Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 48.035-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la determinación practicada, con costas.
2Regular los honorarios del Dr. Miguel Alejandro Máximo Tesón en su doble carácter de apoderado y copatrocinante de la recurrente en la suma de $1.805.330 (pesos un millón ochocientos cinco mil trescientos treinta) los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada correspondiente a la primer etapa, siendo aplicable al efecto lo dispuesto por los artículos 9, 7, 19, 37, 38 y concordantes de la ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24432.
3Regular los honorarios de la Dra. María Celina Valls en su carácter de copatrocinante de la recurrente en la suma de $1.002.956 (pesos un millón dos mil novecientos cincuenta y seis) los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada correspondiente a la primer etapa, siendo aplicable al efecto lo dispuesto por los artículos 9, 7, 19, 37, 38 y concordantes de la ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24432.
4Regular los honorarios del Dr. Miguel Alejandro Máximo Tesón en su carácter de coapoderado de la recurrente en la suma de $754.946 (pesos setecientos cincuenta y cuatro mil novecientos cuarenta y seis) equivalente a 77,09 (setenta y siete con 09/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el copatrocinio letrado, la suma de $2.516.488 (pesos dos millones quinientos dieciséis mil …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-16749275-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 14 de Febrero de 2023 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el Expte. N° 48.035-I, caratulado “HIDROELECTRICA DIAMANTE S.A.s/recurso de apelación”
La Dra. Gómez dijo:
I. Que a fs. 225/293, obra recurso de apelación interpuesto por Hidroeléctrica Diamante S.A. (en adelante HIDISA) contra la resolución dictada el 23 de mayo de 2017 por la Dirección Regional Mendoza de la AFIP- DGI, por la que se determinó el Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2007 a 2013, intimando a ingresar gravamen por los períodos 2009, 2010, 2012 y 2013 más accesorios y aplicando una multa por esos períodos, equivalente al 70% del tributo atribuido como omitido, ello en los términos del art. 45 de la ley de rito fiscal (fs. 8 vta./41).
Relata los antecedentes de la causa. Indica que HIDISA tiene por objeto social la explotación del complejo hidroeléctrico Diamante, por concesión otorgada por el Estado Nacional y la Provincia de Mendoza por un período de treinta años, a partir del 19 de octubre de 1994. Trae a colación que el acto apelado se sustenta en dos cuestiones que se encuentran controvertidas en sede judicial entre HIDISA y el Fisco en tres causas radicadas en el fuero federal (una por los períodos fiscales 2007 a 2011, otra por el 2012 y la restante por el 2013): la aplicación del ajuste por inflación impositivo en esos períodos y la procedencia de la amortización de un activo intangible. Solicita la suspensión de las actuaciones hasta tanto se dicten sentencias definitivas en sede judicial. Puntualmente, señala que el estado de la causa relativo al período fiscal 2012 acredita la identidad de cuestiones de hecho y de derecho discutidas también en este Tribunal, existiendo una sentencia judicial y una medida cautelar con resolución favorable a HIDISA. Ello, según la recurrente, pone en evidencia la necesidad de suspender el trámite de estos autos hasta tanto los decisorios recaídos en el fuero federal adquieran firmeza. Plantea la procedencia de la amortización computada del activo intangible concesión. Explica que la generación de energía hidroeléctrica se encuentra sujeta al otorgamiento de una concesión por parte del Estado Nacional, fundándose ello en la necesidad de reglar el uso del recurso hídrico y no en la regulación económica de tal actividad. Destaca que el activo intangible registrado no es producto de un proceso en licitación donde la sociedad participó directamente y pagó por el derecho de concesión; sino que la incorporación resultó igualmente onerosa, bajo la siguiente modalidad: fue otorgada a HIDISA, ésta última emitió acciones y asumió pasivos previos de Agua y Energía, como contraprestación de la concesión recibida. Por su parte, subraya que la privatización de la actividad se realizó a través de la venta del paquete accionario de HIDISA. Concluye que la modalidad elegida, da cuenta de la existencia de una contraprestación a cargo de HIDISA.
Se refiere al costo de la adquisición desde las siguientes perspectivas: marco regulatorio de la privatización, normas del derecho privado, disposiciones contables y derecho tributario. De la exposición realizada, puntualiza que el costo de adquisición incurrido para adquirir el activo intangible (concesión) se encontró representado por el aporte de capital realizado por el Estado Nacional, el que derivó en un aumento de capital social y la consecuente emisión de acciones y, por otro, la asunción de pasivos por parte de Hidisa. Ello así, expresa que en línea con la perspectiva del derecho societario y las registraciones contables, se comprueba que el costo de adquisición del activo intangible y las amortizaciones computadas, encuentran respaldo en los artículos 81 inciso f) y 84 de la Ley del Impuesto a las Ganancias y 128 del Decreto Reglamentario.
Sostiene que el ajuste practicado vulnera el principio de legalidad en materia tributaria y el de capacidad contributiva, siendo que el Fisco basa su postura en que HIDISA no incurrió en gasto para adquirir el intangible y el monto considerado como costo de adquisición no guardó ningún tipo de relación con éste, sino que representaba el valor total de las acciones de la sociedad. A su vez, invoca la afectación del principio de realidad económica, exponiendo que el acto cuestionado desestima la modalidad fijada por el Estado Nacional para privatizar la actividad, toda vez que el aporte del activo fue determinado y aprobado por éste y el Fisco ignoró los actos jurídicos, leyes, decretos y resoluciones que regularon la transferencia del mentado intangible. Invoca la aplicación efectiva del ajuste por inflación impositivo en el caso concreto, citando la normativa en juego, esto es el artículo 39 de la ley 24.073 y complementarias y la ley del Impuesto a las Ganancias y su decreto reglamentario (arts. 58, 61 81 f), 83, 84 de la ley y 128 del decreto). Expone que en el caso concreto, la alícuota efectiva del Impuesto a las Ganancias es del 46,46 % para el período 2007; 46,78% para 2008; 56,25% para 2009; 45,69% para 2010; 294,60% para 2011; 224,59% para 2012; y 488,51% para 2013. Puntualiza que a partir de ello, surge un claro agravio constitucional, por cuanto la prohibición de aplicación del mecanismo de ajuste por inflación a los períodos 2007 a 2013 resulta confiscatorio, afectando el derecho de propiedad reconocido por el art. 17 de la Constitución Nacional. En consecuencia, considera que el art. 3 de la ley 24.073 y toda normativa legal o reglamentaria que impidan la aplicación del citado mecanismo, además del citado derecho de propiedad, también vulnera el principio de capacidad contributiva, el de reserva de ley en materia tributaria y el del debido proceso, esto último teniendo en cuenta que la prohibición de ajustar por inflación que resolvió el Fisco Nacional no respetó el principio de realidad económica.
Plantea la improcedencia de la liquidación de intereses, aún en el caso de confirmarse el ajuste, señalando que no existió un accionar culpable de su parte. En cuanto a la sanción impuesta, luego de sostener la ausencia del elemento objetivo del tipo previsto en el art. 45 de la ley de rito fiscal, manifiesta que obró de acuerdo a normas dictadas por el Estado Nacional y jurisprudencia del Cimero Tribunal, con lo cual no puede imputársele un obrar negligente.
Acompaña prueba documental. Ofrece prueba pericial contable e informativa. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque el acto apelado. Con costas.
II. Que a fs. 308/334 obra escrito de contestación de traslado del Fisco Nacional. La representación fiscal realiza un análisis de la pertinencia de la amortización practicada por la recurrente sobre el bien intangible “concesión”, aspecto que considera objeto del debate. En efecto, considera que la recurrente no incurrió en costo alguno para la adquisición del intangible involucrado (concesión), requisito indispensable para que proceda la amortización, no pudiéndose considerar la estimación efectuada por el método del valor actual de los flujos de fondos futuros que genere la actividad. Expone que la posición expresada se sostiene en la adecuada interpretación de las normas del Impuesto a las Ganancias y el principio de realidad económica, no existiendo afectación a garantías constitucionales.
Por su parte, manifiesta que el mecanismo de ajuste por inflación no se encontraba vigente en los períodos determinados, atento lo dispuesto por la Ley 23.298 y 24.073. En virtud de eso, remarca que las conclusiones del juez administrativo se basan en las normas aplicables y en la valoración de elementos de prueba que sustentan el criterio adoptado. Puntualiza que aún cuando correspondiera computar el ajuste por inflación, los cálculos de las alícuotas se encuentran distorsionados, toda vez que en los mismos no se consideró la incidencia del ajuste por la improcedencia de las amortizaciones computadas.
En cuanto a la liquidación de intereses, sostiene que resulta de aplicación el art. 37 de la ley de rito, encontrándose acreditada la mora de la apelante, no resultando de aplicación normas del derecho civil a la cuestión. Finalmente, con relación a la sanción aplicada, expone que el elemento objetivo del tipo previsto en el art. 45 se encuentra comprobado por la presentación de declaraciones juradas inexactas como así también la culpabilidad de la actora, en el grado de negligencia, no vislumbrándose la causal de error excusable en su obrar. Se opone a la producción de prueba. Hace reserva del caso federal. Solicite se confirme el acto apelado. Con costas.
III. A fs. 396/ vta.obra acta de audiencia, celebrada en los términos del art. 173 de la ley de rito fiscal, en la que surge que se resolvió solicitar mediante oficio la remisión de las resoluciones judiciales recaídas en las causas invocadas por la actora en el recurso que tramitaran ante la Justicia Federal de Mendoza, más las pericias contables e impugnaciones allí producidas, quedando reconducido el informe contable ofrecido en autos. Que a fs. 397 obra el auto de apertura a prueba y a fs. 853 (PV2022-37762360-APN-VOCX#TFN) se decreta la clausura de dicho período. A fs. 857 (PV-2022-42137026-APN-VOCX#TFN) se eleva la causa a conocimiento de la Sala y a fs. 861 (IF-2022-43763751-VOCX#TFN) se pone a alegar, luciendo a fs. 868/894 y 895/912 (RE-2022-50101051-APN-SGAI#TFN e IF-2022-50483368-APN-SGAI#TFN), la correspondiente presentación de la recurrente y la del Fisco Nacional, respectivamente.
A través del IF-2023-14748421-APN-VOCX#TFN pasan los autos a sentencia.
IV. Según surge de la resolución apelada, el origen de la fiscalización bajo O.I. 1138775 que desembocara en la determinación de oficio practicada, surgió a partir de la acción declarativa iniciada por la aquí recurrente respecto al período 2013 en la Justicia Federal de Mendoza a fin de que se declarara la inconstitucionalidad de los arts. 39 de la Ley 24.073, 4 de la Ley 25.561 y 5 del Decreto 214/02 (autos N° FMZ 30749/2014/CA2, caratulados “Hidroeléctrica Diamante S.A. c/ AFIP-DGI s/ Contencioso Administrativo). Respecto a los períodos 2007 a 2011, el origen del cargo fue como consecuencia de la repetición iniciada ante el Fisco Nacional, y que derivara en el expediente judicial Nº FMZ 37383/2014/CA1, caratulado: “Hidroeléctrica Diamante S.A. c/AFIP- DGI s/Contencioso Administrativo- Varios”, atento a que la recurrente originalmente presentó sus declaraciones juradas sin la aplicación del ajuste por inflación y a partir del citado recurso reclamó la devolución de los importes pagados realizados en exceso. Finalmente, con relación al período 2012, la aquí demandante articuló acción declarativa a fin de que se declarara la inaplicabilidad e inconstitucionalidad, para el período correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre aquel año, del art. 39 de la ley 24.073, artículo 4° de la ley 25.561, artículo 5° del decreto PEN 214/02 Ello así, el organismo analizó durante la inspección las presentaciones de las declaraciones juradas efectuadas por la firma, con relación al ajuste por inflación impositivo y la actualización de las amortizaciones de bienes de uso e intangibles, verificándose el aspecto formal de las mismas y los importes de la determinación de los citados conceptos (vg. ajustes por inflación estático y dinámico, índices utilizados para las actualizaciones de amortizaciones, etc.) respecto de los cuales no se hicieron observaciones.
No obstante ello, se consideró aplicable lo dispuesto por el artículo 39 de la ley 24.073 y sus normas complementarias, con relación al ajuste por inflación en el Impuesto a las Ganancias, por lo que se consideró que no correspondía deducir en los balances impositivos los efectos del resultado por “Exposición a la Inflación” efectuada en los períodos correspondientes ni tampoco la actuación de las amortizaciones de bienes de uso e intangibles realizados por HIDISA.
IV.1. En cuanto a la amortización de activos intangibles, el Fisco consideró que no resultaba procedente que la firma fiscalizada, concesionaria de la explotación de la Central Hidroeléctrica Diamante, se computara la amortización del derecho de concesión tomando como base de cálculo el valor abonado por la compra del 59% de las acciones de HIDISA adquiridas por Inversora Diamante S.A. al inicio de la misma, a la vez que también objetó que se efectuara la actualización de dichos valores con el transcurso del tiempo, dado que la concesión cuenta con un plazo de 30 años, iniciado en el año 1994.
Cabe poner de resalto que surge de las constancias de la causa (vide Informe Final de Inspección, OI 1138775, fs. 909/945) que para el caso de HIDISA el derecho a explotar el Sistema Hidroeléctrico Diamante y el aprovechamiento hidroeléctrico de las aguas del Río Diamante se encontraba ínsito en la creación de la sociedad aquí recurrente en el año 1993.
Posteriormente, en el año 1994 salió a la venta el 59% del paquete accionario de HIDISA, adquirido en licitación pública internacional por Inversora Diamante S.A.. Según el Fisco, bajo este concepto exclusivamente, es decir compra de parte del capital accionario, es que Inversora Diamante S.A. efectuó la erogación por su inversión en HIDISA. Ello así, el organismo sostuvo en todo momento que no existió en la operación bajo análisis erogación alguna a la que le correspondiera como contraprestación, la compra del derecho de uso de la concesión de la Central Hidroeléctrica Diamante y el aprovechamiento hidroeléctrico del agua del cauce del río Diamante, cuya titular es HIDISA.
En efecto, la adquisición efectuada se atribuyó a la adquisición de parte del paquete accionario de HIDISA, titular del derecho de concesión señalado, pasando a formar parte Inversora Diamante S.A. del capital de HIDISA en carácter de accionista; el precio pagado por la operación analizada fue abonado por el Estado Nacional, titular hasta ese momento de la totalidad de las acciones de la firma verificada.
Según lo planteado por el organismo recaudador, surge la imposibilidad de considerar la existencia de un activo intangible conformado por el monto pagado por las acciones adquiridas al Estado Nacional, en aras de considerar este activo base para la amortización anual con cargo a resultados. Es decir, se entiende que no resulta procedente la conformación realizada por HIDISA del activo intangible “Contrato de Concesión”, como tampoco que no es posible su amortización, al considerarse como valor del mismo la valuación efectuada en función del monto del pago de las acciones de HIDISA adquiridas por Inversora Diamante S.A. para la explotación de la central hidroeléctrica mencionada, siendo HIDISA la titular del derecho a la explotación de la concesión del Sistema Hidroeléctrico Diamante y del aprovechamiento hidroeléctrico del agua del río Diamante desde el momento de su creación.
En esta línea, cabe señalar que el organismo se remite a las notas de los estados contables del período 1994 (vide fs. 924 a.a.) en cuanto a que la sociedad actora expuso que el valor original del activo intangible “Contrato de Concesión” fue determinado tomando el monto pagado por el accionista mayoritario de HIDISA (Inversora Diamante S.A.) para adquirir el 59% de la sociedad concesionaria, más la proporción de capital que el Estado Argentino mantenía (41%), más el valor de pasivos que se asumieran en virtud del contrato de transferencia de acciones; además, se expuso que la amortización del activo intangible era de acuerdo al método de línea recta y computada durante 30 años, a partir del 19 de octubre de 1994, fecha de toma de posesión.
Ante ello, el Fisco resaltó que el valor asignado no guardaba ningún tipo de relación con “un costo de adquisición”, sino que sería el valor total de las acciones de la sociedad; asimismo, que el activo intangible en cuestión no constituye una combinación de negocios, valuado a la fecha de adquisición.
Por lo expuesto, se impugnaron en los períodos determinados los gastos deducidos en concepto de amortización de intangibles, por considerar la inexistencia de una erogación o gasto (costo de adquisición) por parte de la recurrente como contraprestación para el otorgamiento de la mentada concesión, lo que constituye el sustrato económico de la operación. En puridad, no se acepta la deducción de una amortización sobre un importe que se entendió nunca erogado por HIDISA.
V. Que, de forma preliminar, estimo pertinente recordar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (Fallos: 301:1187; 319:119; 307:2012; 311:2135; entre otros).
Sentado ello, cabe analizar la prueba producida en autos, relativa a las actuaciones correspondientes a las causas identificadas como Nº FMZ 37383/2014/CA1, Nº FMZ 4760/2013/CA2 y FMZ 30749/2014/CA2, focalizando en lo sucedido en cada una de ellas. Cabe necesariamente resaltar que habiendo requerido tanto a la actora como al Fisco que informaran si los decisorios citados en el PV-2022-21814978-APN-VOCX#TFN se encontraban firmes, la recurrente acompañó un detalle que daba cuenta de ello (RE-202266743801-APN-VOCX#TFN, que es reiterado en oportunidad de alegar), el cual no fue controvertido por el organismo recaudador, en tanto no respondió a lo solicitado por la Vocalía Instructora a pesar de haberse concedido una prórroga a tales fines (PV- 2022-28365677-APN-VOCX#TFN)
V.1. En autos individualizados como Nº FMZ 37383/2014/CA1, caratulados: “HIDROELÉCTRICA DIAMANTE S.A. c/ AFIP-DGI s/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- VARIOS”, la aquí actora interpuso demanda contencioso administrativa en los términos de los artículos 81 y 82 de la ley Nº 11.683, contra la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva- (AFIP-DGI), a fin de que, por un lado, se admitiera la aplicación efectiva del ajuste por inflación impositiva, previsto en la ley de Impuesto a las Ganancias, para la determinación del mismo, declarando la inaplicabilidad e inconstitucionalidad, para los períodos fiscales comprendidos entre los años 2007 y 2011 inclusive, del artículo 39 de la ley nº 24.073 y normas complementarias, tales como el artículo 4° de la ley nº 25.561 y artículo 5° del decreto 214/02; y por otro, solicita ordene, la restitución del pago en exceso del Impuesto a las Ganancias por los períodos citados, originado en la aplicación del sistema de ajuste por inflación impositivo, con más los intereses resarcitorios, conforme el artículo 179 de la ley Nº 11683, hasta la efectiva devolución a HIDISA.
El Juzgado Federal de Mendoza N° 2 consideró que la pericia contable producida en esos autos reflejaba de forma evidente que de no aplicarse el mecanismo de ajuste por inflación solicitado, se excedían los límites razonables de la imposición, lo cual se considera violatorio del principio de no confiscatoriedad. En efecto, se admitió la demanda interpuesta por la aquí actora (vide fs. 712/735)
La AFIP-DGI apeló tal decisorio. Centró sus agravios en la valoración que ha realizado el a quo de la pericia contable, por cuanto ésta tuvo en cuenta los “activos intangibles”, activos que deben ser valorados según su costo de adquisición, y no según el valor denunciado por una parte, como es en este caso, el Estado Argentino. Concluye que, al no haber tenido costo de adquisición alguno, por cuanto quien efectuó un gasto fue inversora Diamante, cuando adquirió las acciones de HIDISA, no pueden aquellos ser contabilizados como lo pretende la actora.
Antes de entrar a los argumentos del decisorio de la Sala B de la Cámara Federal de Mendoza que luce a fs. 800/806 de autos, cabe traer a colación que en dicha causa el Fisco Nacional solicitó la suspensión de su trámite hasta tanto recayera sentencia en los presentes actuados. La Alzada desestimó tal cuestión, remarcando que la repetición intentada se articuló con anterioridad a que el Fisco se expidiera mediante la determinación de oficio, resaltando que aquel recurso intentado se sustentó en el silencio administrativo incurrido por el organismo. No obstante ello, se puntualizó que para evitar futuras contradicciones con este Tribunal, debía anoticiarse de lo que allí se resolviera.
Sentado ello, cabe anticipar que la Sala II de la Cámara Federal de Mendoza expuso que los agravios en cuanto al concepto de “costo de adquisición” de los activos y la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación resultaban ser una mera discrepancia que no se ajustaba a las constancias de la causa, correspondiendo rechazar la apelación deducida.
En efecto, la sentencia de la Alzada hizo hincapié en que la pericia contable respondió detalladamente acerca de la conformación de los activos intangibles, citando el Decreto 2259/93 PEN (B.O. 16/11/1993), que entre otras disposiciones referidas a la creación de HIDISA, autoriza a la Secretaria de Energía, en su art.12, a capitalizar dicha sociedad, mediante transferencia de activos, pasivos, recursos humanos, contratos de concesión, etc., facultándola además, aunque de manera indirecta, a establecer el monto o valor de transferencia de activos, recursos humanos, contratos de concesión y pasivos. Destaca, luego de efectuar un análisis de la normativa aplicable, que: “El Activo Intangible de la Sociedad cumple con la definición y clasificación para un bien Intangible según las Normas Internacionales y la RT 17 de la FACPCE, ya que es un activo identificable, adquirido, vendible y tiene un plazo limitado de vida” (fs. 280 y vta. y 282). También, el fallo remitió a la información de la pericia respecto a los bienes que componen el rubro “Activos intangibles”, su valuación especificada por cada bien, criterio adoptado, bases para adoptarlo, costo de adquisición para la actora de los activos intangibles, fecha de incorporación al patrimonio, contrato de concesión, términos, modo, forma de pago, garantías, medios e instrumentos de pago, acreditación de los pagos efectuados y de los pendientes, gastos incurridos con motivo de la compra e instalación, costo financiero. Se puntualizó que el Valor de Origen asciende a pesos noventa y dos millones ochocientos dos mil quinientos ochenta y cuatro con 24/100 ($92.802.584,24). Y que, a partir de su incorporación, el valor de Origen del activo intangible no varió, excepto por los sucesivos ajustes por inflación que fueran reglamentados por las normas de contabilidad aplicables a la confección y presentación de estados contables.
En base a tales consideraciones, la Alzada compartió la conclusión arribada en el informe técnico en que el precio de enajenación para el sujeto que realiza el aporte a una sociedad éste es el fijado por el Estado Provincial a través de la Res. 152/94 es el “costo de adquisición” para la sociedad que lo recibe. Ello así, se señaló que la pericia estaba debidamente fundada, sus conclusiones resultaban lógicas y fundadas en normativa y documental aportada, y no evidenciaba errores manifiestos, por lo que se expresó que no existía motivo alguno para apartarse de los cálculos allí efectuados.
Por su parte, se puso de relieve que la mera mención del organismo recaudador a que el precedente “Candy” de la Corte no fue debidamente aplicado en el fallo de primera instancia, no era fundamento válido para revertir lo decidido por cuanto surgía del análisis de la causa, que la confiscatoriedad fue tal, y que ello permitía la declaración de inaplicabilidad e inconstitucionalidad, para los períodos los fiscales comprendidos entre los años 2007 y 2011 inclusive, del artículo 39 de la ley nº 24.073 y normas complementarias, tales como el artículo 4° de la ley nº 25.561 y artículo 5° del decreto 214/02.
Posteriormente y tal como surge de fs. 828, el Cimero Tribunal declaró inadmisible el recurso extraordinario, cuya denegación originara recurso de queja, ello por aplicación de la fórmula del art. 280 CPCCN, dejando de tal modo firme lo resuelto.
V.2. Por su parte, en los autos Nº FMZ 4760/2013/CA2, caratulados: “Hidroeléctrica Diamante S.A. c/ A.F.I.P.- D.G.I. p/Acción Mere Declarativa de Inconstitucionalidad”, la aquí recurrente presentó acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado Nacional- Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General Impositiva, solicitando que, al resolver: a) se declarara la inaplicabilidad e inconstitucionalidad para el período correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2012, el art. 39 de la ley 24.073, artículo 4° de la ley 25.561, artículo 5° del decreto PEN 214/02 ; b) declarara procedente, en el caso, la aplicación de mecanismo de ajuste por inflación impositivo previsto en la ley de impuesto a las ganancias por el periodo mencionado, c) ordenara a la AFIP-DGI que permitiera a la firma presentar su declaración jurada y abonar el impuesto a las ganancias del período en cuestión bajo la modalidad referida.
A fs. 581/591 obran sentencia del Juzgado Federal N° 2 de Mendoza y su aclaratoria. En base a la pericial contable que se produjera en dichos autos y que en el presente expediente –junto a la contestación de las observaciones efectuadas- obra a fs. 532/580 y que se expidió sobre técnica de liquidación del Impuesto a las Ganancias para el período fiscal en cuestión y la composición de activos de la Hidroeléctrica Diamante , se hizo lugar a la demanda interpuesta considerando que resultaba inaplicable la prohibición de aplicar el mecanismo del Título VI de la ley de ese gravamen ya que el monto del impuesto “absorbería más del cien por ciento (100%) del resultado impositivo y contable” (fs. 589 vta.)
Recurrida por la demandada la sentencia por la que el juez de grado resolvió hacer lugar a la demanda interpuesta, la Sala “B” de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza expuso que del análisis de la prueba rendida en esos autos, y en particular, de la pericia contable efectuada y de la contestación a la impugnación se desprende que; “la confiscatoriedad fue tal, y que permite la declaración de inaplicabilidad del mecanismo previsto por el art. 39 de la ley de impuesto a las ganancias” (sic); en tal sentido, se concluyó que el informe contable producido, proveniente de un perito designado por sorteo, se fundó debidamente. Con todo, fue rechazada la apelación intentada por el organismo recaudador (fs. 592/596).
Finalmente, se declaró inadmisible el Recurso Extraordinario interpuesto por el Fisco Nacional contra ese decisorio, no siendo ello motivo de queja para esa representación (597/599); con lo cual la sentencia de la Alzada quedó firme, conforme quedó corroborado en autos.
V.3. Por último, en autos N° FMZ 30749/2014/CA2, caratulados “Hidroeléctrica Diamante S.A. c/ AFIP-DGI s/ ContenciosoAdministrativo”, la aquí demandante interpuso acción declarativa contra el Estado Nacional- Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General Impositiva, a fin de que se declarara la inconstitucionalidad de los arts. 39 de la Ley 24.073, 4 de la Ley 25.561 y 5 del Decreto 214/02, en cuanto obstaban la aplicación de índices correctores que reflejaran la depreciación de la moneda, a efecto de determinar el Impuesto a las Ganancias por el ejercicio fiscal del año 2013; asimismo, solicitó se declarara procedente la rectificación de las declaraciones juradas presentadas por el impuesto a las ganancias, elaboradas conforme el ajuste por inflación; como asimismo la compensación de eventuales saldos a favor del contribuyente, con el tributo de ejercicios futuros.
El Juzgado Federal de Mendoza N°2 resolvió hacer lugar a la demanda, declarando el derecho de la actora a aplicar el mecanismo de ajuste por depreciación monetaria; la inaplicabilidad en el caso de las disposiciones prohibitivas de tal mecanismo; la procedencia de las declaraciones juradas rectificativas, y la eventual compensación de saldo a favor con futuros ejercicios del mismo tributo. En efecto, se admitió la posición de la actora y lo expuesto el perito oficial quien reflejó en su informe: “Que según la información cotejada, se observa que el impuesto a las ganancias, sin considerar ajustes por inflación, ascendería a la suma de $ 12.327.996,44, el resultado impositivo luego de considerar ajustes por inflación estáticos y dinámico con ajustes en las amortizaciones de bienes materiales e inmateriales y el ajuste a los honorarios de directores con dicho ajustes asciende a las suma de $ 2.528.958,14, lo que representa sobre el primer importe un 478,47 %” (vide fs. 420/462 de autos, donde además el experto se expidió sobre la composición de activos).
Frente a ello, el Fisco se agravió que en el cálculo de la renta imponible, se dedujeron la amortización de los activos intangibles –en este caso, el contrato de concesión para la explotación de las centrales hidroeléctricas- y su actualización. El organismo consideró que ese rubro no era deducible porque la normativa exige que esos activos hayan tenido un costo de adquisición; siendo que en este caso su incorporación al patrimonio de la empresa se hizo sin ningún sacrificio económico.
La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, señaló que el mecanismo de ajuste previsto en el título VI de la ley 20.628 y sus modificatorias, era de aplicación siempre y cuando fuera probada la confiscatoriedad que ocasionada en el patrimonio, la determinación del impuesto sin ajuste en el período fiscal respectivo; para lo cual debía tenerse especialmente en cuenta la prueba pericial contable producida. Para la Alzada, resultó inocuo el planteo de la AFIP para desvirtuar el fundamento en que se sustentó la sentencia de primera instancia, consistente en que la prohibición del ajuste por inflación resultaba confiscatoria en el período fiscal 2013. Ello así porque, aun cuando en el supuesto de asistir razón al ente recaudador y que no correspondíera deducir la amortización de los activos intangibles ni su actualización, el impuesto determinado sin ajuste por inflación igualmente resultaría confiscatorio, en tanto en ese caso el impuesto determinado sin ajuste por inflación representaría un 59,19%, considerado por el decisorio de la Sala “A” de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza como un nivel de imposición absorbe una parte sustancial de la renta gravada, que es la pauta dada por el Cimero Tribunal para reputar confiscatorio el tributo (fs. 815 vta./824).
Sentado ello, se rechazó la apelación deducida por el Fisco Nacional y, posteriormente, la Corte Suprema declaro inadmisible el Recurso Extraordinario intentado por esa parte (fs. 834).
VI. No puede obviarse que la prueba producida en autos, consistente en las actuaciones generadas en sede judicial, tienen vinculación directa con el presente caso. Ello así, surge de las piezas agregadas que con relación a la controversia respecto a la prohibición de aplicación del método de ajuste por inflación y la concepción de los denominados activos intangibles para los períodos determinados, en sede judicial quedó convalidado el criterio de la recurrente. En esta línea, no puede desconocerse que tanto la actora como el organismo recaudador han reconocido la relación existente entre procesos.
Lo hasta aquí expuesto impide confirmar el criterio fiscal, dado que esa solución implicaría admitir la posibilidad de que se ajusten períodos en el Impuesto a las Ganancia a partir de criterios legales y liquidatorios que no fueron admitidos en sede judicial respecto a la actora, conforme se desprende de decisorios con valor de cosa juzgada en sentido formal y material.
Ello así, corresponde revocar la determinación practicada, no procediendo expedirse sobre demás consideraciones realizadas en el recurso incoado. Con costas al Fisco Nacional por no existir mérito para su dispensa (arts. 68 y 69 del CPCCN).
La Dra. O'Donnell dijo:
Que adhiere a la decisión propiciada por la Vocal Instructora.
El Dr. Martín dijo:
I.Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la impugnación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2007 a 2013 (cierre de ejercicio diciembre de cada año), surgiendo saldo a ingresar en los períodos 2009, 2010, 2012 y 2013, con más sus intereses resarcitorios. Que en una primera lectura el planteo se refería a presentaciones originales que determinaban el gravamen sin contemplar el ajuste por inflación impositivo, inclusive habiéndose ingresado en algunos períodos fiscales los saldos de impuesto, cuestión que sí se hizo en las rectificativas. Ello lleva implícito que previo a la conformidad de presentaciones de declaraciones juradas rectificativas y la eventual repetición de las sumas ingresadas en exceso, resulte oportuno que el Organismo Recaudador, quien tiene esa responsabilidad, pueda recurrir en el marco de sus facultades a verificar la correcta declaración de los distintos ítems o rubros que componen las determinaciones, tales como ingresos, gastos, compras, créditos, deudas, etc.
Durante ese proceso el Fisco Nacional observó que uno de los rubros que componen el Activo se encontraba conformado por un Bien Intangible –Concesiones- con origen en el año 1994 que, considerado por la actora como amortizable, luce impactando en los resultados, tanto a nivel de su procedencia conceptual para la determinación de la renta como para el cálculo global del gravamen a fin de verificar la aplicabilidad de las normas que rodean al ajuste por inflación impositivo y contable La problemática se extendió a los períodos fiscales bajo análisis y a la órbita de la justicia, dando lugar a distintos pronunciamientos por parte de la Justicia Federal de Mendoza (exptes 4760/2013, 30.749/14 y 37.383/14) tanto en primera como en segunda instancia, como de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Varios de ellos se encuentran firmes y en calidad de cosa juzgada.
Está claro que en esta jurisdicción, no deben desconocerse los hechos que se encuentren debidamente probados en aquellas instancias, en tanto no se hallen en pugna con normas tributarias y en especial los propios pronunciamientos de la CSJN.
En síntesis, los temas en debate se limitan a la activación por parte de la empresa de un bien intangible, que para el Fisco Nacional no produjo salida de fondos y no tendría un costo de adquisición que al mismo tiempo pueda generar amortizaciones. El tratamiento de esta primera cuestión, que en esencia es autónomo, condiciona la segunda, esto es la procedencia o no del ajuste por inflación impositivo, ya que el cómputo o no de las amortizaciones de esos activos incide sobre los resultados impositivos, y a su vez en la fijación del umbral necesario para que pueda evaluarse una eventual confiscatoriedad.
II. El primer aspecto que corresponde abordar es la incorporación en el activo de la empresa en el renglón “concesiones” por la suma de $ 92.802.584,24. La misma proviene del proceso de conformación de Hidroeléctrica Diamante y el otorgamiento de la concesión para la generación de energía eléctrica vinculada con determinadas obras. En ese plano y dentro de los acuerdos firmados, que no se encuentran cuestionados en esta instancia, el Estado Nacional efectuó un aporte de capital de $ 55.554.237 y a su vez la empresa se hizo cargo de un pasivo de $ 37.662.134,59 (que tenía con Gas del Estado y con YPF).
El aporte de capital, como cualquier otro aporte de igual naturaleza, no implica un pago o desembolso, como está exigiendo la AFIP, sino que técnicamente implica la incorporación del bien (v.g. efectivo, bien de uso, bien de cambio) contra la cuenta capital. Si por ejemplo la incorporación fuera de un bien que se afectara a la actividad recibirá la calidad de amortizable y por ende generaría un cargo en los resultados del ejercicio, según su vida útil. A su vez en la posterior venta se computará el valor residual, en caso de existir. Ninguna duda que el monto que se asigne al aporte constituirá el costo contable e impositivo del bien. El efectivo “desembolso” no repercute en el costo de bien. Lo que sí incide en el costo de los activos es que el aporte en especie se ajuste efectivamente a los valores de los bienes que se incorporan a la empresa. El cuestionamiento fiscal podría haberse efectuado sobre el valor que se les asigne por no ajustarse a precios de mercado u otro parámetro objetivo. Ahora bien, en el presente caso el Fisco Nacional no cuestiona ni la existencia de los bienes que conforman el aporte ni el monto que se les atribuyó a cada uno, ni la vida útil, ni la cuota de amortización ni su calidad de intangible (al estar compuesto por Bienes de Uso). Allí la facultad de cuestionamiento sería total, sin embargo ello no está observado. El Fisco sólo se limita a decir que no tienen costo de adquisición. Frente a ello entiendo que el aporte de capital se tradujo en el costo de la concesión. Podría haberse avanzado en la composición de los ítems que componen ese aporte y haberse cuestionado si las cuotas de amortizaciones debían seguir la suerte de los años de la concesión o la de los propios bienes. Pero ello no está planteado en el caso, solo que no hubo desembolso. A mi entender dicho criterio no se ajusta a principios generales de contabilidad ni impositivos. Por lo que debe prevalecer, en el presente caso y con las pruebas rendidas, el criterio que el aporte de capital constituye el costo de adquisición de los bienes que lo integran.
Por otra parte conforma el monto activado dentro del rubro “Concesiones” una deuda que asumió Hidroeléctrica Diamante como parte del proceso de su otorgamiento y adjudicación. Nuevamente, el monto podría estar cuestionado en su propia determinación, pues el pasivo se va a cancelar en diferentes momentos que podrían provocar la duda si el valor actual es diferente al valor nominal asignado, pero no es aquí lo que está en discusión, sino que el Fisco Nacional cuestiona que tampoco se trata de un activo que sufrió desembolso y que no conforma el costo de adquisición de la Concesión. Aquí es más nítido aún, que el desembolso se efectuó pero en un momento posterior. Considero que la aceptación de ese pasivo forma parte del “precio” pagado para disponer del derecho de concesión que le otorga el ejercicio de una actividad empresarial.
Por lo expuesto en los párrafos anteriores entiendo que con el alcance otorgado a los cargos efectuados que la activación de los conceptos citados en el rubro “concesiones” no merece objeciones, en tanto dan derecho al cómputo de las amortizaciones correspondientes.
III. Sobre esta base se debe evaluar el segundo aspecto controvertido como es la procedencia del ajuste por inflación en la determinación del Impuesto a las Ganancias, en tanto se verifique una confiscatoriedad sobre el patrimonio de la empresa.
Resultando deducibles los cargos –vía amortización- por una concesión que cuenta con vencimiento o vida útil, e incluyéndose en los resultados de los diferentes ejercicios que aquí se cuestionan, corresponde analizar en el marco del Fallo CSJN Candy 03-06-2009 emanado de nuestra máxima autoridad judicial, si de los ratios obtenidos y/o ratificados en las distintas etapas probatorias en sede judicial, se observan que los desvíos que surgen en la carga fiscal como resultado de la comparación del impuesto determinado con y sin admisión del ajuste por inflación, dan lugar a que se vulnere el principio de no confiscatoriedad.
Tal como he manifestado en POLIRESINAS SAN LUIS – TFN Sala D -25-02-2022- , fallo al cual me remito en mérito a la brevedad y cuyas conclusiones doy por reproducidas, la confiscatoriedad no se produce con simples desvíos sobre la alícuota nominal, habiendo fijado el máximo Tribunal un umbral-rector en el caso Candy S.A, deben analizarse los resultados con carácter previo a su aplicación, sin perjuicio que uno de los indicios para merituar la importancia del desvío es la comparación con los resultados impositivos teniendo en cuenta las normas del Ajuste por Inflación Impositivo.
Sobre esta última base se verificó en las presentes actuaciones que en los periodos fiscales 2007, 2008 y 2010 la incidencia del gravamen determinado ascendía al 46,46%, 46,77% y 45,69%, respectivamente, del resultado 1 impositivo ajustado por inflación, así como del 56,25% en el año 2010, no obrando en las actuaciones el ratio de cuánto hubiera representado el gravamen sobre las utilidades del ejercicio, a las que hace referencia la Corte en el fallo citado. (62% sobre resultado impositivo ajustado o 55% sobre las ganancias del ejercicio, también ajustadas. Solo para ese supuesto Distinto sería en principio el caso de los períodos fiscales 2011, 2012 y 2013, en los cuales el impacto del impuesto calculado sin el ajuste, respecto de la ganancia del ejercicio ajustada ascendería a ratios del 294,60%, 224,59% y 488,51%. Sin embargo sorpresivamente con los datos disponibles se verifica que en los dos primeros casos se reducen al 51,35% y 48%, respectivamente, si el cálculo se efectúa sobre los resultados contables ajustados. Como he manifestado en el precedente citado, a mi entender la confiscatoriedad tal como señaló nuestro máximo Tribunal (Considerandos 8 y 9 – Caso Candy S.A.) no queda demostrada con la simple comparación de determinaciones aplicando el ajuste en un caso y prescindiendo de él en otro. Múltiples razones podrían incidir en esta comparación. Sin embargo, en la presente causa con excepción del reconocimiento de las “concesiones” no se han ventilado aspectos que puedan estar afectando el principio de no confiscatoriedad. Tampoco advierto una exacción patrimonial.
Por ende confirmo la determinación efectuada por el contribuyente para el ejercicio 2013, ratificando el criterio fiscal de no aplicar el Ajuste por Inflación en los períodos 2007-2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, sin perjuicio que corresponde su reliquidación sobre la base del reconocimiento de la concesión y de su impacto en los resultados históricos.
1 Ese porcentaje se reduce al 42,88% si se lo calcula sobre la utilidad contable ajustada. Dicho indicador queda muy lejos el umbral fijado por la Corte equivalente al 55%.
Del resultado de la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Revocar la determinación practicada, con costas.
2. Regular los honorarios del Dr. Miguel Alejandro Máximo Tesón en su doble carácter de apoderado y copatrocinante de la recurrente en la suma de $1.805.330 (pesos un millón ochocientos cinco mil trescientos treinta) los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada correspondiente a la primer etapa, siendo aplicable al efecto lo dispuesto por los artículos 9, 7, 19, 37, 38 y concordantes de la ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24432.
3. Regular los honorarios de la Dra. María Celina Valls en su carácter de copatrocinante de la recurrente en la suma de $1.002.956 (pesos un millón dos mil novecientos cincuenta y seis) los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada correspondiente a la primer etapa, siendo aplicable al efecto lo dispuesto por los artículos 9, 7, 19, 37, 38 y concordantes de la ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24432.
4. Regular los honorarios del Dr. Miguel Alejandro Máximo Tesón en su carácter de coapoderado de la recurrente en la suma de $754.946 (pesos setecientos cincuenta y cuatro mil novecientos cuarenta y seis) equivalente a 77,09 (setenta y siete con 09/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el copatrocinio letrado, la suma de $2.516.488 (pesos dos millones quinientos dieciséis mil cuatrocientos ochenta y ocho) equivalente a 241,96 (doscientos cuarenta y un mil con 96/100) UMA, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la segunda y tercer etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por Ley 27.423, Acordada N°25/2022 (08/09/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
5. Regular los honorarios de la Dra. María Celina Valls en su carácter de copatrocinante de la recurrente en la suma de $2.516.488 (pesos dos millones quinientos dieciséis mil cuatrocientos ochenta y ocho) equivalente a 241,96 (doscientos cuarenta y un mil con 96/100) UMA, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la segunda y tercer etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por Ley 27.423, Acordada N°25/2022 (08/09/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
6. Regular los honorarios del Dr. Guillermo Andrés Lalanne en su carácter de coapoderado de la recurrente en la suma de $2.264.839 (pesos dos millones doscientos sesenta y cuatro mil ochocientos treinta y nueve) equivalente a 217,77 (doscientos diecisiete con 77/100) UMA y por el copatrocinio letrado, la suma de $2.516.488 (pesos dos millones quinientos dieciséis mil cuatrocientos ochenta y ocho) equivalente a , ( con /100) UMA, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la segunda y tercer etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por Ley 27.423, Acordada N°25/2022 (08/09/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
7. Se deja constancia que las sumas reguladas en los puntos precedentes no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos al Fisco Nacional y archívese.
Date: 2023.02.13 11:20:58 -03:00 Date: 2023.02.13 16:39:04 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.02.14 10:33:47 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.02.14 10:33:48 -03:00
Fin de la sentencia