Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 37.093-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la resolución n° 033/16 (AD SAJU), dictada en la actuación administrativa SIGEA 17471-4-2015, en cuanto condena a la firma ARGENCERES SAN JUAN S.A. en forma solidaria con los despachantes, Sr. Jorge Fernando Holgado y la Sra. Clara Viviana Carbajal, al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1, inciso a), del Código Aduanero, en relación con la destinación de exportación 15055EC01001302B, declarando que el importe de dicha multa asciende a la suma de TRES MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS ($3.087,16) y revocarla parcialmente en cuanto a la imputación efectuada en los términos del inciso c) del referido artículo y en cuanto reclama el pago de tributos.
2Costas según los respectivos vencimientos, los que se estiman en un 5% a cargo de la las co-actoras y en un 95% a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-70592714-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 21 de Junio de 2023 ACUM.
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dra. Claudia B. Sarquis (Vocal subrogante de la Vocalía de la 18ª Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “ HOLGADO JORGE FERNANDO Y OTRO c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente nº 37.093-A y acumulado “ARGENCERES SAN JUAN S.A. c/ DGA s/ apelación”, expediente n° 37.094-A;
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 11/14 vta. se presentan los despachantes de aduana, Sr. Jorge Fernando Holgado y Sra. Clara Viviana Carbajal e interponen recurso de apelación contra la resolución-fallo n° 33/2016 (AD SAJU), que los condenó en forma solidaria con la firma ARGENCERES SAN JUAN S.A., al pago de multa y tributos por supuesta declaración inexacta (art. 954, ap. 1, inc. a) y c), del C.A.), respecto de la destinación de exportación n° 15055 EC01001302B, por no haber incluido en el valor FOB los gastos de flete interno (desde San Juan a Buenos Aires). Manifiestan que el 28/5/15 registraron ante la Aduana de San Juan, por instrucción de la firma exportadora, la exportación de aceite de oliva con destino España, bajo la condición de venta FCA SAN JUAN. Sostienen que no se ha configurado la infracción imputada por el servicio aduanero, ya que la cláusula de venta FCA es equivalente y reemplaza a la FOB, por lo tanto incluyen los mismos gastos antes de ser expedidos al exterior en un medio de transporte. Agregan que –al ser la cláusula de venta FCA- resulta imposible que se produzca un ingreso de un importe de divisas distinto, ya que aquélla coloca el gasto de transporte entre San Juan y Buenos Aires, a cargo del comprador extranjero. Manifiestan que declararon conforme los datos y los documentos que les suministró la firma exportadora. Se agravian de que se les impusiera el pago de tributos por mercadería que no salió del territorio, es decir sin que se haya verificado el hecho gravado, siendo que además no son sujetos pasivos del tributo. Ofrecen prueba, efectúan reserva del caso federal y solicitan se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 45/48 ref. se presenta la firma ARGENCERES SAN JUAN S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución-fallo n° 33/2016 (AD SAJU), que la condenó en forma solidaria con los despachantes de aduana, al pago de multa y tributos por supuesta declaración inexacta (art. 954, ap. 1, inc. a) y c), del C.A.), respecto de la destinación de exportación n° 15055EC01001302B, por no haber incluido en el valor FOB los gastos de flete interno (desde San Juan a Buenos Aires). En atención a que tanto la firma exportadora como los despachantes de aduana son representados por el mismo apoderado, el recurso de apelación interpuesto por ARGENCERES SAN JUAN SA, contiene los mismos agravios que los expuestos en el considerando precedente, salvo en lo que se refiere a la defensa efectuada por los despachantes de aduanas, por lo que corresponde remitir a los mismos por cuestiones de brevedad.
III. Que a fs. 51, se acumula el expediente N° 37.094-A al que lleva el N° 37.093-A.
IV. Que a fs. 63/69 se presenta el Fisco y contesta los traslados conferidos. Hace un breve resumen de las actuaciones administrativas y una negativa genérica de los dichos de la contraria. Afirma que, en virtud de lo dispuesto por el art. 739 del C.A., debe incluirse el costo del flete interno en la base imponible, independientemente de la regla incoterm declarada en la documentación aduanera. Cita jurisprudencia. Agrega que los despachantes de aduana involucrados no han probado el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, por lo que no pueden ser eximidos de responsabilidad, ya que deben acreditar la existencia de órdenes expresas de la firma exportadora. Refiere a los arts. 902 y 908 del C.A. Ofrece prueba, hace reserva federal y solicita se confirme el fallo recurrido, con costas.
V. Que a fs. 70 se tiene por contestado el traslado y por acompañadas las actuaciones administrativas vinculadas a la causa. A continuación, se elevan los autos a esta Sala “F” y pasan a sentencia.
VI. Que la Actuación SIGEA n° 17470-4-2015 se inicia con la carpeta contenedora del PE 15055EC01001302B. A fs. 3 se intima a la firma Southcross logistics para que presente la certificación de valor del flete interno de la destinación en trato. A fs. 4/5 obra la respuesta de la firma intimada. A fs. 6/7 luce informe de denuncia efectuada por el Jefe de la Sección S de la Aduana de San Juan. A fs. 8 obra detalle de la denuncia formulada. A fs. 9/10 se instruye sumario y se corre vista a las aquí imputadas, por la presunta comisión de la infracción al art. 954, a) y c) del C.A., resultando notificada la firma exportadora el 10/7/15 y los despachantes de aduana el 17/7/15. A fs. 14/16 contesta vista el despachante de aduana, Sr. Jorge Fernando Holgado, y a fs. 17/19 lo hace la despachante de aduana, Sra. Clara Viviana Carbajal. A fs. 20 se declara la rebeldía de la firma exportadora, quién se presenta posteriormente a fs. 22/24. A fs. 36/41 se dicta la resolución fallo n° 33/16 (AD SAJU), aquí apelada.
VII. Que corresponde determinar en autos si se encuentra o no configurada la infracción prevista y penada por el art. 954, ap. 1, incs. a) y c), del Código Aduanero, que establece que: “El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: a) un perjuicio fiscal, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de dicho perjuicio; ...c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de la diferencia”. Que ello así, el tipo infraccional previsto por la norma transcripta no exige que el efecto lesivo se efectivice sino que basta la mera posibilidad de su existencia para configurar la figura por ella prevista.
VIII. Que conforme surge de las constancias de autos, mediante el permiso de embarque n° 15055EC01001302B, oficializado el 28 de mayo de 2015, la firma ARGENCERES SAN JUAN S.A. documentó la exportación a consumo de “aceite de oliva”, de la posición SIM 1509.10.00.990A, con destino a España, declarando un valor FOB total de € 422.400, bajo condición de venta FCA.
Corresponde señalar que a dicha destinación le fue asignado canal rojo de selectividad y al proceder a la verificación, el servicio aduanero entendió que no se declararon los costos correspondientes hasta FOB, motivo por el cual bloqueó la destinación en trato, no habiéndose otorgado el cumplido correspondiente a la exportación, es decir la mercadería no se embarcó con destino al exterior (ver reverso de carpeta contenedora obrante a fs. 1 de las act. adm.). Que, concretamente, a criterio del servicio aduanero, habiendo sido la aduana de salida la de Buenos Aires, correspondía adicionar en la base imponible para el cálculo de los derechos de exportación, el flete interno desde San Juan (lugar de carga de la mercadería) hasta la citada aduana de salida. La omisión de la consignación del valor del aludido flete por parte del declarante fue considerada constitutiva de la infracción por la cual resultaron finalmente condenadas las coactoras en la resolución aquí apelada.
Que, por su parte, las co-recurrentes sostienen que, en cumplimiento de lo convenido al concertar la venta con el comprador del exterior, habiendo pactado la cláusula FCA, el transporte entre San Juan y Buenos Aires, se encontraba a cargo del comprador, por lo que no correspondía incluir el flete interior a la base imponible para el cálculo de los tributos aduaneros, no habiéndose configurado la infracción que se les imputa.
IX. Que, a los fines de fijar la base imponible para el pago de los tributos, en materia de exportación, el art. 735 del C.A. dispone que para la aplicación del derecho de exportación ad valorem, el valor imponible de la mercadería que se exportare para consumo es el valor FOB en operaciones efectuadas por vía acuática o aérea y el valor FOT o el valor FOR según el medio de transporte que se utilizare, en operaciones efectuadas por vía terrestre, entre un comprador y un vendedor independientes uno de otro en el momento que determinan para cada supuesto los artículos 726, 727 ó 729, según correspondiere, como consecuencia de una venta al contado.
Que el art. 736, inc. a), del C.A. preceptúa que ese valor debe incluir la totalidad de los gastos ocasionados hasta “el puerto en el cual se cargare en el buque con destino al exterior, para la mercadería que se exportare por vía acuática”. El art. 739 del C.A. detalla especialmente los gastos a que se refiere el art. 736 de ese ordenamiento.
Que, por ende, en materia de exportación, nuestro país consideró que los gastos de transporte deben integrar la base imponible para el cálculo de los tributos, ello conforme lo previsto en los arts. 735 y 736 del Código Aduanero, que contempla el lugar hasta el cual se imputarán los gastos, los que se entienden limitados al flete interno, lo que surge de la integración que corresponde efectuar con lo normado en el art. 739 del referido ordenamiento, en cuanto el mismo dispone que “los gastos a que se refiere el art. 736 comprenden especialmente; a) los gastos de transporte y de seguro...”.
X. Que, en el caso de autos, la destinación de exportación para consumo n° 15055EC01001302B se oficializó ante la Aduana de San Juan. De la hoja de ruta obrante en dicha destinación resulta como inicio del transporte San Juan y como destino, Buenos Aires, la terminal Exolgan Sur. Corresponde destacar que según surge de dicha hoja, se menciona como puerto de carga “Buenos Aires”.
Que este Tribunal no ha podido tener a la vista el documento de transporte, que es el que en definitiva acredita el transporte internacional, no obstante ello, no puede dejar de mencionarse que –en el caso- se declaró el transbordo de la mercadería como “TRABSI”. Es decir, que la mercadería transportada desde San Juan por vía terrestre hasta Buenos Aires, debió necesariamente ser transbordada al buque “MSC GEMMA”, que la llevaría a su destino final, esto es España. Que, en virtud de ello, y sin perjuicio de que en la factura comercial de exportación n° 0002-00000014 se haya consignado como condición de venta “F.C.A. SAN JUAN”, no puede sostenerse que la carga de la mercadería con destino al exterior hubiera tenido lugar en dicha ciudad, toda vez que dicha información no surge como dato fehaciente de la documentación obrante en las actuaciones administrativas. Máxime si se tiene en cuenta que la mercadería se transportó vía terrestre desde San Juan hasta Buenos Aires, para allí transbordarla al buque que la llevaría a España. Ello permite razonablemente concluir, que dicho tramo corresponde al flete interno, es decir que claramente fue local y no internacional, por lo que debió adicionarse a la base imponible para el cálculo de los derechos de exportación. Por su parte, no puede dejar de considerarse que las co-recurrentes no ofrecieron prueba alguna para acreditar la calidad de transporte internacional que invocan. Tampoco desvirtuaron el informe de la empresa de transporte obrante a fs. 5 de las actuaciones administrativas, que informa el costo de los gastos a FOB Buenos Aires, es decir el costo del flete interno desde San Juan hasta Buenos Aires.
Que, en consecuencia, no puede sostenerse que la salida con destino al exterior de la mercadería hubiera tenido lugar en la ciudad de San Juan. Es por ello que el gasto correspondiente al transporte entre las citadas ciudades (San Juan-Buenos Aires), que claramente fue local y no internacional, debió adicionarse a la base imponible para el cálculo de los derechos de exportación.
XI. Que, a los efectos de la configuración de la infracción en trato, es presupuesto necesario, como señalé previamente, la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación.
Que de la Exposición de Motivos del C.A. se desprende que el legislador ha querido tutelar en el capítulo VII, referido a las declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas, el principio básico de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación aduanera.
Que, habiéndose concluido en el considerando precedente que el flete desde San Juan a Buenos Aires era de carácter interno, no habiéndose incluido en el valor FOB/FOT el costo de dicho flete (tal como debió hacerlo) y, asimismo, no habiéndose ingresado “ajuste a incluir” alguno (teniendo en cuenta el modo en que se declaró), corresponde tener por acreditada la diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación.
XII. Que, en primer lugar, se analizará si el efecto que esa diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación, produjo o pudo haber producido, en caso de pasar inadvertida, un perjuicio fiscal (conf. art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A.).
Que, en el presente caso, el perjuicio fiscal ha quedado configurado ya que al no haberse incluido el flete interno en el valor FOB declarado, el importe correspondiente al mismo no integró la base imponible para el cálculo de los derechos de exportación.
Que, en consecuencia, al verificarse la configuración de la infracción en este punto, debe confirmarse la resolución dictada en relación a las co-actoras.
XIII. Cabe finalmente analizar si en autos ha quedado configurado el efecto lesivo que establece el inciso c), es decir el ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere. Dicha circunstancia no ha quedado acreditada en autos, dado que al ser la condición de venta FCA, el valor del flete debía ser pagado por el comprador de la mercadería, de modo que no correspondía que el exportador le exija al sujeto del exterior el pago de un importe que no había convenido cobrar. En efecto, tal como surge de la destinación aquí involucrada se declaró como FOB total € 422.400, importe efectivamente facturado al comprador, según surge de la factura de exportación obrante en la carpeta contenedora.
El hecho de que se exija la inclusión del flete interno en el FOB, a los efectos de la valoración, tal lo explicado ut-supra, no implica que el vendedor deba incluir dicho concepto en el precio de exportación, máxime cuando en el caso la condición de venta pactada fue FCA, por lo que el comprador debía abonar el mismo.
XIV. Que en virtud de lo expuesto, cabe concluir que se ha configurado la infracción prevista en el artículo 954, inciso a), del Código Aduanero, correspondiendo rechazar la configuración de la consecuencia lesiva prevista en el inciso c) del referido artículo.
XV. Que en cuanto a la exigencia tributaria, corresponde efectuar las siguientes consideraciones.
Tal como se mencionó ut-supra, al momento de verificar la destinación en análisis, el servicio aduanero bloqueó la misma, al considerar que no se habían incluido los gastos correspondientes hasta FOB. Ello implicó que no se autorice el libramiento de la mercadería, es decir que finalmente no se exportó para consumo, por lo que no se produjo el hecho gravado.
De ello, cabe concluir que al no haberse producido el hecho gravado, no corresponde el pago de tributo a la exportación alguno, por lo que no procede la exigencia tributaria que la Aduana pretende. Ello así, corresponde revocar la resoluciónfallo apelada en relación a dicho reclamo.
XVI. Que en cuanto a la responsabilidad de los despachantes de aduana en relación a la comisión de la infracción al art. 954, ap. 1), inc. a) del Código Aduanero, cabe señalar que el despachante de aduana no sólo actúa como mandante del importador-exportador, carácter que lo obliga a desenvolverse de conformidad al mandato, sino que también es un profesional que se desempeña como auxiliar del servicio aduanero en el tráfico internacional de mercaderías y, en este aspecto, debe colaborar eficazmente con la aduana. Es justamente dicha calidad la que determina que exista un mayor deber de obrar diligentemente y una mayor responsabilidad, tanto con respecto a su mandante como con respecto al servicio aduanero.
Que debe tenerse presente que “Dado el interés del Estado en el debido control del tráfico internacional, que descansa en el principio del 'despacho en confianza' y su correlativa 'declaración aduanera previa', es función del auxiliar del comercio colaborar con el Estado en la tarea de un despacho rápido y seguro. Lo que constituye una lógica contrapartida de la confianza que el Estado deposita en él al momento de la declaración aduanera. Esta relación de confiabilidad en la colaboración con el resguardo de los regímenes de restricciones o de facilitación (sea por vía tributaria o no tributaria) de la importación o exportación de ciertas mercaderías le otorga a esta categoría de auxiliar del servicio aduanero una gravitación aún mayor que la mero auxiliar del comercio” (Alsina, Mario A, Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Cotter Moine, Juan P., y Vidal Albarracín, Héctor G., Código Aduanero comentado, completado y actualizado por Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Vidal Albarracín, Héctor G., Cotter, Juan P., Sumcheski, Ana L, y Vidal Albarracín (h), Guillermo, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, t. I, p. 129). Que no se trata de un simple mandatario, sino de un profesional, que debe reunir requisitos, entre los cuales se encuentra la necesidad de adquirir conocimientos específicos en el ámbito del comercio exterior y es, justamente, su preparación especializada la que lo habilita a actuar en el carácter de mandatario calificado por sus conocimientos en materia aduanera.
Que dicha circunstancia conlleva, como contrapartida, mayores posibilidades de incurrir en responsabilidad jurídica -tanto en el ámbito del Derecho privado, con relación a su mandante (ya sea importador o exportador), como en el ámbito del Derecho público, frente al servicio aduanero-. Ello así, en virtud de que, al exigírsele idoneidad, no actúa como un mero gestor, debiendo poner la mayor prudencia y diligencia en el desarrollo de sus tareas, lo que lo eleva, según se ha señalado en cierto ámbito de la doctrina, a la categoría de “técnico asesor del comercio exterior” (ver “La responsabilidad del despachante de aduana”, Héctor G. Vidal Albarracín, Guillermo Vidal Albarración, Juan M. Sluman, Guía Práctica y Ediciones IARA S.A., Buenos Aires, 2009, p. 47).
Que, en esa línea de pensamiento, cabe señalar que de la interpretación de los arts. 902 y 908 del C.A., resulta que la solidaridad en el pago de la multa impuesta como consecuencia de una declaración inexacta, nace en cabeza del despachante “salvo que probare haber cumplido con las obligaciones a su cargo”.
Que de ello se desprende que el buen o mal desempeño en su actuación profesional es valorada en función del cumplimiento de los deberes que impone la legislación aduanera. Consecuentemente, ello es lo que debe tenerse presente al tiempo de valorar la actuación del citado profesional, resultando decisivo para la atribución de responsabilidad por la actuación profesional del mismo.
Que, si bien, conforme reiterada jurisprudencia, el despachante de aduana no es, en principio, penalmente responsable si no se ha apartado de las instrucciones impartidas por el importador, dichos profesionales no acreditaron en autos haber cumplido con las obligaciones a su cargo como auxiliares del servicio aduanero.
Que cabe destacar que, para un adecuado ejercicio de sus funciones, los despachantes hubieran debido extremar los recaudos a fin de comprometer una manifestación veraz, toda vez que, debieron saber, debido a su profesión el modo en que la operación de autos debía ser declarada, resultando desacertado el modo en que llevaron a cabo la declaración. Que, precisamente, la especial relación que se entabla entre el servicio aduanero y las personas que desarrollan su actividad profesional en el área del comercio exterior, torna aplicable el principio general del derecho, receptado en el actual art. 1725 del Cód. Civ. y Com. (anterior art. 902 Cód. Civ.), conforme al cual cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos.
Que, por lo expuesto, cabe concluir que los despachantes de aduana, frente a las circunstancias del caso, resultan responsables en forma solidaria con la firma exportadora por la infracción cometida.
XVII. Que, por último, y atento a la forma en que se resuelve la presente, corresponde recalcular la multa impuesta por el fisco a la empresa ARGENCERES SAN JUAN S.A. y a los despachantes Sr. Jorge Fernando Holgado y la Sra. Clara Viviana Carbajal.
Que se observa de la liquidación de fs. 7 de la actuación administrativa, que el importe correspondiente a la diferencia de tributos asciende a U$S 343,66, el que pesificado al tipo de cambio de 8,983 correspondiente a la fecha de comisión de la infracción, arroja el importe de $ 3.087,16.
Que, en consecuencia, corresponde declarar que el importe adeudado por la firma ARGENCERES SAN JUAN S.A. en forma solidaria con los despachantes, Sr. Jorge Fernando Holgado y la Sra. Clara Viviana Carbajal, en concepto de multa por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 954, apartado 1, inciso a), del Código Aduanero, asciende a la suma de TRES MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS ($3.087,16).
Que por ello, voto por:
1. Confirmar parcialmente la resolución n° 033/16 (AD SAJU), dictada en la actuación administrativa SIGEA 17471-4- 2015, en cuanto condena a la firma ARGENCERES SAN JUAN S.A. en forma solidaria con los despachantes, Sr. Jorge Fernando Holgado y la Sra. Clara Viviana Carbajal, al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1, inciso a), del Código Aduanero, en relación con la destinación de exportación 15055EC01001302B, declarando que el importe de dicha multa asciende a la suma de TRES MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS ($3.087,16) y revocarla parcialmente en cuanto a la imputación efectuada en los términos del inciso c) del referido artículo y en cuanto reclama el pago de tributos.
2. Costas según los respectivos vencimientos, los que se estiman en un 5% a cargo de la las co-actoras y en un 95% a cargo del Fisco.
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
Que adhiero, en lo sustancial, al voto de la Vocal preopinante.
No obstante, en cuanto a la imposición de la multa objeto de autos corresponde dejar sentado que de acuerdo a la opinión esbozada por el suscripto en los precedentes “ALUAR ALUMINIO ARGENTINA SACI Y OTRO c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.840-A., del 2/12/2013 y “BLANCO, EDUARDO JORGE c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.553-A., del 3/12/2013, entre muchos otros, acerca de las potestades y límites jurisdiccionales de la Administración a tales efectos, la DGA carece de facultades para aplicar penas de este tipo, atento la singular naturaleza jurídica de la sanción recurrida en la litis, de indudable contenido penal (Fallos: 332:1492, entre otros), aunque en el caso se tratara de infracciones y no de delitos, por lo que corresponde que la multa sea impuesta por este Tribunal Fiscal (o, en su caso, por la Justicia Federal); extremo sobre el que no corresponde pronunciamiento alguno en atención al modo en que se resuelve el presente.
En efecto, toda vez que, en definitiva, la condena es fijada por el Tribunal Fiscal de la Nación y no por la Administración, entiendo que la forma en que se resuelve es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.). ASI LO VOTO.- El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la resolución n° 033/16 (AD SAJU), dictada en la actuación administrativa SIGEA 17471-4-2015, en cuanto condena a la firma ARGENCERES SAN JUAN S.A. en forma solidaria con los despachantes, Sr. Jorge Fernando Holgado y la Sra. Clara Viviana Carbajal, al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1, inciso a), del Código Aduanero, en relación con la destinación de exportación 15055EC01001302B, declarando que el importe de dicha multa asciende a la suma de TRES MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS ($3.087,16) y revocarla parcialmente en cuanto a la imputación efectuada en los términos del inciso c) del referido artículo y en cuanto reclama el pago de tributos.
2. Costas según los respectivos vencimientos, los que se estiman en un 5% a cargo de la las co-actoras y en un 95% a cargo del Fisco.
Regístrese y notifíquese. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente la Dra. Claudia B. Sarquis (Vocal subrogante de la Vocalía 18ª Nominación) y los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2023.06.15 22:04:13 -03:00 Date: 2023.06.21 10:01:38 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.06.21 10:59:17 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.06.21 10:59:18 -03:00
Fin de la sentencia