Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución N° 2660/08, dictada en el expediente SIGEA 12034-758-2005 (Expte. Nº 606.497/02), en cuanto intima a la actora al pago de tributos que ascienden a la suma de pesos ciento cinco mil novecientos veintinueve con cuarenta centavos ($105.929,40) con más el CER, con más los intereses del art. 794 del CA que deben computarse a partir del 07/04/2008 hasta la fecha de efectivo pago.
2Revocar parcialmente la Resolución N° 2660/08, dictada en el expediente SIGEA 12034-758-2005 (Expte. Nº 606.497/02), en cuanto se exige el pago del derecho adicional y las percepciones de IVA Adicional y de Ganancias.
3Costas conforme los respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-110560959-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 19 de Septiembre de 2023 DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación” - Sentencia.
Reunidos los Sres. Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Claudia B. Sarquis (titular de la Vocalía 20° Nominación), Horacio J. Segura, (titular de la Vocalía 21º Nominación), y Miguel N. Licht (titular de la Vocalía 19° Nominación), a fin de resolver en los autos “LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, Expediente Nº 24.853-A.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 12/16 se presenta la firma “LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.”, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2660/08, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el expediente SIGEA 12034-758-2005 (Expte. Nº 606.497/02), por la que se le formula cargo por la suma de $338.414,14.- en concepto de tributos con más el CER y los intereses establecidos por el art. 794 del C.A, en su carácter de garante de la importadora “ARMADAJA S.A.” a la que se le imputa la comisión de la infracción tipificada por el art. 970 del C.A., con relación a las Destinaciones Nros. 00001IT14005357G, 00001IT14005831W, 01001IT14001679G, 01001IT14002155T, y 01001IT14002156U. Sostiene que se ha vulnerado lo dispuesto por los arts. 1107 a 1111 del C.A. en cuanto no se consideraron sus defensas al contestar la vista en las actuaciones administrativas. Denuncia la existencia de concurso preventivo de la tomadora. Expresa que la realidad contractual demuestra que aseguró mediante las Pólizas Nº 704524, 704519, 705608, 705740 y 705731 -en vigencia de la ley de convertibilidad- hasta la suma de $118.500. Agrega que las pólizas fueron emitidas entre el 27/09/2000 y el 27/03/2001 por lo que se encuentran comprendidas en el sistema denominado de “pesificación”. Alude al alcance de los rubros asegurados y señala que quedan al margen otros impuestos internos (IVA, IVA Adicional, Ganancias) que, si bien se pueden devengar como consecuencia del ingreso a consumo de la mercadería no se encuentran alcanzados por el régimen de garantías. Plantea la improcedencia del C.E.R. al caso de autos. Refiere a que, dada la naturaleza del seguro de caución, la vigencia del contrato se determina con la efectiva tenencia y exhibición de los originales de las pólizas emitidas. Ofrece prueba. Formula reserva de plantear el caso federal, y solicita que oportunamente se dicte sentencia que haga lugar a los agravios introducidos, modificando el fallo aduanero, con costas.
II. Que a fs. 28/38 la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Formula negativa genérica. Efectúa una reseña de las actuaciones y de los agravios vertidos por la recurrente. Expresa que por las características de la figura infraccional en trato la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora (o su responsable solidaria). Señala que en el caso la obligación tributaria se rige por la legislación aduanera que es la norma específica que prevalece. Explica que el estado falencial del importador no cambia la situación contractual por la que la aduana reclama su crédito contra la aseguradora-actora. Destaca que la finalidad del seguro de caución es, además, la ejecutabilidad inmediata de la garantía ante el incumplimiento del tomador. Menciona las principales características del contrato de caución. Recalca que la aseguradora debe responder con los mismos alcances y en igual medida que la obligación tributaria del tomador del seguro. En relación con el CER señala que en virtud del criterio de este Tribunal, así como de la Excma. Cámara, la deuda pactada en dólares estadounidenses debe ser pesificada con la aplicación del CER. Cita jurisprudencia en apoyo de sus dichos. Indica respecto de las percepciones de IVA y del impuesto a las ganancias que el fisco lejos de definir los alcances de hecho de la obligación tributaria, se limitó a aplicar la normativa vigente como consecuencia del incumplimiento por parte de la recurrente de una obligación legal. Plantea el caso federal. Solicita que se confirme el decisorio aduanero, con costas.
III. Que a fs. 39 se abre la causa a prueba, la que se produce a fs. 44/58. A fs. 89 se cierra el periodo probatorio, a fs. 93 se elevan los autos a la Sala G, a fs. 94 se ponen los autos para alegar, agregándose a fs. 98/101 y fs. 102/105 el alegato presentado por la actora; el Fisco no hizo uso del derecho conferido. A fs. 107 se pasan los autos a sentencia.
IV. Que la Actuación Nº 12034-758-2005 (Expte. Nº 606.497/02) se inicia con el acta de denuncia por la presunta infracción tipificada en el art. 970 del C.A. “respecto de las destinaciones 00 001IT14 5357 C, 5551 V, 5831 W, 01 001 IT14 1679 G, 2155 T, 2156 U”. A fs. 72/77 se agregan las liquidaciones de multa y tributos por cada DIT. A fs. 87 luce presentación de la síndica en el concurso preventivo de la importadora “ARMADAJA S.A.C.I.y F.”. A fs. 90 obra los sobres contenedores de la D.I.T. Nº 00 001 IT14 005357 C, a fs. 91 la DIT Nº 00 001 IT14 005551 V, a fs. 92 la DIT Nº 00 001 IT14 05831 W, a fs. 93 la DIT Nº 00 001 IT14 001679 G, a fs. 94 la DIT Nº 01 001 IT14 002155 T, y a fs. 95 la DIT Nº 01 001 IT14 002156 U.
A fs. 100/101 luce presentación de la importadora a la que adjunta un listado de Permisos de Embarque que “a partir de Julio del año 2000 descargaron los insumos importados…”. A fs. 133/136 obra el Informe Nº 1702/02 (DV CODE). A fs. 139, el 15/05/2003, se dispone la instrucción del sumario del art. 1090 inc. c) del C.A. A fs. 143/145 ref., fs. 148/150 ref., fs. 153/155 ref. obran presentaciones de la importadora del 16/04/2003 por las que solicita a la DGA la liquidación de los importes correspondientes a gravámenes y multa de las mermas detalladas en la cancelación de las DIT Nros. 00 001 IT14 005551 V, 00 001 IT14 005357 C y 00 001 IT14 05831 W (respectivamente), a efectos de “regularizar la situación de la temporal dado que en el mes de febrero la Secretaría de Industria aprobó los certificados de tipificación definitivos”.
A fs. 160/162 ref. la Sección Procedimientos Técnicos efectúa nueva descarga de los DIT involucrados en autos. A fs. 164/165 ref. luce la Nota Nº 777/08 (SE PRTE) mediante la cual se informa la mercadería en infracción. A fs. 172/177 ref. con fecha 13/03/2008 se efectúan nuevas liquidaciones de multa y tributos. A fs. 178/182 ref. obran impresiones de pantalla de “Consulta de una Garantía Global o Unitaria”. A fs. 187 ref., 14/03/2008, se corre vista a la importadora y a la aseguradora –notificadas el 17/03/2008 según constancias de fs. 188 ref. y fs. 189 ref.-. A fs. 194 ref. se informa que la mercadería clasificable por la Posición Arancelaria 6002.43.00 es de importación permitida al momento imponible.
A fs. 197/200 ref. la aseguradora presenta su descargo. A fs. 203 ref. la aseguradora denuncia error material al consignar el número de SIGEA en sus presentaciones anteriores, el correcto es SIGEA Nº 12041-157-2005. A fs. 204 ref. se declara la rebeldía de la firma “ARMADAJA S.A.” en los términos del artículo 1.105 del Código Aduanero. A fs. 205 ref. se ordena agregar por cuerda a la presente actuación el SIGEA Nº 12041-157-2005. A fs. 206 ref. se glosa impresión de pantalla del Registro General de Infractores. A fs. 207/209 se dicta la Resolución DE PRLA Nº 2660/08 -apelada en autos-. Por cuerda obran agregados sobres y copias de permisos de embarque. Que la Actuación Nº 12041-157-2005 se inicia con el acta de denuncia por la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. para la destinación Nº 01 001 IT 14 001679 G.
A fs. 6 por Nota Nº 8885/04 (SE PRTE) se informa que la denuncia se formula por la totalidad de la mercadería importada temporalmente. A fs. 7 se dispone la instrucción del sumario del art. 1090 inc. c) del C.A., y se ordena a la División Registro de Importación agregar original o copia certificada del DIT SIM Nº 01 001 IT 14 001679 G. A fs. 9 se informan las alícuotas aplicables a la referida mercadería en presunta infracción. A fs. 11 se determinan multa y tributos. A fs. 12/13 obra impresión de pantalla de “Consulta de una Garantía Global o Unitaria”. fs. 16/17 se glosa Consulta de Juicios Universales I.G. Nº 5-2001 (DI CJUD). A fs. 18/vta, el 27/10/2006, se corre vista a la importadora y a la aseguradora - notificadas el 03/11/2006 según constancias de fs. 21 y fs. 24-.
A fs. 27/32 presenta su descargo la aseguradora. A fs. 42 se acumulan las actuaciones al expediente Nº 12034-758-2005.
Que la Actuación Nº 12041-1020-2005 se inicia con el Acta de Denuncia Nº 1065/04 formulada contra el importador “ARMADAJA S.A.C.I.I. y F.” por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. en relación con la totalidad de la mercadería documentada por la destinación Nº 01001IT14002155T (v. fs. 1 y fs. 6). A fs. 7, el 01/08/2005, se dispone la instrucción del sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del C.A. A fs. 9 se informa la clasificación arancelaria y la valoración de la mercadería, aclarándose que “al no adjuntarse la documentación original de la Destinación en cuestión, no se establece si la mercadería declarada es permitida o no en los términos del artículo Nº 10 de la Resolución Nº 381/96 (….). A fs. 11 informan que la destinación Nº 01001IT14002155T no pudo ser localizada en el área. A fs. 13 se ratifica el informe de fs. 9 e informa que “conforme Nota Nº 2189/00 (DE TEIM) el certificado de origen solicitado en los términos de la Resolución Nº 763/96 MEYOYSP, es un ´requisito exigible a la importación a consumo no una prohibición´”. A fs. 14 se determinan multa y tributos. A fs. 15 obra impresión de pantalla de “Consulta de una Garantía Global o Unitaria”. A fs. 17/vta., el 02/02/2010, se corre vista a la importadora y a la aseguradora. A fs. 19/20 contesta vista la aseguradora, y adjunta copia de la Resolución DE PRLA Nº 2660/08 -fs. 24/26- y del escrito mediante el cual comunicó la interposición del presente recurso de apelación -fs. 27/28-. A fs. 35/36 se dicta la Resolución DE PRLA Nº 2072 del 09/04/2010 que resuelve archivar las presentes actuaciones.
Que la Actuación Nº 12041-145-2005 se inicia con el Acta de Denuncia Nº 1071/04 formulada contra el importador “ARMADAJA S.A.C.I.I. y F.” por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. en relación con la totalidad de la mercadería documentada por la destinación Nº 01001IT14005551V (v. fs. 1 y fs. 6). A fs. 8/9 se glosa Consulta de Juicios Universales I.G. Nº 5-2001 (DI CJUD). A fs. 10, el 13/07/2005, se dispone la instrucción del sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del C.A. A fs. 13 informan que la destinación Nº 01001IT14005551V no pudo ser localizada en el área. A fs. 23/25 se agrega copia de la Resolución DE PRLA Nº 2660/08 y a fs. 26/27 se dicta la Resolución DE PRLA Nº 8055 del 25/11/2009 que resuelve archivar las presentes actuaciones en los términos del 897 del C.A. y acumularlas por cuerda al 12034- 758-2005. Por cuerda corre agregada la Actuación Nº 12197-3983-2006 correspondiente a una presentación efectuada por la firma “ARMADAJA S.A.C.I.y F.” solicita la cancelación de la DIT01001IT14005551V y adjunta detalle. Asimismo, se compromete a presentar los CTC definitivos.
Que la Actuación Nº 12041-139-2005 se inicia con el Acta de Denuncia Nº 1070/04 formulada contra el importador “ARMADAJA S.A.C.I.I. y F.” por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. en relación con la totalidad de la mercadería documentada por la destinación Nº 01001IT14005831W (v. fs. 1 y fs. 6). A fs. 8/9 se glosa Consulta de Juicios Universales I.G. Nº 5-2001 (DI CJUD). A fs. 10, el 13/07/2005, se dispone la instrucción del sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del C.A. A fs. 12/13 ref. se glosa la Actuación 12197-4324-2006 correspondiente a una presentación efectuada por la firma “ARMADAJA S.A.C.I.y F.” por la que solicita la cancelación de la DIT01001IT14005831W y adjunta detalle. Asimismo, se compromete a presentar los CTC definitivos. A fs. 22 ref. obra impresión de pantalla de Consulta de una Garantía Global o Unitaria. A fs. 27/29 se agrega copia de la Resolución DE PRLA Nº 2660/08 y a fs. 26/27 se dicta la Resolución DE PRLA Nº 8054 del 25/11/2009 que resuelve archivar las presentes actuaciones en los términos del 897 del C.A. y acumularlas por cuerda al 12034-758-2005.
Que la Actuación Nº 12041-142-2005 se inicia con el Acta de Denuncia Nº 1072/04 formulada contra el importador “ARMADAJA S.A.C.I.I. y F.” por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. en relación con la totalidad de la mercadería documentada por la destinación Nº 01001IT14005357C (v. fs. 1 y fs. 6). A fs. 8/9 se glosa Consulta de Juicios Universales I.G. Nº 5-2001 (DI CJUD). A fs. 10, el 13/07/2005, se dispone la instrucción del sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del C.A. A fs. 12/13 ref. se glosa la Actuación 12197-4849-2006 correspondiente a una presentación efectuada por la firma “ARMADAJA S.A.C.I.y F.” por la que solicita la cancelación de la DIT01001IT14005357C y adjunta detalle. Asimismo, se compromete a presentar los CTC definitivos. A fs. 17 informan que la destinación Nº 01001IT14005357C no pudo ser localizada en el área. A fs. 22 ref. obra impresión de pantalla de Consulta de una Garantía Global o Unitaria. A fs. 28/30 se agrega copia de la Resolución DE PRLA Nº 2660/08 y a fs. 31/32 se dicta la Resolución DE PRLA Nº 8054 del 25/11/2009 que resuelve archivar las presentes actuaciones en los términos del 897 del C.A. y acumularlas por cuerda al 12034-758-2005.
Que la Actuación Nº 12041-1022-2005 se inicia con el Acta de Denuncia Nº 1064/04 formulada contra el importador “ARMADAJA S.A.C.I.I. y F.” por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. en relación con la totalidad de la mercadería documentada por la destinación Nº 01001IT14002156U (v. fs. 1 y fs. 6). A fs. 7, el 01/08/2005, se dispone la instrucción de sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del C.A. A fs. 4/5 se informa la clasificación arancelaria y la valoración de la mercadería, aclarándose que “al no adjuntarse la documentación original de la Destinación en cuestión, no se establece si la mercadería declarada es permitida o no en los términos del artículo Nº 10 de la Resolución Nº 381/96 (….). A fs. 11 en fecha 02/09/2009 la División Secretaría de Actuación Nº 2 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros informa que luego de una exhaustiva búsqueda de la Destinación Nº 01001IT14002156U “no pudo ser localizada en el área” e informa que se sigue en la búsqueda de la carpeta. A fs. 12 se ordena nueva remisión de la actuación a la División Verificación Sección Ramo “C” a fin de que informe si la mercadería declarada en la destinación aduanera resultaba de importación permitida por el régimen general al momento de la comisión del hecho. A fs. 13 la División Verificación ratifica el informe de fs. 9. A fs. 14 se liquidan tributos y multa. A fs. 15/vta. se glosan impresiones de pantalla de Afectación de garantías y Consulta de una Garantía Global o Unitaria. A fs. 17/vta. se corre vista de lo actuado en el sumario a la importadora y se cita a la firma “LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.” en su carácter de garante de la obligación tributaria –póliza de seguro de caución N° 705.731-, notificado a la aseguradora el 08/02/2010 (fs. 18/vta.), no habiéndose podido notificar a la importadora según constancias de fs. 29/31vta. A fs. 19/20vta. la aseguradora presenta su descargo y opone excepción de cosa juzgada. A fs. 24/26 se agrega copia de la Resolución DE PRLA Nº 2660/08 dictada en el expediente SIGEA 12034-758-2005 (certificada a fs. 33). A fs. 35/36 se dicta la Resolución DE PRLA Nº 2061 del 09/04/2010 que resuelve archivar las presentes actuaciones en los términos del 897 del C.A. y acumularlas por cuerda al 12034-758-2005.
V. Que, en primer término, corresponde analizar el planteo de la recurrente por el que cuestiona que la aduana le exija el pago de tributos sin haber previamente verificado su crédito en el concurso de la importadora “ARMADAJA S.A.C.I.y F.”.
Que debe señalarse que el concurso o quiebra del importador no condiciona la responsabilidad del asegurador al cumplimiento por parte de la Aduana de una eventual presentación o verificación de su crédito en el concurso o quiebra del importador asegurado, ni sujeta el cobro del tributo a la realización de gestión alguna previa por la Aduana ante el Juez del concurso, sino que la finalidad es más bien, en sentido inverso al pretendido por la actora, la de asegurar a la Aduana, ante la falta de ingreso de los tributos por el importador, la posibilidad de cobro de los mismos, ante cualquier eventualidad, incluida la quiebra o concurso del importador.
Que puede afirmarse que no existe norma legal alguna, que imponga al acreedor (en el caso la Dirección General de Aduanas), la obligación de verificar su crédito en el concurso o quiebra del importador, como requisito previo a reclamar su crédito de la firma Aseguradora.
En otras palabras, una buena razón, que pudo tener en cuenta el legislador, para exigir una garantía y así tener un garante solvente, con el objeto de cobrar la deuda garantizada, es cubrir la posibilidad -que en el caso de autos se dio- de que el deudor principal sea insolvente y/o quiebre o se concurse preventivamente.
En suma, dada la responsabilidad de la actora aseguradora, desde el punto de vista de su responsabilidad frente a la aduana como garante de la obligación tributaria de la importadora, y también desde el punto de vista de la producción del siniestro dados el carácter de aseguradora de aquélla y el riesgo asegurado, tal responsabilidad es tal sin que ninguna relevancia pueda tener, ni ningún obstáculo pueda constituir, para efectivizar la aduana el cobro de los tributos a la actora, el concurso o quiebra de la firma importadora.
Por lo demás, de cualquier modo, todos los procedimientos contenciosos aduaneros (de obvio contenido patrimonial, específicamente en cuanto en ellos está en juego la aplicación de multas y/o la exigencia de tributos) y con su eventual secuela recursiva, quedan excluidos de la suspensión de su trámite y del fuero de atracción del concurso (preventivo o quiebra), dispositivos establecidos por la Ley 24.522, aunque en dicha ley -en la que taxativamente se indican los juicios excluidos al respecto- no se excluyen expresamente aquéllos. La aludida exclusión obedece a un lógico y natural sentido de especialidad y practicidad, en orden a la forzosamente preliminar determinación tributaria -o de su improcedencia-, función del organismo recaudador y en su caso de la pertinente vía recursiva, y a la razonable necesidad de que el proceso penal concluya hasta sus últimas posibilidades de juzgamiento, criterio éste que fue establecido jurisprudencialmente.
En efecto, ya la C.S.J.N. había expresado (en vigencia de la Ley 19.551), por sentencia del 9/4/1987 en autos “COSIMATI, Gregorio G. s/Conc. merc. preventivo”, que el art. 22 de dicha Ley 19.551 (que establecía la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado) es inaplicable “... toda vez que la misma -la aludida suspensión- debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procedimientos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al órgano competente la determinación de las obligaciones tributarias y/o aplicación de sanciones, por hechos imponibles y punibles anteriores a la fecha de iniciación del concurso”. En el mismo sentido se ha expedido nuevamente la C.S.J.N. en la causa “SUPERCANAL S.A.”, sent. del 2/6/2003, en la que se resolvió que, habiendo el contribuyente recurrido al Tribunal Fiscal de la Nación, “... no opera el fuero de atracción, operando éste recién una vez dictada sentencia por dicho Tribunal, oportunidad en que -recién- se produce el desplazamiento de la competencia original o exclusiva, otorgada a determinados tribunales por otras normas legislativas”.
Finalmente, con posterioridad, la C.S.J.N. se ha pronunciado en la causa “GAUCHAT, Enrique”, sent. del 4/7/2003, yendo aun más adelante en la vía recursiva y precisamente contemplando los supuestos -esta vez- en que la sentencia del Tribunal Fiscal fuese apelada, haciendo suyos al respecto los fundamentos del Procurador General en el sentido de que “... el fuero de atracción sólo podría operar después de la intervención del Tribunal de Alzada, y en el supuesto de que éste confirmara la sentencia ya dictada, se habilitaría el fuero de atracción y correspondería remitir el juicio al tribunal del concurso. Consecuentemente ... hasta el dictado de la sentencia definitiva del tribunal de revisión, la causa deberá continuar en dicho ámbito; es decir que corresponde el tratamiento del recurso pendiente, por la Sala IV de la C.N.A.C.A.F. y, en su caso, de confirmarse el fallo del Tribunal Fiscal, deberá remitirse la causa para su ulterior trámite, al juzgado del concurso”.
VI. Que teniendo en consideración lo anterior, corresponde resolver si la Resolución N° 2660/08 se ajusta a derecho.
Que la firma “ARMADAJA S.A.C.I.y F.” documentó mediante los DIT Nros. 00001IT14005357G, 00001IT14005831W, 01001IT14001679G, 01001IT14002155T, y 01001IT14002156U, registrados ante la Aduana de Buenos Aires en fechas 03/10/2000, 25/10/2000, 29/03/2001, 24/04/2001, y 24/04/2001 la importación temporaria de mercadería, al amparo del régimen del Decreto 1439/96 (Res. 72/92 y 127/92), con vencimiento del plazo de permanencia 29/09/2001, 22/10/2001, 25/03/2002, 20/04/2002, y 20/04/2002, respectivamente, dando garantía por los tributos (liquidados en los aludidos DIT) que en el momento del referido registro habrían gravado la importación para consumo de la mercadería, garantías extendidas mediante las pólizas de seguro de caución Nros. 704524, 705608, 704719, 705740, y 705731 emitidas por la firma “LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.” por la suma de U$S46.000, U$S5.500, U$S14.900, U$S29.400 y U$S22.700, respectivamente (ver las copias certificadas de las pólizas en cuestión acompañadas en la contestación de oficio de fs. 44/58 de autos).
Que ocurrido el vencimiento del referido plazo de permanencia se dispuso instruir sumario por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del CA, condenándose a la firma importadora - mediante la resolución aduanera apelada en autos al pago de una multa y, asimismo, por el mismo hecho se condenó a la importadora y a la aseguradora recurrente al pago de los tributos por la importación para consumo de la mercadería de dichos DIT.
Que para así resolver, el servicio aduanero consideró que -de conformidad con la denuncia de fs. 1 de las act. adm. y, las descargas efectuadas a fs. 160/162 ref. y fs. 164/165 ref. de las act. adm.- se encontraba en infracción parte de la mercadería ingresada temporalmente a través de los DIT en cuestión, en razón de que la importadora no acreditó haber cumplido con las obligaciones a su cargo, ya sea reexportando o nacionalizando la totalidad de la mercadería involucrada en autos. A fs. 197/200 ref. de act. adm. la aseguradora formuló su descargo y a fs. 204 ref. se declara la rebeldía de la firma “ARMADAJA S.A.”, no surgiendo del trámite del expediente administrativo la cancelación total de los DIT en trato.
VII. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería, sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivasrecae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo, CTC etc.) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrara en forma temporal ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que la referida carga de la prueba de los beneficiarios del régimen se manifiesta en la obligación de solicitar la cancelación de las importaciones temporales, dando a conocer mediante una declaración adecuada los permisos de embarque por los que la mercadería ha sido reexportada, y/o las destinaciones de importación por las cuales se hubiera nacionalizado -total o parcialmente- la mercadería importada temporalmente, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
Que en el caso de autos, la actora no ofreció prueba en esta instancia a fin de acreditar la reexportación o regularización de la totalidad de la mercadería amparada por los citados DIT. Consecuentemente, se han producido los efectos tributarios e infraccionales legalmente previstos al respecto (arts. 274 y 970 del C.A.), correspondiendo por ende confirmar la resolución apelada, en cuanto exige los tributos adeudados respecto de la mercadería documentada en los D.I.T. de autos.
Que es reiterada y pacífica la jurisprudencia de los tribunales, en el sentido de que la carga de la prueba en relación al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la importación temporal se encuentra a cargo del importador, o de su garante en su caso.
VIII. Que las pólizas en virtud de las cuales la Aduana funda su exigencia a la firma aseguradora son las Nros. 704524, 705608, 704719, 705740, y 705731 (ver al respecto las copias certificadas de las pólizas obrantes a fs. 44/58 de autos) extendidas por “LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.” a favor de la Aduana, respecto de la obligación tributaria que hubiera podido resultar de la importación temporaria realizada por la firma “ARMADAJA S.A.C.I.I. y F.” mediante los DIT involucrados.
Que tratándose la cuestión debatida en la especie de la intervención de una compañía aseguradora mediante la extensión de un seguro de caución a favor del servicio aduanero, no estando regulada en particular la relación entre dicho servicio y la aseguradora en la legislación del seguro, pero dándose la referida caución como una garantía en los términos de los artículos 453 inc. c) y 455 inc. d) del Código Aduanero, y no regulándose tampoco, en dicho Código, la situación de ese garante frente al servicio aduanero eventual acreedor, corresponde considerar a la mentada aseguradora como un fiador (garante) y a sus relaciones y/o derechos y deberes frente al acreedor (asegurado) en el contexto de la regulación del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994, de necesaria aplicación supletoria. En ese orden de ideas, el fiador (en este caso la actora aseguradora) puede oponer al acreedor (el servicio aduanero), todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (importador), y puede intervenir en la contienda entre el acreedor y dicho deudor.
Que, así las cosas, lo que se pretende al citar al deudor solidario en el procedimiento en el que se debate la responsabilidad del deudor principal, es poner en su conocimiento las razones por las que se exige su cumplimiento de la obligación garantizada, el monto líquido de la suma cuyo pago se le reclama, el plazo de que dispone para cancelarla, etc., lo cual garantiza el ejercicio de sus derechos a ocurrir ante un organismo jurisdiccional y ejercer sus defensas, ofreciéndole la oportunidad de ser oído, antes de recaer una resolución en la que se encuentre involucrado. Al respecto no debe olvidarse que, como ya se señalara, el fiador puede oponer al acreedor, todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (conforme art. 1587 del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994).
Que según surge del art. 462 del Código Aduanero y de las condiciones generales de las pólizas el requerimiento de pago contra el asegurador sólo depende de la formulación del cargo al deudor principal, en cuyo procedimiento se le ha dado intervención al asegurador para garantizar su derecho de defensa. No existe beneficio de excusión alguno para el Asegurador.
Que resulta claro que la D.G.A. no se encuentra obligada a esperar que la resolución que formula el cargo se encuentre firme contra el importador para proceder luego a formular reclamo al asegurador. De acuerdo al art. 3° de las condiciones generales de las pólizas (condiciones generales comunes a todas las pólizas emitidas a favor de la Aduana por este tipo de garantía), basta para formular el reclamo al garante el mero hecho que el cargo se hubiera formulado, resultando la posibilidad de que la resolución contra el tomador se encuentre firme, una mera alternativa a opción del acreedor.
Que, por lo demás, el reclamo al asegurador al momento de la formulación del cargo, en el caso al momento de correr vista del sumario, le permite intervenir en su tramitación y ejercer debidamente su derecho de defensa.
IX. Que sentado lo que antecede, corresponde analizar la determinación de la deuda tributaria reclamada a la actora.
Que si bien la recurrente no expresa agravios respecto de la exigencia del derecho adicional que se le intima, y sin perjuicio de que considero que en el caso no se acreditó el cumplimiento del régimen atento que -como se expuso- la mercadería no fue reexportada en su totalidad, y por ello debería exigirse su pago (ya que quedó importada para consumo en forma irregular), no corresponde su incorporación en la liquidación tributaria. Que, en efecto, de conformidad con la doctrina de este Tribunal recaída en la causa “Kursaal S.A.”, sent. del 23/11/1995, en razón de que es doctrina de la CSJN que los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a las conclusiones de la Corte, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (art. 100 CN y art. 14 de la ley 48) por razones de economía procesal y seguridad jurídica, en los términos de lo dispuesto en el 1143 del C.A., corresponde estar a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Codorniu Argentina S.A. c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” (CAF 30796/2016/CA1-CS1) del 26/12/2017.
Que, en ese orden de ideas, por aplicación de la doctrina sentada por el más Alto Tribunal, cabe concluir que en la especie no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96. Ello, conforme lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Frisher S.R.L. (TF 16.236-A) c/ ANA” en la cual remitió a la doctrina sentada en la causa “IEF Latinoamericana S.A. (TF 16.912-A) c/ DGA”, donde sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Al respecto sostuvo que “...no puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de la sanción prevista por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye -en principio- una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (...) un recargo adicional como el discutido en el sub examine” (página 6, considerando 9, párrafo tercero).
Que, en conclusión, en el caso de autos no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. Ello así, en razón de que aquí se trata de una importación a consumo irregular proveniente de una operación de importación temporaria –“nacionalización ficta”-, penada mediante la infracción prevista del art. 970 del C.A.
Que por lo expuesto, corresponde revocar el derecho adicional que se exige en la causa.
X. Que, asimismo, en relación con las percepciones de IVA adicional y Ganancias que se reclaman en autos, cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA SA c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sent. del 26/11/2019, se expidió, señalando que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
“Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
En el citado precedente se concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Que en tal inteligencia, la DGA carece de facultades para el cobro de los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XI. Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde liquidar los tributos exigibles en relación a la mercadería de los despachos de importación temporal no regularizada, teniendo en consideración la liquidación practicada por el servicio aduanero (ver fs. 172/176 ref. de las act. adm.):
Liquidación de Tributos - DIT 00 001 IT14 005357 C (fs. 172 ref. de act. adm.):
Valor en Aduana: $12.366,54 Derechos de importación 15%: $1.854,98 Estadística 0,5%: $ 61,83 Base IVA: $14.283,35 IVA 21%: $2.999,50 Total tributos adeudados: $4.916,31 Liquidación de Tributos – DIT 00 001 IT14 005831 W (fs. 173 ref. de act. adm.):
Valor en Aduana: $784,25 Base IVA: $784,25 IVA 21%: $164,69 Total tributos adeudados: $164,69 Liquidación de Tributos – DIT 00 001 IT14 001679 G (fs. 174 ref. de act. adm.):
Valor en Aduana: $54.540 Derechos de importación 16,5%: $8.999,10 Estadística 0,5%: $272,70 Base IVA $63.811,80 IVA 21% $13.400,48 Total tributos adeudados: $86.484,08 Liquidación de Tributos - DIT 00 001 IT14 002155 T (fs. 175 ref. de act. adm.):
Valor en Aduana: $38.622,54 Base IVA $38.622,54 IVA 21% $8.110,73 Total tributos adeudados: $8.110,73 Liquidación de Tributos - DIT 00 001 IT14 002156 U (fs. 176 ref. de act. adm.):
Valor en Aduana: $29.778,98 Base IVA $29.778,98 IVA 21% $6.253,59 Total tributos adeudados: $6.253,59 XII.- Que en cuanto al planteo de la actora efectuado respecto de la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), se formulan las siguientes consideraciones.
Que el Decreto 214/02, en su artículo 8, dispone: “Las obligaciones de dar sumas de dinero, expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán en razón de un DÓLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1) = UN PESO ($ 1), aplicándose a ellas lo dispuesto en el artículo 4 del presente decreto”. El artículo 4, al que dicha norma remite establece que a dichas deudas “se les aplicará un Coeficiente de Estabilización de Referencia, el que será publicado por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”.
Que la actora sostiene en su recurso que no corresponde la aplicación del CER por la suma intimada en la Actuación Nº 12041-157-2005 (es decir, en relación con el DIT N° 01001IT14001679G). Ello, con fundamento en que la intimación de pago cursada por la Aduana se le notificó el 03/11/2006 y se efectuó en pesos -con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 25.561-, sin que se haya hecho reserva respecto de la aplicación del CER. En este sentido, indica que al haberse trabado allí la litis con anterioridad al SIGEA 12034-758-2008, la pretensión del servicio aduanero implica una reformatio in pejus.
Que cabe reseñar que, si bien es cierto que en la Actuación Nº 12041-157-2005 con fecha 27/10/2006 se dispuso la corrida de vista a la importadora, y se citó a la aseguradora por los tributos adeudados en pesos (notificada el 03/11/2006, según constancia de fs. 24), y la aseguradora presentó su descargo obrante a fs. 27/32 de la referida Actuación-. En el sumario Actuación Nº 12034-758-2008 el servicio aduanero dispuso correr una nueva vista con fecha 14/03/2008 –fs. 187 ref.- intimando en concepto de tributos la suma de $338.414,14 con más el CER e intereses (notificada la recurrente el 17/03/2008), habiendo presentado la aseguradora su contestación el 03/04/2008 –fs. 197/200 ref.-, y la Resolución DE PRLA Nº 2660/08 -apelada en autos- data del 09/05/2008. Nótese que, en este sentido, la nueva vista del 14/03/2008 (que incluyó el CER) resultó rectificatoria de la anterior.
Que procede en el caso y sobre el importe nominal de tributos exigidos por la Aduana, la aplicación de los arts. 4 y 8 del Dec. 214/02 (CER). La deuda tributaria quedó pesificada por el Dec. 214/02 (con la paridad 1 a 1), es decir en virtud de dicho decreto (y no han sido pesificadas -por la Aduana- antes del mismo por actos administrativos notificados a la deudora; nótese que la corrida de vista del sumario obrante a fs. 187 ref. de la Actuación Nº 12034-758-2008 es de fecha posterior a la entrada en vigencia del Dec. 214/02). Por eso resulta inaplicable al caso el criterio de la C.S.J.N. sentado en caso “Editorial Perfil” (12/8/2008), y sí resulta de aplicación el criterio de dicho Tribunal sentado en el caso “Sociedad Anónima Cinematográfica” (17/4/2007) en el sentido de que para las deudas pesificadas con posterioridad a la entrada en vigencia del Dec. 214/02 el CER es inescindible del capital adeudado, por lo cual, el ajuste debe efectuarse.
XIII. Que, por aplicación de la doctrina sentada por la C.S.J.N. ya referida, el C.E.R. es inescindible del capital adeudado, por lo que procede su inclusión a los efectos del cómputo de los intereses (sobre los rubros en que se determinó procedente).
XIV. Que cabe determinar el importe máximo de la responsabilidad de la aseguradora teniendo en consideración que:
* La póliza Nº 704524 fue emitida por “LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.”
con fecha 27/09/2000 para garantizar las obligaciones emergentes del DIT Nº 00001IT14005357G hasta la suma de U$S46.000.
* La póliza Nº 705608 fue emitida por “LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.”
con fecha 27/03/2001 para garantizar las obligaciones emergentes del DIT Nº 00001IT14005831W hasta la suma de U$S5.500.
* La póliza Nº 704719 fue emitida por “LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.”
con fecha 24/10/2000 para garantizar las obligaciones emergentes del DIT Nº 01001IT14001679G hasta la suma de U$S14.900.
* La póliza Nº 705740 fue emitida por “LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.”
con fecha 20/04/2001 para garantizar las obligaciones emergentes del DIT Nº 01001IT14002155T hasta la suma de U$S29.400.
*La póliza Nº 705731 fue emitida por “LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.”
con fecha 20/04/2001 para garantizar las obligaciones emergentes del DIT Nº 01001IT14002156U hasta la suma de U$S22.700.
Que la Resolución AFIP 1528/03 (y modif.) en el art. 4° dispone que las garantías expresadas en dólares estadounidenses constituidas con anterioridad a la fecha de sanción del Dto. 214/02 y que se hallaban pendientes a dicha fecha se considerarán convertidas a pesos a razón de u$s1=$1 y sobre el monto resultante se aplicará el CER.
Que, por los motivos expuestos, cabe señalar que “LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.” responde por los tributos adeudados con relación a las temporales Nros. 00001IT14005357G, 00001IT14005831W, 01001IT14001679G, 01001IT14002155T, y 01001IT14002156U, en su carácter de garante por la emisión de las pólizas Nros. 704524, 705608, 704719, 705740, y 705731, hasta la suma total de $118.500+CER y siendo que los tributos que se exigen en la causa con relación a las citadas destinaciones - garantizadas con las mencionadas pólizas- ascienden a la suma de $105.929,40+CER, los mismos se encuentran dentro del límite garantizado por la aludida aseguradora.
XV. Que sobre el importe nominal de los tributos adeudados procede el pago de los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero que deben computarse desde el vencimiento del plazo de diez días desde la fecha de notificación de la corrida de vista a la aquí actora que data del 17/03/2008 (cédula de notificación de fs. 188/vta. de las act. adm.) hasta la fecha de efectivo pago.
XVI. Que por lo expuesto corresponde confirmar parcialmente la resolución apelada en cuanto intima a la actora al pago de tributos que ascienden a la suma de $105.929,40+CER, con más los intereses del art. 794 del CA que deben computarse a partir del 07/04/2008 hasta la fecha de efectivo pago y, revocarla en cuanto a la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA Adicional y de Ganancias que la Aduana le intima. Con costas conforme los respectivos vencimientos.
Por lo expuesto, voto por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución N° 2660/08, dictada en el expediente SIGEA 12034-758-2005 (Expte. Nº 606.497/02), en cuanto intima a la actora al pago de tributos que ascienden a la suma de pesos ciento cinco mil novecientos veintinueve con cuarenta centavos ($105.929,40) con más el CER, con más los intereses del art. 794 del CA que deben computarse a partir del 07/04/2008 hasta la fecha de efectivo pago.
2. Revocar parcialmente la Resolución N° 2660/08, dictada en el expediente SIGEA 12034-758-2005 (Expte. Nº 606.497/02), en cuanto se exige el pago del derecho adicional y las percepciones de IVA Adicional y de Ganancias.
3. Costas conforme los respectivos vencimientos.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I a IV del voto de la Dra. Sarquis y a ellos me remito por motivos de brevedad.
II. Sentado lo anterior, es pertinente recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros). En ese entendimiento, corresponde examinar si la acción del fisco para el cobro de tributos se encontraba prescripta al tiempo de dictarse la resolución apelada.
III. En relación a esta cuestión, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX- 2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN- SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae.
Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma -como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración, no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su "validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “… Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho…” (Corte Constitucional Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados, es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate -de alcance general y particular-.
IV. En tales condiciones, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar que en la actuación SIGEA 12034-758-2005 el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 15/05/2003 (ver fs. 139 del expte. adm.), en las actuaciones SIGEA 12041-139-2005 y 12041-142-2005 el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 13/07/2005 (ver fs. 10 de los respectivos exptes. administrativos) y en las actuaciones SIGEA 12041-157-2005, 12041-1020-2005 y 12041-1022-2005 el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 01/08/2005 (ver fs. 7 de los referidos exptes. administrativos), no advirtiéndose, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de su notificación al interesado.
Con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la suspensión de la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos art. 805 inc. a) del CA. En el marco descripto, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2002 (para los DIT 00 001 IT14 005357C y 00 001 IT14 05831W -en tanto se trata de importaciones temporarias cuyo vencimiento se produjo el 29/09/2001 y 22/10/2001-) y el 01/01/2003 (para los DIT 00 001 IT14 001679G, 00 001 IT14 002155T y 00 001 IT14 002156U -en tanto se trata de importaciones temporarias cuyo vencimiento se produjo el 25/03/2002 y 20/04/2002-) la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2006 y 31/12/2007 respectivamente (cfme. arts. 803, 804 y 805 del CA), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada (dictada el 09/05/2008 a fs. 207/209 del SIGEA 12034-758-2005, la que fue agregada en copia posterioridad a las restantes actuaciones administrativas, notificada a la aseguradora el 24/06/2008 según constancia de fs. 211/vta del expte. administrativo aludido precedentemente).
En virtud de ello, corresponde, a mi juicio, declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos relativos a los DIT 00 001 IT14 005357C, 00 001 IT14 05831W, 00 001 IT14 001679G, 00 001 IT14 002155T y 00 001 IT14 002156U.
Por ello, voto por:
1. Declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos en relación a los DIT 00 001 IT14 005357C, 00 001 IT14 05831W, 00 001 IT14 001679G, 00 001 IT14 002155T y 00 001 IT14 002156U.
2. Costas por su orden atento que mi criterio no es compartido por mis colegas de Sala. En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. Confirmar parcialmente la Resolución N° 2660/08, dictada en el expediente SIGEA 12034-758-2005 (Expte. Nº 606.497/02), en cuanto intima a la actora al pago de tributos que ascienden a la suma de pesos ciento cinco mil novecientos veintinueve con cuarenta centavos ($105.929,40) con más el CER, con más los intereses del art. 794 del CA que deben computarse a partir del 07/04/2008 hasta la fecha de efectivo pago.
2. Revocar parcialmente la Resolución N° 2660/08, dictada en el expediente SIGEA 12034-758-2005 (Expte. Nº 606.497/02), en cuanto se exige el pago del derecho adicional y las percepciones de IVA Adicional y de Ganancias.
3. Costas conforme los respectivos vencimientos.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.09.18 13:52:04 ART Date: 2023.09.19 13:40:39 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.09.19 14:02:30 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.09.19 14:02:41 -03:00
Fin de la sentencia