Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 27.067-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución Fallo n° 278/2009, dictada por el Sr. Jefe de la División Aduana de Mendoza el 15 de mayo de 2009 en el expediente SA38-04-158. Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-54983210-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 3 de Junio de 2026 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala "G", Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: "HOLGADO, Alejandra Marcela c/ D.G.A. s/ recurso de apelación", expediente N° 27.067-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 55/59 se presenta la Sra. Alejandra Marcela HOLGADO, despachante de aduana, mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución Fallo n° 278/2009, dictada por el Sr. Jefe de la División Aduana de Mendoza el 15 de mayo de 2009. Por dicho acto, con fundamento en el art. 954, ap. 1, incs. a) y c), del C.A., se resolvió: i) condenar a la firma importadora OSCAR HUDSON y a la recurrente al pago solidario de $ 10.441,63 en concepto de multa; y ii) imponer únicamente a la importadora el pago de $ 7.094,74 por tributos.
II. En lo medular de su agravio, la recurrente cuestiona que se la condene al pago de una multa sin que el servicio aduanero haya probado la conducta tipificada en el art. 954, incisos a) y c), del Código Aduanero. El Administrador de Mendoza —sostiene— no demostró que hubiera declarado un precio distinto del efectivamente pagado por el importador, ni de modo directo ni indirecto, como tampoco que mediara un giro de divisas por importe diverso al consignado. Reprocha, en esa línea, que el servicio aduanero haya presumido la comisión de la infracción sobre la base de antecedentes de precios que recién se exhibieron una vez notificada la resolución condenatoria y, todavía, solo respecto de dos de los cuatro despachos de importación denunciados.
A partir de un cotejo pormenorizado de los ítems de los despachos 99 038 IC05 004606 J y 00 038 IC05 004682 S, demuestra que los antecedentes invocados no guardan relación con las mercaderías cuestionadas: se trata de productos de distinta marca, cantidad y período. Añade que esos antecedentes carecen de aptitud indiciaria, pues tampoco se acreditó que constituyan valores de transacción aceptados por la D.G.A. en los términos de las Notas a los artículos 2 y 3 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, aprobado por la Ley 24.425. En el plano de la conducta propia, invoca el cumplimiento de las obligaciones que pesaban sobre ella en carácter de despachante y reclama, por consiguiente, la aplicación de la causal de no punibilidad del art. 908 del Código Aduanero.
Recuerda haber arbitrado las medidas necesarias para que el importador constituyera garantías a favor de la aduana por las eventuales diferencias de valor, y haber declarado los precios consignados en las facturas de compra, en tanto importes pagados o por pagar al momento de la destinación. Subraya, además, que el servicio aduanero no impugnó las facturas y que no existen diferencias entre los precios declarados y los que surgen de la documentación aportada por el importador, extremo que confirma el cumplimiento de los deberes a su cargo como mandataria. Exigirle —concluye— un control que vaya más allá de la documentación recibida equivaldría a atribuirle funciones propias de los agentes de la Sección Fiscalización y Valoración de Importación, en abierta contradicción con los artículos 36 y 241 del Código Aduanero.
Pide, por último, la eximición de la tasa de actuación y el beneficio de litigar sin gastos, formula reserva del caso federal, ofrece prueba y reclama la revocación de la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 67/76 vta. responde la representación fiscal el traslado del recurso. Tras una sucinta reseña de los hechos y una negativa genérica de los planteos de la contraria, se detiene en lo actuado en sede aduanera. Sostiene que el importador formuló una declaración que diverge de lo verificado en la comprobación, en tanto se detectaron valores de transacción anormalmente disminuidos, con el consiguiente perjuicio fiscal en los términos del artículo 954, incisos a) y c), del Código Aduanero. La valoración en aduana —recuerda— debe ceñirse al Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT, incorporado a nuestro ordenamiento por la Ley 24.425. Funda el rechazo del valor de transacción en la investigación del área técnica, que concluyó que el precio declarado resultaba inferior a los corrientes de mercado para productos similares, sin que el importador ni la recurrente ofrecieran razones técnicas, económicas o de mercado capaces de justificar la diferencia advertida. En lo atinente a la responsabilidad de la despachante, sostiene que su rol no se agota en el mandato del importador: opera, además, como auxiliar del servicio aduanero en el tráfico internacional de mercaderías, y la idoneidad técnica que la habilita le impone advertir cuando los precios que documenta no traducen el verdadero valor de transacción. Formula reserva del caso federal, ofrece prueba y peticiona el rechazo de la apelación, con costas.
IV. En virtud de los argumentos presentados por las partes, corresponde determinar si la Resolución Fallo n° 278/2009, dictada por el Sr. Jefe de la División Aduana de Mendoza el 15 de mayo de 2009, resulta ajustada a derecho, y en particular si tanto la firma importadora como la despachante de aduana incurrieron en la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, incs. a) y c), del C.A.
V. De la compulsa de las actuaciones administrativas N° 12451-691-2006 que corren por cuerda separada se advierte lo siguiente: A fs. 1/2 obra la Nota N° 606/03 (DVFOME) del 8 de septiembre de 2003, de la División Investigación, Control y Procedimientos Externos, en la cual se enumeran las destinaciones investigadas: 99 038 IC05 004606 J; 00 038 IC05 004682 S; 00 038 IC05 007699 G; 01 038 ZFE 000532 A y 01 038 ZFE1 000810 W, mediante las cuales se importaron elementos de ferretería ubicados en diversas posiciones arancelarias. La nota detalla los indicadores de subfacturación basados en planillas de ajuste de valor confeccionadas por el valorador interviniente, con asignación de canal rojo en la primera destinación y canal rojo-morado en las restantes, ante la alerta detectada por el Módulo Seguimiento de Valor.
En su último párrafo se aclara que la opinión técnica tiene por objeto alertar sobre la presunción de una maniobra de subfacturación. A fs. 4 luce la Nota (DV FOME) N° 541/00, de fecha 21/12/2000, con el informe técnico relativo a la destinación 99 038 IC05 004606J, en el cual se expresa que el importador no logró justificar las razones de mercado que hubieran podido motivar lícita y razonablemente la cantidad total pactada. Se concluye que los valores expresados en la factura comercial y declarados en la destinación se presentan como sospechosos, anormalmente disminuidos e inaceptables, sobre la base del estudio practicado respecto de mercaderías idénticas o similares. A fs. 6 obra la planilla de recomposición de valor de la destinación 99 038 IC05 004606J, de la cual surge: ítem general, FOB declarado $ 21.292,80; FOB total recompuesto $ 22.997,80; diferencia de valor FOB $ 1.705,00; porcentaje de ajuste 8,01%; total a pagar $ 1.070,91.
A fs. 7 obra el Memorando de Notificación mediante el cual la División Fiscalización de Operaciones Aduaneras informa al importador Oscar Hudson que la documentación aportada no permite demostrar las razones de mercado que hubieran motivado lícita y razonablemente la cantidad total pactada, y que, en consecuencia, se descartó el método de valoración previsto en el artículo 1 del Acuerdo, resultando de aplicación los artículos 2 y 3 del mismo instrumento, con determinación del valor sobre la base de mercaderías idénticas o similares. A fs. 9 obra la respuesta del importador Oscar Hudson, quien informa que la operación fue realizada al contado y que los comprobantes integran la documentación complementaria del despacho, consignando que la factura comercial constituye constancia de pago.
Agrega que, como importador, no accede a información sobre operaciones similares. A fs. 10 obra la planilla relativa a la destinación ZFE1 532A, con el detalle de los ítems cuestionados, los valores FOB declarados, los ajustados, la diferencia resultante y el total a garantizar. El 10 de junio de 2004 (fs. 13), el Jefe de División de la Aduana de Mendoza, sobre la base del informe contenido en la Nota 542/03 (DV FOME), resolvió instruir sumario contencioso contra la firma importadora y la despachante de aduana, por la infracción prevista en el artículo 954, incisos a) y c), de la Ley 22.415. A fs. 15 obra la Nota 926/2004 (MENDUTV), de fecha 28 de junio de 2004, mediante la cual el Jefe de Sección V de la Aduana de Mendoza ratifica los importes totales de diferencias de valor y presunto perjuicio fiscal: diferencia de valor US10.441,63ydiferenciadetributosUS 10.441,63 y diferencia de tributos U S10.441,63ydiferenciadetributosUS 7.094,74.
El 13 de agosto de 2004 (fs. 17), la Aduana de Mendoza dispuso la corrida de vista al importador y a la despachante de aduana, notificada el 24 de agosto de 2004. A fs. 23/24 obra la contestación de la despachante, quien solicita su sobreseimiento con fundamento en que declaró conforme los documentos suministrados por el importador, los cuales reflejan los precios en ellos consignados. A fs. 29, la Aduana de Mendoza declara la rebeldía del importador por incomparecencia. Mediante Nota 051/2009 (AD MEND), de fecha 16 de enero de 2009, la División Aduana de Mendoza solicitó a la División Fiscalización de Operaciones Aduaneras la agregación de los antecedentes considerados al practicarse el estudio de valor que dio origen a la denuncia.
Mediante Nota N° 113/09 (DV FOME), de fecha 8 de abril de 2009, obrante a fs. 32, la División requerida contestó que en el Apéndice I adjunto se encuentran dichos antecedentes. A fs. 34/55 se encuentran agregados los antecedentes extraídos de la base de datos NOSIS EXINET vinculados a la destinación 99 038 IC05 004606J y, a fs. 56/68, los correspondientes a la destinación 00 038 IC05 004682S. A fs. 69/71 obra el Dictamen N° 112/2009 de la División Aduana de Mendoza, de fecha 15 de mayo de 2009, en el cual se sostiene que basta observar los antecedentes relevados y el porcentaje de diferencia determinado para concluir que los precios cuestionados no concuerdan con los usuales del rubro, y que la firma importadora no concurrió a justificar la veracidad de los precios declarados.
El informe cita jurisprudencia relativa a una causa penal (Causa N° 78/96, Siquier, Enrique F., 03/12/96) tramitada ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1. A fs. 72 obra la Resolución Fallo N° 278/09, mediante la cual se condena al importador y a la despachante en los términos del artículo 954, incisos a) y c), del Código Aduanero.
VI. Corresponde precisar, con carácter previo, el objeto de este pronunciamiento. La cuestión sometida a decisión es el ejercicio de la potestad sancionadora del servicio aduanero, con base en la imputación de declaración inexacta prevista en el artículo 954, apartado 1, incisos a) y c), del Código Aduanero. Las materias atinentes a la determinación del valor en aduana y al ajuste tributario se examinan aquí de manera instrumental, al solo efecto de verificar si el perjuicio fiscal, que constituye un elemento típico de la figura del inciso a), fue establecido mediante un procedimiento reglado y con sustento suficiente. Fuera de ese encuadre, la suerte del ajuste tributario excede el objeto de esta decisión. La distinción no es un escrúpulo formal sino una exigencia metodológica que se impone al juzgador. Si bien la cuestión tributaria y la cuestión infraccional reconocen un mismo soporte fáctico -la declaración comprometida ante el servicio aduanero y la operación de importación que le sirve de sustrato-, una y otra se desenvuelven en planos normativos diversos y responden a estándares probatorios que no admiten confusión. El ajuste de valor opera en el terreno del derecho tributario aduanero, gobernado por el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT y por las reglas de determinación que disciplinan el método secuencial de los artículos 1° a 7° del Acuerdo; la imputación por declaración inexacta, en cambio, se inscribe en el derecho administrativo sancionador. La invalidez del ajuste tributario no determina, por sí sola, la improcedencia de la imputación infraccional -pues nada impide que la inexactitud típica se acredite por otros medios-; ni la confirmación del ajuste implica, sin más, la acreditación de la conducta sancionable- pues los recaudos para tener por probada una infracción son más exigentes que los que rigen una determinación de oficio-. Se trata, por consiguiente, de planos autónomos que reclaman un examen diferenciado, sin que el juzgador pueda trasladar conclusiones de uno a otro como si se tratara de inferencias de cuño automático.
Sentado lo anterior, corresponde adentrarse en el examen del primer tramo de la imputación, que es el que reclama, por su propia configuración típica, el escrutinio más severo del procedimiento de valoración.
VII. El artículo 954, apartado 1, inciso a), del Código Aduanero tipifica la declaración inexacta que hubiera producido o podido producir un perjuicio fiscal. Ese elemento no puede asumirse como dato presupuesto ni derivarse de la mera diferencia aritmética entre los valores declarados y los valores de referencia. Su determinación exige un procedimiento administrativo reglado, gobernado por el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, en vigor para la República Argentina desde el 1° de enero de 1995. El Acuerdo de Valor establece, en su artículo 1°, que la primera base para la determinación del valor en aduana es el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías vendidas para su exportación al país de importación, sujeto a los ajustes del artículo 8° y a las condiciones enumeradas en el propio artículo 1°. Solo ante la imposibilidad comprobada de aplicar ese primer método el Acuerdo habilita el recurso a métodos subsidiarios, en el orden secuencial fijado por sus artículos 2° (mercaderías idénticas), 3° (mercaderías similares), 5° (método deductivo), 6° (valor reconstruido) y 7° (último recurso). Ese orden no es potestativo: su inobservancia vicia el procedimiento de determinación del valor y priva al resultado de su eficacia jurídica.
En el caso, el servicio aduanero rechazó el valor de transacción declarado y practicó el ajuste con aplicación de los métodos de los artículos 2° y 3° del Acuerdo. Empero, la base comparativa utilizada resulta palmariamente insuficiente para satisfacer las exigencias de esa normativa. Respecto de las destinaciones 99 038 IC05 004606 J y 00 038 IC05 004682 S, se incorporó un único antecedente por ítem o subítem, proveniente de la base NOSIS, correspondiente a mercaderías con diferencias relevantes en marca, modelo, cantidad, origen y período. Respecto de las destinaciones 00 038 IC05 007699 G y 01 038 ZFE1 000532 A, no se incorporó antecedente documental alguno.
En esas condiciones, el procedimiento de determinación del valor en aduana no satisface los recaudos mínimos que el Acuerdo de Valor impone para la aplicación de los métodos subsidiarios. Los procedimientos esenciales establecidos por la normativa aplicable no fueron observados. El perjuicio fiscal, por ende, carece del sustento necesario para integrar el elemento típico del inciso a) del artículo 954, y la imputación bajo ese encuadre no puede prosperar.
VIII. Despejada la imputación bajo el inciso a), resta examinar la subsistencia del reproche bajo el inciso c), que la resolución condenatoria invocó conjuntamente y que, por su distinta configuración típica, exige un análisis propio. El artículo 954, apartado 1, inciso c), del Código Aduanero tipifica la declaración inexacta con prescindencia del perjuicio fiscal, sancionando el desvío entre lo declarado y la realidad económica de la operación. La comprobación de esa inexactitud no requiere la previa realización de un procedimiento técnico de valoración: se trata de un hecho autónomo, acreditable por cualquier medio de prueba idóneo que permita reconstruir la realidad de la transacción. Con todo, la prueba reunida en autos tampoco alcanza ese estándar. Los antecedentes NOSIS incorporados a fs. 34/67, único sustento sobre el cual el servicio aduanero estructuró la imputación, adolecen de las deficiencias ya señaladas: un único antecedente por ítem o subítem, correspondiente a mercaderías que no resultan comparables por diferir en marca, modelo, cantidad, origen y período. Para las destinaciones 00 038 IC05 007699 G y 01 038 ZFE1 000532 A, no existe antecedente documental alguno; la imputación respecto de ellas descansa, en consecuencia, en afirmaciones dogmáticas sin respaldo empírico.
La acreditación de la inexactitud infraccional exige, en el ámbito sancionatorio, un grado de certeza que los elementos reunidos en autos no alcanzan. La prueba colectada carece de aptitud comparativa para fundar, con esa convicción, que los importes declarados no reflejaban la realidad económica de las operaciones cuestionadas. La imputación bajo el inciso c) tampoco puede, en consecuencia, prosperar.
Las consideraciones que siguen, vinculadas a la incorporación tardía de los antecedentes que sustentaron la condena, se formulan a mayor abundamiento: aun cuando la solución alcanzada en los acápites precedentes basta para sellar la suerte del recurso, la entidad del vicio que se advierte en el procedimiento sancionador justifica un pronunciamiento expreso, en tanto compromete una garantía de raigambre constitucional cuyo resguardo no admite ser elidido por economía argumental.
IX. Los antecedentes NOSIS obrantes a fs. 34/67, que constituyeron el sustento central de la Resolución Fallo N° 278/09, fueron incorporados al expediente mediante Nota N° 113/2009, de fecha 8 de abril de 2009, a pedido de la propia División Aduana de Mendoza, con posterioridad a la contestación de vista efectuada por la despachante de aduana el 8 de septiembre de 2004. Ni el importador ni la despachante recibieron comunicación alguna de esa incorporación, ni se les confirió oportunidad de conocer y controvertir esa prueba antes del dictado de la resolución condenatoria. El derecho de defensa en juicio, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, exige que el imputado tenga posibilidad efectiva de conocer y refutar todos los elementos de prueba que sustentan la acusación. Esa exigencia no admite gradaciones en el plano sancionatorio. La incorporación de prueba de cargo sin notificación a los interesados y sin apertura de una instancia de descargo configura una afectación objetiva e irreparable del derecho de defensa. En el ámbito de la potestad sancionadora, los vicios de esa naturaleza son insubsanables en instancias ulteriores. El acto administrativo sancionador que se funda en prueba a la que el imputado no tuvo acceso oportuno exhibe un defecto que compromete su validez desde la raíz. La circunstancia de que la recurrente no haya articulado formalmente la nulidad no altera esta conclusión: la afectación al derecho de defensa es materia de orden público y el órgano revisor tiene el deber de examinarla de oficio cuando surge manifiesta de las constancias del expediente.
En el caso, la recurrente tomó conocimiento de los antecedentes que sustentan su condena recién al interponer el recurso de apelación ante este Tribunal. Esa sola circunstancia privó del ejercicio pleno y oportuno del derecho de defensa en sede administrativa, produciendo un vicio que únicamente la revocación de la resolución impugnada puede remediar.
Por ello, VOTO POR:
Revocar la Resolución Fallo n° 278/2009, dictada por el Sr. Jefe de la División Aduana de Mendoza el 15 de mayo de 2009 en el expediente SA38-04-158. Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al Voto que antecede.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
Revocar la Resolución Fallo n° 278/2009, dictada por el Sr. Jefe de la División Aduana de Mendoza el 15 de mayo de 2009 en el expediente SA38-04-158. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.06.02 10:34:39 ART Date: 2026.06.02 14:32:26 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.06.03 12:05:40 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.03 12:06:48 -03:00
Fin de la sentencia