Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala II · Causa 0703 10624 15
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar al recurso de apelación en tratamiento (arts. 321, 422 y 439 CPP).-
II. Revocar la resolución del 8 de marzo de 2023 por los fundamentos precedentemente expuestos (arts.6, 56 y 404 CPP; art.76 bis, cuarto párrafo CP; Ac. Plenario "Almada" c. 29.238 del 6/8/1999).-
CN °: 0703-10624-15. -
///mas de Zamora, ...fecha de firma digital.-
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por el Agente Fiscal, Dr. Hugo Daniel Carrión, contra el decisorio del 8 de marzo de 2023, de la presente causa N° 03-10624-15 de trámite por ante el Juzgado en lo Correccional N° 5 Departamental, y;
El señor juez doctor Little dijo;Recurre el Agente Fiscal la resolución del Juez de grado en la que dispuso suspender el proceso a prueba respecto de Julián Fernando Vigo, imputado del delito de homicidio culposo (arts.45 y 84 CP).
Aduce, en lo sustancial, que el instituto está vedado taxativamente por la ley de fondo para los supuestos como el de marras, toda vez que prevé una pena de inhabilitación especial, y la redacción del artículo 76 bis del citado plexo normativo es más que clara en la parte pertinente al establecer que “...tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación...” , máxime cuando siquiera media consentimiento fiscal. En su apoyo cita jurisprudencia atinente del Tribunal de Casación y la Suprema Corte de Justicia Provinciales.
Corresponde entonces que me pronuncie sobre la procedencia del instituto previsto en el artículo 76 bis del Código Penal, adelantando que en mi opinión la suspensión del juicio a prueba dispuesta por el juez de grado deberá ser revocada. Ello por los fundamentos que a continuación expondré.
Como primera medida, la citada normativa legal establece -en el ante último párrafo- que no se concederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, alcanzando este impedimento al imputado, puesto que se le reprocha la comisión del delito de homicidio culposo, el cual se encuentra sancionado con pena de prisión e inhabilitación (art. 84 del C.P.).
De este modo, teniendo en cuenta que es doctrina inveterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (fallos 304:1820; 314:1849) y que cuando esta no presenta vaguedades, ambigüedades, problemas de interpretación o conflicto con principios constitucionales debe ser aplicada directamente y con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la manda legal (fallos 312:1007; 320:61; 322:358 y 327:5614), no deviene razonable el apartamiento de lo establecido por el legislador en ejercicio de sus facultades exclusivas y excluyentes.
No puede soslayarse que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el fallo “Altuve” sostuvo que la suspensión de juicio a prueba no procede para delitos reprimidos con pena de inhabilitación, sea esta única, conjunta o alternativa, ello a partir de una interpretación literal, histórica, teleológica y semántica de la ley (causa 125430, “Altuve”, sent. de 07/09/2016).
En dicho precedente el Dr. Soria postuló en su voto que para el legislador (conforme la respectiva discusión parlamentaria) “… la pena de inhabilitación contempla un interés social específico vinculado con la incompetencia del imputado en el desempeño de una actividad, arte o profesión cuyo ejercicio depende de una licencia o habilitación del poder público -en el presente, licencia para conducir vehículos automotores. Se advierte que al impedir la aplicación de la suspensión del juicio a prueba en estos supuestos, se otorga especial preponderancia a la investigación de los hechos en los que existe una autorización estatal para la actividad reglada en base a al cual se configura el obrar imprudente que da origen al delito reprochado”.
Cabe señalar a esta altura que la exposición de motivos que antecedieron al dictado de normas parlamentarias constituye una pauta valiosa y seria de interpretación (CSJN fallos 327:5295; 327:1848 y 322:2701). También, que tratándose el caso de marras de un supuesto similar al analizado por el Máximo Tribunal Provincial, corresponde estar a lo allí resuelto en virtud de la entidad y obligatoriedad que revisten sus fallos (arts. 5, 160 y 161 de la Const. Prov.).
Para concluir esta primera cuestión, deviene oportuno aclarar que mi opinión no implica un apartamiento al alcance otorgado a la suspensión del juicio a prueba en el precedente “Norverto”, ya que allí la CSJN se remitió al precedente “Acosta”, oportunidad en la que dicho Tribunal adscribió a la denominada “tesis amplia”, en lo atiente a la escala penal que torna viable dicho instituto; más no se expidió sobre la procedencia del mismo en aquellos delitos que prevén una pena de inhabilitación.
En segundo término, se advierte que se ha dispuesto la suspensión del juicio a prueba sin que el Ministerio Público Fiscal preste su conformidad.
Es indiscutible que el órgano jurisdiccional no cuenta con la facultad de promover ni de suspender el ejercicio de la acción penal, el que, de acuerdo con las leyes específicas, se encuentra a cargo del Ministerio Fiscal, por consiguiente, su consentimiento es indispensable para la aplicación del instituto en cuestión, desde que provoca la suspensión de aquella potestad y puede además llevar a la extinción de la acción. En el ejercicio de esa facultad dicho ministerio cuenta con cierto margen de discrecionalidad, pero para que su oposición tenga la virtualidad de cerrar toda posibilidad de habilitar esta solución alternativa, debe dejar entrever en qué consiste o se funda la conveniencia de sustanciar el juicio (arts.6 y 56 CPP), y la inconsistencia argumentativa que pudiera tener su dictamen llevaría a exigirle que de un nuevo andamiaje a su postura negativa.
A la luz de lo expuesto, considero que el "a quo" se ha apartado de las reglas básicas que estructuran el debido proceso al ejercer un poder de decisión sobre la suspensión del ejercicio de la acción penal que no le ha sido atribuido, y por efecto de aquel condicionante nada cabría decir más que revocar lo apelado (ver Plenario "Almada" c. 29.238 del 6/8/1999).-
Así lo voto.
El doctor Rojas dijo;
Adhiero al voto precedente, por los mismos fundamentos, siendo ello mi razonada y sincera convicción.
POR ELLO:
Esta Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental; RESUELVE:
I-Hacer lugar al recurso de apelación en tratamiento (arts. 321, 422 y 439 CPP).-
II-Revocar la resolución del 8 de marzo de 2023 por los fundamentos precedentemente expuestos (arts.6, 56 y 404 CPP; art.76 bis, cuarto párrafo CP; Ac. Plenario "Almada" c. 29.238 del 6/8/1999).-
Regístrese y devuélvase al juzgado correccional de origen.-
Firmas
Funcionario Firmante: 07/07/2023 14:45:33 - ROJAS Alejandro Adrian - JUEZ
Fin de la sentencia