Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 38614
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar el pronunciamiento dictado en autos con fecha 11 de julio del corriente año por el Sr. Juez de Garantías Daniel Alejandro De Marco en cuanto ordenó formar incidente para tratar el pedido de medidas cautelares patrimoniales realizado por la parte particular damnificada y dispuso que ese peticionante debe "acreditar la titularidad de los bienes muebles se inmuebles del encausado Raúl Alejando García Lozano, como así también acreditar la titularidad de los bienes muebles registrables involucrados en el hecho". Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso de queja por el letrado representante de la parte particular damnificada, abogado Juan Manuel Belliure. Rigen los arts. 106, 197, 199, 210, 421, 433, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
c. 38614. "LOZANO GARCIA RAUL ALEJANDRO S/HOMICIDIO CULPOSO". IPP 02-001328-25.
Mar del Plata.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° 38614, y de cuyas constancias,
1. Que con fecha 11 de julio del corriente año el Sr. Juez de Garantías Daniel Alejandro De Marco formó incidente para tratar el pedido de medidas cautelares patrimoniales realzado por la parte particular damnificada; disponiendo que ese peticionante debe "acreditar la titularidad de los bienes muebles e inmuebles del encausado Raúl Alejando García Lozano, como así también acreditar la titularidad de los bienes muebles registrables involucrados en el hecho".
2. Que contra ese pronunciamiento interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio la parte particular damnificada.
El sentenciante de origen el día 17 de julio rechazó la reposición y no concedió la apelación impetrada.
3. Que contra ese resolutorio el particular damnificado presenta la queja instrumentalizada en el presente legajo.
Alega que en el caso el perjuicio mayor que le genera el auto de la instancia finca en el riesgo cierto, actual e inminente de la frustración total y definitiva del crédito indemnizatorio de la víctima por la posible insolvencia de los responsables; extremo demostrativo del gravamen irreparable provocado.
Puntualiza que la carga que le impuso el a quo previa al análisis de procedencia de la cautela de inhibición general de bienes requerida, consistente en la acreditación que el encausado carece de bienes muebles registrables o inmuebles, deviene en un absurdo jurídico y en una prueba diabólica, ello con los argumentos que desarrolla para concluir en esas adjetivaciones.
Enfatiza que en autos se hallan presentes y constatados todos los extremos para disponer la cautela patrimonial requerida, demostrando ello que el auto impugnado refleja una manifiesta ilegalidad y arbitrariedad.
Releva que en la causa principal, con la convocatoria a declarar a tenor del artículo 308 del CPP realizada con fecha 16 de julio del corriente año, no sólo resulta imputado el encausado Raúl Alejandro Lozano García sino que también Jorge Alejandro Frank quien resulta el titular del camión y del acoplado intervinientes en el hecho de autos.
Expresa, en otro orden, que el auto de origen contiene expresiones que agravian en modo directo el ejercicio profesional dado que considera que confunde la vehemencia que trasluce la petición de cautela patrimonial realizada que lleva al a quo a calificar esa argumentación como "injuriante y hasta coactiva"; términos empleados por el senteciante de origen que, tal como lo entiende el letrado Belliure, constituyen un agravio directo a su persona violando los deberes de decoro; extremos que, en definitiva, afectan los derechos de la víctima que él representa.
Con todo solicita, en lo que aquí importa, que se declare admisible la queja interpuesta, se revoque el auto de origen y, asumiendo competencia positiva, esta Alzada decrete la medida de inhibición general de bienes respecto de Raúl Alejandro Lozano García y Jorge Alejandro Frank.
1. Que la queja fue presentada por el representante de la parte particular damnificada y, teniendo en cuenta las pautas del artículo 139 del CPP y el pronunciamiento de esta Alzada dictado el día 25 de julio del corriente en la reciente feria judicial concluía, también resulta temporánea.
En lo restante la cuestión traída, en cuanto atañe a la procedencia de medidas cautelares patrimoniales, por regla, provoca agravio que torna procedente el recurso de apelación.
Desde este andarivel de análisis la queja interpuesta debe ser declarada admisible (CPP, 433 segundo párrafo).
2. Que, sentado lo expuesto e ingresando al tratamiento de los agravios esgrimidos en el recurso de apelación impetrado, se impone apuntar que por regla la cautela patrimonial de inhibición general de bienes resulta de carácter residual y, por tanto, procedente en tanto y en cuanto el peticionante no conozca bienes del posible deudor o entienda que los mismos no cubren el importe del crédito reclamado (CPP, 197, 199; CPPCyC, 228 y cctes.).
Siendo así, las diligencias que preliminarmente al análisis de procedencia de la cautela patrimonial que requiere el sentenciaste de origen sean cumplidas por la parte peticionante, encuentran anclaje legal y, en este sentido, no resulta procedente el recurso de apelación interpuesto.
3. Que en lo restante, en responde de los agravios expuestos por la parte recurrente, debe apuntarse que en el anterior pronunciamiento de este Tribunal dictado respecto a las medidas cautelares patrimoniales solicitadas en autos (ver reg. RR-324-2025 del 8/7/2025), solamente se ordenó al juez de grado que otorgue tratamiento a la solicitud; sin que ello implique decisión alguna respecto a la procedencia, pertinencia, extensiónó alcance de la petición en cuestión.
Luego, a mayor abundamiento, tal como se expresó en aquel resolutorio, el código de rito especifica que las cautelares patrimoniales procederán "luego de recibida la declaración del imputado" (CPP, 197/98 y su doctrina), actividad que ya fue debidamente cumplida en autos respecto del Raúl Alejandro Lozano García, no así con relación al coencausado Jorge Alejandro Frank; quien ha sido convocado a tales efectos para el día 18 del corriente (CPP:308).
4. Que por último, en el caso, más allá de lo manifestado por el letrado representante de la parte particular damnificada respecto de los términos empleados por el juez de grado al momento de rechazar el recurso de reposición y no conceder el de apelación interpuesto en subsidio, con el análisis expuesto en el presente supuesto traído a conocimiento no se evidencia afectación alguna a los derechos de la víctima, ello toda vez que las peticiones formuladas por la referida parte, sea en la instancia de origenó en esta sede, tuvieron siempre adecuada respuesta. Por todo ello, este Tribunal resuelve: confirmar el pronunciamiento dictado en autos con fecha 11 de julio del corriente año por el Sr. Juez de Garantías Daniel Alejandro De Marco en cuanto ordenó formar incidente para tratar el pedido de medidas cautelares patrimoniales realizado por la parte particular damnificada y dispuso que ese peticionante debe "acreditar la titularidad de los bienes muebles se inmuebles del encausado Raúl Alejando García Lozano, como así también acreditar la titularidad de los bienes muebles registrables involucrados en el hecho". Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso de queja por el letrado representante de la parte particular damnificada, abogado Juan Manuel Belliure. Rigen los arts. 106, 197, 199, 210, 421, 433, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 11/08/2025 09:37:40 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2025 09:38:47 - DELEONARDIS Alfredo Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2025 10:16:33 - GERULA María Anastasia - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 11/08/2025 10:16:59 hs. bajo el número RR-408-2025 por GERULA MARIA ANASTASIA.
Fin de la sentencia