARÁCTER DE COAUTOR ESTAFA PROVCESAL EN GRADO DE TENTATIVA CINCO HECHOS EN CARÁCTER DE COAUTOR, TODO EN CONCURSO REAL Y ASOCIACION ILICITA EN CARÁCTER DE MIEMBRO (arts.90, 172, 210,45 y 55 CP”, (mayúscula del original) (cfr. fs 557vta del legajo recursivo, 3834/vta del legajo original).
Lo reseñado en esa porción del acta de debate es la síntesis de la acusación, pero en rigor adolece de un error material. En efecto, en la narración de cada hecho de los que integran el sustrato fáctico de las lesiones han sido identificados un total de seis sucesos. Las víctimas que involucran esos hechos son un total de ocho personas.
A diferencia de Schiber, la fiscalía no desistió expresamente de ningún hecho con relación a Herrera, pese a lo cual terminó sintetizando en cinco casos de lesiones graves dolosas. Para intentar aclarar esta contradicción es necesario repasar las narraciones de los hechos para poder entender cuál era efectivamente la actividad jurisdiccional habilitada por la acusación.
A partir de ello, puede verse que en el suceso identificado por la acusación como “Hecho Nro.2”, (fs 47 vta del legajo recursivo) que involucrara como víctima a Olga Beatriz Ferreyra, no hay individualizada ninguna intervención de Herrera en las lesiones sino recién después cuando tras la intervención quirúrgica la señora Ortiz le hizo entrega a Herrera del documento nacional de identidad, todo ello según los propios términos expresos de la acusación (fs 48). Por su parte, el veredicto reproduce en términos similares, tal como puede leerse en el tratamiento plasmado a fs 77vta/78 de este legajo recursivo (fs 3974vta/3975 del original).
El mismo déficit es apreciable respecto del Hecho nro.1, donde aparece como actora del trámite procesal y “accidentada” la pareja de Herrera, individualizada como María José Meza. Si se repara en la descripción de la acusación fiscal narrada en ocasión de la discusión final, según reza el acta de debate, refiere el comportamiento de Herrera en los siguientes términos: “Que los imputados Hugo Schiber, Federico Schiber, Francisco Valentín Ortiz y Daniel Herrera -pareja de Meza- en coautoría criminal y aparentando la producción de un accidente vehicular supuestamente ocurrido el día 1ero de septiembre de 2008 en horas de la noche, en la calle Shakespeare en sentido hacia la ruta 23; metros antes de llegar a la intersección con la calle Las Heras de la localidad de Las Catonas del partido de Moreno, simularon que Arold Enrique venía conduciendo una camioneta marca Chevrolet dominio RSM 330 y así embistió con su parte frontal la rueda trasera de la bicicleta en la cual vendría circulando Meza” (cfr. fs 47).
Luego continúa diciendo: “De tal modo simularon que las lesiones -de carácter grave- que previamente le habían producido a ésta última, consistente en [descripción de las lesiones]…” (fs 47). El veredicto reproduce textualmente esa narración al momento de explicar la materialidad infraccionaria del hecho que identifican como Nro.1. (cfr. fs 77 del legajo recursivo, 3974 del original). Si se repara en las diferentes proposiciones fácticas, hay una mayor circunstanciación respecto de la estafa procesal, y eso se reitera a lo largo de toda la atribución del suceso; el resultado lesiones está acreditado y esa proposición fáctica no está discutida, sin embargo, la intervención de Herrera en las lesiones se da por sentada con solo considerar que es pareja de Meza. A diferencia de Schiber la imputación de Herrera es como miembro de la asociación ilícita por lo cual la atribución de responsabilidad en los delitos que desplegó en particular la organización debe ser especificada en cada supuesto. Sólo desde la especulación podría pensarse en un rol de inductor, pero nada de eso menciona la acusación.
En definitiva, la fiscalía sintetizó sobre el final de su acusación que a Herrera lo acusaba por cinco (5) hechos de lesiones cuando sin embargo puede corroborarse atribución en seis (6), y el tribunal condenó por ocho (8). El exceso jurisdiccional, a mi modo de ver, se corrobora en sólo dos de los hechos, individualizados como Nro 1 y Nro. 2.
Al igual que en la situación de Schiber, también el caso de Herrera debe ser atendido en el reflejo de la sanción a recaer desde que corresponde la absolución por los sucesos antes referenciados.
En función de lo expuesto, visto que en los restantes puntos de agravio que se reseñan media mayoría de opinión, y llamado a definir las sanciones aplicables, en función de lo dicho, estimo que corresponde asumir competencia positiva como medio adecuado para no incurrir en dilaciones indebidas que debemos evitar y considerando además que hemos tomado contacto directo con los imputados quienes estuvieron presente durante la audiencia de informes e incluso hicieron uso de la palabra.
Ciertamente, el proceso de mensuración de la pena evidencia la prevalencia de parámetros aplicables desde la prevención general, sin dejar de mencionar en esto, que la finalidad última de la misma y de su sistema de ejecución, tiene anclaje particularmente en razones de resocialización e integración social (prevención especial), tal como así lo ha destacado a Corte Interamericana de Derechos Humanos en el recordado caso “Fermín Ramírez vs. Guatemala”.
Bien señala Roxin que en casos como el que nos ocupa “es necesario sopesar los fines de prevención especial y general y ponerlos en un orden de prelación”, indicando asimismo que “…la preferencia de la prevención especial no excluye los efectos preventivo-generales de la pena, sino que, a lo sumo, los debilita de forma difícilmente mensurable; pues también una pena atenuada actúa de forma preventivo-general” (Roxin, Claus, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Ed. Civitas, traducción de la 2da. Edición; pág. 97 y sgtes.).
La pena proporcional también es un instrumento de importancia para descartar la "exclusión". Para ser coherente con esta propuesta debe considerarse que el individuo penado sigue incluido dentro de la comunidad jurídica. El efecto comunicativo de la pena debe también tener por base la prohibición de exceso, aun cuando en ello primen criterios propios de la retribución.
Según apunta Ziffer, con base en investigaciones empíricas, a partir de los cuales se señala que el principal motivo por el que los ciudadanos obedecen el derecho no es el miedo a la eventual sanción por su incumplimiento sino su percepción sobre la legitimidad del sistema jurídico, que pareciera depender fundamentalmente de su grado de justicia. (Cfr. Ziffer, Patricia, "Acerca del ´resurgimiento´ del retribucionismo", con cita de Robinson/Darley, En Letra: derecho penal, Año IV, número 6, pág.43).
La noción de proporcionalidad no puede quedar limitada a sólo un "principio abstracto", por el contrario, es esperable que pueda erigirse a partir de ello criterios concretos en relación con la determinación de la pena.
De este modo, señala Robinson, un sistema de justicia penal que es percibido como justo por la comunidad gana en su capacidad de obtener respeto y seguimiento, y es más proclive a suscitar asistencia y apoyo por parte de los ciudadanos. Por el contrario, un sistema que es visto como dispuesto a cometer injusticia pierde credibilidad, es más proclive a generar resistencia, e inspira el vigilantismo manifiesto y encubierto, bajo la forma de diferentes conductas elusivas en materia procesal.
En consecuencia, estimo que la reducción de pena que he de proponer en la cuestión segunda no afecta la confianza en el sistema, al punto que no pueda ser tenida por “poco seria” y, consecuentemente, no encuentro en ello quebrantamiento posible en la confianza que el ordenamiento jurídico debe ostentar en nuestra sociedad, teniendo en cuenta, por sobre todo, que allí donde sea posible su cumplimiento, las necesidades preventivo especiales de inclusión deben imponerse por resultar, en definitiva, a la par que una opción de mejor factura social un claro imperativo constitucional. Es por ello que, manteniendo incólumes las cuestiones que fueron tenidas en cuenta por el tribunal de la instancia anterior, en los términos de los arts.40 y 41 del código penal, propongo al acuerdo que la pena de prisión que corresponde individualizar respecto de HUGO CESAR SCHIBER, quede fijada en dieciséis (16) años de prisión, manteniendo intactas el resto de las declaraciones de la sentencia, sin costas en esta instancia; en tanto respecto de CEFERINO DANIEL HERRERA, se estipule la pena de prisión en trece (13) años, manteniendo las restantes declaraciones de la sentencia, sin costas en esta instancia.
Como corolario a esta segunda cuestión me pronuncio parcialmente por la afirmativa, y con las salvedades apuntadas, adhiero en todo lo demás al voto que lidera el acuerdo.
ASI LO VOTO.
A la misma segunda cuestión el señor juez doctor Violini dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Es mi voto.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. Declarar admisibles la impugnaciones deducidas por la Defensas a fs. 254/434vta. y 439/483.
II. Confirmar la sentencia impugnada, salvo con respecto a Hugo Cesar Schiber en cuanto a la condena por los dos hechos de lesiones graves que involucran a "Vazquez y Dorsch -hecho VI-" por no haber mantenido la Fiscal la acusación al respecto según surge del acta del debate a fs. 3846vta, correspondiendo su absolución (art. 368 in fine, CPP).
III. Con el alcance precisado en el punto anterior, rechazar -por mayoría- por improcedentes los recursos de casación interpuestos a fs. 254/434vta. en favor de Hugo César Schiber y a fs. 439/483 de Ceferino Daniel Herrera; con costas.
IV. Regular los honorarios profesionales de los Abogados Particulares Dres. Mariano Orgeira (T° XXIII F° 335 del C.A.S.I), Adrián Tellas (T° XI f° 308 del C.A.S.I.) y Fernando Rubén Solessio (T° XXXVI F° 3 del C.A.S.I); por la labor desempeñada ante este Tribunal, en 25 Jus, más los aportes de ley. V. Tener presente la reserva del caso federal.
Rigen los artículos 18 y 75, inc. 22, CN;
8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP; 14, Ley 48; 23 bis ter., 40, 41, 45, 55, 90, 172 y 210 del CP; 20 inc. 1°, 106, 209, 210, 373, 448, 450 primer párrafo, 451, 454 inc. 1, 530, 531, cits. y ccs., CPP; 1, 9, 15, 16, 24, 28, 31, 33, y 51 de la ley N° 14.967 Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase al Tribunal de origen.
Suscripto y Registrado en la Ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital del Actuario (Ac. 3975/20), bajo el N° 552
Fin de la sentencia