Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala II · Causa 2000 17695 22
2000-17695-22
///mas de Zamora, ...... de Enero de 2023.
Para resolver sendos recursos de apelación deducidos por las defensas de Alejandra Zulema Pereyra y de Miguel Ángel Galván, contra el auto del 18 de noviembre de 2022 de la causa n° 17695-22 que tramita ante el Juzgado de Garantías N° 4 Departamental, y;
La resolución contra la que se dirige el embate impugnativo es aquella por la cual se dispone la prisión preventiva de Pereyra y de Galván como supuestos coautores del delito de homicidio simple (arts. 45 y 79, CP).
La doctora Aldana Aguirre, defensora oficial de la nombrada en primer término, entien- de que el titular de la acción, “ luego de una precaria investigación…no ha podido conformar, un cuadro de prueba claro y contundente que permita acreditar seriamente la participación de [su] representada en el hecho que oportunamente le adjudicara ”.
Discrepa con el criterio de valoración de los elementos colectados por cuanto, según su mirada, éstos no generan la convicción suficiente para acreditar el extremo que pone en discusión. Apunta que “ sólo en apariencia resultan plurales ” desde que la única referencia incriminatoria la brinda el hijo de la víctima en sus diversos relatos, cuyas circunstancias fue variando, y nada aportan en torno a cuanto se controvierte.
En esa línea argumentativa aduce que de los testimonios recabados y de las declara- ciones de los propios imputados, se “ vislumbra ” su presencia al tiempo que el hecho se desarrollaba, sin embargo nadie ha establecido que efectivamente participó en la pelea, y si bien hay testigos que la mencionan, “ resultan ser contradictorios en cuanto [su] accionar ”; anotando a ese respecto que sólo intentó “ alejar a su progenitora que había quedado en el medio de la gresca, para evitar que salga lastimada ”.
Luego de hacer un repaso de los elementos probatorios reunidos y establecer cuántoéstos entregan sobre el aspecto que pone en discusión, destaca que Luis Ferrari y Valeria Suarez son “ los únicos que la ubican en la agresión ”, aunque señala que de lo declarado por esta última surge que la caída de la víctima y el golpe en su cabeza ha sido producto de la “ trompada que le dio el masculino ”, aclarando la recurrente que ninguno “ pudo dar cuenta del accionar específico de Pereyra ”.
Insiste con que no se ha podido acreditar que sea “ coautora del delito endilgado ”, tam- poco “ los elementos objetivos y subjetivos que hacen a la configuración del tipo penal ”.
Otro argumento recala en el informe de autopsia valorado en la resolución. Dicha prác- tica determinó que “ la muerte …fue producida por mecanismo violento y a consecuencia final de un paro cardio respiratorio traumático, siendo la causa original una hemorragia cerebral ”, omitiéndose valorar (dice) el contenido de la Historia Clínica transcripto en tal protocolo, sur- giendo de lo que se dejó escrito que “… la víctima de autos requería una cirugía de urgencia la cual fue rechazada por familiares …”.
Además arguye que se ha constatado una “ irregularidad ” en el certificado de defun- ción, pues “ se encuentra suprimido …donde se establece la causa de la defunción las pala- bras ‘traumatismo encéfalocraneano’, por la inscripción de hemorragia cerebral ”.
Tal circunstancia ha llevado a la recurrente a cuestionarse si la muerte fue producida por “ un traumatismo de cráneo o por una hemorragia que evoluciono en forma tórpida (lenta) producto de la negativa a la conducta quirúrgica que el paciente requería a raíz del traumatis- mo que se establece en un principio…, más aun teniendo en cuenta que el hecho… ocurri[ó] el 15/09/2022, constatando su fallecimiento cinco días después …”.
Relacionado con lo anterior, sostiene que el “ supuesto llaverazo ” que le habría propi- nado su asistida, no ha sido causa determinante de la muerte, y esa conducta tampoco ten- dría entidad suficiente a los fines de provocar el traumatismo sufrido por la víctima (art. 434, CPP).
Se agravia también con la inferencia en orden a la existencia de peligros procesales. Esta presunción tiene sustento tanto en la pena que se espera como resultado de la investigación como en las características del hecho.
Cuestiona que la “ proyección sancionatoria ” se la haya realizado en abstracto y de la forma más perjudicial para su asistida, invocando la máxima consecuencia jurídica prevista por la escala penal.
Por lo que respecta a las características del evento ponderado, señala que debería tenerse en cuenta que han sido previstas por el legislador al tiempo de establecer la gradación sancionatoria, aunque luego anota que éstas podrían ser valoradas en el juicio de determinación de la pena a imponer, cuestionando que se las haya invocado como factor de riesgo cuandoéstos están establecidos legalmente.
Alude a que luego de ocurrido el hecho, no se ausentó de su domicilio. Destaca que fue identificada en su lugar de residencia. Con base en tales circunstancias, sostiene que no se encuentra demostrado de forma alguna que exista peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio.
Señala que el análisis a ese respecto debe contemplar las consecuencias nocivas del encarcelamiento, y particularmente en este caso el hecho de que posee un hijo de menor de edad que se encuentra a su cargo, lo que fue omitido ponderar por el “ a quo ” al tiempo de evaluar la medida cautelar decretada (art. 434, CPP).
El abogado de confianza de Galván, doctor Julio Roberto Melchor Chavarría, transcri- be en su escrito el contenido de la prueba testimonial y documental valorada por la “ a quo ”, y cuestiona las conclusiones a las que arribara, pues si bien reconoce que “ está acreditada la autoría y la materialidad del acto que le ocasionó las caídas a la víctima, en modo alguno puede atribuirse dolo homicida ”.
Anota que la familia del occiso y la pareja de su asistido viven en casas distintas ubica- das en un mismo terreno. Tienen una mala relación con denuncias cruzadas, inclusive medi- das cautelares de prohibición de acercamiento que fueron cumplidas y al momento del hecho no se encontraban vigentes.
Aduce que durante la investigación acreditará que Galván no inició la discusión ni la pelea, sino que fue Francisco Ferrari quien le propinó un golpe de puño y él se defendió de igual modo, es decir actuó en legítima defensa. Sin embargo, entiende que la etapa por la cual transita la pesquisa le impide acreditar la causa de justificación invocada.
No obstante, niega que se haya acreditado que “ exista relación de causalidad entre el o los dos golpes de puño que le atribuyen a Galván que le habría aplicado a Francisco Ferrari -para repeler las dos agresiones que recibió por parte del ahora occiso- y el resultado muerte, circunstancia que será aclarada con la ampliación de la autopsia y otras medidas probatorias a ofrecer ”.
Vinculado con lo anterior, señala que para evitar que permanezca detenido hasta tanto se incorporen nuevos elementos que permitan evaluar si actuó justificadamente solicita un cambio del encuadre legal del hecho por el de homicidio preterintencional.
Funda tal pretensión en los elementos del tipo penal aludido, pues considera que “ el medio empleado para causar un daño en el cuerpo o en la salud…, no debía razonablemente ocasionarle la muerte ”.
Es evidente (dice) que la conducta de su asistido, “ tanto objetiva como subjetivamente, no fue dirigida a ocasionarle la muerte a quien fue su agresor ”.
En suma, propugna un cambio de calificación orientado a la norma especificada, se revoque la prisión preventiva y se le otorgue la excarcelación bajo caución juratoria o real (art. 434, CPP).
Antes de abordar cuanto se ha traído a nuestra consideración, es preciso poner de relieve que el “ a quo ” tuvo provisoriamente demostrado que en las circunstancias de tiempo especificadas, “ en las inmediaciones de la calle Núñez 1455 de la localidad de Dock Sud, Partido de Avellaneda, Miguel Ángel Galván y Alejandra Zulema Pereyra, atacaron a Francisco Ferrari, propinándole una cantidad indeterminada de golpes de puños y patadas en la cabeza y en su cuerpo, -con claras intenciones y a sabiendas de que con su accionar generaban un daño grave e inminente en su salud y con entidad suficiente para provocar la muerte- que derivó en su internación en la unidad de terapia intensiva (UTI) del Hospital Fiorito de Avellaneda por TEC grave (Traumatismo encefalocraneano), ocasionándole así su posterior muerte por mecanismo violento y a consecuencia final de un paro cardio respiratorio traumático producto de la hemorragia cerebral ".
Invirtiendo el orden en que fueron presentados los agravios, nos adentraremos en el fondo del planteo traído por letrado de Galván.
El tipo penal cuya aplicación reclama la parte, requiere, en su aspecto subjetivo, que el autor haya actuado con un dolo (directo o eventual) que excluya la muerte de la víctima como resultado, y en el plano objetivo, que la agresión se concrete con medios que, por su natura- leza o por el modo de empleo, no sean letales (ver Aboso, Gustavo E., “ Código Penal de la República Argentina ”, Comentado, concordado con jurisprudencia. 4ta. edición, Ed. B de F, ps. 511/2).
Si se repara en las lesiones que presentaba la víctima (“ equimosis bipalpebral en ojo derecho, masa encefálica: hematoma intraparenquimatoso en hemisferio cerebral izquierdo y fractura de esternón, fractura de 1° y 2° arcos costal anteriores, como así también que su muerte fue producida por mecanismo violento y a consecuencia final de un paro cardio- respiratorio traumático, siendo la causa originaria una hemorragia cerebral ”), es posible descifrar si el motivo, como elemento de ánimo, ha sido el atribuido.
Lo reseñado tiene un efecto revelador pues permite formarnos una idea bastante concreta de lo que habría acontecido. Nos lleva directamente a considerar que le aplicó reiterados golpes de puño en la cabeza y que una vez que cayó de espalda, pegando su nuca contra el suelo, continuó haciéndolo; concordando además lo reflejado en algunos testimonios.
Resulta evidente que debía saber que estaba creando un riesgo y el resultado muerte era una consecuencia, por lo menos previsible o probable de todos esos actos y, en el contexto anotado, añadiendo al análisis la diferencia de edad como la desventaja, desde el punto de vista físico, en la que se encontraba la víctima (así lo describen las personas que presenciaron el hecho), nada sugiere, por ahora, que no estuviera en la intención final de obrar tal desenlace, y a tal conclusión arribamos pues cuanto se argumenta en el recurso acerca del medio "... constituye una regla de interpretación que debe ser apreciada en todo el contexto del caso, que exige una valoración...no sólo en abstracto sino también en concreto, porque un medio por lo general no idóneo puede ser apto en determinada circunstancia o sobre ciertos sujetos ..." (cf. Buompadre, Jorge E., " Tratado de Derecho Penal ", Parte Espe- cial, Tomo I, Astrea, Bs. As., 2009, p. 159).
Podemos válidamente “ prima facie ” concluir que la agresión constituyó la causa del deceso, no de modo inmediato, debido a su entidad, relevancia y gravitación; cuestión que el recurrente atina a relativizar, para ser más exactos, a refutar. Se apoya en idéntico motivo al anteriormente especificado por la doctora Aguirre, y sin entrar en detalle sobre éste, su idea exigía la demostración de que el hecho de no haberlo intervenido quirúrgicamente operó como causa exclusiva y determinante en la muerte de la víctima. Investirla con esa preponde- rancia para marginar la imputación de la tipicidad relevada, exigía demostrar con fundamento en la ciencia médica que se hubiera evitado el resultado mortal originado por el hecho lesivo (art. 210, CPP).
La mirada se pondrá ahora sobre el factum que sustenta la imputación de Pereyra.
La versión que entregó Luis Ferrari en las diversas oportunidades en que declaró, la ubica en la escena del hecho golpeando a su padre. Pero bien leídos sus aportes, no es posible descifrar o desentrañar con qué elemento le habría asestado el o los golpes y qué tipo de intervención habría tenido en la reyerta.
Cuánto ha quedado sin clarificar podría explicarlo el compromiso afectivo que mante- nía con la víctima. No es poco frecuente que cuando los casos acontecen casi de manera súbita y dominados por una gran violencia, se produzca cierta confusión acerca de la forma en que se desarrollaron los sucesos.
Al repasar el resto de los testimonios, se advierte que cuando reconstruyen el hecho, casi la totalidad de los circunstantes, refieren en lo sustancial que la nocente le asestó un golpe en la cabeza con “ un manojo de llaves bastante grande que tenía atado con una cinta ” (Andrés H. Fresno), “ se lo da de lleno en su cara ” (Valeria V. Suarez), en tanto Mercedes A. Murua, aseguró que cuando el “ hombre mayor ” es levantado, luego de que “ Miguel ” le pegara y cayera al piso, vio que tenía una cortadura en la cara.
Se ha dicho que “ la mujer miraba gritando pero no interfirió físicamente ” (Guillermo L. Nieto), también que después de golpearlo con las llaves y antes que el marido le pegara, “ comenzó a arengar e insultar ” (Valeria Suarez).
Con respecto al grado de participación bajo el cual se hace operar el reproche, es útil recordar que es criterio de la SCBA que: “… la categoría de coautoría funcional surge justa- mente para supuestos en que más de un sujeto codomina el hecho a través de su función específica en la ejecución del suceso total sobre el que existe una decisión común …” (ver P 132.776 ; P 133.140; P 133.465; entre otras).
Para la coautoría es decisiva una aportación objetiva al hecho por parte del coautor. Sólo mediante ésta se puede determinar si el partícipe tuvo o no el dominio del hecho y, en consecuencia, si es o no coautor. El significado de la expresión " tomar parte en la ejecución " tiene un apropiado valor dogmático en lo referente a la coautoría. Establece precisamente el lapso entre el comienzo de la ejecución hasta la consumación, período en el que prestar una colaboración sin la cual el hecho " no se habría podido cometer " implica un aporte que revela el codominio del hecho (ver Bacigalupo Enrique, “ Derecho Penal ”, Parte general, 2ª edición, Hammurabi, Bs. As. 1999, ps. 502/3; Roxin Claus, “ Derecho Penal Parte General ”, Tomo II, especiales formas de aparición del delito, Thomson Reuters-Civitas, España, 2014, p. 146, ap. 188; Righi Esteban, “ Derecho Penal Parte General ”, primera edición, Lexis Nexis, Bs. As., 2007, ps. 382/3).
Si recurrimos a la doctrina de autor más tradicional, Soler establece que la intervención del coautor es aquella a la que la ley se refiere cuando en la primera parte del art. 45 habla de los " que tomasen parte en la ejecución ", distinguiéndolos de aquellos " que prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse ''' (ver Soler Sebastián, “ Derecho Penal Argentino ” , Tomo II, Actualizador Guillermo J. Fierro, Ed. Tea, 1992, ps. 300/1); y que establecer el grado de participación conceptualmente conteni- das en los arts. 45 y 46 del código penal, es una comprobación importante desde el punto de vista de la responsabilidad, como así también para el análisis y solución del caso, ya que son distintas las exigencias del derecho para una y otra forma (ver Soler Sebastián, “ Derecho Penal Argentino ”, Tea, Bs. As., 1961, Tomo II, ps. 246 y ss). Nuñez, por su parte, entiende que en el sistema de ampliación del concepto de autor que trae el código penal, como opuesta a la cooperación, auxilio o ayuda constitutiva de la complicidad, se encuentra la coautoría, por la puesta en obra del delito en sí, mediante el aporte objetivo realizado por los intervinientes, a fin de ejecutarlo (ver Núñez Ricardo C., “ Derecho Penal Argentino ”, Ed. Omeba, Bs. As, Tomo II, ps. 284 y ss); importa la presencia concomitante al delito, si el que está presente adopta una conducta principal o cohacedora. No, la presencia activamente ineficaz (ver Nuñez Ricardo C., “ Manual de Derecho Penal ”, parte general, 4ª edición actuali- zada por Roberto E. Spinka y Felix González, Ed. Marcos Lerner, Córdoba, 1999 p. 252)
Teniendo en cuenta lo que se viene de apuntar sobre el criterio delimitador de respon- sabilidad y aquello que surge, de modo coincidente, de los testimonios anotados, no parece razonable extender a Pereyra idéntica imputación que a Galván debido al aporte que habría realizado en la secuencia del tramo fáctico que es relevante.
Temporalmente, su actividad habría sido anterior al momento en que la víctima fue golpeada. Lo decisivo entonces es la naturaleza, el carácter y las condiciones de los actos que desarrollara, porque, descartada la coautoría, lo determinante para establecer su grado delictivo de su contribución es la eficacia, la necesidad y la trascendencia que haya tenido en el resultado producido.
La agresión física (lesión provocada con el llavero) no fue concomitante a la golpiza ni tuvo incidencia en el posterior desenlace. Si estamos a lo declarado por Valeria Suarez, la “ arenga ” previa podría tomarse como un aliento a Galván, aunque parece probable que aun sin esa aportación psíquica estaba decidido de todos modos a golpear a la víctima, y si algu- na incidencia tuvo en su psiquismo, diversa a la de fortalecer la decisión que ya habría tenía tomado, ello no está demostrado (ver en ese sentido Jakobs Günther, “ Derecho Penal Parte General ”, Fundamentos y teoría de la imputación, 2° edición corregida, traducción Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano González de Murillo, Marcial Pons, Madrid, 1997, ps. 22/36), y la valoración de la circunstancia especificada, nos lleva a considerar que lo realiza- do es un aporte -no indispensable- abarcado por la expresión “ de cualquier otro modo ” contenido en el art. 46 del código penal (art. 210, CPP).
Por lo que respecta a la cautelar, como excepción a la regla del art. 144 del código de ritos, se acepta la posibilidad de restringir el derecho a transitar el proceso en libertad cuando existan motivos para presumir que la persona que es perseguida penalmente intentará abusar de su ejercicio sea entorpeciendo el curso de la investigación o evitando su someti- miento a la jurisdicción.
Aquí la medida adoptada tiende a la exclusiva necesidad de evitar tales riesgos. La respuesta punitiva esperable y la modalidad de su ejecución no han sido mal ni erróneamen- te valoradas. Se recordará que la jurisprudencia ha adoptado el criterio de que una pena que no admita condicionalidad sugiere la posibilidad de que se intente eludir el sometimiento a proceso (art. 148, CPP).
Puede también mencionarse que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha vedado dicha ponderación en este contexto y de acuerdo al fin procesal perseguido, pues para evaluar el riesgo procesal ha establecido la posibilidad de considerar circunstan- cias particulares, tal como la aplicación de reglas que impidan que la eventual condena no sea de efectivo cumplimiento (“ Peirano Basso vs Uruguay ”).
Ello así, no se trata de infringir el principio de que la medida precautoria debe ser ade- cuada y proporcionada a la persona de quien deba sufrirla sino de aplicar las reglas legales que orientan sobre su procedencia (art. 148, CPP); por tanto, estimamos que el confinamien- to provisional al cual se los somete no resulta arbitrario, siendo razonable el motivo que lo fundamenta si pensamos que el motivo primario aludido por la “ a quo ”, cuya valoración no encuentra ningún reparo u objeción, tal como lo sostuvimos anteriormente, delinea un cuadro ante el cual el encierro se presenta, por ahora, como una solución proporcional al riesgo para la buena marcha de la causa, y ello es suficiente argumento para confirmar en este punto el auto apelado (art. 157 inc. 4, CPP).
POR ELLO:
Esta Sala de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, a cargo
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