Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen · Causa RQ-19116-/26
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar los recursos de queja interpuestos por los particulares damnificados Gianluca Bengochea, Walter Jorge Bengochea e Iñaki Bengochea, con el patrocinio letrado del dr. Ignacio Javier Cadierno, por haber sido bien denegadas las apelaciones subsidiariamente deducidas contra la resolución del 17 de septiembre de 2026 (art. 338 y concordantes del CPP).
II. TENGASE PRESENTE la reserva del caso federal.
EXPTE. N° RQ-19116-/26
RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO POR EL LETRADO PATROCINANTE DEL PARTICULAR DAMNIFICADO (GIANLUCA BENGOCHEA) DR IGNACIO JAVIER CADIERNO EN CAUSA "FERNANDEZ GUSTAVO ABEL S/ HOMICIDIO CULPOSO CALIFICADO" | JC2
JUZGADO CORRECCIONAL N° 2
DPTO. JUDICIAL TRENQUE LAUQUEN
Trenque Lauquen
AUTOS Y VISTOS : Para resolver los recursos de queja interpuestos por los particulares damnificados Gianluca Bengochea, Walter Jorge Bengochea e Iñaki Bengochea, con el patrocinio letrado del dr. Ignacio Javier Cadierno, en los Exptes Nº 19.116 y su agregada nº 19.117, correspondientes a la IPP nº 17-00-002761-23, caratulada: "Fernández, Gustavo Abel s/ homicidio culposo calificado", del registro del Juzgado en lo Correccional nº 2 departamental.
ANTECEDENTES : Los particulares damnificados interpusieron, por separado, recursos de queja contra la resolución del 6 de octubre de 2026, por la cual el titular del Juzgado en lo Correccional nº 2 denegó las apelaciones subsidiariamente deducidas contra la decisión del 17 de septiembre de 2026, que había rechazado el pedido de instrucción suplementaria destinado a ampliar la pericia accidentológica realizada por el ingeniero Javier Chaves.
Sostienen que la denegatoria les ocasiona un gravamen irreparable, pues les impide producir una prueba técnica que consideran necesaria para esclarecer la mecánica del siniestro vial, especialmente en lo referido a velocidades, distancias y demás circunstancias del hecho.
Cuestionan tanto la aplicación del principio de preclusión como la irrecurribilidad prevista en el artículo 338 del CPP, por entender que restringen su derecho a producir prueba y a participar efectivamente en el proceso. Agregan que la ampliación pericial solicitada permitiría abordar con mayor precisión las cuestiones técnicas involucradas, facilitaría el desarrollo del debate y posibilitaría evaluar una eventual propuesta de juicio abreviado.
En ese marco, plantean la inconstitucionalidad del artículo 338 del CPP, por considerar que la limitación recursiva allí establecida vulnera el debido proceso, la tutela judicial efectiva y los derechos reconocidos a las víctimas por la normativa constitucional, convencional y provincial.
Dado que ambas quejas cuestionan la misma resolución y presentan agravios sustancialmente coincidentes, se dispuso su tratamiento conjunto en estas actuaciones.
Practicado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: Gini, Martínez y Paita ; y
El señor juez, doctor J. Juan Manuel Gini, dijo: Los recursos de queja no pueden prosperar. En primer lugar, corresponde precisar que la intervención de esta Alzada se encuentra limitada a determinar si las apelaciones fueron correctamente denegadas, sin que corresponda examinar en esta instancia el acierto o desacierto de la decisión que rechazó la instrucción suplementaria solicitada.
El artículo 338 del CPP establece que, salvo las resoluciones que impidan la prosecución de la causa, no habrá recurso alguno contra lo dispuesto en la etapa preliminar del juicio.
Se trata de una limitación vinculada con la finalidad de esa etapa procesal, destinada a resolver las cuestiones necesarias para la realización del debate, evitando que las decisiones allí adoptadas den lugar a sucesivas impugnaciones que demoren su celebración.
En el caso, la resolución cuestionada rechazó la ampliación de una pericia accidentológica, pero no impidió la continuación del proceso ni la realización del juicio oral. Por lo tanto, no se encuentra comprendida en la excepción expresamente prevista por la norma.
Los recurrentes procuran superar ese impedimento mediante la invocación de un gravamen irreparable, fundado en la importancia que atribuyen a la prueba solicitada para esclarecer las circunstancias del hecho.
Sin embargo, debe distinguirse entre el perjuicio que una parte puede experimentar por el rechazo de una medida probatoria y la existencia de una afectación de tal entidad que justifique habilitar una vía recursiva legalmente excluida. La sola discrepancia con lo resuelto, aun cuando se refiera a una prueba considerada relevante para sostener la propia posición, no basta para configurar ese supuesto.
En este caso, además, la decisión no excluyó la prueba accidentológica ya producida ni impidió su incorporación y examen durante el debate. Por el contrario, los peritos intervinientes fueron admitidos para declarar en el juicio, oportunidad en la que las partes podrán interrogarlos, solicitar aclaraciones y controvertir sus conclusiones.
Es cierto que la declaración de los expertos no equivale necesariamente a la realización de nuevos cálculos u operaciones técnicas, como los que pretenden los recurrentes. No obstante, esa diferencia, por sí sola, no demuestra que el rechazo de la ampliación solicitada produzca una afectación definitiva de sus derechos que torne indispensable la revisión inmediata de lo decidido.
La cuestión relativa a la necesidad o conveniencia de completar el estudio accidentológico podrá tener incidencia en la valoración de la prueba y en el desarrollo del debate, pero ello no convierte automáticamente la resolución que denegó esa medida en una decisión apelable.
Por otra parte, los agravios referidos a la aplicación del principio de preclusión se dirigen, en rigor, contra los fundamentos utilizados por el juez para rechazar la instrucción suplementaria. Su examen supondría ingresar en el mérito de una resolución cuya apelabilidad constituye, precisamente, el objeto de la presente queja.
En cuanto al planteo de inconstitucionalidad del artículo 338 del CPP, tampoco encuentro razones para admitirlo.
La declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye un remedio excepcional, que exige demostrar una incompatibilidad concreta entre su aplicación al caso y las garantías constitucionales invocadas.
Los recurrentes sostienen que la irrecurribilidad vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva y desconoce las facultades reconocidas a las víctimas por la Ley 15.232 y los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Ahora bien, el reconocimiento de esos derechos no supone que toda resolución contraria a los intereses del particular damnificado deba ser susceptible de apelación inmediata. El acceso a la justicia y la participación en el proceso deben ejercerse dentro del régimen procesal establecido, cuyas limitaciones recursivas no resultan, por esa sola circunstancia, incompatibles con las garantías constitucionales.
Lo determinante es establecer si, en el caso concreto, la aplicación de la norma priva a los recurrentes de una posibilidad efectiva de intervención o defensa de sus intereses.
Y ello no se advierte aquí, pues los particulares damnificados han podido ofrecer prueba, formular sus planteos y cuestionar la decisión adoptada, sin que el rechazo de la ampliación pericial impida la continuación de su intervención en el juicio ni el ejercicio de las facultades que legalmente les corresponden.
Tampoco modifica esta conclusión el argumento referido a la eventual celebración de un juicio abreviado. La conveniencia de contar con mayores elementos técnicos para evaluar esa posibilidad no constituye un fundamento suficiente para dejar de aplicar una regla expresa de irrecurribilidad.
En definitiva, los agravios expuestos se vinculan principalmente con la importancia que los recurrentes asignan a la ampliación pericial y con su disconformidad respecto de los motivos por los cuales fue rechazada. Sin embargo, no demuestran que la resolución impugnada impida la prosecución de la causa ni que la aplicación del artículo 338 del CPP produzca, en las circunstancias examinadas, una lesión constitucional que justifique apartarse de lo allí dispuesto.
Por estas razones, propongo rechazar ambos recursos de queja, por haber sido bien denegadas las apelaciones subsidiariamente interpuestas. ASÍ LO VOTO.
La señora jueza, dra. María Gabriela Martínez, dijo: Adhiero al voto que antecede, por compartir sus fundamentos.
El señor juez, doctor Rafael H. Paita, dijo: Adhiero al voto del dr. Gini, por compartir sus fundamentos.
Por ello, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen RESUELVE : I.- RECHAZAR los recursos de queja interpuestos por los particulares damnificados Gianluca Bengochea, Walter Jorge Bengochea e Iñaki Bengochea, con el patrocinio letrado del dr. Ignacio Javier Cadierno, por haber sido bien denegadas las apelaciones subsidiariamente deducidas contra la resolución del 17 de septiembre de 2026 (art. 338 y concordantes del CPP).
II. TENGASE PRESENTE la reserva del caso federal.
Regístrese. Notifíquese. Firme, devuélvase.
Firmas
Funcionario firmante: MARTINEZ María Gabriela - JUEZA
Funcionario firmante: PAITA Rafael Hector - JUEZ
Funcionario firmante: GINI Jorge Juan Manuel - JUEZ
Funcionario firmante: CARDOSII Claudia Raquel - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 599-2026
Fin de la sentencia