Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 2 de Morón · Causa MO-31545-2026
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de cosa juzgada interpuesta por la demandada Experta A.R.T. S.A., imponiéndose las costas de la incidencia a la accionada vencida (artículos 2 inc. j, 24 y 36 de la ley 15.057)
2Rechazar la excepción de incompetencia material interpuesta por la demandada Experta A.R.T. S.A., en relación a la prueba pericial psicológica y al daño psicológico reclamados por el actor, correspondiendo su consideración en autos (artículos 12 de la ley 15.057 y 1 de la ley 27.348).
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AUTOS: HERRERA FERNANDO IGNACIO C/ EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A S/ ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057
EXPTE: MO-31545-2026 CI
En la Ciudad de Morón, en la fecha y hora consignadas en las referencias de firma digital impuestas al pie y utilizando las herramientas tecnólogicas se encuentra reunido el Tribunal de Trabajo N°2 del Departamento Judicial de Morón, integrado por los Doctores Graciela Alicia Porta, María Alejandra Amaya y Carolina Noale (Juez integrante del Tribunal de Trabajo Nro. 2 Deptal), a los fines de celebrar Acuerdo en los autos caratulados: " HERRERA FERNANDO IGNACIO C/ EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A S/ ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057 (EXPTE. MO-31545-2026 ), planteando y votando en ese orden, previo sorteo, de las siguientes
- C U E S T I O N E S-
PRIMERA CUESTIÓN : ¿Corresponde hacer lugar a la excepción de cosa juzgada interpuesta por la demandada Experta ART. S.A. ?
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Corresponde hacer lugar a la excepción de incompetencia material opuesta por la demandada Experta ART. S.A.?
A LA PRIMERA CUESTIÓN , la señora Juez Dra. Porta, dijo:
Que con fecha 28/10/26 se presenta la demandada Experta ART. S.A., contestando la demanda opuesta y oponiendo excepción de cosa juzgada en el punto VI a).
En relación a ello ha manifestado la demandada que, interpone excepción de cosa juzgada administrativa en virtud de lo normado en el inc. J del Artículo 2 de la Ley 15.057, ya que se han excedido los plazos para que el actor inicie el proceso ordinario con motivo de la revisión del dictamen de Comisión Médica objeto de la presente acción.
Añade que " es claro que al momento de la interposición y contestación de la demanda se encontraba plenamente vigente la ley 15.057 y así el plazo de 90 días estipulado en su art. 2 inc. J, ergo se debe aplicar dado que lisa y llanamente estamos frente a una norma de contenido procesal, y su aplicación debe ser inmediata".
De acuerdo a las constancias de autos, surge del expediente administrativo N° 047724/26, remitido en forma electrónica con fecha 29/09/26, que el mismo fue iniciado con fecha 29/01/26 por rechazo de la contingencia.
Concluyó las actuaciones con fecha 29/05/26, por medio de la resolución del Servicio de Homologación.
El art. 2 de la ley 27.348 determina que una vez agotada la instancia ante la Comisión Médica Jurisdiccional, las partes podrán solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central, teniendo el trabajador la opción de interponer recurso ante la justicia ordinaria del fuero laboral de la jurisdicción provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda al domicilio de la comisión médica que intervino. Por su parte, se instituyó un procedimiento concreto de revisión amplia y plena en el art. 2 inc. j de la ley 15.057, cuya operatividad es inmediata (art. 103, ley cit). Este último precisó el procedimiento para las revisión judicial de las resoluciones dictadas por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales estableciendo que se llevará a cabo a través de una "acción laboral ordinaria" prescindiendo de la obligatoriedad de interponer recurso administrativo ante la Comisión Médica Central, es decir la revisión establecida en el art. 2 de la ley 27.348 para las resoluciones de la C.M.J. como el recurso de apelación para las resoluciones dictadas por la C.M.C. deberán interponerse ante los tribunales de trabajo que resulten competentes.-
Habida cuenta que el actor agotó el procedimiento administrativo obligatorio y previo establecido por el art. 1 de la ley 27.348 por ante la Comisión Médica Jurisdiccional, entiendo que ha recurrido a este órgano jurisdiccional en grado de revisión en los términos del art. 2 inc. J de la ley 15.057 a través de una acción ordinaria.
En relación a esto último, cabe destacar que no surge de las actuaciones, ni de la prueba documental arrimada por las partes que la "Disposición de alcance particular" haya sido notificada al actor, por lo que entiendo que el plazo de caducidad para el inicio de la presente acción que establece el art. 2 inc. j ley 15.057, no había comenzado a correr habida cuenta de no haberse acreditado en autos la notificación de la "Disposición de alcance particular" en la forma indicada por el artículo mencionado precedentemente, por lo que corresponde desestimar dicho planteo.
En virtud de lo expuesto, no se ha configurado entonces el supuesto de cosa juzgada administrativa esgrimido por la accionada, ya que la resolución administrativa de clausura no ha quedado firme, en la medida que se encuentra pendiente de revisión en sede judicial, correspondiendo por ende el rechazo de la excepción interpuesta, imponiéndose las costas de la incidencia a la demandada vencida (artículos 2 inc. j, 24 y 36 de la ley 15.057).
Notifíquese la presente conforme Acordada 3991/20 de la S.C.J.B.A.
ASI LO VOTO
Las Señoras jueces Dras. Amaya y Noale votaron en el mismo sentido por compartir los fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION , la señora Juez Dra. Porta dijo:
Llegan al Acuerdo estos obrados a fin de tratar la excepción de incompetencia material interpuesta por la demandada Experta ART. S.A.., en el punto VII de su responde de fecha 28/10/26.
Se desprende de las constancias de autos que ante la SRT. ha tramitado el expediente administrativo N° 047724/26, remitido en forma electrónica con fecha 28/09/26, el cual fuera iniciado con fecha 29/01/26 por rechazo de la contingencia, habiendo concluído las actuaciones con fecha 29/05/26, por medio de la resolución del Servicio de Homologación.
Ahora bien, del cotejo del expediente administrativo referido, se advierte que en momento alguno el actor hizo alusión a un daño psicológico, como así tampoco aportó prueba alguna sobre el particular.
Surge del expediente administrativo mencionado que en cuanto a los hechos el actor indicó lo siguiente: " Con fecha 06 de noviembre de 2025 , aproximadamente a las 10:50 horas , mientras desarrollaba normalmente sus tareas laborales en el CESAC N° 12 , se encontraba efectuando trabajos consistentes en picar con masa y cortafierro parte del concreto que sobresalía del marco de una puerta. Como consecuencia del esfuerzo físico que demandaban dichas tareas y de las elevadas temperaturas existentes en ese momento, el actor manifestó a sus compañeros que se dirigiría al obrador a fin de beber agua del dispenser allí ubicado. Cuando se disponía a ingresar al obrador, tropezó con baldosas que se encontraban flojas en el piso, perdiendo el equilibrio y golpeando violentamente la región frontal derecha de su cabeza contra una chapa metálica existente en el lugar. Como consecuencia del impacto sufrió una herida cortante en la región frontal derecha , con abundante sangrado, razón por la cual recibió inmediata asistencia médica (sic).
Es decir que solo con los estudios médicos aportados por la ART, los profesionales médicos de la Comisión Medica Jurisdiccional procedieron en este caso a dictaminar, sin encontrarse individualizados todos los estudios a los cuales hace referencia la resolución SRT. 886/17 modificada por la 3 /2021.
Conforme el artículo 1 de la ley 27.348, el trabajador afectado debe solicitar ante la Comisión Médica Jurisdiccional la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.
La Ley 27.348, estableció como obligatoria y excluyente la actuación de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales como "instancia administrativa previa" a la presentación del trabajador ante la Justicia procurando la reparación de incapacidades laborales, erigiéndose como pilar fundamental, la celeridad de los trámites en dicha instancia administrativa.
El artículo 3°, segundo párrafo de la citada Ley Nº 27.348 estableció que "La Superintendencia de Riesgos del Trabajo dictará las normas del procedimiento de actuación ante las comisiones médicas jurisdiccionales y la Comisión Médica Central.
Que en virtud de la delegación dispuesta, la S.R.T. dictó la Resolución S.R.T. Nº 298 de fecha 23 de febrero de 2017 que reglamenta el "Procedimiento ante las Comisiones Médicas regulado en el artículo 1º de la Ley Complementaria de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo.
Dentro de los procedimientos anteriores a la intervención de la Comisiones medicas esta la determinación del daño. Su determinación permitirá iniciar un procedimiento de homologación o de discordancia de la incapacidad previstos en la Resoluciòn 298/17.
Las normas aplicables a la determinación del daño previo al inicio del tramite ante las comisiones medicas son las Resoluciones SRT. 525/15 Y 19/18 modificada por la Resolución 33/18.
Se establece que ante la posible existencia de secuelas incapacitantes de carácter definitivo derivadas de la contingencia, de forma previa al otorgamiento del alta medica o el fin del tratamiento o en su defecto cese de la incapacidad laboral temporánea por el transcurso del plazo legal , la ART o EA deberá dar cumplimiento al PROTOCOLO DE ESTUDIOS OBLIGATORIOS mínimos para la valoración del daño corporal y la determinación de la incapacidad, procediendo a la realización de los estudios complementarios que pudieren corresponder.
Ahora bien, a la pregunta que se entiende por valoración del daño corporal, entiendo que bajo dicho término se incluyen una serie de actuaciones médicas dirigidas a conocer exactamente las consecuencias que un suceso lesivo determinado ha tenido sobre la integridad psicofísica y la salud de una persona.
La Resolución de SRT 886-E/2017 de fecha 22/09/2017 determina los estudios obligatorios mínimos que las ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO/EMPLEADORES AUTOASEGURADOS (A.R.T./E.A.) deben realizar a los trabajadores previo al inicio de trámite para la Determinación de la Incapacidad, o a la presentación del Acuerdo por Incapacidad Laboral Permanente Parcial Definitiva o fallecimiento.
Luego se considero necesario realizar ajustes al Protocolo de estudios médicos básicos en pos de procurar un esquema de estudios acorde con las necesidades operativas del procedimiento.
Dicha resolución fue modificada por RESOLUCION S.R.T. 3/21, de fecha 5 de febrero de 2021 B.O.: 9/2/21 Vigencia: 9/2/21. Que sustituyo los art. 1,2,3 , el anexo II, de la resolución 886/2017.
Aprobò el "PROTOCOLO DE ESTUDIOS MÍNIMOS PARA LA VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL Y PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INCAPACIDAD", que como Anexo I IF-2021-09194454-APN-GACM#SRT forma parte integrante de la presente resolución." Sustitúyo el Anexo I IF-2017-20099213-APN-GACM#SRT de la Resolución S.R.T. N° 886/17, por el Anexo I IF-2021-09194454-APN-GACM#SRT de la presente resolución.
Establecio que los estudios establecidos en el Anexo I IF-2021-09194454-APN-GACM#SRT serán de cumplimiento obligatorio en todos los casos en que la ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO/EMPLEADOR AUTOASEGURADO (A.R.T./E.A.) deba llevar a cabo la presentación del trámite para establecer el grado de incapacidad resultante de una contingencia.
Aprobò la "PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE INFORMES MÉDICOS E INTERCONSULTAS ANTE COMISIONES MÉDICAS" que como Anexo II, identificado bajo IF-2021-09194719-APN-GACM#SRT, forma parte de la presente resolución.
Sustituyò el Anexo II IF-2017-20100721-APN-GACM#SRT de la Resolución S.R.T. N° 886/17, por el Anexo II IF-2021-09194719-APN-GACM#SRT de la presente resolución.
El mentado Anexo II refiere a los requisitos que debe contener el INFORME PARA LA VALORACIÓN DEL DAÑO PSÍQUICO .El informe realizado por el profesional interviniente, como requisitos mínimos, deberá contener: 1) Tanto el Informe Psicodiagnóstico y como la Evaluación Neurocognitiva .Facultò a los médicos de las Comisiones Médicas dependientes de la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas a solicitar la realización de estudios complementarios, peritaje de expertos y cualquier otra diligencia necesaria, en caso de resultar insuficientes los antecedentes obrantes, o fuera discutida su veracidad.
No advierto del expediente administrativo en cuestión que se haya dado cumplimiento con todos los estudios mínimos obligatorios y previstos en la resolución ut supra mencionada. Cuyo cumplimiento considero que recae sobre la ART.
Sentado lo expuesto ,cabe distinguir si la Justicia interviene directamente con la revisión de lo decidido en la comisión mèdica jurisdiccional o la comisión mèdica central.
El art. 2 inciso j de la Ley 15.057 regula el procedimiento recursivo estableciendo que la revisión jurisdiccionales deberán ser interpuestas por el trabajador o los derechohabientes ante el Juzgado de trabajo por ahora ante los tribunales del trabajo - a través de una acción laboral ordinaria. A la cual entiendo que correspondería darle el tramite de proceso de conocimiento.
El planteo vinculado a la validez constitucional y aplicabilidad de las leyes 14.997 y 27.348 (arts. 1 a 4, en lo pertinente), encuentra adecuada respuesta en lo expresado por Nuestro Maximo Tribunal Bonaerense al decidir las causas L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020); L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020) y L. 121.755, "Ibarra" (sent. de 13-X-2020).
Ahora bien, en la causa L. 121.939, "Marchetti, Jorge Gabriel contra Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial", los doctores Genoud, Kogan , Soria, Pettigiani, Torre , al referirse a la Ley 15.057 que sancionò la legislatura local ,y con precisión al articulo 2 inciso J, refirieron lo siguiente:
El doctor Genoud : ". la legislatura local sancionó la ley 15.057. En su art. 2 inc. "j" contempla la "...acción ordinaria de revisión plena" del dictamen de la Comisión Médica interviniente ante el juzgado laboral. El diseño normativo propone entonces una especificidad de la contienda que remite -como se dijo- a conocimientos técnicos específicos, a un procedimiento bilateral que resguarda el derecho de defensa del trabajador, la limitación temporal y razonable del trámite, articulado todo ello con una acción judicial posterior de conocimiento pleno.
Dicho aserto ha sido recogido por el legislador local al instituir un procedimiento concreto de revisión amplia y plena en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, cuya operatividad es inmediata (art. 103, ley cit.).
Por su parte la Doctora Kogan : . dijo que a partir de la sanción de la mencionada ley 15.057 (B.O. de 27-XI-2018) queda garantizada la revisión judicial suficiente mediante la tramitación de un juicio ordinario y dentro del plazo de noventa (90) días hábiles a contar desde la notificación de la resolución emanada de la Comisión Médica Jurisdiccional, bajo apercibimiento de caducidad (art. 2 inc. "j", segundo párr., ley cit.).
En su voto el doctor Soria . dijo ."la ley 15.057 (B.O. de 27-XI-2018) se encargó de precisar que la revisión judicial de las resoluciones dictadas por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales habría de ser promovida por el trabajador o sus derechohabientes a través de una "acción laboral ordinaria" y dentro del plazo allí indicado, prescindiendo -a tono con lo dispuesto en el art. 2 segundo párrafo de la LCRT- de la obligatoriedad de interponer recurso administrativo ante la Comisión Médica Central. Además, se confirió a las Cámaras de Apelaciones del Trabajo a crearse el conocimiento de la impugnación contra las resoluciones emanadas de la Comisión Médica Central (arts. 2 y 103, ley cit.).
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa.
En la causa L. 124.309, "Delgadillo, Jorge Gustavo contra Ministerio de Seguridad. Accidente de trabajo - acción especial" , la Doctora Kogan , dijo en su voto inaugural, ..Que toda vez que en el ámbito local la intervención previa y obligatoria de los organismos administrativos en cuestión está sujeta a una posterior revisión judicial plena (art. 2 inc. "j", ley 15.057), quedando debidamente garantizados los derechos constitucionales en juego.
III.2.b.v. La competencia de los órganos jurisdiccionales provinciales para entender en supuestos en que el trabajador había deducido, en los términos del citado art. 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo un "recurso de apelación" contra el dictamen de una Comisión Médica jurisdiccional, recogida por la ley 27.348, quedó definitivamente fijada a influjo, incluso, de casos en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino en conflictos de competencia suscitados entre la jurisdicción federal y la local (causas L. 110.183, "Melchior", sent. de 19-IX-2012 y L. 116.994, "B., A. F.", sent. de 2-VII-2014).
En esa senda, esta Suprema Corte hubo de equiparar a definitiva la desestimación de la apelación de una de las Comisiones Médicas de la ley 24.557 interpuesta ante un tribunal laboral provincial a la que se le había impreso el trámite previsto en la ley 11.653, con traslado a la apelada y producción de pruebas (causa L. 117.883, "Ponce", resol. de 20-VIII-2014). En esa línea de razonamiento, también declaró la competencia de la justicia local para conocer de apelaciones contra la decisión de una Comisión Médica (causa L. 117.238, "Giavotto Saladino", sent. de 27-V-2015; e.o.).
III.2.b.vi. Sentado ello, no puedo dejar de señalar que a partir de la sanción de la mencionada ley 15.057 (B.O. de 27-XI-2018) queda garantizada la revisión judicial suficiente mediante la tramitación de un juicio ordinario y dentro del plazo de noventa (90) días hábiles a contar desde la notificación de la resolución emanada de la Comisión Médica Jurisdiccional, bajo apercibimiento de caducidad (art. 2 inc. "j", segundo párr., ley cit.).
En efecto, la nueva legislación provincial adjudica competencia a los jueces locales quienes conocerán "...en la revisión de las resoluciones dictadas por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2°, segundo párrafo, de la ley 27.348 complementaria de la Ley de Riegos del Trabajo o la que en el futuro la reemplace" (art. 2 inc. "j", primer párr.), disponiendo que "...hasta tanto se ponga en funcionamiento los juzgados y Cámaras de Apelación del Trabajo previstos en la presente, la revisión establecida en el art. 2 para las resoluciones dictadas por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales así como el recurso de apelación establecido para las resoluciones dictadas por la Comisión Médica Central deberán interponerse ante los actuales Tribunales de Trabajo que resulten competentes" (art. 103). De lo expuesto se colige que los trabajadores víctimas de infortunios laborales o sus derechohabientes no deben acudir al fuero federal para intentar obtener la revisión de lo decidido por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y la Comisión Médica Central, sino que tal examen queda a cargo de los jueces del trabajo locales, es decir, sus jueces naturales llamados a resolver los conflictos de derecho común en la materia laboral (LRT y leyes complementarias.III.2.c. En virtud de lo dicho, considero que la ley 14.997 y, por su conducto, la aplicación de las normas pertinentes de la ley 27.348, no importan la conculcación de los derechos constitucionales de la parte actora de acceso a la jurisdicción, tutela judicial continua y efectiva y debido proceso legal (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; Tratados internacionales cit.; art. 15, Const. prov.)."
Al emitir su voto el Doctor Soria dijo: ... " Cierto es que cuando está en juego la adjudicación de derechos y obligaciones de los particulares en el marco de una controversia, toda norma que confiera a organismos administrativos la potestad de dirimirla con carácter conclusivo en principio no es compatible con el orden constitucional (arts. 109 y 116, Const. nac.; CSJN Fallos: 247:646, cons. 18°). La determinación de incapacidades laborales, con obvias consecuencias sobre los derechos patrimoniales de las partes involucradas (art. 17, Const. nac.), integra aquella estirpe de conflictos cuya decisión cabe reservar a los tribunales de justicia (art. 160, Const. prov.), esto es, a jueces propiamente tales, dotados de garantías que hacen a su independencia e imparcialidad (arts. 176, Const. prov.; 110 y 116, Const. nac.).
Con todo, como lo ha recordado la doctora Kogan, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde antiguo ha reconocido la posibilidad de que órganos ajenos al Poder Judicial, autorizados por ley, en vista de sus especiales conocimientos técnicos, decidan en determinadas colisiones de derechos, siempre y cuando se haya previsto la revisión de lo resuelto por ante un juez. Es lo que en palabras del citado Tribunal implica el "control judicial suficiente", que podrá variar en atención a las modalidades de cada situación jurídica y la magnitud de los intereses en presencia, pero para su validez deberá asegurar que los organismos administrativos no cuenten con la atribución de dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos y al derecho controvertidos (CSJN Fallos: 247:646; 291:448; 311:334; 319:1210; 328:651; 333:935), lo que supone reconocer la facultad de todo interesado de acceder a una vía judicial revisora que garantice con razonable amplitud el debate y la prueba de los hechos y el derecho del caso (causas A. 68.782, "Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 22-XII-2008 y A. 69.346, "Orbis Mertig San Luis S.A.I.C.", sent. de 22-VIII-2012). ..la ley 15.057 (B.O. de 27-XI-2018) se encargó de precisar que la revisión judicial de las resoluciones dictadas por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales habría de ser promovida por el trabajador o sus derechohabientes a través de una "acción laboral ordinaria" y dentro del plazo allí indicado.
El doctor Genoud por su parte dice: .."la legislatura local sancionó la ley 15.057. En su art. 2 inc. "j" contempla la "...acción ordinaria de revisión plena" del dictamen de la Comisión Médica interviniente ante el juzgado laboral. Además, autoriza su iniciación al trabajador prescindiendo de la obligatoriedad de interponer el recurso administrativo ante la Comisión Médica Central -contenido en la ley nacional- y prevé que el remedio que eventualmente interponga la aseguradora de riesgos del trabajo ante la Comisión Médica Central quede aprehendido por dicha pretensión.".. El diseño normativo propone entonces una especificidad de la contienda que remite -como se dijo- a conocimientos técnicos específicos, a un procedimiento bilateral que resguarda el derecho de defensa del trabajador, la limitación temporal y razonable del trámite, articulado todo ello con una acción judicial posterior de conocimiento pleno.Dicho aserto ha sido recogido por el legislador local al instituir un procedimiento concreto de revisión amplia y plena en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, cuya operatividad es inmediata (art. 103, ley cit.).
En otro orden de ideas la garantía prevista por el art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires no admite condicionamientos ni restricciones de ningún tipo o especie al acceso a la justicia.
Por lo tanto, si bien el daño psicológico expresamente no fue objeto de prueba en la instancia administrativa previa y obligatoria, impedir su tratamiento al trabajador en cuanto a sujeto de tutela preferente , implicarìa violar la garantía establecida en el art. 15 de la Constitución provincial, consagratoria del acceso irrestricto a la justicia y los principios contemplados en el art. 39 de la CP. de irrenunciabilidad, justicia social ,gratuidad de las actuaciones en beneficio del trabajador, primacia de la realidad, indemnidad , progresividad y en caso de duda interpretación a favor del trabajador.
En virtud de ello, y siguiendo las recomendaciones de implementar medidas para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, que fueron sentadas en la Cumbre Judicial Iberoamericana " 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad", propongo rechazar la excepción de incompetencia material interpuesta por la demandada Experta ART. S.A. en relación a la prueba pericial psicológica y al daño psicológico reclamados por el actor, correspondiendo su tratamiento en autos (artículos 12 de la ley 15.057 y 1 de la ley 27.348).
ASI LO VOTO
La Señora Juez Dra. Amaya vota en el mismo sentido por compartir los fundamentos.
A LA MISMA CUESTION, la Sra. Juez Dra. Noale, dijo:
En orden a efectuar un correcto análisis de la cuestión traída a debate, resulta menester delimitar el derecho aplicable a las reclamaciones fundadas en la ley de riesgos del trabajo.-
En este entendimiento, dable es recordar que en fecha 8 de enero de 2018, fué publicada en el Boletín Oficial la sanción de la ley provincial 14.997, mediante la cual la Prov. de Bs As adhiere a la ley nacional 27.348 Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo.-
Dispone ésta última en el art. 1°, que la actuación de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, creadas por el art. 51 de la ley 24.241, constituirá la instancia administrativa previa de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las prestaciones dinerarias previstas por la LRT. -
Dicha norma procesal resultó operativa para toda acción judicial que se promueva ante los Tribunales de Trabajo de la provincia de Buenos Aires a partir del octavo día de su publicación oficial (B.O. 8-I-2018), es decir, desde el día 17 de enero de 2018 en adelante (confr. art. 5 CCCN). - La mentada ley 14.997, lejos de ser tachada de inconstitucional, fue convalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, mediante el dictado de sendos fallos (v. SCBA LP L. 121939 S 13/05/2020, "Marchetti, Jorge Gabriel c. Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial", SCBA LP L. 124.309 S 27/5/2020, "Delgadillo, Jorge Gustavo contra Ministerio de Seguridad. Accidente de trabajo - acción especial", SCBA LP L. 123.792 S 27/5/2020, "Szakacs, Claudia Alejandra contra Fiscalía de Estado - Pcia. Bs. As. Accidente de trabajo - acción especial") .-
Es por ello que, vista la fecha de promoción de las presentes - esto es en el mes de agosto de 2026- y la materia del reclamo que nos ocupa, resultan los presentes actuados alcanzados por las disposiciones de la Ley 27.348 Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo- , como asi también sus decretos reglamentarios.; independientemente de la fecha de ocurrencia del siniestro que se denuncia.-
Que, de la compulsa del Expediente Administrativo SRT N° 047724/26, contando el damnificado con el debido patrocinio letrado- se desprende que el reclamo efectuado por la parte actora en la instancia previa, no contempla el daño psicológico que pretende incorporar en la presente litis (art. 375 del CPCC); habiendo sido en tales términos clausurado la misma. Tampoco surge del mismo, el rechazo por parte de la administración de la pretensión que - situados en instancia judicial-, reclama. Considero luego que tal proceder contraria el principio de congruencia que debió guardar la accionante, entre el reclamo sometido al trámite administrativo iniciado en sede la Comisión Médica Jurisdiccional y el traído ante estos Estrados .
En efecto, dicha exigencia resulta en mi opinión comprensiva de todo reclamo contra una aseguradora de riesgos del trabajo que se inicia, por el hecho en que se funda; y tal extremo no se verifica en autos (art. 375 del CPCC).; consecuentemente esta falencia de falta agotamiento de la vía administrativa previa de carácter obligatorio y excluyente en lo que a la faz psicológica del reclamo respecta, tal como señalara, no es compatible con el principio de congruencia receptado por el art. 163, inc. 6 del C.P.C.C. -
Es doctrina recibida que las pretensiones sometidas a decisión judicial se encuentran delimitadas y deben ser resueltas en el marco de las cuestiones que las partes traen al pleito. En el caso particular de las acciones fundadas en la LRT, y teniendo en consideración la constitucionalidad del art. 1° de la ley 27.348, aquellas comenzaron a perfilarse desde el inicio del trámite administrativo previsto en el art. 6° de la Ley 24.557 respecto a la contingencia que se reclama, disposición que luego reglamentó el art. 1° del Decreto 298/17 - Procedimiento ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y el Servicio de Homologación, esto es, mediante una petición fundada, posteriormente con la citación a la audiencia médica - hasta la posterior clausura de la instancia administrativa, con el Dictamen de Alcance Particular emitido por el Titular del Servicio Homologación de la Comisión Médica Jurisdiccional, quedando por estas razones sujetas - en sede judicial -, al marco de debate iniciadas en aquella instancia, la cuale debe guardar concordancia con la prueba allí producida.
Considero que caso contrario, el Tribunal excedería el reclamo previamente tramitado, fallando de manera ultra petita; en definitiva no puede suplirse en esta instancia la omisión cualitativa en que pudiera haber incurrido el damnificado, ni admitir un ítem probatorio, cuya dolencia no fue reclamada concretamente en la etapa administrativa previa, obligatoria y excluyente de toda otra intervención, en abierta contradicción como ya expresara, con el principio de congruencia receptado por el art. 163, inc. 6 del C.P.C.C., que posee raigambre constitucional.-
En este sentido se ha considerado descalificable la sentencia que elevó el monto de la indemnización por accidente trabajo y se expidió respecto de una pretensión no deducida - en el caso daño psíquico - (CSN, del voto en disidencia de los Dres. Barra, Belluscio y Moliné O'Connor, 13/08/92, "Sosa Artur c/ Cartontécnica S.R.L.", 1994-1, síntesis).-
En este orden de ideas, y visto el expediente administrativo mencionado ut supra, y teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 2 inc. J) de la ley 15.057, las facultades establecidas por el art. 12 de la L.O., en vista a que la demandada opuso en oportunidad del responde, la excepción de incompetencia material fundando su pedido en la cuestión en análisis, entiendo que le asiste razón a la misma, no correspondiendo ampliar el alcance de la acción promovida, respecto de una incapacidad que el damnificado no tramitó, sustanció y por ende no concluyó - en instancia previa, obligatoria y excluyente - en el ámbito de la Comisión Médica Jurisdiccional - careciendo en consecuencia de tratamiento por parte del organismo administrativo (art.1° de la Ley 27.348, art. 2 inc. "j" ley 15.057; Dec. 298/17; doctr. fallo "Marchetti" SCBA L 121.939), debiendo la accionante concurrir por la vía que corresponda (art. 44 inc. "d " de la L.O.); toda vez que dicho organismo es el llamado por las normas de la LRT y decretos complementarios que rigen la materia a dictaminar en instancia previa, a la judicial (art. 1° ley 27.348; art. 2 inc. "j" ley 15.057; Dec. 298).-
No menos cierto es que el recaudo mencionado es una imposición legal, mandándose a archivar la causa, en todos los casos en que no cumpla con las normas procesales vigentes (doctr. del fallo "Marchetti" SCBA L. 121.939).-
ASI LO VOTO
POR ELLO, y en virtud del acuerdo que antecede, el Tribunal del Trabajo N°2 de Morón, por mayoría RESUELVE:
1. Rechazar la excepción de cosa juzgada interpuesta por la demandada Experta A.R.T. S.A., imponiéndose las costas de la incidencia a la accionada vencida (artículos 2 inc. j, 24 y 36 de la ley 15.057)
2. Rechazar la excepción de incompetencia material interpuesta por la demandada Experta A.R.T. S.A., en relación a la prueba pericial psicológica y al daño psicológico reclamados por el actor, correspondiendo su consideración en autos (artículos 12 de la ley 15.057 y 1 de la ley 27.348).
3. Regístrese, notifíquese conforme Acordada 3991/20 de la SCBA..
Firmas
Funcionario firmante: PORTA Graciela Alicia - JUEZ
Funcionario firmante: NOALE Carolina - JUEZ
Funcionario firmante: AMAYA Maria Alejandra - JUEZ
Funcionario firmante: IZZO Claudio Abel - AUXILIAR LETRADO
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1594-2026
Fin de la sentencia