Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 36061-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso del Fisco Nacional y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado, con costas (cfr. artículo 68, 1ra parte, del C.P.C.C.N. de aplicación supletoria en los términos del artículo 197 de la ley 11.683).
47756/2023.-
“HOMAQ S.A. (TF 36061-I) c/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”.
///nos Aires, 21 de febrero de 2025.- AMD Y VISTOS, CONSIDERANDO:
I. Que, por conducto del pronunciamiento del 21/04/2023, la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación admitió la excepción de prescripción opuesta por la actora, respecto de las acciones y poderes del Fisco Nacional para determinar y exigir el pago del Impuesto a las Ganancias (períodos fiscales 2002 y 2003), con costas (cfr. fs. 324/334 del documento digitalizado).
Para decidir de tal modo, inicialmente reseñó los antecedentes del caso, su tramitación y lo manifestado por ambas partes, para luego avocarse específicamente al tratamiento de la prescripción articulada, el plazo quinquenal al que se encontraba sujeta y la forma de computarla.
En tales condiciones, indicó que en la especie debía tenerse en cuenta que: “[c]on fecha 19/03/2003, en el marco de la causa caratulada: “HOMAQ S.A. c/Poder Ejecutivo Nacional y/o Ministerio de Obras Públicas. Adm. Fed. Ing. Pub. (AFIP) y/o Poder Legislativo Nacional s/Amparo” (Expte. N° 117/03), se resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la actora y ordenar a la demandada (AFIP) que se abstenga de iniciar el procedimiento determinativo previsto en los artículos 16 y ss. de la ley 11.683 y/o reclamo administrativo o judicial respecto de las obligaciones fiscales de la recurrente en concepto de impuesto a las ganancias por el periodo fiscal 2002, hasta tanto se dicte una sentencia sobre la cuestión principal […]” (sic).
Asimismo, destacó que: “[l]a sentencia de fecha 21/04/2004 del Juzgado Federal de Primera Instancia de Corrientes, por la cual se hace lugar a la demanda de la actora y declara la inconstitucionalidad de la aplicación al caso particular de los artículos 39 de la Ley N° 24.073, 4 de la Ley N° 25.561 en cuanto modifica el artículo 10 de la Ley N° 23.928 y del 5to del Decreto N° 214/02 con respecto a la suspensión de la aplicación efectiva del Título VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Asimismo, autoriza a la actora a presentar su declaración jurada del impuesto a las ganancias por el periodo fiscal 2002 reflejando en su base imposible la realidad económica fijada por el juez de primera instancia […]” (sic).
Sin embargo, destacó que también debía tenerse presente que: “[c]on fecha 07/06/2007, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes dicto sentencia por la cual se revoca la resolución de primera instancia en cuanto a la procedencia de la acción intentada por la actora […] Dicho pronunciamiento fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 23/06/2011. […] la cual se notificó al Fisco Nacional el 30/06/2011 y a la actora el 01/07/2011 […] Posteriormente frente a un pedido de aclaratoria respecto de las costas, la Corte Suprema lo desestima el 18/10/2011 […]” (sic).
Por otro lado, indicó que: “[e]l 12/12/2011, a solicitud de la representación fiscal, se ordenó el levantamiento de la medida cautelar dictada oportunamente en atención al carácter provisorio o interino de toda medida cautelar y en consonancia con las resoluciones judiciales dictadas por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación […]” (sic). Además, reiteró que “[l]a Resolución Determinativa N° 26/12 (DV RRES) fue dictada el 07/03/2012 por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Resistencia de la de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos […]”.
Frente a tales circunstancias, consideró que la cuestión a decidir radicaba en la aplicación de la “imposibilidad de obrar” regulada en el artículo 3980 del Código Civil y citó jurisprudencia de ésta Cámara de Apelaciones y del Tribunal Fiscal, para concluir que; “[l]a norma bajo análisis no establece un plazo de suspensión de la prescripción como pretende argumentar el Fisco Nacional y tampoco es posible concluir, como aquél interpreta, que dicho impedimento solo fue superado al momento de la notificación del levantamiento de la medida cautelar resuelta el 12/12/2011 […]”.
Recordó el carácter provisional de las medidas cautelares y sostuvo que, con el dictado de la sentencia del 23/06/11 (de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó el rechazo de la acción que decidió la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes), desapareció todo obstáculo para que el Fisco Nacional ejerciera las facultades que le correspondían a los efectos de determinar y exigir el pago de los tributos implicados.
En ese orden postuló, por un lado, que la medida cautelar involucrada había perdido eficacia y, por el otro, que: “[e]l plazo de tres meses fijado conforme la interpretación del artículo 3980 del Código Civil de la Nación comenzó a regir a partir de dicho momento. Es decir que, sin perjuicio de la resolución de fecha 12/12/2011 en la cual se levanta la medida cautelar, el cómputo del tiempo útil de la prescripción de la obligación fiscal produjo efectos a partir de la notificación de la sentencia de nuestro Máximo Tribunal que puso fin a los efectos suspensivos de la medida cautelar decretada a fin de que el Fisco Nacional se abstenga de ejercer las facultades de fiscalización y determinación que la ley de procedimiento tributario […]”.
Así las cosas, advirtió que respecto del período fiscal 2002 el inicio del cómputo acaeció el 1/01/04, que la dispensa de la prescripción se extendió hasta el 30/06/11 (momento en el cual se le notificó al Fisco la sentencia de la Corte Suprema) y que, a partir de allí, por aplicación del referido artículo 3980, el Fisco Nacional contaba con tres meses para iniciar las acciones pertinentes para exigir y perseguir el cobro del tributo, así como para aplicar sanciones.
De tal manera, puntualizó que surgía del informe final de inspección que: “[c]omenzó la fiscalización y se notificó dicho inicio el día 29/12/2011 y al otro día se dio por finalizada dando origen al acto apelado de fecha 07/03/2012, con lo cual se pone de manifiesto, con suma claridad que el Organismo Fiscal inició acciones con posterioridad al plazo acordado en el artículo 3980 CC […]”.
Por ello, concluyó que, aun teniendo en cuenta la suspensión prevista por la ley 26.476, al momento de emitir el acto, las facultades de la demandada se encontraban prescriptas.
Para el caso del período fiscal 2003, explicó que el lapso inició el 01/01/05, finalizando el 01/01/11.
Al respecto, sostuvo que: “[C]on respecto al argumento del Fisco Nacional en el sentido de que la imposibilidad de impugnar el -supuesto quebranto impositivo del ejercicio 2002 afecta la determinación del año 2003, en razón de su traslado y cómputo pertinente, cabe mencionar que, a los fines del análisis de confiscatoriedad por este tema, el mismo no debe considerar los quebrantos de ejercicios anteriores que se generen justamente por el ajuste de inflación suspendido, como sucede en este caso. No obstante, y aun siguiendo la postura del Fisco Nacional, cabe remitirse a las conclusiones arribadas en el Considerando anterior respecto del periodo fiscal 2002 […]” (sic).
II. Que, disconforme con lo resuelto, el 12/06/23 apeló la demandada, quien fundó su recurso el 07/07/23 y cuyo traslado fue contestado el 04/10/23 (ver fs. 344; fs. 349/363 y fs. 410/425, respectivamente, del documento digitalizado). Los agravios del Fisco se dirigen a cuestionar el alcance que el Tribunal Fiscal le otorgó al artículo 3980 del Código Civil, en el entendimiento de que, en realidad, el plazo de prescripción de las acciones y poderes a su cargo quedaba suspendido en virtud de la imposibilidad jurídica de obrar (en el caso, configurada por la obtención por parte de la contribuyente de una medida cautelar). Así, manifestó que resultaba: “[i]mprocedente continuar el conteo del término del que está facultado el Fisco para actuar, ya que a quien le está impedido hacerlo, no le puede correr el plazo en su contra […] Consecuentemente opera la suspensión de la prescripción, lo que viene a alterar o modificar el curso normal de la misma, siendo que el conteo inicial, como se dijo, el 01/01/2004 (comienzo del año siguiente al del vencimiento de la declaración jurada 2002) se vio interrumpido ante la notificación al Fisco del otorgamiento de la Medida Cautelar interpuesta […]”.
En esas condiciones, reiteró que no se estaba frente a una “dispensa” sino frente a una verdadera suspensión del plazo de prescripción.
Continuó señalando que: “[e]n el presente caso, para el impuesto y periodos de referencia, el término de la prescripción comienza a considerarse desde el 12/12/11, fecha del cese de la medida cautela interpuesta por la actora, y hasta el límite de transcurridos los cinco (5) años totales establecidos conforme las disposiciones legales referidas con anterioridad. Por ende, el mismo se encontraba corriendo a la fecha del dictado del acto aquí apelado, y hubiera operado recién en el año 2016 […]”.
Invocó el artículo 2554 del Código Civil y Comercial, citó doctrina y jurisprudencia para luego solicitar la revocación de la decisión apelada, por considerarla arbitraria.
III. Que, el 11/07/23, el Tribunal Fiscal reguló los honorarios de la representación letrada de las partes y del perito contador interviniente (ver fs. 365/366 del documento digitalizado).
La regulación fue apelada por ambas partes en fechas 01/08/23 y 03/08/23 (ver fs. 373 y fs. 380, respectivamente, del documento digitalizado).
IV. Que, efectuada la reseña que antecede, resulta oportuno recordar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que se pongan a consideración del Tribunal, sino tan solo en aquellas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre muchos otros y esta Sala, in re, “Massuh S.A. c/D.G.I.”, expte. N.º 38.066/2011, del 17/11/21 y “HSBC Argentina Holdings SA - TF 48911-I c/D.G.I.”, expte. N.º 19801/2021, del 01/07/22, confirmada por la C.S.J.N., en fecha 27/12/2024, entre muchos otros).
V. Que, en estas condiciones, corresponde afirmar que los agravios expuestos por el Fisco Nacional encuentran adecuada respuesta en el pronunciamiento de esta Sala, in re, “La Lluvia S.A. (TF 34942-I) c/D.G.I.” (expte. N.º 1672/2013, sentencia de septiembre de 2013, que se encuentra firme), a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad.
En efecto, allí fueron resaltados el carácter excepcional y la interpretación restrictiva que debía otorgársele a la previsión contenida en el artículo 3980 del Código Civil en materia de prescripción, así como también la naturaleza perentoria del plazo fijado por la norma, indicándose que: “[e]l plazo de tres meses establecido por la norma encuentra justificación en la circunstancia de que se está haciendo una excepción para el caso de la prescripción cumplida, en situaciones particulares en las que existe un impedimento real para el ejercicio de la acción, y en las que, por tal razón, se otorga al acreedor impedido un término adicional para tal ejercicio. Todo lo cual, debe ser ponderado por el juez […]” (ver Considerando VI).
En ese contexto, se estimó: a) que el Fisco se encontraba compelido a hacer valer sus derechos dentro del plazo de tres meses desde que finalizó el impedimento implicado (criterio compartido por servicio jurídico de éste en el mismo dictamen que se invoca en los agravios aquí esgrimidos -N.º 47/07-) y b) que, aún de considerarse por vía de hipótesis que durante el tiempo en que la medida cautelar estuvo vigente y hasta tanto recayó sentencia definitiva en el amparo iniciado por la actora, el Fisco se vio impedido para ejercer su acción, lo cierto era que tal obstáculo había finalizado (hecho que interesa destacar porque, en el caso referido, se explicó que tal impedimento cesó con el dictado de la sentencia del Alto Tribunal que declaró procedente el recurso extraordinario y confirmó la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín que había rechazado el amparo).
Así, en la especie es posible verificar (y no se encuentra controvertido) que: i) El plazo de prescripción inició, para el caso del período fiscal 2002, el 01/01/04 (debiendo expirar naturalmente el 01/01/10) y, en el supuesto del período fiscal 2003, el 01/01/05 (cuya finalización ocurrió el 01/01/11). Vale aclarar, por un lado, que en ambos casos se incluye el año de suspensión dispuesto por el artículo 44 de la ley 26.476 (cuya aplicación no fue cuestionada) y, por el otro, que no se configuraron los supuestos contenidos en los incisos “a” y “c” del artículo 65 de la L.P.T., como tampoco aquel normado en el artículo sin numerar agregado a continuación.
ii) El 19/03/03 le fue ordenado al Fisco, con carácter cautelar, que se abstuviera de iniciar el procedimiento determinativo previsto en los artículos 16 y siguientes de la ley 11.683 y/o reclamo administrativo o judicial respecto de las obligaciones fiscales de la recurrente en concepto de Impuesto a las Ganancias por el periodo fiscal 2002, hasta tanto se dictara una sentencia sobre la cuestión principal.
iii) El 23/06/11 la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el rechazo de la acción conectada con la medida cautelar descripta anteriormente. Esa decisión le fue notificada al Fisco Nacional el 30/06/11 y a la actora el 01/07/11.
iv) El 05/01/12 se le notificó la vista prevista en el artículo 17 de la ley 11.683 a la contribuyente y, el 07/03/12, se emitió la Resolución cuestionada en autos (N.º 26/12 -DV RRES-), notificándose de ello a la entidad actora el 09/03/12. Ahora bien, para el caso del período fiscal 2002, es determinante considerar que a partir de la notificación del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación perdió virtualidad todo tipo de impedimento para que la Administración ejerciera las prerrogativas correspondientes (no siendo admisibles los postulados dirigidos a argumentar que los efectos cautelares cesaron con el levantamiento de la medida, en razón del carácter accesorio que ellas revisten y de los propios términos de la concesión de la medida -v.gr. “hasta tanto se dictara una sentencia sobre la cuestión principal”-) y que ello no fue cumplido dentro del lapso de tres meses que acuerda el artículo 3980 del Código Civil (que, vale la pena reiterar, no importa supuesto de suspensión alguno, sino que establece el instituto de la dispensa de la prescripción cumplida -cfr. esta Sala, in re, “La Lluvia” citado precedentemente-).
Las conclusiones antecedentes también son aplicables a la situación del período fiscal 2003, a lo cual cabe agregar que acierta el Tribunal Fiscal al estimar que los efectos derivados de los quebrantos de ejercicios anteriores que se generen justamente por el ajuste de inflación suspendido no deben ser objeto de consideración.
En estas condiciones, resulta claro y evidente que, al momento de emitirse el acto cuestionado, las potestades del Fisco para determinar y exigir el pago de los tributos implicados se encontraban prescriptas, circunstancia que determina que el pronunciamiento apelado deba ser confirmado.
VI. Que, finalmente, y respecto de las costas de esta instancia, cabe destacar que, con motivo de la decisión adoptada, las mismas se imponen a la demandada, por no advertirse razones que justifiquen apartarse del principio general de la derrota (cfr. artículo 68, 1ra parte, del C.P.C.C.N. de aplicación supletoria en los términos del artículo 197 de la ley 11.683).
VII. Que, previo a tratar los recursos interpuesto contra la regulación de honorarios, toda vez que de las constancias de la causa en formato papel no surge que el perito contador Rene Del Valle Ruiz se encuentre notificado de los emolumentos fijados en su favor, deberán notificarse los mismos en el domicilio constituido en la causa, con el objeto de evitar un dispendio jurisdiccional. Como corolario de lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso del Fisco Nacional y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado, con costas (cfr. artículo 68, 1ra parte, del C.P.C.C.N. de aplicación supletoria en los términos del artículo 197 de la ley 11.683).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia